Las asociaciones vecinales en Madrid surgieron de la masiva migración interior de los años 60 y 70 del siglo pasado. Aquellas personas que llegaban a la capital buscando un futuro mejor configuraron poblados que eran chabolistas al principio y barrios dignos después, resultado de una lucha incisiva por recursos, infraestructuras, dotaciones y servicios públicos que favorecen una vida digna. Se formaron como espacios multiculturales donde participaban las personas que habían llegado desde regiones como Andalucía, Extremadura, Galicia o las dos Castillas, mayoritariamente población "nacional", lo que configuró el imaginario de un “nosotros” con un bagaje social, cultural y lingüístico compartido.

La mayoría de las personas migrantes de hoy proceden de otros países y, como aquellas, traen consigo sus tradiciones, costumbres, creencias, valores e idioma, unas diferencias que, sin embargo, tal y como propone el antropólogo Manuel Delgado han conformado en el imaginario social la figura del “inmigrante”, un extranjero que es un intruso al que se le carga de consideraciones negativas. Tarea urgente es combatir ese imaginario.

La población migrante ya se ha organizado en múltiples asociaciones y colectivos, proporcionando espacios donde sentir pertenencia y no extrañeza, donde tejer una red social y tener seguridad. Estas asociaciones tienen diferentes funciones y objetivos, juegan un papel fundamental en la acogida y proporcionan a las instituciones información muy valiosa que en ocasiones se traducen después en programas y mejoras para la población migrante. Toca ahora que estos vecinos y vecinas, que muchas veces llevan décadas en el barrio o el pueblo, crucen el umbral de las puertas de las asociaciones vecinales.

Nuestros vecinos y vecinas de origen migrante se enfrentan a un racismo institucional y social, visible por ejemplo en las identificaciones policiales. Según el Centro Iridia de Defensa de los Derechos Humanos, dos de cada tres personas identificadas en las calles en Barcelona son de origen extranjero. Esto tiene además un efecto social: la hipervisibilización de estos vecinos y vecinas, con connotaciones negativas, genera un mecanismo de exclusión basado en estereotipos. La persona de origen migrante aparece entonces como "ilegal", como amenaza, o como alguien que no pertenece a la vecindad. Y también como un peligroso competidor de los siempre escasos y limitados servicios y recursos públicos o de derechos básicos como el acceso a una vivienda digna, el principal problema de nuestra sociedad. Si para un autóctono es difícil conseguir un techo, con este imaginario negativo lograr un alquiler se convierte en un imposible para una persona de origen migrante con recursos económicos limitados.

Hemos normalizado que hay personas en situación irregular o que al ser extranjeros de una nacionalidad de fuera de UE tienen menos derechos, sin importar si llevan viviendo aquí 15 años o más. Cuando la UE aprobó en 1992 el Tratado de Maastricht muchos ciudadanos y ciudadanas de origen extranjero vieron como sus derechos civiles eran reconocidos al poder votar y ser elegibles en las elecciones municipales, pero creó una nueva discriminación con las personas cuya nacionalidad no es de ninguno de los estados miembro.

Esta población no es ciudadana de pleno derecho. Y como expone Javier de Lucas, el primero de los derechos es el derecho a tener derechos, un principio básico de no discriminación.

Actualmente lo que proporciona derechos plenos es la nacionalidad, estableciéndose así el binomio nacionalidad/ciudadanía. Mientras la nacionalidad se consigue después de un largo proceso administrativo, que hace que muchas personas estén en situación irregular durante años, incluso que no la puedan lograr nunca, siendo excluidas del sistema, la ciudadanía se ha establecido como un privilegio, perdiendo el valor de cohesión social y hasta cultural que tenía.

Pero las personas de origen migrante que viven aquí son vecinas y vecinos desde el primer día, actores de la primera comunidad política que es el barrio, el distrito, el pueblo o la ciudad. Por eso es tan importante poner el foco en la dimensión vecinal, pues es ahí donde tenemos los mismos derechos y obligaciones, al compartir las mismas necesidades, los mismos espacios y deberes entre vecinas y vecinos. Siendo el barrio, el municipio o el pueblo donde la persona migrante o de origen migrante se percibe a si misma como perteneciente a una comunidad, son las administraciones e instituciones de proximidad las primeras que identifica para poder participar activamente y defender sus intereses y los intereses comunes.

En este marco, reivindicamos una ciudadanía vecinal en clave de participación política activa, que va más allá del derecho al sufragio universal, como facultad de intervenir en la definición y orientación de las políticas que rigen la vida pública.

Sin promover la participación política de la vecindad de origen migrante en el ámbito municipal y autonómico, siendo protagonista real en la elaboración de las políticas públicas y también en las decisiones, no se podrá dar una convivencia adecuada. Hasta que esa vecindad no se sienta reconocida en condiciones de igualdad junto al resto de habitantes del lugar donde vive no será posible una nueva ciudadanía.

Es muy difícil sentirse plenamente ciudadano/a si las necesidades e intereses son ignorados en la comunidad en la que se habita, por lo que las asociaciones vecinales en los barrios, las AMPAS en los centros educativos y los sindicatos en los centros de trabajo, hemos de trabajar para que nuestros vecinos y vecinas migrantes se incorporen a estos espacios, como ciudadanos y ciudadanas iguales que luchan por los intereses de la comunidad, que son los suyos.

Frente a aquellos que quieren barrios de solo nacionales blancos, construyamos barrios de acogida, donde las vecinas y vecinos sean ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho desde el primer día, defendiendo así una nueva ciudadanía.

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Casilda Rivilla es miembro de la directiva de la FRAVM