En su reciente artículo “Que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones”, Joaquín Urías lanza una advertencia que va mucho más allá de la coyuntura jurídica: el Poder Judicial español no emana del pueblo, no funciona con reglas democráticas equiparables a las del Parlamento y el Gobierno y una parte de sus jueces, especialmente en la cúpula, ha asumido el papel de gobernantes sin haber pasado por las urnas. A partir de esa tesis, el debate deja de ser solo técnico y se convierte abiertamente en político y democrático.

En democracia, la ciudadanía elige a quienes van a tomar decisiones políticas: aprobar una regularización de inmigrantes, reformar el código penal, diseñar la política económica o pactar la convivencia territorial. Ese mandato se expresa en programas, campañas, debates y, sobre todo, en la posibilidad de castigar en las siguientes elecciones a quien se ha equivocado.

Los jueces no forman parte de esa cadena de legitimidad. Una parte significativa accede por oposición y progresa por una carrera cerrada; otros lo hacen a través de vías alternativas ---desde fórmulas de promoción interna a figuras de juristas de reconocida competencia--- que ni siquiera exigen haber superado una oposición específica de juez. En todos los casos, su incorporación a la judicatura no expresa ninguna voluntad política colectiva, porque nunca someten su proyecto de país al escrutinio ciudadano. Su función constitucional es acotada: aplicar las leyes que aprueban las Cortes y controlar la legalidad de la actuación del Ejecutivo, garantizando derechos frente a abusos.

Cuando esa función se desborda y empieza a sustituir la decisión política, el problema ya no es técnico, sino democrático.

La arquitectura judicial española se ha levantado sobre una idea tan repetida como mal entendida: la independencia. Independencia frente al Gobierno, frente al Parlamento, frente a cualquier presión externa. Pero se ha olvidado algo esencial: un poder sin controles tiende a convertirse en un poder sin límites.

El Consejo General del Poder Judicial, concebido como órgano de gobierno de los jueces y tenue puente con la voluntad popular, lleva años degradado entre bloqueos partidistas y lógica de cuotas. Ese bloqueo prolongado no solo paraliza nombramientos: erosiona la escasa conexión democrática del sistema. Mientras tanto, la cultura corporativa de la judicatura se refuerza: cualquier crítica se presenta como ataque a la separación de poderes, cualquier propuesta de reforma como intento de someter la justicia al poder político.

El resultado es un poder muy poco democrático: no emana del pueblo, no rinde cuentas ante nadie y se protege frente a cualquier control efectivo. Y, sin embargo, decide sobre cuestiones que afectan a cientos de miles de personas, desde la política migratoria hasta la gestión de conflictos territoriales.

El texto de Urías pone el foco en la cúpula judicial, especialmente en el Tribunal Supremo. Allí se ha consolidado una forma de intervención que va más allá del control de legalidad: decisiones que corrigen, condicionan o bloquean el rumbo político como si fueran una segunda cámara no elegida.

Cuando un tribunal se posiciona ante una regularización de inmigrantes no solo con argumentos jurídicos, sino con la pretensión de marcar qué modelo de sociedad debe prevalecer, está ocupando el lugar que corresponde al Parlamento y al Gobierno. Cuando determinadas interpretaciones se convierten en dogma que limita cualquier mayoría parlamentaria, la soberanía popular deja de ser el centro del sistema.

La ironía de Urías ---que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones--- funciona como espejo: si quieren gobernar, que hagan campaña, que expliquen abiertamente su proyecto de país, que asuman el desgaste de decidir sobre la vida y los derechos de millones de personas. Lo que resulta inaceptable es ejercer ese poder sin haber pedido nunca el voto de nadie.

La respuesta no pasa por someter la justicia al capricho del Gobierno ni por convertir a los jueces en militantes de partido. Pasa por reequilibrar los poderes y por recordar que el centro de gravedad del sistema es el pueblo, no la cúpula judicial.

Algunas líneas de reforma son claras:

- Garantizar que el órgano de gobierno de los jueces se renueva en plazo, con reglas que impidan el bloqueo y obliguen a los partidos a consensuar su composición.

- Delimitar por ley el espacio de intervención judicial: reforzar el control de legalidad, pero excluir expresamente la sustitución de decisiones de oportunidad política tomadas por quienes han sido elegidos.

- Exigir mayor transparencia y motivación reforzada en las resoluciones con impacto político estructural, de manera que se distingan con honestidad los argumentos jurídicos de las valoraciones ideológicas.

- Aprobar códigos de conducta que obliguen a la contención pública de los jueces en activo, especialmente de quienes ocupan plazas en la cúpula, para preservar la confianza en su neutralidad.

- Fortalecer los mecanismos de responsabilidad y supervisión, de forma que la independencia no se convierta en impunidad corporativa cuando se traspasan los límites de la función jurisdiccional.

No se trata de "politizar" la justicia, sino de devolver la política a su sitio: que las grandes decisiones que fijan el rumbo del país se tomen en las urnas y en las instituciones que emanan de ellas. El Poder Judicial debe ser fuerte e independiente, sí, pero contenido por reglas democráticas y por la conciencia de que su misión es garantizar derechos, no gobernar en la sombra.

El artículo de Joaquín Urías sirve, así, como detonante de una discusión que ya no podemos aplazar: quién manda realmente en una democracia donde el poder más decisivo es el único que nunca se ha sometido a las urnas. Releer su propuesta de que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones no es solo un ejercicio retórico: es una forma de recordar que, sin control democrático, cualquier independencia corre el riesgo de convertirse en soberanía sin pueblo.

Mientras un puñado de magistrados pueda decidir el destino político de España desde despachos blindados al escrutinio ciudadano, la pregunta seguirá siendo incómoda y necesaria. Y ahí no basta con reformar procedimientos: hay que devolver al centro del sistema la idea más sencilla y más radical de la Constitución, que el poder emana del pueblo y que nadie, tampoco los jueces, puede gobernar sin haber pasado antes por las urnas.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Durante décadas, la ultraderecha española ha librado una guerra cultural paciente y metódica en torno a los símbolos nacionales. Primero se abrazó sin complejos a la bandera preconstitucional del aguilucho y la exhibió como si fuera la única enseña legítima de España. Después, cuando esa iconografía empezó a resultar demasiado evidente, se fue apropiando de la rojigualda constitucional hasta convertirla en marca casi exclusiva de un bloque ideológico. Hoy, para millones de ciudadanos, la bandera que debería representar a todo el país aparece contaminada por esa historia.

Esa lógica de ocupación simbólica no se ha quedado en las banderas. Se ha extendido a otros terrenos de la vida cotidiana, como el fútbol. Y estos días asistimos a una nueva fase de esa misma guerra: la batalla por las camisetas de la selección española. Mientras la Roja sigue siendo el uniforme histórico del equipo, una parte de la derecha radical ha encontrado refugio en la segunda equipación, la beige, para evitar vestirse literalmente de rojo.

La derecha radical ha aprendido a convertir cualquier símbolo nacional en un dispositivo de exclusión. Con la bandera ya lo hizo: primero reivindicó la del aguilucho y luego se envolvió en la constitucional hasta hacer creer que solo quienes piensan como ella son patriotas de verdad. La izquierda, los movimientos sociales y muchos demócratas moderados se alejaron de ese símbolo para no quedar confundidos con quienes lo agitaban acompañándolo de discursos de odio.

La selección nacional de fútbol funcionó durante años como uno de los pocos espacios donde ese bloqueo simbólico aflojaba. La Roja permitía que en un mismo bar convivieran el sindicalista y el empresario, la feminista y el conservador, el migrante recién llegado y el vecino de toda la vida, alentando el mismo gol. La camiseta era el pretexto para vivir durante 90 minutos una comunidad imperfecta pero real, donde las diferencias ideológicas se suspendían. Precisamente por eso, la ultraderecha no puede dejar intacto ese territorio.

El gesto reciente es simple: evitar la Roja y abrazar la beige. La segunda equipación se transforma en refugio ideológico para quienes quieren estar en la fiesta del fútbol sin compartir simbología con el enemigo cultural que han construido. Es una forma de decir “estoy con España”, pero no con esa España que incluye rojos, feministas, republicanos, migrantes o demócratas que no comulgan con la cruzada reaccionaria.

Nadie reconocerá abiertamente que rehúye la Roja por motivos ideológicos. Se hablará de gusto, de estética, de elegancia. Pero en un contexto donde “rojo” se usa como insulto político, el cambio de color no es inocente: es la versión textil de una alergia ideológica. Lo grave no es preferir un diseño, sino usar la segunda equipación como herramienta de segregación simbólica, convirtiendo la Roja en un uniforme sospechoso y la beige en territorio seguro.

Esta apropiación de camisetas nacionales no nace en España. Brasil fue el laboratorio perfecto. Durante los años de auge de Jair Bolsonaro, la camiseta amarilla y verde de la selección se convirtió en uniforme político. Las grandes manifestaciones bolsonaristas eran mareas de camisetas que, en teoría, representaban al equipo nacional, pero en la práctica simbolizaban adhesión a un proyecto autoritario.

Millones de brasileños dejaron de sentirse cómodos vistiendo la camiseta de su selección, no porque dejaran de amar el fútbol, sino para no ser confundidos con quienes atacaban las instituciones democráticas y los derechos de las minorías. El símbolo nacional, que debería unir, se convirtió en código de pertenencia a una tribu ideológica. La enseñanza es clara: cuando la ultraderecha se apropia de un símbolo deportivo nacional, el daño excede el ciclo electoral.

Si miramos España con esta lente, lo que ocurre hoy con la segunda equipación beige es una prolongación lógica de la guerra cultural iniciada con la bandera. Antes se colonizó la rojigualda. Ahora se intenta desactivar la potencia de la Roja.

La Roja no es solo un color: es relato y memoria, las noches de Eurocopas y Mundiales, los gritos compartidos, las celebraciones. Ha sido uno de los pocos relatos colectivos capaces de atravesar clases sociales e ideologías. Precisamente por eso resulta incómoda para quienes necesitan que todo símbolo nacional sea un arma de parte. La segunda equipación beige ofrece una coartada perfecta: permite mostrar adhesión a la selección sin pronunciar la palabra “Roja”.

Si dejamos que la Roja se convierta en camiseta “de los rojos” y la beige en camiseta “de los buenos españoles”, habremos aceptado que no existen símbolos comunes, solo marcas de segmento ideológico. La selección dejará de ser punto de encuentro para convertirse en tablero de otra batalla de trincheras.

Puede parecer excesivo hablar de “batalla” por una camiseta. Pero lo que está en juego no es el tejido, sino el significado. Los símbolos son infraestructura emocional de la política. Cuando se quiebran, la convivencia se resiente.

Si la bandera solo puede ser llevada sin sospecha por quienes la gritan contra la diversidad, si la Roja empieza a ser percibida como camiseta “de los otros” y la beige como camiseta “de los nuestros”, la nación se fragmenta en tribus que no quieren siquiera compartir colores. Cada gesto cotidiano –ponerse una camiseta, colgar una bandera– se convierte en declaración de guerra.

La respuesta no puede ser renunciar a los símbolos. Si dejamos la bandera y la Roja en manos de quienes las usan como arma arrojadiza, su monopolio se consolida. La alternativa pasa por recuperar esos signos para una comunidad democrática amplia.

Recuperar la Roja es un acto de normalidad. Ser demócrata, feminista, ecologista, federalista o republicano no es incompatible con vestir la camiseta de la selección. Es una forma de mostrar que la identidad nacional no cabe en una sola ideología, que puede ser plural y autocrítica. También implica un trabajo narrativo: explicar que la guerra cultural intenta expulsar a mucha gente del espacio simbólico compartido y que la forma de resistir no es ceder ese terreno, sino habitarlo con naturalidad.

Al final, todo vuelve a una escena: un estadio, una pantalla, una plaza llena de gente con camisetas. Algunos habrán elegido la beige para no confundirse con quienes llaman “rojos” a sus vecinos. Otros se habrán puesto la Roja sabiendo que ahí dentro caben más historias que las que la ultraderecha quiere contar.

En esa batalla simbólica, yo he tomado partido. Yo visto la Roja y en mi espalda figura el número 19 y el nombre de un gran deportista español, Lamine Yamal.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Antonio Gramsci no hablaba de cultura como un adorno, sino como un campo de poder. Quien controla el sentido común controla, en gran medida, la realidad política. La hegemonía cultural no consiste en prohibir ideas, sino en algo más eficaz: hacer que ciertas ideas ni siquiera se cuestionen.

Ese es el núcleo del problema. No se trata de que la ciudadanía acepte un sistema bajo amenaza, sino de que lo perciba como lógico, inevitable o incluso deseable. Cuando eso ocurre, el conflicto desaparece de la superficie, pero no porque haya sido resuelto, sino porque ha sido neutralizado.

Hoy, esa hegemonía ya no se construye únicamente desde las instituciones clásicas. Ha mutado. Se infiltra en los algoritmos, en los formatos virales, en la estética dominante, en los marcos emocionales con los que interpretamos el mundo. No hace falta un gran relato único: basta con imponer los límites de lo pensable.

En el siglo XXI, la batalla cultural no se libra solo en editoriales o parlamentos, sino en timelines, tendencias y métricas. La supuesta democratización digital ha ampliado las voces, pero no ha redistribuido el poder. Las grandes plataformas organizan la visibilidad, jerarquizan discursos y premian determinadas formas de expresión —rápidas, polarizadas, simplificadas— que favorecen ciertos marcos ideológicos frente a otros.

La hegemonía contemporánea no necesita convencer a todos. Le basta con saturar, fragmentar y desgastar. En ese ruido constante, el pensamiento crítico pierde terreno y el sentido común se reconfigura sin apenas resistencia.

En este escenario, la extrema derecha ha entendido muy bien la importancia de la batalla cultural, y en España Vox es un ejemplo paradigmático de ese proyecto. Cuando sus dirigentes se presentan como el partido del “sentido común” y repiten la fórmula en mítines, debates televisivos y campañas en redes, no están apelando a una neutralidad razonable, sino intentando blindar su propia hegemonía cultural: un proyecto que convierte el nacionalismo español centralista y los valores tradicionales conservadores en la única norma legítima.

Esa operación se acompaña de una inversión deliberada del relato: a través de la insistencia en la “Agenda España”, el “marxismo cultural” o la “ideología de género”, Vox intenta hacer pasar a las minorías por dominantes y a los sectores privilegiados por víctimas. Lo que se cuestiona ya no es el poder real que se ejerce, sino la mera existencia de discursos feministas, antifascistas, plurinacionales o ecologistas, presentados como una ofensiva contra la “gente normal”.

La política cultural de Vox no busca ampliar libertades ni diversidad, sino homogeneizar. Allí donde ha tenido influencia institucional, ha priorizado la tauromaquia como seña identitaria excluyente, ha promovido actos y símbolos ligados a una lectura nostálgica del Imperio español y ha apoyado iniciativas que recortan apoyo a proyectos culturales críticos, feministas o de memoria democrática.

La educación y la cultura se conciben como trincheras: se cuestionan contenidos escolares sobre violencia machista o memoria histórica, se estigmatiza a artistas y programaciones con discurso crítico, se denuncia cualquier avance en políticas de igualdad como “adoctrinamiento”. La cultura se utiliza así como arma de guerra cultural para imponer un imaginario único de nación, género y tradición, en línea con las estrategias de otras fuerzas de extrema derecha europeas y con los movimientos reaccionarios surgidos en Estados Unidos.

Su retórica contra la “corrección política” y el “marxismo cultural” no es una defensa genuina de la libertad de expresión, sino un intento de legitimar mensajes de odio mientras se empuja hacia la censura o la deslegitimación social de expresiones artísticas y pedagógicas que incomodan su proyecto de sociedad. Se busca que lo reaccionario parezca sentido común y que lo igualitario parezca radicalismo.

Frente a este proyecto, la respuesta no puede ser ingenua ni puramente defensiva. Combatir la hegemonía cultural exige asumir que estamos ante un conflicto político de largo alcance.

En primer lugar, hay que disputar el lenguaje. Las palabras no son neutrales: delimitan lo que se puede pensar. Cuando Vox consigue que “libertad” signifique desregulación ilimitada, que “seguridad” signifique endurecimiento punitivo sin abordar causas estructurales, o que “sentido común” signifique negar derechos a migrantes, mujeres o personas LGTBI, ha movido el marco entero de la discusión. Ceder esos significados es ceder el terreno antes de empezar.

En segundo lugar, es imprescindible ocupar los espacios donde hoy se produce el sentido. No basta con tener razón en análisis que circulan sólo entre convencidos. La batalla se libra también en vídeos breves, en hilos de redes, en formatos muy accesibles. Si la extrema derecha ha aprendido a convertir memes, clips y consignas en dispositivos de hegemonía cultural, la respuesta democrática necesita apostar por narrativas igual de eficaces en lo formal, pero radicalmente diferentes en lo ético y político.

En tercer lugar, hay que construir alternativa, no sólo crítica. Desmontar los marcos de Vox es necesario, pero insuficiente. Sin un horizonte propio —sin un relato que articule otra forma de vivir, de relacionarse, de entender lo común y de cuidar la diversidad— toda oposición queda atrapada en la reacción permanente. La cultura progresista necesita ofrecer imágenes deseables de futuro, no sólo advertencias sobre los riesgos del presente.

Conviene recordar algo que Gramsci tenía claro: la hegemonía no es un evento, es un proceso. Se construye día a día, en lo visible y en lo invisible. En las instituciones, sí, pero también en las conversaciones, en los patios de colegio, en los programas de entretenimiento, en las prácticas editoriales y en las decisiones de programación cultural local.

La gran ilusión de nuestro tiempo es creer que la neutralidad existe. No existe. Siempre hay una visión del mundo imponiéndose, aunque no se nombre como tal. La pregunta no es si hay hegemonía cultural, sino quién la ejerce y con qué proyecto de sociedad. La extrema derecha lo ha entendido y actúa en consecuencia, desde los eslóganes hasta las leyes. Si quienes defienden una sociedad más justa, plural y democrática renuncian a disputar ese terreno, no se sitúan fuera de la batalla: simplemente aceptan que el “sentido común” lo definan otros.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Hay preguntas que se formulan con sorna, pero que delatan mucho más de lo que aparentan. Una de ellas, instalada en tertulias y editoriales de cierta prensa, es esa que suelta con desdén: "¿Resistir, para qué?". Se lanza contra el Gobierno de coalición progresista como si la resistencia fuera un gesto patético de aferrarse al poder, una forma de prolongar la agonía en La Moncloa. Pero quien así pregunta, o no entiende nada de política, o prefiere no entenderla. Porque para un partido socialdemócrata, resistir no es aferrarse a un sillón: es la condición indispensable para cumplir su razón de ser. Y esa razón es muy simple y a la vez muy profunda: mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

Ahí reside la diferencia abismal entre dos formas de entender la política. Una la concibe como un tablero donde lo único que importa es quién ocupa la casilla central. La otra, como una herramienta de transformación real, cotidiana, que se mide en días de cuidado, en noches de alivio, en vidas que recuperan dignidad. La derecha política, mediática y una parte del poder judicial caricaturizan la resistencia como un empecinamiento porque les incomoda su resultado: que proyectos como la refundación del sistema de dependencia sean hoy una realidad.

Porque hablemos claro: no es lo mismo gobernar para la foto que gobernar para los que no salen en la foto. La inversión de 6.200 millones de euros para relanzar el sistema de dependencia no es una cifra abstracta. Es la traducción en números de una decisión política que pone el alma del Estado donde duele: en los hogares donde hay una cama ocupada por alguien que ya no puede valerse solo, en las manos de una hija que cuida a su madre sin ayuda, en los centros de día que hasta ahora iban con la lengua fuera. Es más financiación para cada persona con dependencia reconocida, más recursos para las comunidades autónomas, más plazas de residencia, más atención domiciliaria, más respiro para las familias cuidadoras.

Este es el contraste que molesta. Porque durante décadas la memoria colectiva acumuló ejemplos de despilfarro faraónico: aeropuertos sin aviones, puertos sin barcos, ciudades de la cultura con sobrecostes del 300%, velódromos vacíos que el presidente del Gobierno no dudó en llamar "de la corrupción". Hoy, en lugar de cemento para inaugurar, hay recursos para sostener. No hay grandes placas, ni inauguraciones con copas de cava, pero hay alivio. Y ese alivio es lo único que justifica el poder.

Quienes preguntan "¿resistir, para qué?" deberían asomarse a la vida de una familia con un dependiente a su cargo y preguntarles si esas 6.200 millones les parecen fruto de un capricho o de una lucha que ha valido la pena.

Y todo esto se hace en un ambiente político deliberadamente enrarecido. El lawfare ha dejado de ser una palabra técnica para convertirse en una realidad cotidiana: causas encadenadas, filtraciones selectivas, una presión judicial y mediática que no cesa. A eso se suma una polarización que se alimenta cada mañana desde ciertos focos, donde el Gobierno es retratado como un actor acorralado, casi ilegítimo, que se sostiene por astucia parlamentaria. Pero la astucia, cuando se utiliza para proteger a los más débiles, no es trampa: es inteligencia al servicio de un proyecto.

Porque mientras unos se dedican a desgastar, otros se dedican a gobernar. Y los hechos son tozudos. España ha crecido un 8,5% desde niveles precovid, un 40% más que la media de la eurozona, 22 veces más que Alemania. La afiliación a la Seguridad Social supera los 22,5 millones de personas. La renta real de las familias ha subido un 8,4% descontada la inflación. La pobreza y la desigualdad están en mínimos históricos. Y todo ello convive con una máquina de fango que trata de reducirlo a sospecha. Por eso el Gobierno insiste en "no perder el norte": en medio del ruido, mantener la brújula apuntando a la justicia social es un acto de resistencia que requiere más coraje que cualquier discurso de oposición.

Desde esa perspectiva, la pregunta ya no es si resistir tiene sentido, sino qué ocurre si no se resiste. Si un gobierno progresista en minoría tirara la toalla ante la presión, ¿quién ocuparía el espacio? ¿Qué pasaría con la inversión en dependencia, con el escudo social frente a las guerras, con las reformas que han permitido crear empleo y reducir desigualdad? ¿Quién protegería a las familias cuando la factura de la luz se dispara o cuando una guerra ilegal golpea los precios?

Para los y las socialistas, gobernar por medios legítimos y democráticos no es un capricho ni un ejercicio de empecinamiento. Es la única vía para hacer realidad una ideología que sitúa la justicia social, la igualdad y la solidaridad por encima de cualquier otro interés. La derecha en sus tres frentes no soporta que el poder se utilice precisamente para eso: para subir el salario mínimo, reforzar las pensiones, impulsar la transición ecológica, y ahora volcar miles de millones en los cuidados. No soporta que la resistencia tenga frutos concretos.

Por eso, cuando la coyuntura se complica, el Gobierno responde ampliando el escudo social. Porque resistir no es esperar a que pase el temporal; es ponerse el chubasquero y salir a proteger a los que más lo necesitan.

Así que la respuesta a esa pregunta maliciosa es muy sencilla: resistir para gobernar, gobernar para cuidar, cuidar para que nadie quede desprotegido. Resistir para que una persona dependiente tenga una plaza digna, para que el hijo o la hija que cuida de su madre mayor pueda contar con ayuda profesional, para que los datos de empleo se traduzcan en más cohesión territorial y menos desigualdad.

Resistir para no perder nunca el norte. Porque si ese norte se pierde, los primeros que lo notarían no serían los protagonistas de la bronca mediática, sino precisamente quienes menos ruido hacen: los más vulnerables, los que viven de un salario, de una pensión, de un subsidio, los que dependen de que alguien, desde el Gobierno, tenga muy claro para qué merece la pena seguir adelante.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Señor de la historia,


mira este suelo lleno de cuerpos arrodillados,


manos atadas, ojos cubiertos,


gente que vino a traer vida


y ahora saborea el polvo.

Escucha, Señor:


no son criminales,


gritan “libertad”


y los pisan como si fueran basura.

Mira al ministro de Seguridad Nacional,


Itamar Ben‑Gvir,


que se pasea entre los humillados


como dueño de un rebaño encadenado,


agita la bandera como látigo


y se ríe de los que no pueden levantarse.

Dice: “Somos los dueños de la casa”,


como si tu mundo tuviera dueño,


como si la memoria de la Shoá


fuera un cheque en blanco


para arrodillar a otros pueblos.

Señor, este ministro no protege:


se alimenta del miedo,


disfraza de “seguridad” su odio,


llama “terroristas” a quienes traen pan,


convierte la palabra “Holocausto”


en un escudo para su desprecio.

Rompe su discurso,


desnuda su mentira,


haz que el nombre de Itamar Ben‑Gvir


no sea recordado como guardián,


sino como el hombre


que se burló de los arrodillados.

Levántate por los que están en el suelo;


devuélveles el rostro, la voz, la dignidad.


Que el mundo oiga su “libertad”


más fuerte que los gritos del ministro,


que sus cadenas se vuelvan prueba


y su humillación, condena para quien la ordenó.

Bienaventurados los que,


aunque los tiren al polvo,


no renuncian a su humanidad.


Maldito el poder que hace del trauma un arma


y de la seguridad


un espectáculo de crueldad.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Andalucía ha revalidado en las urnas a quien ha convertido la precariedad y el deterioro de lo público en una normalidad asumida. Tras la última cita electoral, la cuestión no es solo por qué ha pasado, sino qué vamos a hacer quienes sabemos que esta victoria traerá más desigualdad. No se trata de llorar la derrota, sino de transformarla en inteligencia política y organización.

En Andalucía, la última noche electoral dejó algo más que un mapa teñido de azul: confirmó que Moreno Bonilla ha consolidado un poder construido sobre el desgaste silencioso de la sanidad, la educación y los servicios públicos. Las cifras ya se han analizado hasta la saciedad; lo que queda ahora es enfrentarse a la pregunta incómoda: ¿qué hacemos cuando una mayoría social vota a quien gobierna contra sus intereses materiales? Encajar la derrota no va de resignarse, sino de convertir este resultado en una lección estratégica.

Las encuestas lo venían anunciando: la derecha se consolidaba mientras se normalizaba el deterioro de lo público y se desplazaba el sentido común hacia la resignación y el sálvese quien pueda. No es un rayo en cielo despejado, sino el desenlace lógico de un proceso de años en el que una parte importante de la sociedad ha terminado viendo como “gestión eficiente” lo que, en realidad, es desmantelar derechos. Aquí, Antonio Gramsci sigue siendo una brújula: “el poder no se sostiene solo con votos y leyes, sino con hegemonía, con la capacidad de hacer que los de abajo asuman como natural lo que es una construcción interesada”.

El problema no es únicamente que haya ganado Moreno Bonilla; es que ha ganado una manera de mirar Andalucía. Una mirada que presenta los recortes como modernización, la privatización como colaboración y la desigualdad como oportunidad para quien “se esfuerza”. Gramsci habló de la batalla por la cultura, por las palabras, por la interpretación del mundo. Si en esa batalla entramos tarde, fragmentados o ensimismados, la aritmética electoral solo certifica una derrota anterior: la de no haber sido capaces de disputar el sentido común en los barrios, en los centros de trabajo, en los espacios donde la gente se forma una opinión sobre su propia vida.

Hannah Arendt nos ayuda a entender otra dimensión incómoda: la banalidad del mal político. No hace falta un régimen abiertamente autoritario para erosionar la democracia material de la mayoría; basta con una suma de pequeñas decisiones, de renuncias aceptadas como inevitables, de ciudadanos que “solo votan lo que sienten” sin herramientas para comprender qué hay detrás de cada sonrisa de campaña. No se trata de despreciar a quien vota, sino de asumir que sin una ciudadanía crítica, informada y organizada, la libertad se reduce a un gesto formal cada cuatro años, mientras la capacidad real de decidir sobre la propia vida se encoge.

Por eso este texto no puede permitirse el tono lastimero. Encajar la derrota implica tres movimientos: pensar, cuidar y organizar. Pensar, revisando con rigor qué errores hemos cometido: dónde no hemos llegado, qué lenguajes no han conectado, qué miedos no hemos sabido nombrar ni canalizar. Cuidar, acompañando a quienes hoy sienten que el suelo se les mueve bajo los pies, ofreciendo comunidad donde la derrota invita al repliegue individual. Organizar, volviendo al barrio, al tajo, a la asociación, a la red de apoyo, entendiendo que el nuevo ciclo empieza justo cuando se cierra el recuento.

Ahí entra Václav Havel y su idea de esperanza: no como convicción de que las cosas saldrán bien, sino como certeza de que lo que hacemos tiene sentido, incluso cuando el marcador va en contra. Esa es la esperanza que hoy necesitamos en Andalucía: no ingenua, no consoladora, sino tozuda. La que nos obliga a seguir construyendo alternativa en lo cotidiano, sabiendo que la hegemonía no se rompe en un solo ciclo electoral, pero también que ninguna hegemonía es eterna.

Moreno Bonilla ha ganado, sí. Pero no ha ganado para siempre ni en todas partes. En este momento político, la tarea es no dejar que su victoria electoral se convierta en derrota moral de quienes queremos otra Andalucía. Lo que se abre ahora es un tiempo para disputar, palmo a palmo, la manera en que este pueblo se piensa a sí mismo. Porque si hoy ha elegido al lobo, nuestro trabajo es que mañana esté en condiciones de elegir otra cosa.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

La “prioridad nacional” no es solo una consigna más en el mercado de los eslóganes políticos. Es un cambio de fondo en la manera de entender qué es una sociedad y qué nos debemos unos a otros. Presentada como un gesto de sentido común –“primero los de casa”–, en realidad introduce una ética del egoísmo identitario que erosiona, ladrillo a ladrillo, los cimientos de la convivencia.

En el plano filosófico, la idea es sencilla y devastadora. En lugar de partir de la dignidad universal de las personas, se parte de la pertenencia a un “nosotros” nacional. Los derechos dejan de ser derechos para convertirse en privilegios condicionados por el origen. No se discute quién necesita más, quién está más desprotegido, quién sufre una situación más urgente, sino quién puede exhibir un pasaporte determinado. Esa mutación del lenguaje –de la igualdad a la preferencia– consolida la idea de que hay vidas que valen más que otras.

En sanidad, el contraste es claro. Un sistema sanitario público se justifica éticamente porque atiende según la gravedad y la necesidad, no según la procedencia. La “prioridad nacional” introduce una preclasificación: antes de enfermo, eres nacional o extranjero. Dos personas llegan a urgencias con el mismo diagnóstico, el mismo riesgo, el mismo dolor. La lógica universalista diría: tratemos primero al más grave. La lógica de la “prioridad nacional” legitima que se favorezca al nacional aunque la necesidad sea igual. En el momento en que aceptamos esto, estamos renunciando a la idea de que todos merecemos la misma consideración cuando la vida está en juego.

En vivienda se reproduce el mismo patrón. El problema real es una combinación de salarios bajos, especulación y falta de parque público. Sin embargo, el discurso de la “prioridad nacional” desplaza el foco: ya no se mira hacia los fondos buitre o la ausencia de políticas de vivienda, sino hacia la familia migrante que también busca un techo. Esa familia deja de ser un hogar vulnerable y pasa a ser “competencia” frente a los de aquí. El conflicto deja de plantearse entre quienes concentran la propiedad y quienes no tienen acceso a ella, para convertirse en una pugna moralizada entre “los nuestros” y “los otros”.

La educación, que debería ser la gran escuela de ciudadanía, tampoco queda al margen. La “prioridad nacional” puede filtrarse en el reparto de becas, plazas de escuela infantil o programas de apoyo. Donde antes el criterio era la renta, la necesidad educativa o la situación familiar, empiezan a pesar los años de residencia, la nacionalidad de los progenitores o el origen. Los niños aprenden así, sin que nadie lo diga en voz alta, que hay compañeros que merecen menos inversión pública que ellos. El aula deja de ser el lugar donde se descubre que compartimos futuro y se convierte en el escenario donde se interioriza una jerarquía de valor.

El impacto de todo esto va más allá de quienes se ven relegados al último puesto en la fila. La “prioridad nacional” mina la confianza básica que hace posible la vida en común: la confianza en que, si un día caes enfermo, pierdes la casa o necesitas una beca, las instituciones no te medirán con la vara de tu origen. Cuando se rompe ese principio, todos quedamos más expuestos. Hoy es el extranjero el que queda atrás. Mañana puede ser el empobrecido, el disidente, el “poco productivo”. Una vez aceptado que se puede discriminar en el acceso a derechos, discutir el criterio se vuelve cuestión de oportunidad política.

Vivir en sociedad implica aceptar una cierta renuncia al propio egoísmo. Pagamos por escuelas que quizá no pisaremos, por hospitales en los que tal vez nunca entremos, por viviendas sociales que no ocuparemos. Lo hacemos porque entendemos que sostener ese entramado nos protege a todos, también cuando la vida nos golpea a nosotros. La “prioridad nacional” propone una mutación ética: ya no se trata de sostener un sistema justo, sino de blindar un trozo del pastel para los nuestros, aunque eso suponga dejar a otros a la intemperie.

La paradoja es que esa deriva identitaria, alimentada por partidos que se reclaman patriotas, termina debilitando el propio país que dicen defender. Una comunidad que naturaliza que haya vidas de segunda acaba siendo una comunidad más frágil, más fácil de romper, más vulnerable al miedo y al resentimiento. La verdadera fortaleza de una sociedad no se mide en muros ni en filtros, sino en la capacidad de tratar como iguales a quienes son diferentes. Defender esa igualdad, frente a la “prioridad nacional”, no es una extravagancia moral: es la condición de posibilidad de seguir viviendo, de verdad, en sociedad.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura ha situado en el centro del debate la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas públicas y vivienda protegida. Según las informaciones publicadas, el texto plantea que el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social se inspire en ese principio, aunque el PP lo vincule a requisitos de arraigo territorial y Vox lo presente como preferencia de los españoles frente a los inmigrantes.

La comparación con las leyes de Núremberg exige rigor. No se trata de afirmar que ambos fenómenos sean idénticos, porque no lo son ni en escala, ni en violencia, ni en contexto histórico. Pero sí resulta legítimo advertir una semejanza de fondo: cuando una norma introduce una jerarquía de derechos basada en el origen o en la pertenencia al grupo nacional, convierte la desigualdad en criterio de reparto y abre una pendiente moral y jurídica peligrosa.

Las claves conocidas del pacto recogen la construcción de vivienda protegida y un sistema de acceso inspirado en la “prioridad nacional”, acompañado de exigencias de arraigo en Extremadura: al menos diez años para la compra y cinco para el alquiler social. Sobre el papel, el mecanismo se viste de tecnicismo y neutralidad administrativa.

Sin embargo, varias crónicas subrayan que PP y Vox no explican ese concepto del mismo modo. Mientras el PP intenta presentarlo como un sistema de puntos ligado al arraigo y “adecuado a la legalidad vigente”, Vox lo reivindica abiertamente como preferencia de los españoles en ayudas sociales y vivienda. Ese matiz político no elimina el problema de fondo, sino que lo ilumina: se normaliza la idea de que el criterio decisivo no es la necesidad, sino la pertenencia a un “nosotros” nacional.

Si el acceso a bienes básicos como la vivienda o las ayudas públicas se ordena en función de la pertenencia nacional, el mensaje institucional deja de ser “proteger al vulnerable” y pasa a ser “proteger antes a quien consideramos de los nuestros”. El Estado deja de mirarte como persona y empieza a mirarte como miembro, o no, de una identidad preferente.

La vivienda y las ayudas sociales no son premios identitarios, sino instrumentos para garantizar condiciones mínimas de dignidad. Cuando el poder público desplaza el foco desde la necesidad social hacia la nacionalidad o el origen, transforma políticas pensadas para sostener a quien cae en mecanismos de exclusión simbólica y material. La prioridad ya no es la fragilidad de tu situación, sino tu lugar en una escala de pertenencia.

Además, este tipo de formulaciones normaliza un lenguaje político que divide a la población entre merecedores plenos y sospechosos permanentes. Ese paso puede parecer pequeño cuando se formula en términos administrativos, pero su efecto emocional y cívico es profundo: señala a una parte de la sociedad como menos legítima para vivir, ser atendida o construir un futuro.

Todos y todas conocemos a alguien que ha necesitado ayuda: una familia que perdió el empleo, una persona mayor sola, un joven que no puede emanciparse. Cuando sobre esas vidas se proyecta la sospecha de no ser “lo bastante de aquí”, lo que se resquebraja no es solo un programa de vivienda; es la idea de comunidad política compartida.

Las leyes raciales de Núremberg, aprobadas por el régimen nazi en 1935, separaron legalmente a los judíos del resto de la ciudadanía alemana. La ley de ciudadanía del Reich reservó la ciudadanía plena a quienes fueran considerados “de sangre alemana o con parentesco alemán”, y la ley para la protección de la sangre y el honor de los alemanes prohibió matrimonios y relaciones entre judíos y personas consideradas alemanas.

No fueron una simple discriminación administrativa aislada. Fueron un paso decisivo en la construcción de un orden legal basado en la exclusión y la deshumanización, preparando el terreno para persecuciones posteriores mucho más graves. La sociedad aceptó primero que la ley distinguiera entre personas con más y menos derechos por razón de origen; lo demás vino después.

Por eso la analogía útil no consiste en decir que una cláusula de vivienda en la España actual equivale al nazismo. La analogía relevante es otra: Núremberg muestra hasta dónde puede llegar una sociedad cuando concede a sus gobernantes el poder de trazar, desde la ley, quién merece antes protección y quién puede esperar siempre un poco más.

Existen diferencias fundamentales. El acuerdo de PP y Vox se mueve, por ahora, dentro de un sistema constitucional, un Estado de derecho y un marco europeo de garantías que nada tienen que ver con una dictadura totalitaria. Precisamente por eso es ahora cuando importa reaccionar.

La existencia de controles institucionales no obliga a callar la advertencia democrática. Al contrario: obliga a identificar a tiempo los discursos que buscan naturalizar la desigualdad y presentar la exclusión como sentido común, como eficiencia o como justicia para “los de casa”.

La gran lección histórica es que las sociedades no empiezan degradando la igualdad con un gran estruendo, sino a menudo con fórmulas aparentemente técnicas, razonables o defensivas. Primero se acepta que unos tengan preferencia; después se justifica que otros esperen; más tarde se normaliza que algunos queden fuera para siempre.

Por eso este debate no trata solo de inmigración, ni solo de vivienda. Trata de decidir si la democracia protege a las personas por su dignidad y su necesidad, o si empieza a repartir derechos en función de la identidad que el poder considere más valiosa en cada momento. Cuando una familia necesita techo, cuando una persona solicita ayuda pública, lo decisivo en una democracia decente debería ser la vulnerabilidad, no la pureza del apellido, no el origen y no la utilidad electoral del miedo. Ahí está la frontera moral que conviene defender con claridad, con serenidad y también con emoción cívica.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

En democracia la regla es tan sencilla que casi da pudor repetirla: una persona, un voto. Sobre el papel, eso significa que una cajera de supermercado, un repartidor o una auxiliar de enfermería tienen exactamente el mismo poder político que el dueño de un fondo de inversión o el heredero de una gran fortuna. Y ahí empieza el problema para los de arriba.

Porque los ricos son pocos. Muy pocos. En cualquier país mínimamente grande, el 1% cabe en un estadio de fútbol; el 0,1%, en un teatro. En cambio, quienes viven de una nómina, de facturas a final de mes o de una pensión son millones. Si esa mayoría votara en bloque pensando en su salario, en su alquiler, en su hipoteca, en la lista de espera de su centro de salud, la agenda política sería otra. Y los intereses del gran capital tendrían un peso mucho menor del que hoy disfrutan.

La élite económica lo sabe. Y actúa en consecuencia. No puede ganar por número, así que necesita ganar por abstención. No puede sumar votos, así que tiene que restar los tuyos. Su objetivo es sencillo: que la gente que más se juega en cada elección se quede en casa, harta, desmovilizada o confundida.

La primera estrategia es tan vieja como eficaz: hacerte creer que votar no sirve para nada. El mensaje siempre suena parecido, cambien los países o los partidos. “Todos son iguales”. “Todos roban”. “La política es un circo”. “Nada va a cambiar”. Detrás de esa cantinela hay un interés muy concreto: que tú, que no tienes un asesor fiscal creativo ni una SICAV, renuncies al único mecanismo de poder que no depende de tu saldo bancario.

Cuando tú te quedas en casa, ellos no. Las rentas altas votan más que las bajas. Los barrios ricos participan más que los barrios obreros. Las personas con más estudios, mejor sueldo y más patrimonio acuden masivamente a las urnas. No es una casualidad, es un patrón. La abstención nunca es neutra: casi siempre pesa más entre quienes peor viven. Por eso, cuando escuchas ese “yo paso de la política”, conviene hacerse una pregunta incómoda: si yo renuncio a votar, ¿quién está encantado con que lo haga?

La segunda táctica es el ruido permanente. Escándalos diarios, broncas impostadas, tertulias a gritos, guerra cultural a todas horas. La sensación de estar viviendo en un drama continuo. El efecto no es casual: cuando todo es escándalo, nada lo es. Cuando todo son peleas, la gente desconecta. Te agotas, cambias de canal, silencias las noticias, dejas de seguir cualquier cosa que suene a “política”. Justo entonces, quienes tienen intereses muy concretos siguen negociando, presionando y legislando… pero sin la mirada de una ciudadanía vigilante.

El ruido es una forma de desaliento. No busca convencernos de nada en concreto, sino convencernos de que da igual. De que hagas lo que hagas, el resultado será el mismo. Y eso es mentira. Las grandes fortunas no gastan millones en lobbys, campañas y medios de comunicación porque “da igual”. Lo hacen porque saben que cada ley fiscal, cada reforma laboral, cada recorte o inversión pública tiene ganadores y perdedores. Y se aseguran de estar siempre entre los primeros.

La tercera vía es más sutil, pero quizá la más peligrosa: conseguir que votes contra ti mismo. Para eso necesitan cambiar el eje de la conversación. En vez de hablar de salario, vivienda, sanidad o educación, te hablan de banderas, de “gente de bien”, de enemigos internos, de símbolos patrios. Te invitan a pensar en “la nación” antes que en tu frigorífico, en “la identidad” antes que en tu contrato, en “los de fuera” antes que en tu convenio.

Al mismo tiempo, te venden un relato aspiracional: tú no eres trabajador, eres “clase media” o “emprendedor en potencia”. No importa que no llegues a fin de mes o que no puedas permitirte un piso en alquiler sin compartirlo. Lo importante es que te identifiques con los de arriba, que veas sus intereses como si fueran los tuyos. Así es más fácil que acabes respaldando políticas que favorecen a las grandes fortunas mientras tú sigues encadenando sueldos de 1.200 euros y turnos partidos.

En ese juego, las palabras importan. No es casual que casi nunca oigas hablar de “clase trabajadora” y sí de “gente normal”, “clase media”, “autónomos” como cajón de sastre. Tampoco es casual que se presenten los impuestos como un castigo general y no como una herramienta para financiar hospitales, escuelas, transporte público o dependencia. Ni que se simplifique el debate a “menos impuestos, más libertad”, ocultando quién se ahorra millones y quién apenas nota unos pocos euros en la nómina.

Todo esto solo funciona si tú te apartas. Si asumes que la política es cosa de otros. Si compras la idea de que el resultado está escrito de antemano. Pero no lo está. No lo ha estado nunca. Cada avance social que hoy damos por sentado —desde las vacaciones pagadas hasta la sanidad pública— fue una disputa política, una correlación de fuerzas que cambió porque mucha gente decidió implicarse, organizarse y, sí, votar.

Claro que la democracia es imperfecta. Claro que hay corrupción, puertas giratorias e intereses opacos. Precisamente por eso no podemos regalársela a quienes sueñan con que participen solo unos pocos. Renunciar al voto porque el sistema no es perfecto es como dejarle las llaves de tu casa al primero que pasa porque tu cerradura es vieja.

La próxima vez que escuches “no sirve de nada votar” o “todos son iguales”, prueba a girar la pregunta: si yo no voto, ¿quién gana seguro? ¿El mileurista o el millonario? ¿La que vive de alquiler o el fondo buitre que compra edificios enteros? ¿El que hace cola en urgencias o quien tiene seguro privado y clínicas propias?

La respuesta es incómoda, pero honesta: no ganas tú.

Y eso, precisamente, es lo que la élite económica necesita. Que te resignes. Que confundas decepción con indiferencia. Que conviertas tu enfado legítimo en abstención. Frente a eso, votar no es una varita mágica, pero sí es una línea roja mínima: la decisión de no regalarles tu silencio.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

La agricultura moderna tiene un talón de Aquiles del que casi no hablamos: los fertilizantes fabricados a partir del petróleo y, sobre todo, del gas natural. Cuando estallan guerras en las zonas que controlan esa energía, no solo tiembla el precio de la gasolina; se tambalea algo mucho más básico: la comida que llega a nuestro plato.

Del pozo petrolero al saco de urea

Para que un campo de trigo rinda lo que hoy consideramos “normal” hace falta mucho más que sol y agua. Hace falta nitrógeno, fósforo y potasio en cantidades que los suelos ya no pueden aportar por sí solos tras décadas de explotación intensiva. De ahí la dependencia brutal de los fertilizantes minerales: urea, nitrato amónico, fosfatos o potasa.

La clave está en el amoníaco, la molécula de partida para casi todos los fertilizantes nitrogenados. Producirlo a escala industrial exige el proceso Haber‑Bosch, que consume una cantidad descomunal de energía: en torno al 8% de toda la energía utilizada en el mundo se va en fabricar fertilizantes nitrogenados. Esa energía, hoy, viene casi por completo de combustibles fósiles, sobre todo gas natural, y en menor medida carbón.

El gas natural no solo es la “gasolina” de esas plantas; es también la materia prima de la que se extrae el hidrógeno necesario para fabricar amoníaco. Por eso, en la industria europea de fertilizantes el gas puede representar hasta el 80% de los costes de producción. Cuando sube el gas, sube el amoníaco; cuando sube el amoníaco, se dispara la urea; cuando la urea se dispara, la cuenta del agricultor se vuelve una ruleta rusa.

Cuando la guerra entra por el fertilizante

Lo vimos con Ucrania y Rusia, lo estamos viendo ahora de nuevo con Oriente Medio. No hace falta que caiga una sola bomba sobre un campo europeo para que se tambalee nuestro sistema alimentario: basta con que un estrecho se cierre, un gasoducto se corte o un gobierno decida frenar exportaciones.

En la invasión de Ucrania, Rusia —uno de los mayores exportadores mundiales de fertilizantes y de gas— recortó ventas y sufrió sanciones. De golpe, los precios de la urea y otros abonos subieron entre un 35% y un 50% en cuestión de semanas. Muchos productores europeos tuvieron que parar hasta el 40% de su capacidad porque el gas se había vuelto impagable. El resultado fue una tormenta perfecta: fertilizantes escasos, más caros, y agricultores obligados a reducir dosis o directamente a dejar parcelas sin abonar.

Hoy el foco está en Irán y el Golfo Pérsico. El estrecho de Ormuz, por donde sale una parte crucial del gas y los fertilizantes del mundo, se ha convertido de nuevo en un cuello de botella. El cierre de facto del paso y la parada de plantas en Irán y Catar ya han provocado subidas de hasta el 35% en fertilizantes como la urea, el azufre o el fosfato diamónico. Y apenas ha pasado una semana.

Los efectos de este tipo de conflictos no se quedan en las bolsas de materias primas. Se trasladan, unos meses después, al pan, la pasta, el café, la carne. El trigo y el maíz, fundamentales en la dieta global, ya acusan la volatilidad de los costes agrícolas y del transporte. La agricultura del llamado “Occidente” no es la víctima visible de estas guerras, pero sí uno de sus rehenes silenciosos.

Europa: autosuficiente en normas, dependiente en abonos

Europa se presenta a menudo como adalid de la seguridad alimentaria y la autonomía estratégica, pero la realidad es más incómoda. El continente importa buena parte de sus fertilizantes de Rusia, Marruecos, Egipto o Bielorrusia, además del gas que alimenta su propia industria. Cuando se cerraron los gasoductos rusos y el precio del gas se disparó, la producción europea de fertilizantes cayó alrededor de un 70%. Desde entonces, muchos países han seguido comprando fertilizantes rusos fabricados a partir de un gas que ellos mismos han sancionado

La paradoja es clara: una parte de la seguridad alimentaria europea depende del suministro de su principal adversario geopolítico. Y, al mismo tiempo, el encarecimiento de esos abonos golpea de lleno a explotaciones ya ahogadas por costes crecientes y precios de venta estancados. En el campo, cada subida de la urea o del gasóleo agrícola no es un gráfico más: es la diferencia entre sembrar o no sembrar, entre mantener plantilla o despedir.

Mientras tanto, otros actores se mueven rápido. China, prácticamente autosuficiente en fertilizantes nitrogenados, ha pedido a sus distribuidores que no especulen ni acaparen producto ante la tensión en Oriente Medio. Rusia reconoce que no puede sustituir todo el volumen que falta desde el Golfo, pero sigue utilizando sus exportaciones de abono como herramienta de influencia. India, Brasil y Turquía compiten por un pastel cada vez más pequeño justo cuando se acercan sus campañas de siembra.

Un futuro incómodo: sin fertilizantes, no hay cosecha

Hay una idea romántica, muy cómoda para quien vive lejos del campo, que dice que bastaría con “volver a lo natural”. Rotaciones de cultivos, estiércol, agroecología: todo eso importa, y mucho, pero no basta para mantener los rendimientos que hoy alimentan a casi 8.000 millones de personas. El salto productivo del siglo XX se debe, en gran medida, a esos sacos blancos de fertilizante que ahora miramos con sospecha.

Imaginar de golpe un mundo sin fertilizantes fósiles, sin haber construido antes alternativas, es imaginar un mundo con menos cosecha y más hambre. Precisamente por eso, cada nueva guerra en una región productora de gas o fertilizantes debería leerse también como una amenaza directa a nuestra capacidad de comer. No solo aquí, sino sobre todo en los países que ya destinan la mayor parte de sus ingresos a la alimentación.

La salida no es sencilla, pero la dirección es clara. Desvincular, poco a poco, la producción de fertilizantes del gas fósil, apostar por tecnologías que usen hidrógeno renovable, recuperar suelos vivos que necesiten menos insumo químico, y tratar los fertilizantes no como un negocio especulativo más, sino como lo que son: un pilar de la seguridad alimentaria global.

Mientras eso no ocurra, cada estallido bélico en las zonas que concentran gas, petróleo y plantas de fertilizantes seguirá poniendo en jaque a la agricultura del mundo occidental. En la próxima crisis, quizá no falte gasolina en las gasolineras, pero sí pan en la mesa de quienes ya están al límite.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Andalucía se juega hoy buena parte de su futuro ambiental mientras el Gobierno de Moreno Bonilla sigue instalado en el triunfalismo verde y el marketing político. Lo que vende como “revolución verde” es, en realidad, una mezcla de desregulación, dejación de funciones y oportunismo que está poniendo en riesgo nuestro territorio, el agua y la salud de la gente.

La llamada “revolución verde” del PP andaluz no es un proyecto serio de transformación. No hay presupuestos de carbono vinculantes, no hay una acción climática integrada en todas las políticas públicas, no hay una autoridad independiente que vigile el cumplimiento de los objetivos. Lo que sí hay es improvisación, normas que se aflojan y una preocupante renuncia a ejercer a fondo las competencias de la Junta para proteger nuestros recursos naturales.

Andalucía podría liderar la transición energética en Europa: tiene sol, viento, posición estratégica y un enorme potencial industrial ligado a las energías renovables. Pero para aprovechar esa oportunidad hace falta gobernar el proceso, no abandonarlo a un “todo vale” sobre el suelo andaluz. Bajo la excusa de la “agilización administrativa” se han multiplicado macroplantas donde toca, pero también donde no toca, ocupando suelo rústico de alto valor, generando conflictos con el mundo rural y alimentando el rechazo social a proyectos que, bien planificados, deberían ser una oportunidad compartida.

Falta una zonificación clara y vinculante que marque zonas de exclusión ambiental, criterios paisajísticos y límites al impacto sobre la biodiversidad. Falta priorizar polígonos industriales y suelos ya degradados antes que seguir sacrificando territorio agrícola y natural. Convertir la transición energética en barra libre para unos pocos fondos y promotores es la manera más segura de dinamitar el consenso social y de perder una ocasión histórica de crear empleo de calidad y autonomía energética para Andalucía.

Si hay un símbolo de esta mala gestión ambiental es Doñana. Lo que debería ser un emblema mundial de conservación se ha transformado en escaparate de la dejación de funciones, la falta de planificación y el incumplimiento de la legalidad ambiental. El plan para ampliar regadíos en su entorno, impulsado por el Gobierno andaluz, provocó el rechazo de la comunidad científica, la preocupación de las instituciones europeas y la denuncia de organizaciones ecologistas que llevan años alertando de un intento de legalizar lo ilegal en un espacio ya al límite. Tras meses de polémica, la Junta se ha visto obligada a rectificar, pero el daño a la imagen de Andalucía y a la credibilidad de sus instituciones ya está hecho.

La política territorial de Moreno Bonilla obedece a la misma lógica cortoplacista. En lugar de consolidar un principio claro de no regresión ambiental, su Gobierno ha optado por la desregulación y por un urbanismo que vuelve a abrir la puerta a la especulación, debilitando la protección del litoral y de espacios de alto valor ecológico. Donde haría falta renaturalizar playas, marismas y dunas, reforzar infraestructuras verdes y planificar el retroceso ordenado en las zonas más vulnerables, se sigue pensando en clave de ladrillo y hormigón. Es un modelo que incrementa la exposición al riesgo climático y pone por delante el interés de unos pocos frente al interés general.

A este desequilibrio entre discurso y realidad se suma el maltrato a quienes están en primera línea defendiendo nuestros montes y nuestros pueblos: los hombres y mujeres del Plan INFOCA. Mientras el presidente presume de “tener el mejor dispositivo contra incendios del país” y se hace fotos cada verano junto a los helicópteros y los retenes, miles de bomberos forestales llevan años reclamando algo tan básico como el reconocimiento de su antigüedad, la estabilidad laboral y unas condiciones dignas.

Son, de facto, los únicos empleados públicos andaluces que no ven reconocida y pagada su antigüedad en las mismas condiciones que el resto de la plantilla de la Junta. Esa discriminación ha sido denunciada por sindicatos y trabajadores, que hablan de promesas incumplidas, mesas de negociación eternas y anuncios que nunca se concretan en nómina. Ocho años de palabras amables y de fotografías institucionales, pero ni un solo gesto efectivo para corregir una injusticia que se arrastra desde hace demasiado tiempo.

Y mientras tanto, esos mismos hombres y mujeres se juegan la vida cada verano frente a los incendios forestales, entrando donde todos los demás están saliendo. En invierno, son ellos quienes afrontan temporales y danas, despejando caminos, asegurando cauces, protegiendo pueblos y viviendas. Son los rostros que no se ven cuando las cámaras se apagan, pero sin los cuales Andalucía sería mucho más vulnerable. El contraste entre los elogios públicos y la negativa a reconocer su antigüedad y sus derechos laborales es una herida abierta que retrata con crudeza el tipo de “verde” que practica este Gobierno: aplausos para la foto, abandono en el día a día.

Todo esto tiene un coste que va mucho más allá de los discursos. Supone pérdida de biodiversidad, pérdida de oportunidades económicas ligadas a una economía verde seria y pérdida de confianza en unas instituciones que dicen una cosa y hacen la contraria. Andalucía está en primera línea del cambio climático y no puede permitirse un Gobierno que utiliza el color verde como maquillaje mientras se degradan sus ecosistemas, se desordena la transición energética y se desprecia a quienes, como el personal del INFOCA, sostienen sobre sus hombros la protección del territorio.

Lo que está en juego no es un eslogan ni una campaña de imagen, sino el derecho de la ciudadanía andaluza a un medio ambiente saludable, a un territorio cuidado y a un futuro digno para las próximas generaciones. Frente a la gran mentira verde de Moreno Bonilla, Andalucía necesita una política ambiental seria y honesta: basada en la ciencia, en la planificación, en el respeto a quienes protegen cada día nuestra tierra y en la convicción de que defender nuestro patrimonio natural no es un freno al progreso, sino la condición imprescindible para avanzar juntos, con empleo digno, con justicia social y con orgullo de pertenecer a esta tierra. 

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Durante años, se nos ha repetido que la ultraderecha avanza como una fuerza inevitable, casi como un fenómeno natural. Pero la historia reciente demuestra justo lo contrario: cuando las sociedades se organizan, cuando la política responde y cuando la democracia se defiende con decisión, el voto ultra se contiene, se reduce o queda encapsulado en los márgenes.

Hoy en España sabemos que una parte sustancial de los votos a Vox es un grito de protesta, no una adhesión ideológica profunda. Eso no lo hace menos preocupante, pero sí más manejable. Un voto de protesta no es una condena: es una alerta. Y esa alerta, si se escucha bien, puede convertirse en una oportunidad para renovar la democracia.

Francia fue uno de los primeros laboratorios de esta reacción democrática. En 2002, cuando Jean‑Marie Le Pen se coló en la segunda vuelta presidencial, el país entero se sacudió. La respuesta fue un frente republicano amplio: votantes de izquierdas apoyando a Chirac, carteles improvisados llamando a parar a la extrema derecha, manifestaciones masivas. El mensaje fue nítido: con la democracia no se juega. El Frente Nacional no desapareció, pero quedó claro que una mayoría social estaba dispuesta a levantarse cuando veía en riesgo el pacto democrático básico.

Dos décadas después, la película se repite con Marine Le Pen. Llega a la segunda vuelta, acaricia el poder, pero se encuentra de nuevo con un muro de contención. Ese muro no son solo los partidos: son también millones de ciudadanos que, sin entusiasmarse con Macron, asumen que hay líneas que no se cruzan. No es épica de película; es un recordatorio muy práctico de cómo se frena, de forma pacífica, a la ultraderecha: con votos, con acuerdos, con movilización.

Alemania ofrece otro ejemplo clave. La AfD ha capitalizado el malestar económico, el resentimiento territorial y el rechazo a las políticas migratorias. Sin embargo, ha chocado con una decisión firme del resto de partidos: no pactar con ellos, no blanquearlos con gobiernos compartidos, obligarse a grandes coaliciones incómodas antes que abrirles la puerta del poder. Ese cordón sanitario no elimina a la AfD, pero envía un mensaje concreto al votante de protesta: tu enfado se escucha, pero este camino no lleva a gobernar el país.

En España, la historia está todavía escribiéndose, pero ya hay señales importantes. Vox irrumpe con fuerza a partir de 2018, aprovechando la fatiga, la polarización territorial y la sensación de abandono de amplias capas sociales. Sin embargo, su crecimiento tiene techo. En unas elecciones tras otras se constata que, cuando la posibilidad de un gobierno junto a la ultraderecha se vuelve real, una parte relevante del electorado se activa para impedirlo. Sucede entre votantes progresistas, pero también entre sectores moderados que pueden preferir políticas conservadoras, pero no un salto atrás en derechos y libertades.

Lo mismo hemos visto al otro lado del Atlántico. Jair Bolsonaro llegó al poder en Brasil a lomos del hartazgo y la indignación. Pero no era invencible. En 2022, una coalición amplia, unida por la defensa de la democracia y por la promesa de políticas sociales concretas, consiguió derrotarlo en las urnas. No fue una batalla de eslóganes, sino una disputa sobre el tipo de país que querían ser: uno encerrado en el odio o uno que intentaba, con todas sus contradicciones, reconstruir la cohesión social.

Todos estos casos tienen algo en común: el voto ultra se debilita cuando la política deja de mirar hacia otro lado y abandona la comodidad del gesto vacío. Funciona cuando hay tres movimientos simultáneos.

Primero, acuerdos claros entre fuerzas democráticas para trazar líneas rojas. No se trata de demonizar al votante, sino de fijar límites a quienes quieren dinamitar las reglas del juego desde dentro. Ese compromiso tiene un coste, exige renuncias y coaliciones incómodas, pero sostiene la credibilidad del sistema.

Segundo, renovación real de la oferta política. El voto de protesta no se va a evaporar escuchando discursos moralistas. Hace falta que las opciones democráticas se parezcan menos a un club cerrado y más a una puerta abierta: nuevas caras, nuevas agendas, nuevas formas de escuchar. 

Y tercero, respuestas tangibles a los agravios que alimentan el enfado. No basta con llamar “facha” al votante que llega justo a fin de mes, que vive con miedo a perder el trabajo o que siente que nadie le mira a la cara. Hay que hablar de vivienda, de barrios abandonados, de sueldos que no dan para una vida digna. Hay que demostrar, con políticas concretas, que la democracia sirve para algo más que para votar cada cuatro años.

Mirar estos ejemplos no es un ejercicio académico, es un espejo. Si tres de cada cuatro votos a una formación ultra son un voto de protesta, la pregunta no es solo “¿cómo lo frenamos?”, sino “¿qué hemos hecho para empujar a tanta gente a ese lugar?”. La buena noticia es que la historia reciente prueba que hay margen. Que el miedo no es el único relato disponible. Que se puede disputar ese voto no desde la condescendencia, sino desde el respeto y la firmeza.

La ultraderecha no es una ola imparable. Es la consecuencia de heridas abiertas. Y las heridas, cuando se atienden, cuando se escuchan, cuando se curan con políticas justas y con un relato de futuro compartido, dejan de sangrar. Lo que hagamos con ese voto de protesta hoy definirá si mañana seremos un país más encerrado en sus fantasmas o una sociedad madura, capaz de mirarse de frente y reconstruirse sin dejar a nadie tirado. La elección está abierta. Y, por fortuna, sigue estando en nuestras manos.

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José González Arenas es Secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

En el verano de 2009 estuve en El Escorial, en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. Me había matriculado en el curso “Darwin y los 150 años de la Teoría de la Evolución” y, como suele pasar en esos encuentros, el verdadero debate se desbordó del programa. Uno de los momentos más intensos fue cuando la sala se dividió sobre si había que debatir “de tú a tú” con los propagadores del creacionismo. La pregunta era simple y, a la vez, brutal: ¿Al aceptar el debate con quienes niegan la Evolución, no estamos colocando su discurso en el mismo plano científico que la teoría que, desde hace 150 años, cuenta con toda la evidencia a su favor? ¿O, por el contrario, ignorarlos supone dejar libre el espacio para que su discurso se expanda sin oposición?

Años después, en España, vivimos un debate parecido, pero ahora en clave política y moral. Hace unas semanas, el escritor David Uclés anunció que no participaría en unas jornadas sobre la Guerra Civil española porque entendía que, al aceptar el formato de debate, se estaba blanqueando a quienes iniciaron el golpe de estado de 1936 y, de forma velada, legitimando discursos que aún hoy niegan la significación de esa guerra o la jerarquizan como si ambas partes fueran moralmente equivalentes. La tesis de operar con “equidistancia” —como si en ambos bandos se hubiera hecho “lo mismo” o “las mismas barbaridades”— choca con la historiografía y con la memoria de las víctimas. Uclés, como otros muchos, prefiere no compartir escenario con quienes intentan convertir una guerra civil, un golpe de Estado y décadas de dictadura en un simple contraste de “dos bandos”.

A partir de ahí, se ha reabierto una pregunta incómoda: ante ideas que muchos consideramos vomitivas, capciosas o abiertamente fascistas, ¿hay que debatirlas o dejarlas pasar sin réplica? ¿Todas las ideas son respetables? ¿Incluidas las racistas, negacionistas o fascistas?

Mi respuesta —y en esto nadie está obligado a estar de acuerdo— es que no todas las ideas son respetables. Lo que quizá sí sea respetable es el derecho formal a expresarlas dentro de un marco democrático. Pero respetar un derecho no equivale a reconocerle validez a ese discurso. Podemos reconocer que alguien tiene derecho a hablar sin por ello aceptar que sus palabras merezcan un espacio público igualitario, sin filtros ni contexto.

El problema real es el altavoz. Dar estrategia comunicativa a ideas que no superan el mínimo filtro de la dignidad humana no es neutral, ni “intelectualmente honesto”: es una decisión política. Y esa decisión tiene consecuencias. Cuando un medio de comunicación, un festival académico o una universidad decide que tal discurso merece compartir escenario con otros, está otorgando visibilidad y, en cierto modo, credibilidad. Y eso, en una sociedad herida por la memoria de la guerra, la represión y el olvido, no es inocuo.

He sentido curiosidad por lo que dice José Antonio Marina sobre este asunto en un reciente vídeo. Su planteamiento, en esencia, invita a no confundir “respeto” con “aprobación”: no se puede estar obligado a tratar como hermanos ideológicos a quienes defienden la exclusión, la violencia o el odio. Pero sí se puede exigir que, en un Estado democrático, no se les prohíba hablar, siempre que se mantenga firme el rechazo ético y la pedagogía pública. No son, en definitiva, posiciones incompatibles: se puede proteger el derecho mientras se condena el contenido.

El verdadero desafío, entonces, no es si hay que debatir o no, sino cómo se debata. No es un dilema entre censura y rendición, sino entre inteligencia democrática y arrojar gasolina al fuego. A veces, dejar plantado el escenario es una señal poderosa; otras, explicar con rigor por qué algo es inaceptable puede ser el mejor antídoto contra la normalización. En ambos casos, el punto de partida ha de ser claro: que el discurso nazi, racista, negacionista o fascista no merece el mismo nivel de respeto que el discurso democrático, laico, igualitario o feminista.

No todas las ideas son iguales. No todas merecen el mismo tratamiento. Y quizás, en un país como España, que aún no ha cerrado el capítulo de su Guerra Civil ni de su dictadura, lo más responsable es recordar que algunos debates ya están juzgados, no por dogma, sino por memoria, historia y justicia.

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José González Arenas es secretario de medio ambiente del PSOE de Córdoba.

Un año después de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, su estrategia de comunicación sigue siendo un puñetazo en el estómago de cualquiera que crea en la verdad. 

Escuché ayer, en Radio Nacional de España, un audio brutal de Eva Baroja, esa periodista que clava el dedo en la llaga del trumpismo. Lo resume sin filtros: “Trump actúa como un crío de primaria, impaciente y caprichoso, obsesionado con ser el centro del mundo”. Rabietas por no pillar el Nobel, saltos legales como quien pisa charcos, y esa fijación loca con Groenlandia o Venezuela. Pero el núcleo de su poderío está en la estrategia de comunicación de Steve Bannon para Trump, conocida como "flood the zone with shit" o "inundar la zona de mierda". Consiste en saturar el espacio mediático con una avalancha de información, rumores, noticias falsas y escándalos para desorientar al público y a los medios. Un tsunami de falsedades, rumores y escándalos que nos deja boquiabiertos, sin saber qué creer. Y ojo, porque aquí en España ya lo hemos vivido de cerca, con Alberto Núñez Feijóo desatando su propio galope de Gish contra Pedro Sánchez.

No es casualidad. Bannon lo soltó clarito en 2018: “La oposición real son los medios. Hay que inundarlos con mierda”. Imagina la escena: Trump tuitea a las tres de la mañana sobre fraudes electorales, al día siguiente anuncia aranceles sorpresa, y por la tarde ataca a la justicia. Todo mezclado con medias verdades y provocaciones. El objetivo no es convencerte de una gran mentira, sino agotarte. Los periodistas corren a verificar, el público se marea, y al final, la verdad se diluye en el ruido. Baroja lo pinta perfecto: “Abrumar con anuncios, info falsa y escándalos hasta que nadie distingue lo real”. Hoy, en 2026, con Trump de nuevo al mando, es un reality show nonstop: Gaza, inmigrantes, fiscales en la mira. Nos quedamos mirando, exhaustos.

El galope de Gish es el hermano pequeño de esa bestia. Nombrado por el creacionista Duane Gish, que machacaba a científicos con avalanchas de datos falsos en debates, consiste en soltar una ráfaga de argumentos débiles o mentirosos tan rápido que refutarlos uno a uno es imposible. ¿La conexión con Bannon? Misma familia: saturación para ganar por cansancio. Mentir sale barato y rápido; corregir exige horas de datos y paciencia. El público capta la imagen de “el que domina los números”, no los detalles.

Y aquí viene lo que nos dolió en carne propia. El debate de julio de 2023 entre Sánchez y Feijóo fue un galope de Gish en prime time. Feijóo no debatió; bombardeó. Cifras sesgadas sobre paro y pensiones, medias verdades sobre pactos con independentistas, ataques relámpago a la reforma laboral. Todo encadenado a velocidad infernal, sabiendo que Sánchez tenía 90 segundos para respirar.  No importaba la precisión —muchas fueron desmontadas después, como las manipulaciones sobre empleo o presupuestos—; primaba el efecto: proyectar control, dejar al rival a la defensiva. Era Bannon en formato español: el galope como herramienta puntual dentro de un “flood the zone” mayor, amplificado luego en redes por el PP.

Esta estrategia no nació ayer. Putin la patentó con su “manguera de falsedades” o "firehose of falsehood desde Crimea en 2014: miles de narrativas contradictorias vía RT y trolls, para justificar invasiones sin dar explicaciones coherentes. Goebbels inundaba radios con propaganda nazi, aunque más ideológica. En España, VOX lo intenta en parlamentos con mociones caóticas y memes tóxicos sobre la DANA. Feijóo lo subió de nivel, integrando el galope en la caja de herramientas conservadora: embarrar para no hundirse.

¿Y el daño? Te revuelve las tripas. Vivimos sobreinformados, pero el cerebro humano no aguanta. Nos entumecemos, llegamos al cinismo: “Todos mienten igual”. Trump lo hace global con sus caprichos presidenciales; Feijóo lo vuelve local, robando la percepción en un cara a cara clave. Baroja lo clava comparando a Trump con un niño revoltoso: atención constante, cero límites. Nos roban el debate real, nos dejan con la rabia de no poder seguir el ritmo.

Escuchar a Eva Baroja me dio un subidón de esperanza entre tanta bilis. Estos tipos nos quieren ahogados en mierda, pero la claridad es un salvavidas. En este 2026 incierto, desde España decimos basta: exigimos pausas, pruebas, honestidad. Pedro Sánchez le plantó cara; ahora nos toca a todos. Porque quien resiste el tsunami, acaba en pie.

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José González Arenas es secretario de medio ambiente del PSOE de Córdoba.

En 1935, en una mina de carbón del Donbass, en la hoy golpeada Ucrania, un obrero llamado Alexéi Grigórievich Stajánov logró algo que parecía imposible: extrajo catorce veces más carbón del previsto para una jornada de trabajo. Su gesto, que pronto fue exaltado por la prensa soviética, dio origen al estajanovismo, un movimiento laboral que pretendía encarnar la fe en el esfuerzo colectivo y en la capacidad humana para superar cualquier adversidad.

Más allá de la propaganda, Stajánov simbolizaba un impulso profundamente humano: la convicción de que el trabajo, cuando se hace con entrega y propósito, puede convertirse en herramienta de cambio. En aquella Unión Soviética que luchaba por salir de la ruina y la guerra civil, el estajanovismo fue una llamada a reconstruir un país desde el sudor de su gente. Era, en esencia, un ideal de dignidad obrera.

Hoy, casi un siglo después, España no vive tiempos de carbón ni de colectivización, pero sí de una fatiga semejante: la del ruido permanente. El Gobierno de Pedro Sánchez afronta una oleada de ataques sin precedentes, donde la crispación ha desplazado al debate sereno y la política parece haberse reducido a una constante deslegitimación del otro. Se grita más de lo que se escucha, se acusa más de lo que se construye.

Frente a ese clima irrespirable, el estajanovismo puede ofrecer una enseñanza inesperada. No como modelo económico —ni mucho menos político—, sino como actitud cívica. Frente al odio, el trabajo. Frente al insulto, la perseverancia. Frente al ruido, la eficacia silenciosa. Es un recordatorio de que la respuesta más contundente al descrédito es hacer las cosas bien, seguir cumpliendo, seguir construyendo país.

El trabajo bien hecho como resistencia. Esa podría ser la traducción contemporánea del espíritu estajanovista. No se trata de idealizar la productividad, sino de reivindicar la constancia como energía moral. En un contexto donde parte de la oposición busca desgastar al Gobierno más que corregirlo, la labor diaria de quienes gestionan lo público —sanitarias, maestras, funcionarias, científicas— se convierte en la mejor respuesta política posible. Progresar frente al odio es, hoy, una forma de militancia.

Pedro Sánchez, que ha hecho de la resiliencia su rasgo más reconocible, encarna ese gesto estajanovista en clave democrática: resistir para seguir gobernando; gobernar para seguir transformando. No con soflamas, sino con hechos concretos. Seguir trabajando cuando lo fácil sería rendirse.

Por cada ataque mediático, una medida social. Por cada descalificación, una inversión pública. Por cada intento de desgaste, un paso más hacia la modernización del país. Esa es la paradoja: en un escenario saturado de ruido, el silencio laborioso puede ser una forma de liderazgo.

Quienes creen que la política es solo espectáculo olvidan que los cimientos de cualquier sociedad avanzada se construyen, todavía, con trabajo. Como en aquella mina del Donbass, en la hoy ensangrentada Ucrania, donde un hombre anónimo recordó al mundo que incluso en los tiempos más duros hay lugar para la superación. Aquella chispa, que un día encendió el orgullo de un país entero, puede ser hoy una brújula moral para una España que necesita más hechos y menos ruido.

Porque cuando las voces del enfrentamiento se apaguen, lo que quedará no serán los titulares ni las polémicas, sino el trabajo bien hecho. Ese que, sin alzar la voz, demuestra que la mejor forma de vencer a la crispación no es gritar más fuerte, sino seguir construyendo juntos.

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José González Arenas es secretario de medio ambiente del PSOE de Córdoba.

Silvia Intxaurrondo lo resume con una escena doméstica: miras por la ventana, ves que llueve a cántaros y, aun así, te exigen que presentes como “versión alternativa” a quien dice que no cae ni una gota. Esa imagen retrata el corazón de la equidistancia: poner al mismo nivel un hecho verificable y una negación sin pruebas, como si fueran dos percepciones igual de válidas. El resultado es claro: se empuja a la ciudadanía a sospechar de sus propios ojos y a depender cada vez más del relato de los actores políticos y mediáticos.

En términos políticos, esto significa que un dato contrastado –un resultado electoral, una sentencia judicial, una cifra económica– puede quedar reducido a “una opinión más” frente al relato que le convenga al partido de turno. La discusión ya no gira en torno a qué hacer con los hechos, sino a quién logra imponer su ficción como si fuera realidad.

La equidistancia no aparece de la nada: se alimenta de un ecosistema de posverdad, mensajería instantánea y redes sociales donde el bulo viaja más rápido que cualquier desmentido. El salto se completa cuando esa lógica entra por la puerta grande de los platós, las tertulias y las columnas de opinión. Allí, la figura del “tertuliano profesional” se convierte en el intermediario perfecto entre la mentira interesada y su legitimación pública.

El mecanismo es sencillo: se sienta a alguien que niega una evidencia al lado de quien la defiende con datos, y se presenta el conjunto como “debate abierto”. El espectador recibe el mensaje de que la verdad está en un punto medio inexistente entre la realidad y su negación, como si la honestidad consistiera en recortar un poco a cada lado.

La coartada favorita de este juego es la neutralidad. Quien se limita a constatar los hechos es acusado de “posicionarse” o de “militar”, mientras se aplaude como objetivo al que reparte el tiempo y la credibilidad al 50% entre la evidencia y el bulo. Así, el periodismo deja de ser un oficio de verificación y se transforma en una coreografía de equilibrios artificiales que solo beneficia a quien necesita sembrar dudas para sobrevivir políticamente.

Intxaurrondo apunta precisamente a ese punto incómodo: informar es decir que está lloviendo cuando llueve, aunque a un líder político no le guste mojarse. Convertir al periodista en un notario de relatos, y no de hechos, es la manera más eficaz de domesticar los medios sin necesidad de censura explícita.

Para determinados espacios políticos, la equidistancia es un negocio redondo. No necesitan demostrar nada, solo colar su versión en el mismo plano que la realidad. El objetivo no es convencer de que no llueve, sino lograr que una parte suficiente de la sociedad piense que “nadie sabe muy bien qué está pasando” o que “todos mienten por igual”.

Cuando esa sensación se consolida, la ventaja es doble: se desactiva la responsabilidad política –si todos son iguales, nadie responde de nada– y se abre la puerta a discursos cada vez más extremos, amparados en la idea de que representan simplemente “otra mirada”. Lo que antes se consideraba una barbaridad pasa a ser una opción más en el menú, y cuestionarla se presenta como intolerancia o censura.

Ahí aparece el lado más oscuro de la equidistancia: su capacidad para blanquear discursos autoritarios, xenófobos o abiertamente antidemocráticos. Cuando se coloca en pie de igualdad a quienes defienden el marco constitucional y a quienes lo dinamitan, se envía el mensaje de que ambos proyectos tienen la misma legitimidad democrática. La frontera entre discrepancia legítima y ataque frontal a los derechos se diluye en nombre de un supuesto equilibrio.

En España lo hemos visto en debates donde se oponen políticas públicas respaldadas por mayorías parlamentarias y relatos conspirativos que las tildan de “golpe” o “dictadura”, sin ninguna prueba. Si el periodismo se limita a reproducir ambas cosas como si fueran simétricas, el extremismo gana un altavoz que no podría conquistar solo por su contenido, sino gracias al marco equidistante que otros le regalan.

Las reacciones contra profesionales como Intxaurrondo muestran hasta qué punto resulta incómodo que alguien rompa ese juego y diga abiertamente que no todo vale. Cada vez que un periodista desmonta un bulo en directo y obliga a un dirigente a confrontar los hechos, se desatan campañas de presión, vetos o ataques personales que buscan lanzar un aviso al resto de la profesión.

Detrás de esos ataques late una idea muy concreta de qué periodismo se desea: uno dócil, dispuesto a empaquetar como “polémica” lo que en realidad es una vulneración de derechos, una mentira demostrable o un señuelo para desviar la atención. Exigir datos, pedir pruebas o recordar el contexto es presentado entonces como sectarismo, cuando en realidad es la mínima ética profesional.

La equidistancia tiene un efecto corrosivo sobre la vida democrática: deshace el suelo común de hechos sobre el que debería construirse cualquier desacuerdo legítimo. Si todo se reduce a relato, ya no se discuten soluciones a problemas reales, sino narrativas identitarias que chocan sin posibilidad de contraste. En ese terreno, la política se parece más a una guerra cultural permanente que a un espacio de deliberación.

Cuando los hechos dejan de importar, ganan peso el grito, el espectáculo y la capacidad de escándalo. No importa quién tenga razón, sino quién consigue dominar el ciclo mediático del día con su última provocación. La ciudadanía, saturada, se refugia en el cinismo: “todos mienten”, “todos son iguales”, “nada se puede comprobar del todo”. Y ahí la democracia pierde algo más profundo que un voto: pierde confianza.

Por eso, el debate sobre equidistancia no va solo de periodismo, sino de qué tipo de ciudadanía se quiere. Un público acostumbrado a que le traten como adulto no necesita que le fabriquen puntos medios artificiales, sino que le ofrezcan hechos contrastados y argumentos claros, aunque sean incómodos. La comodidad del “todos son iguales” funciona como anestesia moral y política que permite mirar hacia otro lado mientras la realidad se degrada.

Tomar partido por los hechos no convierte a nadie en activista, sino en demócrata mínimo. Significa reconocer que la pluralidad no consiste en igualar la verdad y la mentira, sino en discutir, desde un suelo compartido, qué hacer con lo que sí está pasando. La equidistancia, tal y como la denuncia Intxaurrondo, no es una posición prudente, sino una renuncia disfrazada de virtud. Y en política, cada renuncia a la verdad acaba siendo una concesión al poder que más la necesita.

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José González Arenas es secretario de medio ambiente del PSOE de Córdoba.

La verdad en política no es una abstracción filosófica, sino una condición básica para que la ciudadanía pueda decidir con libertad. Cuando un partido convierte la mentira, la desinformación y la huida de responsabilidades en herramienta sistemática, lo que se erosiona no es solo la credibilidad de ese partido, sino la confianza en la democracia misma.

Sin información veraz no hay posibilidad real de elegir, solo de ser guiado por quien controla el relato. Por eso los bulos y las medias verdades no son simples “excesos de campaña”, sino un ataque directo al derecho de la ciudadanía a saber qué ocurre y quién hace qué.

En los últimos años, los verificadores de datos han mostrado cómo la desinformación se ha instalado en el corazón del debate público español, especialmente en periodos electorales. No es un fenómeno neutro: se concentra en determinados actores que han convertido la mentira en método de trabajo político.

Diversos estudios y análisis periodísticos han demostrado que una parte significativa de los mensajes difundidos por el Partido Popular en campaña eran directamente falsos o engañosos. Se trata de una forma de hacer política que asume que el rédito electoral justifica distorsionar la realidad, incluso cuando eso alimenta la polarización y la desconfianza.

Los ejemplos se repiten: desde mensajes alarmistas sobre inmigración o ayudas sociales en campañas autonómicas, hasta insinuaciones de fraude electoral sin pruebas, diseñadas para sembrar dudas sobre el propio sistema democrático. Cada bulo deja un poso, y aunque luego se desmienta, la sospecha ya ha hecho su trabajo en el imaginario colectivo.

La historia reciente ofrece casos en los que el Partido Popular ha utilizado informaciones falsas o manipuladas desde las propias instituciones. Episodios como la campaña contra profesionales sanitarios en Madrid, basada en acusaciones que más tarde la justicia declaró infundadas, muestran hasta qué punto la mentira puede arruinar vidas mientras se utiliza como munición partidista.

También hubo gobiernos del PP que difundieron versiones falsas o no contrastadas sobre hechos de enorme gravedad, instrumentalizando el dolor social para proteger su imagen y sus intereses políticos. Cuando quienes deberían encarnar la responsabilidad institucional optan por la cortina de humo, el mensaje al conjunto de la sociedad es devastador: mentir sale barato si sirve para salvar el día.

Los análisis de bulos en campañas españolas revelan patrones concretos: ataques personales basados en frases que nunca se dijeron, imágenes manipuladas y acusaciones de “pucherazo” que pretenden deslegitimar los resultados antes de que se produzcan. En ese ecosistema, dirigentes del Partido Popular y sus entornos mediáticos han jugado un papel central amplificando rumores y contenidos que luego son desmentidos por verificadores independientes.

No se trata de errores aislados, sino de una cultura política que premia el impacto inmediato frente al rigor. El objetivo no es informar, sino agitar emociones: miedo, enfado, resentimiento, esa mezcla perfecta para que el análisis sereno quede arrinconado.

La mentira no solo se expresa en lo que se dice, sino también en lo que se niega cuando los hechos ya son incontestables. Frente a los numerosos casos de corrupción que han salpicado al Partido Popular en distintos niveles de la administración, la reacción habitual ha sido minimizar, desmarcarse de los responsables o presentar las tramas como anécdotas del pasado.

Sin embargo, siguen acumulándose causas abiertas y piezas pendientes de juicio procedentes de redes como Gürtel o Púnica, que afectaron de lleno a exdirigentes y estructuras del partido. La negativa a asumir responsabilidades políticas profundas, más allá de los mínimos impuestos por los tribunales, alimenta la sensación de impunidad y distancia a la ciudadanía de las instituciones.

La desinformación no se queda en titulares; baja a la calle y condiciona la vida de la gente. Quien escucha una y otra vez que “los inmigrantes viven de ayudas millonarias” puede acabar señalando a su vecino sin papeles, aunque los datos muestren que tal relato es falso. Quien cree que el sistema electoral está amañado puede dejar de votar o asumir que la política es una farsa, justo el terreno donde crecen el cinismo y la abstención.

También ocurre con la corrupción: cuando se normaliza que un partido acumule casos durante décadas sin una autocrítica real, se instala la idea de que “todos son iguales” y de que robar es parte del juego. Esa resignación es el mejor aliado de quienes quieren seguir gobernando sin rendir cuentas.

Frente a esta dinámica, la defensa de la verdad no es un lujo moral, sino una urgencia democrática. La ciudadanía necesita medios independientes, verificadores de datos y una sociedad civil activa, pero también partidos que entiendan que perder un voto por decir la verdad es más digno que ganarlo mintiendo.

Mientras el Partido Popular continúe apostando por el bulo, la manipulación y la dejación de responsabilidades, no solo estará dañando a sus adversarios, sino debilitando la confianza en aquello que asegura querer defender: la democracia española. La pregunta ya no es si mienten, sino cuánta mentira estamos dispuestos a tolerar antes de decir basta.

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José González Arenas es secretario de medio ambiente del PSOE de Córdoba.

Todos apoyan las energías limpias… hasta que las instalan al lado de casa. Ese es el efecto NIMBY, acrónimo inglés de Not In My Back Yard, que significa “no en mi patio trasero”. Un reflejo cada vez más habitual cuando proyectos aparentemente beneficiosos —como las plantas de biogás— intentan asentarse en municipios rurales españoles.

El concepto define una contradicción muy humana: queremos energía sostenible, pero sin alterar nuestro paisaje ni asumir los riesgos. Y esa tensión, entre la sostenibilidad global y la protección del entorno inmediato, está frenando el avance de una tecnología clave para reducir residuos y emisiones.

El biogás es una fuente de energía renovable generada a partir de residuos orgánicos agrícolas, ganaderos o urbanos. Mediante un proceso natural de digestión anaerobia, estos residuos se transforman en metano utilizable para producir electricidad, calor o biometano. El residuo restante, llamado digestato, sirve como fertilizante.

No se trata de una energía experimental, sino de una tecnología madura, especialmente desarrollada en países como Alemania o Dinamarca. Allí, las plantas de biogás son un pilar de la economía rural y una herramienta de autosuficiencia energética. En España, sin embargo, su implantación avanza a paso lento, no tanto por falta de recursos, sino por desconfianza social.

En la práctica, muchos proyectos de biogás en España topan con la resistencia vecinal. Los temores se repiten: malos olores, contaminación del agua, tráfico pesado o pérdida de valor del suelo agrícola. Aunque raramente se confirman, son suficientes para alimentar un rechazo que paraliza licencias y retrasa inversiones.

El problema de fondo no es técnico, sino comunicativo. Los vecinos suelen conocer el proyecto cuando ya está aprobado, sin haber participado en su diseño ni comprendido su funcionamiento. Ante la falta de información, la sospecha ocupa el lugar del diálogo. El caso ilustra una lección universal: la transición energética no se construye solo con ingenieros, sino con pedagogía y confianza.

Los países que lideran la producción de biogás han entendido algo esencial: la energía es más aceptada cuando se comparte. En Dinamarca, muchas plantas pertenecen a cooperativas formadas por los propios residentes y agricultores de la zona. Tienen voz, beneficios y control. Ven la instalación como una oportunidad colectiva, no como una amenaza impuesta.

En España, los promotores suelen ser grandes empresas externas. Hablan de inversión y empleo, pero pocas veces ofrecen participación o beneficios tangibles al entorno. Sin ese vínculo, el biogás continúa siendo “su proyecto”, no “nuestro proyecto”. La diferencia, aunque parezca simbólica, lo cambia todo.

A veces, basta una palabra para fijar una percepción. Decir “planta industrial de biogás” suena a fábrica y contaminación. Llamarla “instalación local de energía renovable generada con residuos agrícolas” despierta otro tipo de imaginería: una energía nacida del propio territorio. Las palabras influyen en la aceptación tanto como los datos técnicos.

La divulgación es fundamental: visitas a plantas en funcionamiento, charlas informativas en colegios o sesiones abiertas con expertos pueden transformar el miedo en conocimiento. Cuando las personas comprenden qué hay detrás del proceso, los mitos se disuelven y quedan los hechos.

El Gobierno y las comunidades autónomas deben actuar como mediadores, no solo como reguladores. Su responsabilidad es garantizar la seguridad ambiental, pero también facilitar la comprensión social de los proyectos. El control riguroso genera confianza, y la confianza abre puertas.

Los ayuntamientos rurales necesitan más apoyo técnico y pedagógico. No basta con gestionar trámites: hace falta involucrar a los vecinos, garantizar que los beneficios repercutan localmente y demostrar que la sostenibilidad no significa sacrificio del territorio, sino revitalización.

Superar el efecto NIMBY no implica silenciar el miedo, sino escucharlo. Implica mostrar con hechos que una planta de biogás puede convivir perfectamente en el entorno rural, generando empleo, ingresos y energía limpia. Implica también repartir beneficios, formar parte de las decisiones y convertir al vecino en aliado.

Porque detrás de cada planta frenada por desconfianza hay toneladas de residuos desaprovechados y emisiones que podrían evitarse. Cada proyecto que se queda en el papel retrasa el futuro energético que España necesita.

Aceptar el biogás no es una renuncia al paisaje, sino una forma de protegerlo. Es entender que la sostenibilidad no puede hacerse “en otro sitio”, lejos de nosotros, sino aquí, con nosotros. Y quizá ahí, en ese cambio de mirada, empiece la verdadera transición energética.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

La crisis del programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama no ha surgido de la nada. No es fruto de un error técnico ni de un descuido administrativo. Es la consecuencia directa de siete años de políticas que han debilitado deliberadamente los cimientos de la sanidad pública andaluza. Lo que se está viviendo hoy —colapsos en las unidades, retrasos en las citaciones y una caída en la confianza de las pacientes— no es más que el desenlace lógico de una estrategia que priorizó los recortes y la gestión externalizada por encima de la prevención y la vida.

Durante más de dos décadas, el programa de cribado de cáncer de mama había sido un motivo de orgullo colectivo. Un símbolo de cómo la sanidad pública podía cuidar de su gente con eficacia, sensibilidad y justicia. Cada cita en una mamografía era una promesa cumplida: la de que la salud de las mujeres no dependía del dinero que tuvieran en la cuenta, sino del compromiso de una comunidad con su bienestar. Ese espíritu es el que se ha ido diluyendo lentamente entre contratos temporales, ratios imposibles y hospitales que se ven obligados a hacer más con menos.

Hoy, los datos empiezan a mostrar el daño: menos mujeres llamadas, más demoras en las pruebas, más diagnósticos tardíos. Pero detrás de cada cifra hay historias reales, nombres, familias, miedos. Está la mujer que lleva meses esperando una llamada que no llega. Está la enfermera que encadena turnos dobles para cubrir a sus compañeras. Está la médica que, a pesar del agotamiento, sigue empujando para que el sistema no se derrumbe del todo. Son ellas las que sostienen con esfuerzo lo que la política del Partido Popular está dejando caer.

El discurso oficial lo maquilla. Hablan de “ajustes”, de “nuevos modelos de gestión”, de “eficiencia”. Pero en la práctica, esas palabras son eufemismos para esconder un vaciamiento premeditado. La eficiencia no consiste en ahorrar a costa de retrasar diagnósticos, ni en medir resultados sin entender sufrimientos. Si una mujer recibe su mamografía con meses de retraso y el cáncer avanza, ¿de qué sirve la eficiencia? Si el sistema se sostiene gracias al sacrificio de profesionales agotadas, ¿qué clase de modernización es esa?.

La desatención no es sólo un fallo sanitario: es un atentado moral. Porque estamos hablando de un programa que salva vidas, que reduce la mortalidad y que ofrece esperanza. Dejarlo caer no es un error técnico: es una decisión política. Y toda decisión política tiene responsables con nombres y apellidos.

El Gobierno de Moreno Bonilla ha insistido en que el sistema funciona, en que los recursos son suficientes. Pero cada centro de salud saturado, cada mujer olvidada en la lista de espera, desmiente ese relato complaciente. No hay excusa que justifique que una política pública esencial, construida durante años con el esfuerzo de miles de profesionales, se degrade bajo la indiferencia gubernamental.

Andalucía necesita una sanidad que cuide, no una que justifique su abandono con discursos tecnocráticos. Necesita volver a colocar la prevención en el centro, reforzar las plantillas, dignificar los contratos y escuchar a quienes advierten desde dentro que el sistema se resquebraja. Las trabajadoras sanitarias no piden milagros: piden medios, respeto y estabilidad. Y las mujeres andaluzas no piden privilegios: piden que se respete su derecho a la detección temprana, a vivir.

No hay nada más profundamente político que decidir a quién se cuida y a quién se deja esperando. Por eso defender el programa de detección precoz del cáncer de mama no es solo una lucha por un servicio concreto: es una defensa del sentido mismo de la sanidad pública. Es decir “no” al abandono, “no” a la precariedad, y “sí” a una política que mire a las personas y no a los balances.

La salud de las mujeres no puede depender del azar, ni de la retórica de quienes se esconden tras cifras maquilladas. Cada demora, cada silencio, cada mamografía perdida, es una grieta en la confianza de toda una sociedad. Andalucía no merece vivir con miedo a enfermar, ni ver cómo se destruye, sin ruido, una de las conquistas más humanas de su historia reciente. Toca recuperarla. Toca levantar la voz. Porque la sanidad pública no se defiende sola: la defienden quienes no se resignan a verla morir.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Ser de izquierdas en el siglo XXI implica una transformación profunda y multifacética que va mucho más allá de las tradicionales luchas por la justicia social y la igualdad económica. En la actualidad, la izquierda debe enfrentar un mundo en constante cambio donde las desigualdades no solo responden a diferencias de clase, sino que se manifiestan también en cuestiones de género, raza, medio ambiente y acceso a derechos fundamentales.

La izquierda contemporánea reconoce que la lucha por la justicia social debe incluir todas las formas de exclusión y discriminación. El compromiso ya no se limita a mejorar la situación laboral o económica; debe abarcar también la defensa de los derechos de las mujeres, de las comunidades racializadas, y la protección del planeta. Estas reivindicaciones están interconectadas y deben abordarse de manera conjunta para generar una transformación real y duradera.

El capitalismo actual, influido por la globalización, la concentración del poder corporativo y la digitalización ha cambiado la manera en que las personas viven y se relacionan con el sistema económico. Hoy, la identidad de las personas no se restringe a su situación laboral: también involucra su acceso a servicios financieros, a créditos, y la forma en que son percibidas social y económicamente. Comprender estas nuevas realidades es esencial para que la izquierda pueda ofrecer alternativas que realmente cuestionen el poder y las desigualdades vigentes.

En el mundo de hoy, la izquierda debe enfrentarse a un fuerte resurgimiento de discursos y movimientos que buscan reafirmar privilegios antiguos y fomentan divisiones sociales. Los populismos de derecha, que a menudo se basan en el miedo, la exclusión y la búsqueda de chivos expiatorios, representan un desafío relevante para quienes defienden la igualdad y los derechos humanos. La izquierda debe mantener una postura firme frente a estas fuerzas, defendiendo con convicción la diversidad, la inclusión y la justicia.

Ser de izquierdas implica estar siempre atento a cualquier forma de injusticia, y al mismo tiempo mantener una actitud positiva hacia el cambio posible. Esto requiere valentía para enfrentar tensiones internas y obstáculos externos sin abandonar ideales ni visiones de futuro. La izquierda moderna se define por la capacidad de adaptarse, de generar nuevos espacios de participación y de abrirse a nuevas luchas, sin perder el horizonte de construir un mundo más justo.

Más allá de resistir, la izquierda debe ser creadora de nuevas formas de organizar la sociedad, basadas en el respeto mutuo, la solidaridad, la igualdad y la inclusión. Esto implica fomentar un debate abierto, escuchar todas las voces e impulsar transformaciones que mejoren la vida de las personas en lo cotidiano y en lo estructural. La fuerza de la izquierda radica en convertir la indignación por la injusticia en acción concreta y sostenida.

El presente muestra un escenario político complejo, con tensiones crecientes y avances de la derecha radical en diversos países. Sin embargo, la izquierda sigue siendo imprescindible para afrontar los grandes desafíos globales, como la crisis climática y las desigualdades crecientes. Su éxito dependerá de su capacidad para renovarse, construir alianzas diversas y mantenerse firme en la defensa de los derechos humanos, la dignidad y la justicia social, sin perder nunca la voluntad de transformar la realidad.

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José González Arenas es secretario de Medioambiente del PSOE de Córdoba.