Las medidas aprobadas por el Gobierno para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Irán tienen, en lo fundamental, un carácter coyuntural, que da una respuesta inicial a un precio del barril de petroleo de 100 dólares y a un precio del gas de 60 euros megavatio hora. Son medidas para tres meses que sirven para intentar controlar los precios energéticos, con la intención de que no se trasladen al resto de la economía, evitando una nueva crisis de inflación.

La guerra provoca destrucción, dolor y muerte. Este es su coste más inadmisible. Pero también nos empobrece. En España importamos 400 millones de barriles de petróleo anuales. De mantenerse todo el año los precios actuales, la factura energética de España se incrementaría en 20.000 millones de dólares.

Pero el escenario de la guerra ilegal de Trump y Netanyahu contra Irán cambia cada día, incluso varias veces en un solo día. En un contexto de enorme incertidumbre existe la amenaza de que una guerra prolongada dispare los precios del petróleo hasta 150 dólares por barril y el gas por encima de los 100 euros por megavatio/hora. El impacto en la economía sería demoledor: el coste de la guerra para España se elevaría a 50.000 millones de euros anuales, solo en la factura energética. 

Este es un escenario posible que nos obliga a prepararnos como país para enfrentarnos a una situación que sería muy compleja para el conjunto de la economía mundial, con medidas estructurales que protejan el empleo, la economía, y el bienestar de la ciudadanía.

En primer lugar, intervenir en el mercado eléctrico, estableciendo un tope al precio del gas utilizado en la generación de electricidad. Con el gas cotizando en el entorno de los 60€ estamos ya en un umbral de precios que abre la posibilidad de recuperar la excepción ibérica, que será imprescindible si el precio se acerca a los 100€.

La aplicación de un tope al precio del gas en el mercado eléctrico es una medida útil mientras no se avance en una reforma fundamental: acabar con el modelo marginalista en la fijación de precios, porque retribuye al precio más alto a todas las tecnologías de producción de electricidad, con independencia de su coste de producción.

En segundo lugar, hay que establecer controles estrictos en los márgenes del oligopolio energético, tanto del petróleo como del gas, en todos los escalones, desde la compra inicial hasta la comercialización, pasando por el refino y la regasificación. Los precios de los combustibles en las gasolineras ya se han disparado, a pesar de que la gasolina y el gasóleo que venden hoy se corresponden con petróleo comprado muchos meses antes del estallido de la guerra.

En tercer lugar, hay que recuperar el impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías del oligopolio energético, que ganan más cuanto más sube el precio del petróleo y del gas, porque incrementan sus márgenes de operación. Una figura tributaria que se demostró muy eficaz los dos años que estuvo en vigor, con una recaudación de 1.500 millones de euros cada año que sirvieron para financiar medidas como las bonificaciones al transporte público.

En cuarto lugar, hay que avanzar de forma decidida en la electrificación de la economía, basada en el impulso de las energías renovables. La climatización, apoyando la sustitución de calderas por bombas de calor, y la movilidad, con el impulso del vehículo eléctrico, son elementos claves en la estrategia de la descarbonización de la economía. De forma inmediata hay que revisar el actual sistema de funcionamiento reforzado.

En quinto lugar, hay que potenciar el transporte colectivo, con especial protagonismo de los modos de transporte electrificado, como es el ferroviario, especialmente en cercanías y en el metro. Más usuarios del transporte público mejorando la calidad del servicio y ampliando la bonificación para los usuarios recurrentes. Es el momento de acelerar el trasvase de pasajeros del avión en vuelos de corta duración hacia el ferrocarril, de poner en marcha los planes de movilidad de las empresas y aumentar de forma significativa el peso del ferrocarril en el transporte de mercancías.

En sexto lugar, las rebajas en fiscalidad deben reorientarse para reforzar la electrificación y especialmente la electricidad generada por fuentes renovables. Por ejemplo, adaptando el impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) con este criterio. Rebajar la imposición a los combustibles fósiles, sea el IVA o los impuestos especiales, es un mal camino. Se puede utilizar de forma excepcional y breve, pero la fiscalidad es un instrumento poderoso para promover comportamientos eficientes, en este caso sustituir la importación de combustibles fósiles contaminantes por electricidad producida en España por tecnologías renovables y limpias.

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Manuel Lago es diputado por Sumar en el Congreso de los Diputados.

La derecha, tanto económica como política, lleva décadas atacando nuestro sistema público de pensiones. Lo hace ideológicamente, cuestionando su sostenibilidad, porque dicen que tenemos un sistema demasiado generoso, que gastamos mucho en pensiones, poniendo en peligro su viabilidad financiera.

Y lo hacen también cuando gobiernan. Porque en 2012, siendo Rajoy el presidente, impusieron un brutal recorte de las pensiones, a través del denominado factor de sostenibilidad —que reducía la pensión inicial en el momento de jubilarse— y eliminando la actualización anual de las pensiones con el IPC, sustituyéndola por el denominado índice de revalorización, que condenaba a la pérdida de poder adquisitivo porque este índice establecía un pírrico incremento del 0,25 % anual de las pensiones.

Hoy, el ataque al sistema público de pensiones ha incorporado nuevas ocurrencias, en este caso, absolutamente demagógicas, acordes con los tiempos de populismo reaccionario que avanza peligrosamente en todo el mundo.

El nuevo argumento es el de la confrontación generacional entre jóvenes y mayores, propugnando la idea de que los pensionistas le roban a los jóvenes el presente y, sobre todo, su futuro. Según ellos, unos jóvenes empobrecidos son los que pagan las pensiones de unos mayores que viven en la abundancia.

Las redes sociales están llenas de propagandistas de esta nueva reacción que insisten, un día tras otro, en el supuesto conflicto generacional, un discurso que ya contamina a los medios de comunicación tradicionales e incluso se publican líbelos enfrentando a la generación Z con los denominados boomers.

Y lo que es más preocupante, la derecha política, el PP y VOX, comparten en lo fundamental este falso diagnóstico, lo que supone una amenaza para las pensiones públicas si tienen la responsabilidad de gobernar.

Es un diagnóstico falaz porque nuestro sistema no es generoso ni son los jóvenes los que lo financian.

El sistema público de pensiones en España —como en el resto de la UE— es un sistema de reparto: las personas que trabajan cotizan a la Seguridad Social para pagar las pensiones de los jubilados. A su vez, al cotizar, generan el derecho a cobrar su propia pensión cuando alcancen la edad de jubilación. Una pensión que será financiada por las cuotas de los que estén trabajando en ese momento.

Es un sistema solidario, sólido y eficiente, que se nutre de las cotizaciones de todos los que trabajan, con independencia de su edad.

De hecho, un análisis de la distribución de las aportaciones por tramos de edad revela que los menores de 30 años aportan el 14% del total de lo que ingresa la Seguridad Social por cotizaciones y que, por lo tanto, el 86% restante lo aportan los que tienen más de esa edad. Es un dato que no debería sorprender, ya que refleja el distinto peso que tienen las diferentes edades en el empleo. Lo que sí resulta más llamativo es que las personas mayores de 60 años aportan el doble en cotizaciones que los menores de 24 años.

Así que no son las personas jóvenes las que soportan el sistema: es el conjunto de personas activas. De hecho, casi el 50% de las cotizaciones las realizan personas con una edad entre los 45 y los 60 años. No hay por lo tanto conflicto intergeneracional: los que más aportan son los que están más cerca de la jubilación.

También es falsa la afirmación de que en España las pensiones son muy altas. Por desgracia, la realidad es la contraria. Con los datos de noviembre de 2025, en España hay 1,6 millones de pensiones que están por debajo de los 600 € mensuales y casi la mitad —algo más de 5 millones de pensiones— están por debajo de los 1.000 € al mes. Y seis de cada diez pensiones están por debajo de 1.183 €, el salario mínimo interprofesional. En el extremo contrario, el número de pensiones en el tramo más alto —las que están por encima de 3.000 € brutos al mes— son apenas 750.000, el 7% de las casi 10,5 millones de pensiones que se pagan en España cada mes. Esta es la realidad de nuestro sistema: pensiones bajas, especialmente en el caso de las mujeres, que se corresponden con vidas laborales con bajos salarios y precariedad.

Posdata.- Aunque se sale del objeto de este artículo, resulta sintomático que quienes anuncian la quiebra del Estado si el gasto en pensiones aumentara en tres puntos del PIB de aquí a 2050 —del 13% actual al 16% dentro de 25 años— no digan nada sobre la imposición del trumpismo imperialista de incrementar el gasto militar en esos mismos tres puntos del PIB. Nada objetan y acatan la orden. Prefieren recortar las pensiones para destinar esos recursos a comprar armas al complejo militar industrial norteamericano.

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Manuel Lago es diputado por Sumar en el Congreso.

El día 17 de junio la Seguridad Social registró a 21.949.706 personas cotizando y, con gran probabilidad, la Encuesta de Población Activa (EPA) que publicará el Instituto Nacional de Estadística este próximo 24 de julio reflejará que en España hemos superado los 22 millones de personas con empleo. Es una cifra extraordinaria. Nunca en España hubo tantas personas trabajando.

En los últimos siete años, desde junio de 2018 a junio de 2025, el número de cotizantes a la Seguridad Social se incrementó en 2.854.105 personas, haciendo de España el país que más empleo ha creado en toda la Unión Europea. Un crecimiento del empleo generalizado, que ha beneficiado a todas las actividades económicas y a todos los territorios, pero de forma especial a las mujeres y a las personas más jóvenes.

El número de afiliadas se incrementó en 1,5 millones hasta superar los 10,3 millones de mujeres cotizando, la cifra más alta de la historia. Aumenta más el empleo de las mujeres que el de los hombres y por lo tanto se feminiza nuestro mercado laboral: el 47,2 % de las personas afiliadas son mujeres.

Por otro lado, en estos siete años, el número de cotizantes menores de 25 años aumentó en 485.000, equivalente a un incremento de casi el 50%: el empleo juvenil creció tres veces más que en el resto de los tramos de edad.

Más mujeres, más jóvenes, más personas asalariadas y también más autónomos. Los cotizantes al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) aumentaron en 148.101 personas. Frente a los discursos catastrofistas la realidad es que nunca hubo tantos autónomos cotizando en España.

Más empleo y de mayor calidad contractual, porque gracias a la reforma laboral de 2022, el número de asalariados con contrato indefinido se incrementó en 4.721.969 personas, mientras que las personas que trabajan con un contrato temporal se han reducido en 2.297.806 personas más. Para que se entienda mejor hay casi 5 millones de indefinidos más y 2,3 millones de temporales menos: se ha producido una radical transformación del modelo de relaciones laborales, dejando atrás una temporalidad abusiva, superior al 30 % en 2018, mientras que ahora es de apenas el 12 %, por debajo ya de la media de la Unión Europea. 

La mejora en la calidad del empleo va más allá de la estabilidad laboral, porque en estos años el empleo ha crecido de forma especialmente significativa en las actividades productivas que generan más valor, en las empresas de mayor tamaño y en los grupos de cotización que se corresponden con la formación más elevada, avanzando de forma significativa, aunque aún insuficiente, en la necesaria transformación de nuestra estructura productiva. Un dato lo demuestra: el empleo en Programación y Consultoría aumentó el 70% desde 2018, son 209.010, afiliados más, mientras que el comercio al por menor generó 54.632 empleos, con un incremento del 3 %.

Ya no son la construcción, el comercio y la hostelería las ramas en las que más aumenta el empleo, sino la educación, las actividades de consultoría, el transporte, la industria farmacéutica o la investigación.

Hay mejores empleos en empresas más grandes y en sectores que generan más riqueza, y eso se traslada a mayores salarios. La base media de cotización a la Seguridad Social, que es equivalente al salario bruto, se incrementó el 28,7% desde 2018, lo que supone un incremento de 9 puntos por encima del IPC. Un incremento de bases de cotización en el caso de las mujeres es del 31,4%, lo que ha permitido reducir casi el 20 % la brecha de género.

Una intensa creación de empleo en un escenario económico internacional golpeado por crisis sucesivas. El desplome de la economía mundial por la COVID, con una caída del PIB del 11,4% en 2020, la ruptura de la cadena de suministros en 2021, la crisis de inflación de 2022, la subida de los tipos de interés en 2023, el estancamiento de la economía europea en 2024, con Alemania en recesión, la guerra comercial de Trump en 2025. 

Por primera vez en nuestra historia reciente, la economía y el empleo en España no se resiente y encabeza el crecimiento europeo. Desde 2018 el empleo aumentó en nuestro país el 15%, más del doble que el 6% que de media creció en la Unión Europea y casi siete veces más que Alemania, que se queda en apenas el 2% de incremento.

La protección al empleo con los ERTEs, la subida del 61% del SMI y la estabilidad en el empleo gracias a la reforma laboral de 2022 han cambiado el paradigma laboral en España, demostrando que la mejor política económica es mejorar las condiciones laborales, con mejores empleos y mejores salarios.

Superar los 22 millones de personas empleadas, con más mujeres, más jóvenes, más empleo indefinido y mejores salarios, demuestra que es posible crecer con equidad y modernizar el tejido económico al mismo tiempo. 

Esto no es un punto de llegada, sino una base sólida desde la que seguir construyendo un futuro y un mercado laboral que asegure mejorar la vida de las trabajadoras y los trabajadores.

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Manuel Lago es diputado por Sumar.

La OCDE acaba de publicar su informe sobre las perspectivas globales de crecimiento con un resultado extraordinariamente positivo para España: somos el único país avanzado que mejora sus expectativas de crecimiento. España es una excepción en un sombrío panorama de empeoramiento generalizado de la economía mundial.

La OCDE estima que el PIB español aumentará el 2,6%, convirtiéndose en el país que más va a crecer entre las economías avanzadas del mundo. Hace unos días fue el Banco de España el que elevó sus previsiones hasta el 2,7% y antes el BBVA lo hizo hasta el 2,8%.

A pesar de la elevada incertidumbre, la coincidencia de todos los analistas públicos y privados permite afirmar va a tener continuidad el intenso ciclo de recuperación iniciado en 2021, crecimiento que, en 2025, va a estar muy próximo al 3%.

Esta perspectiva positiva se sustenta en diferentes factores. El primero es que el PIB creció el 3,4% interanual en el último trimestre de 2024, una dinámica muy expansiva que se convierte en un sólido soporte para el crecimiento en 2025.

El segundo factor es el aumento sostenido del consumo de las familias gracias a la mejora del poder adquisitivo: los salarios llevan dos años creciendo por encima de la inflación y las pensiones crecen, al menos, lo mismo que el IPC.

El consumo de las familias es el principal componente de la demanda interna que, además, se verá reforzada en 2025 por la reducción de los tipos de interés emprendida por el BCE —aunque aun insuficiente y con retraso— que estimula la actividad, el consumo y la inversión. 

El sector exterior mantendrá una posición de equilibrio, gracias al dinamismo de las exportaciones, del turismo, pero también de los servicios no turísticos, aunque en este ámbito existen los mayores riesgos a la baja, por la incertidumbre ante las decisiones de Estados Unidos sobre los aranceles y las dudas sobre la intensidad de la reactivación de la economía alemana.

Pero el principal factor que va a impulsar el crecimiento volverá a ser el empleo. En 2025 la creación de empleo se situará en el entorno de las 500.000 personas, de tal forma que a lo largo del año el empleo superará los 22 millones de ocupados, una cifra récord impensable hace apenas unos años.

La reforma estructural del mercado de trabajo realizada en estos años ha cambiado el paradigma laboral en España: el empleo es más estable y tiene mejores salarios, convirtiéndose en un factor de estabilidad que impulsa el crecimiento de la economía.

En 2025 continuará la senda descendente de los precios, especialmente la inflación subyacente, con un IPC que cerrará el año cerca del 2%, dependiendo de la evolución del precio del petróleo y del gas, que aún siguen sometidos a una elevada incertidumbre en los mercados internacionales.

Un menor crecimiento de los precios que se notará de forma especial en los hogares de menor nivel de renta, porque los precios de la alimentación más positivo ya están creciendo por debajo del 2%, una tendencia que se consolidará si se cumplen las expectativas que, a día de hoy, marcan los mercados de futuros en los productos agrícolas.

En este ejercicio seguirán bajando tanto el deficit como la ratio de deuda publica/PIB, situando el deficit por debajo del 3% que establecen las normas europeas. Frente al discurso de una economía dopada con endeudamiento la realidad es que en 2025 la ratio deuda/PIB será más baja de la que había en 2018.

Pero en términos fiscales, lo más que relevante es que esta consolidación de las cuentas públicas se logra gracias al significativo incremento de los ingresos y no con recortes de gasto, como se hizo en la década de la austeridad. En 2024 los ingresos tributarios están creciendo al 8%, alcanzando un récord de recaudación que no se basa en el aumento de los tipos impositivos sino en el ensanchamiento de la base imponible de los impuestos, con más personas trabajando (IRPF), con más consumo (IVA y Especiales) y con mayores ventas y beneficios de las empresas (Sociedades).

Obviamente no todo es positivo. El elevado crecimiento de los últimos años aún es insuficiente para compensar los desequilibrios estructurales de la economía española, desde la renta per capita a los inaceptables niveles de desigualdad. 

En lo mas coyuntural hay dos cuestiones preocupantes. La primera es la baja inversión, en especial la privada, que lleva varios años estancada. Las empresas están dedicando sus elevados y crecientes beneficios a reducir deuda, a inversiones en mercados financieros y a distribuir dividendos entre sus accionistas y por ello invierten poco en equipamiento, lo que lastra la productividad y la capacidad de crecer en el medio plazo.

En segundo lugar, pero sin duda lo más relevante, el grave problema de la vivienda, que en los dos últimos años está sufriendo un abusivo incremento de sus precios, especialmente de alquiler, por el abuso de poder de mercado de los propietarios y por el desvío de la vivienda hacia otros usos especulativos.

Estás perspectivas positivas se deben reforzar con medidas que impulsen el crecimiento de la demanda interna, como viene haciendo el ministerio de Trabajo, esto es, con mejores salarios y pensiones, potenciando la inversión pública y privada, reduciendo los tipos de interés que pagan empresas y familias y con medidas rápidas y audaces para enfrentarse al problema de la vivienda.  

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Manuel Lago es diputado de Sumar.

El Banco de España lo acaba de decir: la economía española va a crecer más de lo previsto en 2025, dando así continuidad a un ciclo muy expansivo de la economía que sitúa a nuestro país a la cabeza del crecimiento de los países de la Unión Europea. Mientras que para la mayoría de los países las cifras se corrigen a la baja, España va a crecer más de lo que inicialmente se estimaba.  

Frente al práctico estancamiento de Alemania, con una previsión de crecimiento del 0,3% y de un crecimiento débil en la eurozona, del 1,1%, el PIB en España crecerá el 2,7%, esto es, casi tres veces  más que la media europea. 

La economía española está creciendo mucho y, sobre todo, está creciendo bien, con equilibrio, sostenibilidad y fundamentos sólidos. 

El informe del Banco de España destaca el papel determinante que en esta evolución positiva de la actividad productiva está teniendo el mercado de trabajo, que ha dejado de ser “el problema” de la economía española para convertirse en el principal factor que impulsa el crecimiento y el bienestar de la ciudadanía. 

Así, el informe destaca que el mayor gasto de los hogares es la componente fundamental que impulsa el crecimiento del PIB. Un mayor gasto explicado por tres factores: el aumento del empleo, la mejora del poder adquisitivo de los salarios y la mayor renta disponible de las familias. 

La economía crece sobre el impulso de la demanda interna, en la que juega un papel central el consumo de las familias, que lleva varios  años de fuerte expansión al calor de la mejora del mercado de  trabajo. 

El Banco de España estima que en los próximos años van a seguir creciendo tanto el empleo como la productividad. En concreto, para 2025, estima que el número de puestos de trabajo se incrementará el 1,9% y la productividad por persona ocupada, el 0,8%. 

Es un modelo de crecimiento virtuoso, porque esta es la mejor combinación para enfrentarse a dos de los problemas laborales de España: el elevado desempleo y la baja productividad.

El informe destaca que desde 2019 a 2024 el empleo creció especialmente en las ramas de actividad de mayor valor  añadido: la información y comunicaciones, las actividades profesionales, científicas y técnicas, la educación y en último lugar, la  construcción, que aportan casi uno de cada dos de los empleos  creados desde 2019. 

Más empleos, de más calidad y por lo tanto con mejores salarios. Los salarios se han incrementado el 5,4% en 2024, de lo que se deriva una mejora de 2,6 puntos del poder adquisitivo, ya que el IPC en media anual fue del 2,8 %. 

De este análisis técnico que realiza el Banco de España en su informe de coyuntura se puede sacar una conclusión muy relevante: es el empleo el que está tirando de la economía. 

La mejora en la calidad del empleo, gracias a la reforma laboral, y el aumento de los salarios, impulsado por el salario mínimo, son las dos razones que están detrás del mejor comportamiento de la economía española. 

Hay más gente trabajando, con mejores empleos y salarios más altos, y, por lo tanto, mejora de forma significativa la renta disponible  de los hogares, que, a través del consumo, se convierten en el factor  fundamental del crecimiento del PIB. 

Es un círculo virtuoso en el que el mayor empleo y los mejores salarios tiran de la actividad de las empresas, que tienen que contratar a más personas para cubrir el aumento de la demanda y ofrecer mejores condiciones laborales para completar sus plantillas.

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Manuel Lago es diputado de Sumar.