A Pablo le llegó la notificación un martes, justo antes de bajar la basura. “Lo que nos faltaba, otro impuesto”, murmuró. En su portal ya corría el mantra: “Madrid está hecho un asco y encima nos ponen una tasa; pues yo dejo de separar”. Su hija, que aprende en el cole a distinguir marrón, azul, amarillo y verde, le miró con extrañeza: “¿Entonces lo que me dice la profe no vale?”. Esa escena —tan cotidiana como incómoda— resume el giro peligroso que estamos viviendo: la frustración se está convirtiendo en boicot a la separación. Y así, sin darnos cuenta, dinamitamos el camino hacia una ciudad más limpia, más sana y más barata de gestionar.

Una tasa puede ser impulso o freno. Si está mal diseñada, es opaca y plana, cabrea con razón. Bien diseñada, en cambio, es una herramienta justa, progresiva y finalista que cambia hábitos, garantiza la financiación estable del servicio, protege a quien menos tiene y premia a quien hace las cosas bien. No se trata de “recaudar por recaudar”: se trata de cumplir las reglas y, sobre todo, de cuidar nuestra salud y el medio ambiente.

España arrastra años de incumplimientos. Tras varias condenas en 2016 y 2017, la UE endureció el listón: la Directiva (UE) 2018/850 exige tratamiento previo adecuado de los residuos antes del vertedero para no poner en riesgo la salud ni el entorno. Y, además, recomienda usar instrumentos económicos —positivos y negativos— para impulsar la prevención, la reutilización y el reciclaje. En una lista de quince herramientas, la tasa aparece la primera y, siendo honestos, es la única que puede asegurar mínimamente que esas medidas se implanten. No es un capricho tecnocrático: es lo que ha funcionado de forma sostenida en Europa.

Conviene recordar por qué llegamos hasta aquí. Antes de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular encadenamos sustos y desastres: Seseña, Valdemingómez, Zaldibar, Alcalá de Henares… Cuando los residuos se gestionan tarde, mal o nunca, lo acabamos pagando en calidad del aire, en olores, en riesgos evitables y, a la larga, en dinero público.

Pero vayamos a los números, que a veces aterrizan la conversación. En Francia, tratar y eliminar una tonelada de residuos urbanos cuesta en torno a 250 euros (unos 50 en impuestos). En España, la media ronda los 50 euros con impuestos incluidos. Con ese nivel de gasto, es fácil caer en tratamientos de peor calidad que luego se traducen en peores resultados ambientales y sanitarios. Lo sabemos por experiencia en otros servicios: si queremos un servicio digno, hay que financiarlo de forma suficiente y estable. De ahí la lógica del “quien contamina, paga”.

Otro dato muy madrileño: según la memoria 2023 del Parque Tecnológico de Valdemingómez, la ciudad recibió 10,6 millones de turistas con 2,1 pernoctaciones de media; eso equivale a 60.986 habitantes permanentes. Súmense 1,41 millones de población flotante diaria, equivalentes a 491.382 habitantes más. Total: 552.368 “habitantes” no empadronados que habrían generado 171.223 toneladas de residuos, el 14,19% de las 1.206.573 tratadas en 2023. Casi el triple de lo que produce cualquiera de los 21 distritos de la capital. Y es que la pregunta cae por su propio peso: los turistas, ¿de verdad no deben contribuir de forma específica a sostener el sistema que usan?

Entonces, ¿cómo debe ser una buena tasa? No tiene misterio: finalista, progresiva y con incentivos claros.

La posición de la FRAVM es nítida: una tasa justa puede ser la palanca para pasar de un modelo que depende en exceso de vertederos e incineradoras a una gestión alineada con la jerarquía de residuos: prevenir primero, reutilizar, reciclar y, solo al final, tratar lo mínimo.

¿Qué pedimos, de forma concreta, a los ayuntamientos?

Indignarse es lógico, rendirse no. Si la tasa te parece injusta, no dejes de separar. Al revés: organízate, pide los datos de tu barrio, exige una tasa finalista, progresiva y con incentivos claros. Traslada tu descontento al ayuntamiento con propuestas sobre la mesa: PAYT real, protección a quien menos tiene, transparencia total y tasa turística que pague su parte. La Ley 7/2022 y la Directiva (UE) 2018/850 marcan el rumbo; ahora toca recorrerlo con cabeza. Porque cuando dejamos de separar, quien gana es el vertedero. Y ya sabemos —por experiencia— que ese camino solo trae más problemas.

Quique Villalobos es responsable de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de la FRAVM

Nos asomamos de nuevo al vacío, tras perder la cuenta de las veces que nos ha pasado esto como sociedad, llevándose por delante en cada ocasión a una generación: jóvenes, migrantes, hipotecadas o las que hicieron la huida del campo a la ciudad. Todas ellas y ellos tuvieron antes y tienen ahora que renunciar a un proyecto de vida que solo se puede alcanzar desde la seguridad que da una casa, al ser la principal puerta de entrada a otros derechos que consideramos fundamentales como la salud, la seguridad, el trabajo y la educación.

El problema no es nuevo y tampoco es exclusivo de Madrid. En todo el país, en el resto de Europa y en muchas partes del planeta, el acceso a una vivienda digna y sostenible es cada vez más un privilegio de las rentas altas y no tanto un derecho constitucional garantizado.

La tasa de emancipación juvenil se sitúa en estos momentos en España en el 14,8%, la más baja desde 2006, y de esos jóvenes emancipados, el 87% lo hace compartiendo piso para reducir gastos y el 70,5% lo hace dedicando más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. El 74,5% de la población joven trabajadora vive en el hogar familiar y el 22,8% se encuentra en situación de pobreza y exclusión social. No parece que las medidas sociales y económicas desplegadas por el conjunto de las administraciones estén garantizando de manera efectiva el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que queda sólo para quien se puede dar ese gusto.

Si mejorar las condiciones laborales, reducir la temporalidad en el empleo y subir el salario mínimo interprofesional quedan anulados ante el incesante aumento del precio de la vivienda, urge caminar hacia soluciones más garantistas para esa masa social que, hoy por hoy, no puede acceder a una vivienda o ve peligrar su permanencia en la que reside con la próxima revisión de su alquiler. Y que, desde luego, vive ajena a esa economía que, nos dicen, va como un cohete.

No hay margen para seguir apostando por recetas fallidas. La idea de que la simple construcción de nuevas viviendas bajará los precios es un sofisma ampliamente refutado, no sigamos intentándolo. En el periodo 1998-2008 se levantaron seis millones de viviendas en España y, sin embargo, el precio del suelo se multiplicó por cuatro y el de la vivienda por dos y medio. A día de hoy, en Madrid, el precio de compra ha subido un 20,2% en un año y el del alquiler un 15,3%. No hay tiempo para seguir esperando: la declaración de zonas tensionadas es imperativa. Regular los precios es la única vía para frenar un mercado sobrecalentado.

Junto a ello, es imprescindible gravar la vivienda vacía para que salga al mercado. En la capital hay casi 100.000 viviendas sin uso y en la Comunidad de Madrid, unas 180.000. Continuar con la receta de construir en los terrenos periurbanos, agotando los pocos espacios naturales que nos quedan, es un lujo que no nos podemos permitir en un contexto de crisis climática.

Por otro lado, aplicar íntegramente la Ley de Vivienda, que el Gobierno regional se niega a implementar, es una necesidad urgente. La rebeldía institucional de Ayuso y Almeida no es un acto de autonomía, sino una acción irresponsable que condena a la ciudadanía madrileña en favor de los intereses de promotoras y constructoras. Estamos hartos de este tipo de antipolítica.

Las soluciones están sobre la mesa y han sido aplicadas con éxito en otros países: rehabilitación de viviendas, moratoria de licencias y fiscalización de los alquileres turísticos, prohibición de la compra de vivienda con fines especulativos, blindaje de la vivienda protegida y ampliación del parque público mediante la construcción, compra y captación. Sin embargo, ante la emergencia habitacional actual, estas medidas no bastan. Es imprescindible incorporar todas las viviendas de la SAREB al parque público en el primer semestre de 2025.

Por eso, el próximo domingo 9 de febrero a las 12:00 tenemos una cita en Atocha, en Madrid, porque la presidenta Ayuso no parece haberse dado por aludida con la multitudinaria manifestación del pasado 13 de octubre. Queremos que la vivienda deje de ser un negocio para convertirse de manera efectiva en un derecho. Porque tenemos derecho a una vivienda digna y sostenible, el #9FTomamosLaCalle.

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Quique Villalobos es responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM