Hay momentos en los que una ciudad empieza a mostrar síntomas claros de que algo se rompe en su interior. No hace falta una gran señal: basta con observar cómo cambian algunos sonidos, cómo se sustituye el ruido de los niños y niñas en los parques infantiles por el de las maletas que ruedan por calles donde antes se conocía a cada vecino, o cómo desaparece el comercio de toda la vida al ser sustituido por la enésima franquicia, el café de especialidad o el último restaurante de moda que cerrará en menos de un año. Esa sensación de pérdida no es abstracta: es el aviso de que el barrio deja de ser un espacio de vida y se convierte en un producto.

Por eso, hablar de “barrios en venta” no es una exageración. Es la constatación de un proceso que Max Weber describió hace más de un siglo con el concepto de cerrazón: cuando un grupo busca maximizar sus recompensas y oportunidades restringiendo su acceso a un círculo limitado de elegidos. Hoy ese ámbito es la ciudad, y el mecanismo que la cierra ya no son muros físicos, sino pisos turísticos, alquileres de temporada y fondos que compran edificios completos con normativas hechas a medida, como el Plan Reside de Madrid impulsado por el alcalde Martínez-Almeida.

A partir de aquí se abre la cuestión central: ¿qué modelo de ciudad queremos sostener como sociedad? Porque lo que está ocurriendo no es un simple fenómeno inmobiliario ni un proceso “natural” del mercado, sino el choque entre dos formas de imaginar la sociedad y su vida urbana.

Por un lado, está la ciudad democrática, la que hunde sus raíces en el Estado del bienestar europeo: ordenada, planificada, pensada para que la mayoría pueda vivir cerca de su trabajo, de su colegio público, de su centro de salud y del comercio del barrio. Esta ciudad no es un ideal abstracto, sino un proyecto político construido desde la convicción de que la mezcla social, los servicios públicos y la estabilidad residencial son condiciones indispensables para que exista comunidad. En ella, el turismo y la actividad económica tienen un espacio esencial, pero siempre regulado y pactado dentro de un equilibrio urbano. Lo que garantiza su buen funcionamiento no es la mano invisible, sino reglas claras que protegen el derecho a permanecer, el diálogo y el acuerdo entre intereses distintos.

En el extremo opuesto está la ciudad en venta, que ha avanzado de forma acelerada en la última década —muy especialmente tras la vuelta a la normalidad después de la pandemia—. Su lógica es sencilla: convertir cada metro cuadrado en un activo, cada edificio en una oportunidad de rentabilidad, cada estadio en un espacio de macroeventos y cada barrio en un paisaje para la rotación permanente. Es una ciudad donde la vida cotidiana se vuelve un obstáculo, y donde las decisiones públicas —como permitir el crecimiento ilimitado de los pisos turísticos ilegales y las terrazas o aprobar cambios de uso favorables a grandes propietarios— facilitan que unos pocos estiren el valor de cada metro cuadrado de la ciudad a costa de expulsar a muchos. Así ocurre no solo en Madrid, sino también en Málaga, en Palma de Mallorca, en localidades de las Islas Canarias y otras ciudades del país, donde barrios enteros se han orientado hacia el visitante, olvidando que el mayor “activo” que busca ese mismo visitante es, precisamente, convivir con el residente. Esa contradicción condena su propio “modelo de éxito” en un futuro muy cercano.

Por eso cada vez resulta más claro que la ciudad democrática necesita límites y decisiones valientes para frenar su proceso de conversión en ciudades en venta. Lo ha entendido el Consell de Ibiza, gobernado por el Partido Popular, al impulsar una estrategia de decrecimiento turístico y contra el intrusismo en el sector en busca de convivencia y calidad; lo expresa el alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, cuando insiste en que su ciudad no soporta más presión turística; y lo demuestra el ministro Pablo Bustinduy en su ofensiva contra las plataformas que distribuyen la oferta ilegal de pisos turísticos. Todas estas decisiones apuntan a una misma idea: proteger la vida urbana exige marcar límites cuando un grupo de elegidos del mercado intenta ocuparlo todo.

Porque un barrio, igual que la vivienda, no es un bien de mercado: es un ecosistema de vínculos, rutinas, cuidados, comercios, negocios y relaciones que solo se sostiene si quienes lo habitan pueden permanecer. Y eso requiere ciudadanía organizada, instituciones, agentes sociales y económicos responsables y un principio básico: una ciudad solo es democrática si permite que la mayoría viva en ella. Lo demás, por muy vistoso que resulte, es decorado.

Como canta Biznaga, “Madrid nos pertenece a ti y a mí”. Es una afirmación política, no sentimental: recuerda que la ciudad democrática solo existe si la ciudadanía la defiende. Y como señaló el sociólogo francés Pierre Bourdieu, “los efectos del lugar son efectos del Estado proyectados sobre la ciudad”. Elegir qué ciudad queremos no es otra cosa que elegir qué Estado queremos sostener. Y esa elección empieza en los barrios.

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Jorge Nacarino es presidente de la FRAVM.

A punto de cumplir 47 años —que celebraremos el 6 de diciembre—, nuestra Constitución se parece cada vez más a una vieja fotografía: algo descolorida, pero aún capaz de revelar quiénes fuimos, qué queríamos ser y hasta dónde no nos dejaron llegar los que no salían en la foto.

En estos días, en los que hemos conmemorado también los 50 años de la muerte del dictador, asistimos a un fenómeno inquietante. Hay quienes parecen incapaces de condenar la dictadura porque sus padres participaron de ella, como si el totalitarismo fuera una herencia irrenunciable. Y lo más perturbador: volvemos a escuchar aquello de que “con Franco vivíamos mejor”. Por eso conviene volver a mirar aquella foto, no como un ejercicio de nostalgia, sino para recordar quién hizo posible la democracia. Y no fueron las élites, sino la gente de a pie —los “peatones de la historia”, como decía Vázquez Montalbán—, que entendió que la democracia no es un simple esqueleto. Porque no se sostiene sola: solo se mantiene viva cuando sus derechos se encarnan en la vida diaria de la gente.

El filósofo italiano Norberto Bobbio escribió que la democracia solo florece cuando los derechos sociales dejan de ser promesas abstractas y se vuelven “condiciones de existencia”. Y es justamente en ese tránsito —del papel al barrio— donde se juega hoy la batalla contra la ola reaccionaria. Porque una democracia sin derechos materiales es un edificio con goteras: basta una tormenta para que se inunde.

Por eso, si la Constitución del 78 quiere ser un dique frente a la ola reaccionaria, tendrá que serlo en cada barrio, en cada recibo de alquiler, en los días de espera para conseguir una cita en el centro de salud y en cada aula de universidad que aún resiste a los recortes.

El derecho a la vivienda

El artículo 47 de la Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Pero cualquiera que camine hoy por una gran ciudad —y en Madrid más, si cabe— siente la presión del mercado en los huesos: alquileres disparados, barrios convertidos en escenarios turísticos, familias hacinadas y jóvenes que renuncian a emanciparse. La crisis habitacional se ha vuelto una forma de desaliento colectivo.

Y esta realidad la aprovechan los jóvenes nostálgicos de la España de los toldos verdes, con arito en la oreja y discurso joseantoniano. A ellos conviene recordarles que la foto de 1977 era incluso más dura que la de quienes hoy sobreviven en habitaciones alquiladas a precios imposibles. Porque aquella imagen no era la del salón de los Alcántara en Cuéntame, ni la del piso en Benidorm. Era la de los más de 100.000 madrileños y madrileñas que vivían entonces en chabolas: familias a las que sacaron del barro el movimiento vecinal, la democracia y las políticas públicas de vivienda.

Hoy, cuando permitimos que un fondo buitre compre un edificio entero y desaloje a quienes llevan décadas viviendo allí, cuando no intervenimos el mercado inmobiliario teniendo presente el artículo 128 de la Constitución, estamos allanando el terreno a la ola reaccionaria. Por eso, si queremos que el armazón democrático no se tambalee, la Constitución y las leyes no pueden convertirse en un muro de mármol: deben ser la mano que sostiene la puerta para que nadie sea expulsado de su propio barrio.

El derecho a la educación

La educación no es solo un derecho recogido en el artículo 27 de la Constitución: es la llave de la igualdad real. Sin embargo, llevamos años viendo cómo, en muchas comunidades autónomas, este pilar democrático se va desmantelando poco a poco. En Madrid lo conocemos demasiado bien. Aquí se ejecuta este derribo desde hace décadas a través del desvío de recursos hacia la privada.

La universidad madrileña, harta de recortes, lo ha dicho alto y claro: las aulas están en pie de guerra. Hace unos días, una manifestación multitudinaria volvió a tomar la calle con estudiantes y profesorado denunciando que cada tijeretazo es un peldaño menos en el ascensor social.

Y, aun así, comparar este presente con el franquismo resulta insultante. En los años 70, más del 9% de la población adulta no sabía leer ni escribir; hoy esa cifra no llega al 0,3%. ¿Milagro? No. Democracia. Tampoco es casual que la población universitaria haya crecido en un millón de personas desde 1978. La igualdad de oportunidades no la trajo ningún dictador, sino los derechos conquistados por el movimiento estudiantil.

El derecho a la salud

La sanidad pública late en el artículo 43 de la Constitución. Y aunque el ejemplo madrileño pueda parecer reiterativo, es inevitable: en “el granero de Quirón” llevamos años viendo cómo se vacían los centros de salud, se externalizan servicios y se engorda un negocio con nuestra salud.

Pero conviene recordar para los nostálgicos del fantasma de Cuelgamuros: en los años 70 casi el 20% de la población española no tenía cobertura sanitaria universal. Esa realidad solo empezó a cambiar con la Ley General de Sanidad de 1986. Si hoy podemos acudir a nuestro centro de salud u hospital con solo presentar una tarjeta sanitaria —sin importar ingresos o barrio— es gracias a esa ley y al movimiento social que la impulsó.

Por eso es crucial, salvo que queramos dar de alta a momias del pasado, que sigamos defendiendo esa tarjeta sanitaria universal… y no la dejemos sustituir por una Visa Oro o un seguro privado de cartón piedra.

El dique de los derechos

Llegados a este punto conviene volver a Bobbio, que nos advirtió que “una democracia que no garantiza los derechos sociales no es más que una democracia formal, destinada a desmoronarse ante la primera embestida”.

Esa es la batalla que hoy tenemos por delante: que nuestra Constitución del 78 no sea únicamente un día festivo, sino un compromiso político con la vida real de la gente. Porque solo cuando los derechos dejan de ser promesas y se convierten en hechos materiales —en vivienda, escuela pública, salud, cuidados, conciliación— la democracia se vuelve resistente, creíble y digna de ser defendida.

Ese es el verdadero dique frente a la ola reaccionaria. No la nostalgia, no los discursos huecos: la voluntad de hacer que la Constitución y los derechos sociales entren por la puerta de cada casa. Solo así, como recordaba Bobbio, la democracia podrá “mantenerse viva en la conciencia de los ciudadanos”.

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Jorge Nacarino es presidente de la FRAVM.

En 2013, el escritor Antonio Muñoz Molina, en su ensayo Todo lo que era sólido, reflexionaba —en plena crisis económica— sobre los riesgos de la desafección ciudadana y la fragilidad de las instituciones democráticas. Entonces dejó una advertencia: "Cuando la barbarie triunfa no es gracias a la fuerza de los bárbaros, sino a la capitulación de los civilizados".

Una cita especialmente pertinente en el contexto actual, en el que parece que nos situamos ante el preludio de un abismo. El triunfo de la barbarie se vislumbra cada día más próximo, cuando no es ya una realidad, como muestran las muertes diarias provocadas por el genocidio que está llevando a cabo el gobierno de Netanyahu en Gaza (algo reconocido y denunciado por las propias Naciones Unidas), o el avance del autoritarismo en democracias consolidadas como Estados Unidos, o en países de la Unión Europea como Hungría.

Observamos cómo en el mundo se imponen la diplomacia altanera y exhibicionista de Trump y el imperialismo de Putin, que no solo invade Ucrania y amenaza a los países del Este, sino que, junto con su socio del otro lado del Pacífico, ambos se han convertido en los grandes mecenas de una gran internacional del odio, a la que, sin duda, le sobra la democracia y el Estado social.

Embajadores del odio en España

Esta dinámica global también se reproduce en España, la internacional del odio tiene sus embajadores. Algunos se sientan en parlamentos, otros pontifican en tertulias matutinas o paranormales, y los más jóvenes, en redes sociales. Todos comparten un objetivo común: destruir la convivencia y hacer el ambiente irrespirable para que su virus —el virus del odio— se propague en el conjunto de la sociedad.

En ese objetivo de destruir la convivencia, este espectro, como ya ha hecho en otros lugares del mundo, ha elegido en España un blanco principal al que señalar: las personas migrantes y las personas musulmanas. Un ataque que, aunque no es exclusivo, se focaliza en quienes los odiadores consideran el eslabón más débil de la cadena. Y que, sostenido en el tiempo, lo vivimos de manera especialmente intensa este verano con los sucesos de Torre Pacheco. En la localidad murciana presenciamos con horror una cacería televisada y propagada en redes sociales con un único objetivo: provocar un estallido social que permita a esa internacional del odio alcanzar sus fines. Un modus operandi que no dudará en repetir tantas veces como consideren necesario para cumplir su objetivo, como muestra el despreciable ataque con cócteles molotov que sufrió el centro de menores de Monforte de Lemos, en Lugo, el pasado sábado.

En Madrid, han intentado provocar un estallido como el de Torre Pacheco con dos agresiones aisladas por parte de personas migrantes residentes en los centros de acogida de Alcalá de Henares y Hortaleza. En este último caso, con la complicidad del cálculo electoral de una administración que ha querido trasladar un mensaje de inseguridad basado en premisas completamente falsas, ya que vivimos en uno de los países con los niveles de delincuencia más bajos de Europa (40,6 delitos por cada mil habitantes, según el Balance de Criminalidad del segundo trimestre de 2025 elaborado por el Ministerio del Interior).

Una alianza para la convivencia

A pesar del enorme peligro que representa este fenómeno, lamentablemente, hasta ahora, la inmensa mayoría social que representamos las personas civilizadas —quienes sabemos que solo la convivencia entre diferentes permite el avance social— no hemos conseguido hacernos oír por encima del ruido que provocan los portavoces de la internacional del odio.

Urge que la gran mayoría social que no cabemos en el estrecho marco mental de los odiadores nos unamos, y que lo hagamos desde la diversidad, independientemente de la religión y de la ideología que se pueda profesar.

Es el momento de volver a encontrarnos: en los barrios, en los pueblos, en las escuelas, institutos y universidades, en los centros de trabajo. Es hora de conocernos mejor y compartir lo que nos une.

Antes, debemos asumir, como dice la activista antirracista e hija de migrantes marroquíes Safía el Aadam en su libro España ¿racista?, que el racismo existe en nosotros. La escritora recuerda que señalarlo no es un insulto ni un ataque personal sino una oportunidad para entender cómo funciona el sistema y cómo podemos empezar a desmantelarlo.

En ese proceso podremos (¡debemos!) construir una alianza que permita desarrollar la vacuna contra el odio.

Es el momento en el que, como decía el Papa Francisco en la introducción de su encíclica Fratelli Tutti, “al frente de diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras.”

Es la hora de la alianza de los civilizados.

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Jorge Nacarino es presidente de la FRAVM.

Este reconocimiento, junto al acto que el Gobierno de España organizó una semana antes en Bilbao para homenajear al movimiento vecinal y a varios de sus protagonistas en el marco de la celebración de los “50 Años en Libertad”, viene a subsanar por primera vez la que es, sin duda, la gran deuda pendiente de nuestra democracia con un movimiento social que fue clave en la caída de la dictadura. Pues, como bien ha expresado Nicolás Sartorius durante las celebraciones del cincuenta aniversario de la muerte del dictador, "Franco murió en la cama, pero la dictadura cayó en la calle", y en esa caída —en las calles, en las chabolas o en las barracas— fue el movimiento vecinal, compuesto en su gran mayoría por mujeres, quien —como el movimiento sindical en las fábricas o el estudiantil en las universidades—, parafraseando a Lluís Llach, "estiró fort per aquí i per allà" para hacer que la dictadura cayera.

En el análisis histórico del movimiento tampoco podemos dejar de reconocer que, en buena medida, esta falta de reconocimiento institucional durante el periodo constituyente —no así el posterior— tiene mucho que ver con uno de los momentos más cruciales para su supervivencia: la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos, allá por 1979. Entonces, algunos de sus mejores líderes legítimamente pasaron a la política institucional, entendiendo que, teniendo concejales, ya no era necesario mantener vivo el movimiento. Pero muchos otros decidieron seguir, porque supieron que los barrios iban a seguir necesitando levantarse más allá del trabajo institucional, incluso en ocasiones contra algunos viejos compañeros y compañeras. Y continuaron —y continúan— escribiendo páginas cruciales sin las que no se puede entender la mejora de las condiciones de vida en nuestras ciudades y pueblos.

En Madrid, si Prisci, nuestro histórico presidente; Víctor Renes, un gran sociólogo y experto en evaluación de políticas públicas, que continúa megáfono en mano en el barrio de San Fermín; o Nico, del Tercio de Carabanchel, no hubieran conseguido a fuerza de negociación los Planes de Barrio o el Servicio de Dinamización Vecinal con Gallardón, la convivencia en muchos de nuestros barrios no habría sido posible.

Sin la inteligencia política y la capacidad de análisis inagotable de Vicente Pérez Quintana, el nervio negociador de María Roces, la chalanería castiza aplicada al bien común de Manolo Osuna —nuestro “alcalde de Lavapiés”— o la tenacidad de Mari Prado de la Mata, no habría sido posible la rehabilitación de Lavapiés, uno de los barrios más antiguos del centro de Madrid, o de San Cristóbal, el más pobre de la periferia. Y así podríamos citar durante días ejemplos que han servido y sirven para mejorar y dignificar barrios y pueblos de la región madrileña y de todo el país.

Con sus efemérides y reconocimientos, el movimiento vecinal vive hoy un “espíritu del 47”, tal y como nos recordaba Kois en su artículo El espíritu del 47 o la necesidad de narrarnos victorias, en este mismo blog, al hilo de la excepcional película de Marcel Barrena. Y, como concluye, es necesario narrarnos estas victorias para obtener la materia prima con la que imaginar futuros alternativos al fatalismo.

Pero, para la construcción de ese futuro alternativo al fatalismo, necesitamos herramientas, y que esta reparación histórica que hemos iniciado al hilo del “espíritu del 47” se transforme en un reconocimiento explícito a la legitimidad institucional del movimiento vecinal, y que este ocupe los asientos que le corresponden en la edificación del futuro del país.

Un futuro para un país que supere la crisis de vivienda actual, que preserve la identidad de sus barrios y pueblos ante la amenaza de la turistificación, que recupere el barrio y el pueblo como centro de la vida, el espacio público (el salón del pueblo), la vida comunitaria para acabar con el aislamiento social, la soledad no deseada y la crisis de salud mental; que aborde una transición ecológica justa y una transformación digital universal, y que no se abrace al fatalismo del proyecto del odio.

Por todo ello, para que no tengamos que luchar otros cincuenta años por que se subsanen deudas actuales y que nadie tenga que volver a arrancar ninguna estaca, es el momento de aplicar el antídoto de la participación ciudadana y de la democracia, es el momento del pleno reconocimiento a los derechos de participación del movimiento vecinal.

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Jorge Nacarino es presidente de la FRAVM.

Pero las crónicas de este viernes no nos recordarán las hazañas de Manuela Malasaña o de los capitanes Daoíz y Velarde. Nos hablarán del enésimo enfrentamiento entre la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el gobierno de Pedro Sánchez, siendo este año el primero en el que la presidenta ha decidido, como si de su cumpleaños se tratara y no de la fiesta institucional de todos los madrileños y madrileñas, no invitar a ningún representante del Gobierno de España.

El nuevo desplante institucional está justificado, según el Gobierno regional, en el constante enfrentamiento entre ambas administraciones, cuyo anteúltimo episodio fue la decisión del Ministerio de Defensa de cancelar la parada militar durante los actos institucionales. El apagón eléctrico de este lunes se ha convertido en el último, para desazón de las y los ciudadanos, que ante la adversidad volvieron a dar un excepcional ejemplo de civismo.

La celebración del aniversario se convertirá en el nuevo capítulo del serial de una crisis institucional ampliamente difundida en todo el país. Una crisis institucional marcada por una gesticulación excesiva, cuyas consecuencias reales entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico tienen, en buena medida, menos efectos de los esperables, a juzgar por el tipo de discursos que emanan desde la Puerta del Sol, lo que demuestra que hay mucha más estabilidad en nuestro sistema político de la que el espectáculo del antagonismo trumpista que emula la presidenta Ayuso nos parece dar a entender.

Pero el serial tapa la verdadera crisis institucional que sufren los madrileños y madrileñas: la crisis que sufre la Comunidad de Madrid en su interior. Una crisis que se manifiesta en la degradación del debate político en el parlamento regional, el desmantelamiento de instituciones neutrales como la televisión pública, la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia; la absoluta deslealtad institucional con los gobiernos municipales de distinto signo político; el desmantelamiento de órganos de participación como el Consejo de la Juventud; o el rechazo al diálogo institucional con las organizaciones sociales.

Una crisis institucional que sufren las madrileñas y madrileños en su día a día, como las más de 600 familias de San Fernando de Henares y ahora de Coslada, afectadas por las obras de la línea 7B de Metro; las de Alcorcón o Móstoles, afectadas por las obras de la A5; las de Getafe, con los conflictos derivados del Mad Cool o la planta de Corrugados; o las de Rivas, con la negada conexión a la M50.

A esta larga lista se suman las empresas, los trabajadores y trabajadoras que padecen la falta de diálogo social con patronal y sindicatos, y, sobre todo, nuestras vecinas y vecinos, que enfrentan múltiples problemas como el acceso a la vivienda, la desigualdad, la sanidad pública, la seguridad, la convivencia o la movilidad, agravados por la negativa del Gobierno regional a sentarse a trabajar con la Federación Vecinal, una entidad con 47 años de historia que ha dialogado incluso con dirigentes de instituciones predemocráticas y que representa a más de 200.000 personas, pero con la que la presidenta Ayuso no ha encontrado un hueco en su agenda para reunirse en seis años.

La politóloga austriaca Natascha Strob identifica este rechazo a la institucionalidad en la forma de hacer política como una de las características del conservadurismo radicalizado, dentro de una voluntad de ruptura estratégica y calculada de las reglas comunes, una estrategia que está siendo inoculada en el conjunto de los conservadores españoles, pero que tiene su origen en los conservadores madrileños y, sin duda, en Esperanza Aguirre, su gran precursora. Por ello, los madrileños y madrileñas tenemos el dudoso honor de haberlo transmitido cual virus político al conjunto del país.

Si bien es cierto que no podemos culpabilizar exclusivamente a los conservadores de haber abandonado la institucionalidad —algo que está completamente vinculado a la degradación de nuestra vida política y que es, en buena medida, la responsable de haber generado monstruos como la extrema derecha—, la izquierda, tanto la política como la social, en ocasiones también ha demonizado la institucionalidad y la cultura del pacto, amparándose en discursos de imposición o pureza ideológica. Para entenderlo mejor, resulta muy recomendable recordar dos citas del filósofo Daniel Innerarity en su ensayo La libertad democrática: “Los pactos y los acuerdos son importantes porque no hay otro procedimiento para generar cambio social profundo y duradero”, y “el poder de la ciudadanía retrocede cuando quienes la representan se instalan en la impotencia de unas promesas desmesuradas”.

Esta crisis institucional madrileña, la real, no la del relato ayusista, será difícil que finalice mientras la protagonista siga en escena. A la izquierda política le corresponderá ser capaz de construir una alternativa ganadora al conservadurismo radicalizado; a los conservadores racionales, recordar la cita del escritor Antonio Muñoz Molina: “Cuando la barbarie triunfa no es gracias a la fuerza de los bárbaros sino a la capitulación de los civilizados”; pero a la ciudadanía, como en tantas ocasiones, nos queda seguir siendo la institución que no falla, la que es capaz de organizarse y asociarse para levantarse y decir basta.

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Jorge Nacarino es presidente de la FRAVM.

El debate de la financiación autonómica, al que no debemos restar importancia más allá del espectáculo de magazine televisivo que busca Díaz Ayuso, debería estar vinculado a otro más importante: el papel que debe jugar Madrid, entendida como una región metropolitana, en el desarrollo económico del país, lejos de ese “Madrid es España dentro de España” de la presidenta. Un debate que no puede olvidar uno de los mayores problemas de la Comunidad de Madrid, su enorme desigualdad. No en vano, somos la región más desigual del conjunto de la Unión Europea. Pero para ese debate, es necesario salir del guión del relato que el demiurgo del universo ayusista nos impone.

El Gobierno regional ensalza de manera constante el papel de Madrid como locomotora de España y teoriza sin rubor sobre el Madrid DF, una gran región metropolitana de diez millones de habitantes, tal y como reivindica Fernando Caballero, el urbanista de los sueños de los grandes señores del ladrillo madrileño. Un plan que apuesta por un Madrid como aspiradora del conjunto del país, que pretende profundizar aún más en su desigualdad, pues esconde un claro proceso de expulsión de la población del centro y la primera periferia de la ciudad, de las personas con rentas bajas, para ser sustituidos por turistas y rentas medias-altas; y cuyo mejor exponente no es otro que la inacción ante la invasión de viviendas turísticas en la capital. Un modelo que resultará ineficiente económica, social y medioambientalmente a medio y largo plazo.

Frente a este modelo, algunas voces críticas que resuenan llegadas desde fuera de la región no están exentas de cierta dosis de “madrileñofobia”, pues tienden a justificar cualquier dato positivo de la economía madrileña como resultado del efecto de capitalidad o del dumping fiscal, dos elementos que, sin ser falsos, mezclados con el primero, facilitan y mucho el argumentario victimista del “neonacionalismo mesetario”.

Desde dentro de la región, se impone en demasiadas ocasiones, por incomparecencia de otros discursos que amplíen el consenso social, uno minoritario que emana de teorías decrecentistas ajenas a la realidad. Estas no solo parecen negar el derecho de los madrileños y madrileñas a vivir en una región que apueste por el crecimiento económico, sino también el propio proceso de urbanización de la sociedad mundial. Este discurso se fundamenta en muchas ocasiones en los límites ecológicos de la ciudad, un planteamiento que, siendo justo, sin contraponer una alternativa efectiva y comprensible, corre el riesgo de caer en un “despotismo urbanita” al no ser capaz de justificar quién tiene derecho o no a vivir en la ciudad.

Tras la llegada al gobierno de la Generalitat de Salvador Illa, y su anuncio de que “Cataluña ha vuelto”, que busca contrarrestar aquel “Madrid se va” de Pasqual Maragall en 2001, resuena también cierto llamamiento a una España con un eje de competición bipolar Madrid-Barcelona, un escenario de polarización en el que la presidenta Díaz Ayuso parece encontrarse muy cómoda.

Como primer elemento para abrir ese debate sería conveniente rescatar uno de los desafíos de España 2050, un documento de prospectiva que impulsó el Gobierno de España en 2021 y que se encuentra dentro de las políticas estratégicas de la Unión Europea: el desafío de articular un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible del país.

Ese informe ya nos advertía que “las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia y sus áreas metropolitanas se iban a volver cada vez más extensas y menos sostenibles, lugares donde cada vez existirían más problemas como el acceso a la vivienda y aumentaría la segregación social”; mientras que las “ciudades medias y pequeñas perderían dinamismo económico y sufrirían un agudo declive social”.

Por eso, es necesario articular un debate sobre el papel que puede jugar Madrid y su región metropolitana como región cooperadora y cohesionadora de las ciudades medias y pequeñas de su área de influencia urbana. Un Madrid que crezca económica y socialmente de manera equilibrada y justa, reindustrializándose y desarrollando todo un tejido productivo sostenible en su entorno, que nos permita a los madrileños y madrileñas, y a nuestros vecinos y vecinas de otras ciudades medias y pequeñas próximas, vivir en lugares habitables y no tener que soñar con un día de teletrabajo, ni estar obligado a hacer 100 kilómetros diarios hasta tu trabajo, porque un día tuviste que marcharte para poder pagar un alquiler o una hipoteca.

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Jorge Nacarino es presidente de la FRAVM.