Cada 22 de abril celebramos el día de la Tierra poniendo en duda la eficacia de la diplomacia ambiental para solventar los retos a los que se enfrenta la humanidad. Sin embargo, en este 2026, las palabras sobre sostenibilidad suenan más vacías que nunca mientras el cielo del Golfo Pérsico se tiñe de negro por el humo de la guerra. Parafraseando a Al Gore, podemos decir que nos enfrentamos a otra verdad incómoda: no existe política ambiental posible en un escenario de guerra.

La ciencia es clara y demoledora: hemos sobrepasado siete de los nueve límites planetarios. Según el Centro de Resiliencia de Estocolmo, ya no solo estamos alterando el clima y perdiendo biodiversidad a ritmos de extinción masiva, sino que hemos desbordado los ciclos del nitrógeno y fósforo, el cambio de uso de suelo, el acceso al agua dulce, la contaminación por entidades químicas sintéticas (PFSa, microplásticos, Disruptores endocrinos, etc) y, más recientemente, el umbral crítico de la acidificación de los océanos. Estamos fracturando los pilares biofísicos que han mantenido la estabilidad de la vida durante el Holoceno. Ante un colapso de tal magnitud, las políticas de "desarrollo verde" o los planes de mitigación y adaptación al cambio climático se presentan como soluciones loables, pero en realidad son meros parches de emergencia si no se detiene primero la maquinaria bélica que devora recursos y ecosistemas.

Existe una hipocresía institucionalizada en las altas esferas del poder global. Las naciones se reúnen en fastuosas cumbres climáticas (COP) para discutir reducciones marginales de CO2 y objetivos para 2050, mientras que en los consejos de defensa se aprueban presupuestos récord para la industria armamentística de aplicación inmediata. Cada misil disparado, cada tanque movilizado y cada refinería bombardeada en los actuales conflictos que asolan Irán y el Golfo Pérsico es un clavo más en el ataúd de nuestras metas climáticas. La guerra es la actividad humana con mayor intensidad de carbono y menor transparencia; sus emisiones suelen quedar fuera de los inventarios nacionales bajo la excusa de la "seguridad nacional".

El gasto militar global ha alcanzado cifras obscenas que triplican con creces la inversión anual necesaria para financiar una transición energética justa y completa en todo el Sur Global. Mientras se escatiman recursos para el Fondo Verde del Clima o para la restauración de humedales críticos, se despilfarran billones en tecnologías de muerte: drones, bombas guiadas y logística pesada que son, en esencia, la antítesis de la sostenibilidad. No estamos simplemente ante un problema de emisiones, sino ante un problema de prioridades civilizatorias. No se puede hablar de "salvar el planeta" en un foro de las Naciones Unidas mientras se suministran las armas que convertirán ecosistemas enteros en zonas de sacrificio tóxicas yermas de vida.

El conflicto en el Golfo no es solo una disputa territorial o ideológica; es el estertor de una economía del siglo XX basada en el petróleo que se niega a morir. Aquellos intereses que buscan perpetuar la dependencia fósil nos están abocando a un escenario de rotura irreversible de los límites planetarios. No estamos ante una crisis de recursos, sino ante una crisis de poder: la transición hacia energías limpias y modelos circulares amenaza los cimientos de las jerarquías que han dominado el mundo a través del control de los hidrocarburos.

La verdadera amenaza para la supervivencia humana no es solo el aumento de la temperatura, sino la voluntad de las élites políticas y económicas de mantener un modelo productivo extractivista a cualquier precio, incluso a costa de la guerra. La agresión hacia Irán y la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz son síntomas de una patología de un sistema que genera valor a partir de la destrucción. En esta lógica, la guerra no es un error del sistema, sino su herramienta de mantenimiento para asegurar que el flujo de crudo, y de capital, no se detenga, incluso si eso significa incinerar el futuro climático.

Estas acciones son las que impiden que la economía circular y la transición ecológica sean realidades sistémicas, reduciéndolas a meras estrategias de marketing corporativo. Las élites del siglo XX saben que un mundo verdaderamente circular, basado en la autosuficiencia y la regeneración local, volvería irrelevante el control militar sobre los estrechos marinos y los yacimientos. Por ello, prefieren el escenario del conflicto: la guerra justifica el gasto, el gasto alimenta la industria, y la industria perpetúa el modelo que nos está matando.

La economía circular no puede entenderse simplemente como un sistema técnico de gestión de residuos, sino que debe ser reivindicada como una estrategia de paz estructural. Al proponer un modelo productivo que elimina la necesidad de extraer materias vírgenes en geografías lejanas, la circularidad desactiva la principal motivación geopolítica de los conflictos armados contemporáneos: el control de los recursos escasos. Sin embargo, la economía de guerra actual opera bajo una ontología diametralmente opuesta, fundamentada en el consumo masivo y acelerado de recursos que jamás retornarán al ciclo productivo. Un ejemplo devastador es la huella de carbono de la logística militar, donde un solo caza de combate puede consumir en una hora de vuelo más combustible fósil del que un ciudadano medio utilizaría en varios años, anulando cualquier esfuerzo individual de ahorro energético.

Esta colisión de modelos se manifiesta con especial crudeza en los ataques a infraestructuras petroleras en Irán. Los bombardeos no solo detienen la producción, sino que liberan nubarrones masivos de hidrocarburos y metales pesados que provocan un ecocidio instantáneo. Estas partículas acidifican el suelo fértil y se filtran en la biodiversidad marina, causando un daño sistémico que la economía circular tardará siglos en intentar mitigar. Existe, además, una contradicción insalvable en la gestión de las prioridades presupuestarias; mientras las instituciones claman por fondos para la regeneración de suelos y la limpieza de plásticos en los océanos, ese capital se evapora literalmente en el humo de las explosiones de misiles cuyo coste de fabricación bastaría para restaurar ecosistemas enteros. En última instancia, la guerra representa el estadio final del modelo lineal de "extraer, fabricar y destruir", demostrando que sin un escenario de paz global cualquier avance en circularidad será insignificante, ya que es físicamente imposible reciclar un mundo que se está quemando activamente por intereses militares.

En este Día de la Tierra 2026, la demanda debe dejar de ser una súplica climática para convertirse en una rebelión política por la vida que fusione irremediablemente el movimiento ecologista con el pacifismo radical. No hay ecología posible sin la abolición de la guerra, del mismo modo que no habrá paz duradera mientras nuestra economía dependa de perforar la Tierra para quemar petróleo. Debemos entender que la seguridad del siglo XXI no se construye con sistemas antimisiles ni con la hegemonía militar en el Golfo, sino con la soberanía alimentaria, la protección de acuíferos y la creación de comunidades resilientes que no necesiten invadir a otras para sostener su existencia. El actual conflicto con Irán es la prueba definitiva de que el modelo fósil ha entrado en una fase de canibalismo terminal que pone en entredicho la supervivencia misma de la humanidad sobre este planeta.

Es una falacia creer que la biodiversidad se recuperará o que el cambio climático se detendrá mientras las grandes potencias sigan priorizando la dominación estratégica sobre la estabilidad biofísica de la biosfera. Por tanto, elegir entre perpetuar los intereses de un modelo económico basado en las energías fósiles que nos conduce al abismo o abrazar un nuevo modelo productivo basado en la dignidad de todas las personas y el respeto a los límites planetarios es la única decisión real que debemos tomar. El desmantelamiento inmediato de la economía de guerra es condición indispensable y previa a cualquier meta de sostenibilidad planetaria.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

Desde que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó su primera evaluación en 1997, la serie de informes Global Environment Outlook (GEO) ha servido como la columna vertebral científica para la diplomacia ambiental global. A diferencia de los informes especializados que diseccionan el clima o la biodiversidad por separado, el GEO se ha distinguido históricamente por ofrecer una visión holística, conectando los puntos entre la economía, los sistemas sociales y la salud planetaria. Durante casi tres décadas, estos documentos han actuado como un sistema de alerta temprana, advirtiendo a los líderes mundiales sobre tendencias preocupantes que, trágicamente, se han ido confirmando una tras otra. Sin embargo, el reciente lanzamiento de esta séptima edición (GEO-7) marca una ruptura fundamental con el pasado. Bajo el título "Un futuro que elegimos", el informe abandona la cautela diplomática para plantear una realidad binaria y brutal: o transformamos radicalmente nuestros sistemas de energía, alimentación y materiales ahora, o nos enfrentamos a un colapso sistémico que drenará billones de dólares de la economía mundial anualmente.

El diagnóstico científico del GEO-7 es devastador y confirma que el sistema climático ha entrado en lo que los expertos denominan "territorio desconocido". Los datos recopilados indican que, sin una intervención drástica e inmediata, la temperatura media global superará el umbral de seguridad de 1,5 °C a principios de la década de 2030, una fecha que ya está al alcance de la mano. Más alarmante aún es la proyección. Bajo las políticas actuales y las tendencias de mercado existentes, la humanidad se dirige hacia un calentamiento catastrófico de entre 2,4 °C y 3,9 °C para finales de siglo. Este escenario no solo implica un clima más cálido, sino un planeta fundamentalmente diferente y hostil. El informe subraya un riesgo existencial que a menudo se diluye en el debate público: los puntos de inflexión climáticos. Ya no hablamos de cambios lineales y graduales, sino de umbrales críticos que, una vez cruzados, desencadenan reacciones en cadena irreversibles. Estamos al borde de activar eventos como la muerte masiva y funcional de los arrecifes de coral tropicales, el colapso de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida Occidental, y el deshielo abrupto del permafrost, liberando cantidades ingentes de metano que acelerarían aún más el calentamiento fuera de control humano.

Ante esta amenaza existencial, el GEO-7 identifica que los parches superficiales ya no son suficientes; se requiere una reingeniería total de cómo consumimos y producimos, señalando la transición hacia una economía circular global como un imperativo de supervivencia. El modelo lineal actual de "extraer-usar-tirar" se revela no solo como insostenible, sino como suicida a largo plazo. Las proyecciones del informe estiman que, si mantenemos el rumbo actual impulsado por estilos de vida intensivos en recursos y una urbanización desmedida, la demanda global de materiales se disparará hasta las 160.000 millones de toneladas para 2050. Este volumen de extracción es incompatible con la vida en un planeta finito. La solución propuesta implica una transformación profunda hacia la circularidad, extendiendo la vida útil de los productos y maximizando la eficiencia, lo que podría limitar esa demanda a niveles manejables por debajo de las 120.000 millones de toneladas. Esta transición es crucial no solo para frenar la contaminación por plásticos, que actualmente inunda los océanos y cuesta a la economía más de 1,5 billones de dólares anuales en daños a la salud, sino también para asegurar el suministro de minerales críticos necesarios para la propia transición energética, evitando que la solución a la crisis climática genere una nueva crisis de biodiversidad por la minería desenfrenada.

Sin embargo, la viabilidad de estas soluciones técnicas y económicas choca frontalmente con una barrera formidable que el informe identifica con inusual franqueza: la resistencia política y los intereses creados. El GEO-7 advierte explícitamente sobre la naturaleza política de las transformaciones necesarias, reconociendo que el cambio generará ganadores y perdedores y que habrá una feroz oposición por parte de aquellos que se benefician del status quo. Es en este contexto donde el auge global de movimientos políticos de extrema derecha representa, quizás, la amenaza más inmediata y peligrosa para la seguridad planetaria. En un momento histórico que exige una cooperación multilateral sin precedentes para gestionar sistemas atmosféricos y ecológicos que están intrínsecamente interconectados, las agendas nacionalistas, aislacionistas y proteccionistas actúan como un acelerador del desastre. Al rechazar los acuerdos internacionales, despreciar la evidencia científica y promover una soberanía mal entendida, estos movimientos desmantelan la gobernanza ambiental necesaria para resolver problemas que, por definición, no respetan fronteras nacionales.

Esta dinámica política no es simplemente una diferencia de opinión ideológica, sino un obstáculo activo que busca blindar industrias obsoletas a costa del futuro colectivo. En lugar de facilitar la transición económica que propone el GEO-7, la cual generaría beneficios netos de decenas de billones de dólares anuales hacia la segunda mitad del siglo, estas ideologías tienden a subsidiar y proteger artificialmente a los sectores de combustibles fósiles y al extractivismo tradicional. Lo hacen a menudo bajo la falsa promesa de salvar empleos que, en realidad, están condenados por la propia dinámica del mercado y el agotamiento de los recursos, atrapando a sus economías en tecnologías del pasado mientras el resto del mundo avanza. Además, la erosión de la cohesión social es una táctica común de estos movimientos, que frecuentemente marginan a las poblaciones vulnerables y atacan los derechos de las comunidades indígenas. El informe destaca, irónicamente, que son precisamente estos pueblos indígenas quienes, a través de sus conocimientos tradicionales y custodia del territorio, ofrecen algunas de las soluciones más efectivas para la conservación de la biodiversidad. Atacar sus derechos no es solo una injusticia social, sino un error estratégico ambiental.

Las consecuencias de permitir que este obstruccionismo político dicte la agenda global serán severas y se medirán tanto en vidas humanas como en pérdidas económicas. El GEO-7 desmonta el mito de que la acción climática es "demasiado cara", demostrando contablemente que lo impagable es la inacción. Si continuamos bajo las tendencias actuales, nos enfrentamos a una reducción del PIB mundial de hasta un 22% para finales de siglo, una cifra que eclipsa cualquier recesión conocida. Esta pérdida vendrá acompañada de una inseguridad global crónica, donde la degradación ambiental actuará como un multiplicador de amenazas, exacerbando conflictos por el agua y la tierra, provocando migraciones forzadas masivas y profundizando la pobreza y la desigualdad. Las políticas de muros y fronteras cerradas que propone la extrema derecha se revelarán inútiles ante crisis sistémicas como las pandemias zoonóticas, las nubes de contaminación transfronteriza o el colapso de las cadenas de suministro alimentario.

En conclusión, el mensaje del GEO-7 es un recordatorio urgente de que la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente. Tenemos la tecnología, el capital financiero y el conocimiento científico para construir un futuro próspero, saludable y seguro. Los beneficios de la transformación, estimados en más de 100 billones de dólares anuales para 2100, superan con creces los costes de inversión inicial. Pero el informe deja claro que la principal barrera ya no es técnica, sino política. Frenar el avance de las agendas que niegan la realidad científica y priorizan el beneficio inmediato de unos pocos sobre la supervivencia de la mayoría no es solo una batalla cultural o ideológica, es un imperativo de supervivencia biológica y económica. La humanidad se encuentra en una encrucijada definitiva, y la elección que hagamos en esta década marcará nuestro futuro.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

La Unión Europea se presenta al mundo como la campeona de la transición ecológica, una región que avanza con paso firme hacia un futuro neutro en carbono. El Pacto Verde Europeo es su estandarte, una ambiciosa hoja de ruta que promete modernizar la economía, impulsar la competitividad y, crucialmente, "no dejar a nadie atrás". Los datos macroeconómicos parecen respaldar esta narrativa: “La economía verde crece a un ritmo vertiginoso”, duplica la creación de empleo de los sectores tradicionales y atrae inversiones millonarias. Sin embargo, bajo esta superficie de éxito se esconde una realidad mucho más compleja y preocupante. Un análisis detallado de los indicadores revela una profunda paradoja: mientras Europa se vuelve más eficiente en su producción, su modelo de consumo sigue siendo radicalmente insostenible y los costes sociales y ambientales de la transición se distribuyen de forma alarmantemente desigual.

A primera vista, las cifras son para ser optimistas. Los datos de Eurostat muestran una divergencia espectacular y sostenida entre el crecimiento de la economía ambiental y la del conjunto de la UE. Desde el año 2000, mientras el PIB total de los 27 crecía de forma modesta, el Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía ambiental se ha disparado casi un 190%. En paralelo, el empleo en este sector se ha más que duplicado, pasando de tres millones de puestos de trabajo en el año 2000 a 6,7 millones en 2022.

Este dinamismo se concentra, sobre todo, en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética. Es el motor que impulsa las curvas ascendentes, una consecuencia directa de los objetivos del Pacto Verde y del paquete legislativo "Fit for 55". La inversión acompaña esta tendencia: tras un bache en 2016, la inversión en protección ambiental en la UE ha crecido de forma constante, acelerándose notablemente desde 2020 para alcanzar casi los 76.000 millones de euros en 2024, impulsada en gran medida por los fondos de recuperación NextGenerationEU.

Las proyecciones indican que la transición podría crear hasta un millón de empleos adicionales para 2030. La fabricación de baterías, por ejemplo, podría generar más de 100.000 nuevos puestos de trabajo, y la infraestructura de carga para vehículos eléctricos, otros 120.000. La economía verde no es una utopía, es un negocio floreciente que genera riqueza y empleo. Pero, ¿a qué precio real?

Aquí es donde la narrativa oficial empieza a mostrar sus fisuras. El concepto clave para entender la paradoja europea es el "desacoplamiento". Por un lado, la UE ha tenido un éxito notable en el desacoplamiento relativo: hoy genera más PIB por cada tonelada de CO2 que emite o por cada tonelada de materiales que consume. Según datos de Eurostat, si en 2012 la economía europea generaba 1.907 euros de PIB por cada tonelada de materiales consumida, en 2022 esa cifra ascendió a 2.504 euros. Somos, sin duda, más eco-eficientes.

Sin embargo, este logro técnico oculta un fracaso estructural en el desacoplamiento absoluto, el único que garantiza la sostenibilidad a largo plazo. Este implicaría reducir el impacto ambiental total, independientemente del crecimiento del PIB. Y aquí, los datos son contundentes. La huella material media de la UE, que mide el consumo total de recursos, se ha mantenido obstinadamente estancada en torno a las 14-15 toneladas por persona durante la última década. No hay una reducción real. El aumento de la eficiencia ha sido neutralizado por un aumento del consumo total, un fenómeno conocido como la "paradoja de Jevons".

Más preocupante aún es la huella de consumo, un indicador que calcula cuántos planetas Tierra se necesitarían si toda la humanidad viviera como un ciudadano medio de una determinada región. Los resultados, basados en datos de Eurostat, son alarmantes: si todo el mundo consumiera como un europeo medio, necesitaríamos casi 3 planetas para sostenernos.

Esta insostenibilidad, además, es profundamente injusta. La brecha entre los Estados miembros es abismal. Mientras que la huella de consumo de España se acerca a los 2,5 planetas, la de países como Alemania o Francia supera los cuatro. La prosperidad de las naciones más ricas y competitivas de la UE descansa sobre un consumo desproporcionado de recursos, cuyos costes ambientales —deforestación, extracción minera, degradación del suelo— se externalizan sistemáticamente a otras regiones del mundo, especialmente al Sur Global.

La injusticia no es solo global, sino también interna. Un análisis geográfico de la contaminación revela la existencia de "puntos calientes", o "zonas de sacrificio", dentro de la propia Unión. Los mapas de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) sobre la intensidad de las emisiones industriales son desoladores. Muestran una clara concentración de la contaminación por partículas (PM2.5 y PM10) en los países del este y, en menor medida, del sur de Europa. Regiones de Polonia, República Checa, Bulgaria o Grecia presentan una intensidad de emisiones significativamente mayor que las de Alemania, Francia o los países nórdicos.

Se dibuja un panorama de especialización productiva injusto, donde las industrias más contaminantes o menos tecnificadas se concentran en las regiones con menor poder económico y político. Un informe de la AEMA de 2023, titulado La desigualdad social y la exposición a la contaminación atmosférica en Europa, confirma esta realidad: la concentración de partículas finas es consistentemente más de un 30% más alta en las regiones más pobres de la UE.

Esta situación se agrava cuando se introduce el factor étnico, dando lugar a lo que el sociólogo Robert Bullard denominó "racismo ambiental". En octubre de 2020, la UE reconoció por primera vez en un documento político la conexión entre la discriminación racial y los desafíos ambientales que enfrentan las comunidades gitanas, a menudo segregadas en áreas ambientalmente degradadas y con acceso inadecuado a servicios básicos como el agua potable. Que este reconocimiento llegara tan tarde evidencia que la justicia ambiental ha sido, durante mucho tiempo, una asignatura pendiente en las políticas europeas.

Si la dimensión ambiental revela una profunda injusticia distributiva, la social es aún más alarmante. El principio de "no dejar a nadie atrás" choca frontalmente con la cruda realidad de la pobreza energética. El mapa de Eurostat sobre la incapacidad de los hogares para mantener una temperatura adecuada en la vivienda muestra una Europa rota en dos: un norte y centro relativamente protegidos frente a un sur y este profundamente vulnerables. En países como Finlandia o Austria, el porcentaje de hogares en esta situación es inferior al 4%; en Bulgaria, Grecia o España, la cifra se dispara por encima del 15%.

La crisis de precios de la energía, agravada por la guerra en Ucrania, no hizo más que acelerar un problema estructural. En la Zona Euro, el porcentaje de hogares incapaces de calentarse adecuadamente saltó del 6,9% en 2019 a un dramático 11,3% en 2023. Este dato demuestra que las redes de seguridad social y los mecanismos de apoyo, como el Fondo de Transición Justa, no han sido suficientes para proteger a millones de ciudadanos.

Paradójicamente, mientras la presión sobre los hogares aumenta, la voluntad política para aplicar el principio de "quien contamina, paga" parece debilitarse. Según Eurostat, el peso de los impuestos ambientales como porcentaje de los ingresos fiscales totales en la UE ha disminuido de forma constante, pasando del 6,82% en 2014 al 5,19% en 2023. Esta tendencia sugiere una reticencia a aplicar una fiscalidad ambiental ambiciosa que podría ser una herramienta clave para financiar una transición verdaderamente justa.

La Unión Europea se encuentra en una encrucijada. El modelo actual de competitividad, incluso con su indispensable y ambicioso barniz verde, genera profundas e insostenibles tensiones con la justicia ambiental. La narrativa de una transición beneficiosa para todos se desvanece ante la evidencia de un consumo de recursos que excede los límites del planeta, una fractura territorial que concentra la contaminación en las regiones más pobres y un coste social que recae desproporcionadamente sobre los más vulnerables.

El éxito a largo plazo del proyecto europeo dependerá de su capacidad para resolver esta paradoja. No bastan los ajustes técnicos ni las ganancias en eficiencia. Se requiere un reenfoque valiente y estructural que ponga la justicia social y ambiental en el centro de todas las políticas. Esto implica reformar la fiscalidad para que sea progresiva, invertir masivamente en la rehabilitación de viviendas y el transporte público asequible, y democratizar la transición, dando una voz real a las comunidades afectadas.

La alternativa es seguir avanzando hacia una Europa a dos velocidades: una que cosecha los beneficios económicos de una "economía verde" de alta tecnología, y otra que soporta la carga de la contaminación, la precariedad y la pobreza energética. Un futuro así no solo sería injusto, sino que socavaría la propia legitimidad y cohesión del proyecto europeo. La verdadera competitividad del siglo XXI no se medirá solo en puntos de PIB, sino en bienestar, equidad y resiliencia. Y en esa carrera, Europa todavía tiene un largo camino por recorrer.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

Frente a esta realidad, la economía circular emerge con vigor como un paradigma alternativo y, crucialmente, regenerativo. Su propósito fundamental no es otro que desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos finitos y de la generación de impactos ambientales negativos. Para alcanzar tal fin, se hace imprescindible un rediseño de los sistemas productivos, de los modelos de consumo y de las propias cadenas de valor. Este rediseño se orienta estratégicamente a minimizar la generación de residuos y, simultáneamente, a maximizar la utilización y el valor intrínseco de los recursos que ya se encuentran en el sistema económico, promoviendo para ello un abanico de estrategias que incluyen la reutilización, la reparación, la renovación, la remanufactura y el reciclaje de alta calidad.

Es importante subrayar que este cambio de paradigma no responde únicamente a una necesidad ambiental perentoria, sino que, además, se configura como un potente motor de innovación, un catalizador para la mejora de la competitividad empresarial y una fuente tangible de creación de valor económico y social a largo plazo. En este contexto, la Directiva sobre Información Corporativa en materia de Sostenibilidad (CSRD) de la Unión Europea, junto con sus correspondientes Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS), y en particular la Norma Europea de Información sobre Sostenibilidad E5 (NEIS E5) relativa al uso de los recursos y economía circular, impulsan una mayor transparencia, rigor y comparabilidad en la manera en que las empresas informan sobre sus estrategias, las acciones que acometen y el desempeño que alcanzan en este ámbito vital.

La buena noticia es que el compromiso de las empresas españolas con la economía circular va en aumento. Muchas compañías ya no ven este modelo solo como una obligación para gestionar residuos, sino como una fuente de valor y una parte clave de su negocio a largo plazo. Cada vez más empresas cuentan con políticas claras sobre el tema, e incluso están creando puestos directivos y comités dedicados específicamente a la sostenibilidad y la economía circular.

Se están realizando esfuerzos importantes en el diseño ecológico de los productos, buscando que duren más o se puedan reciclar mejor al final de su vida útil. También se observa un interés creciente en utilizar más materiales reciclados y de origen renovable en la producción. La gestión de los residuos que generan las empresas también ha mejorado significativamente. Muchas empresas se esfuerzan por reducir la cantidad de residuos que envían al vertedero, y algunas incluso han logrado obtener certificaciones de "residuo cero a vertedero" para algunas de sus instalaciones. Además, se está invirtiendo en innovación para encontrar nuevas soluciones, como el desarrollo del reciclaje químico para tratar plásticos que antes eran difíciles de reciclar.

Pero a pesar de estos avances, el camino hacia una circularidad total es todavía largo y presenta bastantes barreras. Uno de los grandes retos para las empresas es mirar más allá de sus propias fábricas y oficinas. Es fundamental que analicen y actúen sobre toda su cadena de valor: desde cómo y dónde obtienen sus materias primas hasta qué ocurre con sus productos una vez que los consumidores dejamos de usarlos.

Con frecuencia, el enfoque principal sigue estando en gestionar los residuos que ya se han generado, en lugar de adoptar estrategias verdaderamente proactivas para prevenir que esos residuos se produzcan en primer lugar. Aunque muchas empresas establecen objetivos, estos a menudo no son lo suficientemente ambiciosos o no cubren todos los aspectos importantes de la economía circular, como por ejemplo, la reducción significativa del consumo de materias primas vírgenes.

Por otro lado, la información financiera en materia de economía circular también es una asignatura pendiente. Resulta prácticamente imposible conocer cuánto dinero se invierte realmente en iniciativas de economía circular y qué beneficios económicos concretos se están obteniendo gracias a ellas. Y aunque se informa sobre el uso de materiales reciclados, a menudo falta detalle sobre el origen exacto y la cantidad total de estos materiales en todos los productos que se comercializan.

Para acelerar esta transformación, la Unión Europea ha puesto la lupa sobre las empresas. Se han desarrollado nuevas normativas, como la Norma Europea de Información sobre Sostenibilidad (NEIS), y más concretamente la NEIS E5, que está específicamente dedicada al uso de los recursos y la economía circular. Estas reglas exigen mucha más transparencia y un mayor nivel de detalle en la información que las entidades deben proporcionar. Las empresas tendrán que informar con más rigor sobre sus políticas, las acciones que llevan a cabo, los objetivos que se marcan y cómo la economía circular afecta o podría afectar a sus resultados financieros. Este nuevo marco ayudará a que se puedan comparar mejor las actuaciones entre diferentes empresas y a asegurar que los compromisos se traduzcan en acciones concretas y medibles.

En definitiva, el viaje de las empresas españolas hacia la economía circular está definitivamente en marcha. Se observan avances, pero también una necesidad clara de acelerar el ritmo y profundizar en los esfuerzos realizados. Los próximos años serán cruciales. Con el impulso de las nuevas regulaciones europeas y una creciente conciencia por parte de la sociedad, la transformación hacia un modelo donde nada se desperdicia y todo se aprovecha no es solo una opción, sino un imperativo estratégico para asegurar un futuro más sostenible y mantener la competitividad. La tarea es grande, pero las oportunidades para innovar, ser más eficientes y crear valor también lo son.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.