En la política española actual se repite con frecuencia una idea que, de tanto escucharse, empieza a parecer incuestionable: que determinados partidos están “condenados a entenderse”. Sin embargo, esta afirmación es más discutible de lo que parece. Los acuerdos no son inevitables; son, en realidad, el resultado de una lógica mucho más pragmática: la de la conveniencia condicionada por los resultados electorales.

El concepto es sencillo. Los partidos, y en especial los de derechas, no pactan únicamente en función de afinidades ideológicas o de la aritmética parlamentaria, sino también, y a veces sobre todo, en función del coste político que cada acuerdo puede tener entre sus votantes. No se trata solo de sumar, sino de no restar.

El caso de la Región de Murcia por poner un ejemplo, resulta especialmente ilustrativo. Ante la dificultad para aprobar los presupuestos, el Partido Socialista ofreció su apoyo al Partido Popular con el objetivo explícito de facilitar la gobernabilidad y, de paso, aislar a Vox. Sobre el papel, la operación tenía lógica institucional: estabilidad, cuentas públicas aprobadas y una mayoría alternativa viable. Sin embargo, la respuesta del PP fue inmediata y negativa.

¿Por qué rechazar una opción que permitiría gobernar sin depender de un socio incómodo? La respuesta no está tanto en los números como en la estrategia. Aceptar el apoyo del PSOE podría interpretarse como una cesión al adversario político principal, con el consiguiente riesgo de desmovilizar a parte de su electorado o de alimentar el discurso de sus competidores por la derecha. En cambio, mantener el entendimiento con Vox, aun con tensiones, encaja mejor dentro de su bloque natural y resulta más coherente ante sus votantes.

Esto revela una clave fundamental del momento político: no todas las alianzas tienen el mismo coste. Pactar con un partido ideológicamente más cercano, aunque genere controversia externa, puede ser electoralmente más “barato” que alcanzar acuerdos transversales que desdibujen las fronteras entre bloques. En otras palabras, la distancia entre partidos no es solo ideológica, sino también estratégica.

En distintas comunidades autónomas se observa una tendencia similar: cuando la suma lo permite, se consolidan acuerdos dentro del mismo bloque político, incluso si existen alternativas que podrían ofrecer mayor estabilidad o moderación. La lógica de bloques, reforzada en los últimos años, penaliza los movimientos que cruzan esas líneas.

El resultado es una política cada vez más previsible en sus alianzas, pero también más rígida. Las posibilidades de acuerdos transversales se reducen no porque sean imposibles, sino porque resultan electoralmente arriesgados. Así, la gobernabilidad queda supeditada no solo a la aritmética parlamentaria, sino al cálculo constante de costes y beneficios en términos de voto.

Quizá por eso conviene cuestionar la idea de que algunos partidos están “condenados a entenderse”. No lo están. Lo que ocurre es que, en el contexto actual, entenderse con unos sale más rentable, o menos costoso, que hacerlo con otros.

Y mientras esa lógica prevalezca, la política española seguirá moviéndose menos por la necesidad y más por la conveniencia.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Soy socialista de y para siempre. Y lo que más me incomoda hoy no es la distancia entre el partido y la República, sino la naturalidad con la que se ha asumido esa distancia. No hay tensión, no hay debate: hay una renuncia organizada, dirigida y sostenida desde arriba.

Durante años se nos dijo que la cuestión republicana debía aplazarse, que lo importante era consolidar la democracia. Que abrir ese melón era irresponsable. Aquella coartada pudo tener sentido en un contexto frágil. Hoy es simplemente una excusa gastada que encubre una decisión política: no incomodar al poder, no cuestionar el marco, no arriesgar.

La dirección del partido ha ido más allá de la prudencia: ha institucionalizado el silencio. Ha convertido la forma de Estado en un tema prohibido de facto. No hay debate real en los congresos, no hay resoluciones, no hay consulta a la militancia. Y lo más grave: no hay voluntad.

Se ha impuesto una disciplina que no es ideológica, sino preventiva. Se evita el conflicto no porque esté resuelto, sino porque se teme. Se ha asumido que defender una posición republicana dentro del partido es, en el mejor de los casos, una incomodidad; en el peor, una deslealtad.

Conviene recordar aquí a Gómez Llorente, cuando advirtió en Las Cortes que el socialismo no podía comprometer a las generaciones futuras en una cuestión como la forma de Estado. Aquello no era una fórmula retórica: era una línea roja democrática.

Hoy, esa advertencia ha sido traicionada. No porque se haya decidido democráticamente mantener la monarquía, sino porque se ha evitado deliberadamente cualquier posibilidad de discutirla.

La dirección ha optado por blindar el modelo sin someterlo a contraste interno. Y lo ha hecho sin mandato explícito, sin debate abierto, sin asumir el coste político de defenderlo de cara a su propia militancia. Eso no es responsabilidad: es puro cálculo.

Se nos pide lealtad, pero se practica el cierre. Se invoca la historia, pero se vacía de contenido. Se apela al 14 de abril, pero se desactiva todo lo que esa fecha representa. La República se ha convertido en un símbolo tolerado un día al año y neutralizado los otros 364.

Y mientras tanto, el partido se acomoda en una lógica de gestión que reduce su ambición política. Ya no se trata de transformar, sino de administrar. Ya no se trata de abrir horizontes, sino de asegurar equilibrios. En ese marco, la cuestión republicana sobra. No porque sea irrelevante, sino porque es incómoda.

Pero un partido como el PSOE no puede permitirse esa comodidad sin pagar un precio. Porque cuando se clausuran debates de fondo, lo que se erosiona no es solo la coherencia ideológica, sino la propia calidad democrática interna. Y eso, tarde o temprano, pasa factura.

El problema no es que la República no esté en la agenda inmediata. El problema es que la dirección ha decidido que no debe estar en ninguna agenda. Ha sustituido una aspiración histórica por un consenso tácito que nadie ha votado y que pocos se atreven a cuestionar en voz alta.

Como socialista, lo más preocupante no es la posición oficial, sino el mensaje implícito: hay temas que no se tocan. Y un partido que señala límites al pensamiento crítico de su propia base deja de ser una organización política viva para convertirse en una estructura de obediencia.

El 14 de abril debería servir para algo más que para recordar. Debería obligarnos a decir lo que ya es evidente: que el PSOE ha dejado de ser un partido con vocación republicana no por evolución ideológica, sino por decisión estratégica de su cúpula.

Y que esa decisión no se ha discutido. Se ha impuesto.

Eso sí es un problema. Y no menor.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Utilizar la fuerza armada de forma ilegal contra países con fines políticos y económicos es terrorismo. No deja de serlo porque quien lo ordene vista uniforme, ocupe un despacho presidencial o forme parte de un bloque militar como la OTAN. La violencia deliberada contra poblaciones inocentes, con el objetivo de influir políticamente, es criminal, y sin embargo la comunidad internacional asiste con inquietante normalidad a su perpetuación, a menudo ocultando bajo el eufemismo de “operaciones militares” lo que son patrones de violencia sistemática con consecuencias devastadoras.

Los datos hablan por sí mismos. En el conflicto entre Israel y Gaza, las cifras oficiales de muertos y heridos incluyen una proporción abrumadora de población civil: mujeres, niños, personas mayores y profesionales sanitarios atrapados en medio de hostilidades intensas. Los registros de organizaciones internacionales y ONG sitúan a miles de víctimas civiles directas, y testimonios detallados denuncian la destrucción de barrios enteros y la desprotección de la población ante ataques indiscriminados. Israel: ha usado al pueblo palestino con la misma lógica que emplearon los nazis contra los judíos.

En Europa del Este, la guerra iniciada por Rusia en Ucrania ha destruido ciudades enteras y ha provocado decenas de miles de muertes desde 2014, con picos dramáticos desde 2022. Millones de personas han sido desplazadas, muchas de ellas mujeres y niñas, obligadas a abandonar hogares y vidas por el avance de operaciones que no distinguen entre objetivos militares y zonas civiles densamente pobladas.

Estas cifras no son estadísticas frías: son vidas, familias rotas y generaciones marcadas por la violencia. Y pocas veces se escucha vinculándolas con un término que, por definición, debería aplicarse: “Terrorismo de Estado”.

Las consecuencias no se limitan a la tragedia humana. El impacto económico de los conflictos contemporáneos es colosal y trasciende fronteras. Según estimaciones de institutos de análisis económico y de paz, el coste global de la violencia armada y los conflictos se sitúa en billones de euros al año, representando una parte significativa del PIB mundial. Parte de ese gasto proviene de los enormes presupuestos militares, pero una proporción creciente se destina a reconstrucción, atención a desplazados y estabilización de regiones devastadas.

Las economías locales, desde Gaza hasta Ucrania, se enfrentan a tasas extremas de desempleo, colapsos en sectores productivos clave y caídas abruptas del PIB. En Franja de Gaza, la destrucción de infraestructura esencial, industrias, hospitales y sistemas de agua y saneamiento deja una economía al borde del colapso. En Ucrania, la reconstrucción post-conflicto exigirá décadas de inversión, mientras que las tensiones en los mercados de materias primas y energía repercuten globalmente, encareciendo alimentos y combustibles en economías vulnerables.

Es imposible separar estos costes humanos y económicos de las decisiones políticas que los causan. Ni tampoco ignorar que cuando las potencias globales normalizan estas prácticas, se legitima una forma de violencia que debería ser rechazada con claridad moral y legal.

Resulta sorprendente, y profundamente preocupante, que en pleno siglo XXI exista tolerancia no solo social sino diplomática hacia prácticas que constituyen terrorismo de Estado. Que un Estado miembro de la OTAN, una alianza fundada bajo principios de defensa colectiva y respeto por los derechos humanos, normalice o encubra acciones con impacto devastador para la población civil es una anomalía que debilita la credibilidad de todo el sistema internacional de seguridad y derechos.

La tolerancia política y social ante estos hechos no es mera indiferencia: es complicidad.

Permite que la violencia sistemática se perpetúe sin rendición de cuentas, y socava los valores que, en teoría, deberían guiar la política internacional.

No puede haber dobles estándares. Si definimos terrorismo como el uso de violencia contra civiles con fines políticos, entonces debemos aplicar esa definición de forma coherente, independientemente de la identidad del perpetrador o de su lugar en el orden mundial. La jerarquía de potencias no puede servir de escudo frente a la justicia moral.

Negar esta realidad no protege la estabilidad global, sino que la erosiona. Es hora de que la sociedad civil, los medios y las instituciones internacionales exijan una revisión crítica de cómo se interpreta y aplica el término “Terrorismo”. Defender la coherencia ética no es una postura ideológica: es una exigencia de justicia para las víctimas y una necesidad para la paz sostenible.

Porque el terrorismo no pierde su nombre por venir envuelto en banderas o alianzas. Y cada día que miramos hacia otro lado, esa violencia deja de ser excepción para convertirse en política aceptada.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

La pregunta más inquietante de nuestro tiempo no es si habrá otra gran guerra, sino si la sociedad reaccionará a tiempo para impedirla.

Las grandes tragedias de la historia rara vez empiezan con una explosión. Empiezan con una costumbre: la costumbre de aceptar lo inaceptable. La costumbre de escuchar hablar de guerras, de amenazas nucleares o de enemigos absolutos como si todo ello formara parte natural del paisaje político.

Ese es el momento más peligroso: cuando la sociedad se acostumbra.

Hoy el mundo vuelve a moverse en una dirección inquietante. Las tensiones entre potencias se multiplican, los conflictos regionales se expanden y el lenguaje militarista vuelve a ocupar el centro del discurso político. Lo que hace apenas unas décadas parecía impensable, una confrontación global entre grandes potencias, vuelve a insinuarse en el horizonte.

La invasión de Ucrania ordenada por Putin rompió el principio básico que había permitido mantener una relativa estabilidad en Europa desde el final de la Guerra Fría: el respeto a las fronteras y al derecho internacional. En Oriente Próximo, la política de fuerza impulsada por Netanyahu ha intensificado una espiral de violencia que amenaza con desestabilizar toda la región durante generaciones. Y desde Estados Unidos, el nacionalismo confrontativo promovido por Trump ha contribuido a erosionar alianzas, debilitar instituciones multilaterales y normalizar una política basada en la presión y la rivalidad permanentes.

Contextos distintos, líderes distintos. Pero una misma lógica: la del poder militar entendido como imposición y no como responsabilidad histórica.

La historia demuestra que esa lógica rara vez conduce a la seguridad. Con demasiada frecuencia conduce al desastre.

Las grandes guerras del siglo XX no fueron inevitables. Se hicieron inevitables cuando la política abandonó la prudencia y la ciudadanía dejó de creer que podía detener la deriva.

Por eso hoy resulta más actual que nunca el llamamiento de Stéphane Hessel en sus breves pero poderosos ensayos, ¡Indignaos! y ¡Comprometeos!: la peor actitud ante la injusticia y el peligro es la indiferencia.

Indignarse es negarse a aceptar que la guerra sea una normalidad política. Significa exigir a los gobiernos que vuelvan a situar la diplomacia, el derecho internacional y la cooperación entre pueblos en el centro de sus decisiones.

Porque la paz nunca ha sido solo obra de los gobiernos. A lo largo de la historia, los grandes avances democráticos y los movimientos por la paz nacieron de la presión de la sociedad civil: ciudadanos que se negaron a aceptar que la violencia fuera el destino inevitable de la humanidad.

Hoy esa responsabilidad vuelve a ser nuestra.

La humanidad posee recursos científicos, tecnológicos y culturales que generaciones anteriores ni siquiera podían imaginar. Podríamos estar construyendo una era de cooperación global sin precedentes. Sin embargo, corremos el riesgo de regresar a una política dominada por el miedo, el enfrentamiento y la lógica del enemigo.

Frente a esa deriva, la ciudadanía debe recuperar su papel.

Defender la paz no es ingenuidad. Es la forma más lúcida de realismo histórico.

Porque todas las guerras, incluso las que parecen inevitables, podrían haberse evitado en algún momento anterior.

Porque antes de cada guerra hubo un momento en que todavía era posible detenerla. Como cantara Raimon contra la dictadura: Digamos NO. Negaos y comprometeos para detenerla.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Con él se apaga la última respiración de aquel ruido metálico que estremeció el Congreso de los Diputados en la tarde del 23 de febrero de 1981. En su retiro silencioso, como buen nacionalcatólico se arrepintió sólo ante Dios y sin dar explicaciones.

Y, sin embargo, su nombre vuelve a resonar porque el país, más de cuarenta y cinco años después, y en el mismo día de desclasificarse documentos, sigue sin conocer toda la verdad de aquella jornada que separó el miedo de la democracia.

El 23-F fue mucho más que un golpe fallido. Fue un espejo que el Estado colocó frente a sí mismo y en el que, al verse reflejado, decidió guardar silencio. Aquel día, Tejero irrumpió en el hemiciclo pistolón en mano, ejecutando lo que creía una orden legítima. Detrás de él había sombras más altas, más discretas y más viejas que la suya. Hombres de galones dorados, de despachos amplios, de teléfono directo con Zarzuela.

Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch. Dos nombres que, sin Tejero, no se entenderían, y sin los cuales Tejero habría sido un loco solitario. El primero, tutor y consejero del rey. El segundo, veterano de la División Azul, símbolo de una vieja España que no acababa de marcharse. Ambos fueron condenados, ambos fueron después perdonados. Los juristas lo llamaron amnistía, los viejos coroneles lo llamaron justicia entre iguales.

El rey, según la versión oficial, salvó la democracia. Lo hizo con un uniforme de capitán general y un mensaje televisado que todavía se estudia como un acto de firmeza constitucional. Pero bajo ese uniforme había, también, una red de amistades, de antiguos afectos militares, de silencios de familia. Y ahí empieza el territorio del misterio.

Nadie puede afirmar que Juan Carlos I conociera la trama. Tampoco puede afirmarse, con la misma rotundidad, que no la oliera. Dejemos que los historiadores, después de conocer algunos documentos considerados secreto de Estado, despejen dudas y se puedan hallar respuestas.

A los españoles nos enseñaron pronto a convivir con lo no dicho, nos educaron para olvidar. El pacto de la Transición no sólo fue político: fue también emocional. Una democracia que no quiso reabrir heridas decidió también cerrar los ojos. Tejero fue condenado, sí, pero su figura cumplió otra función: la del villano visible. Mientras su imagen quedaba fijada para siempre en el fotograma del Congreso, otros nombres se diluían en el aire de la historia. El hombre que gritó “¡Quieto todo el mundo!” se convirtió en el guardián involuntario del secreto de todos.

Cuando salió de prisión en 1996, Tejero se retiró a su casa de Torre del Mar. Vivió sin entrevistas, sin arrepentimiento, sin ruido. España, ya instalada en su normalidad europea, apenas lo recordó.

Pero de vez en cuando, un aniversario, un documental, una frase del rey emérito, y el fantasma volvía a pasar.

El 23-F es una herida sin sangre: una historia congelada en el tiempo, cubierta por el barniz del mito y la necesidad de no incomodar a los cimientos del régimen del 78. Falleció Tejero, sí. Pero no murió el silencio.

Los secretos de Estado 47 años después siguen intactos, la inviolabilidad del monarca sigue escrita en mármol. La democracia española no teme ya a los sables, sino a las preguntas.

Y quizá esa sea la verdadera herencia del 23-F: no el fracaso de un golpe, sino la consolidación de un pacto de silencio que aún hoy nos protege de nosotros mismos.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

La izquierda española vive instalada en una paradoja: nunca ha hablado tanto de unidad y nunca ha estado tan desorientada. Cada pocos meses surge una nueva plataforma, una nueva foto, una nueva promesa de “recomposición”. Y cada pocos meses, todo vuelve a disolverse entre luchas internas, recelos y cálculos de aparato.

El problema no es la falta de diagnósticos. Es la falta de responsabilidad en las cúpulas.

Mientras se multiplican los debates retóricos, los principales partidos progresistas siguen actuando como si el tiempo no contara. Como si el sistema electoral no penalizara la fragmentación. Como si bastara con resistir un ciclo más esperando que el adversario tropiece.

No es así.

Sin el PSOE no existe mayoría progresista posible en España. Y sin una izquierda alternativa fuerte y estable, el PSOE tampoco puede gobernar con solidez. Es una relación de interdependencia evidente que, sin embargo, las direcciones partidistas se empeñan en ignorar.

Durante años, la llamada “unidad” se ha planteado desde los márgenes: entre fuerzas pequeñas, sin capacidad real de articular una alternativa de gobierno. Un ejercicio más simbólico que efectivo. Un consuelo moral, no una estrategia.

Mientras tanto, el partido mayoritario del bloque progresista observa desde la barrera, atrapado en una cultura política que sigue creyendo en la autosuficiencia. Como si aún estuviéramos en 2008. Como si el multipartidismo fuera una anomalía pasajera.

No lo es.

Pensar que 2027 puede resolver este problema es una ilusión. Llegará demasiado pronto, con organizaciones a la defensiva, liderazgos débiles y heridas abiertas. Lo que veremos, previsiblemente, serán pactos improvisados y acuerdos de última hora, diseñados más para evitar el desastre que para construir un proyecto.

La verdadera oportunidad es 2031. Pero solo si se empieza a trabajar ahora.

Y ese trabajo exige algo que hoy escasea: liderazgo político real.

Liderar no es absorber. No es imponer. No es utilizar al resto como muleta parlamentaria. Liderar es crear espacios estables de coordinación, pactar reglas claras, compartir decisiones y asumir costes internos.

Nada de eso está ocurriendo.

Las cúpulas prefieren preservar parcelas de poder antes que construir un bloque sólido. Prefieren competir entre sí por un puñado de escaños antes que cooperar para ganar mayorías. Prefieren el corto plazo al proyecto.

El resultado es una izquierda atrapada en sus propios laberintos.

Cada partido protege su marca, su aparato, su relato. Y todos juntos debilitan al conjunto. No por falta de ideas, sino por exceso de cálculo.

Esta dinámica no solo tiene consecuencias electorales. Tiene consecuencias democráticas.

La fragmentación permanente alimenta la desmovilización, el desencanto y el desapego. Muchos votantes progresistas ya no entienden por qué fuerzas supuestamente afines se tratan como adversarias. Y empiezan, simplemente, a dejar de participar.

Si el PSOE quiere seguir siendo un partido de gobierno, debe asumir que su papel no es solo ganar elecciones, sino articular mayorías sociales y políticas. Y eso hoy pasa por liderar, sin arrogancia, un proceso serio de recomposición del bloque progresista.

Si no lo hace, otros lo intentarán sin capacidad suficiente. Y si nadie lo hace, volveremos a asistir al mismo espectáculo: urgencias, reproches, improvisación y frustración.

No faltan votos progresistas en España. Lo que falta es una ambición colectiva a la altura del momento histórico. La izquierda ha demostrado en el pasado que sabe reinventarse cuando deja de mirarse el ombligo y empieza a pensar en el país. Puede volver a hacerlo.

Pero solo ocurrirá si quienes dirigen los partidos entienden que liderar no es proteger trincheras, sino construir puentes.

La unidad no llegará sola. Hay que trabajarla sin prisas, aún estamos a tiempo. 

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Si pensábamos que otra guerra mundial era imposible, si creímos que el fascismo había sido derrotado para siempre, no fue por ignorancia, sino por comodidad. Preferimos contarnos una historia tranquilizadora antes que asumir una verdad incómoda: el fascismo no desaparece cuando pierde, solo espera mejores condiciones.

En España, esta ceguera tiene raíces profundas. No vivimos una derrota del fascismo, sino una reconversión. El franquismo murió en la cama y dejó tras de sí una democracia nacida del pacto, no de la ruptura. Aquella Transición fue, en muchos aspectos, un logro histórico, pero también estableció un silencio estructural que hoy seguimos pagando. Sin una condena clara, sin una depuración real, sin una pedagogía democrática sostenida, el autoritarismo quedó latente, normalizado, incluso legitimado en ciertos espacios.

Por eso el avance de la extrema derecha en España no es una anomalía, sino una consecuencia. No surge de la nada ni es un simple fenómeno importado. Crece en un terreno abonado por la desmemoria, la desigualdad y la banalización del discurso político. Crece cuando se acepta que cuestionar derechos fundamentales es solo “una opinión”, cuando se equipara el antifascismo con el extremismo o cuando se presenta el odio como libertad de expresión.

El fascismo actual ya no necesita declararse como tal. Le basta con erosionar. Con poner en duda la violencia machista, con criminalizar la migración, con señalar a periodistas y jueces, con desprestigiar la ciencia, la universidad o la cultura. Le basta con instalar la idea de que la democracia es un obstáculo y no una garantía. En España lo vemos cada día en parlamentos, tertulias y redes sociales, sin ir más lejos, una concejala del Partido Popular se persona sin pudor en un acto del PSOE con el propósito de insultar a su líder y presidente del Gobierno de España, con una naturalidad que debería alarmarnos mucho más.

Pero sería un error atribuir toda la responsabilidad a quienes lideran estos discursos. El problema es más amplio y más incómodo. La extrema derecha avanza porque se le ha abierto espacio. Porque se ha normalizado su presencia institucional en nombre de la gobernabilidad. Porque se ha aceptado su marco de debate. Porque demasiadas veces se ha reaccionado tarde, mal o con miedo a perder votos.

También hay responsabilidades en una izquierda que no siempre ha sabido ofrecer respuestas materiales a la frustración social, en unas élites políticas y económicas cada vez más alejadas de la vida real, y en un ecosistema mediático atrapado entre la polarización, el click fácil y la falsa equidistancia. El resultado es una sociedad cansada, desinformada y vulnerable a soluciones autoritarias que prometen orden a cambio de derechos.

La historia demuestra que el fascismo no necesita mayorías entusiastas. Le basta con la apatía, con la desmovilización y con la idea de que “no será para tanto”. Así es como se degrada una democracia: no de golpe, sino por acumulación de renuncias. Primero se tolera el discurso, luego el pacto, después el recorte, hasta que lo excepcional se vuelve norma.

En España, pensar que “esto no puede pasar aquí” es una forma de irresponsabilidad política. Ya pasó. Y no hace tanto. Para muchas personas, mujeres, migrantes, personas LGTBI, periodistas críticos, el avance autoritario no es una abstracción teórica, sino una experiencia diaria de señalamiento, precariedad y miedo.

Defender la memoria democrática no es un ejercicio simbólico ni una batalla cultural secundaria. Es una herramienta de supervivencia democrática. No se trata de vivir anclados en el pasado, sino de entender que el pasado no resuelto vuelve, siempre, como amenaza.

Creer que con la llegada de la democracia derogamos el fascismo fue el error. Seguir creyéndolo, hoy, una negligencia.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Empecé a trabajar nada más acabar mis estudios y cumplir con el obligatorio servicio a la patria. Desde entonces, no he dejado de cotizar. Crisis, reconversiones, reformas laborales, precariedad, cambios de empresa. Siempre cumpliendo. Siempre aportando.

Hoy, con casi 39 años cotizados, más de lo que exige la ley para cobrar el 100% de la pensión, descubro que, si no aguanto hasta la edad exacta que marca la normativa, seré penalizado de por vida.

No por fraude.

No por incumplir.

No por comodidad.

Por no poder más.

Y esto ocurre bajo un gobierno que se presenta como progresista.

Cumples todo… y aun así pierdes.

La legislación fija que, con unos 38 años y 6 meses de cotización, se alcanza el derecho al 100% de la base reguladora. Muchos trabajadores superamos esa cifra con creces.

Hemos sostenido el sistema durante cuatro décadas.

Hemos financiado pensiones ajenas.

Hemos cumplido nuestra parte del contrato social.

Pero si te jubilas un año o dos antes de cumplir los 65 aunque hayas cotizado más de 40 años, se nos aplican coeficientes reductores permanentes. Eso significa cobrar menos hasta el último día, aunque hayas cumplido todas las reglas. 

¿Dónde está el sentido común?

Incentivos para quien puede o quiere, castigos para quien no.

El sistema premia a quien prolonga su vida laboral más allá de los 65. Me parece razonable: quien quiera y pueda seguir, que lo haga.

El problema es el otro lado.

A quien llega agotado, se le castiga.

A quien no puede más, se le recorta.

A quien necesita parar, se le penaliza.

El mensaje es claro:

“O sigues produciendo, o pagas”.

Eso no es justicia social. Es una lógica empresarial aplicada a la vida.

La política ha puesto el tema sobre la mesa, aunque sin resolverlo.

En mayo de 2024 se registró una Proposición de Ley para eliminar las penalizaciones a quienes acrediten 40 años o más cotizados, promovida por Unidas Podemos junto a colectivos como ASJUBI40. La propuesta plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para impedir esos recortes.

En noviembre de 2025, el Congreso aprobó una moción instando al Gobierno a avanzar en esa dirección. Pero no es vinculante. El Ejecutivo mantiene los coeficientes, alegando la sostenibilidad del sistema. Resultado: el Parlamento reconoce la injusticia, pero la ley sigue castigando a los mismos.

El sistema presume falsamente de tratar a todos por igual.

Pero no es lo mismo 40 años en una oficina cómoda que en una obra, una fábrica o un hospital, en una cátedra que en una peluquería. No es lo mismo llegar con 65 estupendo que llegar roto.

Un sistema progresista debería reconocer otros factores como el desgaste. Este no lo hace. Mi generación levantó este país. Pagó impuestos. Pagó cotizaciones. Sostuvo servicios públicos. Y ahora recibe este mensaje: “Aguanta un poco más”. Siempre un esfuerzo más. Siempre un sacrificio más. Nunca basta. Eso no es solidaridad intergeneracional. Es cargar el ajuste sobre los mismos de siempre. No pedimos privilegios. No pedimos regalos. No pedimos más dinero. Pedimos lo que es justo.

¿Es radical exigir jubilarse sin castigo tras cumplir el tiempo exigido?

Lo insostenible es obligar a la gente a trabajar hasta enfermar.

Un error político grave, se está erosionando la confianza de un electorado clave: trabajadores veteranos, futuros pensionistas, clase obrera madura. Personas que votaron esperando protección social. Y reciben recortes. Luego se habla de abstención o voto de castigo. El desencanto nace de decisiones como esta.

Un gobierno que se dice progresista no puede penalizar a quienes más han contribuido. No puede hablar de justicia social mientras recorta pensiones a quienes han trabajado toda su vida. La jubilación debería ser un derecho ganado.

Hoy, para muchos, es un peaje.

Y eso no es progreso. Es fracaso.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Gobierna once (11) de diecisiete (17) Comunidades Autónomas. Tiene más territorio que cualquier otro partido en España. Y, aun así, no tiene un proyecto de financiación autonómica propio.

Criticar es fácil. Proponer, motivar soluciones, imposible. Eso es lo que muestra la oposición ante la propuesta del Ejecutivo: mucho poder, pero cero responsabilidades.

El Gobierno propone un sistema técnico y claro: más recursos para todas las comunidades: mayor cesión de IRPF e IVA. Reducción de desigualdades históricas: mecanismos de nivelación por habitante ajustado.

Criterios objetivos: población, necesidades sociales y capacidad fiscal. Beneficia a la mayoría de las comunidades, incluso a varias gobernadas por el PP. La justicia territorial no es una promesa: es un cálculo real, medible y transparente.

El PP domina el mapa, pero carece de propuesta propia, individual o colectivamente. Denuncia favoritismos hacia otras comunidades. Critica supuestos problemas técnicos. Pero no presenta cifras, ni criterios, ni alternativas. En resumen: se limita a la política de desgaste, mientras España necesita soluciones. Equidad real, no gestos políticos. Algunas comunidades reciben más dinero que otras. Eso no es injusticia: es corregir desigualdades históricas. Por primera vez, cada ciudadano podrá acceder a servicios públicos equivalentes, sin importar su comunidad. El modelo no reparte igual, reparte lo que es justo.

En definitiva. El Ejecutivo propone un modelo sólido, transparente y equitativo. El PP, con su mayoría territorial, no propone, no concreta nada. Criticar sin ofrecer alternativa es fácil. Liderar con ideas requiere responsabilidad.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

España ha tenido expresidentes; José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido una trayectoria. Y esa diferencia explica en buena medida la obsesión de la derecha española con su figura. Zapatero no solo fue un presidente que amplió derechos en un momento clave, sino que, al abandonar La Moncloa, entendió algo que otros nunca asumieron: que perder el poder no autoriza a dinamitar la democracia.

La comparación es inevitable. Aznar convirtió su salida del Gobierno en una plataforma permanente de agitación política y de conexión con los grandes intereses económicos, dedicando buena parte de su tiempo a erosionar gobiernos legítimos y a alimentar una polarización que hoy pagamos cara. Felipe González, figura central de la España democrática, ha acabado utilizando su condición de expresidente para desacreditar a la izquierda y justificar posiciones que contradicen su propio legado histórico. Rajoy llevará consigo toda la vida la mochila de ser el primer presidente en perder una moción de censura, optó por la retirada silenciosa, sin aportación intelectual ni defensa activa de las instituciones que presidió. Tres formas distintas de entender el “después”, ninguna especialmente edificante.

Zapatero eligió otro camino. No conspiró contra los gobiernos posteriores, no alentó campañas de deslegitimación institucional ni utilizó su agenda internacional como negocio personal. Mantuvo una lealtad democrática poco habitual en un país donde demasiados exmandatarios confunden crítica con sabotaje y discrepancia con rencor.

Su papel como mediador internacional, especialmente en América Latina, ha sido objeto de ataques feroces, casi siempre cargados de mala fe. La derecha española lo ridiculiza porque nunca ha creído en la diplomacia basada en el diálogo y la negociación, sino en la imposición moral y el castigo selectivo. Zapatero ha hablado con quien había que hablar, no para blanquear a nadie, sino para abrir vías políticas allí donde el bloqueo solo cronifica el sufrimiento. Ha actuado, además, en espacios donde el Estado español no siempre podía hacerlo directamente, aportando experiencia y credibilidad. Eso no es traición: es política exterior responsable.

Esta actitud como expresidente no se entiende sin su trayectoria previa. Zapatero gobernó en uno de los periodos más difíciles de la historia reciente: primero, en un país aún marcado por la manipulación del 11-M; después, en plena crisis financiera global. Se le acusa de “arruinar España”, obviando que el colapso de 2008 fue consecuencia de un sistema financiero desregulado y de una burbuja inmobiliaria gestada durante años, con gobiernos del PP presumiendo de milagros económicos inexistentes.

Zapatero cometió errores, sin duda, pero también intentó proteger el Estado del bienestar más tiempo que otros y pagó un alto precio político por ello.

En el terreno social, su legado es hoy indiscutible. El matrimonio igualitario, la ley de dependencia, la ley antitabaco, el avance en igualdad y memoria democrática no dividieron España: la hicieron más decente. Que hoy estos derechos cuenten con un amplio respaldo social es precisamente la prueba de que aquellos debates no iban desencaminados. La derecha los combatió entonces con dureza y ahora prefiere fingir que siempre estuvieron ahí.

Especialmente reveladora fue la reacción ante el final de ETA. Zapatero contribuyó decisivamente a que el terrorismo desapareciera sin concesiones políticas, desde la legalidad y el Estado de derecho. La derecha, incapaz de asumir que la paz no llegara bajo su bandera, optó por el uso partidista del dolor y la deslegitimación de un proceso que acabó siendo una victoria democrática colectiva.

Por todo ello, con cierta perspectiva histórica, resulta cada vez más evidente que Zapatero ha sido, hasta ahora, el mejor expresidente que ha tenido España. No por infalibilidad, sino por comprensión del cargo. Porque entendió que la democracia no termina cuando se deja el poder, y que servir a un país también consiste en no incendiarlo cuando ya no se gobierna.

Por eso no lo atacan por sus errores, sino por su ejemplo de conducta, por su talante: porque Zapatero demostró que se puede dejar el poder sin vender el país, sin odiar la democracia y sin traicionar lo que se defendió cuando se gobernaba.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

La derecha española ya no se disimula ni se divide. Se concentra, se coordina y se prepara para gobernar. PP y Vox no comparten proyecto, pero comparten poder, y eso les basta. La izquierda, en cambio, sigue atrapada en una ficción peligrosa: creer que la suma de siglas dispersas equivale a unidad.

No es así. Y los resultados electorales lo demuestran elección tras elección.

Hoy, el principal adversario de la izquierda no es solo la derecha organizada, sino su propia incapacidad para ofrecer una alternativa clara, ilusionante y creíble. El votante progresista no se ha vuelto conservador: está cansado. Cansado de las luchas internas, de los liderazgos frágiles, de proyectos que prometen unidad y terminan multiplicando la división. Por eso se refugia en la abstención.

Hablar de unidad ya no basta. La unidad debe ser electoral, visible y comprensible. Y eso exige una decisión incómoda pero imprescindible: concurrir a las próximas elecciones generales con una lista única de toda la izquierda, encabezada por el PSOE y con representación real de todas las organizaciones políticas progresistas.

No una coalición cosmética. No un pacto de despacho a última hora. Una lista única, reconocible para el electorado, donde estén presentes socialistas, fuerzas a la izquierda del PSOE, ecologistas y sensibilidades progresistas diversas, presentada con honestidad como lo que es: un dique democrático frente a la reacción.

Esa lista debe ir acompañada de un programa electoral común, breve, claro y verificable. Un programa que no se limite a gestionar lo existente, sino que devuelva al voto de izquierdas la sensación de que sirve para transformar.

Y aquí conviene decir algo que demasiadas veces se esquiva: ese programa debe incluir una profunda regeneración democrática, empezando por casa. La reforma de la ley de partidos políticos, de sindicatos y de organizaciones empresariales para hacerlas más democráticas, transparentes y participativas no es un capricho, sino una exigencia de coherencia. No se puede pedir movilización social mientras se mantienen estructuras cerradas, verticales y poco permeables a la militancia y a la ciudadanía.

Del mismo modo, hay debates pendientes que la izquierda no puede seguir posponiendo por miedo o comodidad. La revisión del Concordato con la Santa Sede, heredado de otro tiempo, no es un ataque a ninguna creencia, sino una defensa elemental del principio de laicidad del Estado y de la igualdad de trato entre convicciones.

Porque el miedo moviliza una vez, pero no construye mayorías duraderas. La izquierda no puede limitarse a advertir de lo que viene si gobierna la derecha; tiene que volver a ofrecer horizonte, limpieza democrática y coraje político.

Aquí nadie sobra, pero tampoco nadie es imprescindible. Las organizaciones deben entender que preservar la sigla no puede estar por encima de preservar los derechos, y que la pluralidad se defiende mejor compartiendo una candidatura que compitiendo por un electorado exhausto.

Si la izquierda pierde, no será por falta de razones, sino por falta de valentía. Valentía para ceder, para compartir liderazgo y para asumir que este no es un tiempo de construcción identitaria, sino de resistencia y reconstrucción democrática.

El “no pasarán” no puede ser una consigna nostálgica ni una coartada moral. Debe ser una estrategia política concreta. Y hoy esa estrategia pasa por una sola lista, un solo programa y un compromiso real con una democracia más profunda que devuelva la palabra a quienes ya no creen en promesas fragmentadas.

La abstención ya está hablando. Y no espera eternamente.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Se suele repetir que “la juventud se ha vuelto de derechas”, pero esa lectura superficial borra lo esencial: no existe ningún giro ideológico natural ni irreversible, sino el resultado de un terreno político abandonado por la izquierda y ocupado con éxito por discursos reaccionarios capaces de traducir malestar en resentimiento, nunca en justicia. La cuestión no es qué ha pasado con la juventud, sino qué ha dejado de hacer la izquierda en un momento en que las condiciones materiales deberían impulsarla, no debilitarla.

Durante décadas, la izquierda creyó que ciertos valores –igualdad, solidaridad, derechos sociales– estaban culturalmente asegurados. Pero mientras celebraba sus victorias simbólicas, la precariedad se instalaba como régimen de vida, la vivienda se convertía en un bien de lujo y la meritocracia vacía sustituía a la política como promesa de movilidad. En ese vacío, la derecha extrema encontró una grieta: convertir el deterioro de las condiciones de vida en un relato de agravios identitarios. Donde debería haber un análisis de clase, aparece un enemigo inventado. Donde debería haber organización, hay aislamiento.

Por tanto, no se trata de lamentarse, sino de reconstruir un proyecto político ofensivo, no defensivo, que vuelva a representar a quienes viven la incertidumbre como horizonte. Y para eso creo que se necesitan cambios profundos.

La derecha no tiene miedo al conflicto: lo explota. La izquierda, en cambio, ha caído demasiadas veces en la tentación tecnocrática de “la buena gestión”. Pero un proyecto transformador no puede limitarse a gestionar un presente injusto: debe nombrar con claridad a los responsables de la precariedad estructural.

No se lucha por la vivienda sin señalar a fondos buitre y políticas urbanísticas ultraliberales. No se defiende lo público sin enfrentar la privatización. No se dignifica el trabajo sin cuestionar el poder empresarial concentrado. Sin conflicto, no hay política de izquierdas.

La derecha gana cuando la izquierda se vuelve abstracta. Por eso la prioridad debe ser construir un programa que afecte directamente a la vida cotidiana:

Reforma radical del mercado de la vivienda: limitar precios, frenar especulación, expulsar a fondos depredadores, multiplicar y promover vivienda pública en régimen de alquiler con opción de compra a precios razonables.

Nuevo contrato social del trabajo: jornada de 30-32 horas, subida sostenida del salario mínimo y medio, inspección laboral reforzada, derechos para favorecer la vida de los trabajadores por cuenta propia.

Fiscalidad de clase: impuestos progresivos sobre grandes fortunas, herencias elevadas y beneficios extraordinarios.

Inversiones masivas en salud, educación, investigación y transporte, pensadas como derechos, no como servicios de mercado.

No basta con tener razón: hay que alterar las condiciones materiales bajo las que se forma la conciencia política.

La derecha populista prospera porque proporciona identidades fuertes y comunidades de pertenencia. La izquierda no puede contentarse con campañas digitales o con partidos desanclados del territorio. Necesita tejer organización en barrios, centros educativos, espacios laborales, redes de apoyo mutuo y espacios donde el malestar sea compartido y politizado, no gestionado en silencio.

La construcción de poder popular exige tiempo, presencia física y vínculos reales. Sin organización, cualquier avance electoral es efímero.

El neoliberalismo ha colonizado incluso la imaginación: la idea de que no hay alternativa se filtró hasta convertirse en sentido común. Pero la tarea de la izquierda no es administrar lo posible, sino ensancharlo.

Hablar de planificación ecológica, de garantizar vivienda universal, de democratizar la economía o de redefinir el tiempo de trabajo no es utópico: es necesario. La derecha solo gana cuando la izquierda renuncia a imaginar. Y una izquierda sin ambición no inspira a nadie.

La frustración social no desaparece: se transforma. Puede convertirse en odio hacia los más vulnerables o en energía colectiva para disputar el poder. Esa disputa no surge de campañas moralizantes, sino de conectar los problemas diarios con estructuras económicas concretas.

La izquierda debe explicar, con crudeza y sin eufemismos, cómo opera la desigualdad, y ofrecer herramientas para combatirla. No sermones: análisis. No culpabilización individual: organización.

Resumiendo, el avance de las derechas no es un fenómeno natural; es el resultado de la retirada de la izquierda de los terrenos donde se forma la conciencia política. Recuperar esos espacios exige conflicto, organización y políticas materiales transformadoras.

No se trata de convencer a nadie desde un púlpito: se trata de volver a estar donde se sufre, donde se trabaja, donde se vive, y construir desde ahí un proyecto que no solo explique por qué el presente es injusto, sino cómo puede dejar de serlo.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

No hablamos simplemente de community managers o de apoyo técnico, algo comprensible en tiempos de hiperexposición. Hablamos de la simulación de cercanía, de la recreación de una voz personal que no es personal, de un vínculo emocional cuidadosamente diseñado para influir sin que se note. Una política que parece humana, pero que está elaborada como un producto editorial.

Esta práctica no es inocua. La ausencia de transparencia facilita la propagación de desinformación, incluso sin intención premeditada. Cuando una publicación parece escrita por la figura pública, pero responde a decisiones editoriales de un equipo no identificado, se vuelve imposible evaluar la credibilidad de lo que se dice. Se difuminan las fronteras entre opinión y propaganda, entre información y estrategia, entre un error y una manipulación calculada.

Y un sistema donde no sabemos quién habla no puede pedir confianza. Las democracias se sostienen sobre un mínimo de trazabilidad y responsabilidad; las redes sociales, tal como están configuradas hoy, a menudo destruyen ambas.

Existe un caso especialmente ilustrativo de esta deriva: los perfiles oficiales de algunas administraciones locales que comunican como si fueran la hoja parroquial de una diócesis. No hablamos de contenidos religiosos explícitos. Hablamos de un tono, un estilo, una narrativa emocional que recuerda más a una publicación confesional que a un servicio público. De mensajes que, en lugar de informar con neutralidad institucional, parecen alinearse con un imaginario devocional ajeno a la pluralidad ciudadana.

Es una contradicción política seria. Las instituciones locales representan a todas las personas, independientemente de sus creencias o su ausencia de ellas. Una administración no tiene fe: tiene obligaciones democráticas. Entre ellas, comunicar con neutralidad, con profesionalidad y con el respeto debido a la diversidad de su ciudadanía.

Cuando una cuenta pública adopta estéticas o tonos que pueden identificarse con una tradición religiosa concreta, no solo incumple ese principio de neutralidad: refuerza la confusión y alimenta la desinformación, porque mezcla símbolos de devoción con mensajes institucionales, como si ambas capas fueran compatibles en el mismo plano político. La consecuencia es una erosión lenta pero real de la confianza en la imparcialidad de lo público.

La cuestión de fondo es que este fenómeno no es solo comunicativo: es profundamente político. Una esfera pública donde la espontaneidad se diseña y la autenticidad se coreografía es un espacio donde la ciudadanía pierde capacidad crítica. Y cuando la ciudadanía pierde capacidad crítica, los bulos, los marcos interesados y la manipulación emocional ganan terreno.

No se trata de prohibir equipos de comunicación. Es legítimo que existan. El problema es cuando se ocultan y se hacen pasar por lo que no son, cuando convierten lo personal en un artificio y lo institucional en un mensaje partícipe de una narrativa ideológica encubierta.

Para revertir esta deriva, hacen falta medidas claras que no limiten la libertad de expresión, pero sí garanticen la honestidad comunicativa:

La ciudadanía no exige perfección. Pero sí exige claridad. Porque en una democracia, no basta con que un mensaje sea libre: debe ser honesto en su origen y transparente en su intención.

La intimidad fabricada no es un detalle del ecosistema digital. Es un fraude, una fractura que atraviesa la relación entre instituciones y ciudadanía. Y defender la autenticidad, esa palabra tan desgastada, pero tan necesaria, es una forma de defender la democracia misma.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

En estos días en que algunos celebran con solemnidad el medio siglo de Monarquía parlamentaria, conviene recordar algo que parece incomodar a más de uno: el socialismo español nació republicano, creció republicano y solo dejó de proclamarse abiertamente republicano cuando la historia, más concretamente la Transición, le obligó a posponer sus convicciones para que en este país pudiera llegar la democracia con cierta estabilidad. Pero las raíces no se podan tan fácilmente.

Porque el PSOE no nació para aplaudir coronas. Nació en oposición a un régimen monárquico que perpetuaba privilegios, desigualdades y un control oligárquico del país. Para los socialistas históricos, la república no era un capricho ideológico: era la única forma de que la ciudadanía fuera realmente soberana. Y esa convicción atravesó generaciones enteras de militancia, desde Pablo Iglesias hasta la Segunda República y más allá.

Lo que ocurrió en 1978 no borra esa historia. El PSOE aceptó la Monarquía como parte del pacto constitucional, sí. Pero no lo hizo por devoción, sino por necesidad. Y aun así, hubo voces que se negaron a disfrazar la concesión de entusiasmo. Entre ellas destacó con una lucidez que hoy sigue desarmando a muchos Luis Gómez Llorente, cuyo voto particular republicano debería figurar en cualquier manual de Memoria Democrática. Su afirmación, que ninguna generación tiene derecho a atar la voluntad de las siguientes, desmonta de raíz cualquier intento de elevar la Monarquía a verdad permanente o incuestionable.

Y, sin embargo, el PSOE de hoy parece haber asumido una especie de pudor selectivo: proclama valores republicanos mientras gobierna instituciones monárquicas; invoca la soberanía popular mientras se resiste a plantear un debate profundo sobre la forma de Estado; apela a la democracia avanzada mientras evita una pregunta básica: ¿Por qué un país moderno no puede elegir a su jefe del Estado?

Lo chocante no es esa contradicción. Lo chocante es que algunos pretendan negarla, como si el socialismo español hubiera sido siempre monárquico o como si la Monarquía fuera un elemento natural e indiscutible de la democracia contemporánea.

La verdad es mucho más simple y más incómoda: el PSOE lleva un siglo defendiendo una idea que aún no se ha atrevido a exigir plenamente. Y quizá haya llegado el momento de decirlo sin rodeos: no es la tradición socialista la que debe justificar su vocación republicana; es la Monarquía la que debe justificar su supervivencia en una democracia que proclama la igualdad.

Recordar la vocación republicana del socialismo español no es un gesto nostálgico. Es un acto político. Es rescatar un hilo de continuidad democrática que nunca se rompió, aunque fuera silenciado. Y es afirmar con claridad que la soberanía pertenece al pueblo, no a una familia.

Que nadie se engañe: el PSOE podrá moderar su discurso, podrá priorizar la gobernabilidad o podrá asumir compromisos institucionales. Pero su ADN republicano sigue ahí, intacto. Y cada vez que el país se pregunte de verdad qué forma de Estado quiere, ese ADN volverá a hablar. Con más fuerza que nunca.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

El Gobierno vuelve a prometer memoria democrática, pero vuelve a fallar donde siempre falla: en la raíz. El proyecto La base y la cruz, presentado como la gran resignificación del Valle de Cuelgamuros, no toca aquello que convierte ese lugar en lo que es. No lo cuestiona, no lo transforma, no lo desactiva. Al contrario: tras una capa de modernidad arquitectónica y discursos conciliadores, lo apuntala.

Porque, llamemos a las cosas por su nombre: el Valle de los Caídos se construyó como panteón personal de Franco y en memoria del régimen fascista, un altar monumental levantado con trabajo esclavo de presos políticos. No es una interpretación ideológica; es un hecho documental. A partir de ahí, todo lo demás, arquitectura, liturgia, simbología, está impregnado de la misma matriz: glorificar un golpe militar, una guerra contra un Estado democrático y una dictadura que oficializó el catolicismo que se mantuvo cuarenta años mediante la opresión.

Y durante décadas, ese recinto funcionó exactamente para eso: como espacio de peregrinación franquista, como centro de nostalgia autoritaria, como refugio simbólico del relato de los vencedores. Ni el franquismo se ha marchado de allí ni el Estado ha querido desalojarlo del todo.

La cruz de 150 metros, el monumento fascista más imponente de Europa, seguirá allí, en pie. No se toca, no se contextualiza de verdad. Se mantiene como si fuera patrimonio espiritual de algún pasado neutro, cuando es exactamente lo contrario: una declaración de victoria franquista y una exaltación al catolicismo de antaño.

El Gobierno lo justifica como parte del “origen del lugar”. Pero mantener voluntariamente un símbolo fascista para enseñar democracia es un ejercicio de cinismo político difícil de digerir. La realidad es más simple: no quieren enfrentarse al coste político de derribarla. Y el resultado es evidente: todo lo que se construya alrededor estará condenado a seguir orbitando en torno al símbolo original del fascismo español. No hay resignificación posible con un tótem de 150 metros presidiendo el conjunto.

Otro pilar que permanece es el más incómodo para cualquier democracia madura: la presencia de los benedictinos. Una orden religiosa custodiando un mausoleo fascista, oficiando misas por Franco, manteniendo viva la liturgia del régimen. Esa anomalía democrática debería haberse abordado hace décadas. Pero aquí seguimos: la resignificación convive con la continuidad ideológica.

Pretender construir memoria democrática donde aún resuena la liturgia franquista es una contradicción imposible de sostener. La gran propuesta del proyecto, esa famosa “grieta” en la explanada, es estética, no política. Un gesto visual potente que no altera ni el mensaje ni la lógica del conjunto. Es la metáfora perfecta de esta intervención: abrir grietas en el suelo para no abrirlas en el relato.

Porque lo que el Valle necesita no es diseño contemporáneo, sino claridad democrática. Necesita hablar de golpe de Estado, de guerra civil, de represión, de trabajo esclavo, de cuerpos trasladados sin permiso. Necesita decir sin miedo que es un monumento fascista construido para glorificar a un dictador. Pero ese discurso no aparece en el proyecto. Ni aparecerá mientras los símbolos permanezcan intactos.

El Valle debería ser un centro de memoria democrática radicalmente opuesto a su origen: un lugar que explique cómo se destruyó un Estado democrático, cómo se impuso un régimen totalitario y quiénes fueron sus víctimas. No un recinto remozado para visitantes. No una operación estética para cumplir expediente. No un acuerdo implícito con el franquismo residual para evitar conflictos.

La resignificación que España necesita no cuesta 30 millones. Cuesta valentía política. Mientras esa cruz siga allí, mientras los benedictinos sigan dentro, mientras la basílica siga consagrada, el Valle seguirá siendo lo que siempre fue: el mayor monumento del franquismo, maquillado para que parezca otra cosa.

El Gobierno podrá cambiar recorridos, iluminar pasillos, redactar paneles y multiplicar discursos. Nada de eso altera lo fundamental: el mensaje que Franco quiso dejar allí sigue intacto. Respirando. Dominando. Condicionando.

Y ese es el verdadero problema: no es que España no pueda deshacerse de sus símbolos fascistas. Es que no se atreve. No hay voluntad de romper con esa herencia, solo de gestionarla para que moleste lo justo. Se prefiere un fascismo monumental domesticado antes que un fascismo desmontado.

Porque resignificar el Valle no es una cuestión técnica. Es una cuestión de proyecto de país. Es decidir si la democracia sigue bailando alrededor del mausoleo de un dictador o si, de una vez por todas, lo desactiva.

El Gobierno ha tomado su decisión: prefiere conservar el símbolo antes que incomodar al franquismo. Prefiere el gesto antes que la ruptura. Prefiere la grieta en la piedra antes que la grieta en el relato. La pregunta, entonces, es para nosotros: ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que la memoria democrática se construya a la sombra de una cruz fascista de 150 metros?

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

En 1979, España firmó cuatro acuerdos con la Santa Sede que siguen vigentes. Aquellos pactos se suscribieron en plena Transición, cuando el país trataba de salir de una dictadura que había impuesto el nacionalcatolicismo y buscaba un equilibrio con una Iglesia entonces y todavía hoy muy poderosa.

Más de cuatro décadas después, vivimos en una democracia plural y aconfesional. La sociedad ha cambiado profundamente, pero los acuerdos apenas lo han hecho. Seguimos utilizando un marco jurídico-religioso del siglo XX en pleno siglo XXI.

El artículo 16.3 de la Constitución es inequívoco: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal.” Sin embargo, los acuerdos actuales otorgan a la Iglesia católica privilegios que contradicen este principio constitucional. Algunos ejemplos son el mantenimiento de la asignatura de Religión en centros sostenidos con fondos públicos, la financiación directa vía IRPF o el reconocimiento del matrimonio canónico con efectos civiles. Son prerrogativas que vulneran el principio de neutralidad del Estado.

El PSOE ha incluido en numerosos programas electorales la revisión o denuncia de estos acuerdos. En 2008, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció una reforma de la Ley de Libertad Religiosa de 1980, aprobada por el Gobierno de Adolfo Suárez, con la intención de transformarla en una Ley de Libertad de Conciencia que garantizara la neutralidad institucional. La iniciativa del Ejecutivo de Zapatero pretendía actualizar una norma nacida cuando España aún despertaba del largo sueño nacionalcatólico. Pero aquella promesa acabó, una vez más, en un cajón.

En 2012, durante la pugna por la Secretaría General del PSOE, tanto Carme Chacón como Alfredo Pérez Rubalcaba recuperaron la idea de revisar los acuerdos con la Santa Sede. Sin embargo, la realidad es tozuda: ningún Gobierno socialista ha dado pasos efectivos. Prometer es fácil; cumplir la Constitución, parece que no tanto.

Los efectos de estos acuerdos no son meramente simbólicos. España sigue siendo el único país que mantiene una Diócesis Castrense, con su arzobispo y un cuerpo de capellanes militares equiparados a oficiales del Ejército, la mayoría con rango de capitán y retribuidos con fondos públicos. Es un privilegio anacrónico en un Estado que se define como aconfesional.

La enseñanza de religión en centros financiados con dinero público es otro ejemplo de esa herencia que conviene revisar. La educación debe ser neutral y basada en el conocimiento, no en la fe. Las creencias pertenecen al ámbito privado en el hogar, las parroquias, las mezquitas o las sinagogas, no en las aulas sostenidas por todos. Solo así se garantiza el respeto a todas las confesiones y también a quienes no profesan ninguna. Ninguna democracia avanzada impone una religión desde la educación pública.

Revisar los acuerdos con la Santa Sede no es un ataque a la Iglesia. Es una oportunidad para garantizar la neutralidad del Estado, proteger la libertad de conciencia y modernizar las relaciones entre España y el Vaticano, como ya han hecho otros países europeos. Si la Santa Sede se negara a revisarlos, España tiene el derecho y el deber de denunciarlos unilateralmente, tal y como permite la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

La alternativa es clara y razonable: educación pública sin religión; financiación voluntaria de las confesiones, como en Alemania; régimen fiscal común para todas las entidades; matrimonio civil único con efectos legales; y relaciones diplomáticas normales con la Santa Sede.

No se trata de eliminar ninguna religión, sino de situarlas donde corresponde: en el ámbito privado y comunitario, sin privilegios ni interferencias. Revisar o denunciar los acuerdos no es una cuestión ideológica, sino jurídica, política y democrática. La Constitución de 1978 nos ofrece las herramientas necesarias para consolidar un Estado plural y neutral. Cuatro décadas después, ha llegado el momento de utilizarlas.

La religión debe ser libre. El Estado, también.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

En tiempos de desconfianza hacia las instituciones, la idea de “pagar menos impuestos” suena seductora. ¿Quién no quiere tener más dinero en su bolsillo? Los discursos que glorifican la rebaja fiscal se presentan como una defensa de la libertad individual frente al “Estado opresor”. Pero esta visión es profundamente engañosa: menos impuestos no significa más libertad, significa menos poder ciudadano y más dependencia de quienes controlan los mercados.

A nadie le gusta pagar, pero un impuesto no es un capricho, ni un castigo, ni mucho menos un robo, como algunos pretenden hacer creer. Es una herramienta de organización democrática. Gracias a ellos tenemos escuelas públicas, hospitales, transporte, pensiones y servicios sociales que garantizan derechos básicos a toda la población, no solo a quienes pueden pagarlos.

Renunciar a esa financiación colectiva es renunciar a un modelo de sociedad basado en la solidaridad y la igualdad de oportunidades.

No hace falta recurrir a teorías: ya lo vivimos. Durante la crisis de 2012, España entró en una espiral de déficit, deuda y dependencia financiera que reveló una verdad incómoda: un Estado sin recursos propios pierde soberanía.

Con un sistema fiscal debilitado tras años de rebajas impositivas, desregulación y tolerancia con la evasión el país tuvo que financiarse a través de los mercados. Y fueron esos mercados quienes dictaron las condiciones.

Ese año, el Gobierno se vio obligado a aceptar un rescate bancario de más de 40.000 millones de euros, supervisado por unos personajes de negro, la Comisión Europea, Banco Central Europeo y el F.M.I.

A cambio, vinieron exigencias que marcaron una década: recortes en sanidad y educación, congelación de pensiones, subida del impuesto más injusto de todos el IVA, que penaliza sobre todo a las rentas bajas, restricciones drásticas al gasto público, incluso en plena crisis social.

Las decisiones más importantes no se tomaron en las Cortes, sino en Bruselas, Fráncfort y Washington. La democracia nacional quedó subordinada a los intereses financieros internacionales.

La ironía fue sangrante: los mismos actores que habían provocado la crisis fueron quienes impusieron las medidas para “resolverla”.

La burbuja inmobiliaria y el colapso financiero no fueron fenómenos naturales. Fueron el resultado directo de la desregulación, la especulación, del sistema económico liberal que confiaba ciegamente en los mercados.

Cuando el sistema colapsó, los grandes bancos y fondos de inversión fueron rescatados con dinero público mientras la ciudadanía pagaba la factura con pérdida de derechos.

Es el corazón del modelo económico liberal: privatizar beneficios y socializar pérdidas.

Un fracaso político y moral del modelo económico liberal que había prometido eficiencia, crecimiento y libertad individual.

En lugar de eficiencia, dejó fragilidad.

En lugar de libertad, entregó poder a actores privados no electos.

En lugar de democracia, impuso austeridad.

El liberalismo económico se mostró incapaz de garantizar estabilidad y, peor aún, erosionó la soberanía democrática. Cuando el Estado se queda sin recursos fiscales, no desaparece el poder, simplemente se traslada a quienes tienen el dinero.

El relato de que menos impuestos significa menos burocracia y más libertad es un espejismo. Lo que realmente significa es menos servicios públicos, más desigualdad y más dependencia de soluciones privadas para necesidades básicas. Quien tiene dinero podrá acceder a buena educación y salud; quien no, quedará relegado. La libertad que prometen no es colectiva: es privilegio para unos pocos.

Pagar impuestos no es un acto de sumisión; es un acto de soberanía compartida. Es la forma más directa de sostener un poder político que pertenezca a la ciudadanía y no a los mercados.

No se trata de pagar más por pagar, sino de exigir un Estado que recaude con justicia y gaste con responsabilidad.

La alternativa a un sistema fiscal sólido no es un paraíso liberal, sino un país a merced de intereses privados. Y la democracia no sobrevive mucho tiempo en ese terreno.

Por eso, cuando alguien dice “quiero pagar menos impuestos”, lo que realmente está diciendo (aunque no lo sepa) es “acepto que otros decidan por mí”.

Y eso, amigo, no es libertad.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Durante la clausura de la Cumbre Mundial de la Democracia, celebrada en Vitoria-Gasteiz, nuestro Jefe de Estado advertía hace unos días sobre el “retroceso” que amenaza a las democracias modernas. Un discurso que buscaba mostrar compromiso con los valores democráticos, pero que choca con una realidad incómoda: la institución que representa arrastra un demérito histórico y contemporáneo que erosiona su legitimidad.

La monarquía española no nació de un mandato ciudadano, sino de un pacto heredado de la dictadura. Su restauración fue un elemento central de un acuerdo entre élites que consolidó un modelo de Estado sin consulta directa a la ciudadanía. Fue refrendada, pero nunca se preguntó si los españoles deseaban monarquía o república. La democracia española nació, en buena medida, con un candado cerrado institucional que limita su reforma.

A esto se suma el demérito contemporáneo: los escándalos financieros y la conducta polémica de la familia real, desde Juan Carlos I hasta episodios cuestionables de casi toda la familia, han generado desafección. Viajes controvertidos, privilegios heredados y opacidad en la gestión del patrimonio han minado la credibilidad de la Corona. Hablar de defensa de la democracia desde esta posición resulta, para muchos ciudadanos, cuestionable sobre todo sobre la base del principio de igualdad ante la Ley.

Si el monarca quiere proyectar un legado distinto, no bastan los discursos. Un gesto valiente sería facilitar, ayudar a abrir el debate sobre un nuevo proceso constituyente que permita a la ciudadanía decidir sobre la forma de Estado. La Constitución actual dificulta a propósito cualquier reforma profunda de la Corona: el Título II está protegido por un procedimiento agravado que exige disolver las Cortes, convocar elecciones, aprobar la reforma por mayoría de dos tercios en ambas cámaras y ratificarla en referéndum. Lo que alguno diría “Un lío”, que, en la práctica, esto hace imposible corregir aspectos esenciales para avanzar en democracia como:

La inviolabilidad e inmunidad del monarca.

La preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión.

La jefatura suprema de las Fuerzas Armadas.

Mantener estas prerrogativas intactas perpetúa privilegios heredados y desajusta la institución frente a una sociedad moderna y crítica.

La España de 2025 no es la de 1978. Es más plural, más consciente de su poder político y capaz de exigir responsabilidad a sus instituciones. La democracia no se fortalece con símbolos heredados; se consolida con participación, legitimidad y responsabilidad compartida.

Felipe VI enfrenta así una encrucijada histórica: seguir siendo heredero de un modelo marcado por privilegios y deméritos o pasar a la historia como el monarca que antepuso la democracia a la monarquía, dejando un legado de confianza y legitimidad. La democracia no se defiende solo con discursos; se defiende con gestos valientes, porque a este país le faltó su revolución democrática y merece tener la oportunidad de mejorar.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Es, sencillamente, un mito creado por sectores ultraconservadores para desacreditar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y para cuestionar un derecho conquistado tras décadas de lucha feminista. Lo que de verdad genera sufrimiento no es el aborto en sí, sino el estigma, la presión social y las trabas legales que todavía hoy intentan imponerse.

Detrás de ese discurso laten las viejas inercias de una España que aún no se ha sacudido del todo la sombra de la tutela eclesiástica. Se pretende imponer una moral religiosa particular al conjunto de la ciudadanía, como si fuera ley universal. Y ahí es donde aparece la cuestión central: la libertad de conciencia.

En una democracia plena, cada persona debe poder decidir conforme a sus convicciones, sin imposiciones externas. La libertad de conciencia no consiste en que cada cual practique su religión sin ser perseguido; significa también que nadie esté obligado a vivir bajo normas dictadas por credos que no comparte. Y cuando hablamos del derecho al aborto, hablamos exactamente de eso: de la capacidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su maternidad sin injerencias ajenas.

Por eso es tan relevante la intención del Gobierno de blindar constitucionalmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. No se trata solo de reforzar un marco jurídico, sino de afirmar un principio democrático esencial: la maternidad debe ser siempre una elección, nunca una imposición. Con ese blindaje, España daría un paso decisivo hacia la laicidad real, entendida no como hostilidad hacia lo religioso, sino como neutralidad institucional frente a las creencias particulares.

Laicidad, aborto y libertad de conciencia forman un triángulo inseparable. Sin un Estado laico, los derechos de las mujeres quedan expuestos a los vaivenes de la política y a la presión de jerarquías religiosas que no representan a toda la sociedad. Sin libertad de conciencia, esos derechos no son verdaderamente universales, sino privilegios frágiles.

Blindar el derecho al aborto en la Constitución significaría, por fin, que las mujeres en España no necesitan tutelas ni justificaciones: solo respeto a su decisión. Y significaría también que nuestro Estado empieza a madurar en aquello que siempre ha tenido pendiente: garantizar la libertad de conciencia como piedra angular de una democracia moderna y plenamente laica.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

En España se ha consolidado una maquinaria de demolición política que opera a plena luz del día. Se llama Manos Limpias, Hazte Oír y Abogados Cristianos, pero son solo la punta visible del iceberg. Su fin está contrastado: lanzar denuncias sin pruebas, organizar campañas de odio y enredar a la justicia en guerras ideológicas. Pero esta maquinaria no funcionaría sin los padrinos políticos y mediáticos que les dan cobijo, legitimidad y altavoz.

Feijóo, ese falso político moderado que se aprovecha del fango y que juega con dos barajas, en Europa se viste de estadista moderado, pero en Madrid guarda un silencio cómplice ante las denuncias falsas contra la mujer y el hermano de Sánchez. Sabe que son querellas sin recorrido, pero mientras tanto ocupan titulares, desgastan al presidente y alimentan la sospecha. El barro le está resultando útil, su disfraz de demócrata es una farsa, se lava las manos mientras otros hacen el trabajo sucio.

Abascal, el jefe de la jauría, no tiene complejos. Vox vive de la misma gasolina que alimenta a Hazte Oír y Abogados Cristianos: odio al feminismo, a los derechos LGTBI, a la memoria democrática. Sus discursos parlamentarios son el eco de los autobuses del odio y de las querellas por “ofensas religiosas”. Este al menos no se esconde: alienta, protege y celebra cada una de las campañas de estos grupos, porque forman parte de su estrategia electoral. El fango y la mentira no lo incomodan, lo necesita.

Luego están los altavoces mediáticos, la artillería del barro, el tercer vértice del triángulo: los medios que amplifican el ruido. OkDiario, Libertad Digital, EsRadio o determinados programas de tertulia televisiva se encargan de convertir denuncias ridículas en escándalos nacionales.

Manos Limpias presenta una querella sin pruebas, los medios afines la inflan como si fuera una bomba, el PP calla y Vox aplaude y el Gobierno queda bajo sospecha. Es el ciclo del fango, repetido una y otra vez. No es periodismo: es propaganda coordinada al servicio de una estrategia de acoso político.

La derechona, a falta de argumentos, decidió abandonar el terreno del debate político para instalarse en la guerra sucia permanente. Feijóo calla, Abascal jalea y los medios afines amplifican. Y mientras tanto, organizaciones minoritarias y ultras se convierten en actores políticos de primer nivel, no por su fuerza real, sino por el respaldo que reciben de quienes deberían defender la democracia y no dinamitarla.

Ya sabemos quién está detrás de Manos Limpias, Hazte Oír o Abogados Cristianos. La pregunta es ¿cuánto tiempo más vamos a tolerar que la derecha institucional se esconda tras estas marionetas para derrocar al Gobierno progresista de coalición?

Porque cuando la política se sustituye por el fango, lo que se erosiona no es solo un presidente o un partido: es la propia democracia.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.