De un tiempo a esta parte, tanto el mundo académico como las consultoras privadas vienen produciendo una serie de encuestas y estudios sociológicos que constatan la progresiva radicalización política de la juventud hacia la derecha. No abundan, sin embargo, las disquisiciones sobre las causas del fenómeno, lo que permite que circulen por el debate público toda clase de lecturas interesadas o explicaciones peregrinas del mismo, ofuscando sus verdaderas razones y dificultando el análisis previo a la obtención de conclusiones. En otras palabras: con tanto ruido, resulta imposible escuchar la música que marca el signo de los tiempos.

Sin ser este espacio para señalar el origen del problema, pues eso requeriría de un ensayo bien extenso, baste con invitar aquí a la reflexión, a hacer un alto en el camino para comprobar en qué punto del mapa nos encontramos y qué senderos convendría transitar a partir de ahora. En este sentido, nunca está de más recordar que la juventud, al menos en la Europa occidental, nunca ha sido una gran aliada de la democracia liberal, sino más bien una fuerza opositora, contestataria y ocasionalmente revolucionaria. Al fin y al cabo, todo gran cambio político suele venir acompañado de la exaltación de las pasiones para alcanzar el tan ansiado triunfo, de ahí que los jóvenes sean más receptivos a mensajes de tono belicoso que a sosegados discursos parlamentarios, aunque estos últimos brillen también hoy por su ausencia.

Resulta, no obstante, un tanto paternalista acusar a las últimas generaciones de indiferencia o escasez de juicio crítico para culparlas del auge de la extrema derecha, omitiendo otros muchos factores que ayudarían a explicarlo con más tino. Si las tradicionales clases medias acomodadas (profesionales liberales y equivalentes) continúan siendo el principal sostén del sistema democrático, es lógico que este se tambalee al restringir el acceso de los jóvenes a este estatus por medio de la precariedad laboral, la gentrificación y demás efectos adversos de la globalización. Surge entonces la frustración que, convertida en ira, puede suponer otro importante motor de cambio hasta el punto de preferir la ausencia de plan a la prolongación del ahora vigente (acuérdense de El club de la lucha, una película que muchos creyeron atrevida y revolucionaria cuando no era más que una efectista diatriba en contra de todo y en defensa de nada). 

No es necesaria demasiada perspicacia para intuir que en esto está la extrema derecha, en canalizar la frustración a través de la organización del descontento para subvertir la democracia liberal en virtud de un nuevo mundo regido por un individualismo atroz. Se trata de embarrar el terreno de juego, de confundirlo todo para que surja el caos que otorgue a este movimiento la oportunidad perfecta para alcanzar el poder en su sentido más amplio. Ahora bien, ¿por qué el caos resulta más atractivo que la democracia liberal para buena parte de la juventud? ¿No estaremos habitando ya ese caos del que surgirá el inevitable nuevo orden?

Dando por hecho que las narrativas históricas no son más que pretenciosos intentos de simplificar el desquiciado, errático e imprevisible rumbo de la historia, no podemos obviar su enorme impacto en la percepción que la ciudadanía tiene del tiempo y el lugar que le ha tocado vivir. El relato aún imperante, el de la modernidad liberal, tiene la ventaja de haberse difundido por toda clase de canales culturales que han dado forma a la idea que los jóvenes aún tenemos de nuestro pasado y a las expectativas que depositamos en el futuro. En esto último está el origen de la frustración, en las expectativas truncadas, en los sueños perdidos, en la vivienda que no podrás comprar, en la familia que no podrás formar, en el trabajo mal pagado al que te deberás resignar o en la salud que no tendrás por la progresiva degradación de los servicios públicos. 

Frente a esto, la ira es una opción irresistible para infinidad de jóvenes, pero no es la única con capacidad de canalizar la frustración. Queda la esperanza y, con ella, el sinfín de conquistas sociales por las que luchar. Solo falta que quien tenga la capacidad de activarla esté dispuesto a hacerlo para que la juventud pueda seguirlo en la mejor causa que existe, la del progreso de la sociedad.

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Marcos Caballero de Mingo es politólogo y analista de la Fundación Alternativas.

En marzo de 2023, cientos de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) organizaron una serie de protestas contra la decisión del Rectorado de trasladar varios de los grados de la Facultad de Artes y Humanidades al campus de Aranjuez. Hasta el momento, las carreras afectadas se venían impartiendo en Fuenlabrada y sus alumnos vieron en la maniobra un intento de desterrarles a un recinto más limitado y peor comunicado. Hubo manifestaciones, pancartas y hasta un encierro en instalaciones universitarias, pero la noticia, por supuesto, apenas gozó de repercusión mediática dos meses antes de unas elecciones autonómicas y municipales.

El episodio, no obstante, retornó a mi memoria al escuchar la reacción de Alberto Núñez Feijóo a la iniciativa del Gobierno de endurecer los requisitos para la creación de centros privados de educación superior. Según el líder de la oposición, el Ejecutivo adopta esta medida porque “tiene miedo a la libertad”, no a la que formuló el filósofo alemán Erich Fromm en su célebre ensayo (no se ve al líder del PP muy ducho en Filosofía, y menos en la Escuela de Frankfurt), sino a la de los ciudadanos para estudiar donde les venga en gana. ¡Barra libre! ¡Como si alguno prefiere quedarse en casa sentado frente al ordenador y que su profesor sea un youtuber sin formación o un “autodidacta” digital de esos que pululan por las redes! Solo le faltó decir eso tan argentino de ¡Viva la libertad, carajo!

Chistes aparte, lo que subyace en estas declaraciones no es más que una concepción utilitarista del conocimiento que, en última instancia, acaba por instrumentalizarnos como seres humanos. No pretendo pecar de trascendente, pero lo que une el desprecio a las humanidades en la URJC con las palabras de Feijóo dos años después responde precisamente a esta lamentable deriva que venimos padeciendo por largo tiempo. Se empieza relegando los saberes humanísticos a un estatus subalterno (recuerden la fatídica LOMCE del ministro Wert) y se termina construyendo un modelo educativo concebido exclusivamente para la satisfacción de las exigencias del mercado. En el proceso, el conocimiento se devalúa al perder su carácter reflexivo y muta en un bien de consumo destinado al incremento de la eficiencia personal (eso tan horrible que llaman “capital humano”).

Las universidades privadas desempeñan un papel clave en esta involución. No las buenas, por supuesto, pues estas tienen una reputación que mantener y un prestigio que hacer valer ante sus potenciales alumnos, pero sí todas aquellas movidas únicamente por el afán de lucro. En su oferta formativa abundan las disciplinas técnicas en perjuicio, una vez más, de las humanidades, que resultan un estorbo a ojos de quienes ven a los estudiantes como piezas de un perfecto engranaje capitalista que no debe dejar de funcionar. Surge entonces la gran pregunta: ¿qué entendemos por “universidad” en el siglo XXI? ¿Es posible defender la necesidad de tal institución en un mundo globalizado donde todo el conocimiento está disponible a golpe de click? No solo es posible, sino que es más indispensable que nunca.

La propuesta del Gobierno, que busca hacer vinculante el informe de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) para la creación de nuevas universidades privadas, además de imponer otros requisitos, es un paso en la buena dirección, pero urge la adopción de medidas más ambiciosas. En sociedades enfermizamente relativistas, donde hasta los consensos más esenciales se ven cuestionados por un individualismo atroz que glorifica el egoísmo frente a la alteridad y el compromiso social, el conocimiento reglado es un elemento de cohesión imprescindible. Nos ilustra, nos eleva y nos dignifica como ciudadanos, además de ayudarnos a poner orden en el caos informativo que nos acecha, distinguiendo la mentira de la verdad y contribuyendo al entendimiento mutuo. Una misión demasiado importante para dejarla en manos privadas sin apenas regulación. Ahí entra en juego la universidad pública que, con independencia de los estudios que se quieran cursar, desempeña una función humanística mucho más relevante: la de servir al progreso social desde el aprendizaje, el debate y la investigación. Defendámosla, porque eso es tanto como defendernos a nosotros mismos y recordar que no somos medios para un objetivo ulterior, sino fines en sí mismos.

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Marcos Caballero de Mingo es politólogo y colaborador de la Fundación Alternativas.

Consideraciones político-religiosas aparte, la elección de un pontífice presenta un aura de solemne espectacularidad sin parangón en ceremonias similares de todo el mundo. A su lado, los actos de investidura o toma de posesión de los jefes de Gobierno de algunas de las potencias más poderosas parecen torpes escenificaciones de una mera transición de competencias, como si el gobernante saliente le pasara el mando al entrante como quien le pasa la sal al comensal de al lado. Lejos de esto, la puesta en escena de la designación del Santo Padre, desde el secretismo que rodea al cónclave hasta su aparición en el balcón de San Pedro tras el consabido Habemus papam, reviste una épica irresistible que nos retrotrae a tiempos inmemoriales.

Robert Francis Prevost, agustino estadounidense de 69 años, parecía muy consciente de todo esto cuando pronunció sus primeras palabras como 267º papa de la Iglesia Católica. Se le veía afectado, nervioso incluso, preso de una gran emoción al asumir la responsabilidad de sustituir a Francisco, para quien tuvo palabras de agradecimiento y reconocimiento por su labor al frente de la institución. Su discurso, que arrancó con un sentido deseo de paz para un mundo sumido en cruentas contiendas bélicas e ideológicas, llamó la atención por su referencia a la “Iglesia sinodal”, el concepto con el que su predecesor aludía a una comunidad religiosa menos jerarquizada, más cercana y abierta al creyente de a pie.

Huelga decir que es pronto para enunciar conclusiones precipitadas, por mucho que tertulianos varios se hayan aventurado ya a enjuiciar a Prevost como un papa moderado y continuista. Con todo, su decisión de adoptar el nombre de León XIV nos remite de forma irremediable al legado de León XIII, que lideró la Iglesia entre 1878 y 1903, apenas ocho años después de la extinción de los Estados Pontificios como consecuencia de la unificación italiana. En aquel convulso contexto, cuando Italia entraba a la fuerza en la era de la modernidad tras siglos de luchas fratricidas entre repúblicas independientes (por fin, el sueño de Maquiavelo se hacía realidad), el pontífice, de formación humanista y sólida base intelectual, apostó por desarrollar la doctrina social de la Iglesia, ejemplificada en su encíclica Rerum novarum (1890), donde manifestaba su preocupación por las condiciones de vida de las clases trabajadoras y se mostraba favorable a la creación de sindicatos.

De aquellas raíces acabaría surgiendo la democracia cristiana, una corriente ideológica que siempre ha pretendido conciliar el dogma católico con una intensa agenda social, a menudo indistinguible de la socialdemocracia y otras tendencias de izquierdas. Ya decía el político francés Georges Bidault que la democracia cristiana era “instalarse en el centro para, con un electorado de derecha, hacer una política de izquierda”. La jugada, impulsada en los años 60 por el Concilio Vaticano II de Juan XXIII y Pablo VI, alcanzó un enorme éxito en la Europa de posguerra, especialmente en Alemania e Italia (ahí está el cine de Roberto Rossellini para dar fe de ello), pero no en España, donde su repercusión ha sido siempre limitada, con la sola excepción de Cataluña, donde Units per Avançar gobierna en coalición con el PSC de Salvador Illa para desconocimiento de muchos votantes.

No es descabellado suponer que León XIV quiera restituir la vieja salud democristiana, valiéndose también de su origen estadounidense para actuar como intermediario entre la Casa Blanca y la Unión Europea en un contexto de agresivo distanciamiento entre ambos como consecuencia de la política comercial de la Administración Trump. El gesto, además, supone también un mensaje coherente con el signo de los tiempos: la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) acaba de recuperar el Gobierno Federal con Friedrich Merz a la cabeza, mientras que los servicios de inteligencia han calificado al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) como “contrario a la Constitución”. La reacción involucionista sigue fuerte, sin duda, pero la elección de León XIV demuestra que no es imbatible. Inspirada o no por el Espíritu Santo, la Iglesia ha abierto un camino diferente. Ahora solo queda que el nuevo papa pueda transitarlo.

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Marcos Caballero de Mingo es politólogo y colaborador de la Fundación Alternativas.

Pareciera que el azar que rige el devenir de las sociedades se hubiera cebado con nuestras aspiraciones de futuro a lo largo de los últimos años. Sin ánimo de exhaustividad ni de retrotraernos al pasado más distante, baste señalar que la continuidad de la invasión rusa de Ucrania, el constante hostigamiento de Israel sobre la población gazatí o la guerra comercial desatada por Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca dibujan un escenario internacional cuyo equilibrio se antoja cada vez más frágil y fragmentario. En otras palabras: vivimos en un muelle cuyos pilones se ven carcomidos por un oleaje inquieto, peligroso y traicionero.

En este convulso contexto, el fallecimiento del Papa Francisco es un factor adicional de inestabilidad. Tras la repentina retirada de Benedicto XVI, su llegada al Palacio Apostólico en marzo de 2013 dio lugar a una cierta reconciliación de la Iglesia con sus valores fundacionales, que nada tienen que ver con el posterior oscurantismo medieval prolongado en el caso de España por el nacionalcatolicismo franquista. Sin embargo, por mucho que Bergoglio se pronunciara a menudo en favor de los desamparados, de los migrantes e incluso de los homosexuales –llegando a autorizar la bendición de parejas del mismo sexo–, su legado resulta más estético que político, más teórico que práctico.

Operar en una institución que se dice intermediaria entre lo humano y lo divino, entre el aquí y el ahora y el más allá, no es tarea fácil para un simple mortal, más aún en sociedades crecientemente secularizadas donde la religión, con notables excepciones (acabamos de cerrar una multitudinaria Semana Santa), ha quedado relegada al ámbito privado. En efecto, la Iglesia no es lo que era y la muerte de un pontífice ya no marca valores tan altos en la escala Richter, si bien es cierto que la sacudida, dado el panorama internacional, podría ser esta vez mayor de lo esperado. Con más de 1.400 millones de fieles repartidos por el mundo, la Santa Sede sigue siendo una terminal de poder ineludible en cualquier pronóstico geopolítico de calidad.

¿Qué esperar, por tanto, del sucesor de Francisco? Aunque el cardenal filipino Luis Antonio Tagle suena con fuerza en todas las quinielas, su juventud parece jugar a la contra (67 años no son suficientes para saludar desde el balcón de la Basílica de San Pedro), lo que apunta a un posible duelo entre el guineano Robert Sarah y el estadounidense Raymond Leo Burke. Es muy probable que este último, antiguo patrono de la Orden de Malta, cuente con el respaldo de las facciones más conservadoras, además de con el beneplácito de la Administración Trump, con la que ya coincidió en el cuestionamiento de las vacunas durante la pandemia del coronavirus. Su elección sería, además, un síntoma más de la progresiva derechización del mundo occidental, asediado desde hace un tiempo por una serie de crisis que la ultraderecha, en sus distintas variantes, ha sabido canalizar mejor que la izquierda para lograr sus objetivos. Sarah, no obstante, también encajaría en este perfil, pero la gran cantidad de cardenales electores designados por Francisco durante su papado podrían decantar la balanza del lado reformista (eso de “progresista” en la Iglesia suena a palabro impostado).

Elucubraciones aparte, lo que el próximo cónclave habrá de dilucidar es si el Vaticano decide profundizar en el replanteamiento de algunos elementos de la doctrina eclesiástica o sumarse al saturado carro de la reacción, haciendo compañía a líderes como Javier Milei, que describió a Bergoglio como “el representante del Maligno en la Tierra”. La primera opción, por supuesto, implica muchos más riesgos que la segunda, conduciendo inevitablemente a una suerte de redefinición del papel de la Iglesia Católica no solo como institución, sino también como comunidad religiosa comprometida con la justicia social. La segunda, por el contrario, conduce al catolicismo a anquilosarse en un pensamiento tan rígido que, privado de cualquier clase de movimiento o reflexión, acabará perdiendo tal condición, dando la razón a quienes caricaturizan la Iglesia como un oscuro nido de hipócritas con sotana, cuando en realidad es mucho más.

Las circunstancias han querido que la muerte del papa Francisco se haya producido escasos meses después del estreno en cines de Cónclave, la última película del cineasta alemán Edward Berger. En ella, el ficticio cardenal Lawrence, interpretado por el genial Ralph Fiennes, alerta a sus compañeros de que la certidumbre es la enemiga de la unidad, pues sin ella no habría misterio ni fe. De eso se trata, de abrazar la incertidumbre de una realidad cambiante, imprevisible y humana o de intentar someterla a viejas ideas que se han demostrado estériles y demasiado herméticas.

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Marcos Caballero de Mingo es politólogo y colaborador de la Fundación Alternativas.