Reducir la jornada laboral no es solo una propuesta laboral, es sobre todo una propuesta de cambio del modelo de relaciones laborales y sociales. 

El anacrónico e ineficaz arquetipo de precariedad y pobreza deliberados no solo ahoga a las trabajadoras y trabajadores, perjudica al sistema de pensiones o dificulta (imposibilita) la emancipación juvenil: es un modelo fallido social y económicamente. Debemos seguir caminando hacia unas nuevas relaciones laborales más justas y democráticas –como hacen la reforma laboral o la ley rider– y hacia la reorganización del tiempo, nuestro tiempo. 

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó la reducción de la jornada laboral y el control horario, un paso adelante que hace pocos años parecía impensable. Hoy estamos más cerca gracias al diálogo social, a los sindicatos de clase, al compromiso del Gobierno, al apoyo masivo y transversal ciudadano y a una idea muy clara: la riqueza que generamos las y los trabajadores debe llegar a todes, y no solo mejorando salarios, sino también ganando tiempo y reforzando la economía. 

El Ministerio de Trabajo ha actuado acorde a sus responsabilidades y compromisos: ha escuchado, ha negociado, ha llegado a acuerdos y ha tomado la iniciativa. Ahora empieza la siguiente etapa: la legislativa, el debate en el Congreso. Hay quienes quieren vetar este debate, y es fundamental que todos los grupos escuchen a la mayoría ciudadana. Este país quiere un modelo laboral más justo, más humano, más digno y más democrático; no solo es posible, la clase trabajadora nos lo hemos ganado y es necesario.

Reducir la jornada representa luchar por reorganizar la vida con el bienestar y el sentido común económico y productivo en el centro. Llevamos más de 40 años sin que se modifique el máximo legal de horas en términos universales, mientras la productividad por hora ha crecido más de un 50%. 

Y tengámoslo claro: la patronal no está en contra de reducir el tiempo de trabajo, ha firmado decenas de convenios con jornadas inferiores a las 37,5 horas. Hoy en España hay miles de trabajadores que ya tienen reconocido este derecho y no hay excusa alguna para no universalizar esta medida a sectores como las trabajadoras del hogar, del comercio, la hostelería o el transporte.

No es solo reducir horarios, es apostar por un nuevo contrato social en el que el aumento de la productividad llegue a todas las trabajadoras y trabajadores y no se quede en los bolsillos de unos pocos que, con frecuencia, no han tenido la voluntad de reinvertirlo en favor de sus propias empresas. 

Reducir la jornada laboral es una apuesta para vivir y trabajar mejor. La ciencia apunta claramente a que trabajar más horas no implica mayor productividad. El descanso, la conciliación y la motivación son motores de una economía más sana, eficiente y productiva. Y eso es exactamente lo que estamos proponiendo. 

Solo en Cataluña, más del 70% de la población activa realiza una jornada laboral de más de 37,5 horas. Reducir la jornada sería una mejora directa para más de dos millones de personas (más de 12 millones en el conjunto del Estado), podría crear 82.000 empleos directos, por no hablar de que el control horario aportaría transparencia y una reducción de las horas extra no pagadas, que hoy equivalen a 45.000 puestos de trabajo perdidos y miles de euros que no llegan a las nóminas.

Y funciona. Hemos visto como Francia redujo su jornada a 35 horas en el año 2000. ¿Y qué pasó? Su economía no solo no colapsó, sino que creció y hoy su productividad sigue por encima de la española. 

Ganar tiempo es ganar bienestar, nos hace más fuertes individual y colectivamente porque mejora la salud mental, amplía la creatividad de las y los trabajadores, mejora la salud medioambiental, refuerza el pequeño comercio y la productividad y tiene un corte claramente feminista.

Y sí, la patronal debería sumarse a este acuerdo. Deberían defender la modernización económica y no ser un lastre para el país y para el interés real del tejido económico y productivo. 

La reducción de la jornada será una realidad, y serían mucho más útiles, incluso a sus propios intereses, si dejaran de lado los politiqueos cortoplacistas y siguieran negociando una adaptación inevitable para una sociedad harta de su avaricia y que ya no acepta vivir para trabajar.

La reducción de la jornada laboral no es una ocurrencia, es un paso hacia un horizonte necesario que dibuja una sociedad más justa y menos desigual. Por eso interpelamos a todas y todos. Ha llegado el momento de posicionarse con claridad: formar parte del avance social y productivo que el país y la clase trabajadora necesitan, o quedarse anclados en un modelo que cronifica la desigualdad, la precariedad y el agotamiento.

Frente a quienes defienden un futuro de más desigualdad, más horas de trabajo y menos derechos, nosotras defendemos el balance de nuestras políticas públicas en materia de trabajo. El bienestar no puede ser algo reservado a unos pocos, vivir mejor debe ser un objetivo colectivo. 

Reducir la jornada sin perder salario es posible, justo y necesario. Ahora, 37,5 horas; mañana, a por las 32 h.

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Aina Vidal es diputada, portavoz adjunta de Sumar y portavoz de los Comuns en el Congreso de los Diputados.