Mario Draghi acaba de constituir el “grupo Rhine” para relanzar la materialización de las ambiciosas reformas económicas incluidas en su informe sobre competitividad europea de 2024. El informe hacía un diagnóstico correcto y alarmante: Europa se está quedando atrás. La productividad avanza lentamente, la inversión privada no despega y la brecha tecnológica e industrial se está abriendo con Estados Unidos y China. Pero, cuando llega el momento de explicar por qué hemos llegado hasta aquí, el diagnóstico se vela. Draghi señala como causas la fragmentación del mercado único, las dificultades para que las empresas europeas crezcan, la insuficiente inversión pública y privada, la falta de un mercado de capitales único, la complejidad de la regulación, la lentitud y descoordinación en la toma de decisiones y la carencia de una política industrial que haga apuestas estratégicas a escala europea. 

Sin embargo, tras esta cortina de razones desaparecen las principales responsables de la pérdida de competitividad: las grandes empresas europeas. Éstas se han quedado atrás, pero no por ninguna de las razones que apunta Draghi: no se han movido en un mercado estrecho, ni sufrido un exceso de regulación que no pudieran manejar o visto restringidos los recursos para financiar su inversión o innovación. La incómoda realidad es que, a pesar de contar con mercados, capital, tecnología, trabajadores altamente cualificados y décadas de beneficios, han sido incapaces de conectarse a las grandes transformaciones de nuestro tiempo como la transición verde y la revolución digital.

El problema ha sido que una parte sustancial del capitalismo industrial europeo se ha acomodado en tecnologías maduras que seguían proporcionando grandes beneficios, inflados con los recursos que tendrían que haberse invertido en las nuevas tecnologías y que han ido a retribuir a grandes fondos de inversión. El propio informe Draghi respalda este argumento. La enorme brecha de inversión empresarial en I+D entre Estados Unidos y Europa no se explica solo porque las empresas europeas inviertan menos, sino también porque Europa sigue especializada en sectores maduros. 

Los ejecutivos de las grandes empresas europeas han encontrado así en el informe Draghi una cómoda coartada para escurrir el bulto de su responsabilidad y justificar los miles de despidos con los que pretenden recuperar la competitividad perdida por ellos. Gracias al informe, el origen del retraso deja de estar en unas decisiones empresariales que primaron la rentabilidad presente sobre la transformación futura. Este importante desenfoque impide que el informe plantee y se centre en el punto más crítico: la necesidad de que los ciudadanos europeos y sus estados recuperen la capacidad de dirigir el desarrollo de las áreas estratégicas de sus economías a través de su sector público y donde las grandes empresas queden subordinadas a sus directrices. 

Estados Unidos y China muestran, por caminos radicalmente distintos, que las grandes transformaciones tecnológicas nunca se han dejado exclusivamente en manos de las decisiones de las empresas. China las dirige mediante planificación, empresas, bancos y créditos públicos, inversión estratégica y una potente política industrial enfocada a crear ecosistemas empresariales como el del coche eléctrico. Estados Unidos ha basado sus actuales ventajas en la industria digital en entidades públicas como DARPA, la NASA, el Pentágono, los grandes programas federales de investigación y las universidades financiadas públicamente. Después unos mercados financieros profundos le han permitido escalar rápidamente a las empresas ganadoras. Europa se ha limitado a regular, redistribuir y estabilizar la economía, pero no ha contado con un presupuesto federal equivalente que le permitiera dirigir la transformación productiva. En el origen de esto están también los corsés presupuestarios heredados de las políticas de austeridad instauradas tras la crisis de la deuda de 2008 y que siguen lastrando la inversión pública décadas después.

Draghi reconoce este fracaso cuando reclama política industrial, inversión pública, financiación común y entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales de inversión anual. Rompe así con el viejo paradigma europeo respecto a cuánto debe intervenir el sector público y con la restricción presupuestaria que la ha acompañado, pero omite quién debe decidir el destino de esa inversión y quién debe apropiarse de sus resultados. Nada garantiza que las recomendaciones de su informen hagan que esta vez el capital se dirija hacia las tecnologías adecuadas. Menos aún que las empresas beneficiarias del apoyo público no se deslocalicen. En cualquier caso, tampoco hay tiempo para implementarlas, a estas alturas de desfase y si queremos que la brecha se cierre se requiere una intervención más urgente y focalizada. Una prueba de esto la hemos visto este verano en el que se ha puesto de manifiesto que Europa está en el centro de la emergencia climática nuevamente por industrias del pasado: las del lobby del mundo fósil. Para enfrentarla necesitamos intervenir con eurobonos y construir después la capacidad fiscal europea para sostenerlos. 

Asimismo, hay que recuperar la empresa pública como instrumento más eficaz para provocar transformaciones rápidas y utilizar participaciones públicas para orientar las decisiones de las grandes compañías estratégicas e impedir la deslocalización de las actividades de mayor valor. La ayuda o apoyo público a empresas privadas debe estar condicionado a objetivos verificables de inversión, mantenimiento del empleo, participación de los salarios en las ganancias de productividad y localización en Europa de la investigación y las actividades de mayor valor añadido. También debe limitarse la remuneración extraordinaria de ejecutivos y accionistas y las recompras de acciones cuando una empresa esté recibiendo apoyo público. 

Si los ciudadanos europeos van a asumir mediante sus impuestos una parte creciente de la incertidumbre y del riesgo de la transformación tecnológica, deben participar también de sus éxitos. Si socializamos el riesgo, debemos socializar también los beneficios. De lo contrario, el velo de Draghi habrá servido una vez más para convertir en costes públicos las consecuencias de una deficiente gestión privada y garantizar que los beneficios futuros continúen siendo privados.

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Carlos Martín Urriza es portavoz de economía y hacienda de Sumar en el Congreso de los Diputados. Eduardo Gutiérrez Benito es coordinador del área de economía de Más Madrid.

Al principio, a pesar de la recomendación, el campo de la Seguridad Social fue de cumplimentación voluntaria, pero en 2015 se hizo obligatorio. A pesar de este gran logro tuvieron que pasar otros 8 años para que se le empezara a sacar partido a esta base de datos. Lo más difícil se había hecho –crear la base de datos–, pero hasta ahora nadie en la Administración le sacaba partido. Hasta que el Ministerio de Trabajo en 2024 la utilizó para medir, con gran precisión, la cobertura de la negociación colectiva que –para sorpresa de muchos– superó con creces las estimaciones anteriores alcanzando el 92% de los asalariados. También por insistencia del Gabinete de CCOO, en 2023 el gobierno creó el Observatorio de Márgenes Empresariales que se nutre de la información tributaria que las empresas declaran a la AEAT. Ahora ya solo quedaba unir las dos piezas: la Seguridad Social sabe cuáles son las empresas cubiertas por cada convenio colectivo y si facilita esta información a la AEAT, ésta puede agrupar la información del OME y adaptarla al ámbito de cada convenio colectivo. Esto supondrá un antes y un después en la negociación colectiva. Por primera vez habrá en las mesas de negociación una información económica oficial, actual, completa y simétrica para ambos lados de la mesa. Esto debería conducir a un reparto más justo del fuerte incremento de los márgenes de beneficio que vienen registrando las empresas desde 2021, mientras los salarios negociados acumulan una apreciable pérdida de poder de compra, excepto aquellos beneficiarios del SMI.

Como somos personas incansables, la historia no termina aquí. Tras este gran logro ahora insistiremos en disponer de una estadística integral de empresas en la que se puedan ver al mismo tiempo sus resultados económicos y su gestión del empleo. Podemos saber sus resultados económicos, pero no al mismo tiempo qué gestión hacen de sus trabajadores. Podemos saber por separado sus márgenes y, con cierto retraso y de manera discontinua, a qué se dedican y cuánto trabajan las personas asalariadas, pero no podemos unir los dos análisis. Tampoco podemos saber la productividad por empresas ni por sectores de una forma rigurosa. Como todas estas cosas son evidentes y realizables, posiblemente nos lleve un tiempo lograrlo, pero quien la sigue la consigue.

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Carlos Martín Urriza, es co-coordinador de Movimiento Sumar y diputado portavoz de Economía y Hacienda en el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.