En menos de 24 horas, tras el ataque de Trump y Netanyahu contra Irán, el precio del gasóleo agrícola subió de 0,92 a 1,20 euros y la campaña de primavera en Castilla y León depende del precio de los fertilizantes nitrogenados, que ya anuncian su escalada por el aumento del coste del gas licuado, que también se traslada a la factura eléctrica; un golpe directo contra el regadío.

En un mundo globalizado, la guerra de los misiles en Oriente Próximo llega inmediatamente a los campos castellanos y leoneses. El miedo a un conflicto prolongado fuerza compras masivas en los mercados de Chicago y París, con el trigo europeo superando los 200 euros la tonelada y se inflan las cotizaciones locales en nuestras lonjas. COAG y ASAJA ya han lanzado la voz de alarma contra la “asfixia económica” de nuestros campos, en medio de una ola especulativa con acaparamiento de productos e insumos.

La larga sombra del trumpismo se cierne sobre una campaña anual que ya había sido declarada excepcional por la Junta de Castilla y León debido a la sucesión de adversidades climáticas, con especial incidencia en las zonas de secano. Los efectos del cambio climático –a pesar de los negacionistas terraplanistas– se suma a las tensiones geopolíticas que se agravan. La PAC de la Unión Europea sigue siendo un hilo insuficiente, con sus 1.132 millones, para mantenerse a flote. Pero, además, ahora Trump amenaza con nuevas sanciones contra nuestra agricultura y ganaderías exportadoras.

Por eso, porque la nueva guerra de Oriente Próximo, tras las guerras civiles alentadas en Irak, Siria y Líbano, será larga y solo favorece a los intereses energéticos y agrícolas de las grandes empresas de EEUU; es fundamental rehacer el consenso detrás del “escudo social” que construimos, de la mano con la UE, para hacer frente a la epidemia de la Covid. Asegurar, con las ayudas imprescindibles, que no sufrimos un segundo frenazo en el relevo generacional, que no se despueblan las zonas rurales y que las explotaciones agropecuarias se modernizan con las nuevas tecnologías esenciales para mantener la competitividad.

Pero, si el “escudo social” es imprescindible, ¿por qué votan en su contra en el Congreso las fuerzas políticas negacionistas del cambio climático, aliadas del peor imperialismo, que responden con protestas cuando se defiende el derecho internacional frente a los poderosos? En pocas ocasiones ha habido una conexión tan directa entre la situación de la agricultura y la ganadería en nuestras zonas rurales y las tensiones geopolíticas provocadas por el trumpismo.

Sin “escudo social”, el Plan de apoyo a la ganadería extensiva de 2025 de la Junta de Castilla y León, simplemente se quedará corto. Pero para empezar a abrir nuevos horizontes en las ayudas fundamentales al sector, hace falta un cambio de raíz de la financiación autonómica, que traslade al Estado central una parte importante de la deuda acumulada y aumentar así el gasto público. Pero Partido Popular y Vox se han cerrado en banda, perjudicando directamente a todos los ciudadanos, pero muy especialmente al sector agrícola y ganadero, en nombre de su lucha por el poder en Madrid. Su sombra se confunde así con la del Trump más destructor.

Un giro por el “escudo social”, por una nueva financiación autonómica, exige también una nueva Junta en Castilla y León. Ahora es la oportunidad de votar por un gobierno autonómico progresista que defienda la paz, la prosperidad y dé aire al campo. Una Junta que haga luz en medio de las sombras trumpistas.

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Agustín Santos Maraver es diplomático, ha sido Embajador de España ante la ONU (2018-2023) y es el portavoz de Sumar en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados.

Del 30 de junio al 3 de julio de este año se celebrará en Sevilla la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (Ff4D) de Naciones Unidas. Se reúne en un momento de crisis económica y geopolítica internacionales, que han supuesto un importante bloqueo en el esfuerzo de implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La brecha de financiación alcanza ya en los últimos cinco años los cuatro billones de dólares anuales.

En el núcleo de esta crisis está la deuda externa, que totalizó la cifra sin precedentes de 8,8 billones de dólares en 2023, según el Banco Mundial. El servicio de la deuda se ha doblado en una década, hasta los 971 mil millones de dólares anuales, y el pago de intereses fue de 406 mil millones. A las puertas de la Conferencia, una docena de países están en quiebra y casi una cuarta parte de los Estados miembros de Naciones Unidas, los más pobres, han declarado moratorias y están renegociando su deuda. Es la situación más grave en la financiación internacional para el desarrollo en dos décadas y, de hecho, el flujo de financiación se ha revertido y actualmente los países en vías de desarrollo transfieren más capital a los países desarrollados que la ayuda oficial al desarrollo.

Las Instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), han vuelto a reimponer la línea de austeridad neoliberal a los países deudores tras la crisis del covid. El objetivo central de Naciones Unidas es reformar las instituciones de Bretton Woods y volver a situar en primer plano la necesidad de aplicar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), porque “el sistema está moralmente en bancarrota” y “es un sistema creado por los países ricos para beneficiar a los países ricos”. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no encontró otro Estado del G-20 dispuesto a organizar la IV Conferencia que España.

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) cayó globalmente un 9,6% en 2024, situándose en los 212 mil millones de dólares y la OCDE estima que caerá aún más, otro 9-17% en 2025. La causa fundamental fue la reducción de las contribuciones a las organizaciones multilaterales (-10,9%) y los fondos destinados a mantener a Ucrania ante la invasión rusa (-16,7%). Solo cuatro países miembros de la OCDE (Noruega, Luxemburgo, Suecia y Dinamarca) han alcanzado el objetivo de destinar el 0,7% de su PIB a la AOD. España se encuentra, tras aumentar en 2023 y 2024, en el 0,25% de su PIB.

Si la transferencia de recursos del Norte al Sur global vía AOD parece incapaz de afrontar la herencia del neocolonialismo y el subdesarrollo, el énfasis recae en la gestión de la deuda externa, el mecanismo más importante de extracción de riqueza de los países subdesarrollados por los países ricos. Para ello es urgente una reforma de los mecanismos de decisión y gestión de los grandes bancos de desarrollo, de manera que su mandato sea promover los ODS adoptados por la asamblea general de Naciones Unidas. Pero los mecanismos de decisión de estos bancos están en manos de los acreedores de deuda externa y la marginación de los Estados deudores.

La cuestión para el secretario general de la ONU es cómo cambiar esa correlación de fuerzas. A corto plazo, aumentando el flujo de préstamos al Sur global, revirtiendo las políticas neoliberales. Renegociar la deuda externa con paquetes de cancelación de deuda injusta y abusiva, obligando a los acreedores públicos y privados a negociar, establecer condicionantes que aseguren suelos mínimos de gasto social e infraestructuras en el Sur global –una cláusula de exclusión para los ODS – frente a la presión del servicio y el pago de la deuda, ampliar la utilización de los derechos especiales de giro de los países ricos.

Pero también es esencial reformar los mecanismos de gestión, de manera que se asegure que los análisis de Sostenibilidad de la Deuda del FMI y el BM integran los ODS y los intereses de los Estados afectados por la deuda en los planes anuales para el desarrollo sostenible.

La Coordinadora de ONGs para el Desarrollo (CONGD) de España ha elaborado una importante aportación sobre todas las cuestiones que debe abordar la IV Ff4D que se puede consultar aquí. Por su parte, el primer borrador de las conclusiones de la IV Conferencia, que se está negociando con muchas dificultades, se puede consultar en inglés.

Como se puede ver en ambos documentos, la agenda de la IV Conferencia implica un análisis general del fracaso del sistema de financiación internacional surgido de la Conferencia de Bretton Woods, pero centrado en la situación del Sur global y el cumplimiento de la Agenda 2030. Son los primeros pasos hacia la construcción de un horizonte alternativo de regulación y gestión del sistema económico internacional. En medio de la guerra arancelaria de la Administración Trump puede parecer utópico. Pero la cadena de quiebras por la deuda externa, la inestabilidad social agravada por las consecuencias del cambio climático, el crecimiento de la pobreza y de las migraciones para escapar de la miseria, son muy reales y se concretan en millones de víctimas tanto en el Sur como en el Norte global.

La distopía del capitalismo global exige concretar la esperanza ecosocialista. En los próximos meses debemos discutir y acordar cómo reforzar el movimiento de solidaridad con el Sur global en todos sus aspectos, recuperando las movilizaciones de los Foros Sociales y proponiendo mociones y legislación que, paso a paso, concrete la solidaridad antiimperialista.

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Agustín Santos Maraver es diplomático, ha sido Embajador de España ante la ONU (2018-2023) y es el portavoz de Sumar en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados.

Desde 1979 el objetivo de las distintas administraciones de EEUU ha sido el cambio de régimen y el fin de la República Islámica. El régimen teocrático de los ayatollahs –surgido del aplastamiento del movimiento popular democrático que acabó con el Shah de Irán, principal peón, con Israel, de los intereses imperialistas en Oriente Próximo– ha supuesto el principal obstáculo para su control de Oriente Medio. La ocupación humillante de la Embajada de EEUU en Teherán, la guerra Irak-Irán y las dos guerras del Golfo, el apoyo a los movimientos islamistas de la región, hasta conformar un “eje de resistencia” opuesto a Estados Unidos, Israel y Arabía Saudí, han visto aumentar una confrontación existencial por el control geopolítico de la mayor zona de producción de hidrocarburos del mundo.

Frente a los Acuerdos de Abraham de la Administración Trump –la normalización de Israel en la región y su alianza con las monarquías petroleras–, el régimen de los ayatollahs iraníes ha intentado en nombre de un anti-imperialismo islámico reaccionario erigirse en contrapoder regional. Pero ha sido incapaz de sostener el embate. Su economía ha sido bloqueada por las sanciones, la opresión interna ha ido erosionando su base social entre los jóvenes, las mujeres y los trabajadores, y ha sufrido derrotas estratégicas en Irak, Siria, Líbano y Gaza, con la caída del régimen de Al Assad y la derrota de Hamás y Hizbollah. Los asesinatos selectivos israelíes de militares y científicos nucleares han destapado la corrupción e infiltración en sectores decisivos del régimen teocrático.

El ataque de Hamás el 7 de octubre contra Israel y la respuesta genocida del Gobierno Netanyahu contra Palestina han creado las condiciones militares y políticas para hacer posible ese cambio de régimen buscado por Washington desde hace décadas.

Fue la primera Administración Trump la que denunció los acuerdos de control nuclear de Obama y los países europeos con el régimen de los ayatollahs. Teherán se ha mantenido dentro del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) y, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) –que mantiene una delegación permanente en Irán–, cuenta con 408,6 kg de uranio enriquecido al 60%, que podría convertir en uranio para armas nucleares con un 90% de enriquecimiento en un período de uno a tres años. El coste en términos de sanciones económicas sería enorme y ello explica que, hasta hace unas semanas tras el ataque israelí, el régimen de los ayatollahs se haya mantenido en el TNP y en los límites de producción de uranio de uso civil inspeccionados por la OIEA. Además, Irán no cuenta con sistemas de lanzamiento capaces de instalar ojivas nucleares.

Muy distinto es el caso de Israel que, con ayuda primero de Francia y después de EEUU, ha desarrollado una fuerza de represalia nuclear de unas 90 ojivas y que exige no solo su reconocimiento fáctico como potencia nuclear sino también el monopolio de esa capacidad en toda la región de Oriente Medio.

La confluencia de circunstancias políticas y militares, la falta de respuesta internacional al genocidio de Gaza, la presión del Gobierno de extrema derecha de Netanyahu por sus propios intereses estratégicos, ha acabado decantando la decisión de la Administración Trump de atacar las facilidades nucleares iraníes y confiar en un desplome del régimen de los ayatollahs antes de que el conflicto se extienda a todo Oriente Medio y afecte no solamente a la producción y transporte del petróleo y el gas, sino a la estabilidad de las monarquías petroleras del Golfo. Es decir, los ataques de Israel y EEUU continuarán y se ampliarán irónicamente en nombre de prevenir la escalada.

Quizás sea ya una ingenuidad recordar que el ataque de Israel y EEUU contra las instalaciones nucleares iraníes viola la Carta, las resoluciones y cuantas convenciones especializadas existen de Naciones Unidas, además del derecho humanitario. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido con toda claridad del peligro real que existe de un accidente nuclear como el de Chernobyl de 1986 y llamado a un cese inmediato de las hostilidades.

Lejos de crear las condiciones internas de una revuelta popular contra el régimen teocrático, los ataques de Israel y EEUU harán resurgir el nacionalismo y el ánimo de venganza de la guerra contra Irak, ahogando las voces críticas de mujeres, jóvenes y sectores reformistas. En cualquier caso, ni los restos de las élites monárquicas ni de los Mujahedin-e-Khalq (Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, en el exilio albanés tras haber luchado con Sadam Hussein) suponen ninguna alternativa. Y las izquierdas aún no son capaces de superar la terrible represión del régimen. 

Más guerra, más genocidio, más inestabilidad, más fanatismo es lo que espera a Oriente Medio. Muy lejos de las promesas de la primavera árabe y de la revuelta de las mujeres iraníes.

A los demás nos toca exigir el fin inmediato del genocidio y los bombardeos, el cese de las hostilidades, el respeto de la Carta y las resoluciones de Naciones Unidas y la convocatoria bajo su patrocinio de una Conferencia de Paz y Seguridad de Oriente Medio, capaz de acordar la solución de dos Estados, la desnuclearización de la región y frenar los intereses imperialistas en Oriente Medio.

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Agustín Santos Maraver es diplomático, ha sido Embajador de España ante la ONU (2018-2023) y es el portavoz de Sumar en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados.