Las cruzadas culturales rara vez son inocentes. Regresan cuando conviene señalar un enemigo visible que simplifique conflictos más profundos. La última ha vuelto a instalarse en el Congreso con la propuesta de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, impulsada desde la extrema derecha y enmarcada en una narrativa que entrelaza islam, inmigración e  inseguridad cultural. No es un episodio aislado, sino la repetición de un debate que reaparece con regularidad, siempre bajo nuevas justificaciones y con la misma lógica política: convertir símbolos marginales en campos de batalla identitarios. 

En abstracto, la discusión podría situarse en un terreno legítimo. El burka puede representar una forma extrema de subordinación patriarcal; ignorarlo en nombre de un relativismo acrítico sería irresponsable. Pero el problema nunca ha sido sólo la prenda, sino el uso político que se hace de  ella. Cuando la igualdad de las mujeres se invoca selectivamente —mientras se toleran desigualdades salariales, precariedad laboral, recortes sociales, restricciones al derecho al aborto o la persistente feminización de la pobreza— el discurso emancipador corre el riesgo de convertirse en coartada. 

No deja de resultar significativo que quienes lideran esta cruzada raramente hayan impugnado otras formas de control sobre el cuerpo femenino profundamente normalizadas en nuestras sociedades. No han cuestionado los hábitos de clausura de órdenes religiosas propias, ni las imposiciones estéticas de la industria cultural que alimentan patologías como la anorexia o la bulimia, ni las dinámicas económicas que convierten la autonomía material en privilegio. Tampoco han propuesto, como alternativa, ampliar el poder efectivo de las mujeres migrantes —garantizando derechos sociales, acceso a la participación política o incluso el derecho de sufragio en determinados niveles—, condiciones sin las cuales la emancipación es una palabra vacía. El celo feminista aparece así dirigido selectivamente hacia símbolos ajenos, mientras permanece ciego ante dominaciones próximas y estructurales. 

Que la hipocresía del mensajero no invalide automáticamente el mensaje no significa que la respuesta propuesta sea adecuada. Prohibir el burka por su carácter discriminatorio puede entrar en conflicto con libertades fundamentales de quienes lo portan voluntariamente. Las manifestaciones externas de convicciones religiosas o culturales, incluso cuando se fundan en tradiciones criticables, se encuentran protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce ese ámbito de libertad, y cualquier restricción exige superar exigentes estándares de necesidad y proporcionalidad. Un Estado laico debe garantizar neutralidad institucional; no imponer  uniformidad cultural. 

La cuestión central es la coacción. Si una mujer viste el velo integral bajo presión familiar o comunitaria, la respuesta coherente es perseguir esa presión y fortalecer su autonomía material y política. Castigarla mediante sanciones administrativas no la libera: la desplaza de nuevo al margen. Si la decisión es voluntaria —aunque inscrita en marcos patriarcales  criticables— sustituir esa elección por una prohibición estatal implica reemplazar un paternalismo por otro. Como advertía Simone Weil, la opresión no desaparece al cambiar de manos; sólo adopta nuevas formas. 

Tampoco el argumento de la seguridad justifica medidas selectivas. La  necesidad de identificación en determinados espacios es real, pero no exclusiva del velo integral. También una máscara, un pasamontañas o cualquier prenda que cubra el rostro plantean el mismo problema. La solución razonable pasa por normas generales de identificación aplicables a cualquier persona, sin construir prohibiciones simbólicas dirigidas a una minoría concreta. Cuando la regulación deja de ser funcional y pasa a señalar culturalmente, la norma se convierte en mensaje político. 

En última instancia, el debate revela más sobre quienes lo promueven que sobre las mujeres a las que dice proteger. Funciona como un dispositivo de simplificación moral: permite proclamarse defensor de la igualdad sin confrontar las estructuras que generan desigualdad, y erigirse en guardián de la laicidad sin cuestionar privilegios religiosos propios. El cuerpo de la mujer musulmana se transforma así en escenario donde se proyectan ansiedades identitarias internas, sustituyendo el juicio crítico por el reflejo ideológico. 

Hace décadas se justificaron intervenciones militares en nombre de liberar mujeres del velo. Los resultados deberían bastar para desconfiar de esa retórica. Trasladada al ámbito interno, la lógica apenas cambia: se promete emancipación mediante coerción simbólica o administrativa. Pero la libertad no se decreta. Se construye ampliando derechos, redistribuyendo poder y creando condiciones materiales para la autonomía. 

La dignidad de las mujeres no se defiende prohibiendo signos visibles mientras se toleran desigualdades invisibles. Ese es el verdadero núcleo de este debate recurrente. La prenda que se discute cubre rostros concretos; la discusión política, en cambio, suele servir para cubrir incoherencias colectivas. Y en esa operación, una vez más, las mujeres más vulnerables son quienes cargan con las consecuencias. 

La emancipación exige algo más exigente que prohibiciones ejemplarizantes. Exige coherencia democrática. Todo lo demás corre el riesgo de ser, simplemente, otro velo —esta vez político— sobre nuestras propias contradicciones.

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Jaume Asens es diputado de Comuns-Sumar en el Parlamento Europeo.

Este sábado, si nadie lo impide, miles de personas volveremos a ocupar las calles de Budapest con banderas arcoíris, pancartas, cuerpos visibles y orgullo. Lo haremos a pesar de la prohibición dictada por el Gobierno de Viktor Orbán, que ha invocado su tristemente célebre “ley de protección de la infancia” para impedir la marcha del Orgullo LGTBI+. Lo haremos sabiendo que, al desobedecer una ley injusta, estamos defendiendo la legalidad más profunda de la Unión Europea: la de los derechos fundamentales.

Hungría se ha convertido en un laboratorio del autoritarismo en el corazón de Europa. La prohibición del Orgullo no es un hecho aislado ni un exabrupto puntual. Forma parte de un proceso sistemático de degradación del Estado de Derecho. Desde hace más de una década, el Gobierno de Orbán ha desmantelado los contrapesos democráticos: ha capturado el poder judicial, silenciado los medios públicos, cerrado universidades autónomas y expulsado del espacio público a toda forma de disidencia. En 2021, una ley homófoba vetó cualquier contenido que “promueva” la homosexualidad, siguiendo el modelo ruso. En 2024, se intensificaron las restricciones a la libertad de reunión. Y en 2025, se prohibió por ley la celebración del Orgullo, bajo amenaza de multa y prisión. Todo ello mientras se generaliza el uso del reconocimiento facial para vigilar y disuadir la protesta.

Este año, además, grupos de extrema derecha han convocado una contramanifestación, que sí ha sido autorizada por las autoridades. En paralelo, se han difundido públicamente mensajes amenazantes y llamamientos a la violencia contra las personas LGTBIQ+, incluyendo amenazas de ataques físicos y el uso de ácidos. La pasividad del Gobierno ante estos discursos de odio, mientras se reprime el Orgullo con todo el peso de la ley, revela el doble rasero de una administración que protege a los agresores y criminaliza a las víctimas.

Cuando el poder viola la ley, quedarse de brazos cruzados no es una opción. Marchar este 28 de junio en Budapest no será solo un acto de visibilidad, será un acto de desobediencia civil. Y esa desobediencia, lejos de vulnerar la legalidad europea, la reafirma y la protege. Porque cuando una norma nacional entra en contradicción frontal con los principios del Derecho europeo —como la libertad de expresión, de reunión y la no discriminación recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales—, es legítimo desobedecerla para restaurar el orden constitucional comunitario.

La desobediencia civil no es una ruptura con el derecho, sino una apelación a su sentido más profundo. No es un capricho individual, sino una forma colectiva de interpelar a las instituciones cuando éstas fallan. Lo hemos visto en Palestina, donde la sociedad civil ha actuado cuando los gobiernos han callado. Y lo vemos ahora en Hungría, donde marchar se convierte en un acto jurídico de resistencia frente al silencio de la Comisión Europea.

La Comisión europea no puede limitarse a expresar “preocupación” ante la violación de los derechos fundamentales. Hay mecanismos jurídicos disponibles, previstos en los Tratados, que deben activarse si queremos preservar la credibilidad del proyecto europeo. En primer lugar, debe solicitar medidas urgentes ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la ley que prohíbe el Orgullo, por vulnerar la Carta de Derechos Fundamentales. La libertad de expresión y de reunión no pueden depender de la ideología del gobierno de turno. En segundo lugar, debe reactivarse el expediente de sanción contra Hungría, previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. En tercer lugar, debe aplicarse de modo estricto el Reglamento de Condicionalidad para suspender los fondos europeos a quienes utilizan ese poder para censurar, espiar y castigar. Y por último, deben desplegarse instrumentos específicos para proteger a las personas LGTBI+ y a las organizaciones que las defienden en contextos de represión institucional. La vigilancia del Estado de Derecho no puede limitarse a un informe anual.

Y más allá de todo eso, sería deseable un gesto político claro: que los comisarios europeos estén este sábado en Budapest, allí donde la ciudadanía les necesita. No en los pasillos de Bruselas, sino junto a quienes toman la iniciativa para que el Derecho no se vacíe de sentido.

Lo que está en juego este sábado no son solo los derechos de ciertas personas, sino el propio proyecto europeo. Cada vez que se vulnera un derecho en un Estado miembro, retrocede el conjunto de la Unión. Cada vez que una persona tiene que ocultar a quién ama para sentirse segura, Europa deja de ser Europa. Lo recordamos hoy con las palabras de Pedro Zerolo, a quien perdimos hace ahora diez años: el orgullo no se suplica, se conquista, se defiende, se celebra. Y este 28 de junio, desobedeceremos con dignidad. Porque cuando el poder legaliza la exclusión, la desobediencia es una obligación moral.

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* Jaume Asens es diputado de Comuns-Sumar en el Parlamento Europeo.

Barcelona lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a señalar un horizonte ético y político donde otros se conforman con la comodidad de la inacción. No es la primera vez. En febrero de 2023, bajo el impulso del gobierno de Ada Colau, se convirtió en la primera ciudad europea en romper relaciones institucionales con el Estado de Israel. Fue una decisión valiente, solitaria, y por ello ferozmente atacada. Nos llamaron demagogos, antisemitas, irresponsables. Se nos acusó de traer un conflicto internacional al ámbito local, como si los crímenes de guerra pudieran recluirse fuera del perímetro de la conciencia.

Pero aquella decisión no fue una extravagancia municipal, sino un acto de coherencia democrática. Los municipios, como instituciones más próximas a la vida y al dolor de las personas, no solo pueden, sino que deben convertirse en garantes del derecho internacional cuando los Estados se cruzan de brazos. Así ocurrió con la red Welcome Refugees o con los municipios por el refugio durante la crisis migratoria. Así está ocurriendo hoy con Palestina.

Tras las elecciones, el nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, restauró los vínculos con Israel. Fue un paso atrás. Pero la presión de los Comunes desde la oposición, sumada a la perseverancia de una sociedad civil organizada, ha logrado revertir esa decisión. El Ayuntamiento de Barcelona acaba de aprobar una nueva ruptura institucional con el Estado de Israel y suspende el hermanamiento con Tel Aviv. No lo hace por capricho ideológico, sino por compromiso jurídico: hasta que se cumpla el derecho internacional y se garanticen los derechos fundamentales del pueblo palestino.

La resolución no se queda en la denuncia. Veta la participación de empresas armamentísticas israelíes en la Fira de Barcelona, rechaza la entrada de buques cargados de armas en el puerto y se alinea, con hechos, con las exigencias de la Corte Internacional de Justicia.

Barcelona ha actuado porque su ciudadanía empujó. Porque hay madres, sindicatos, plataformas vecinales, estudiantes y jóvenes que no se resignan. Que se niegan a que nuestras ciudades sean cómplices del exterminio. Y en medio de la oscuridad del genocidio, eso también es luz. Esa solidaridad —desobediente, concreta, intergeneracional— nos recuerda que hay una Europa que resiste. Que frente a la Europa de los tratados de armas, aún late la Europa de la decencia civil.

Esa presión ciudadana ha demostrado ser eficaz también en otros ámbitos. Que RTVE emitiera un mensaje de condena ante la participación de Israel no fue un gesto espontáneo, sino el fruto de una movilización persistente que impidió el blanqueamiento mediático del genocidio. Y gracias a esa presión, ahora la Unión Europea de Radiodifusión debatirá ahora la exclusión de Israel del festival de 2026, y revisará su sistema de votación para evitar interferencias externas, garantizando la independencia del certamen frente a sus patrocinadores.

Tampoco es una casualidad que España sea una excepción en el paisaje europeo de hipocresía y parálisis. Ha reconocido oficialmente al Estado palestino, ha solicitado la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, se ha personado en la causa de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, ha enviado cartas a empresas españolas con actividad en Israel, instándolas a adoptar medidas para evitar que sus operaciones contribuyan a las violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados o ha aprobado la tramitación de una ley que prohíbe la compraventa de armas con países implicados en violaciones graves de derechos humanos.

¿Cuál es la conclusión de todo ello? Que cuando la sociedad empuja, a veces logra abrir grietas. Y que la historia no se escribe solo en los tribunales oficiales. Se escribe también en las calles, en los manifiestos colectivos, en las jornadas alternativas que celebramos en Bruselas cuando el Parlamento guardaba silencio. Allí se escuchó a la relatora especial de la ONU, a juristas, historiadores, médicos, testigos. Allí se dijo, sin ambages, que Gaza es víctima de un genocidio. Y allí evocamos también el legado del Tribunal Russell, aquel tribunal de conciencia nacido frente a los crímenes de Vietnam, que sin fuerza legal supo señalar a los verdugos con la autoridad de la verdad. Hoy toca recoger ese legado. Volver a levantar tribunales simbólicos y recordar, como dijo Sartre, que hay momentos en la historia donde los pueblos deben juzgar a sus gobiernos.

El gobierno español tiene la obligación moral de ponerse al frente, como bastión del progresismo europeo, de ese cambio necesario de actitud en Europa. Debe ser fortaleza política y jurídica frente a la cobardía cómplice de otros Estados miembros. Y Barcelona, su punta de lanza ética, que abre camino donde otros se detienen. Hasta que ese momento no llegue, los ciudadanos deben seguir movilizados. En España para exigir que ese embargo integral de armas se haga efectivo, sanciones efectivas a empresas cómplices y una política exterior coherente con el derecho internacional porque una democracia que arma a genocidas no es digna de ese nombre.

Barcelona no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Para que otras ciudades la sigan. Para que España —y Europa— estén a la altura. Porque no se puede predicar los derechos humanos mientras se sostiene, con acuerdos, armas y silencios, a quien los destruye. Y porque cuando todo invita a la resignación, actuar, incluso sin certezas, es lo único que nos salva del abismo.

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Jaume Asens es diputado de Comuns-Sumar en el Parlamento Europeo.