La transición democrática ha sido objeto de numerosos análisis, debates, elogios y críticas. En muchas ocasiones, desde los sectores más críticos se destaca la incapacidad del proceso para romper con las instituciones franquistas. También se hace hincapié en cómo políticos con cargos durante la dictadura se perpetuaron en la democracia. Sin embargo, muchos olvidan que la Transición esconde historias brutales de violencia policial, torturas y represión de los movimientos sociales.

Tras la muerte de Franco, la fuerza policial del Estado continuó bajo el control de personas que durante años juraron lealtad al régimen. Aunque de cara a la galería las lealtades cambiaran, muchos prosiguieron con los métodos violentos del franquismo más oscuro. Nadia Gayoso de la Calle, coordinadora de la Red de Mujeres por la Memoria y la Democracia (REDMEM), ha hablado con infoLibre y explica que "la violencia policial durante la transición española no puede considerarse simplemente como una serie de casos aislados; más bien, era un fenómeno estructural, fruto de la herencia autoritaria del franquismo".

Bajo el Gobierno de transición, liderado por Adolfo Suarez, se continuó usando la violencia contra los manifestantes y la relación de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado mantenían con grupos de ultraderecha, como Fuerza Nueva, era habitual. A pesar de que la pena de muerte había sido abolida, algunos métodos violentos del franquismo seguían presentes sin que, en muchos casos, se realizara investigación alguna cuando se recurría a ellos. Gutmaro Gómez Bravo, historiador y experto en memoria histórica, ha explicado a infoLibre que la Policía aún procedía del aparato franquista y por eso utilizaba técnicas de los años 60.

El 3 de marzo de 1976, en la ciudad de Vitoria, 4.000 trabajadores decidieron convocar una huelga aunque todavía quedaban unos días para la aprobación de la ley de relaciones laborales que, tras el franquismo, reconoció por primera vez ese tipo de protesta como un derecho. Los trabajadores se encerraron en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís de la ciudad vasca. La Compañía de Reserva de Miranda de Ebro y la guarnición de Vitoria de la Policía Armada asaltaron la iglesia con la intención de desalojar a los manifestantes. Lanzaron botes de gas, pelotas de goma y dispararon fuego real contra quienes allí se refugiaban. Cinco hombres, uno de ellos de 17 años, fueron asesinados en uno de los episodios más violentos de la Transición. 

La Asociación Martxoak 3 recoge las grabaciones de las radios de los policías involucrados en aquella operación y en ellas se puede escuchar cómo los agentes se jactaban de lo que habían hecho: “¡Muchas gracias, eh! ¡Buen servicio! Dile a Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Aquí ha habido una masacre.” En la transcripción de las mismas grabaciones se puede leer cómo un agente informaba sobre la necesidad de usar fuego real: “Mándennos refuerzos, si no, no hacemos nada; si no, nos marchamos de aquí; si no, vamos a tener que emplear las armas de fuego [...] ¡Vamos a tener que emplear las armas! Cambio”, “Gasead la iglesia”.  

Pedro María Martínez Ocio, de 27 años; Francisco Aznar Clemente, de 17; Romualdo Barroso Chaparro, de 19; José Castillo García, de 32 años; y Bienvenido Pereda Moral, de 30 años, fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en unos sucesos sobre los que la justicia militar consideró que no se podía acusar a nadie individualmente. Esto provocó que el caso fuera sobreseído. 

Sobre las investigaciones, el historiador Gómez Bravo explica que el continuismo de la Transición imposibilitó las investigaciones, ya que "no hay una instancia que garantice que los crímenes se investiguen y se estudien", lo que perjudica también la labor de los investigadores.

El País Vasco fue una de las regiones más castigadas por la violencia política y policial durante la Transición. La semana proamnistía de 1977, del 8 al 15 de mayo, miles de personas salieron a las calles para reclamar una ley de amnistía total para los presos políticos. Las primeras manifestaciones fueron reprimidas con dureza por la Policía, pero el día 12 saltó la chispa que desataría una terrible oleada de muerte.

Durante una manifestación en Errentería, la Policía disparó fuego real contra los manifestantes que se dirigían a la casa cuartel de la Guardia Civil de la localidad. Cinco personas resultaron heridas y Rafael Gómez Jaúregui, de 78 años de edad, murió a consecuencia de las lesiones que las balas le habían provocado.

Al día siguiente, las protestas se recrudecieron y se organizaron manifestaciones en todo el País Vasco y Navarra. En Pamplona, la Policía Armada detuvo a José Luis Cano, lo introdujo a la fuerza en un bar del pueblo y, mientras era apaleado, uno de los agentes le disparó un tiro en la cabeza. Todo esto ocurrió ante los ojos del alcalde de Ansoáin, Alfredo García. Durante esa misma fatídica tarde, Luís Santamaría Miquelena, de 72 años de edad, murió de un infarto provocado por el lanzamiento de una pelota de goma contra su balcón mientras se asomaba.  

Las concentraciones y manifestaciones se sucedieron los días posteriores por de todo el País Vasco y Navarra. La Guardia Civil y la Policía Armada asesinaron a balazos a Manuel Fuentes Mesa y Gregorio Marichalar Ayestarán. La violencia no se limitaba a las manifestaciones: el 15 de mayo Francisco Javier Núñez Fernández fue golpeado por la Policía. Cuando dos días después acudió a la comisaría para denunciarlo, unos individuos le retuvieron y obligaron a beber una botella de coñac y aceite de ricino, provocando su ingreso hospitalario y posterior fallecimiento a causa de una cirrosis hepática. Sobre la violencia policial, Nadia Gayoso explica que gran parte del cuerpo ejercía "el uso sistemático de la violencia física y la intimidación como herramientas de control social".

La matanza de los abogados de Atocha es ampliamente conocida como uno de los casos de violencia política más graves de la Transición. Sin embargo, lo que ocurrió durante los días anteriores es para muchos desconocido. La violencia policial se cebó también con las mujeres. El 24 de enero de 1977, María Luz Nájera acudió a una manifestación por la muerte del joven Arturo Ruíz García, asesinado el día anterior por pistoleros ultraderechistas.

Durante las protestas, un agente de Policía disparó desde escasos metros un bote de humo que le impactó en la cabeza, causándole un traumatismo craneoencefálico. Un joven que se encontraba en la manifestación llevó a Mari Luz desde la calle de Los Libreros hasta a la Clínica de La Concepción donde no pudo ser operada por haber entrado en coma. Mari Luz Nájera murió ese mismo día. No se realizó ninguna investigación y nadie pagó por su muerte. Al día siguiente se organizó un protesta en su memoria a la que acudieron alrededor de 3.000 personas.

Gayoso de la Calle afirma que Mari Luz Nájera "se convirtió en un símbolo de la represión policial contra mujeres activistas, pero refleja también cómo la violencia se utilizaba de manera selectiva y simbólica".

A día de hoy, Mari Luz Nájera da nombre al salón de actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y a un parque en el distrito de Barajas, donde vivió. Sobre la violencia con la que se emplearon las fuerzas del orden, la coordinadora de REDMEM explica que "casos como el de María Luz Nájera evidencian cómo las mujeres activistas podían ser objeto de agresiones, detenciones arbitrarias o intimidación, siguiendo patrones de represión heredados del franquismo".

El 8 de julio de 1978, en el marco de las fiestas de San Fermín de aquel año, tras la tradicional corrida de toros, unas 50 personas bajaron al ruedo, y un grupo de ellos mostraron una pancarta que rezaba: “Amnistía total presoak kalera. San Fermín sin presos”, desatando en las gradas de la plaza aplausos e insultos al mismo tiempo. Algunos de los portadores de la pancarta se enfrentaron a golpes con quienes proferían los insultos. Acto seguido, 40 miembros de la Policía Armada, provistos de material antidisturbios y comandados por el comisario jefe de Pamplona, Miguel Rubio Rubio, asaltaron la plaza. Los asistentes comenzaron a lanzar las almohadillas de sus asientos, a lo que los agentes respondieron disparando sus armas reglamentarias contra quienes se encontraban en la grada. Las protestas se extendieron a la calle y a las 22:15 de la noche la Policía asesinó a Germán Rodríguez Saiz, de 23 años, de un disparo en la frente. 

La actuación violenta de las fuerzas del orden fue brutal y sádica, tal y como atestiguan los audios grabados de las comunicaciones desde la central policial. En las grabaciones que se incluyen en el documental Sanfermines 78 de Juan Gautier y José Ángel Jiménez se escucha claramente como el comandante Fernando Ávila ordena, desde la central, a los policías sobre el terreno: “Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar”. 

Ávila fue cesado por el gobernador civil Ignacio Llano que más tarde sería también apartado por la actuación de la Policía Armada a su mando, aunque él siempre defendió que no fue cesado sino que presentó su dimisión de manera voluntaria. La brutal actuación de “los grises" se saldó con numerosos heridos, 11 por bala, y la muerte de Germán Rodríguez. En el mismo documental, el propio comisario Rubio afirmó que la orden de entrar a la plaza se trató de un malentendido y que él no dio esa orden sino que se malinterpretaron sus palabras. En general, el entonces jefe de la policía Miguel Rubio también ha negado en entrevistas haber dado la orden de disparar las ráfagas que acabaron con la vida de Germán y prácticamente cualquier orden relacionada con la actuación policial, a pesar de ser él quien estaba a cargo del dispositivo.

Nunca se llevó a cabo ninguna investigación judicial sobre la actuación de los agentes que acabaron con la vida de Germán. El 26 de junio de este mismo año, se aprobó una proposición no de ley impulsada por EH Bildu en la Cámara Baja con el fin de desclasificar los documentos que guardan relación con estos sucesos. Esta iniciativa recibió el apoyo del PSOE y del resto de socios de investidura. Gutmaro Gómez Bravo explica que gran parte de la información se encuentra en los archivos de la Policía pero que "no hay voluntad de mostrar esa documentación y digitalizarla".

A pesar de los esfuerzos de las familias y asociaciones, los responsables de muchos de estos casos continuarán siendo un misterio por la deliberada ausencia de investigación. Sobre esto Gómez Bravo afirma que "los documentos siguen en manos de quienes se perpetuaron con la violencia en el franquismo". Además, explica que en otros casos, como el de Salvador Puig Antich, la Policía modificó pruebas como la autopsia. Según Gómez Bravo, si lo hicieron una vez, sería posible que hicieran lo mismo en otros casos.

Las asociaciones de victimas de toda España continúan buscando justicia a día de hoy, luchando por la desclasificación de los documentos relacionados con estos acontecimientos.

El pasado martes 14 de octubre, Estados Unidos aprobó un rescate de 20.000 millones de dólares en forma de swap de divisas para la Argentina de Javier Milei. Unos días después, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una línea de crédito privada de hasta 20.000 millones, lo que sumaría en total un apoyo de 40.000 millones de dólares. 

El swap de divisas consiste, a grandes rasgos, en que Estados Unidos y Argentina intercambiarán el equivalente en pesos de 20.000 millones de dólares. Se espera que este movimiento provea de los muy apreciados dólares al banco central argentino y proporcione una cierta estabilidad financiera al país.

La línea de crédito sería proporcionada por bancos como JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, esta última, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, propiedad del fondo BlackRock, según informaciones publicadas por el Wall Street Journal. Estos bancos, buscan ahora garantías de que recuperarán su dinero, y una de las opciones planteadas sería que Washington respaldase el crédito. Entre las razones para esta búsqueda de garantías se encuentra el hecho de que Argentina ha incumplido el pago de su deuda en nueve ocasiones, tres de ellas desde el año 2000.

Trump trata de conservar a uno de sus escasos aliados en Latinoamérica y, al mismo tiempo, evitar que negocie con China, debilitando su posición en el mercado internacional. Estas ayudas al Gobierno de Milei no han sentado demasiado bien al trumpismo rural defensor del “America First” (América Primero). Los agricultores denuncian que el gobierno republicano rescate a Argentina, cuando este país le roba cuota de mercado en la venta de soja a China. Tampoco ha gustado a los ganaderos estadounidenses que Trump sugiriera comprar carne a Argentina, algo que justificó afirmando que “Argentina está luchando por su vida, no tienen dinero, no tienen nada”.

Sobre la influencia que este rescate pueda tener en las relaciones China-Argentina, Anna Ayuso Pozo, experta en relaciones internacionales e investigadora sénior para América Latina del CIDOB, explica a infoLibre que “es una forma de alejarlo de la influencia de China que, con los anteriores gobiernos peronistas había incrementado su presencia" y que "en realidad la operación de Trump permite a Milei no depender del swap que tenia con China"

La forma en que Estados Unidos gestiona sus relaciones con los países de Latinoamérica ha cambiado con Trump. Ayuso Pozo afirma que el interés de EEUU en Latinoamérica no siempre ha sido tan intenso: "En las últimas décadas hubo un alejamiento de EEUU hacia América Latina. Les preocupaban solo los temas que les afectaban directamente como migraciones, seguridad y narcotráfico".

Con la Administración Trump el interés ha aumentado, la relación ahora es confrontativa –"división entre amigos y enemigos"– y transaccional: "O aceptas mis condiciones o medidas económicas unilaterales". En este sentido, la experta en América Latina asegura que la aproximación de China ha sido diferente: "China, en cambio, ha apostado por la vía económica como principal factor de influencia en la región, pero también busca aliados políticos Road and Belt"

Según el premio Nobel de economía de 2008, Paul Krugman, esta ayuda económica esconde algo más. El economista explica en un artículo, publicado en su web personal, que este no es un rescate a los argentinos, sino a los inversores privados estadounidenses.

Krugman afirma que “los recortes presupuestarios de Milei están causando un sufrimiento generalizado entre los argentinos, y nunca ha conseguido un apoyo político interno sólido para sus políticas”. El artículo resume la situación económica del país sudamericano: “Argentina está atravesando una clásica crisis monetaria, con una fuga de capitales del país debido al temor de los inversores a un colapso del peso, y esta fuga de capitales empuja al peso cada vez más cerca del colapso”.

Respecto a la influencia de inversores privados que sugiere Krugman, Federico Steinberg, doctor en economía e investigador principal del Real Instituto Elcano, ha hablado con infoLibre y afirma que "hay un doble objetivo. Por un lado, a EEUU le interesaría que la economía argentina se estabilizase, pero también acceder a los minerales raros y proteger a sus inversores en el país". Y explica sobre la cuestión de los inversores que "esto ya ocurrió cuando Alemania rescató a Grecia"

La idea de la Administración Trump, según el premio Nobel, es inyectar dólares en la economía argentina para controlar el valor del peso, y que los inversores amigos del secretario del Tesoro de EEUU puedan sacar el dinero que tienen invertido en el país. Krugman se pregunta si, tras el rescate, cogerán su dinero y saldrán corriendo, ya que “eso es los que el dinero inteligente está haciendo” .

Entre los inversores “amigos” de Scott Bessent, uno de los más destacados es Robert Citrone, el propietario de Discovery Capital Management, uno de los fondos que más fuertemente ha apostado por invertir en la Argentina de Javier Milei. Citrone y Bessent compartieron trabajo hace años, cuando ambos trabajaban en la firma de inversión Soros Fund Management, de George Soros.   

Bob Citrone ha mostrado en numerosas ocasiones su respaldo a las políticas neoliberales de Milei, y ha defendido que Argentina debe ser quien lidere la próxima década en Latinoamérica. El presidente argentino y el inversor han mantenido varias reuniones, una de ellas en la Casa Rosada, la residencia oficial del mandatario. Además, las operaciones de su grupo inversor en Argentina significaron el 52% de los beneficios el pasado año, según informaciones publicadas por Bloomberg, por lo que podría verse beneficiado por el rescate promovido por Bessent.

Argentina se encuentra en una situación económica y política complicada, el Gobierno neoliberal de Milei está envuelto en diferentes polémicas. La sombra de la corrupción comenzó a sobrevolar su Ejecutivo cuando, hace unos meses, se destapó un caso de cobro de comisiones que afecta a la hermana del presidente, Karina Milei. Además, días antes de las elecciones, su principal candidato, José Luis Espert, se vio obligado a dimitir. Una investigación relaciona al economista con "Fred" Federico Machado, empresario preso por narcotráfico y pendiente de extradición a Estados Unidos. Sin embargo, estas polémicas no han sido óbice para que La Libertad Avanza, el partido gobernante, obtenga un 40,7% de los votos en las recientes elecciones legislativas, y coloque al histriónico presidente del país en una posición de fuerza para llevar a cabo sus reformas. 

La Administración Trump, que se cubría las espaldas condicionando el rescate a la victoria electoral, está ahora de celebración. El pasado domingo 26 de octubre, Milei obtuvo una victoria contundente en las elecciones legislativas de medio término, algo que sirvió para legitimar el discurso neoliberal de su Gobierno. Estos comicios renuevan 127 de los 257 escaños de la Cámara de diputados y 24 de 72 asientos en el Senado. Trump felicitó al presidente argentino por su victoria y se atribuyó parte del mérito de la misma: "Tuvo mucha ayuda por nuestra parte, yo le di un gran apoyo y fue una gran victoria".

La importancia de los comicios no ha servido como incentivo para la participación, que ha registrado uno de los índices más bajos de la historia del país, a pesar de que en Argentina el voto es obligatorio. 11 millones de argentinos no acudieron a votar en unas elecciones legislativas, un dato que refleja el incremento en la desafección hacia los partidos políticos y las instituciones. En Argentina, el código electoral establece que quienes no voten no pueden ejercer empleos o funciones públicas durante los siguientes tres años. Además, impone sanciones de entre 50 y 500 pesos al infractor, cifra simbólica que equivale a menos de 30 céntimos de euro.

Las encuestas de intención de voto apuntaban a que la igualdad sería total, sin embargo, los oficialistas han consolidado una contundente victoria, obteniendo el 40,7% de los votos, frente al 31,6% de la coalición peronista.

“Si pierden no seremos generosos con Argentina”, afirmó el presidente estadounidense en la reunión en que se pactó el rescate. Tras esta victoria decisiva, todo apunta a que la inyección de dinero se llevará a cabo, aunque aún no se han desvelado detalles técnicos sobre el acuerdo.

El economista ultraderechista necesita el rescate de Trump para sostener su política económica, llegó al Gobierno con la promesa de bajar los impuestos, algo que hasta el momento no ha logrado. Con su nueva mayoría buscará continuar con su plan, una hoja de ruta que empresarios nacionales e inversores extranjeros le reclaman desde que llegó al poder.

El Gobierno neoliberal de Milei confiaba en que el anuncio del rescate devolviera estabilidad a los mercados. Sin embargo, depender del resultado electoral diluyó la euforia inicial. El peso argentino retornó a valores similares a los de antes del anuncio de Trump, lo que podía obligar al banco central a intervenir, vendiendo sus propias divisas. Esta venta de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) podría afectar a la inflación, que las políticas de ajuste de Milei estaban logrando controlar.

Ahora, los mercados parecen haber reaccionado de manera positiva a la victoria electoral, con subidas de los bonos argentinos en bolsa, bajada del riesgo país y un repunte del valor del peso argentino, aunque aún queda por ver cómo evolucionarán durante los próximos días.

Como Federico Steinberg ha explicado a este medio: “El éxito del rescate dependerá de que una mayoría de los inversores confíen en que el rescate funcione". El futuro económico de Argentina depende de un rescate que, como señala Steinberg: "A día de hoy, nadie puede saber si funcionará".

El pasado 14 de diciembre, Isak Andic, fundador de Mango, y su hijo Jonathan Andic realizaban una ruta sin aparente riesgo en el municipio de Collbató, en el macizo de Montserrat (Barcelona). En un momento del trayecto, Isak se precipitó por un terraplén, sufriendo una caída de más de 100 metros que le provocó la muerte en el acto. Al menos, esta es la versión que su único acompañante aquel día, Jonathan, ha explicado a la policía en las dos declaraciones que ha realizado sobre lo ocurrido. Sin embargo, este jueves El País publicaba una información asegurando que el único hijo varón de los Andic, está siendo investigado por los Mossos d’Esquadra por el presunto homicidio de su padre.

La hipótesis original de los investigadores coincidía con el relato de los hechos realizado por el heredero de la familia Andic, tanto así que la jueza a cargo del caso archivó provisionalmente la investigación el pasado mes de enero, después de que los Mossos concluyeran que la muerte de Andic fue accidental. No obstante, las incongruencias en las dos declaraciones prestadas por el primogénito del fallecido respecto a los indicios hallados por la policía en el lugar de la caída, y las insinuaciones de la mala relación paterno-filial realizadas a los Mossos por la pareja de Isak, Estefanía Knuth, suscitaron sospechas sobre una posible muerte provocada que desencadenaron la reapertura de la investigación.

Hace ya semanas que Jonathan Andic no es testigo en el proceso judicial que estudia la muerte de su padre, el empresario más rico de Cataluña. La Vanguardia  adelantaba el pasado jueves que la policía está analizando su teléfono móvil al milímetro en busca de evidencias. La investigación judicial se encuentra actualmente bajo estricto secreto de sumario en el juzgado de instrucción número 5 de Martorell, en el que Andic deberá declarar por tercera vez. Pero en esta ocasión como investigado.

Tras la muerte del magnate, el mayor de los Andic ha estado alejado de la vida pública catalana, de la que otrora él y su pareja eran miembros activos. Portavoces de la familia han explicado en un comunicado, del que se ha hecho eco EFE, que el proceso judicial "terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic".

Según las informaciones publicadas por El País, la policía aún se encuentra investigando y no ha hallado pruebas concluyentes sobre la implicación de Jonathan en la muerte de su padre. La declaración que realice como investigado será de gran relevancia para el curso de la investigación, pues él es el único testigo de los hechos.

A día de hoy, el motivo por el que Isak Andic se precipitó al vacío continúa siendo un misterio, la senda que él y su hijo transitaban no revestía riesgo alguno. De hecho, tras el accidente fue revisada por responsables de la zona, que ratificaron este aspecto.

Según indican fuentes citadas por El País, Estefanía Knuth y los tres hijos de Isak Andic, Jonathan, Sarah y Judith, se encuentran ahora en medio de una disputa económica por el reparto del legado del empresario fallecido. Al parecer, según aseguran dichas fuentes, quien fue la pareja del magnate hasta su muerte no estaría satisfecha con el porcentaje recibido, reclamando unos 70 millones de euros.

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, Ángela Claverol, ha asegurado este martes que varias mujeres han muerto en Andalucía por el retraso en el cribado del cáncer de mama, "una de ellas esta pasada semana". En una entrevista en el programa de radio De este a oeste, de la cadena Onda Local de Andalucía, la presidenta de Amama ha asegurado además que "no hay ningún estudio que demuestre que son 2000 mujeres las afectadas”, pudiendo tratarse de más.

Claverol denuncia que la Junta de Andalucía y su presidente, Juanma Moreno, generan ansiedad en las mujeres al no tratarlas y no decir cuál ha sido el problema. Sobre la consejera de salud, Rocío Hernández, ha afirmado que no quiere introducir a las mujeres en el Servicio Andaluz de Salud (SAS): “Si introduce a esas 2000 mujeres en el sistema, se colapsa, porque ya está colapsado”, avocando a estas mujeres a depender de una sanidad privada que no todas pueden pagar. "Me ha contactado gente para ofrecerme dinero para esas mujeres, para que se hagan las pruebas por privado", ha insistido la presidenta de Amama, además de preguntarse "¿cuánto vale la vida de una mujer andaluza?" y reclamar a las instituciones que inviertan el dinero necesario para tratarlas.

Esta misma mañana, se ha conocido que Izquierda Unida Andalucía ha presentado una denuncia contra el SAS en la Fiscalía General del Estado. En ella se acusa a la Consejería de Salud andaluza de un presunto delito de homicidio imprudente. El texto presentado por el partido afirma que "miles de mujeres se han visto expuestas a un riesgo cierto y grave para su salud, al quedar sin seguimiento clínico durante un periodo prolongado" y que "de haberse producido el fallecimiento por cáncer de mama de alguna mujer que se haya sometido al cribado y haya recibido un resultado dudoso sin el seguimiento correspondiente, estaríamos ante un supuesto de homicidio imprudente".

El pasado lunes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, afirmó que había recibido la información sobre los fallos en el cribado muy tarde por un error en los sistemas de comunicación, sin embargo, fuentes sindicales consultadas por elDiario afirman que había conocimiento interno sobre retrasos en el programa desde enero de 2024. La Junta sostiene que ahora se encuentran en el momento de resolver el problema y más tarde se depurarán responsabilidades.

El próximo miércoles 8 de octubre se llevará a cabo una concentración frente a la sede central del Servicio Andaluz de Salud con el respaldo de las asociaciones de mujeres de Sevilla bajo el lema "Nuestra vida no puede esperar", que buscará denunciar que "los inadmisibles fallos en el cribado del cáncer de mama por parte del SAS están poniendo en peligro la vida de miles de mujeres".

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¿Puede un Estado financiar, mediante millonarios afines, a políticos en un país extranjero para que estos aprueben legislación a su favor? PAra la mayoría resulta muy difícil pensar que, por ejemplo, Francia pudiera pagar cientos de miles de euros a personas de todos los partidos en España para que beneficiaron en el Congreso los intereses económicos, militares y geopolíticos del país galo. Sin embargo, esta es la manera en la que Israel opera desde hace años en Estados Unidos.

La influencia del Estado de Israel en la vida política estadounidense es indudable desde la creación del propio Estado. El país, presidido por Benjamin Netanyahu, se sirve de lobbies y asociaciones financiadas por millonarios sionistas para ejercer una gran influencia sobre políticos tanto demócratas como republicanos. El lobby sionista en EEUU lo conforman organizaciones como Jews Democratic Council of America o Democratic Majority for Israel, además de la más influyente en ambos partidos, AIPAC –American Israel Public Affairs Committee– y su filial United Democracy Project.

AIPAC nace en 1954, fundado por el lobbista canadiense Isaiah L. Kenen como grupo de presión para contrarrestar la condena internacional a la masacre de la aldea de Qibya, en la cual el Ejército israelí asesinó a 69 civiles palestinos, dos tercios de ellos mujeres y niños. 

Desde su fundación, AIPAC ha tratado de influir activamente en la política estadounidense, financiando campañas y presionando a los distintos gobiernos para beneficiar a los intereses de Israel. En 2003, el lobby sionista se mostró a favor de presionar a congresistas estadounidenses para favorecer la invasión de Irak, pero también ha tratado de influir en la imposición de fuertes sanciones contra Irán y sus aliados.

La influencia de ese grupo de presión va más allá de tratar de decantar primarias a nivel local o estatal, busca defender los intereses de Israel durante la toma de las decisiones más importantes en materia de política exterior. Para lograrlo financia las campañas de ambos candidatos a la presidencia y de los cargos más relevantes a nivel institucional.

El periodista argentino y experto en relaciones internacionales y geopolítica, Roberto Montoya, en conversación con infoLibre, explica que “la influencia de AIPAC ha llegado a tal punto que se aseguran tener gente afín a su mensaje en los gabinetes que controlan gran parte de la política exterior para Oriente Medio”. Pero no solo eso. Según Montoya, “tanto demócratas como republicanos han respetado la relación con Israel" y eso también se percibe en la relación con la propia organización sionista ya que "todos los presidentes se ven obligados a pasar por la reunión anual de AIPAC, donde van personas de mucho poder y tiene una gran relación con el Gobierno israelí”.

En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la encargada de aprobar la legislación federal, han recibido dinero por parte de la AIPAC para sus campañas tanto el líder de la minoría, el demócrata Hakeem Jeffries (866.000 dólares), como el presidente de la propia cámara, el republicano Mike Johnson (618.000 dólares). El líder de la mayoría en el senado, John Thune, recibió 120.000 dólares entre 2019 y 2024, según datos del portal Open Secrets, lo que evidencia el control económico que ejerce el lobby sobre los órganos de poder estatal más importantes.

Además, el grupo de presión proisraelí presume orgullosamente en su página web de que los 129 candidatos demócratas apoyados por su lobby ganaron sus primarias en el año 2024, primarias que en muchas ocasiones se ven condicionadas por las cifras de dinero astronómicas inyectadas para favorecer al candidato que defiende los intereses de Israel. 

A pesar de la enorme influencia que ejerce el lobby sionista en Estados Unidos, una minoría de políticos demócratas y republicanos se mantiene firme ante las presiones económicas que ejercen estas organizaciones. Estos políticos se ven frecuentemente aislados en las votaciones sobre el envío de dinero para financiar material militar que posteriormente se utiliza para llevar a cabo el genocidio en Gaza. El republicano Thomas Massie ha sido uno de los más vocales dentro de su partido, al posicionarse en contra del envío de dinero a Israel, lo que le ha granjeado fuertes enemistades entre el resto de representantes republicanos y críticas de parte del presidente Donald Trump. Además, Massie ha realizado declaraciones contrarias a la línea de su partido sobre los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, lo que ha provocado que Trump le retire su apoyo.

En los demócratas, Cori Bush, la primera congresista demócrata afroamericana, fue derrotada en las primarias de San Luis por cinco puntos, después de que se posicionara en contra del “castigo colectivo” contra los palestinos y AIPAC financiara la campaña de su rival con 8,5 millones de dólares, según informó el medio israelí Haaretz. En las primarias demócratas entre el congresista Bowman, muy vocal en contra del genocidio, y el centrista George Latimer, a favor del estado de Israel, el lobby sionista invirtió 14 millones de dólares en publicidad negativa sobre Bowman y en la campaña de Latimer, tal y como desveló la BBC, y acabó venciendo en la carrera electoral por lo que fue felicitado públicamente por AIPAC. Y es que tal y como explica Roberto Montoya: “Mantener una buena relación con el lobby te asegura un apoyo económico, de banqueros, inversores inmobiliarios, etc.”

Sin embargo, el lobby no puede ganar siempre, el pasado 24 de junio el candidato progresista del partido demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, venció en las primarias para la alcaldía de la ciudad.   

Zohran Mamdani, suscitó todo tipo de opiniones tras su victoria hace ya tres meses en las elecciones para ser el representante del partido demócrata que buscará ostentar el puesto de alcalde de la ciudad de Nueva York. Este neoyorquino de origen ugandés se ha mostrado a favor del movimiento por la desinversión, el boicot y las sanciones, y durante su tiempo como miembro de la asamblea de la ciudad impulsó la aprobación de un decreto ley para acabar con la exención fiscal a organizaciones benéficas que colaboran con asentamientos israelíes ilegales. 

El caso del candidato progresista ha representado una excepcionalidad rompedora. El nuevo candidato a la alcaldía de Nueva York por parte del Partido Demócrata fue capaz de vencer al exsecretario de Vivienda, Andrew Cuomo, quien era respaldado por las figuras más importantes dentro del propio partido, los lobbies sionistas más poderosos y formaba parte del equipo legal de Benjamin Netanyahu destinado a defenderle de las acusaciones de la Corte Penal Internacional. A pesar de haber distinguido siempre entre antisionismo y antisemitismo, Mamdani ha recibido agresivas críticas y acusaciones por parte de grupos de presión vinculados al Estado de Israel que lo consideran una amenaza.

Montoya explica que acusar de antisemitismo a las personas que critican las acciones del Estado de Israel es uno de los métodos habituales usados por parte del lobby sionista y que no es casual sino que se trata de una estrategia coordinada para acallar dichas críticas.

AIPAC recibe dinero de parte de una incalculable cantidad de personas. Sin embargo, algunos de sus donantes son más generosos que otros: Jan Koum, empresario estadounidense de origen ucraniano y fundador de WhatsApp, fue el mayor donante de AIPAC en el ejercicio fiscal 2023-24, aportando 5 millones de dólares a su filial UDP, según datos del portal AIPAC Tracker. Koum, es uno de los mayores financiadores del sionismo a nivel mundial. En el año fiscal 2019-20 donó 17 millones a la European Jewish Association y 10,5 millones a la Federation of Jewish Communities of the CIS, según publicó el portal Ynet Global, filial en inglés del medio israelí Yedioth Ahronoth. El multimillonario, según informó The Times of Israel, ha financiado a través de su fundación familiar, entre otras muchas organizaciones, a la Asociación de Amigos de las Fuerzas de defensa Israelís y al Central Fund of Israel, fondo acusado de apoyar a colonos israelíes violentos en asentamientos ilegales en la Palestina ocupada.

Entre los donantes más destacados se encuentra también Miriam Adelson, una de las mayores partidarias de Donald Trump que junto a su marido, el ya fallecido Sheldon Adelson, ha financiado ampliamente todas las campañas del presidente republicano. Adelson aportó a AIPAC 5 millones de dólares en el año fiscal 2023-24, y se estima que ella y su marido han inyectado cientos de millones de dólares durante los últimos años a organizaciones que promueven el judaísmo y el Estado de Israel, tal y como reveló el medio israelí Jerusalem Post. Además financiaron directamente a la organización Birthright Israel, que organiza viajes planificados al Estado sionista de manera gratuita para jóvenes estadounidenses.

No solo individuos financian a este lobby, sino también importantes fondos de inversión como el grupo Kraft, propietario del equipo de fútbol americano New England Patriots. Este fondo donó un millón de dólares a la filial de AIPAC en el año 2022. Este no es el único caso en que sionismo y deporte se entrelazan en Estados Unidos: Martin Geller, fundador de Geller & Company, y propietario de una parte del equipo de baloncesto Philadelphia 76ers, donó 268.000 dólares en 2022 a UDP.

Ambos países viven en una relación de dependencia mutua que les mantiene inevitablemente ligados a las acciones del otro. En palabras de Montoya: “La relación entre Estados Unidos e Israel es de interés mutuo, Israel no podría vivir sin el apoyo de Estados Unidos” y, al mismo tiempo, “Estados Unidos ha visto que ese país puede controlar que no haya un bloque árabe unido que pueda condicionar el precio del petróleo o tener un poder militar importante, es el único país de Oriente Medio al que se le permite tener armas nucleares".

A día de hoy, y tras más de 68.000 palestinos asesinados, el Gobierno norteamericano mantiene una posición de respaldo férreo a las acciones del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. El pasado 18 de septiembre, EEUU volvió a vetar una resolución de Naciones Unidas que pedía el alto al fuego en Gaza y era apoyada por los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad, lo que demuestra su apoyo tajante a la barbarie que el Estado de Israel comete en la Franja y a la ocupación de los territorios palestinos.

El 27 de septiembre de 1975, la dictadura franquista asestó su último golpe mortal a la libertad política en España. Cinco jóvenes militantes de 11 acusados, dos de ETA político-militar (Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui) y tres del FRAP (Frente revolucionario Antifascista y Patriota) –Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz–, fueron condenados a muerte y fusilados en juicios militares sumarísimos y mediante consejos de guerra ante multitudinarias muestras de rechazo internacional. Sobre por qué las penas de algunos de los acusados fueron conmutadas por cárcel y otras no, la escritora Aroa Moreno Duran reflexiona: "No se explica, aquellas penas de muerte fueron un castigo que quería mostrar ejemplaridad desde dentro de ese régimen que colapsaba. Igual que los consejos de guerra fueron una farsa arbitraria, lo fueron sus sentencias".

La ejecución de los jóvenes significó el culmen del sistema franquista, que entendía la autoridad como violencia. "Los fusilamientos son la última expresión de un proceso de radicalización que tuvo su punto álgido en los últimos años del franquismo", razona Alejandro Quiroga, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. "Los niveles de represión fueron menores en los años 60, pero, al crecer la oposición al régimen, este respondió con aún más castigo", añade.

Franco hizo oídos sordos a las numerosas peticiones que recibió para indultar a los condenados y el caso adquirió tal relevancia que el propio papa Pablo VI trató de interceder por ellos: llamó en varias ocasiones a Franco pero fue ignorado. También el propio hermano del dictador insistió en que los perdonara, apeló a su moral cristiana y le aseguró que se arrepentiría. La presión internacional no frenó al régimen, que "no pensaba que iba a tener una gran reacción desde fuera", argumenta Quiroga. Y, en parte, el cálculo no fue del todo erróneo puesto que, según Quiroga, "no hubo grandes sanciones a medio plazo", lo que dio al dictador la potestad de continuar con su actividad.

Franco firmó las condenas de muerte, y es probable que no tuviera tiempo para arrepentirse, pues tan solo dos meses después murió a consecuencia de su ya muy deteriorado estado de salud. Moreno Durán explica que "el dictador estaba enfermo y con él, la dictadura"; y por tanto "la fuerza de la oposición desde principios de los setenta era cada vez más desestabilizante y se agravó la respuesta represiva".

Un nutrido grupo de militares participaron en los consejos de guerra que condenaron a muerte a las últimas cinco víctimas de la represión franquista. Fiscales, vocales y jueces que protagonizaron un proceso sin las garantías judiciales exigibles. Pasado el tiempo, y bajo la protección que les otorgaban la Transición y los primeros pasos de la democracia, algunos de ellos reconocieron haber sido parte del proceso de mala gana y haber recibido órdenes “de arriba” para que la mayoría de los acusados recibieran como castigo la pena capital. 

El consejo de guerra en el que se condenó a muerte a Ángel Otaegui fue presidido por el coronel de infantería José Lasanta Martínez, que hizo las veces de juez instructor. Lasanta, ya retirado y dedicado a la vida contemplativa, fue asesinado por ETA 13 años más tarde, el 13 de junio de 1990, mientras paseaba por el paseo de La Concha de San Sebastián. José Urtubia Ramírez, fallecido en el año 2010, fue otro de los presidentes del consejo de guerra y fue ascendido a general de brigada de artillería en el año 1983, ya en democracia, cuando era ministro de Defensa Narcís Serra Serra y presidente del Gobierno Felipe González. Por sus "méritos", le fue concedida la Gran Cruz de San Hermenegildo en el año 1986.

Otra de las figuras relevantes en los juicios fue el capitán auditor Jesús Cejas Mohedano. El diario digital El Salto desveló en 2018 que Cejas Mohedano estaba implicado en una trama de fondos de capital riesgo relacionada con CRM (Capital Riesgo Madrid), empresa que también se vio envuelta en polémica por invertir un millón y medio de euros en otra compañía, de la cual era accionista un primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, como también reveló El Salto.

Entre los militares involucrados en las ejecuciones, Ángel Campano López, que murió en 1995 y fue uno de tantos que se presentaron voluntarios para formar parte de la División Azul tras la Guerra Civil. Ejercía como capitán general de la I Región Militar (Madrid) y director general de la Guardia Civil, puesto del cual fue cesado el 23 diciembre de 1976 por no impedir que miembros del cuerpo se manifestaran ilegalmente. Su hijo Miguel Ángel Campano Mendaza, fallecido en 2018, fue un reconocido pintor galardonado con el premio Nacional de Artes Plásticas.

Ángel Urquijo Quiroga, fallecido en el año 2010,  y Juan García Saro actuaron como vocales, y el teniente coronel Ramón González Arnao Díez lo hizo como fiscal. El coronel Ricardo Oñate, que fue jefe del tribunal durante uno de los juicios, ejerció el cargo de capitán general de Granada hasta su muerte en el año 1984 y a día de hoy conserva un monumento con su imagen en su pueblo natal, en la provincia de Valladolid.

Muchos de los militares implicados en el juicio continuaron ostentando cargos de relevancia en el ejército o la judicatura. Quizá el más destacado fue José Antonio Sáenz de Santamaría, quien en aquel momento era  jefe del Estado Mayor y número dos de la Guardia Civil. Sáenz de Santamaría fue responsable de llevar a cabo los preparativos para las ejecuciones que acabarían con la vida de los cinco jóvenes militantes que formaban parte de ETA y del FRAP. Además, fue director general de la Guardia Civil hasta el año 1986. El militar (que no tiene parentesco con la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría) ejerció de asesor del ministro del Interior José Barrionuevo entre 1982 y 1989, en el Gobierno de Felipe González. Barrionuevo sería condenado en 1998 y pagaría una breve pena de cárcel por la guerra sucia contra ETA. El juez Baltasar Garzón investigó a Sáenz de Santamaría por su implicación en los GAL pero no recibió condena alguna.

El Consejo de Ministros, que dio su "enterado" a las sentencias de muerte, estaba formado, entre otros, por figuras que formaron parte de la vida política tras la Transición. Más tarde algunos de ellos participarían de la fundación de Alianza Popular, ahora Partido Popular. Fernando Suárez González fue ministro de Trabajo y procurador de las Cortes franquistas y más tarde diputado de Alianza Popular en el congreso hasta el año 1989 y eurodiputado hasta el 1994.

Antonio Carro Martínez fue el último ministro de presidencia franquista durante los gobiernos de Arias Navarro, formó parte de la legislatura constituyente con Alianza Popular y ejerció como diputado hasta el año 1989. Luis Rodríguez de Miguel estuvo al frente del Ministerio de Vivienda y fue consejero nacional del Movimiento durante el tiempo en que se llevaron a cabo las ejecuciones. Años más tarde, y ya en democracia, fue designado como fiscal general del Tribunal Supremo hasta su muerte, en 1982. De esta forma, la Transición supuso, más que una ruptura, una continuación. "Se lleva a cabo un pacto entre élites que lo que buscaban era que el régimen siguiera su curso, no que se pasara a un sistema democrático real", manifiesta Quiroga.

Tanto es así que la impunidad para todos los implicados en los fusilamientos fue absoluta. La ley de amnistía aprobada en las Cortes generales en 1977 perdonó todos los delitos políticos, y si bien permitió la salida de prisión de aquellos cuyas penas de muerte habían sido conmutadas por tiempo de cárcel, no administró justicia, librando de responsabilidad alguna a aquellos que, en los últimos meses de la dictadura, acabaron con la vida de cinco jóvenes que no pudieron disponer de un juicio justo.

Tal y como Aroa Moreno Durán explica a este medio, “es insólito que no hayan podido ser juzgados los crímenes de una dictadura, que se permitiera la continuidad de ciertas personas en cargos políticos en democracia y que, hasta hace dos días, torturadores y agentes de la represión conservaran sus condecoraciones y méritos”. 

Este sábado se cumplen 50 años desde que el régimen asesino de Franco diera sus últimos golpes mortales. Este mismo año, la familia de Xosé Humberto Baena ha logrado que el Gobierno aplique la ley de memoria democrática, y que Xosé deje de constar como asesino en la documentación oficial para pasar a ser considerado víctima. Una reivindicación que la familia ha llevado siempre por bandera desde que el padre del joven militante comenzara a reclamarlo un año después de su fusilamiento.

En la memoria también ha habido jerarquías y el recibir o no justicia ha dependido en ocasiones del lado del que caía la victima. "Los miembros de ETA han tenido un mayor reconocimiento por el impacto posterior del grupo. En cambio, las víctimas pertenecientes al FRAP han pasado más inadvertidas", expone el profesor de la Complutense. Sobre las víctimas y su reconocimiento, Moreno Durán afirma que “todas deben ser reconocidas como víctimas, sin escalas, lo que implica el reconocimiento oficial de todos los crímenes del franquismo”.

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