Decepcionante. Lo que debía ser un día de celebración se convirtió en una jornada amarga. El pasado jueves iba a aprobarse en el Congreso la que iba a ser la primera ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.

Esta agencia era una iniciativa largamente esperada –desde el 2011– para reforzar la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, apostando por un enfoque integral en la gestión de la salud pública. Y mucho más cuando se celebra el aniversario de la peor pandemia que hemos vivido en España y en el mundo.

El jueves, el Partido Popular, Vox –no esperaba otra cosa– y Junts, en el último momento, dejaron caer la ley y con ella la posibilidad de garantizarnos un escudo ante situaciones como las de la pandemia del COVID-19.

Este desenlace, completamente inesperado para las personas que estábamos en la bancada de al lado, nos ha dejado con una sensación de frustración y de enfado ante la decisión del principal partido en la oposición. Hace apenas una semana, en la Comisión de Sanidad, todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, habían respaldado la propuesta.

Durante semanas, los portavoces de los distintos partidos negociamos con bastante buen tono, dialogando y pactando cada enmienda. Todos los partidos entendimos la necesidad de crear esta agencia y fuimos plenamente conscientes del impacto tan positivo que tendría en la vida de todos los ciudadanos. Pero en el último momento decidieron cambiar y votar NO a la protección de la salud de los españoles y españolas; cuando llegó el momento crucial, los cálculos políticos y los intereses partidistas pesaron más que la salud de la ciudadanía.

El Partido Popular desconectó de lo importante; en vez de enfocarse en la aprobación de una ley esencial, el debate se encontró inmerso en conflictos políticos que no estaban relacionados con la salud pública. Y lo que se esperaba que entonces fuera un apoyo a una estructura esencial para el bienestar de la ciudadanía, acabó siendo blanco de tácticas partidistas.

Las razones del abandono pueden ser irrelevantes, o quizás no lo sean, pero, llegados a este punto, España sigue sin contar con una Agencia Estatal de Salud Pública.

La Agencia Estatal de Salud Pública tenía –y tendrá, porque así lo pelearemos– como objetivo coordinar la respuesta sanitaria a nivel estatal, fortalecer la prevención de enfermedades y asegurar que futuras pandemias nos encuentren mejor preparados. Esta ley no estaba sujeta a un gran debate ideológico, salvo que alguien considere que proteger la salud de todos es una cuestión ideológica. Si así fuera, al menos queda la tranquilidad de que, durante el proceso de negociación, hubo un consenso general. Esta agencia no era un lujo, sino una necesidad.

Las pataletas del PP y sus socios golpean la evidencia científica y tienen un alto costo para la ciudadanía española.

Pero esto no es la primera vez que ocurre. Ya sucedió con el llamado escudo social: un conjunto de medidas acordadas mediante consenso que garantizaban la protección de más de 10 millones de pensionistas, 20 millones de personas beneficiarias de ayudas al transporte y otros 2 millones de personas cubiertas por el Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, esas iniciativas fueron frustradas en el último momento.

Si las medidas fiscales representaban un escudo para mejorar nuestra calidad de vida, la ley para la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública representa un escudo para proteger nuestra salud. Esta vez, hablamos de la protección de todo el conjunto de la ciudadanía.

Esta –mala– decisión no es más que el resultado de una mala praxis política que demuestra cómo, demasiadas veces, la política se convierte en un juego sucio de poder en el que las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía quedan en un segundo plano.

No pienso acostumbrarme a este tipo de cálculo político, característico del quehacer político del Partido Popular. No voy a acostumbrarme a ver cómo decisiones fundamentales para la ciudadanía son descartadas por intereses políticos de corto plazo.

Al igual que ocurrió entonces con las medidas para los pensionistas, las personas afectadas por la DANA y quienes utilizamos el transporte público a diario, espero que la próxima vez prime la responsabilidad institucional sobre los cálculos políticos. Dejar a la ciudadanía más desprotegida que ayer debería ser motivo suficiente para actuar con responsabilidad y evitar que una ley como esta vuelva a ser desechada.

Si algo nos define a quienes creemos en la importancia del bienestar de la población, es la tenacidad. Y aunque el pasado jueves fuera un día de decepción, no nos rendiremos. Volveremos a presentar esta propuesta, insistiremos, porque proteger la salud de la población española, especialmente en momentos difíciles, seguirá siendo nuestra prioridad.

Porque la salud y su protección es un derecho. Seguiremos peleando desde el Ministerio de Sanidad con Mónica García y Javier Padilla al frente. Lo haremos también en el Congreso de los Diputados, donde Más Madrid defenderá iniciativas legislativas que mejoren la salud y la vida de la ciudadanía. Para mí, esta es la razón de la política, la razón por la quise venir aquí y por la que me quedaré. 

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Alda Recas Martín es portavoz de Sanidad de Sumar en el Congreso y Presidenta de la Comisión de Derechos Sociales.

Hoy aprobamos en el Congreso de los Diputados una ley que he tenido el honor y, sobre todo, la enorme responsabilidad de negociar. Mi primera ley desde que llegué al Congreso hace pocos meses.

Han pasado cinco años desde el inicio de la pandemia, un tiempo que nos marcó para siempre y que nos demostró lo importante que es proteger nuestra salud. Por eso, esta ley es especialmente significativa: la Ley para la Creación de una Agencia de Salud Pública.

Analizando todo a posteriori, pareciera que no hemos aprendido tanto como deberíamos de aquella pandemia que lo cambió todo. Sin embargo, lo que sí ha quedado patente es la necesidad de mejorar la coordinación entre todos los actores implicados en la gestión de una crisis de tal magnitud. Debemos ser capaces de identificar riesgos de forma conjunta, hacer un seguimiento riguroso y, sobre todo, basarnos en la evidencia científica en todo lo que hagamos. Porque, si algo hemos comprobado en los últimos años, es que las decisiones en salud deben basarse en la evidencia y el conocimiento, no en la improvisación ni en intereses políticos que van en contra de la ciudadanía.

La agencia será un pilar en la investigación sanitaria, ayudando a desarrollar estrategias que nos protejan con eficacia y asegurando que el conocimiento sobre salud pública esté siempre al servicio de la ciudadanía.

Sin embargo, unos pocos no han visto, o no han querido ver, que lo que afecta a la salud de cualquier persona —ya sea mi vecina del quinto, alguien de otra comunidad autónoma, cercana o lejana, o incluso alguien que se encuentre en otro país, a miles de kilómetros— influye, de alguna forma, en la salud de todos y de todas.

Proteger a la población ante futuras pandemias y epidemias, que en el futuro surgirán; hacer frente a emergencias sanitarias; así como mejorar la calidad de nuestra salud requiere modernizar los “radares” que nos alertan, adaptarnos a las nuevas amenazas y asumir el concepto de una “Sola Salud”, que integra la salud humana, la salud animal, la salud vegetal, la seguridad alimentaria y la protección ambiental.

Estos temas han sido debatidos entre todos los partidos políticos, salvo la extrema derecha, que siempre se queda atrás.

Uno de los pilares de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), que hoy se aorueba, es que afianza la idea de la importancia de los determinantes sociales de la salud en la vigilancia y protección del bienestar de la población en su conjunto. Factores como el acceso a servicios sanitarios, el entorno físico, la educación y la situación socioeconómica influyen directamente en la salud de las personas. Por ello, uno de sus fines generales es la identificación y evaluación de estos determinantes, con especial atención a las desigualdades sociales en la salud.

A través de la coordinación con las comunidades autónomas y otros actores, la Agencia buscará intervenir en estos factores para reducir riesgos y mejorar la equidad en salud. Sin este reconocimiento, no se puede garantizar un enfoque integral de la salud. Esta ley da un paso firme hacia adelante, y nosotras con ella.

Y es que, si hay una ley que ha sabido poner en el centro lo verdaderamente importante —la salud—, es, sin duda, esta. Por ello, y reconociendo que la salud es un derecho que nos concierne a todos y todas, sin importar quiénes somos o cuánto dinero tengamos, aplaudo el ejercicio de responsabilidad que ha hecho la mayoría de los partidos para sacar adelante esta ley y que hoy esté en el Congreso. Porque, sin lugar a dudas, nos va la vida en ello.

Con la negociación de esta ley tan importante sobre los hombros, era crucial no dejar caer las negociaciones. Era el momento de ponernos manos a la obra. Si existía la posibilidad de lograr una mayoría en las negociaciones para convertir este proyecto en una ley que nos cuidara, había que aferrarse a ella con todas las fuerzas.

No era la primera vez que me sentaba en una mesa a negociar, pero esta vez lo hacía como diputada en el Congreso de los Diputados.

Poniéndome a pensar en lo que ocurre cada miércoles durante la sesión de preguntas de control al Gobierno, una podría creer que es imposible llegar a un consenso. A pesar de las reyertas, que a veces parecen de recreo, los partidos de tenis del “y tú más” y las formas que, en ocasiones, avergüenzan a mucha gente —tanto dentro como fuera del Parlamento—, podríamos pensar que la política siempre es así. Y más aún para una novata como yo.

Pero no.

Reuniones en salas de otro siglo, salidas y entradas a varios despachos, paradas para beber agua, con más de un café en el cuerpo... Todo ello se ha sucedido durante semanas con los diferentes portavoces en un ambiente constructivo y con un objetivo común: sacar adelante esta ley.

Esto es lo que ha ocurrido en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ante las negociaciones de esta ley que, si bien venía heredada del Gobierno anterior, el Ministerio de Sanidad actual, con Mónica García al frente, ha sabido hacer suya en términos, negociaciones y pasión por el bien de la salud global.

Estas negociaciones, con sus inevitables tensiones políticas, me han brindado la oportunidad de conocer mejor a mis compañeros y compañeras diputadas responsables de Sanidad. También me han permitido comprender más a fondo las diferentes sensibilidades y preocupaciones de los distintos partidos, poniéndome en su lugar y viajando, de algún modo, por las realidades diversas de nuestro Estado.

Y así se pudo. Y así se hizo.

Finalmente, hoy no puedo dejar de dar las gracias a casi todos los partidos políticos por conseguir llegar a un acuerdo. Esta es la primera de muchas leyes que llegarán desde un Ministerio de Sanidad que pone en el centro la salud. Un ministerio comprometido con su protección, un ministerio que busca la negociación, el consenso y la armonía.

Aquí siempre me encontrarán. Aquí siempre negociaré. Y lo haré con el orgullo de pertenecer a Más Madrid, con sus formas, sus ideas y su sentido: mejorar la vida de la gente.

[Este jueves, el pleno del Congreso ha rechazado, con los votos en contra del PP, Vox y Junts y tras un bronco debate, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública que hace una semana recibió el respaldo unánime de todos los grupos en la Comisión de Sanidad, a excepción del de Santiago Abascal. Finalmente, y contra todo pronóstico, ha recibido solo 167 síes frente a 176 noes].

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Alda Recas Martín es portavoz de Sanidad de Sumar en el Congreso y Presidenta de la Comisión de Derechos Sociales.