Durante años, Europa ha centrado gran parte de sus esfuerzos climáticos en la mitigación del cambio climático y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras la adaptación a sus efectos ha ocupado un lugar secundario en el debate político. 

Desafortunadamente, basta mirar lo que está ocurriendo alrededor para entender que esto no puede seguir así. En nuestra realidad cotidiana, experimentamos cada vez más inundaciones devastadoras, sequías persistentes, olas de calor muy severas e incendios forestales de sexta generación, que afectan no solo al medio ambiente, sino también al campo, al precio de los alimentos, al agua, a la salud pública y a la vida de muchas ciudades y pueblos europeos. 

Por eso, la futura ley europea de adaptación y resiliencia climática que está preparando la Comisión Europea y que presentará a finales de año, será una de las decisiones más importantes de esta legislatura, ya que tendrá como objetivo que la Unión Europea se prepare mejor ante las crisis climáticas y que no se limite a reaccionar ante ellas.  

La adaptación al clima debe estar en el centro de las decisiones políticas y tenerse en cuenta en la construcción de infraestructuras, en la planificación de ciudades, en la gestión del agua y en la inversión del dinero público, entre otros ámbitos. Sin embargo, para que el principio de “resiliencia por diseño” y no “por reacción” se integre en nuestras políticas, iniciativas, instrumentos y estructuras, anticipando riesgos en lugar de solo reaccionando ante ellos, debemos cambiar algunas inercias europeas. 

En la actualidad, cada Estado miembro cuenta con su propia metodología y valoración de los riesgos e impactos del cambio climático. La nueva ley deberá establecer un marco común basado en escenarios científicos y en evaluaciones de riesgo climático homogéneas para todos los países de la Unión, ya que los riesgos climáticos no pueden afrontarse eficientemente con 27 enfoques distintos.  

Por otro lado, el nuevo marco climático no sólo debe constar de obligaciones para la adaptación, sino también venir acompañado de soluciones y de recursos; es decir, de capacidad real para aplicarlo. En un contexto en el que las prioridades presupuestarias de la Comisión no pasan por el medioambiente y el clima, quién paga la adaptación y cómo hacerlo de manera justa será, sin duda, uno de los debates más importantes en torno a la nueva ley. Y en esta discusión será determinante tener en cuenta que adaptar Europa al cambio climático costará dinero, pero no hacerlo costará muchísimo más. 

Cada desastre climático tiene un impacto económico enorme y creciente. Por eso necesitaremos más inversión en prevención, preparación y resiliencia, y probablemente también nuevos instrumentos europeos, incluyendo mecanismos que ayuden a cubrir riesgos climáticos que el  mercado privado ya no puede asumir por sí solo.

No obstante, y a pesar de la importancia de los recursos, no podemos reducir la adaptación a una cuestión meramente presupuestaria. A veces seguimos pensando en resiliencia únicamente en términos de hormigón, diques o infraestructuras grises, y olvidamos que la naturaleza y las soluciones basadas en la misma son nuestras mejores aliadas.

Lo hemos aprendido con los incendios, con las inundaciones y con las olas de calor. Los humedales restaurados frenan crecidas. Las ciudades con más árboles soportan mejor las temperaturas extremas. Los ecosistemas sanos ayudan a reducir riesgos y hacen los territorios más resistentes. Así lo defendimos los socialistas durante la negociación de la Ley de Restauración de la Naturaleza y así continuaremos defendiéndolo en las negociaciones de la  ley de adaptación climática, porque defender la naturaleza no es solo una cuestión ambiental, sino también de seguridad y de protección civil. 

Por último, la futura ley tocará políticas y sectores sensibles que pueden resistirse, como el sector agrícola o silvícola, la gestión del agua, la ordenación del territorio, el urbanismo o las infraestructuras civiles o energéticas, por lo que su negociación será un reto político. Las resistencias ya las hubo en la Ley de Restauración de la Naturaleza cuya negociación nos dejó una lección útil. Cuando las políticas climáticas se explican únicamente como una agenda  ambiental, es más difícil construir mayorías; cuando la gente entiende que hablamos de proteger vidas, cultivos, ciudades, empleos o viviendas, el debate cambia. Adaptarse no va de ideología. Va de proteger a la gente frente a riesgos que ya están aquí. Prepararnos mejor no es un lujo ni una exageración. Es probablemente una de las inversiones más inteligentes que Europa puede hacer en los próximos años.

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César Luena es diputado socialista en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Medioambiente, Clima y Seguridad Alimentaria.

La Comisión Europea acaba de presentar la hoja de ruta hacia los Créditos de Naturaleza, una iniciativa que busca movilizar inversión privada para la conservación y restauración de nuestros ecosistemas. El objetivo declarado es cerrar la enorme brecha de inversión que impide frenar el deterioro de la biodiversidad en Europa y alcanzar los objetivos marcados en el marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal y en nuestra reciente Ley de Restauración de la Naturaleza.

La premisa resulta válida si aceptamos que no llegaremos a tiempo dependiendo exclusivamente de los presupuestos públicos. Sin embargo, mi primera preocupación es que esta herramienta no puede ni debe convertirse en una coartada para sustituir la financiación pública. Debe ser una vía complementaria que refuerce el compromiso del proyecto europeo con el medio ambiente. Europa tiene que aumentar, y no reducir, su inversión ambiental en el próximo Marco Financiero Plurianual. No podemos permitirnos dejar en manos del mercado la protección de algo que representa, ante todo, un bien común como la naturaleza.

La Comunicación presentada por la Comisión tiene potencial. Esboza un planteamiento novedoso que podría canalizar recursos hacia la conservación activa y abrir nuevas oportunidades para quienes trabajan sobre el terreno. Pero también deja en el aire numerosos interrogantes fundamentales que condicionarán su credibilidad, eficacia y legitimidad. Si queremos que los créditos de naturaleza funcionen como una herramienta al servicio del interés general, debemos analizar con detalle cómo se aplicarán en la práctica.

Pongamos un ejemplo para ilustrar el potencial y los interrogantes de este nuevo instrumento.

Imaginemos una cooperativa de pescadores en el delta del Ebro que decide restaurar una antigua zona de marisma degradada, hoy invadida por especies invasoras y contaminada por vertidos agrícolas. Junto con entidades científicas locales y apoyo técnico de la administración, diseñan un proyecto para recuperar la biodiversidad nativa, mejorar la calidad del agua y regenerar el hábitat de especies protegidas. Gracias a un proceso de certificación, obtienen un crédito de naturaleza que luego es adquirido por una gran cadena hotelera que quiere compensar su huella sobre la biodiversidad y mejorar su estrategia de sostenibilidad.

Este ejemplo suena bien. Pero inmediatamente surgen preguntas clave que, hoy por hoy, no tienen una respuesta clara en la propuesta presentada por la Comisión.

¿Quién decide, por ejemplo, que esa restauración concreta de la marisma en el delta del Ebro es elegible para obtener un crédito de naturaleza? ¿Existen criterios específicos, o dependerá de interpretaciones caso por caso? ¿Y qué tipo de intervenciones -repoblaciones, restauración de hábitats, mejora de calidad de agua- serán consideradas válidas?

Tampoco está claro cómo se medirán los beneficios. ¿Con qué indicadores se comprobará que la biodiversidad realmente ha mejorado? ¿Se utilizarán métricas comunes adaptadas a cada ecosistema? ¿O dependerá de cada certificador aplicar sus propias herramientas?

Y eso nos lleva a otra cuestión crucial: ¿Quién certificará estos proyectos? ¿Qué garantías tenemos de que serán entidades independientes, con criterios objetivos y públicos? ¿Y qué pasa si, con el tiempo, los beneficios ambientales del proyecto no se sostienen o incluso se revierten?

Además, cabe preguntarse si estos créditos servirán exclusivamente como contribución voluntaria a la conservación y restauración de la naturaleza, o si acabarán permitiendo la compensación de impactos destructivos en otros lugares. ¿Podría una gran empresa comprar créditos generados por esta cooperativa de pescadores mientras destruye hábitats en otra parte de Europa o de un tercer país?

También queda por definir quién podrá acceder realmente a este sistema. ¿Estará al alcance de pequeñas comunidades o agricultores familiares? ¿O solo de grandes operadores que puedan asumir los costes de certificación, seguimiento y transacción?

Y finalmente, ¿cómo se integrarán estos créditos con las políticas existentes, desde la PAC hasta los pagos por servicios ecosistémicos pasando por la Ley de Restauración de la Naturaleza o los créditos del carbono? ¿Habrá coherencia legislativa o solapamientos contradictorios?

Estos vacíos no son cuestiones técnicas menores. Son la diferencia entre una herramienta útil y un instrumento ineficaz o incluso contraproducente.

Como eurodiputado comprometido con la biodiversidad, no me cierro en banda a los instrumentos innovadores. Bien diseñados, los créditos de naturaleza podrían convertirse en un incentivo positivo para la conservación y la restauración activa, y ofrecer un reconocimiento y una fuente de ingresos adicional para quienes ya están cuidando de nuestros ecosistemas: agricultores, silvicultores, pescadores, gestores públicos y comunidades rurales.

Pero para que eso sea posible, aún queda mucho por construir. Hace falta un marco de gobernanza y de monitoreo claro, justo, transparente y basado en la ciencia. Hace falta garantizar que estos créditos no se utilicen para blanquear daños ambientales ni para debilitar el compromiso financiero público con la naturaleza. Y hace falta que el Parlamento Europeo, los Estados miembros y la sociedad civil participen activamente en el diseño de este sistema, que aún está por definirse.

En definitiva, los créditos de naturaleza pueden ser parte de la solución, pero no serán una solución creíble si nacen sin garantías, sin control y sin ambición real. La naturaleza no puede esperar, pero tampoco puede ser moneda de cambio en un mercado sin reglas. Tenemos que trabajar para dar respuesta a las cuestiones anteriores. Hasta entonces, este instrumento, por prometedor que sea, seguirá siendo una idea más que una solución efectiva.

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César Luena es diputado socialista en el Parlamento Europeo y Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo en las cumbres de biodiversidad de Montreal y de Cali.

El acuerdo alcanzado en Roma marca un hito en la lucha global por la biodiversidad. Después de la suspensión de la sesión inicial en Cali a finales de 2024 y una reanudación virtual centrada en el presupuesto, la COP16 se retomó de manera presencial en febrero de 2025 con una misión clara: avanzar en las decisiones pendientes sobre financiación, planificación, monitoreo y revisión del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (KMGBF). Se han dado pasos importantes, pero la clave está en lo que viene después: la implementación real y efectiva de estos compromisos, lo que requiere no solo voluntad política, sino también recursos concretos.

Uno de los principales avances ha sido la adopción de una hoja de ruta para movilizar recursos de todas las fuentes, públicas y privadas, nacionales e internacionales. Además, también se ha adoptado una estrategia revisada de movilización de recursos con objetivos claros: mayor inversión de bancos multilaterales de desarrollo, finanzas combinadas e inversiones privadas en biodiversidad. No obstante, sigue siendo fundamental que los países desarrollados asumamos nuestra responsabilidad y brindemos un apoyo justo a los países en desarrollo. Y no solo esto, sino que también es imprescindible una mayor implicación del sector privado y financiero para cerrar la brecha de financiación.

No podemos permitir que la protección del planeta dependa solo de la voluntad política o de fondos limitados. Los compromisos financieros adquiridos deben transformarse en desembolsos concretos y eficaces. Aunque el Fondo para el Marco Global de Biodiversidad (GBFF) ya está operativo y ha recibido contribuciones iniciales de países como España, Japón, Francia y Nueva Zelanda, alcanzando los 382 millones de dólares, es evidente que esta cifra sigue siendo insuficiente. Si no aumentamos la movilización de recursos, los objetivos del KMGBF corren el riesgo de quedarse en papel mojado.

Asegurar recursos es solo una parte del desafío; garantizar su uso eficiente es igualmente crucial. Por ello, el avance hacia un sistema de monitoreo robusto ha sido otro de los elementos centrales en esta COP16. Se ha establecido un marco de seguimiento con indicadores claros para medir el progreso hacia los objetivos de biodiversidad, asegurando que el cambio en el uso de la tierra respete los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Este enfoque no solo pretende evaluar resultados, sino también reconocer el papel fundamental de estas comunidades en la protección de la biodiversidad y la preservación del conocimiento tradicional, reafirmando que la conservación debe construirse con ellas, y no a costa de sus derechos.

El monitoreo de la implementación del Marco Mundial será un proceso continuo, guiado por un grupo de expertos internacionales, y las revisiones globales del progreso colectivo previstas para la COP17 en 2026 y la COP19 en 2030 serán fundamentales para comprobar si realmente estamos avanzando en la dirección correcta. Sin embargo, la rendición de cuentas no puede esperar hasta esas fechas. Desde ahora, los gobiernos deben asumir la responsabilidad de implementar estos compromisos con transparencia y ambición.

Si bien la COP16 ha dejado una hoja de ruta ambiciosa, es imprescindible que la Unión Europea también haga su parte. La Comisión Europea debe reflejar estos compromisos en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFF), presentando un fondo europeo específico para la restauración de la naturaleza. La protección y restauración de la biodiversidad no solo es un imperativo ambiental, sino también un compromiso ético y económico que requiere recursos a la altura de los desafíos que afrontamos. 

Es innegable que el acuerdo alcanzado en Roma es un paso importante. En un momento de gran fragmentación geopolítica, haber logrado un pacto sobre biodiversidad es un signo de que la cooperación internacional aún es posible frente a los desafíos globales. Pese a ello, la verdadera prueba comienza ahora: convertir las promesas en acciones reales. La responsabilidad recae sobre las instituciones europeas y los gobiernos nacionales, que deben impulsar estas decisiones con acciones concretas y recursos suficientes. No hay margen para la inacción; la restauración de la naturaleza, la protección de los ecosistemas y la inversión en biodiversidad no pueden seguir postergándose.

El camino está trazado; ahora es momento de recorrerlo con ambición y responsabilidad.

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César Luena es diputado socialista en el Parlamento Europeo y Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo en las cumbres de biodiversidad de Montreal y de Cali