La historia de los derechos laborales ha sido, en buena parte, la historia de una conquista del tiempo. De cómo las clases trabajadoras han ido arrancando horas a la explotación para ganar vida, salud y libertad. Pero hay luchas que parecen haberse detenido. En España, uno de los derechos que más ha tardado en avanzar es el de la jornada laboral.

Hace más de un siglo, en 1919, la huelga de La Canadiense paralizó Barcelona y logró una conquista que parecía imposible: la jornada laboral de ocho horas. Fue una de las mayores movilizaciones obreras de nuestra historia y abrió la puerta a una idea revolucionaria para su tiempo: que trabajar menos no es un capricho, sino un derecho. Un siglo después nos toca a nosotras continuar ese legado.

Hoy, la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial no es solo una medida técnica o económica. Es una reivindicación social, feminista y transformadora, apoyada por más del 80% de la ciudadanía. Y es, sobre todo, una oportunidad para construir una sociedad más igualitaria y libre.

La reducción de jornada tiene efectos positivos ampliamente documentados: mejora la salud física y mental de las personas trabajadoras, reduce el absentismo, aumenta la productividad, disminuye las emisiones contaminantes y permite una redistribución más justa del tiempo y la riqueza. Pero, sobre todo, puede tener un impacto profundo y estructural en la vida de las mujeres. Porque si hay una verdad que no podemos seguir ignorando, es esta: el tiempo también es una cuestión de género.

Las mujeres en España siguen siendo quienes más sufren la precariedad, los sueldos bajos y las dobles jornadas. La brecha salarial es del 16,4 %, el desempleo femenino supera en tres puntos al masculino, y el 74% de los contratos a tiempo parcial están ocupados por mujeres. Contratos que, en su mayoría, no son una elección, sino una imposición derivada de un sistema que no garantiza servicios públicos suficientes, ni corresponsabilidad en los cuidados, ni acceso a empleos estables y dignos.

Y aquí está una de las claves que más se ha invisibilizado: la reducción de jornada también beneficiará a las mujeres con contratos a tiempo parcial, porque sus horas seguirán siendo las mismas, pero al modificarse la jornada máxima ordinaria, su salario se recalculará al alza. Es decir, esta reforma puede traducirse en una subida salarial directa para cientos de miles de trabajadoras que hoy sobreviven con empleos infravalorados. Es justicia redistributiva. Es justicia de género.

Esta transformación solo será real si se hace con perspectiva feminista. Si se acompaña de mecanismos que garanticen que quienes hoy trabajan parcialmente, sobre todo en sectores feminizados y precarios como los cuidados, el hogar, el comercio o la hostelería, puedan ver reconocidos sus derechos y mejoradas sus condiciones laborales y económicas.

Reducir la jornada sin reducir el sueldo es un desafío, sí. Pero sobre todo es un acto de valentía política. Es decidir si seguimos atrapadas en un modelo que sacrifica la vida en el altar del beneficio empresarial, o si construimos otro donde el tiempo de las personas valga más que el reloj del mercado.

Porque ganar tiempo para vivir es ganar libertad. Es ganar igualdad. Es recuperar algo que nos han robado durante demasiado tiempo: tiempo para cuidar y ser cuidadas, para participar, para descansar, para construir vidas más dignas y plenas.

En 1919, las trabajadoras y trabajadores conquistaron la jornada de ocho horas. Que dentro de un siglo se diga que en 2025 también hubo quienes entendieron que la dignidad no se mide en horas trabajadas, sino en calidad de vida compartida. Que esta reducción de jornada fue mucho más que una cifra: fue un paso firme hacia una sociedad más justa, más feminista y humana.

Ahora nos toca a nosotras, a todas las fuerzas políticas nos corresponde empujar esta reforma y blindarla desde la ley. No hay feminismo sin justicia económica, ni igualdad sin tiempo propio. Es hora de legislar a favor de la vida. Y de hacerlo con la misma determinación con la que hace un siglo se conquistaron las ocho horas:  con compromiso y con la certeza de que no hay derecho más revolucionario que el de ser las dueñas de nuestro tiempo.

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Esther Gil de Reboleño es vicepresidenta tercera del Congreso y portavoz de la Comisión de Igualdad de Sumar.

Descubrí a través de la prensa que no era la única, que éramos muchas mujeres las que habíamos confiado en la sanidad pública, pero esta nos dejó solas, en silencio, sin diagnóstico, sin seguimiento ni respuesta.

Algunas descubrieron su enfermedad cuando ya era demasiado tarde. Otras, como yo, viven con la angustia de no saber si las máquinas que nos examinaron detectaron algo que nunca nadie miró. Nos han tratado como números, pero detrás de cada retraso hay una vida, una familia, un miedo que no se disipa.

Testimonios como los de Lola, de Jaén, que podría haber evitado un tratamiento tan duro si le hubieran hecho las revisiones a tiempo. Vicenta, de Málaga, que recibió los resultados cuando el tumor ya había avanzado. Sandra, Jerez, que tuvo que plantarse en el hospital para preguntar, porque si no lo hacía, nadie la llamaba. A todas nos une la soledad, la sensación de abandono, de impotencia, de no saber a quién recurrir. 

La frialdad burocrática de un sistema que se escuda en protocolos, mientras quienes deberían estar vigilando nuestra salud se ven desbordados, agotados, mal pagados, sin medios ni tiempo. Pero ¡ojo!, los profesionales sanitarios no son los enemigos, son las primeras víctimas de un modelo que ha convertido el cuidado en un trámite y el diagnóstico en una estadística. Radiólogos que no dan abasto, médicas que cargan con jornadas imposibles, técnicos que hacen milagros con recursos mínimos.
Y, al final, las que pagamos ese colapso somos nosotras.

No es solo un fallo informático ni un error puntual en un hospital. Es la consecuencia directa de años de recortes, de desprecio hacia lo público, de gobiernos que confunden la eficiencia con el abandono y que solo reaccionan cuando el escándalo se hace demasiado grande para taparlo.

La Junta de Andalucía pidió disculpas. Anunció un “plan de choque”, habló de “reforzar plantillas” y de “mejorar protocolos”. Pero a muchas de nosotras esas palabras nos llegan tarde, muy tarde. No basta con pedir perdón cuando ya hay mujeres que han visto cómo su vida se partía en dos. La única salida digna es la dimisión de los responsables por muchas razones, no solo políticas sino humanas, ya que el desamparo no empieza con el anuncio de que estás enferma de cáncer. Empieza antes, con la espera para recibir un diagnóstico, con el retraso en las pruebas, con el teléfono que no suena, con la cita que no llega, con la carta que nunca se envía. Empieza cuando la Junta de Andalucía se desentiende de su obligación más básica, que no es otra que garantizar el derecho universal a la salud como un bien común, no como un privilegio, no se trata de ahorrar costes sino de salvar vidas. Andalucía no puede permitirse un modelo de salud gestionado por un gobierno que acepta que el diagnóstico de un cáncer dependa de la suerte o de si un medio de comunicación lo destapa. 

Esta no es una historia ajena. Podría ser la historia de cualquier mujer que confió en un hospital público, que creyó que estaba a salvo dentro del sistema, que pensó que si nadie la llamaba era porque todo estaba bien. Podría ser la historia de mi madre, de mi vecina, de mi amiga. Podría ser la mía. Porque, aunque no lo sea, la siento como propia, porque cuando una sola mujer andaluza se siente abandonada por la sanidad pública, todas lo estamos. Y por eso hoy escribo estas líneas, para darle voz a quienes no la tienen, para recordar que no somos números, que somos vidas, y porque podría ser yo. Y porque, de algún modo, ya lo soy.

Y aquí sigo, queriendo ser fuerte y valiente, sin ser una cosa ni otra…, poniendo al mal tiempo buena cara y confiando en que por fin todo esto acabe y retome el camino que nuca debí abandonar… el camino de la vida.

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Esther Gil de Reboleño es vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso y diputada de Sumar por Cádiz.

Dicen que el cuerpo es el primer territorio que habitamos. Pero también es el primero que otros intentan conquistar. Con quirófanos, con formularios, con etiquetas, con silencios.

Durante demasiado tiempo, las personas intersexuales y no binarias han vivido en una especie de limbo legal. Ni dentro, ni fuera. Invisibles en el censo, en las aulas, en los historiales clínicos. Nombradas con vergüenza, o peor aún, no nombradas.

Nacer fuera del molde binario —ni hombre ni mujer, o un poco de ambos, o ninguno— no debería ser una anomalía, sino una forma más de estar en el mundo. Con independencia de cómo sean tus genitales. Pero en España, esa diferencia sigue tratándose como un error que hay que corregir. A veces con bisturí. A veces con burocracia. Y muchas veces con miedo. ¿Por qué nos asusta lo diferente?

Según estimaciones de la OMS y de Naciones Unidas, entre un 0,5 % y un 1,7 % de la población mundial tiene un desarrollo sexual diverso (DSD, intersex). Eso significa que en España existen entre 250.000 y 800.000 personas fuera de los patrones clásicos de “hombre” o “mujer”. Hay una gran variedad de supuestos: micropenes, clítoris de ocho centímetros, testículos en el interior del cuerpo, escrotos divididos, Síndrome de Klinefelter, Síndrome de Turner… Muchos de ellos, sin riesgo alguno para la salud física o mental de quienes nacen con esas corporalidades.

Sin embargo, hoy en día, los quirófanos de las maternidades siguen siendo lugares donde se mutila el futuro de muchas personas. Sin criterio médico, simplemente porque no encajan en los parámetros de lo que se supone que tenemos que ser. Como si en algún lugar sagrado estuviese escrito a fuego qué cuerpos merecen convivir entre nosotros.

En muchos hospitales, aún se dictan sentencias disfrazadas de diagnósticos. A un bebé con genitales ambiguos se le corta lo que no encaja. Se le esculpe. Como si el cuerpo de un recién nacido fuera una estatua de mármol. Y no lo es. Es una identidad que todavía no ha tenido tiempo ni de soñarse. Todo por un par de cromosomas.

Las personas no binarias, que no se identifican con las categorías clásicas de masculino o femenino, también reciben una alta dosis de discriminación institucional. Para permitir que cada persona exprese su identidad sexual o de género libremente, un primer paso es ampliar las categorías en la documentación oficial. Es un pequeño altavoz que damos a estas personas para que digan, alto y claro, que son diferentes. Y aunque quizá una tercera casilla no solucione todas sus inquietudes —porque algunas piensan, con razón, que es otra forma de seguir encasillando—, al menos es el comienzo de una conquista que acaba de empezar.

Habrá quien piense que esto es ideología. Y sí, lo es. La ideología de los derechos humanos. La ideología del respeto. Un respeto que tenemos que empezar a cultivar en las escuelas, en los hospitales, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los formularios. Para enseñar que hay cuerpos que no necesitan justificarse. Porque lo que no se nombra no existe. Y lo que no existe, no tiene derechos.

La educación sexual es fundamental para la construcción de un futuro respetuoso y diverso. Por ello, los programas educativos deben incluir información clara sobre la diversidad corporal e identidades de género desde la infancia. Promover el respeto y la normalización de estas realidades mediante referentes positivos que visibilicen la diversidad.

Varios países ya han implementado avances en este sentido. Alemania, Canadá y Reino Unido son ejemplos claros donde las políticas educativas han contribuido significativamente a reducir la discriminación y fomentar una sociedad inclusiva.

Compartimos la convicción común de que la diversidad no es una amenaza, es una riqueza. Y entendemos los cuerpos de las personas como lugares diversos, todos ellos válidos y hermosos, con los que deseamos poder relacionarnos de igual a igual.

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Esther Gil de Reboleño es vicepresidenta tercera del Congreso y portavoz de la Comisión de Igualdad de Sumar.