Las democracias no pueden permitirse la degradación de su vida pública porque esto abre la puerta a la violencia política. Los procesos de quiebra democrática suelen producirse de forma gradual: primero llega el señalamiento, después el lenguaje denigrante contra el adversario y, finalmente, el hostigamiento, que en ocasiones termina en asesinato. Son actitudes que todos debemos condenar. Sin matices. Me da igual que esa violencia se manifieste señalando a Pedro Sánchez como “hijo de puta” por parte de los sectores extremistas e irresponsables del PP; que deseando a Santiago Abascal el mismo final que tuvo Mussolini; que calumniando a los parlamentarios del Movimiento Sumar, Unidas Podemos o ERC en los pseudomedios de ultraderecha.

Hace años que Isabel Díaz Ayuso normalizó el insulto al presidente del Gobierno. Las televisiones de la derecha la invitan frecuentemente y nadie es capaz de corregirla, ni siquiera en lo más mínimo, cuando profiere estos exabruptos. Lo mismo sucede cuando ella o algún miembro del Partido Popular introducen datos falsos en alguno de esos programas matinales que todos conocemos y no hay un solo periodista que les llame la atención, no por difundir un ideario de derechas, sino por utilizar la mentira de manera grosera con objeto de erosionar al Gobierno.

Esta difusión de mensajes de odio es desconocida en nuestra vida pública y no la ha sufrido ninguno de nuestros políticos desde la Transición, excluyendo el periodo de la violencia etarra. Bien harían los expresidentes del Gobierno que tanto se esfuerzan por denigrar a Sánchez en denunciar estas prácticas porque sufrieron oposiciones menos feroces, lo cual contribuyó a construir nuestra democracia como un espacio en el que la crítica rigurosa no excluía la civilidad y la lealtad institucional.

En este circo de hipérboles se puede apelar a cualquier cosa, por grave que sea. Hace apenas un año Mariano Rajoy se permitió decir que “con el actual Gobierno hemos visto de todo. Cosas que no se habían producido nunca” —entiendo que se refería a la corrupción—, sin mencionar, claro, que durante sus gobiernos fueron investigados 60 casos que afectaban al PP, con alrededor de 1.200 cargos implicados. El de Cristóbal Montoro, por cierto, podría convertirse en el escándalo más grave de la democracia y apenas ocupa algún espacio en medios.

Este deterioro del debate público no solo afecta a la calidad democrática, sino que impide evaluar con rigor cuestiones de enorme relevancia para todos, como la economía o el conflicto catalán. Cuando el espacio público se llena de falsedades, la realidad queda sepultada bajo catástrofes imaginarias que nada tienen que ver con los hechos, y Cataluña es el ejemplo más claro.

Más allá de la opinión que podamos tener sobre la Ley de Amnistía, no existe ningún mecanismo en marcha hacia la secesión de Cataluña. Lo que ha avanzado es la desjudicialización del conflicto y una renegociación fiscal dentro del marco autonómico, aún abierta. Se ha pasado de una estrategia de confrontación por parte del nacionalismo catalán a otra de negociación que ni modifica el marco constitucional ni permite la secesión. Además, se ha preservado y mejorado uno de los elementos más valiosos en una democracia: la convivencia.

Sucede lo mismo en el ámbito económico. Felipe González jamás se hizo con la economía. Durante sus cuatro Gobiernos, la inflación nunca bajó del 4,3%, con picos del 14%, y el desempleo del 16%, con picos del 24,5%. En materia económica, la segunda legislatura de Zapatero fue un completo desastre. Esto ayudó a crear el axioma que dice que el PSOE arruina la economía, mientras que el PP la recupera.

Todo ello se rompe de forma contundente con el Gobierno de coalición de Sánchez: España es el país de Europa que más empleo crea; nunca había habido tantas mujeres trabajando ni tantos inmigrantes afiliados a la Seguridad Social; las exportaciones crecen cada año de forma constante y el turismo también aumenta; y se han incrementado tanto el PIB como la renta per cápita. Fuentes: Eurostat; FRONTUR; EGATUR; ICEX; INE; Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Ministerio de Industria y Turismo.

Con todas estas cifras sobre la mesa, que el PP reivindicaría con orgullo, es normal que los populares no debatan en el Congreso sobre el estado real de nuestras finanzas, y esa es la razón de que haya tanto ruido: un escenario dominado por la confusión les resulta más cómodo que admitir una realidad que no encaja con su apocalíptico relato.

Es verdad que España carga con el lastre del problema de la vivienda —la mayor parte de las competencias sobre vivienda recae sobre comunidades y ayuntamientos—, la precarización del mercado laboral de los más jóvenes y los bajos salarios en comparación con Europa. Pero ninguno de estos problemas constituye una prioridad para el PP.

El Partido Popular defiende desde 2007 otorgar la nacionalidad a los nietos de españoles exiliados o emigrados durante la dictadura franquista. El propio Rajoy habló de “discriminación manifiestamente injusta” porque la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, de 2007, excluía a los emigrantes económicos.

Durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, en 2022, el PP presentó una enmienda que regulaba la nacionalidad de los hijos y nietos de españoles emigrantes y que coincidía en lo esencial con el texto aprobado. Incluso así, los populares votaron en contra, y ahora Feijóo habla de “ingeniería electoral” al referirse a la ‘Ley de Nietos’ porque todo es susceptible de ser usado de forma demagógica con el fin de dañar al Gobierno de Sánchez.

Todo esto nos lleva a preguntas de alcance sobre la España que puede nacer a partir de ahora: ¿Cómo es posible que el PP asuma por completo el discurso de Vox acerca de la “prioridad nacional”? ¿Queremos vivir en un país en el que se creen diferencias reales y palmarias entre ciudadanos en función de su origen étnico o su pertenencia a un grupo? ¿Podemos normalizar los discursos de odio pensando que no tendrán consecuencias nefastas sobre la convivencia?

La democracia no se degrada solo por la violencia política, sino por el discurso que la sostiene y precede. Si Feijóo no denuncia la retórica contraria a los derechos humanos de Vox, entonces el problema no es únicamente el extremismo de los de Abascal, sino el peligroso desplazamiento del PP hacia posiciones propias de la ultraderecha, que nos sitúan en un escenario inquietante.

La salud de una democracia depende, entre otras muchas cosas, de que sus principales actores políticos mantengan un compromiso inequívoco con los límites constitucionales y la dignidad del adversario, y esas líneas rojas son precisamente las que hoy se están traspasando.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cimentó su prestigio político sobre la ética, en ningún caso sobre la socialdemocracia. Las políticas económicas de sus dos Gobiernos se construyeron sobre la base de un neoliberalismo incomprensible e injustificable en una formación de izquierdas. Lejos de representar dos modelos económicos opuestos, Felipe González y Aznar aplicaron políticas económicas propias de la derecha estadounidense, encaminadas a transferir activos públicos estratégicos a un puñado de grandes bancos, corporaciones eléctricas, constructoras y grandes inversores. Zapatero no cuestionó nada de eso; al contrario, lo asumió plenamente e incluso nombró ministros que habían formado parte de los Gobiernos de Felipe González, que continuaron operando con las mismas lógicas neoliberales. Si bien durante sus dos mandatos se produjeron avances sociales como la ley contra la violencia de género, la ley antitabaco y la ley de matrimonio homosexual, en cuanto la situación económica se deterioró, Zapatero hizo honor a la trayectoria neoliberal del PSOE, optando por hacer recaer el peso de la crisis financiera de 2008 sobre la ciudadanía y no sobre los bancos que la habían causado.

Con el fin de cumplir las exigencias de los mercados financieros y bajo la presión directa de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, Zapatero recortó en un 5% el salario de los funcionarios, congeló las pensiones, aprobó la reforma que retrasaba la edad de jubilación a los 67 años, redujo en 6.045 millones de euros la inversión pública, eliminó el cheque-bebé, recortó en 600 millones de euros la ayuda al desarrollo, abarató el despido, permitió que se incumplieran parcialmente los convenios y algunas obligaciones salariales de las empresas y reformó el artículo 135 de la Constitución sin referéndum y por el procedimiento de urgencia con el fin de dar prioridad al pago de la deuda pública (en manos de tenedores privados) antes que a la inversión social. Zapatero compartió con González y Aznar los fundamentos económicos del consenso neoliberal, de manera que nunca podremos verlo como un socialdemócrata. Zapatero solo puede ser esa pretendida “referencia ética de la izquierda” para aquellos que desconocen o deliberadamente ignoran la historia reciente de España.

El sistema mediático, académico y político nos dice que Zapatero fue un socialdemócrata. Todo esto tiene que ver con el desplazamiento de la línea ideológica hacia la derecha con el fin de que percibamos a formaciones como el PSOE, que defienden y practican políticas económicas de derecha, como si fueran partidos de izquierda, y a formaciones socialdemócratas como Esquerra Republicana de Catalunya, Sumar o Más Madrid como si fuesen peligrosísimos partidos comunistas cuya gestión destruirá la economía y acabará con las libertades. Esto es resultado de décadas de hegemonía cultural y mediática de una derecha que solo admite izquierdas domesticadas incapaces de corregir las injusticias sociales y la desigualdad.

Punto y aparte es la relación de Zapatero con la autocracia de Venezuela. Resulta más que difícil explicar que los mismos criterios sobre autoritarismo y vulneración de los derechos humanos que sirven para condenar históricamente y sin ambigüedad el franquismo (ausencia de tribunales justos y de libertad de expresión, partido único, encarcelamiento, tortura o asesinato de disidentes políticos, muerte civil de opositores al régimen, culto a la personalidad del líder, etcétera), se ignoren para continuar exculpando al castrismo, al régimen de Nicaragua o a la actual Venezuela. Hay una parte de la izquierda que defiende un estándar ético intransigente con los fascismos del pasado siglo, mientras se niega de manera sistemática a condenar las violaciones de los derechos humanos que se producen en estos países.

Causa una indignación sin límite escuchar a un expresidente de una democracia plena como España presumir de ser amigo de alguien con el perfil político de la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional. Zapatero tal vez no llegue a imaginar que, durante las muchas noches que ha pernoctado en Caracas en los últimos años, a escasos kilómetros, en el centro de El Helicoide (la prisión más temida del régimen) se torturaba a presos políticos, tal como han denunciado organizaciones de defensa de los derechos humanos como Foro Penal, PROVEA, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mencionar ese aprecio sincero por quienes, en definitiva, son los máximos responsables de esas torturas y hacerlo con esa solemnidad y convicción tan propias del personaje es motivo más que suficiente para que dejemos de verle como una referencia ética, especialmente quienes aspiramos a mantener un mínimo de coherencia moral y política.

Otro tanto podemos decir del silencio de Zapatero sobre el fraude electoral en Venezuela en 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro ganador sin mostrar las actas de las mesas, requisito imprescindible para acreditar cualquier resultado. La represión posterior se saldó con al menos 12 muertos. Que alguien con un conocimiento tan profundo de la realidad venezolana se muestre incapaz de condenar algo tan grave como el robo de unas elecciones supone una complicidad con una autocracia corrupta que deslegitima su papel de mediador.

En la misma línea, no puedo dejar de señalar la anomalía de que un presidente del Gobierno acepte unas joyas sin cuestionar su procedencia y sin cederlas a Patrimonio Nacional (tal como obligaba la normativa), y que se nos dé la peregrina excusa de que en 2007 los estándares morales eran diferentes a los de 2026, como si la ética y la transparencia fuesen atributos del Estado de derecho solo presentes en nuestros días. Zapatero eludió el Código de Buen Gobierno que él, y no otro presidente posterior, había aprobado en 2005. No es admisible que la Policía Nacional encuentre en su despacho joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros sin respaldo documental. Las democracias no sucumben únicamente ante aquellos que quieren imponer proyectos totalitarios, sino ante quienes, investidos de una supuesta autoridad moral, convierten la ley en una obligación para todos menos para ellos mismos.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

Históricamente, Estados Unidos ha aplicado políticas de confrontación y no de cooperación en varios lugares del mundo. Ocurrió en el siglo XX en América Latina, una región que, de haber disfrutado de estabilidad democrática, habría alcanzado tasas de crecimiento en PIB per cápita y clase media muy superiores y se habría convertido en un mercado natural para las corporaciones estadounidenses: muy probablemente una segunda Europa en capacidad adquisitiva, pero más cercana y con menores costes logísticos. Pero el titán norteamericano eligió promover y apoyar los procesos totalitarios a lo largo del continente. Esta lógica de confrontación se reproduce hoy en las políticas de Washington hacia China, una línea dura que no empezó con Trump, sino que ya esbozó Obama con el Pivot to Asia en 2011, reorientando recursos diplomáticos, militares y económicos hacia la región Asia-Pacífico, y continuó la Administración Biden.

Resulta ingenuo pensar que China se va a derrumbar por perder durante unos meses el acceso al petróleo iraní, porque no depende de él para sobrevivir. Irán aporta solo una fracción de sus importaciones, y el crudo es un producto global y sustituible que está en los mercados para el mejor postor. China dispone de más liquidez que la mayor parte de países del mundo, como corresponde a su papel de superexportador de productos manufacturados y tecnológicos. Pekín puede comprar petróleo a Arabia Saudí, Rusia, Irak, Angola o Brasil sin alterar su estabilidad económica porque dispone de un superávit comercial anual de un billón de dólares (billón europeo). Además, lleva más de una década blindándose frente a cualquier shock energético electrificando masivamente el transporte, dominando la producción mundial de baterías (75%), expandiendo las energías renovables a una escala sin precedentes y diversificando sus proveedores de petróleo. A esto se suman sus enormes reservas estratégicas (1.400 millones de barriles, según estimaciones), que le permiten aguantar meses sin un proveedor concreto.

Por si esto fuera poco, en marzo de 2025 China, Rusia y Mongolia acordaron construir el gasoducto “Poder de Siberia 2”, que tendrá una capacidad de unos 50 bcm/año, una cantidad equivalente al antiguo flujo del Nord Stream hacia Alemania antes de la invasión ilegal de Ucrania. Al atravesar Mongolia, China se asegura un suministro terrestre directo desde Siberia occidental, lo que la hace invulnerable a las crisis en las rutas marítimas de Oriente Medio.

Esta reconfiguración de rutas no solo beneficia a Pekín; si en un futuro cercano el estrecho de Ormuz deja de ser un lugar estable, India también se verá reforzada y ocupará un lugar estructural en el nuevo orden energético. India está situada en el centro del Océano Índico, entre el Golfo Pérsico al oeste y la región del Sudeste Asiático y China al este. Cualquier ruta alternativa a Ormuz pasa por su zona de influencia. Cuando Occidente sancionó el petróleo ruso en 2022, India demostró que sabía exactamente qué hacer en un mercado energético caótico. Compró crudo ruso con descuentos de hasta el 30%, lo refinó en sus instalaciones de Gujarat y Rajastán y reexportó los productos derivados a Europa y Estados Unidos, que no podían comprárselos directamente a Rusia. Ganó tanto en el precio de compra bajo como en el de venta alto. Ese modelo lo puede repetir ahora con el crudo que no puede llegar a sus destinos habituales por Ormuz. India no pertenece ni apoya a ningún bloque. Tiene relaciones comerciales activas con Estados Unidos, Rusia, los países del Golfo, Irán e Israel simultáneamente. En un mundo polarizado eso constituye una ventaja estratégica. India dispone de puertos profundos, refinerías de gran capacidad, una banca con liquidez y una moneda que está intentando internacionalizarse a través de acuerdos de comercio en rupias con varios países. Cuando los flujos se desorganizan, se necesita un intermediario como India, con infraestructura real para gestionar el caos.

Pero el gran ganador sistémico del conflicto de Irán sigue siendo China. La transición energética que la guerra está acelerando a marchas forzadas pasa inevitablemente por Pekín. China fabrica tres cuartas partes de las baterías y módulos solares del mundo, domina el procesamiento de minerales críticos y ejerce ya un rol de punto de estrangulamiento en las tierras raras. Una mayor electrificación global supone, en la práctica, una mayor dependencia de China. No es una paradoja, sino la consecuencia lógica de dos décadas de inversión industrial continua. Y China no se limita a producir: también financia. Está proporcionando en torno a 250.000 millones de dólares en financiación comercial para energía limpia a 50 mercados emergentes. Muchos países, especialmente en Asia y África, están copiando ya su modelo energético: energías renovables, pero también carbón como red de seguridad. China se ha convertido en el ejemplo de resiliencia que el mundo en desarrollo quiere imitar.

Esto no significa que el gigante asiático carezca de vulnerabilidades: su crisis inmobiliaria, su dependencia demográfica y la fragilidad de su consumo interno son riesgos reales. Pero en el tablero energético específico que dibuja esta guerra, sus fortalezas superan con claridad a sus debilidades. Existe un punto débil sistémico de China, que es el del estrecho de Malaca, un emplazamiento por el que discurre la mayor parte de su energía importada y de su comercio marítimo. Este estrecho es un paso angosto y fácilmente bloqueable entre Indonesia, Malasia y Singapur, que mantienen una cooperación estratégica con Estados Unidos. Esta circunstancia convierte al estrecho en un posible cuello de botella con capacidad de estrangular su economía en caso de crisis o conflicto, y por eso China lleva dos décadas buscando rutas alternativas terrestres y marítimas, reforzando su presencia naval en el Índico y diversificando proveedores para reducir un riesgo que considera existencial.

Las dos grandes rutas alternativas que China ha construido para reducir su dependencia del estrecho de Malaca son el Corredor Económico China–Pakistán, que conecta Xinjiang con el puerto de Gwadar en el mar Arábigo mediante carreteras, ferrocarriles e infraestructuras energéticas ya operativas y en constante expansión; y el corredor energético China–Myanmar, formado por un oleoducto y un gasoducto que llevan petróleo y gas desde el puerto de Kyaukphyu hasta Kunming. Ambas vías permiten a China recibir energía desde el Índico sin pasar por Malaca y forman parte de una estrategia más amplia de diversificación y seguridad energética.

Este giro dispone de arquitectura institucional sólida: el acuerdo de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), firmado en 2020, creó el mayor bloque comercial del planeta, reuniendo a China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y los diez países del Sudeste Asiático. Este tratado elimina aranceles de forma progresiva, armoniza la regulación y facilita las cadenas de suministro regionales. Su impacto estratégico es profundo: Asia puede crecer únicamente con su comercio interior porque su mercado continental ya supera en población y dinamismo a Europa y Norteamérica juntas. A través del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) y los acuerdos en monedas locales (rupias/yuanes), Asia está construyendo un sistema financiero que le permite seguir comerciando y financiándose incluso si Estados Unidos impone sanciones económicas o limita el acceso al dólar.

La guerra contra Irán, presentada por Washington como una operación de control regional, puede terminar acelerando precisamente aquello que Estados Unidos intenta evitar: el declive relativo de su hegemonía energética en un mundo que también girará alrededor de Asia.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

La experiencia de Irak en 2003 ofrece una advertencia histórica. Se llamó Operación Libertad Iraquí, pero costó cientos de miles de vidas, generó el Estado Islámico y entregó Irak a la influencia de Irán, el país que supuestamente había que contener. Veintitrés años después, parecidos argumentos y el mismo lenguaje apuntan al régimen iraní. Washington no ha extraído lección alguna de aquella catástrofe.

La invasión liderada por Estados Unidos en 2003 fue una operación militar basada en premisas falsas —como la existencia de armas de destrucción masiva—, con el objetivo de reconfigurar la economía de Irak en favor de intereses externos. Bajo la autoridad de la Coalition Provisional Authority (CPA) y el liderazgo de Paul Bremer, el país fue sometido a una transformación neoliberal acelerada. Amparadas en la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de la ONU, las autoridades de ocupación implementaron más de un centenar de órdenes ejecutivas que rediseñaron Irak como una economía abierta y subordinada. La Orden 39 permitió la propiedad extranjera total de empresas iraquíes y la repatriación inmediata de beneficios. La Orden 17, por su parte, otorgó inmunidad legal a contratistas no iraquíes y redujo los impuestos y aranceles de forma drástica, dejando a la economía local sin mecanismos de defensa.

La Orden 1 prohibió a los miembros del Partido Baaz ocupar cargos públicos. Esto provocó que, de la noche a la mañana, el Estado se quedara sin directores de hospitales, médicos y enfermeros, jueces, ingenieros eléctricos, gestores de agua, profesores de universidad, primaria y secundaria, y burócratas experimentados que hacían funcionar el país, lo que contribuyó a su colapso. La disolución del aparato estatal y las privatizaciones masivas generaron un desempleo que alcanzó niveles cercanos al 70%. Servicios básicos como el agua potable, la electricidad o la sanidad dejaron de funcionar en amplias zonas del país. Mientras tanto, la violencia se disparó, alimentada por el desmantelamiento del tejido social y económico y por el resentimiento contra la potencia invasora. En contraste, grandes corporaciones estadounidenses como Halliburton, Blackwater o Bechtel obtuvieron contratos multimillonarios en condiciones opacas y sin competencia real. La reconstrucción se convirtió en un negocio obsceno en el que fondos públicos y recursos iraquíes fueron canalizados hacia empresas con estrechos vínculos con la Administración estadounidense. El resultado fue una transferencia masiva de riqueza en medio del caos.

Las reformas de la CPA entraban en conflicto con el marco jurídico internacional que regula las ocupaciones militares. Tanto las Convenciones de La Haya de 1907 como el IV Convenio de Ginebra establecen que una potencia ocupante debe administrar el territorio sin alterar de forma estructural su orden económico y social. La ocupación estadounidense fue mucho más allá de la mera administración provisional, para terminar imponiendo cambios de carácter profundo y permanente. El país pasó de ser una tiranía con ciertas concesiones sociales a un sistema fragmentado, subordinado a intereses externos. La promesa de una “economía de mercado” no trajo prosperidad general, sino desigualdad, precariedad y desestructuración. La caída del régimen alteró el equilibrio regional y abrió la puerta a una mayor influencia iraní por medio del apoyo político y financiero a las milicias chiíes, lo que provocó la extensión de la inestabilidad en Oriente Medio.

Con todo, el error de cálculo estratégico más grave de la ocupación fue la Orden 2 de la CPA, que disolvió el ejército iraquí y dejó a entre 400.000 y 500.000 militares armados sin salario ni pensiones, con un profundo sentimiento de humillación. Este vacío de poder fue aprovechado por Al Qaeda en Irak, liderada por Abu Musab al Zarqawi, que desde 2003 empezó a reclutar yihadistas y oficiales del disuelto ejército. En 2006, ambos grupos se fusionaron, proclamando el Estado Islámico de Irak. La guerra civil siria abrió un nuevo espacio de expansión, y entre 2012 y 2013 el grupo se extendió a Siria, adoptando el nombre de Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS). El resultado fue el aumento del terrorismo sectario entre chiíes y suníes que agravó la fractura de la sociedad iraquí.

No importa qué eufemismos se utilicen con el fin de moldear nuestra percepción de la realidad, el caso iraquí revela una incómoda evidencia: la guerra no solo destruye países, también puede reconfigurarlos para servir a intereses económicos ajenos. Lo ocurrido en Irak tras la invasión ha sido interpretado por diversos analistas como un proyecto de expolio sistemático, donde la ocupación facilitó la colonización económica en beneficio de empresas vinculadas a la Administración Bush. Las lecciones son claras: sin legitimidad, sin protección del tejido local y sin control democrático, las políticas de “libre mercado” impuestas desde el exterior no generan desarrollo. Irak no fue reconstruido: fue rediseñado por un conjunto de halcones neoconservadores como Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz, que actuaron con total impunidad. La misma lógica, con distintos nombres, opera hoy desde Washington.

Las similitudes estructurales entre Irak e Irán son inquietantes. Irán es una potencia regional con un ejército de más de medio millón de efectivos, una red de milicias aliadas extendida por Irak, Siria, Líbano y Yemen, y una economía que, pese a las sanciones, mantiene una clase media urbana nacionalista con importante formación técnica. Si la disolución del ejército iraquí bastó para generar el ISIS, la desintegración del aparato militar y revolucionario iraní generaría un vacío de poder de proporciones incalculables, con milicias armadas, tecnología de misiles y una red regional de alianzas que ninguna fuerza de ocupación podría controlar. La experiencia de Irak fue el resultado predecible de ignorar la complejidad de una sociedad. Con Irán, el riesgo es aún mayor.

La caída del régimen de Saddam Hussein desestabilizó Oriente Medio durante dos décadas y entregó Irak a la influencia iraní. Un colapso del Estado iraní no produciría una democracia liberal, sino una implosión con efectos impredecibles desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, arrastrando consigo los mercados energéticos globales y abriendo nuevos frentes para el yihadismo. Europa no tiene ninguna razón para seguir de forma acrítica las políticas de enfrentamiento de Estados Unidos e Israel con Irán, más aún cuando las consecuencias económicas de un nuevo conflicto en la región serían devastadoras para Occidente. La historia reciente no nos permite ser optimistas. ¿Qué podemos esperar de la pretendida liberación de Irán por parte de quienes, como Trump y Netanyahu, ya demostraron en Gaza que el coste humano no figura entre sus prioridades?

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

La situación es la siguiente: nuestros servidores públicos se quejan del desprestigio de la política, pero cuando tienen oportunidad de dignificarla con sus acciones, deciden denigrarla una vez más. Cuarenta y cinco años después, seguimos sin tener el relato completo del 23-F. Y es imposible conocerlo cuando no podemos acceder a toda la documentación custodiada por el Estado. Algunas de las particularidades de España son únicas en Occidente. ¿Por qué no se desclasifican las conversaciones del rey Juan Carlos con el Estado Mayor y los capitanes generales, puesto que ninguno de ellos vive? ¿Por qué se ocultó el nombre del principal financiador del golpe? ¿Por qué siguen sin hacerse públicos los informes del CESID incorporados al sumario, las comunicaciones internas de las regiones militares, la documentación relativa a la Casa del Rey y las piezas declaradas secretas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1968? Durante las horas que duró el asalto, se registraron cientos de llamadas desde y hacia el Congreso de los Diputados. Telefónica tenía la capacidad de registrarlas. Sin embargo, las grabaciones de las conversaciones mantenidas por los golpistas a través de esas líneas se perdieron antes de que el juez instructor pudiera acceder a ellas.

La reciente desclasificación apenas aporta unos pocos documentos “tratados” que no aclaran lo ocurrido. Sabemos, eso sí, que los 45 disparos ordenados por Antonio Tejero frustraron cualquier intento de presentar el golpe como una operación de “cirugía política” impulsada por un supuesto sentido de responsabilidad nacional. Los documentos liberados tampoco permiten reconstruir la red civil que apoyó la maniobra ni los contactos previos entre figuras políticas. Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en presentar al monarca como salvador de la democracia, pese a que numerosos testimonios lo sitúan como conocedor —e incluso como instigador directo— del clima que propició el golpe, alimentado por sus despiadadas críticas a Adolfo Suárez.

La desclasificación parcial está orientada a preservar el relato sacralizado de la Transición, evitando esclarecer la verdadera magnitud de la operación y la implicación de sectores políticos, militares, civiles y mediáticos. Testimonios como los de Xavier Arzalluz, Josep Tarradellas, Sabino Fernández Campo, Gabriel Cisneros, Santiago Carrillo, Alejandro Rojas-Marcos o el coronel y ex agente del CESID Diego Camacho apuntan a la existencia de un “golpe blando” cuidadosamente planificado, que solo se vino abajo por la grotesca aparición de Tejero.

El papel del CESID y de figuras como Javier Calderón también debe valorarse, así como la participación de seis agentes que, según la información de los archivos del actual CNI, "o bien conocían los hechos antes del 23-F o llevaron a cabo un apoyo operativo". Alberto Saiz, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, ya había revelado en 2021 la desaparición de documentación relativa al golpe. Esa eliminación de informes internos ha dejado vacíos que hoy se intentan rellenar con declaraciones parciales y entrevistas selectivas destinadas a construir una verdad. Y ese es el relato que nos repetirán durante años.

El proceso judicial del 23-F respondió a una lógica de minimización de daños: un sumario limitado, una investigación incompleta y una justicia selectiva. El sistema político y la Corona entendieron que una investigación exhaustiva que alcanzara a la élite financiera y civil podía desencadenar una crisis de Estado. Lo comprendo: yo era un niño y recuerdo el miedo, la crisis económica y la enorme tensión social derivada del terrorismo etarra. Pero ¿por qué mantener esta opacidad casi cincuenta años después? Mientras los militares fueron juzgados públicamente, los nombres de empresarios y banqueros que presuntamente financiaron la operación desaparecieron entre pruebas destruidas y líneas de investigación nunca abiertas. El único civil procesado, Juan García Carrés, sirvió como cortafuegos, sacrificando la verdad para proteger nuestra incipiente democracia. 

Luis María Ansón declaró hace apenas dos años que Felipe González no solo conocía el plan de Armada para formar un “gobierno de concentración”, sino que se mostraba “encantado con la idea porque había llorado al perder la elecciones de 1979 frente a la UCD de Suárez”. En la misma entrevista afirmó ante un estupefacto periodista que “tomar el consejo de ministros” por parte de los militares sería “un procedimiento inmaculado”. Ansón traza paralelismos entre el plan de Armada y la Operación De Gaulle en Francia en 1958, lo que le lleva a presentar la intentona golpista como un acto de patriotismo destinado a preservar la democracia. ¿Qué habrían pensado los españoles que votaron masivamente al PSOE veinte meses después si hubieran sabido de esa supuesta aceptación de un golpe antidemocrático por parte de Felipe González?

Todo esto forma parte de una manipulación del lenguaje que sectores cercanos al PSOE han utilizado durante décadas para presentar como “progreso” y “responsabilidad” decisiones que difícilmente pueden calificarse así: la privatización de un sector público que otros países mantienen, el desmantelamiento de industrias estratégicas que en Europa se preservaron, la adopción de políticas económicas neoliberales que convirtieron España en un paraíso de desregulación y la configuración de una Unión Europea que, tras el Tratado de Maastricht, entregó a la banca privada el poder de financiar a los Estados. Por esta disposición, recogida en el artículo 104 del Tratado, España paga cada día alrededor de 100 millones de euros en intereses de deuda. Recuerden esto cuando les digan que los recursos son limitados. 

El sistema económico protege la figura de Felipe González porque forma parte de la batalla cultural: nos repiten machaconamente que, si un presidente supuestamente socialdemócrata aplicó políticas neoliberales, es porque no existe otra forma de gestionar la economía. Mientras tanto, políticas económicas socialistas son aplicadas con enorme éxito en países como Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Países Bajos o Francia. Por cierto, si el PSOE aceptó el plan de Armada (gobierno de concentración), significa que el partido ya estaba integrado en la estructura de poder antes de ganar las elecciones de 1982. Esto explicaría por qué las políticas económicas estuvieron tan alineadas con el consenso neoliberal, en lugar de con la alternativa socialdemócrata que los países nórdicos representaban. No hubo un giro a la derecha: González no contemplaba otra forma de gestión. 

No es lo mismo dejar ver que hacer ver. Cuando los ciudadanos perciben que se les oculta información relevante se genera la sensación de que las instituciones protegen intereses propios antes que la verdad o el bien de todos. Esas actuaciones son las que deterioran el crédito de las instituciones y, en última instancia, el de la democracia, algo muy difícil de restaurar. La democracia no se protege con injustificados silencios heredados de leyes franquistas, con historias edulcoradas y con una idea de “responsabilidad” que se traduce simplemente en tratarnos como a menores de edad. La verdad sobre el 23-F sigue siendo una asignatura pendiente, imprescindible para entender cómo se sostuvo nuestra democracia y quiénes estuvieron dispuestos a manipularla o aprovecharse de ella.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

Lagos consideraba lamentable que Boric fuera el primer presidente en hablar con esa contundencia y mencionaba la “derrota cultural” al afirmar que ninguno de los seis jefes de gobierno anteriores había retratado al dictador como el asesino que era, lo que supuso una forma de blanquear el pinochetismo. Esta benevolencia con los dictadores explica en parte el crecimiento de los autoritarismos que ahora vemos en tantos lugares. En España pasa algo parecido. Ningún gobierno ha hecho gran cosa por sacar de las cunetas a las víctimas del franquismo. Me parece dramático que estemos divididos por conflictos que tuvieron lugar hace 80 años, principalmente porque nuestros abuelos decidieron abrir un nuevo tiempo durante la Transición. Pero lo que tal vez nos cuesta decir es que ese período se cimentó sobre el silencio de las víctimas, que no pudieron elegir. En cualquier caso, a nadie se le puede decir que no es legítimo recuperar los restos de sus familiares. Esto constituye una obligación moral para la izquierda y la derecha, aunque para el PP no será jamás una prioridad porque es un partido esencialmente cainita cuando se habla de la Guerra Civil. Negarse a hacer pedagogía es lo que hace pervivir la imagen de los dictadores buenos. Ocurre algo parecido en la Rusia actual con la imagen de Stalin, al que las nuevas generaciones consideran más un padre de la patria que lo que realmente fue: un sanguinario genocida de indescriptible maldad. Si no se enseña historia en las escuelas, se podrá mentir acerca de cualquier hecho histórico, y ese es el sueño de los Trump, Bolsonaro, Milei o Putin. 

El periodismo no puede bailar al son que marca la ultraderecha y está obligado a decir la verdad, especialmente en materia histórica. No me gusta mencionar la Guerra Civil española porque ya tenemos demasiados elementos de división, pero si lo hacemos, estamos obligados a ser rigurosos. La derecha y la ultraderecha han sido incapaces durante cincuenta años de llegar a la conclusión a la que llega cualquier demócrata con dos dedos de frente: que en una guerra los dos bandos cometen atrocidades que nadie tiene la capacidad de frenar porque están dirigidas por grupos incontrolables, pero esta circunstancia en ningún caso puede compararse con la utilización de todo el aparato del Estado para reprimir, torturar y asesinar a los disidentes políticos, que es lo que sucedió tras la Guerra Civil. 

Lo que dicen algunos líderes del PP cuando hablan sobre la posguerra está amparado por la libertad de expresión, pero no significa que sea verdad. Más bien al contrario: tratan de dulcificar la imagen de Franco precisamente con el fin de estigmatizar a la izquierda, dando a entender que el franquismo fue una suerte de reacción de defensa contra los excesos de la Segunda República, y no un movimiento particularmente brutal con el fin de restituir el poder de clase de las élites mediante la fuerza de las armas. Es una falacia extremadamente ofensiva decir que “todos perdimos la guerra”. La guerra y sobre todo la posguerra no afectaron por igual a todos los españoles. Existe una diferencia abismal entre sufrir las penurias de una conflagración bélica  y perder la vida o la identidad en las cunetas o el exilio después de 1939. No se puede reordenar un relato para transformar un golpe de Estado en una tragedia colectiva sin culpables, con el fin de convertir a los vencedores incluso en víctimas retrospectivas, para después olvidar a los fusilados, torturados, encarcelados, exiliados, depurados, las mujeres rapadas y humilladas y los niños robados. Esto no es un debate sobre la libertad de expresión, sino la vieja pugna entre la verdad histórica y los franquistas empeñados en disfrazar la barbarie de lucha por la libertad y el orden. En el siglo XXI, la mentira como herramienta política de la ultraderecha se ha convertido en un problema estructural.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

Es una ilusión pensar que las democracias aguantan todas las tensiones. Los sistemas democráticos tienen áreas de vacío legal donde las leyes no son claras y permiten un amplio margen de interpretación. Son las fisuras por las que puede entrar el totalitarismo. Las constituciones pueden no especificar con detalle cómo debe ser una transición entre gobiernos, pero hay normas no escritas que garantizan que el proceso sea ordenado y pacífico. La Convención de Filadelfia de 1787, en la que se redactó la Constitución de los Estados Unidos, representó un momento clave por la manera en que los delegados asumieron que la democracia requería algo más que leyes: necesitaba espíritu, contención y costumbre, dado que la ley no puede anticipar todas las situaciones ni regular todas las actividades de los políticos. Incluso Nixon o el muy excéntrico Lyndon Johnson respetaron los procedimientos establecidos por sus predecesores mediante la costumbre.

Desde el punto de vista de los llamados contrapesos duros (instituciones, leyes, separación de poderes) y blandos (normas informales, ética pública, autocontención a la hora de ejercer el poder), la Convención diseñó un sistema de frenos legales, confiando en que los actores políticos respetarían los límites no escritos, algo que ha sucedido casi siempre en los últimos 250 años. Estados Unidos tuvo la enorme fortuna de que los Padres Fundadores (Hamilton, por encima de todos Madison, Washington, Franklin y Morris) eran profundos conocedores de la Ilustración europea y la historia de Grecia y Roma, de manera que conocían las causas por las que los sistemas podían caer en la tiranía. Pero no son solo las convenciones lo que está en riesgo hoy en Estados Unidos, sino la democracia en sí, porque un rasgo esencial de un delincuente vengativo y mezquino como Trump es, precisamente, que no respeta las normas. 

Los reyes de Inglaterra conservan todavía la prerrogativa de vetar leyes aprobadas por el Parlamento, pero hace siglos que no la ejercen. El último intento serio de resistirse al poder legislativo fue el de Carlos I, cuya negativa a aceptar límites constitucionales y su enfrentamiento con el Parlamento desembocaron en la Guerra Civil inglesa y el fin del absolutismo en el país. Desde entonces, el poder real fue progresivamente acotado, algo que todos los monarcas aceptan. Estos ejemplos históricos muestran que la solidez de los sistemas democráticos depende también de la voluntad ética de sus líderes a la hora de respetar límites que no son legalmente vinculantes. Cuando un agente político decide quebrar estas normas está socavando la confianza y la estructura que ha permitido que la democracia funcione de forma pacífica durante siglos.

Los sistemas de contrapesos funcionan si un número importante de agentes respeta todas las normas, pero me temo que empezará a erosionarse de forma crítica en Estados Unidos porque hay muchos agresores potenciales dispuestos a seguir a Trump en sus desvaríos autoritarios. Podemos recordar, tal vez como el mejor ejemplo, lo que hizo Mike Pence al negarse a seguir las demandas de Trump de rechazar los votos electorales durante la certificación de la elección presidencial de 2020. La negativa de Pence se basó en una interpretación estricta de sus deberes constitucionales, pero podría haber hecho lo contrario. Como vicepresidente, la función de Pence era presidir esa sesión, un papel que tradicionalmente es ceremonial. Un día antes de la certificación, emitió una declaración pública en la que explicaba que, según la Constitución y las leyes existentes, su papel era simplemente abrir y contar los votos, no decidir cuáles aceptar o rechazar. Al certificar los resultados de la elección, Pence cumplió con su deber constitucional, pero en el proceso desafió directamente las órdenes del aún presidente y se ganó su enemistad porque para un necio como Trump la lealtad mal entendida debe pasar por encima de la propia democracia. 

Otro aspecto fundamental que explica la tradicional fortaleza de la democracia estadounidense es que los Padres Fundadores eran ilustrados y liberales tanto en el orden económico como en el político. Ninguno de ellos fue lo que hoy entendemos como un neoliberal, que son los radicales que creen en un mundo en el que los verdaderos gigantes de nuestro tiempo, las grandes multinacionales y fondos, no deben ver límites a sus actividades. El propio Adam Smith, reconocía que, sin controles, los empresarios tendían a abusar o crear monopolios. No me extrañaría nada que, dado que su principal preocupación era la libertad, los liberales políticos y económicos clásicos estuvieran hoy más cerca de la socialdemocracia de Olof Palme que de la ley de la selva que defienden Trump, Milei y Ayuso. En fin. Para que perviva todo lo que conocemos no basta con la ley ni por supuesto con invocar la democracia y sus atributos, como hacen los adláteres de Trump hablando frecuentemente de “libertad” y hasta de “derechos humanos”. Lo que sostiene a los sistemas democráticos es la cultura política y el respeto por las normas no escritas. Los contrapesos duros pueden ser burlados cuando los blandos no son respetados, porque estos últimos dependen de la voluntad humana, por eso son vulnerables. Hablar de contención a dirigentes preocupados por la censura, por humillar a sus adversarios e incluso deshumanizarlos se convierte en un ejercicio de ingenuidad. Para ejercer la vida política hay que poseer grandeza, y quienes gobiernan hoy son un prodigio de mezquindad, crueldad y mediocridad. 

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

Desde la comodidad de nuestras circunstancias, exigimos a los gazatíes que condenen a Hamás mientras el fuego israelí llueve sobre sus cabezas. Del mismo modo, instalados en nuestro bienestar, fruto de décadas de disfrute del sistema democrático liberal —y con el estómago lleno—, no alcanzamos a comprender que las izquierdas latinoamericanas, hartas de los padecimientos a los que sus pueblos han sido sometidos durante siglos, sucumban a la tentación totalitaria. Las naciones del Sur Global no se sublevan porque sus medios de comunicación –en manos de élites alineadas económica, política e ideológicamente con las del Norte– apenas ofrecen información relevante. No estamos en la sociedad de la información, sino en la del entretenimiento. Es muy distinto. Pocos medios en Europa han tenido la intención de describir de forma veraz lo que ha sucedido en Venezuela desde 1999, cuando comienzan los gobiernos de Hugo Chávez, cuyos procesos electorales fueron reconocidos como limpios y válidos por el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos. Antes de que se creara PDVSA, en 1976, el control del mercado petrolífero venezolano era casi absoluto por parte de empresas extranjeras, principalmente estadounidenses. En 1928, tres compañías controlaban el 98% de la industria petrolera nacional. Dos de ellas eran estadounidenses: Standard Oil (hoy ExxonMobil) y Gulf Oil, a las que había que sumar la angloholandesa Royal Dutch Shell. Durante 30 años, desde 1913 hasta 1943, el Estado venezolano apenas recibió un mínimo de regalías del 15%, mientras que las empresas estadounidenses se quedaban con el resto para cubrir costes y beneficios. 

Aunque en 1976 el Estado venezolano asumió el control formal, las empresas estadounidenses (Exxon, Mobil y Gulf Oil) recibieron indemnizaciones cercanas a los 1.000 millones de dólares de la época, y siguieron operando mediante contratos de asistencia tecnológica. Los Gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera permitieron a las multinacionales volver a entrar con fuerza en el país, de manera que en los años noventa se crearon asociaciones en las que las empresas extranjeras (lideradas por las estadounidenses ConocoPhillips y ExxonMobil) tenían participaciones de hasta el 60% o más en proyectos estratégicos de la Faja del Orinoco. Hugo Chávez cambia la situación, obligando por ley a que PDVSA tuviera al menos el 60% de participación en todos los proyectos, lo que provocó la salida y demanda de ExxonMobil y ConocoPhillips, que no aceptaron tener una participación minoritaria. Esta asimetría en las relaciones de poder y la explotación de recursos propios por parte de empresas extranjeras no se produce en Estados Unidos, que gestiona con celo sus propios minerales e hidrocarburos. Aunque las empresas extranjeras pueden operar en el país, deben hacerlo en las condiciones que dictan las leyes estadounidenses, muy distintas a los expolios que muchas empresas occidentales llevan a cabo en muchos lugares del mundo. No es necesario leer a Kissinger o Kennan: son incontables los políticos estadounidenses que, de manera descarnada, han explicado que la política exterior de su país se guía por los intereses geoestratégicos y económicos de sus grandes grupos bancarios, armamentistas e industriales. 

Maduro ha sido un gobernante brutal y corrupto. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentan cientos de asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias desde 2014 en las protestas que han tenido lugar en Venezuela. Estos registros también han sido confirmados por organizaciones venezolanas muy respetadas como Foro Penal y PROVEA. Pero no explicar la historia en todos sus detalles supone caer en las mismas prácticas deleznables que defiende la ultraderecha, que recurre a absurdos reduccionismos para explicar problemas de enorme complejidad. Luego no se trata únicamente de condenar a Maduro desde nuestra ignorancia y desde nuestra óptica eurocéntrica y eurooccidental. En cualquier caso, achacar todos los males de América Latina al imperialismo estadounidense es tan absurdo como pretender ignorar sus  terribles efectos. La izquierda no puede enaltecer a dictadores, de ningún signo.

La paciencia de los pueblos no es infinita. Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela durante dos periodos y destituido por corrupción, negoció durante la campaña electoral de 1989 un rescate con el FMI mientras le decía al pueblo que sus intenciones eran exactamente las contrarias. Dos semanas después de su toma de posesión, presentó un durísimo paquete de medidas dictadas desde el propio FMI, que no eran más que la receta neoliberal de siempre que golpea a los pobres para preservar la posición de los ricos. Cuando las masas tomaron las calles en la mayor revuelta de la historia del país (el “Caracazo”), el Gobierno respondió suspendiendo varios artículos de la Constitución que protegían el derecho a la seguridad, el derecho a la libertad individual, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a reunirse en público y en privado y el derecho a protestar de forma pacífica. Hubo detenciones, torturas, ejecuciones y otras brutalidades que dejaron un saldo oficial de 276 personas asesinadas, pero estimaciones particulares hablan de 3.000 muertos. Los muertos de siempre. Así nació el chavismo. 

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

Se está gestando otro 15-M. No hay más que tomarle el pulso a la calle para ver que se prepara otra etapa de contestación social nacida del descontento y el hartazgo. La pregunta es cuándo comenzará o, mejor dicho, qué forma adoptará, puesto que la política no siempre permite que el malestar social se exprese con voz propia. Alberto Núñez Feijóo no comprende nada porque carece del olfato político que sí tenían Aznar, González o el propio Sánchez, de manera que apenas conseguirá atrasar unos años el advenimiento de Vox. Se están produciendo dos dinámicas sociales que antes o después crearán una sinergia transformadora. La primera es que hay una generación de jóvenes cuyo pensamiento es totalmente nuevo. Se han criado con otras convenciones socioculturales y su cosmovisión es muy distinta a la nuestra: simplemente no valoran algunos atributos de la democracia como la libertad de expresión o de manifestación, el derecho a la información o el respeto por el debate parlamentario. Sin embargo, ponen un desmesurado énfasis en el orden y la estabilidad (tal vez porque no han conocido un entorno estable desde 2008), aun a costa de sacrificar su libertad. Alguna culpa tendremos quienes somos mayores que ellos por no haberles transmitido nuestra veneración por la democracia. Ya sé que no tienen una especial conciencia política, pero eso no es necesario para que sean conscientes de sus precarias condiciones de trabajo o de la terrible dificultad para acceder a una vivienda. La mayoría de los rusos de hace más de un siglo no habían leído a Proudhon o Marx, pero comprendían que sus vidas se desarrollaban en medio de enormes penalidades y miserables condiciones materiales. No es imprescindible tener un pensamiento político sofisticado para identificar las injusticias sociales y a sus autores; la conciencia política también nace de la experiencia vital, y la suya se desarrolla en medio de problemas muy específicos, como el citado de la vivienda, que nosotros no conocimos. 

El segundo factor es que los escándalos de corrupción —y el del exministro Cristóbal Montoro no hace más que ahondar en esta percepción— fortalecen la idea de que todos los políticos son iguales, de manera que nos esperan tiempos convulsos que, de nuevo, nacen de la desafección hacia la política tradicional. La erosión institucional a la que nos han llevado los dos grandes partidos estremece. Para esos jóvenes que por cientos de miles engrosan las filas de Vox, la corrupción en España no es una ocasional anomalía del sistema, sino su combustible estructural. Legislatura tras legislatura, no tenemos más que sentarnos a esperar que se produzca. El bipartidismo ha convertido nuestra política en un castillo de cartas marcadas donde lo que cambia son los nombres de nuestros gobernantes, mientras que permanecen las mismas empresas que, desde hace décadas, monopolizan las licitaciones públicas más importantes y protagonizan los grandes escándalos de corrupción, sin que el relevo entre PP y PSOE consiga evitarlo.

En 1978, la Constitución fue aprobada mediante referéndum, dando paso a una etapa de transformación social y económica que generó en la ciudadanía española una profunda sensación de progreso. Sin embargo, desde 2008, para muchos jóvenes la democracia es tan solo un conjunto de promesas y buenas intenciones que nunca pasan de la retórica política a la realidad, y eso acabará teniendo consecuencias. Entre otras cosas, porque en la calle ya se ha instalado la idea de que los ciudadanos cumplimos con lo que el Estado de Derecho nos exige en todos los órdenes, para ver cómo, una y otra vez, algunos de nuestros políticos se llenan los bolsillos con nuestro dinero mientras relegan las promesas electorales y defraudan nuestras expectativas. Sería de una ingenuidad enfermiza pensar que un comportamiento así no va a crear desesperanza en la sociedad. En buena lógica, Unidas Podemos emergió como el partido que debía gestionar el enorme descontento de la sociedad española de hace 15 años (llegaron a estar primeros en intención de voto en 2014). Pero el sistema, sin haberlos deglutido nunca, los vomitó con violencia porque una de sus esencias es la corrupción, lo reconozcamos o no, y los Iglesias, Monedero o Errejón, sea cual sea su posterior trayectoria eran percibidos como insobornables revolucionarios. La nueva izquierda fue rechazada porque no encajaba en la lógica de la corrupción sistémica, en muchos aspectos normalizada en los círculos de poder, pese al discurso ético que domina nuestra vida política y que se revela como profundamente hipócrita. Hasta ahí podíamos llegar en un sistema acostumbrado a prebendas de todo tipo al poder económico. No importa que estos líderes nos gustasen más o menos, la izquierda eran ellos, no el PSOE, y a fe que traían algo más nuevo y limpio que lo que el corrupto bipartidismo ofrece una y otra vez. El sistema está tan sucio que nos hizo temer a un grupo de profesores y personas esencialmente honestas con bastante poca querencia por lo material. Incluso buena parte de la izquierda, con el PSOE a la cabeza, no quiso compartir poder con la formación morada. Esto ha dado lugar a una constante en las dinámicas sociales: aquello que no se soluciona hasta el final vuelve a reproducirse. De manera que parece que quien gestionará esta segunda etapa de enorme frustración social será Vox, un partido entre cuyas prioridades está lo simbólico (exaltación de la identidad nacional, la confrontación cultural y la defensa de los “valores tradicionales”) y no lo que realmente necesitamos: excelencia en la gestión de lo público. 

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.