La misión Artemis II de la NASA está recibiendo un tratamiento mediático que, para quienes tienen una cierta edad, puede parecer desproporcionado. Basta con recordar que llegó un momento en el que los vuelos del programa Apolo –24 en total entre 1969 y 1972, incluyendo 6 paseos por el suelo lunar a cargo de 12 astronautas– llegaron a ser casi una rutina. Nada quita que el sobrevuelo lunar de Artemis II suponga, sesenta años después, una nueva muestra de la más avanzada tecnología espacial estadounidense, empleando el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial; el más grande construido por EE UU) y llevando a cabo la primera misión tripulada de la nave espacial Orión. También lo es que haya llevado a sus cuatro tripulantes al punto más lejano de la Tierra y que haya orbitado por la cara oculta de la Luna.

Pero esos detalles no pueden ocultar una cierta sensación de déjà vu, cuando se recuerda que ya en 1966 la Unión Soviética posó la sonda Luna 9 en el suelo lunar, que China hizo lo propio en 2013 con su Chang'e 3, al igual que India en 2019 con la nave Chandrayaan-2 (con el añadido de un alunizaje de la Chandrayaan-3 en el polo sur lunar, en 2023) y Japón, en 2024, con la sonda Smart Lander. Más aun, China es el único país que ha logrado alunizar en la cara oculta de nuestro satélite y traer valiosas muestras de regreso.

En primera instancia ese monumental esfuerzo suele explicarse haciendo mención a la infinita curiosidad y al ansia humana por llegar más lejos y más alto, acompañado de argumentos que ponen el énfasis en el imparable desarrollo científico y tecnológico del que toda la humanidad puede beneficiarse. Y, siendo eso cierto, es necesario añadir inmediatamente que, desde su nacimiento, la carrera espacial tiene también un marcado componente geoestratégico y geoeconómico.

Ya en la Guerra Fría quedó claro que la competencia en el espacio exterior era uno más de los frentes abiertos por la hegemonía mundial entre Washington y Moscú, con el segundo sorprendiendo al mundo en 1957 con el lanzamiento del satélite Sputnik y el primero acelerando de inmediato para ser el primero en poner el pie en la Luna, en 1969. Actualmente, con Estados Unidos, China y Rusia por delante, resulta evidente que esa competencia sigue explicando en gran medida los esfuerzos para contar con los cohetes más potentes y las tecnologías necesarias no ya solo para colonizar nuestro satélite, sino para ir mucho más allá. A fin de cuentas, esos vehículos de lanzamiento son los mismos que pueden lanzar desde un satélite meteorológico hasta una constelación de sistemas de posicionamiento global o un misil balístico intercontinental.

Precisamente para evitar que el espacio exterior sea empleado para usos militares y que algún país se apropie de algún objeto celeste contamos, desde 1967, con el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, ratificado por 118 países, con otra veintena que tan solo lo ha firmado. En todo caso, el desarrollo tecnológico de estas últimas décadas ha dejado prácticamente invalidado ese instrumento internacional y es muy visible el acelerado ritmo de movimientos –con el añadido de Israel, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Unión Europea, que ya han lanzado sondas y satélites, pero nunca han alunizado– para tomar posiciones de ventaja en una militarización espacial que parece imparable.

A eso se suma el estímulo crematístico. Por un lado, ahí están los megaempresarios de alta tecnología fabricando cohetes más y más potentes, tanto para cubrir el hueco que han dejado las agencias espaciales públicas, ofreciéndolos a gobiernos interesados en participar en la carrera espacial, como a quienes dispongan de los recursos económicos suficientes para convertirse en turistas espaciales. Por otro, en el marco de la creciente competencia por el control de recursos escasos, sobre todo minerales críticos y materias primas energéticas, se repite la misma pauta de comportamiento que en nuestro propio planeta, con una pugna abierta para acaparar (y, por tanto, negar a otros) el acceso de elementos que pueden determinar la hegemonía mundial en el inmediato futuro.

Y, por si esto no fuera suficiente, también hay que contar con el interés de buena parte de los llamados transhumanistas por contar con los medios necesarios para abandonar el planeta cuando la crisis climática, el uso de armas de destrucción masiva o cualquier otra circunstancia haga invivible la Tierra. De ese modo, lo que a algunos puede parecerles una pesadilla propia de iluminados o fanáticos, también hay que incluirlo entre los factores que explican la reactivación de los programas espaciales, aunque solo sea porque muchos de ellos son los mismos empresarios que pululan por Silicon Valley.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

De regreso a la jungla de la que durante un tiempo creíamos haber salido, tan visible es el desprecio de los más fuertes por el marco normativo e institucional que nos habíamos dado para regular las relaciones internacionales, como su desacomplejada apuesta por el poder como único factor a considerar a la hora de defender sus intereses e imponer su dominio sobre otros. Sin olvidar a Vladimir Putin y a Xi Jinping, Donald Trump es quien mejor representa este nuevo giro con su afán por revertir el debilitamiento de Estados Unidos como hegemón mundial.

En principio, ese retroceso histórico debería proporcionarle a Washington una considerable ventaja frente a cualquier competidor, en la medida en que sigue siendo hoy el actor más poderoso del planeta. En efecto, y aunque desde hace décadas se viene hablando del declive estadounidense y pronosticando el derrumbe de su imperio, es incontestable que aún sigue liderando la clasificación mundial en todos los ámbitos que determinan el poderío de todo Estado nacional. Así ocurre, en primer lugar, en el terreno militar, con una capacidad muy superior a la de cualquier otro país en el nivel convencional y a la par del que ostenta Rusia en el terreno nuclear. Y por mucho que China esté acelerando la modernización de sus fuerzas armadas, incluyendo su poder naval y su arsenal nuclear, todavía queda por debajo en potencia global, con Rusia todavía más atrás.

Lo mismo cabe decir en el campo económico. Por mucho que su dominio no sea tan aplastante como hace medio siglo, todavía sigue siendo la primera potencia económica, con un 26% del PIB mundial (frente al 17% de China y el 1,8% de Rusia), mientras el dólar continúa siendo la moneda de referencia. Precisamente esa percepción de pérdida de protagonismo ante la emergencia de Pekín es lo que alimenta el plan de Trump –mezclando aranceles y ventajas fiscales– para recuperar el atractivo de su país como destino predilecto de los inversores internacionales y para volver a convertirse en la principal potencia manufacturera. Para ello cuenta con el hecho de seguir siendo también la mayor potencia tecnológica del mundo, convertido desde hace mucho tiempo en un poderoso imán que atrae capital humano a sus universidades, sus centros de investigación y sus empresas más punteras.

Por si eso fuera poco, Estados Unidos es, asimismo, la primera potencia cultural del planeta, capaz todavía de establecer y marcar tendencias en todas las manifestaciones culturales, proyectando un modo de vida que muchas personas toman como referentes a imitar. Un terreno en el que tanto Pekín como Moscú quedan en posiciones muy atrasadas al no ser capaces de generar un atractivo similar para otros pueblos. Eso le permite, por un lado, contar con simpatías generalizadas cuando pretende sumar fuerzas con otros y anular potenciales amenazas contra sus intereses cuando otros competidores pretenden crear coaliciones antiestadounidenses.

Por último, también en el ámbito energético EEUU figura ya como el primer productor mundial de petróleo y gas, materias primas que siguen siendo los principales motores de la actividad económica a escala mundial. Explotando sin reparos medioambientales sus considerables reservas de hidrocarburos, ya está por encima de Rusia y Arabia Saudí como suministrador de muchos países; lo que le concede una considerable palanca de dominio.

Todo eso, en apenas un año de mandato, es lo que Trump ha despilfarrado hasta convertir a Estados Unidos en un actor que inspira mucho más rechazo que simpatías. El problema es doble. Por un lado, con su actitud prepotente y sus desplantes e insultos, ha echado a perder todo lo que el soft power proporciona en términos de influencia, posibilidades de cooperación con otros en temas de interés común y ayuda en caso necesario. Hoy EEUU está muy lejos de ser un modelo a imitar, sumido en una deriva antidemocrática que pone en cuestión sus propios fundamentos, y ha pasado a convertirse en un escenario de fractura sociopolítica que corre el riesgo de desembocar en una confrontación civil (el propio Trump acaba de definir a los demócratas –es decir, a la mitad de la población– como una amenaza prioritaria que hay que neutralizar urgentemente).

Por otro, está descubriendo que –tras haber ordenado ataques contra siete países, incluyendo Irán– su superpotencia militar tampoco le garantiza la consecución de sus objetivos hegemónicos. Aun aceptando que no existe ningún ejército en el planeta capaz de vencer en una guerra convencional a las fuerzas armadas estadounidenses, eso no convierte a EEUU en invulnerable ni tampoco en vencedor por definición. Y si antes los fracasos cosechados ante enemigos teóricamente muy inferiores –como en Vietnam, Irak o Afganistán– ya dejaron muy visibles las limitaciones del poder militar para lograr objetivos políticos, ahora el caso de Irán vuelve a refrendarlo. Ofuscado con la aparente victoria lograda en Venezuela, Trump ha creído que podía replicar el ejercicio en Irán… y ahora no sabe cómo salir del pozo en el que él mismo se ha metido.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

La historia nos enseña que las únicas guerras en las que la victoria está asegurada son aquellas que no llegan a estallar. En todas las demás, incluyendo la que ilegalmente Israel y EEUU han emprendido contra Irán, tan solo se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo terminan. Sirva la invasión rusa de Ucrania como ejemplo bien reciente de lo que media entre la “operación especial militar” que planeaba Vladimir Putin y la guerra de desgaste sin final a la vista en la que ahora están sumidas sus tropas.

De forma similar, y al margen de las pomposas declaraciones con las que los tres principales contendientes tratan de imponer sus relatos, presentándose como dueños y señores del destino, ninguno de ellos sabe ahora mismo cómo y cuándo terminará su enfrentamiento. Lo que sí cabe entender es que tanto Tel Aviv como Washington y Teherán se ven afectados de manera muy distinta por el calendario.

Para Netanyahu la guerra ya es su modus vivendi desde hace años. Por una parte, y sobre todo desde los ataques recibidos en octubre de 2023, le sirve para intentar recomponer su imagen de garante de la seguridad nacional, tratando de borrar las críticas que lo responsabilizan del mayor fracaso de seguridad de la historia de Israel. Por otra, le permiten retrasar el desarrollo de las tres causas judiciales que el Tribunal Supremo sigue contra él, esquivando así unas condenas que podrían terminar con su carrera política y llevarlo a la cárcel. Por último, con una opinión pública a la que lleva años tratando de convencer de que Irán es su mayor amenaza, calcula que la agresión le sirve como un atractivo banderín de enganche electoral pensando en las elecciones previstas para el próximo mes de octubre, en las que Netanyahu pretende renovar su mandato. De todo ello se deduce que a Netanyahu le interesa prolongar la guerra todo lo posible, sin olvidar que, mientras la atención siga centrada en Irán, también le sirve para seguir adelante con su estrategia belicista en Líbano y Siria.

En paralelo, y una vez que ha comprobado que el guion real no se acomoda a su sueño —creer que podría replicar el resultado obtenido en Venezuela con un solo golpe—, Trump es el que tiene más presión para terminar cuanto antes. La prolongación del conflicto, cuando ya asoman en el horizonte las elecciones de medio término (el próximo 3 de noviembre), va en contra de sus intereses electorales. Por un lado, el inquilino de la Casa Blanca empieza a verse criticado por buena parte del movimiento MAGA, dado que ha roto la promesa de no embarcarse en guerras exteriores en las que no estén en juego los intereses vitales de Estados Unidos; y es bien obvio que la que colidera con Netanyahu contra Irán entra en esa categoría, con el añadido de que Irán no era en ningún caso una amenaza inminente.

Por otro, las repercusiones de la subida de los precios de los hidrocarburos ya se están haciendo notar en los bolsillos de los consumidores estadounidenses, lo cual puede influir poderosamente en su intención de voto. Un resultado adverso en dichas elecciones puede trastocar significativamente su margen de maniobra para seguir adelante con su agenda, tanto interna como externa. De ahí que Trump se muestre ahora muy activo en el intento por transmitir que todo está yendo conforme al plan inicial (aunque nunca haya aclarado cuál es el objetivo último de su aventura militar) y por convencernos de que la guerra está a punto de terminar. Una chocante afirmación que contrasta con la de su secretario de Guerra, Pete Hegseth, sosteniendo que “estamos en el principio”, y con la movilización hacia la zona de operaciones de los potentes bombardeos B-1 Lancer, lo que apunta a una intensificación y prolongación de los ataques.

La situación es muy distinta para Teherán, en la medida en que para sus enemigos la entrada en la guerra ha sido por elección, mientras que para el régimen formalmente liderado ahora por Muytaba Jamenei se trata de una guerra existencial. En esas condiciones, cabría suponer que lo que busca es poner fin cuanto antes al castigo que está sufriendo, consciente de su inferioridad de fuerzas frente a sus oponentes. Una posibilidad que debería llevarle a la búsqueda desesperada de algún tipo de acuerdo que permita frenar los ataques y salvaguardar al propio régimen. Lo que esta ocurriendo, sin embargo, es que con el previsible liderazgo de los pasdarán —el actor más relevante hoy de la escena económica, política y militar del país— Irán parece dispuesto a emplear todos los medios a su alcance para resistir la embestida. De hecho, no solo está batiendo objetivos en Israel, sino también en los países del Golfo, especialmente los que albergan instalaciones militares estadounidenses, mientras niega toda posibilidad de reiniciar un proceso de diálogo.

No parece, en consecuencia, que el final esté próximo, ni siquiera en el caso de que Trump declare sorpresivamente “misión cumplida” con cualquier excusa, tratando de salirse de una dinámica que puede arruinar buena parte de lo que le queda de presidencia.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Una vez que Narendra Modi subió al avión de regreso a Nueva Dehli desde Tel Aviv y el portaviones Gerald Ford tocó puerto en Haifa, el semáforo de la guerra se puso en verde. Daba igual si el ministro de Exteriores de Omán, en su calidad de mediador, insistía públicamente –tras entrevistarse en Washington con el vicepresidente James Vance– en que había una seria opción de alcanzar un acuerdo, en la medida en que Irán había ido flexibilizando su postura ante las exigencias de Estados Unidos. O si el propio Vance confirmaba su intención de visitar Israel a partir del lunes, aparentando que la vía diplomática seguía activa. La decisión de golpear ya estaba tomada.

Una decisión que se ha pretendido presentar como un golpe preventivo –con intención de evitar un ataque inminente iraní– e incluso como una intervención humanitaria –así lo ha querido presentar absurdamente Reza Pahlevi, empeñado en ofrecerse como la opción de recambio en Teherán–, cuando se trata simplemente de una nueva violación del derecho internacional. Una decisión adoptada por un convicto (Donald Trump) y un perseguido por la justicia internacional (Benjamin Netanyahu), que no responde a una amenaza inminente por parte de un Irán sumamente debilitado, sino a una pretensión de remodelar a su gusto el mapa regional de Oriente Medio. Para lograrlo, ambos entienden que no basta con un nuevo golpe selectivo, al modo de los efectuados hasta ahora (incluyendo la llamada Guerra de los Doce Días, de junio del pasado año), sino que exige el lanzamiento de una campaña prolongada que busca directamente la caída del régimen, con el líder supremo, Alí Jamenei, y el presidente, Masud Pezeshkian, como objetivos prioritarios.

Se trata, en consecuencia, de un ejemplo más de aventurerismo militar en el que para Estados Unidos no está en juego ningún interés vital y que le sirve a Israel para acercarse a la configuración de un vecindario sometido a su dictado. A diferencia de Irán, para el que esta guerra se convierte en existencial, para EEUU e Israel es una guerra por elección, inspirada por una visión ideológicamente fundamentalista en la que el primero va a tener problemas para mantener el apoyo de los simpatizantes del movimiento MAGA –tras haberles prometido no implicarse en guerras exteriores en las que no estén en cuestión intereses vitales–, y el segundo busca reforzar sus opciones electorales para el próximo octubre.

Lo ocurrido ya en esta primera oleada de ataques permite vislumbrar lo que se avecina. Queda descartado que los atacantes buscaran simplemente un golpe puntual con la intención de presionar aún más a Teherán para que terminara por firmar un acuerdo que pusiera fin a su programa nuclear, limitara drásticamente su programa de fabricación de misiles balísticos y eliminara el apoyo a sus peones regionales (Hizbulá, Hamás, Ansar Allah y otras milicias en Siria e Irak). Lo que se pretende sin disimulos es la caída del régimen y para ello se asume la necesidad de llevar a cabo una guerra abierta y prolongada. Eso significa que estamos ante el inicio de una campaña en la que el extraordinario despliegue aeronaval estadounidense, junto al considerable potencial militar israelí, van a sumar fuerzas para no solo destruir las defensas antiaéreas y todos los activos militares posibles, junto a las instalaciones relacionadas con el programa nuclear y las dedicadas a la fabricación de misiles, sino también para eliminar a los principales líderes políticos y militares (incluyendo a los altos mandos de los pasdarán).

Esperan, al mismo tiempo que tratan de explotar el innegable malestar social con un gobierno tan corrupto y represivo como el que llevan sufriendo desde hace demasiado tiempo, que esa apuesta belicista termine por provocar el colapso del régimen. En su ensoñación compartida, a partir de ahí confían ilusoriamente en que quienes sufran sus ataques terminen por rendirse a la evidencia de su inferioridad y acepten sumisamente su eliminación (política, si no física). Resulta, como mínimo, una suposición sin base alguna; y, por si hubiera alguna duda, ahí está la primera reacción iraní, atacando no solo a Israel, sino también las bases militares estadounidenses en Arabia Saudí, Bahréin, EAU, Kuwait, Jordania y Qatar. Y lo que puede venir a continuación es el intento de cerrar el estrecho de Ormuz, una medida que también castigará a Irán, pero que busca aumentar la presión internacional para movilizar a quienes se vean aún más afectados a demandar a Washington un cambio de actitud.

Es cierto que el bando atacante dispone no solo de una superioridad militar innegable sobre el terreno y también de una mayor capacidad industrial para poder sostener una campaña larga, suministrando los misiles, drones y aviones que sean necesarios. Pero eso no le garantiza en absoluto el cumplimiento de sus objetivos, en la medida en que el régimen iraní ha demostrado en estos últimos más de cuarenta años una significativa maestría tanto en conservar el poder como en desbaratar los planes de quienes buscan directamente su defenestración. Lo que se vislumbra, en resumen, es un escenario que desemboque directamente en una guerra regional a varias bandas, que no resuelva ninguno de los problemas ya existentes y que añada más sufrimiento por doquier.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Si se atiende a la agenda política y diplomática de la semana –discurso de Donald Trump en el Congreso sobre el Estado de la Unión (día 24), nueva ronda de negociaciones en Ginebra entre Washington y Teherán (día 26) y visita a Tel Aviv del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (día 28)– parecería que aún hay espacio para evitar que la actual crisis en torno a Irán derive en una confrontación militar a gran escala. Pero si se vuelve la mirada hacia los movimientos militares en estos últimos días, tanto de Estados Unidos e Israel –acumulación de medios aeronavales en la zona, desalojo de personal no esencial y activación de alertas–, como de Irán –realización de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Ormuz– cabría imaginar que el estallido bélico es inminente.

Lo que pretenden Washington y Tel Aviv es obligar a Teherán a claudicar, aceptando no solo la desactivación de su programa nuclear –incluyendo el enriquecimiento de uranio–, sino también la limitación de su programa de desarrollo de misiles balísticos y de crucero, así como el abandono del apoyo que desde hace años le viene prestando a sus peones regionales (“el eje de resistencia” en el que figuran Hizbulah, Hamás, Ansar Allah y diversas milicias en Siria e Irak). Eso –que para Tel Aviv es más perentorio que para Washington– sería ya mucho más que lo que se logró en julio de 2015, circunscrito a la limitación de dicho programa nuclear, con Irán cumpliendo concienzudamente lo pactado —a cambio de conseguir el levantamiento de sanciones internacionales— hasta que Trump decidió, en mayo de 2018, echar por tierra el acuerdo, reactivando una estrategia de “máxima presión” que incorpora duras sanciones y ataques como los desencadenados en junio del pasado año en colaboración con Israel.

Por su parte, lo que procura el régimen iraní es sobrevivir a esa presión, tratando de evitar tanto el colapso interno (por el malestar de su población) como una derrota que lo deje postrado ante quienes buscan sin disimulos su ruina. Consciente de su inferioridad de fuerzas en términos convencionales, el tándem Ali Jamenei-Masoud Pezeshkian, al tiempo que reprimen las protestas ciudadanas, se debaten entre aceptar algún nuevo acuerdo si de ese modo se alivian las sanciones contra Irán, lo que calculan que les permitiría mantener la paz social; o mantenerse inflexibles en el rechazo a las condiciones que Washington-Tel Aviv quieren imponer, amenazando con una represalia insoportable para ambos. Preparándose para cualquier eventualidad, el régimen iraní ha procurado acumular más uranio enriquecido, hasta el punto de que se estima que posee en torno a unos 440 kilogramos de U235, enriquecido a más del 60%, así como otros 180 al 20% y hasta unas 8 toneladas a un nivel menor de enriquecimiento. Ese material le permite contar con una importante baza de negociación —como ya hizo en 2015 (renunciando a gran parte de ese material a cambio del levantamiento de sanciones)—; pero también puede servirle para dotarse de armas nucleares (hasta una decena de bombas con ese material) si finalmente decide dar ese trascendental paso.

Lo que cabe entender racionalmente es que ni Washington ni Teherán pueden desear un choque frontal en toda regla. Para Irán supondría un riesgo que, junto a la inestabilidad interna reinante, podría terminar provocando la caída del régimen. Tras el golpe recibido en junio de 2025, y por mucho que haya sido el esfuerzo por recuperar su capacidad de combate (más la ayuda que pueda haberle prestado Rusia), ni sus fuerzas armadas ni los pasdarán están en condiciones de salir airosos de una guerra contra la principal maquinaria militar del planeta. Pero tampoco para EEUU resulta racional empantanarse en un conflicto prolongado en el Golfo, lo que le obligaría a detraer buena parte de los recursos que cree necesitar para contener a China.

En todo caso, son muchos los factores no racionales que están haciendo aumentar inquietantemente la tensión sin que sea posible determinar en qué puede desembocar a corto plazo. Irán sostiene que si es atacado llevará a cabo una represalia que afectaría no solo a los intereses estadounidenses en la región, sino también a todos aquellos que colaboren con sus acciones (Israel y países árabes del Golfo). Por su parte, Estados Unidos ya está a punto de completar el despliegue de un contingente basado en dos grupos de combate naval, con más de un centenar de aviones muy diversos, lo que le permite a Trump contemplar un gran número de alternativas, desde una operación especial similar a la realizada para capturar a Nicolás Maduro hasta una campaña generalizada y sostenida a lo largo de semanas.

El punto crítico —acuerdo o golpe— está, por tanto, a la vuelta de la esquina. Ni Trump puede mantener indefinidamente desplegada una fuerza tan abrumadora como simple elemento de presión para logar lo que busca en la mesa de negociaciones, ni Jamenei-Pezeshkian pueden soportar ilimitadamente la presión, mientras en las calles iraníes la inestabilidad apunta a una explosión interna de consecuencias impredecibles.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

De la victoria de Sanae Takaichi en las elecciones celebradas el pasado día 8 en Japón se pueden extraer varias lecturas, tanto en clave interna como en el marco de la región Indo-Pacífico, destacando las que sirven a Donald Trump para reforzar su estrategia de contención de China.

A caballo de una popularidad creciente, y hasta asombrosa si se tiene en cuenta que apenas llevaba en el puesto de primera ministra desde el pasado 21 de octubre, Takaichi decidió convocar unas elecciones a las que formalmente no estaba obligada. Buscaba por esa vía un refrendo popular con el propósito de consolidar su posición personal frente a su propio partido, que la había designado presidenta tras defenestrar internamente a su antecesor, Shigeru Ishiba. Su holgada victoria –con un 68% de los votos– la blindan al menos por un tiempo contra posibles rencillas internas dentro del Partido Liberal Democrático (PLD) y le otorga una base parlamentaria suficiente –con 316 escaños (198 en las elecciones de 2024) de los 465 que componen la Cámara de Representantes– para desarrollar una agenda que vaya más allá de la mera gestión de la herencia recibida. De hecho, con el previsible apoyo del Partido Ishin, partido populista de derechas que ya apoyaba a Takaichi sin formar parte de su gabinete ministerial, podrá superar la barrera de los dos tercios de la Cámara para impulsar reformas estructurales, tanto en el terreno económico como en el seguridad y defensa, y hasta cambios en la Constitución de 1947.

Desde su conocida posición ultraconservadora, ha sabido conectar con las demandas de una sociedad atrapada en un declive tanto demográfico como económico, con la generalizada sensación de haber perdido hace tiempo el tren de la innovación tecnológica y con unos raquíticos resultados económicos. Su lema de campaña –Nihon Dai-ichi (Japón primero)– le ha servido para, a partir de aquí, poder salirse del guion habitual, planteando reformas sustanciales de un modelo agotado. Lo previsible, atendiendo a sus propias propuestas, es que Japón entre en una etapa de significativo aumento del gasto público y recorte de impuestos. Un programa que pronto puede generar dudas en la medida en que Japón ya es un país altamente endeudado, con una deuda pública que ronda el 260% del PIB nacional.

Más allá de su reconocida postura a favor de restringir aún más la política de inmigración en un país en el que apenas el 3% de sus 123 millones habitantes son extranjeros, es en el terreno de la seguridad y defensa donde cabe esperar movimientos más rotundos. En su corta carrera al frente del ejecutivo nipón, Takaichi ya ha tenido tiempo de provocar las iras de Pekín –con alusiones a que la seguridad de Taiwán es un asunto de interés vital para Tokio– y de alinearse aún más con Estados Unidos –Donald Trump ya le adelantó su apoyo y su deseo de recibirla en la Casa Blanca–.

Cabe recordar que desde su derrota en la II Guerra Mundial, Japón se ha visto históricamente limitado en el terreno de la defensa, a la sombra protectora de Washington. Aunque no ha abandonado su tradicional posición pacifista, es un hecho que, desde la etapa del primer ministro Shinzo Abe (2006-2007 y 2012-2020) se viene produciendo una evolución que ahora con Takaichi puede desembocar en un giro geoestratégico de gran alcance. Así, tras haber creado en 2007 un ministerio de defensa (hasta entonces solo había una Agencia de Defensa), los gobiernos del PLD han decidido romper el techo autoimpuesto de no dedicar más del 1% del PIB a ese capítulo, aprobar el despliegue de tropas en el exterior del territorio japonés en el marco de operaciones internacionales de paz, y hasta la exportación de armas a países en conflicto.

Actualmente, las todavía denominadas Fuerzas de Autodefensa de Japón ya son, según el Global Firepower 2025, el octavo ejército más poderoso del planeta, con un presupuesto de 61.746 millones de euros para este mismo año (1,8% del PIB nacional), camino de alcanzar el 2% del PIB para el próximo.

Esa dinámica que ahora Takaichi va seguramente a reforzar responde, por un lado, a las crecientes tensiones en su vecindad, especialmente en relación con Corea del Norte (que lleva seis pruebas nucleares en lo que va de siglo y ha convertido en rutinario el lanzamiento de misiles sobre el espacio aéreo japonés) y China (con crecientes reclamaciones territoriales en el mar del Este de China y su asedio a Taiwán). Pero también guardan relación con las presiones de Washington para que aumente su apuesta militar, tanto para defenderse mejor como para colaborar más intensamente en la contención de la emergencia de China como principal rival estratégico. En esa línea encaja la incorporación de Japón a la iniciativa estadounidense QUAD (Quadrilateral Security Dialogue), junto con Australia, Estados Unidos e India.

Queda por ver si, en esa misma línea, Takaichi se atreve a impulsar el debate ya en marcha sobre la tradicional postura antinuclear. Es evidente que Japón cuenta tanto con la capacidad financiera, como tecnológica para dar un paso de esa naturaleza, incluyendo su propia planta de enriquecimiento de uranio (complejo de Rokkasho, de la Japan Nuclear Fuel Ltd.) y el combustible que le aseguran sus 33 reactores nucleares.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

En realidad, desde Hiroshima y Nagasaki, las armas nucleares nunca han dejado de estar ahí, convertidas en los ingenios más destructivos creados por el género humano. Afortunadamente, con esa trágica excepción, han sido entendidas como instrumentos máximos de disuasión, y no como armas de batalla; pero, aun así, llevamos décadas viviendo bajo el equilibrio del terror, ante la posibilidad de que en cualquier conflicto en el que esté implicado alguno de los nueve países que las poseen se termine por provocar una escalada que, traspasando el umbral nuclear, conduzca al suicidio colectivo. Por eso inquieta sobremanera la profusión de indicios que dan a entender que estamos inmersos en un nuevo ciclo de militarismo rampante, que se plantea abiertamente no solo la modernización de los arsenales existentes, sino, peor aún, su transformación en armas para ser empleadas en combate.

Las señales son múltiples y ninguna de ellas tranquilizadora. No lo es que Moscú haya decidido el pasado 8 de enero emplear por segunda vez un IRBM 9M729 Oreshnik (misil balístico de alcance intermedio). El problema no es solo que sea usado para eliminar una fábrica ucraniana a apenas 70 km de territorio de la UE, sino que al ser de capacidad dual (convencional y nuclear) indica la intención rusa de crear aún más confusión en el atacado y en sus aliados, al no poder determinar de antemano si va cargado o no con cabezas nucleares. Tampoco lo es que Donald Trump insista en volver a realizar pruebas nucleares (la última fue en 1992) y poner en marcha la Cúpula Dorada, un escudo antimisiles supuestamente infranqueable, sabiendo no solo que la tecnología actual no permite llegar hasta ese nivel de protección, sino que va a incentivar la proliferación nuclear de sus potenciales contrincantes, buscando la saturación de dicho escudo para atacar, llegado el caso, con muchos más misiles, muchos de ellos hipersónicos y merodeadores.

En esa misma línea hay que recordar que las nueve potencias nucleares están inmersas en sus más ambiciosos programas de modernización, alejando aún más el sueño que Barack Obama, entre muchos otros, expresó desde el inicio de su mandato presidencial de llegar a un mundo libre de armas nucleares. El mismo gobernante, por cierto, que puso en marcha dicha modernización, acelerada aún más por Trump, y con Vladimir Putin y Xi Jinping siguiendo la misma senda. No es más tranquilizador tampoco el comportamiento de algunas potencias medias, que se sienten crecientemente amenazadas por algún vecino o abrumados por las ansias imperialistas de los tres grandes y menos protegidas por quienes tradicionalmente han considerado sus protectores de último recurso. El ejemplo más destacado entre todos ellos es Japón, el único país que ha sufrido el demoledor impacto de Little Boy (Hiroshima) y Fat Man (Nagasaki) y que, sin embargo, ya se plantea abiertamente la conveniencia de contar con un arsenal propio ante la inseguridad que le genera tanto Corea del Norte como China, además de las dudas sobre la cobertura estadounidense.

Y lo mismo cabe aplicar a Irán, convencido de que su controvertido programa nuclear es la única manera de disuadir tanto a Israel como a Estados Unidos de su afán por provocar la caída del régimen a toda costa. Hay que dar por descontado que Tel Aviv y Washington no van a permitir de ningún modo que Teherán se haga con esa capacidad militar, lo que augura más episodios violentos, en la medida en que Irán siga empeñado en proseguir el rumbo. Pero también es obvio que dicho rumbo incentiva aún más los planes de otros vecinos, como Arabia Saudí y Turquía, por ponerse a la misma altura. En paralelo y por razones diferentes, pensando sobre todo en Rusia, se va intensificando igualmente el debate nuclear entre los países nórdicos, movidos tanto por el temor al abandono estadounidense como por la debilidad geopolítica y militar de la Unión Europea, lo que podría llevarlos a poner en marcha un proyecto común para hacerse con un instrumento propio de disuasión nuclear frente a Moscú.

Y en mitad de todo ello se encuentra la Unión Europea, consciente de que, si quiere realmente independizarse de Washington en materia de seguridad y defensa, debe dotarse medios propios en toda la gama de amenazas posibles. Eso incluye un arsenal nuclear que permita al menos disuadir a cualquier potencial adversario de afectar a los intereses vitales de los Veintisiete, así como disponer de medios de segundo golpe. Un planteamiento que lleva mucho más allá de las garantías que pueda dar Francia, única potencia nuclear de la Unión, al resto de miembros, y que conllevaría un considerable desafío social, político y económico para sacarlo adelante.

Por último, no queda más remedio que reconocer que el instrumental del que dispone la comunidad internacional para neutralizar esta peligrosa deriva es muy frágil. Por un lado, el Tratado de No Proliferación ya ha mostrado su incapacidad para evitar que Corea del Norte violara sus cláusulas para convertirse en el noveno miembro del club nuclear. Por otro, el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (en vigor desde enero de 2021) no ha sido suscrito por ninguno de los nueve miembros del citado club, ni tampoco por ninguno de los miembros de la OTAN. Y, por eso fuera poco, el próximo día 5 de febrero expira la prórroga del START III (o Nuevo START) entre EEUU y Rusia para limitar el tamaño de sus arsenales estratégicos. No es para estar tranquilo.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Ya en su toma de posesión, el pasado 20 de enero, Donald Trump insistió en su deseo de ser reconocido como el pacificador universal. Una condición que, con la mirada obsesivamente fijada en el premio Nobel de la Paz, cree merecer sobradamente tras haber resuelto (según sus propias palabras) ocho conflictos: Camboya-Tailandia, República Democrática del Congo-Ruanda, Israel-Hamás, Israel-Irán, Pakistán-India, Egipto-Etiopia, Armenia-Azerbaiyán y Serbia-Kosovo. Embriagado con su ilimitado narcicismo parece tarea imposible hacerle ver que no solo no ha solucionado ninguno de ellos –sin olvidar que el de Ucrania, que iba a arreglar en veinticuatro horas, también se le resiste–, sino que sus actos contradicen abiertamente sus palabras.

Por una parte, y según los datos recopilados por Armed Conflict Location &Event Data (ACLED), a finales del pasado año ya había ordenado 637 ataques contra diversos objetivos en Yemen, Somalia, Siria, Irak, Irán, Níger, Nigeria y Libia. Y el año ha comenzado con el ataque a Venezuela y la amenaza del uso de la fuerza contra Irán y contra Dinamarca (en relación con Groenlandia). Esa cifra, en apenas nueve meses, ya supera los 555 ataques que Biden decidió en sus cuatro años como inquilino de la Casa Blanca.

Por otra, ha cambiado el nombre del Departamento de Defensa, para convertirlo en Departamento de Guerra, y ha proclamado su intención de contar con “el ejército más poderoso y competente del mundo”. Con ese objetivo ha anunciado su plan para elevar el presupuesto militar hasta los 1,5 billones de dólares para 2027. Una cifra que equivale prácticamente al PIB de España y que supondría un incremento del 50% con respecto al actual (unos 960.000 millones de dólares). Un rearme en toda regla que busca no solamente disuadir a posibles enemigos –con China y Rusia en cabeza–, sino también disponer de una amplia gama de posibilidades para emplear toda la capacidad de su maquinaria militar para, cuando no le alcancen los aranceles o la financiación de simpatizantes locales, golpear directamente a quien no se muestre dispuesto a doblegarse a su dictado.

Se trata, jugando con las palabras y en línea con lo que recoge su reciente Estrategia Nacional de Seguridad, de una nítida apuesta por la “paz mediante la fuerza”. Una paz que en realidad solo significa sometimiento al dictado de Washington, en el marco de una visión que va acompañada del absoluto desprecio por el derecho internacional y el multilateralismo, por entender que constituyen frenos a su ansia imperialista. Es así como se explica también su firma, el pasado 7 de enero, de una orden ejecutiva para sacar a Estados Unidos de 66 organismos internacionales, de los cuales 31 son órganos de la ONU. Sostiene que no solo no sirven a los intereses estadounidenses, sino que actúan contra ellos y, por lo tanto, busca negarles financiación y apoyo con la nada oculta intención de debilitarlos hasta la irrelevancia.

En paralelo, tampoco tiene reparos en amenazar con el uso de la fuerza a quienes no estén dispuestos a aceptar sus directrices, sin detenerse por el simple hecho de que tales exabruptos contravienen abiertamente el artículo 2, párrafo 4, de la Carta fundacional de la ONU, que establece la obligación para todos los Estados miembros de abstenerse de usar la fuerza o amenazar con usarla contra la integridad territorial y la independencia política de cualquier otro Estado.

El problema añadido a esa deriva antidemocrática –igualmente frontal en el ámbito interno con un ataque directo al propio sistema político estadounidense– y belicista es que no se vislumbra en el horizonte quién puede frenarla. Queda por ver lo que decidan los votantes estadounidenses en las elecciones de medio término del próximo noviembre; pero, mientras tanto, no parece que la ONU esté en condiciones de ir más allá de los lamentos que salpican sus comunicados ante cada nuevo desplante de un mandatario que no esconde su desprecio por el legítimo representante de la comunidad internacional. Tampoco la Unión Europea, como se acaba de ver ante la ilegítima acción militar contra Venezuela o las amenazas a Copenhague, logra superar sus divisiones internas para tomar posiciones comunes ante cada nuevo desaguisado, como si no estuviese claro, asimismo, que la propia UE se ha convertido ya en un objetivo a destruir por parte de quien prefiere tratar con cada Estado miembro por separado para así tener mayor facilidad a la hora de imponer una relación de vasallaje.

Y llegados a este punto, con tres años todavía por delante, no parece probable que, aunque María Corina Machado termine por hacerle entrega del premio que tan inmerecidamente le han concedido, algo así sirva para apaciguarlo y evitar que siga adelante con su aventurerismo.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Nada de eso justifica el ataque perpetrado por Washington, una violación del derecho internacional en toda regla. De este modo Donald Trump da un nuevo paso en lo que plantea en la Estrategia Nacional de Seguridad publicada el pasado 4 de diciembre. En ella define el dominio indiscutible del continente americano como su principal prioridad, lo que significa impedir la injerencia en lo que desde hace mucho tiempo la Casa Blanca considera su patio trasero. Eso implica, asimismo, eliminar a aquellos actores locales que puedan servir como instrumentos al servicio de potencias rivales como China y Rusia, con Venezuela, Cuba y Nicaragua en primera línea.

Son muchos todavía los detalles desconocidos de la operación, pero es inmediato entender que formaba parte de un plan más amplio en el que deben encajar tres frentes. Por un lado, se abre ahora un frente judicial, con Maduro y su esposa camino de Nueva York, a la espera de ser juzgados por diversos delitos relacionados básicamente con el narcotráfico. Por otro, se acelera el frente político, con los que han acompañado a Maduro en una deriva abiertamente antidemocrática expuestos a una reacción ciudadana que difícilmente van a poder controlar. Queda por ver si optan por salir del país, buscando algún rincón en el que puedan considerarse a salvo, o si se enrocarán aún más echando mano de todos los medios a su alcance para resistir tanto la presión interna como la que alimente Washington y otros desde fuera.

En ese punto cobra especial importancia el papel del tándem formado por María Corina Machado y Edmundo González, arropado por Estados Unidos como sustituto inmediato del mandatario depuesto, aunque no cabe descartar que ya Washington termine por dejarlos a su suerte tras haberlos instrumentalizado hasta aquí. Ni la oposición a la dictadura de Maduro está unida ni la propia figura de Machado –alineada con Benjamin Netanyahu y admiradora confesa de un Trump al que aplaude sus ejecuciones extrajudiciales– concita el respaldo unánime de quienes critican a Maduro.

Lo que parece menos probable, en cualquier caso, es que Trump se anime a intensificar aún más el frente militar. No se trata solamente de no desairar a sus partidarios, echando abajo su aparente imagen de pacificador universal, no intervencionista, sino, sobre todo, de no implicarse indefinidamente en un nuevo escenario de combate que le obligaría detraer las fuerzas que necesita para hacer frente a la emergencia de China como rival principal a escala planetaria. En ese sentido cabe interpretar las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, dando a entender que no habrá más operaciones militares contra Venezuela. Por supuesto, Trump quiere contar con un Gobierno leal en Caracas y disfrutar de ventajas para controlar el petróleo y las riquezas mineras venezolanas. Pero no al coste de plantear una guerra total que puede acabar derivando en una guerra irregular de difícil salida.

A la espera de que se produzcan más reacciones, no deja de resultar inquietante el tono de muchas de las que ya se han producido. Más allá de que, en general, la gran mayoría de los actores se han manifestado en función de un esquema tan pobre y anacrónico como el de considerar que todo lo que haga Washington está bien o mal por definición, resulta preocupante que incluso los que se han atrevido a recordar que hay que respetar el derecho internacional hayan optado por no identificar a EEUU como el responsable. En definitiva, parece como si no fuese posible criticar simultáneamente a una dictadura que hurta la voluntad de su propia población en las urnas y hacer lo propio con un gobernante con clara vocación imperialista, incumplidor sistemático de un derecho internacional que considera un obstáculo para imponer su dominio urbi et orbi.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu se han reunido cara a cara por quinta vez en lo que va de año. Y, como viene siendo habitual en sus encuentros, ambos se han encargado de intercambiar alabanzas personales sin límite —“el mejor amigo de Israel”, “un primer ministro convertido en héroe de guerra”— y de alimentar una farsa de la que son los principales protagonistas desde hace tiempo. Una farsa con connotaciones muy trágicas para los que son objeto de sus diatribas o, peor aún, de sus flagrantes violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos.

La puesta en escena es también habitual, con el mandatario estadounidense aparentemente enfadado por alguna “travesura” de Netanyahu, como si en el fondo no compartieran visiones, métodos y objetivos. En esta ocasión Trump aparecía como descontento por la lentitud a la hora de pasar a la supuesta segunda fase del plan diseñado por ambos para Gaza. Pero era el mismo Trump que sigue protegiendo a quien la Corte Penal Internacional persigue por crímenes de guerra y el Tribunal Supremo israelí está enjuiciando por tres delitos de corrupción. De hecho, pide su indulto al presidente israelí —lo que implica una asunción de culpabilidad— y no tiene ningún reparo en apoyarlo diplomáticamente en el Consejo de Seguridad de la ONU, y económica y militarmente en su empeño por redibujar el mapa de Oriente Próximo a su gusto. En esencia, tras esa actitud de aparente disgusto, lo que destaca es no solo su aquiescencia a las atrocidades que las fuerzas armadas israelíes perpetran a diario en Gaza, sino también su implicación directa para que Netanyahu pueda sacar adelante sus planes supremacistas.

Eso es lo que ocurre en la propia Gaza, echando mano de la excusa de que Hamas no se ha desarmado y de que falta un cadáver por devolver a Tel Aviv para permitir que, desde el pasado 10 de octubre, Israel haya violado más de 800 veces el alto el fuego establecido aquel día y haya asesinado a más de 400 gazatíes y herido a más de 1.000. A eso se suma, aunque sus propias palabras pudieran indicar lo contrario, el respaldo a la anexión que Israel está realizando en Cisjordania, empleando no solo a sus militares sino también a colonos armados por el propio Gobierno. Más aun, del citado encuentro ha salido también la renovación del permiso estadounidense para que Netanyahu consolide la ocupación ilegal de más territorio sirio (añadido a los Altos del Golán) y para que siga adelante con las acciones violentas en Líbano, violando abiertamente el acuerdo de cese de hostilidades establecido en noviembre del pasado año.

Aun así, lo más llamativo de la cita es que, como si nada de lo anterior existiera, parecería que solo han hablado de Irán. Un Irán definido, una vez más, como una amenaza existencial. Una amenaza no solo para Israel, sino para el propio Estados Unidos, porque, según Netanyahu, “está a punto de contar con misiles intercontinentales que podrán alcanzar suelo continental estadounidense”. Con ese argumento busca no solo lograr el permiso estadounidense para golpear nuevamente a Teherán, sino implicar militarmente a Washington en una nueva ronda de ataques que desestabilizaría aún más Oriente Medio.

No se trata, desde luego, de defender a un régimen tan corrupto, ineficiente y autoritario como el iraní. En todo caso, es imposible olvidar que dicho régimen había llegado a un acuerdo en 2015 para frenar su controvertido programa nuclear y que fue el propio Trump, en mayo de 2018, el que lo echó abajo a pesar de que Teherán lo estaba cumpliendo escrupulosamente. Por otra parte, aunque tanto Tel Aviv como Washington insisten en considerar ilegal el programa de misiles iraní, el tándem Jamenei-Pezeshkian no está violando ningún acuerdo internacional al hacer lo que se le permite a cualquier otro Estado del planeta. Eso no quita para entender que el desarrollo de misiles de largo alcance puede potencialmente representar una amenaza para otros, sobre todo si van cargados con cabezas nucleares. Pero, al menos de momento, Irán no posee dichas cabezas y sus misiles balísticos de mayor alcance —como los Shahab-3, Sejjil y Khorramshahr— apenas sobrepasan los 2.000 km.

Lo que pone de manifiesto esta obsesión contra el régimen iraní es el compartido deseo de deshacerse de un actor que cuestiona un statu quo regional tan injusto como el vigente en Oriente Próximo y Oriente Medio. Y para ello, como ya demostraron en junio pasado con la denominada Guerra de los Doce Días, ni Tel Aviv ni Washington tienen problema en violar el derecho internacional, atacando a un país soberano sin poder echar mano del manido argumento de la legítima defensa y sin ningún mandato del Consejo de Seguridad. Lo que demuestra igualmente, es que, en contra de los triunfales discursos que siguieron a dicha guerra, el golpe asestado no fue tan resolutivo, si tan solo seis meses después Irán ya está nuevamente a las puertas del arma nuclear y con el mismo número de misiles que tenía entonces. Si de esa experiencia no se extrae la conclusión de que la vía militar no va a disuadir a Teherán de mantener su rumbo a toda costa, como única vía de supervivencia, querrá decir que estamos abocados a volver a tropezar nuevamente en la misma piedra.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Tras acordar un alto el fuego el pasado 10 de octubre, lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania va desapareciendo de la agenda mediática y política, como si ya la paz se hubiera instaurado en Palestina. Desgraciadamente, la realidad es muy distinta.

Por un lado, desde esa fecha las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) acumulan ya más de 800 acciones armadas en la Franja —o, lo que es lo mismo, más de 800 violaciones del acuerdo—, añadiendo unos cuatrocientos muertos más a la macabra cuenta de las operaciones de castigo “Espadas de Hierro” y “Carros de Gedeón”, que han desembocado en un genocidio en toda regla. Desde el principio ya resultaba claro que la intención de Benjamín Netanyahu al firmar dicho acuerdo no era detener los combates, sino paralizar la movilización social internacional. Y no hay más remedio que asumir que, en buena medida, ha logrado su propósito, por cuanto sigue teniendo las manos libres para seguir adelante con su apuesta supremacista, mientras que se ha reducido sustancialmente la protesta ciudadana y la atención de los organismos internacionales y de los gobiernos occidentales sobre lo que allí sigue pasando.

Por su parte, Hamás sigue muy lejos de reconocer el desastre que ha supuesto para la población palestina su operación “Tormenta de Al Aqsa” (los ataques contra Israel del 7 de octubre de 2023), y ahora se afana por recuperar cierta presencia en una Gaza absolutamente masacrada y destruida. Con ese objetivo busca recomponer su capacidad de combate tanto para poder neutralizar la oposición armada que le plantean grupos palestinos que operan dentro de la Franja, como para hacer frente a los ataques de las FDI. Y tan cierto es que nada indica que el Movimiento de Resistencia Islámica esté pensando en desarmarse voluntariamente, tal como recoge el citado acuerdo de cese de hostilidades, como que Israel está financiando y armando a buena parte de esos grupos palestinos (mejor dicho, bandas criminales palestinas) con la indisimulada intención de que peleen contra Hamás y, en definitiva, se debilite aún más la resistencia contra la ocupación.

Por eso no deja de ser un nuevo ejemplo de cinismo que Washington se declare ahora alarmado porque la FDI ha asesinado a Raed Saad, alto mando de las Brigadas Ezzedin Al-Qasam en Gaza, como si ésta fuese la primera violación del alto el fuego. EEUU aparenta así que está dispuesto a frenar el ansia militar de Tel Aviv, cuando en realidad sigue prestándole el mismo respaldo diplomático, económico y militar que antes. Igualmente, simula estar empeñado en pasar a la implementación de la segunda fase del acuerdo, cuando resulta evidente que no va a contravenir lo que Netanyahu decida, como ha venido ocurriendo hasta ahora.

Cabe recordar que esa segunda fase contempla una retirada israelí de la Franja  —mientras que sigue controlando, a lo largo de la Línea Amarilla, el 58% de toda Gaza —, al tiempo que se despliega una Fuerza Internacional de Estabilización  —la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, con la abstención de Rusia y China, otorga un mandato para ponerla en marcha —, pero se desconoce quién va a poner los efectivos sobre el terreno y, sobre todo, si tendrá el mandato de desarmar por la fuerza a Hamás. También prevé establecer un gobierno palestino “tecnocrático y apolítico”, una calificación que deja fuera a la práctica totalidad de los actores políticos palestinos y concede a Trump y a Netanyahu la potestad de seleccionar y descartar a quienes consideren molestos para sus planes. Menos aún se ha materializado en el terreno la comprometida reconstrucción de Gaza, estimada por los expertos de desarrollo de la ONU en unos 70.000 millones de dólares. De momento, lo único que se conoce son los planes israelíes para, dentro de la parte de la Franja que controlan directamente sus fuerzas armadas, crear nuevas realidades destinadas a los palestinos que decida albergar, con el claro propósito de seguir fragmentando la resistencia a la ocupación.

Y lo que resulta aún más insostenible es que Tel Aviv sostenga que todavía no puede dar el paso a dicha segunda fase hasta que Hamás devuelva los restos del cadáver de Ran Gvili, el último ciudadano israelí que debería entregar a Israel en cumplimiento del acuerdo para el intercambio de prisioneros (vivos y muertos). Netanyahu sabe, en definitiva, que cuenta con un amplio margen de maniobra para mantener su rumbo genocida. Y por eso, cuando finalmente Hamás entregue esos restos, solo cabe contar con que echará mano de otra excusa para seguir incumpliendo lo que, de hecho, nunca ha estado dispuesto a cumplir.

El mismo Netanyahu que acusa al gobierno australiano de haber propiciado el trágico atentado contra la comunidad judía en Sídney por haber reconocido a Palestina como Estado. Y el mismo que, perdiendo el sentido de la realidad, hace pasar por judío al valiente ciudadano sirio que se atrevió a desarmar a uno de los atacantes.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Si solo se atiende al discurso que sostienen tanto Rabat como Madrid desde hace ya tres años, sería inmediato concluir que España y Marruecos siguen gozando de una luna de miel sin sombra alguna en el horizonte. Sin embargo, si se va más allá de algunos datos innegables y, más aún, si se entra en el terreno de lo intangible, esa idílica imagen queda de inmediato trastocada, con la sensación generalizada de que Rabat ha logrado inclinar sustancialmente la balanza a su favor, sin que los intereses españoles queden plenamente salvaguardados.

El hecho de que haya sido Marruecos quien más se ha movilizado para concretar la nueva Reunión de Alto Nivel (RAN) —Madrid, 4 de diciembre— ya es una clara señal de que se siente en una posición de ventaja. En la anterior, celebrada en Rabat en febrero de 2023, ya logró la confirmación plena del giro que el gobierno español había dado en marzo del año anterior a favor de la marroquinidad del Sahara Occidental. Y en esta, tras el respaldo que ha obtenido en el Consejo de Seguridad de la ONU con la aprobación de la Resolución 2797, que identifica el plan de autonomía marroquí presentado en 2007 como la base sobre la que definir el futuro de ese disputado territorio, cabe esperar que busque un alineamiento aún más rotundo, en línea con lo que ya han hecho, entre otros, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

Para ello cuenta no solo con que el viento de la historia continúe soplando abiertamente a su favor, sino también con elementos de presión muy concretos. El primero de ellos es, obviamente, Ceuta y Melilla, sabiendo que la economía de ambas ciudades sufre poderosamente si las aduanas con Marruecos no permiten un paso franco. Los mismos pasos que Marruecos cerró unilateralmente en 2018 y con los que, desde su reapertura (aparentemente definitiva) en enero de este mismo año, juega recurrentemente para mostrar su malestar con algún gesto político español y para dejar claro que cuenta con esa palanca para influir en la vida de ceutíes y melillenses. A eso se une, en el contexto de ambiciosos programas de nuevas infraestructuras en diversas partes del reino, la “zanahoria” para las empresas españolas interesadas en participar en dichos proyectos.

Nada de eso niega que las relaciones comerciales se siguen intensificando hasta el punto de que España ya es el primer socio comercial de Marruecos, con un volumen total de intercambios anuales que supera los 22.000 millones de euros, con una clara ventaja para España en la balanza bilateral por encima de los 3.000 millones de euros. Y lo mismo cabe decir de la colaboración en la lucha contra el terrorismo y hasta en el control de la inmigración irregular hacia las costas españolas. De hecho, en lo que va de año las llegadas de embarcaciones procedentes de las costas marroquíes a Canarias ha disminuido un 63%.

A cambio de todo ello, los sucesivos gobiernos españoles no han tenido reparos en apoyar las posturas marroquíes tanto en clave bilateral —haciendo caso omiso a las protestas de una sociedad civil mayoritariamente prosaharaui por lo que considera un abandono vergonzante— como en el marco comunitario —procurando frenar medidas contrarias a Rabat en los acuerdos de pesca o agrícola—. Eso incluye también pasar por alto los desplantes y la resistencia de Rabat a cumplir lo acordado (especialmente en relación con la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla), confiando sumisamente en que esa es la mejor vía para evitar el estallido de nuevas crisis vecinales.

Es bien evidente que Rabat nos ha tomado la medida en un juego en el que siente que no solo tiene el mango de la sartén en su mano, sino toda la sartén. Por eso no puede extrañar que se muestre dispuesto a aumentar sus demandas. Por una parte, es bien visible su intención de asegurar aún más su control del Sahara Occidental y, en esa línea, su próxima reivindicación es lograr el control de un espacio aéreo que hasta hoy se reserva España, desde Canarias. Por otra, Rabat pretende conseguir una demarcación de las fronteras marítimas con España que ya apunta directamente al control (como mínimo compartido) de las potenciales riquezas en minerales que alberga el Monte Tropic, como si esa montaña subterránea no formase parte de la plataforma continental de las islas Canarias. A cambio parece mostrarse generoso, ofreciendo garantías (¿?) sobre la estabilidad del archipiélago y de que no pondrá ningún obstáculo a su plena integración la dinámica económica africana.

En definitiva, a pesar de las apariencias, España no ha encontrado todavía la fórmula para neutralizar los problemas que genera la vecindad con Marruecos, sometida a sus recurrentes provocaciones. De momento, solo nos queda confiar en que el interés común por sacar adelante sin mácula el campeonato mundial de fútbol que, junto con Portugal, ambos países van a organizar en 2030 sea suficiente para evitar, al menos hasta entonces, una crisis como las que ya hemos vivido hasta ahora.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Por si no fueran suficientes los clavos que sellan el féretro del sueño estatal palestino, la Resolución 2803 que acaba de aprobar el Consejo de Seguridad de la ONU termina por remacharlo. De una sola tacada despeja definitivamente las dudas que aún pudiera haber sobre el respeto del derecho internacional ante situaciones injustas y sobre si queda alguien dispuesto a jugársela por los palestinos.

El resultado es muy evidente. Por un lado, Donald Trump consolida su imagen de pacificador planetario al lograr que salga adelante una Resolución que, en esencia, avala su desequilibrado plan de veinte puntos. Eso incluye la puesta en marcha de un Consejo de Paz, presidido por él mismo, previsiblemente con Tony Blair como virrey ejecutivo, como máxima instancia política, conformada por dirigentes que no habrán sido designados por los gazatíes, sino que únicamente deben responder a Washington. Una instancia política con poderes para premiar y castigar a quien el inquilino de la Casa Blanca considere oportuno, bajo la que se articulará un órgano de gestión de los asuntos diarios en la parte de la Franja que no quede directamente bajo la competencia de Israel. Un órgano subordinado del que solo formarán parte palestinos “tecnócratas y apolíticos”; es decir, aquellos que se acomoden a los criterios establecidos por EEUU e Israel, al margen de cuál sea su nivel de representatividad entre la población palestina y del que, obviamente, estará excluido cualquier simpatizante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y hasta de aquellos ligados a la Autoridad Palestina que no sean del agrado de Washington y Tel Aviv.

La Resolución también menciona el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) de la que, de inmediato, el propio Estados Unidos se ha excluido. De ese modo, aquellos países que habían mostrado su disposición a enviar efectivos militares cuentan ya con un respaldo legal, aunque queda por ver cuál será el mandato específico que se establezca para poder concretar finalmente qué tipo de contingente se llegará a desplegar. Más allá de las tradicionales tareas de una misión de estabilización, incluyendo en este caso el control de las fronteras de Gaza con Egipto e Israel, la clave fundamental será el desarme de los grupos armados leales a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina (sin olvidar que hay muchos otros directamente promovidos por diversos clanes familiares que no se subordinan a ninguna instancia superior).

Dando por descontado que Gaza ya está dividida en dos partes –con las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) desplegadas a lo largo de la Línea Amarilla (lo que supone el control directo del 58% de la Franja)– y que Hamás no va a aceptar dócilmente su eliminación política y militar de la escena palestina, todo apunta a que será necesario hacer un uso frecuente de la fuerza. Y en ese punto vuelven a multiplicarse las incógnitas. 

Por un lado, cabe pensar que las FDI ejercerán directamente las funciones de seguridad en la parte que dominan, lo que supone eliminar a los grupúsculos violentos que se opongan a su presencia. Pero en el resto de Gaza no queda claro si la FIE estará dispuesta a enfrentarse directamente contra quienes no acepten la mencionada Resolución ni bajen la cabeza ante los reiterados incumplimientos israelíes de alto el fuego. Más difícil aún es determinar en qué condiciones el gobierno de Benjamin Netanyahu estará dispuesto a retirarse de la parte de la Franja que controla, dejando que sean los efectivos de la FIE quienes se encarguen de mantener el control. Nada indica, a tenor de las abiertas declaraciones de diversos altos dirigentes israelíes, que dicha retirada vaya a producirse en un futuro previsible.

Lo que confirma de paso la citada Resolución, que no hace ninguna referencia a las resoluciones históricas que han ido jalonando la historia del conflicto, es que Cisjordania queda al margen. Eso significa no solamente que se asume la ocupación ilegal de sus 5.600km2, sino que se da luz verde a la anexión, con los colonos de la mano de los militares israelíes ampliando su radio de acción y su nivel de violencia ante la pasividad general.

Y que a pesar de todo ello la Resolución haya obtenido el voto favorable de trece de sus miembros- lo que incluye a países islámicos, como Argelia y Pakistán-, y que Rusia y China se hayan abstenido- en algún momento se sabrá qué han obtenido a cambio de ello (¿en Ucrania o en Taiwán?)- da una idea inequívoca de que no hay voluntad política por parte de nadie para plantear resistencia a lo que solo cabe considerar un hecho consumado en contra de los derechos del pueblo palestino. Así cabe interpretar igualmente la bienvenida que le han dado países como Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Jordania, Qatar y Turquía. Todos ellos, sin excepción, asumen la falsedad recogida en el texto de la Resolución, de que “las partes” asumen el citado plan de veinte puntos de Trump, algo que ni Hamás ni el gobierno israelí han aceptado formalmente.

En definitiva, se trata de un texto que no atiende los derechos ni las demandas de los palestinos, que no cuestiona la ocupación israelí y que impone un instrumento de tutela que no ha contado en absoluto con ellos.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

De momento no son más que palabras, pero teniendo en cuenta al personaje que las profiere no hay más remedio que tomarlas en serio y prepararse para lo que pueda venir. Una vez que ha aprendido que España no es un miembro de los BRICS y ya la ha identificado como miembro de la OTAN, Donald Trump lleva semanas reiterando que, en referencia explícita al porcentaje del PIB que los 32 aliados se comprometieron a dedicar a la defensa (5%) en la Cumbre celebrada el pasado mes de junio, el gobierno español “no juega en equipo” y, por tanto, debe ser castigado.

En esa línea ya ha apuntado que España debe ser expulsada de la Alianza, mientras amenaza con aplicarle nuevos aranceles. Lo primero es sencillamente imposible porque el Tratado de la OTAN no establece ningún procedimiento por el que alguno de sus miembros pueda ser expulsado. Solo hay un artículo, el 13, que plantea la posibilidad de que un país decida unilateral y soberanamente abandonar la organización (algo a lo que nadie ha recurrido desde su creación en 1949). Para ello basta con que lo comunique por escrito a Washington (por ser el depositario del Tratado) para que éste lo transmita al resto de miembros y así, un año después, la salida se hace efectiva. Nada indica que el Gobierno español, por mucho que quepa incluirlo más en el grupo de los llamados europeístas (los que apuestan por una Europa de la Defensa con autonomía estratégica) que en el de los atlantistas (para los que la garantía de seguridad que proporciona la OTAN es suficiente), vaya a dar un paso de ese calibre.

En cuanto a los aranceles, España, como el resto de los países de la Unión Europea, ya está sufriendo la guerra comercial decretada por Trump desde el inicio de su segundo mandato. En este terreno solo cabe esperar que, llegado el caso, la Comisión Europea, que es la encargada de negociar con Washington el marco de las relaciones comerciales entre ambos lados del Atlántico, responda adecuadamente en defensa de uno de sus miembros, tal como ha manifestado en estos últimos días ante cada nueva bravuconada del inquilino de la Casa Blanca. En todo caso, si se atiende a la sumisión mostrada hasta ahora por Ursula von der Leyen en nombre de los Veintisiete, son inevitables las dudas sobre el grado de solidaridad real que los demás miembros de la Unión estarían dispuestos a asumir ante un ataque comercial dirigido específicamente contra España.

Por desgracia, no se agotan ahí las opciones que puede activar Trump si quiere llevar a cabo un castigo ejemplar contra un aliado que considera díscolo, al tiempo que lo utilice de ejemplo para disuadir a otros de contravenir sus directrices. Pero incluso en ese supuesto, España no estaría indefensa. En primer lugar, desde una perspectiva geopolítica, es un hecho que ya desde la Guerra Fría quedó claro que la posición de España, con su doble fachada mediterránea y atlántica, más el añadido de las islas Baleares y Canarias, todo ello con Gibraltar como pivote, es un activo de suficiente entidad como para que Trump se lo tenga que pensar dos veces antes de arriesgarse a perder a un aliado que lleva décadas contribuyendo a que Washington pueda desarrollar sus planes hegemónicos en la región. Rota y Morón, especialmente, le ofrecen unas facilidades tanto para proyectar poder hacia Oriente Próximo y Oriente Medio, como para asegurar su presencia en la región, que no tienen fácil sustitución, por mucho que en ocasiones Washington juegue con la idea de bascular hacia Marruecos, como si nuestro vecino estuviera en condiciones de asumir de un día para otro lo que tantos años ha costado poner en marcha.

Nada de eso, en cualquier caso, despeja las dudas que genera la posición del gobierno español, cuando insiste en que con el 2,1% del PIB puede cumplir con un compromiso que a los demás aliados les va a suponer un 5% (3,5% en lo que actualmente la OTAN contabiliza como gasto en defensa y 1,5% en infraestructuras ligadas a la defensa). Porque, aun siendo cierto que son muchos los que van a incumplir dicho objetivo y que lo fundamental es cumplir con el objetivo de capacidades a alcanzar para 2035 –un documento clasificado que impide saber cuáles son las que se le asignan a España–, es difícilmente creíble que seamos infinitamente más capaces que el resto de los aliados en términos económicos e industriales como para hacer tanto con tan poco.

Lo que cabe suponer es que, tratando de salir del paso, el gobierno español ha optado por adoptar una postura que, por un lado, le permita sacar réditos inmediatos ante su propia opinión pública y, por otro, dejar la puerta abierta a un posible cambio de posición para más adelante. A corto plazo, y a diferencia de la práctica totalidad de los demás miembros de la OTAN, vergonzosamente sumisos ante sus dictados, ha decidido no reírle las gracias a Trump y mostrarse crítico con el plan de rearme decidido por la Unión Europea, insistiendo de paso en que no va a sacrificar los gastos sociales por un aumento en el capítulo de defensa. A largo plazo, el año 2035 está muy lejos… y nadie sabe qué ocurrirá hasta entonces.

A estas alturas resulta cada vez más claro que ni el respeto de los derechos humanos ni el cumplimiento de las normas del derecho internacional son las guías que sirven para gestionar las relaciones internacionales. Lo que cuenta, por desgracia, es la más cruda real politik, basada en la voluntad de poder, la relación de fuerzas (no solo militares) y la defensa a ultranza de intereses geopolíticos y geoeconómicos. Y, si no bastan las propias fuerzas, se busca el respaldo de una potencia global que sirva para imponerse a los vecinos y adversarios. Un buen ejemplo de ello es lo que puede ocurrir en torno al Sahara Occidental si Donald Trump logra llevar a la práctica lo que de momento es solo una propuesta.

Los saharauis, con el Frente Polisario como su legítimo representante, tienen la razón histórica y el derecho internacional de su lado. Por una parte, ya en 1975 el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó que no existían lazos de soberanía marroquí sobre ese territorio, mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó claro en 2024 que es un territorio “separado y distinto” a Marruecos. Por otro, la ONU, ya de manera inequívoca desde 1991, reconoce explícitamente que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación; aunque, como es bien sabido, nunca ha llegado a celebrarse el referéndum previsto en el plan de paz alcanzado aquel año.

Sin embargo, de poco han servido esos argumentos ante el empuje de Marruecos. A punto de cumplirse cincuenta años de la Marcha Verde, Rabat no solo ha logrado desbaratar todos los intentos de celebrar dicho referéndum, sino que, combinando acciones militares con otras de índole económica, también ha ido consolidando su presencia en el llamado “Sahara ocupado” o “Sahara útil”; es decir, el 80% del total, dejando a los refugiados saharauis enclaustrados en la desértica hamada argelina de Tinduf. De poco ha servido igualmente que el Frente Polisario haya vuelto a recurrir a las armas a partir de octubre de 2020, en un desesperado intento por romper la dinámica promarroquí que ya entonces había adquirido el conflicto y provocar una reacción internacional que evitara el hecho consumado de verse absorbidos por Rabat.

En realidad, más allá de declaraciones y proclamas más o menos triunfalistas, hace ya mucho que el tiempo corre a favor de Marruecos. No solo se trata de que su abrumadora superioridad militar hace impensable que las fuerzas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) puedan recuperar el terreno perdido y obligar a las Fuerzas Armadas Reales a retirarse del sistema de muros que ha ido creando con los años, sino de que Rabat también ha tomado la delantera de manera innegable en el terreno político y diplomático. Así lo ha hecho en todas las instancias internacionales de las que forma parte, de tal manera que de los 84 países que llegaron a reconocer a la RASD (creada en 1976), hoy tan solo quedan 47. Y si en la Unión Africana, desde su entrada en 2017, ha conseguido ganar apoyos para arrinconar a la RASD (hasta el punto de que su pertenencia a la organización sea cada día más precaria), en el Grupo de Amigos del Secretario General de la ONU para el Sahara Occidental también ha ido ganando adeptos a su causa.

De los cinco miembros de este último grupo, creado formalmente en 2011, ya es notorio el alineamiento promarroquí tanto de Estados Unidos, como del Reino Unido, Francia y España; de tal modo que solo queda Rusia por dar un paso que satisfaga las expectativas de Rabat. Todos ellos parecen haber entendido por diferentes razones que, derecho internacional al margen, la existencia de un Estado saharaui no resulta conveniente. En consecuencia, los saharauis, sin fuerzas propias para hacer valer sus derechos, han quedado abandonados, incluso por una Argelia que tampoco está en condiciones de ir más allá de lo que ha hecho hasta ahora.

Visto así, la propuesta de solución del conflicto que acaba de presentar Donald Trump, anunciando que ha puesto a Steve Witkoff y a Jared Kushner a trabajar en el tema, puede suponer el tiro de gracia al sueño de un pueblo por el que, en definitiva, ya nadie se la va a jugar. Los acontecimientos se precipitan, con el final de la MINURSO (desplegada en el terreno desde 1991, precisamente para garantizar el alto el fuego y preparar el referéndum), inicialmente previsto para el próximo 31 de octubre (aunque es probable que se extienda puntualmente su mandato), y con la presentación de una propuesta de Resolución por parte de Washington en el Consejo de Seguridad de la ONU. Cabe dar por descontado que, si Moscú no la veta, dicha Resolución supondrá el entierro definitivo de la idea del referéndum y la confirmación de que la monarquía alauí tendrá ya a la vista el momento en el que podrá izar su bandera en todo el Sahara Occidental, convertido, en el mejor de los casos, en una mera región con ciertas competencias administrativas.

Aunque el narcisista inquilino de la Casa Blanca se apresure a contabilizar un nuevo éxito como supuesto pacificador, difícilmente la aprobación de dicha Resolución supondrá que la paz vuelva a reinar en la región; con Rabat y Argel alimentando una inquietante espiral armamentística en la disputa por el liderazgo regional.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Ya antes de su victoria electoral afirmaba que soñaba con ser un dictador al menos por un día y tener los generales que Hitler tenía en su época. Un tenebroso aviso a navegantes que, desde su regreso a la Casa Blanca, ha ido llenando de contenido con decisiones que no solamente alimentan la polarización (y la violencia política) que hoy define a la sociedad estadounidense, sino que apuntan directamente contra los pilares fundamentales de toda democracia. Ahí están, por ejemplo, sus esfuerzos para dificultar el derecho de voto a minorías que entiende que no simpatizan con sus planteamientos, para rediseñar las circunscripciones electorales con la obvia intención de inclinar la balanza a su favor en las próximas elecciones, o para subordinar a las universidades a su dictado. Unos movimientos que hacen pensar que su sueño de continuar en la Casa Blanca más allá de enero de 2029 no es una mera balandronada, sino un plan político que desprecia los límites recogidos en la Constitución (dos mandatos).

Es, no lo olvidemos, el dirigente que remató su anterior mandato con un golpe de Estado afortunadamente fracasado y que ahora se afana en vengarse personalmente de quienes considera responsables de su derrota electoral, incluyendo al jefe del Estado Mayor, Mike Miller, que rechazó sacar a las tropas a las calles para dar un vuelco a los resultados electorales, y al fiscal especial, Jack Smith, encargado precisamente de la causa golpista contra Trump. El mismo que ahora está castigando con el cese a funcionarios de diferentes niveles en el Departamento de Estado y en los servicios de inteligencia, poblándolos de serviles y leales a toda prueba.

En esa misma línea hay que añadir su empeño en utilizar a las fuerzas armadas, especialmente a la Guardia Nacional, para atender tareas que por definición son propias de las instancias policiales. Con el falso argumento de una inseguridad ciudadana que no se corresponde con los datos reales, Trump está desplegando contingentes militares en diferentes ciudades que, no por casualidad, están bajo la responsabilidad de políticos demócratas. De ese modo, no solo busca identificar a sus rivales políticos como incapaces de mantener la ley y el orden, sino –mucho más allá– de normalizar la presencia de militares en las calles y de ensayar lo que, siguiendo esta senda, podría acabar siendo un nuevo golpe de Estado si los resultados de las elecciones de noviembre de 2028 no le resultan favorables.

De ese modo hay que entender su discurso a los 800 generales y almirantes reunidos en la base militar de Quantico (Virginia) el pasado 30 de septiembre. Con el añadido de las palabras de Pete Hegseth –su flamante ministro de la Guerra, una vez que ha cambiado el nombre de Departamento de Defensa al Pentágono–, Trump ha demandado a sus militares una mayor concentración para hacer frente a la “guerra interior”. Una guerra que identifica al movimiento antifascista como una organización terrorista, niega el cambio climático, aborrece lo políticamente correcto y, en definitiva, asume la necesidad de contar con “guerreros” (no “defensores”), entre los que no caben las mujeres, para hacer frente por todos los medios a todo aquello que choque con su iluminada visión MAGA.

Por si eso no fuera suficientemente alarmante, en el frente exterior Trump tampoco oculta sus simpatías por todo autócrata que comulgue con sus ideas, al tiempo que muestra su desprecio por los que no parecen dispuestos a amoldarse a sus esquemas. Y, si se tiene en cuenta la variedad de instrumentos y palancas comerciales, financieras, diplomáticas y militares que puede emplear Washington, eso significa que Trump tiene un considerable poder para manipular comportamientos y actitudes de muchos actores políticos más allá de sus fronteras. Así se constata en sus esfuerzos para desmantelar el marco institucional internacional, molesto para sus ansias imperialistas y unilateralistas, desmarcándose de acuerdos multilaterales y saliéndose de organizaciones internacionales como el Acuerdo de París (cambio climático), la UNESCO o la OMS.

Y de momento, con una actitud que supone un grave error estratégico, la respuesta generalizada, tanto en el propio Estados Unidos (¿dónde están los demócratas?) como a nivel mundial, sigue siendo la del apaciguamiento y las muestras de sumisión servil (la cumbre de la OTAN del pasado mes de junio fue un buen ejemplo), esperando a que el tiempo pase y confiando ilusoriamente en que, tras Trump, todo volverá a la normalidad. Y luego nos lamentaremos de no haber reaccionado de manera más asertiva.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

El contexto hacía presagiar que la cumbre convocada por Qatar el pasado día 15 de septiembre iba a deparar algo más que palabras. Israel, saltándose una vez más la ley internacional, había atacado Doha, tratando de matar a los negociadores de Hamás que analizaban la última propuesta para llegar a un acuerdo con Israel. De este modo mostraba no solo su nulo deseo de pactar una salida negociada a la violencia desatada en estos últimos dos años, especialmente sobre Gaza, sino también su atrevimiento para golpear a uno de los más claros aliados de Washington en la región. De ahí que la convocatoria de una cumbre de países árabes e islámicos hiciera pensar que, tras décadas de encuentros estériles, de la capital qatarí podría salir algo sustancial, equiparable al menos a la decisión adoptada en 1973 por parte de la OPEP de imponer un embargo de hidrocarburos a los países occidentales si no apoyaban la causa árabe (y palestina) en medio de la cuarta guerra árabe-israelí (Yom Kippur). Vana suposición.

El ambiente se había caldeado los días previos a la convocatoria. Por una parte, el primer ministro qatarí, Mohammad bin Abdulrahman Al Thani, encabezó una delegación que inmediatamente se trasladó a Washington para pedir explicaciones a la Administración Trump. Por otra, Emiratos Árabes Unidos planteó que la anexión israelí de Cisjordania era una línea roja que podría llevar al cierre de las relaciones con Israel (EAU reconoció a Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham en agosto de 2020). Por su parte, Arabia Saudí reiteró su rechazo a sumarse a dichos acuerdos si Israel seguía adelante con la masacre gazatí. Y fueron varios los gobiernos que comenzaron a calificar abiertamente de genocidio lo que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está cometiendo en la Franja.

Sin embargo, a la luz de los resultados conocidos, que incluyen la determinación recogida en el comunicado final de “tomar todas las medidas legales y efectivas posibles para impedir que Israel continúe sus acciones contra el pueblo palestino”, todo indica que estamos, una vez más, ante una muestra de manifiesta inutilidad. De hecho, ni siquiera los países árabes que recientemente han normalizado relaciones con Tel Aviv –Bahréin, EAU, Egipto, Jordania, Marruecos y Sudán, además de Egipto (1979) y Jordania (1994)– se han atrevido ni siquiera a retirar a sus embajadores.

Más allá de las palabras, la realidad es que en términos políticos sigue brillando por su ausencia la unidad árabe e islámica en la defensa de la causa palestina. Así, aunque teóricamente sigue en vigor el boicot establecido por la Liga Árabe en 1948, son muchos los países árabes e islámicos que se relacionan con creciente intensidad con Israel y apenas queda rastro del boicot secundario, que pretendía cerrar toda relación con países y empresas de cualquier parte del mundo que comerciaran con Israel.

Sea por sus fracturas internas, por la perspectiva de hacer negocios con Tel Aviv –incluyendo la recepción de tecnología israelí para un mejor control de sus propias poblaciones– o por el sometimiento que la mayoría de los gobernantes de Oriente Próximo y Oriente Medio tienen al dictado estadounidense, es un hecho que hasta hoy sus lamentos, críticas y condenas por lo que Israel está haciendo en Gaza y Cisjordania, sin olvidar las violaciones reiteradas de la soberanía de Líbano, Siria, Irán, Yemen y ahora Qatar, se diluyen de inmediato en la nada.

Como ha quedado demostrado con el ataque israelí en Doha, ese sometimiento a Washington, que incluye el regalo de un avión Boeing 747 a Trump y el compromiso de invertir centenares de miles de millones de dólares en Estados Unidos, además de albergar la mayor base militar estadounidense en el Golfo (Al Udeid), no le ha servido al régimen qatarí para sentirse seguro. Y es que, más allá de los cambios de rumbo de Trump y del empeño supremacista de Netanyahu, resulta inmediato concluir que lo que se ha querido presentar como la “OTAN árabe” –creada formalmente por los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudí, Bahréin, EAU, Kuwait, Omán y Qatar) en diciembre de 2023 con la denominación de Acuerdo Conjunto de Defensa– es absolutamente inoperante para garantizar la seguridad de sus miembros.

A partir de esa amarga realidad no puede extrañar, por un lado, que esos países se estén convirtiendo en los mayores importadores de material de defensa del planeta, como si dotarse de más armas les fuera a garantizar su seguridad. Y, por otro, que algunos de ellos busquen nuevas vías para hacer frente a las amenazas que les afectan. Buena prueba de ello es la reciente firma de un acuerdo de defensa mutua entre Arabia Saudí y Pakistán el pasado 17 de septiembre en Riad. Un paso que, a cambio de la ayuda económica saudí a Islamabad, busca la protección del paraguas nuclear paquistaní, no solo como señal de la percepción de amenaza que Riad puede tener sobre las intenciones de Irán, sino también como producto de la desconfianza creciente en la cobertura que Washington puede proporcionarle. Una dinámica, en definitiva, de la que no puede salir nada bueno.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Son, por supuesto, los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales quienes deben protagonizar la respuesta a las sistemáticas violaciones del derecho internacional que está cometiendo Israel. A ellos corresponde liderar las acciones que traten de poner fin al genocidio que el trío Netanyahu-Smotrich-Ben Gvir viene ejecutando a los ojos de todo el mundo, aunque solo sea porque de no hacerlo se convierten en cómplices de un delito que a estas alturas ya resulta inocultable. Pero también la sociedad civil tiene un importante papel en la tarea de hacer valer el derecho internacional, el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, aunque apenas disponga de palancas directas y de efecto inmediato para modificar el rumbo de quienes deciden saltarse todas las normas.

Una sociedad civil informada, sensibilizada y movilizada con voluntad de incidencia política tiene la posibilidad real de forzar a los gobiernos y a las empresas internacionales a que ajusten su actividad a los valores y principios que dicen representar y defender. En unos casos, actuando en calidad de consumidores, eso significa seleccionar conscientemente el tipo de productos y servicios que adquirimos, atendiendo a su origen, para evitar hacerle el juego a empresas que o bien tratan de esconder su colaboración con quien está cometiendo un crimen o, peor aún, se enorgullecen de ello. En otras ocasiones, echando mano de la condición de privilegiados ciudadanos de sistemas democráticos, se trata de denunciar acciones y omisiones por parte de nuestros representantes políticos, demandándoles una mayor coherencia de políticas y un mayor ajuste a los valores y principios que dicen defender.

En el caso concreto de Israel, manifiesto violador del derecho internacional, con un primer ministro en busca y captura por parte de la Corte Penal Internacional y una Corte Internacional de Justicia investigando si lo que hace Netanyahu y los suyos es un delito de genocidio (tal como acaba de atestiguar la Asociación Internacional de Académicos sobre Genocidio), un planteamiento de ese tipo tiene nombre propio: BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones). Se trata de una campaña internacional, en la que también hay organizaciones israelíes, que, teniendo en mente el antecedente de la campaña de movilización contra la Sudáfrica del apartheid, busca hacer sentir al gobierno y a la sociedad israelí el coste de una política supremacista que ya no esconde su propósito de llevar a cabo una limpieza étnica en Gaza y una anexión territorial de Cisjordania. El objetivo, evidentemente, es provocar una reacción que lleve a Israel a abandonar ese mesiánico delirio.

Resulta insostenible cualquier acusación de antijudaísmo contra lo que solo es una respuesta frontal al belicismo asesino de unos gobernantes iluminados (y de quienes se alinean con ellos) que se sienten elegidos para imponer su dominio sobre los demás. Ni se cuestiona el derecho de Israel a existir, ni se justifica la violencia extremista de Hamás y sus adláteres. Lo fundamental es que, ante la generalizada inacción de nuestros gobiernos –tanto del estadounidense como de los Veintisiete y los gobiernos árabes–, sea la sociedad civil quien ha tomado la delantera, ya sea poniendo en marcha una flotilla naval para romper el bloqueo de Gaza, perturbando conscientemente una prueba deportiva o dejando de adquirir productos fabricados en Israel. De ese modo lo que se busca, por un lado, es forzar a nuestros gobiernos y a nuestras empresas a que vayan más allá de sus ya inanes discursos de lamento y condena sobre la masacre que se está produciendo. Por otro, se pretende no solo presionar al gobierno israelí a abandonar su estrategia erradicadora de toda presencia palestina entre el río Jordán y el mar mediterráneo, sino hacer sentir a cada israelí, sea un ciclista, una bailarina de ballet, un profesor de astrofísica o una abogada, que lo que su gobierno está haciendo en su nombre resulta inaceptable y lleva a aparejado un coste personal para cada uno de ellos.

Y a estas alturas carece de sentido apelar a la necesidad de dejar al deporte, la música o al mundo académico al margen de la política, pensando en no molestar o en mantener un statu quo que no interesa replantear. No solo se trata de que todo es política, sino de que son demasiadas las veces en que esos mismos gobiernos deficitarios en el cumplimiento de sus obligaciones con la ley internacional son los más interesados en jugar a limpiar su imagen a través de actividades teóricamente asépticas. Se trata precisamente de molestar, de cuestionar comportamientos indignos, de denunciar a quienes gustan de tomarse la justicia por su mano. Y en todo eso, una vez más, la ciudadanía va por delante de sus gobernantes.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Dado que lo que está en juego es su propia existencia como Estado soberano, no puede caber duda alguna de que los ucranianos harán todo lo posible por defender su integridad territorial y preservar su independencia. En cualquier caso, y tras once años de resistencia frente a la embestida rusa, la situación actual y la relación de fuerzas sobre el terreno determina que ni aun así es suficiente para expulsar a las tropas invasoras y blindar sus fronteras ante futuras intentonas de Moscú. En esencia, el futuro no está en sus manos, sino que depende del nivel de apoyo que le presten sus aliados exteriores.

Es evidente que la maquinaria militar rusa está muy lejos de la imagen de operatividad y poder que se le suponía antes del 24 de febrero de 2022. También resulta evidente que las sanciones internacionales que se le vienen aplicando desde 2014 afectan crecientemente a su economía. Pero nada de eso impide que Moscú mantenga la iniciativa estratégica a lo largo de los 1.100km de frente de batalla, obligando a las fuerzas ucranianas a adoptar una actitud defensiva que, a duras penas, consigue ralentizar el avance enemigo. Y es que por muchas que sean las deficiencias rusas, su superioridad es manifiesta tanto en efectivos humanos que pueden ser movilizados como en capacidad industrial y económica al servicio de la guerra. De hecho, no es realista pensar que Volodímir Zelenski y los suyos habrían podido llegar hasta aquí si no hubiera sido por el apoyo que le vienen prestando sus aliados occidentales.

La consecuencia de todo ello es que Ucrania no está en condiciones de desarrollar una agenda propia, sino que depende vitalmente de lo que otros decidan, tanto en términos económicos como militares. Por un lado, Vladimir Putin ha establecido un marco conceptual que nadie parece en condiciones de trastocar, y que se resume en la exigencia de obtener por parte de Ucrania una porción significativa de su territorio — al menos la península de Crimea y los oblasts de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia—, su renuncia a la integración en la OTAN y su desmilitarización. Un marco que Donald Trump ha asumido como propio, alineándose con su homólogo ruso en la presión sobre Zelenski, y que la Unión Europea asume sumisamente, dada su falta de capacidad y voluntad para lograr un asiento a la mesa en la que se dirime el futuro de Ucrania.

Ucrania no tiene más remedio, por tanto, que acomodarse a los parámetros que le marcan tanto Washington como Bruselas. En el primer caso, lo que está comprobando es que Trump busca un entendimiento con Putin más allá del conflicto ucraniano, de tal modo que no tiene reparo en modificar sus posiciones de partida cuando lo considera conveniente. Así acaba de ocurrir por ejemplo en Alaska, aceptando el rechazo de Moscú a la aplicación de un alto el fuego inmediato como punto de partida para relanzar un proceso de negociaciones, lo que le permite a Putin aparentar una supuesta voluntad de paz, reactivando un proceso de negociación sin final a la vista, mientras puede seguir ganado terreno ucraniano en el campo de batalla. Una actitud que, de paso, le garantiza que Estados Unidos no le impondrá nuevas sanciones. En esa misma línea, Trump ha incorporado a su discurso la peregrina idea de un inexistente intercambio de territorios, cuando es bien obvio que todos los oblasts citados anteriormente son plenamente territorio ucraniano y, por tanto, no hay ningún intercambio a la vista, sino una pretensión de rendir finalmente la resistencia de Kiev.

En paralelo, Trump se dedica a buscar alternativas políticas al propio Zelenski, al que ha identificado en numerosas ocasiones como el responsable de iniciar el conflicto. Así hay que entender el fracasado intento de su vicepresidente, James D. Vance, de cortejar a Valeri Zaluzhni, embajador ucraniano en Londres y antiguo jefe del Estado Mayor, por entender que sería más sensible a los intereses de Washington. Igualmente, Trump está cerrando progresivamente el grifo de la ayuda económica y militar a Kiev, como método de presión adicional para vencer las reticencias de Zelenski a aceptar su rendición al dictado conjunto de Washington y Moscú, y apenas menciona la posibilidad de aportar garantías de seguridad en caso de que se produzca la firma de un acuerdo.

En esas condiciones, queda por ver qué papel se autoasigna la Unión Europea, consciente de que hasta ahora apenas es un actor secundario, con el que Putin argumenta que no tiene nada que negociar y al que Trump ve como una criatura creada para “joder” a Estados Unidos. Todo apunta a que los Veintisiete están decididos a mantener el apoyo en un nivel similar al que han tenido hasta aquí. Pero, aunque sean capaces de superar sus divisiones internas en este asunto, eso no permite cubrir el previsible hueco que deje EEUU, ni para mantener el esfuerzo actual ni para proporcionar suficientes garantías de seguridad a Kiev en el hipotético caso de que se llegue a firmar un acuerdo de paz. Por un lado, los Veintisiete no tienen capacidad de producción armamentística para cubrir las necesidades de las fuerzas ucranianas. Y, por otro, tampoco tienen la capacidad y la voluntad política para desplegar sus tropas en suelo ucraniano como garantías de seguridad, sin contar con el respaldo directo de Washington.

No puede sorprender, por tanto, que más allá de sus propios errores, Zelenski se sienta crecientemente asfixiado.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Podría parecer lo contrario si se atiende a las declaraciones de las decenas de ministros de exteriores y altos representantes que han participado en la conferencia impulsada por Francia y Arabia Saudí en el marco de la Asamblea General de la ONU. Acordada en septiembre pasado para avanzar en la vieja fórmula de los dos Estados dentro del territorio de la Palestina histórica, tal como ya recogía en 1947 el Plan de Partición, tuvo que ser retrasada en junio debido a los ataques israelíes contra Irán, y finalmente se ha celebrado los pasados días 28 y 29 de julio. El encuentro, boicoteado por Washington y Tel Aviv por considerarlo “un regalo a Hamás”, llega demasiado tarde y sería ilusorio suponer que va a servir para desviar al gobierno liderado por Benjamin Netanyahu de un rumbo que tiene un objetivo prioritario: dominar todo el territorio que hay entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, reservándolo exclusivamente para los judíos.

Han pasado ya 78 años desde el citado Plan de Partición, 58 desde que Israel inició la ilegal ocupación de Gaza y Cisjordania (además de los Altos del Golán sirios) y 32 desde los Acuerdos de Oslo. Y en todo ese tiempo- es decir, desde mucho antes de que Hamás comenzara a actuar en el Territorio Ocupado Palestino (diciembre de 1987) y de que llevara a cabo los condenables ataques del 7 de octubre de 2023- nada de lo que ha ocurrido sobre el terreno ha permitido a los palestinos acercarse a ese objetivo.

Por un lado, los sucesivos gobiernos israelíes se han afanado por hacer inviable dicho Estado, no solo incumpliendo sus obligaciones como potencia ocupante, sino también abortando por la fuerza cualquier iniciativa palestina o internacional, lo que incluye la construcción de asentamientos (todos ellos ilegales) y el desplazamiento forzoso de la población palestina como resultado de las seis guerras registradas hasta hoy y de las frecuentes operaciones de castigo, tanto en Gaza como en Cisjordania. Por otro, tanto la ONU como los principales gobiernos occidentales han demostrado sobradamente su falta de voluntad para actuar en línea con ese desiderátum. Siguiendo un guion al que todos se han ajustado, con mínimos matices diferenciales, llevan décadas limitándose a expresar su pesar por los efectos de la violencia que caracteriza a la zona y, como si con eso quisieran tapar sus vergüenzas, suelen terminar reiterando su apuesta por la creación de dos Estados, como si no supiesen que Israel se ha encargado de imposibilitar que algo así pueda ocurrir.

Un simple repaso a los datos lo corrobora. En 1947 la ONU aprobó el mencionado Plan, argumentando que el reparto territorial se haría sobre una base demográfica. Sin embargo, a pesar de que los palestinos suponían entonces el 70% de la población de ese territorio y en sus manos estaba el 92% de los títulos de propiedad de la tierra, tan solo se les asignó el 44% del territorio. Como resultado de las citadas guerras Israel ha logrado anexionarse (y, por lo tanto, integrar plenamente bajo su soberanía) el grueso de lo que tendría que haber formado parte del Estado palestino y ocupar el resto hasta hoy. Para colmo, la firma de los Acuerdos de Oslo dejó meridianamente claro que, en el mejor de los casos, los palestinos ya solo podrían proclamar su Estado en no más del 25% de la Palestina originaria. Un exiguo territorio trufado de asentamientos y vías de comunicación reservadas solo para los israelíes, sin contigüidad territorial no solo entre Gaza y Cisjordania, sino también dentro de esta última, con el añadido de que Donald Trump, en contra de lo recogido en el referido Plan, ya había decidido trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén en 2018.

Todo eso significa que los palestinos carecen de la más mínima posibilidad de contar con un Estado viable. Por expresa voluntad de Tel Aviv y ante la generalizada pasividad de la comunidad internacional (cuando no explícita complicidad) los palestinos han sido despojados del territorio que pudiera servir de base para cumplir su sueño estatal, han visto destruidos sus recursos naturales (agua y cultivos incluidos) y han sido abandonados por unos y por otros. No hay exageración alguna al calificar a Gaza como la mayor prisión al aire libre del planeta y a Cisjordania como un queso de gruyere, en la que Israel decide todos los aspectos de su vida social, política y económica. Suponer que precisamente el gobierno más extremista de la historia de Israel es el que va a revertir todo el camino recorrido hasta aquí es, directamente, haber perdido el sentido de la realidad. Del mismo modo, si se asume que para que la idea de un Estado palestino pueda materializarse algún día es imprescindible que termine la ocupación de Gaza y Cisjordania volviendo a las fronteras de 1967, resulta obvio que tal cosa no va a suceder bajo ninguna circunstancia.

En definitiva, la conferencia impulsada por París y Riad se ha desarrollado en una realidad paralela, tratando de diseñar una hoja de ruta que se empeña en rechazar los hechos sobre el terreno. Unos hechos que hacen materialmente imposible que, a pesar de que hay más de 140 países que ya reconocen la existencia de Palestina como Estado, el gobierno israelí abandone su estrategia de fuerza, convencido de que, más allá de las palabras, nadie está dispuesto a jugársela por los palestinos. Y, por supuesto, que Francia y Reino Unido terminen por sumarse también a ese grupo no va más allá de un simbolismo improductivo.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).