Hubo quien anunció el fin de la democracia. Hubo quien habló de un golpe al Estado de derecho, de la liquidación de la Constitución, de la ruptura de España y de una humillación sin precedentes para nuestro sistema institucional. La ley de amnistía fue presentada como una anomalía incompatible con cualquier democracia europea. Se aseguró que el Tribunal Constitucional no tendría más remedio que declararla inconstitucional y que, si no lo hacía, Europa acabaría corrigiendo el rumbo de una España supuestamente extraviada.

Hoy ese relato ha sufrido un serio revés.

El Tribunal Constitucional primero y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después han concluido, en términos generales, que la ley no vulnera la Constitución ni el Derecho de la Unión. Nadie está obligado a compartir la oportunidad política de la amnistía, pero sí conviene reconocer que el principal argumento jurídico esgrimido contra ella ha perdido buena parte de su fuerza.

Y eso obliga a una reflexión que va mucho más allá de una ley concreta.

Porque la verdadera cuestión nunca fue únicamente la amnistía. Lo preocupante fue la facilidad con la que una parte de la derecha decidió cuestionar la legitimidad de un Gobierno nacido de las urnas y de una mayoría parlamentaria plenamente constitucional. Se trasladó a la ciudadanía la idea de que aquello que no podía impedirse mediante el debate democrático debía ser derrotado en los tribunales. Y, por si eso no bastaba, se alimentó la expectativa de que las instituciones europeas desautorizarían a España.

No era solo una estrategia de oposición. Era una forma de erosionar la confianza en las propias instituciones democráticas.

La política democrática exige aceptar que el Parlamento legisla, que los tribunales controlan la legalidad y que las discrepancias se resuelven dentro de ese marco. Lo contrario supone convertir cada derrota política en una crisis institucional y cada decisión adversa en una supuesta conspiración. Esa lógica no fortalece la democracia, la desgasta.

La amnistía fue una decisión profundamente política. Y ahí reside precisamente su sentido. Durante años se intentó resolver el conflicto catalán casi exclusivamente desde la respuesta penal. Las sentencias eran necesarias dentro del Estado de derecho, pero no bastaban para cerrar un conflicto cuya raíz era también política e institucional. Gobernar consistía en asumir esa realidad y buscar una salida dentro de la legalidad democrática.

La izquierda nunca debería sentir complejo alguno por haber defendido esa opción. Su mejor tradición no ha sido la del castigo perpetuo, sino la de ampliar derechos, reconstruir consensos y crear condiciones para una convivencia más sólida. La democracia no demuestra su fortaleza únicamente cuando sanciona el incumplimiento de la ley, también la demuestra cuando es capaz de integrar, reconciliar y abrir nuevas etapas sin renunciar a sus principios.

España conoce bien esa lección. La Transición recurrió a una amnistía para facilitar el paso de una dictadura a una democracia. Aquel proceso tuvo luces y sombras y sigue siendo objeto de un intenso debate, especialmente por la ausencia de rendición de cuentas respecto de los crímenes del franquismo. Precisamente por eso conviene no equiparar ambos momentos históricos. Pero sí recordar una idea esencial: la democracia española ya ha utilizado en otras ocasiones instrumentos excepcionales para favorecer una nueva etapa política. La amnistía no es ajena a nuestra tradición democrática.

Lo verdaderamente llamativo es que quienes anunciaban la desaparición del Estado de derecho apenas dediquen hoy unas palabras a explicar por qué ese pronóstico no se ha cumplido. España sigue siendo una democracia plena, sus instituciones continúan funcionando y los tribunales llamados a pronunciarse no han confirmado el escenario de colapso que durante meses se presentó como inevitable.

Quizá haya llegado el momento de extraer alguna enseñanza.

La primera es que la discrepancia política no puede convertirse en una campaña permanente de deslegitimación institucional. La segunda, que los conflictos políticos requieren respuestas políticas además de jurídicas. Y la tercera, quizá la más importante, es que la izquierda no debería gobernar nunca desde el miedo al ruido que inevitablemente provocan las reformas profundas.

La amnistía no tenía razón porque lo hayan dicho el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tenía razón porque partía de una convicción profundamente democrática: que la política está para resolver conflictos, no para administrarlos indefinidamente; para fortalecer la convivencia, no para convertir el enfrentamiento en una forma de hacer oposición.

Las sentencias no hacen buena una decisión política. Pero, a veces, sirven para recordar que el catastrofismo no era más que eso, un relato. Y los relatos, cuando chocan con los hechos, deberían tener la honestidad de rectificar.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

La noticia de que CCOO y UGT han decidido crear una caja de resistencia para ayudar económicamente a sus afiliados durante determinadas huelgas debería abrir un debate mucho más amplio que el de la propia iniciativa.

La primera reacción puede ser positiva. Si hacer huelga implica perder salario, parece lógico que las organizaciones sindicales intenten aliviar ese coste. Pero, inmediatamente después, surge una cuestión inevitable: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

El derecho de huelga está reconocido en nuestra Constitución desde 1978. Sin embargo, desde entonces, ejercerlo ha tenido un precio. Un trabajador con un salario medio de unos 1.600 € netos puede perder alrededor de 50 € por cada jornada de paro.

Para quien vive con dificultades para llegar a fin de mes, esa cantidad convierte un derecho constitucional en una carga económica.

No es extraño, por tanto, que muchas huelgas reciban más simpatía que participación. No siempre falta conciencia colectiva, muchas veces falta capacidad económica.

La caja de resistencia pretende responder a esa realidad, pero solo para quienes están afiliados. Y ahí creo que aparece una enorme contradicción.

Las huelgas nunca las ganan los afiliados de un sindicato. Las conquistas laborales alcanzadas mediante la movilización benefician al conjunto de los trabajadores. Sin embargo, el apoyo económico queda reservado a una parte de ellos. Lo entiendo desde la lógica de una organización financiada por sus afiliados, pero no deja de reflejar un problema de fondo: el sindicalismo español ha perdido capacidad para convertirse en un movimiento de masas. Y esa reflexión es la más importante.

Muchos trabajadores seguimos recordando con respeto el sindicalismo que representaron Marcelino Camacho o Nicolás Redondo. No porque fueran infalibles, sino porque simbolizaban organizaciones profundamente arraigadas en los centros de trabajo, sostenidas por la participación de sus afiliados y con una enorme capacidad de movilización.

Hoy la percepción es diferente. Los sindicatos continúan siendo actores imprescindibles en la negociación colectiva y han contribuido a importantes avances laborales en los últimos años. Sería injusto negarlo. Pero también es cierto que una parte importante de los trabajadores siente que esas organizaciones se han institucionalizado demasiado y que la distancia con la realidad cotidiana de muchos centros de trabajo ha aumentado.

Quizá por eso una caja de resistencia, siendo una buena noticia, también evidencia una carencia. Llega cuando cada vez menos trabajadores pueden permitirse hacer huelga y cuando los propios sindicatos necesitan buscar nuevas fórmulas para reforzar la movilización.

Hay otra cuestión que también merece debate. Cuando un trabajador hace huelga, el salario descontado supone también un ahorro para la empresa o, en el caso de las administraciones públicas, un menor gasto de personal. Nadie discute que no deba cobrarse un trabajo que no se ha realizado. Pero sí cabe preguntarse si ese ahorro, al menos en el sector público, no debería destinarse automáticamente a alguna finalidad social en beneficio de los trabajadores, en lugar de quedar simplemente como una reducción del gasto presupuestario.

No tengo una respuesta definitiva. Solo una convicción, un derecho fundamental pierde parte de su fuerza cuando solo pueden ejercerlo quienes pueden permitirse pagarlo.

Y eso debería preocuparnos a todos. También a los sindicatos.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Acabo de leer La república por venir, de José Antonio Pérez Tapias, que me parece llega en un momento oportuno porque la democracia atraviesa una crisis que ya no puede explicarse únicamente por el desgaste de los gobiernos o por la polarización política. Lo que está en cuestión es algo más profundo: la capacidad de los ciudadanos para influir realmente en las decisiones que afectan a sus vidas.

Pérez Tapias ofrece un diagnóstico sólido de esa crisis y recupera una vocación política que merece mayor atención, el republicanismo. Su idea de la libertad como ausencia de dominación resulta especialmente pertinente en una época en la que millones de personas experimentan formas de dependencia económica, laboral y tecnológica que limitan de hecho la libertad.

Sin embargo, al cerrar el libro me quedó una impresión que considero importante compartir. El republicanismo contemporáneo ha desarrollado con notable éxito una teoría de la democracia deseable, pero sigue teniendo dificultades para formular una estrategia de transición que permita alcanzarla.

Sabemos la república que queremos. Pero no cómo construirla.

Durante décadas, una parte significativa del pensamiento progresista ha concentrado sus esfuerzos en la crítica. Ha denunciado la desigualdad, la concentración del poder económico, la degradación de la esfera pública y la insuficiencia de las democracias representativas. Esa crítica era necesaria. Pero hoy resulta insuficiente. Los ciudadanos no sólo necesitan diagnósticos; necesitan propuestas capaces de traducirse en instituciones.

Si hablamos de libertad como no dominación, debemos preguntarnos qué reformas concretas reducen esa dominación. Si hablamos de participación democrática, debemos identificar mecanismos efectivos para ampliarla. Si defendemos una sociedad más igualitaria, debemos explicar mediante qué instrumentos políticos y económicos puede hacerse realidad.

La república por venir necesita una hoja de ruta, y se podría comenzar por fortalecer los espacios de deliberación ciudadana. Garantizar la libertad de conciencia, los procesos participativos vinculantes o nuevas formas de consulta pública no sustituyen a la democracia representativa, pero pueden complementarla y revitalizarla.

También exige abordar la dimensión material de la libertad. Resulta difícil hablar de ciudadanía plena cuando el acceso a la vivienda se convierte en un privilegio, cuando la precariedad laboral condiciona proyectos vitales enteros o cuando amplias capas sociales perciben que trabajan más para vivir peor. La libertad política necesita condiciones materiales que la hagan posible.

Al mismo tiempo, el ideal cosmopolita defendido por Pérez Tapias requiere una traducción institucional más concreta. La cooperación internacional es indispensable para afrontar desafíos como la crisis climática, la fiscalidad de las grandes corporaciones digitales o los movimientos migratorios. Pero el cosmopolitismo ganará apoyo social si demuestra que puede mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos y no sólo expresar una aspiración moralmente encomiable.

Existe además una cuestión que la izquierda democrática no debería seguir ignorando. El auge de opciones populistas y de extrema derecha no puede entenderse exclusivamente como una anomalía ideológica. En muchos casos expresa frustraciones reales relacionadas con la pérdida de control sobre las condiciones de vida, la inseguridad económica o la percepción de distancia respecto a las élites políticas. Combatir esas opciones exige defender la democracia, pero también escuchar los problemas que las alimentan.

Por eso creo que el debate abierto por Pérez Tapias merece continuar. No para corregir el ideal republicano, sino para completarlo. El desafío de nuestro tiempo no consiste únicamente en imaginar una democracia más libre, más igualitaria y más fraterna. Consiste en identificar las reformas, las instituciones y las alianzas sociales capaces de hacerla posible.

La república por venir necesita una teoría de la transición. Necesita puentes entre el horizonte normativo y la realidad política. Porque las democracias no cambian sólo cuando aparecen buenas ideas. Cambian cuando esas ideas encuentran la manera de convertirse en poder ciudadano organizado.

Y quizá esa sea hoy la tarea pendiente más urgente para quienes siguen creyendo que la democracia puede ser algo más que la administración de lo existente.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Confieso que cada vez me cuesta más leer determinados titulares políticos sin sentir una mezcla de repugnancia, preocupación y desconfianza.

No porque la política no deba ser vigilada. Debe serlo. No porque un gobierno no deba rendir cuentas. Por supuesto que debe. Y no porque Pedro Sánchez o José Luis Rodríguez Zapatero estén por encima de la crítica. Nadie lo está. La crítica política es necesaria. La prensa libre también.

Lo que me inquieta es otra cosa.

Me inquieta comprobar cómo una parte del debate público español parece haber renunciado al análisis para entregarse a la sospecha permanente. Cómo cada día aparece un nuevo titular construido para provocar impacto inmediato, indignación automática y condena anticipada. Cómo se lanza una acusación con grandes letras y después, cuando llega el matiz o la rectificación, apenas queda espacio para contarla. Porque ya no importa la verdad. Basta con haber dejado la huella de la duda.

Y esa dinámica no es provocada.

La manipulación mediática rara vez funciona inventándolo todo desde cero. Funciona de forma mucho más eficaz, seleccionando, recortando, exagerando, sacando de contexto, repitiendo. Transformando indicios en certezas. Filtraciones en relatos cerrados. Hipótesis en culpabilidades políticas. Hasta que lo que empezó siendo una posibilidad termina instalado en la opinión pública como si fuera un hecho probado.

Lo hemos visto demasiadas veces con dos líderes políticos, Pedro Sánchez y también con Zapatero.

A Sánchez se le critica no sólo por lo que hace, sino por una caricatura cuidadosamente construida sobre quién supuestamente es. Cada decisión se interpreta desde el prejuicio previo. Cada movimiento político se presenta como maniobra oscura. Cada noticia parece redactada no para explicar, sino para confirmar una sentencia ya escrita de antemano.

Con Zapatero sucede algo parecido desde hace años. Su papel internacional, su interlocución política o su capacidad de mediación son leídos muchas veces desde la insinuación constante, como si alrededor de él hubiera que mantener siempre encendida una sombra de sospecha. Da igual lo que haga: el marco narrativo ya está construido antes de que empiecen los hechos.

Porque el problema ya no es sólo contra quién se dirige. El problema es lo que provoca en todos nosotros.

Cuando el espacio público se llena de un calculado ruido, la ciudadanía deja de estar informada y pasa a estar dirigida. Cuando el titular sustituye al contexto, dejamos de comprender. Cuando la sospecha se convierte en método de oposición política, la democracia se debilita desde dentro.

La degradación democrática no siempre llega con grandes gestos. A veces llega poco a poco. Se instala en la conversación cotidiana. En la intoxicación permanente. En el descrédito sistemático de instituciones, adversarios y medios que no encajan en un determinado discurso. Llega cuando ya nadie espera conocer la verdad, sino únicamente confirmar aquello que quiere oír.

Y eso es profundamente peligroso.

Porque la democracia puede soportar gobiernos buenos, malos o mediocres. Puede soportar alternancia, conflicto, polarización y desgaste. Lo que no soporta indefinidamente es vivir instalada en una atmósfera de sospecha prefabricada, donde el escándalo pesa más que los hechos y el impacto vale más que la verdad.

Se puede discrepar radicalmente de Pedro Sánchez. Se puede criticar políticamente a Zapatero. Pero otra cosa distinta, y mucho más grave, es aceptar como normal una maquinaria de señalamiento permanente construida desde la manipulación mediática.

Cuando la sospecha se convierte en estrategia, el ruido en herramienta y el desgaste en objetivo, ya no está sólo en juego el prestigio de un político. Lo que está en juego es avanzar en democracia.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

El anuncio oficial de que el papa intervendrá el próximo 8 de junio en el Congreso de los Diputados obliga a plantear una pregunta: ¿es el Estado español realmente aconfesional?

La decisión se ha presentado como un gesto diplomático y una visita de Estado amparada en la condición del pontífice como jefe del Estado Vaticano. Pero reducir este hecho a una cuestión protocolaria exige ignorar lo evidente: el papa no es un jefe de Estado como otro cualquiera.

Su condición de jefe de Estado deriva precisamente de ser la máxima autoridad de la Iglesia católica. Ambas dimensiones, la religiosa y la política, son indisociables.

Presentar su intervención en el Congreso como una mera comparecencia institucional es una ficción jurídica útil para suavizar la controversia, pero insuficiente para ocultar la enorme carga simbólica del acto.

No se trata de discutir la legitimidad de las relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede, ni de cuestionar que el papa visite el país o sea recibido oficialmente por las autoridades. El problema es otro: el escenario elegido y el significado político que proyecta.

El Congreso de los Diputados no es una sala de protocolo. Es la sede de la soberanía popular y el principal símbolo de la representación democrática. Pertenece por igual a creyentes, ateos, agnósticos e indiferentes. Convertirlo en escenario de una intervención solemne del pontífice implica conceder a una autoridad religiosa concreta una centralidad institucional extraordinaria.

Ese es el núcleo de la cuestión. Los defensores del acto invocan el derecho internacional y recuerdan que el Vaticano es un Estado “soberano”. Es cierto. Pero el debate nunca ha sido si el Vaticano existe jurídicamente, sino si su singular naturaleza permite equiparar sin matices esta visita a la de cualquier otro jefe de Estado.

El Vaticano es una monarquía absoluta electiva en la que el pontífice concentra poderes legislativo, ejecutivo y judicial. No existe una democracia representativa homologable a la de los Estados europeos, ni una separación de poderes comparable, ni estándares internos plenamente alineados con principios contemporáneos de igualdad. La exclusión de las mujeres de las posiciones de autoridad doctrinal y sacramental sigue siendo una discriminación de género.

Además, conviene recordar un dato histórico poco mencionado: el Estado vaticano moderno nace de los Pactos de Letrán de 1929, firmados entre la Santa Sede y el régimen fascista de Benito Mussolini. Recordarlo no pretende negar su reconocimiento internacional actual, sino subrayar que estamos ante una entidad política excepcional, no ante un Estado convencional cuya naturaleza pueda separarse limpiamente de su dimensión confesional.

La apelación a la política exterior tampoco resulta especialmente convincente. ¿Desde cuándo mantener relaciones diplomáticas obliga a ofrecer una tribuna solemne en el corazón del poder legislativo a una autoridad religiosa?

La diplomacia no exige neutralizar principios constitucionales ni convertir excepciones simbólicas en rutina institucional.

Lo verdaderamente revelador es que este tipo de deferencia apenas genera sorpresa cuando el interlocutor es el pontífice. Ahí aflora una anomalía española persistente: la dificultad histórica para tratar al catolicismo como una confesión más dentro de una democracia plural.

España sigue arrastrando una relación de excepcionalidad con la Iglesia católica que se expresa en financiación pública, exenciones fiscales, presencia educativa y enormes privilegios. La intervención del papa en el Congreso no inaugura esa anomalía; simplemente la exhibe de forma especialmente visible.

La aconfesionalidad del Estado no consiste únicamente en proclamar que ninguna religión tiene carácter estatal. También exige neutralidad efectiva en el plano institucional y simbólico. Y los símbolos importan: revelan jerarquías, consolidan inercias y muestran qué privilegios históricos siguen intactos bajo apariencia de normalidad.

No está en cuestión la libertad religiosa ni el respeto a los ciudadanos que confiesan religión católica. Lo que está en cuestión es si una democracia madura y plural debe reservar a una confesión concreta una solemnidad institucional excepcional en la sede de la soberanía nacional.

El Congreso no es un púlpito para sermones, precisamente porque representa a toda la ciudadanía, debería preservar con especial celo la neutralidad que da sentido a su función. Abrir el hemiciclo al pontífice como orador solemne no refuerza esa pluralidad ni la convivencia institucional: transmite la persistencia de una deferencia difícilmente compatible con una aconfesionalidad de verdad.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Europa está entrando en una nueva etapa geopolítica en la que la dependencia estratégica ya no resulta sostenible. La agresividad de Putin, la incertidumbre derivada de la política exterior estadounidense de Trump y la inestabilidad crónica en Oriente Próximo, agravada por la estrategia del gobierno de Netanyahu, han dejado una lección clara: Europa no puede seguir delegando indefinidamente su seguridad.

España debe asumir que este debate ya no es ajeno.

Tradicionalmente, la política española ha tratado la defensa como una cuestión periférica, subordinada a otras prioridades. Sin embargo, en el contexto actual, la seguridad europea y la estabilidad económica están íntimamente conectadas. Energía, comercio, migración, cadenas logísticas, seguridad digital y estabilidad regional dependen también de la capacidad de Europa para proteger sus intereses.

Esto no significa abrazar una lógica militarista ni sacrificar el modelo social europeo. De hecho, uno de los errores más persistentes del debate público consiste en presentar la inversión en defensa como incompatible con el gasto social.

No lo es.

La dicotomía entre “más defensa o más bienestar” simplifica un problema mucho más complejo. La cuestión no es elegir entre hospitales y seguridad, entre educación y capacidades estratégicas, sino decidir cómo organiza Europa, y dentro de ella España, sus prioridades presupuestarias, industriales y tecnológicas.

España dispone de una oportunidad singular para liderar este proceso dentro de Europa.

Su posición geográfica, entre el Atlántico, el Mediterráneo y el norte de África, la convierte en una pieza estratégica de primer orden. A ello se suma una base industrial relevante: Navantia en construcción naval, Indra Sistemas en tecnología y defensa, presencia industrial de Airbus, así como capacidades logísticas, satelitales y de ciberseguridad con amplio margen de expansión.

Invertir en defensa europea no debería entenderse exclusivamente como adquisición de armamento, sino como política industrial avanzada. Supone innovación, investigación, transferencia tecnológica, empleo cualificado y autonomía en sectores críticos.

Una estrategia común de defensa europea mejor coordinada permitiría además reducir ineficiencias históricas: compras fragmentadas, duplicación de sistemas y dependencia tecnológica externa. Es decir, gastar mejor, no simplemente gastar más.

España podría desempeñar un papel central en la construcción de una arquitectura europea de defensa más integrada y racional, compatible con el mantenimiento del Estado del bienestar que define el proyecto europeo.

Ese debería ser el verdadero objetivo: no copiar modelos de potencia basados en hipertrofia militar, sino construir una capacidad de defensa suficiente para proteger autonomía política, estabilidad económica y cohesión social.

Porque una Europa incapaz de defenderse termina dependiendo de agendas ajenas. Y una Europa dependiente pone en riesgo, precisamente, aquello que pretende preservar: prosperidad, democracia y protección social.

España haría bien en comprender que liderar una defensa europea más autónoma no contradice su vocación social. Al contrario: reforzar seguridad, industria y soberanía estratégica es también una forma de proteger el bienestar de sus ciudadanos.

No se trata de elegir entre cañones o pensiones. Se trata de entender que, en el mundo actual, la autonomía estratégica también es política social.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

En la política española actual se repite con frecuencia una idea que, de tanto escucharse, empieza a parecer incuestionable: que determinados partidos están “condenados a entenderse”. Sin embargo, esta afirmación es más discutible de lo que parece. Los acuerdos no son inevitables; son, en realidad, el resultado de una lógica mucho más pragmática: la de la conveniencia condicionada por los resultados electorales.

El concepto es sencillo. Los partidos, y en especial los de derechas, no pactan únicamente en función de afinidades ideológicas o de la aritmética parlamentaria, sino también, y a veces sobre todo, en función del coste político que cada acuerdo puede tener entre sus votantes. No se trata solo de sumar, sino de no restar.

El caso de la Región de Murcia por poner un ejemplo, resulta especialmente ilustrativo. Ante la dificultad para aprobar los presupuestos, el Partido Socialista ofreció su apoyo al Partido Popular con el objetivo explícito de facilitar la gobernabilidad y, de paso, aislar a Vox. Sobre el papel, la operación tenía lógica institucional: estabilidad, cuentas públicas aprobadas y una mayoría alternativa viable. Sin embargo, la respuesta del PP fue inmediata y negativa.

¿Por qué rechazar una opción que permitiría gobernar sin depender de un socio incómodo? La respuesta no está tanto en los números como en la estrategia. Aceptar el apoyo del PSOE podría interpretarse como una cesión al adversario político principal, con el consiguiente riesgo de desmovilizar a parte de su electorado o de alimentar el discurso de sus competidores por la derecha. En cambio, mantener el entendimiento con Vox, aun con tensiones, encaja mejor dentro de su bloque natural y resulta más coherente ante sus votantes.

Esto revela una clave fundamental del momento político: no todas las alianzas tienen el mismo coste. Pactar con un partido ideológicamente más cercano, aunque genere controversia externa, puede ser electoralmente más “barato” que alcanzar acuerdos transversales que desdibujen las fronteras entre bloques. En otras palabras, la distancia entre partidos no es solo ideológica, sino también estratégica.

En distintas comunidades autónomas se observa una tendencia similar: cuando la suma lo permite, se consolidan acuerdos dentro del mismo bloque político, incluso si existen alternativas que podrían ofrecer mayor estabilidad o moderación. La lógica de bloques, reforzada en los últimos años, penaliza los movimientos que cruzan esas líneas.

El resultado es una política cada vez más previsible en sus alianzas, pero también más rígida. Las posibilidades de acuerdos transversales se reducen no porque sean imposibles, sino porque resultan electoralmente arriesgados. Así, la gobernabilidad queda supeditada no solo a la aritmética parlamentaria, sino al cálculo constante de costes y beneficios en términos de voto.

Quizá por eso conviene cuestionar la idea de que algunos partidos están “condenados a entenderse”. No lo están. Lo que ocurre es que, en el contexto actual, entenderse con unos sale más rentable, o menos costoso, que hacerlo con otros.

Y mientras esa lógica prevalezca, la política española seguirá moviéndose menos por la necesidad y más por la conveniencia.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Soy socialista de y para siempre. Y lo que más me incomoda hoy no es la distancia entre el partido y la República, sino la naturalidad con la que se ha asumido esa distancia. No hay tensión, no hay debate: hay una renuncia organizada, dirigida y sostenida desde arriba.

Durante años se nos dijo que la cuestión republicana debía aplazarse, que lo importante era consolidar la democracia. Que abrir ese melón era irresponsable. Aquella coartada pudo tener sentido en un contexto frágil. Hoy es simplemente una excusa gastada que encubre una decisión política: no incomodar al poder, no cuestionar el marco, no arriesgar.

La dirección del partido ha ido más allá de la prudencia: ha institucionalizado el silencio. Ha convertido la forma de Estado en un tema prohibido de facto. No hay debate real en los congresos, no hay resoluciones, no hay consulta a la militancia. Y lo más grave: no hay voluntad.

Se ha impuesto una disciplina que no es ideológica, sino preventiva. Se evita el conflicto no porque esté resuelto, sino porque se teme. Se ha asumido que defender una posición republicana dentro del partido es, en el mejor de los casos, una incomodidad; en el peor, una deslealtad.

Conviene recordar aquí a Gómez Llorente, cuando advirtió en Las Cortes que el socialismo no podía comprometer a las generaciones futuras en una cuestión como la forma de Estado. Aquello no era una fórmula retórica: era una línea roja democrática.

Hoy, esa advertencia ha sido traicionada. No porque se haya decidido democráticamente mantener la monarquía, sino porque se ha evitado deliberadamente cualquier posibilidad de discutirla.

La dirección ha optado por blindar el modelo sin someterlo a contraste interno. Y lo ha hecho sin mandato explícito, sin debate abierto, sin asumir el coste político de defenderlo de cara a su propia militancia. Eso no es responsabilidad: es puro cálculo.

Se nos pide lealtad, pero se practica el cierre. Se invoca la historia, pero se vacía de contenido. Se apela al 14 de abril, pero se desactiva todo lo que esa fecha representa. La República se ha convertido en un símbolo tolerado un día al año y neutralizado los otros 364.

Y mientras tanto, el partido se acomoda en una lógica de gestión que reduce su ambición política. Ya no se trata de transformar, sino de administrar. Ya no se trata de abrir horizontes, sino de asegurar equilibrios. En ese marco, la cuestión republicana sobra. No porque sea irrelevante, sino porque es incómoda.

Pero un partido como el PSOE no puede permitirse esa comodidad sin pagar un precio. Porque cuando se clausuran debates de fondo, lo que se erosiona no es solo la coherencia ideológica, sino la propia calidad democrática interna. Y eso, tarde o temprano, pasa factura.

El problema no es que la República no esté en la agenda inmediata. El problema es que la dirección ha decidido que no debe estar en ninguna agenda. Ha sustituido una aspiración histórica por un consenso tácito que nadie ha votado y que pocos se atreven a cuestionar en voz alta.

Como socialista, lo más preocupante no es la posición oficial, sino el mensaje implícito: hay temas que no se tocan. Y un partido que señala límites al pensamiento crítico de su propia base deja de ser una organización política viva para convertirse en una estructura de obediencia.

El 14 de abril debería servir para algo más que para recordar. Debería obligarnos a decir lo que ya es evidente: que el PSOE ha dejado de ser un partido con vocación republicana no por evolución ideológica, sino por decisión estratégica de su cúpula.

Y que esa decisión no se ha discutido. Se ha impuesto.

Eso sí es un problema. Y no menor.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Utilizar la fuerza armada de forma ilegal contra países con fines políticos y económicos es terrorismo. No deja de serlo porque quien lo ordene vista uniforme, ocupe un despacho presidencial o forme parte de un bloque militar como la OTAN. La violencia deliberada contra poblaciones inocentes, con el objetivo de influir políticamente, es criminal, y sin embargo la comunidad internacional asiste con inquietante normalidad a su perpetuación, a menudo ocultando bajo el eufemismo de “operaciones militares” lo que son patrones de violencia sistemática con consecuencias devastadoras.

Los datos hablan por sí mismos. En el conflicto entre Israel y Gaza, las cifras oficiales de muertos y heridos incluyen una proporción abrumadora de población civil: mujeres, niños, personas mayores y profesionales sanitarios atrapados en medio de hostilidades intensas. Los registros de organizaciones internacionales y ONG sitúan a miles de víctimas civiles directas, y testimonios detallados denuncian la destrucción de barrios enteros y la desprotección de la población ante ataques indiscriminados. Israel: ha usado al pueblo palestino con la misma lógica que emplearon los nazis contra los judíos.

En Europa del Este, la guerra iniciada por Rusia en Ucrania ha destruido ciudades enteras y ha provocado decenas de miles de muertes desde 2014, con picos dramáticos desde 2022. Millones de personas han sido desplazadas, muchas de ellas mujeres y niñas, obligadas a abandonar hogares y vidas por el avance de operaciones que no distinguen entre objetivos militares y zonas civiles densamente pobladas.

Estas cifras no son estadísticas frías: son vidas, familias rotas y generaciones marcadas por la violencia. Y pocas veces se escucha vinculándolas con un término que, por definición, debería aplicarse: “Terrorismo de Estado”.

Las consecuencias no se limitan a la tragedia humana. El impacto económico de los conflictos contemporáneos es colosal y trasciende fronteras. Según estimaciones de institutos de análisis económico y de paz, el coste global de la violencia armada y los conflictos se sitúa en billones de euros al año, representando una parte significativa del PIB mundial. Parte de ese gasto proviene de los enormes presupuestos militares, pero una proporción creciente se destina a reconstrucción, atención a desplazados y estabilización de regiones devastadas.

Las economías locales, desde Gaza hasta Ucrania, se enfrentan a tasas extremas de desempleo, colapsos en sectores productivos clave y caídas abruptas del PIB. En Franja de Gaza, la destrucción de infraestructura esencial, industrias, hospitales y sistemas de agua y saneamiento deja una economía al borde del colapso. En Ucrania, la reconstrucción post-conflicto exigirá décadas de inversión, mientras que las tensiones en los mercados de materias primas y energía repercuten globalmente, encareciendo alimentos y combustibles en economías vulnerables.

Es imposible separar estos costes humanos y económicos de las decisiones políticas que los causan. Ni tampoco ignorar que cuando las potencias globales normalizan estas prácticas, se legitima una forma de violencia que debería ser rechazada con claridad moral y legal.

Resulta sorprendente, y profundamente preocupante, que en pleno siglo XXI exista tolerancia no solo social sino diplomática hacia prácticas que constituyen terrorismo de Estado. Que un Estado miembro de la OTAN, una alianza fundada bajo principios de defensa colectiva y respeto por los derechos humanos, normalice o encubra acciones con impacto devastador para la población civil es una anomalía que debilita la credibilidad de todo el sistema internacional de seguridad y derechos.

La tolerancia política y social ante estos hechos no es mera indiferencia: es complicidad.

Permite que la violencia sistemática se perpetúe sin rendición de cuentas, y socava los valores que, en teoría, deberían guiar la política internacional.

No puede haber dobles estándares. Si definimos terrorismo como el uso de violencia contra civiles con fines políticos, entonces debemos aplicar esa definición de forma coherente, independientemente de la identidad del perpetrador o de su lugar en el orden mundial. La jerarquía de potencias no puede servir de escudo frente a la justicia moral.

Negar esta realidad no protege la estabilidad global, sino que la erosiona. Es hora de que la sociedad civil, los medios y las instituciones internacionales exijan una revisión crítica de cómo se interpreta y aplica el término “Terrorismo”. Defender la coherencia ética no es una postura ideológica: es una exigencia de justicia para las víctimas y una necesidad para la paz sostenible.

Porque el terrorismo no pierde su nombre por venir envuelto en banderas o alianzas. Y cada día que miramos hacia otro lado, esa violencia deja de ser excepción para convertirse en política aceptada.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

La pregunta más inquietante de nuestro tiempo no es si habrá otra gran guerra, sino si la sociedad reaccionará a tiempo para impedirla.

Las grandes tragedias de la historia rara vez empiezan con una explosión. Empiezan con una costumbre: la costumbre de aceptar lo inaceptable. La costumbre de escuchar hablar de guerras, de amenazas nucleares o de enemigos absolutos como si todo ello formara parte natural del paisaje político.

Ese es el momento más peligroso: cuando la sociedad se acostumbra.

Hoy el mundo vuelve a moverse en una dirección inquietante. Las tensiones entre potencias se multiplican, los conflictos regionales se expanden y el lenguaje militarista vuelve a ocupar el centro del discurso político. Lo que hace apenas unas décadas parecía impensable, una confrontación global entre grandes potencias, vuelve a insinuarse en el horizonte.

La invasión de Ucrania ordenada por Putin rompió el principio básico que había permitido mantener una relativa estabilidad en Europa desde el final de la Guerra Fría: el respeto a las fronteras y al derecho internacional. En Oriente Próximo, la política de fuerza impulsada por Netanyahu ha intensificado una espiral de violencia que amenaza con desestabilizar toda la región durante generaciones. Y desde Estados Unidos, el nacionalismo confrontativo promovido por Trump ha contribuido a erosionar alianzas, debilitar instituciones multilaterales y normalizar una política basada en la presión y la rivalidad permanentes.

Contextos distintos, líderes distintos. Pero una misma lógica: la del poder militar entendido como imposición y no como responsabilidad histórica.

La historia demuestra que esa lógica rara vez conduce a la seguridad. Con demasiada frecuencia conduce al desastre.

Las grandes guerras del siglo XX no fueron inevitables. Se hicieron inevitables cuando la política abandonó la prudencia y la ciudadanía dejó de creer que podía detener la deriva.

Por eso hoy resulta más actual que nunca el llamamiento de Stéphane Hessel en sus breves pero poderosos ensayos, ¡Indignaos! y ¡Comprometeos!: la peor actitud ante la injusticia y el peligro es la indiferencia.

Indignarse es negarse a aceptar que la guerra sea una normalidad política. Significa exigir a los gobiernos que vuelvan a situar la diplomacia, el derecho internacional y la cooperación entre pueblos en el centro de sus decisiones.

Porque la paz nunca ha sido solo obra de los gobiernos. A lo largo de la historia, los grandes avances democráticos y los movimientos por la paz nacieron de la presión de la sociedad civil: ciudadanos que se negaron a aceptar que la violencia fuera el destino inevitable de la humanidad.

Hoy esa responsabilidad vuelve a ser nuestra.

La humanidad posee recursos científicos, tecnológicos y culturales que generaciones anteriores ni siquiera podían imaginar. Podríamos estar construyendo una era de cooperación global sin precedentes. Sin embargo, corremos el riesgo de regresar a una política dominada por el miedo, el enfrentamiento y la lógica del enemigo.

Frente a esa deriva, la ciudadanía debe recuperar su papel.

Defender la paz no es ingenuidad. Es la forma más lúcida de realismo histórico.

Porque todas las guerras, incluso las que parecen inevitables, podrían haberse evitado en algún momento anterior.

Porque antes de cada guerra hubo un momento en que todavía era posible detenerla. Como cantara Raimon contra la dictadura: Digamos NO. Negaos y comprometeos para detenerla.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Con él se apaga la última respiración de aquel ruido metálico que estremeció el Congreso de los Diputados en la tarde del 23 de febrero de 1981. En su retiro silencioso, como buen nacionalcatólico se arrepintió sólo ante Dios y sin dar explicaciones.

Y, sin embargo, su nombre vuelve a resonar porque el país, más de cuarenta y cinco años después, y en el mismo día de desclasificarse documentos, sigue sin conocer toda la verdad de aquella jornada que separó el miedo de la democracia.

El 23-F fue mucho más que un golpe fallido. Fue un espejo que el Estado colocó frente a sí mismo y en el que, al verse reflejado, decidió guardar silencio. Aquel día, Tejero irrumpió en el hemiciclo pistolón en mano, ejecutando lo que creía una orden legítima. Detrás de él había sombras más altas, más discretas y más viejas que la suya. Hombres de galones dorados, de despachos amplios, de teléfono directo con Zarzuela.

Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch. Dos nombres que, sin Tejero, no se entenderían, y sin los cuales Tejero habría sido un loco solitario. El primero, tutor y consejero del rey. El segundo, veterano de la División Azul, símbolo de una vieja España que no acababa de marcharse. Ambos fueron condenados, ambos fueron después perdonados. Los juristas lo llamaron amnistía, los viejos coroneles lo llamaron justicia entre iguales.

El rey, según la versión oficial, salvó la democracia. Lo hizo con un uniforme de capitán general y un mensaje televisado que todavía se estudia como un acto de firmeza constitucional. Pero bajo ese uniforme había, también, una red de amistades, de antiguos afectos militares, de silencios de familia. Y ahí empieza el territorio del misterio.

Nadie puede afirmar que Juan Carlos I conociera la trama. Tampoco puede afirmarse, con la misma rotundidad, que no la oliera. Dejemos que los historiadores, después de conocer algunos documentos considerados secreto de Estado, despejen dudas y se puedan hallar respuestas.

A los españoles nos enseñaron pronto a convivir con lo no dicho, nos educaron para olvidar. El pacto de la Transición no sólo fue político: fue también emocional. Una democracia que no quiso reabrir heridas decidió también cerrar los ojos. Tejero fue condenado, sí, pero su figura cumplió otra función: la del villano visible. Mientras su imagen quedaba fijada para siempre en el fotograma del Congreso, otros nombres se diluían en el aire de la historia. El hombre que gritó “¡Quieto todo el mundo!” se convirtió en el guardián involuntario del secreto de todos.

Cuando salió de prisión en 1996, Tejero se retiró a su casa de Torre del Mar. Vivió sin entrevistas, sin arrepentimiento, sin ruido. España, ya instalada en su normalidad europea, apenas lo recordó.

Pero de vez en cuando, un aniversario, un documental, una frase del rey emérito, y el fantasma volvía a pasar.

El 23-F es una herida sin sangre: una historia congelada en el tiempo, cubierta por el barniz del mito y la necesidad de no incomodar a los cimientos del régimen del 78. Falleció Tejero, sí. Pero no murió el silencio.

Los secretos de Estado 47 años después siguen intactos, la inviolabilidad del monarca sigue escrita en mármol. La democracia española no teme ya a los sables, sino a las preguntas.

Y quizá esa sea la verdadera herencia del 23-F: no el fracaso de un golpe, sino la consolidación de un pacto de silencio que aún hoy nos protege de nosotros mismos.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

La izquierda española vive instalada en una paradoja: nunca ha hablado tanto de unidad y nunca ha estado tan desorientada. Cada pocos meses surge una nueva plataforma, una nueva foto, una nueva promesa de “recomposición”. Y cada pocos meses, todo vuelve a disolverse entre luchas internas, recelos y cálculos de aparato.

El problema no es la falta de diagnósticos. Es la falta de responsabilidad en las cúpulas.

Mientras se multiplican los debates retóricos, los principales partidos progresistas siguen actuando como si el tiempo no contara. Como si el sistema electoral no penalizara la fragmentación. Como si bastara con resistir un ciclo más esperando que el adversario tropiece.

No es así.

Sin el PSOE no existe mayoría progresista posible en España. Y sin una izquierda alternativa fuerte y estable, el PSOE tampoco puede gobernar con solidez. Es una relación de interdependencia evidente que, sin embargo, las direcciones partidistas se empeñan en ignorar.

Durante años, la llamada “unidad” se ha planteado desde los márgenes: entre fuerzas pequeñas, sin capacidad real de articular una alternativa de gobierno. Un ejercicio más simbólico que efectivo. Un consuelo moral, no una estrategia.

Mientras tanto, el partido mayoritario del bloque progresista observa desde la barrera, atrapado en una cultura política que sigue creyendo en la autosuficiencia. Como si aún estuviéramos en 2008. Como si el multipartidismo fuera una anomalía pasajera.

No lo es.

Pensar que 2027 puede resolver este problema es una ilusión. Llegará demasiado pronto, con organizaciones a la defensiva, liderazgos débiles y heridas abiertas. Lo que veremos, previsiblemente, serán pactos improvisados y acuerdos de última hora, diseñados más para evitar el desastre que para construir un proyecto.

La verdadera oportunidad es 2031. Pero solo si se empieza a trabajar ahora.

Y ese trabajo exige algo que hoy escasea: liderazgo político real.

Liderar no es absorber. No es imponer. No es utilizar al resto como muleta parlamentaria. Liderar es crear espacios estables de coordinación, pactar reglas claras, compartir decisiones y asumir costes internos.

Nada de eso está ocurriendo.

Las cúpulas prefieren preservar parcelas de poder antes que construir un bloque sólido. Prefieren competir entre sí por un puñado de escaños antes que cooperar para ganar mayorías. Prefieren el corto plazo al proyecto.

El resultado es una izquierda atrapada en sus propios laberintos.

Cada partido protege su marca, su aparato, su relato. Y todos juntos debilitan al conjunto. No por falta de ideas, sino por exceso de cálculo.

Esta dinámica no solo tiene consecuencias electorales. Tiene consecuencias democráticas.

La fragmentación permanente alimenta la desmovilización, el desencanto y el desapego. Muchos votantes progresistas ya no entienden por qué fuerzas supuestamente afines se tratan como adversarias. Y empiezan, simplemente, a dejar de participar.

Si el PSOE quiere seguir siendo un partido de gobierno, debe asumir que su papel no es solo ganar elecciones, sino articular mayorías sociales y políticas. Y eso hoy pasa por liderar, sin arrogancia, un proceso serio de recomposición del bloque progresista.

Si no lo hace, otros lo intentarán sin capacidad suficiente. Y si nadie lo hace, volveremos a asistir al mismo espectáculo: urgencias, reproches, improvisación y frustración.

No faltan votos progresistas en España. Lo que falta es una ambición colectiva a la altura del momento histórico. La izquierda ha demostrado en el pasado que sabe reinventarse cuando deja de mirarse el ombligo y empieza a pensar en el país. Puede volver a hacerlo.

Pero solo ocurrirá si quienes dirigen los partidos entienden que liderar no es proteger trincheras, sino construir puentes.

La unidad no llegará sola. Hay que trabajarla sin prisas, aún estamos a tiempo. 

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Si pensábamos que otra guerra mundial era imposible, si creímos que el fascismo había sido derrotado para siempre, no fue por ignorancia, sino por comodidad. Preferimos contarnos una historia tranquilizadora antes que asumir una verdad incómoda: el fascismo no desaparece cuando pierde, solo espera mejores condiciones.

En España, esta ceguera tiene raíces profundas. No vivimos una derrota del fascismo, sino una reconversión. El franquismo murió en la cama y dejó tras de sí una democracia nacida del pacto, no de la ruptura. Aquella Transición fue, en muchos aspectos, un logro histórico, pero también estableció un silencio estructural que hoy seguimos pagando. Sin una condena clara, sin una depuración real, sin una pedagogía democrática sostenida, el autoritarismo quedó latente, normalizado, incluso legitimado en ciertos espacios.

Por eso el avance de la extrema derecha en España no es una anomalía, sino una consecuencia. No surge de la nada ni es un simple fenómeno importado. Crece en un terreno abonado por la desmemoria, la desigualdad y la banalización del discurso político. Crece cuando se acepta que cuestionar derechos fundamentales es solo “una opinión”, cuando se equipara el antifascismo con el extremismo o cuando se presenta el odio como libertad de expresión.

El fascismo actual ya no necesita declararse como tal. Le basta con erosionar. Con poner en duda la violencia machista, con criminalizar la migración, con señalar a periodistas y jueces, con desprestigiar la ciencia, la universidad o la cultura. Le basta con instalar la idea de que la democracia es un obstáculo y no una garantía. En España lo vemos cada día en parlamentos, tertulias y redes sociales, sin ir más lejos, una concejala del Partido Popular se persona sin pudor en un acto del PSOE con el propósito de insultar a su líder y presidente del Gobierno de España, con una naturalidad que debería alarmarnos mucho más.

Pero sería un error atribuir toda la responsabilidad a quienes lideran estos discursos. El problema es más amplio y más incómodo. La extrema derecha avanza porque se le ha abierto espacio. Porque se ha normalizado su presencia institucional en nombre de la gobernabilidad. Porque se ha aceptado su marco de debate. Porque demasiadas veces se ha reaccionado tarde, mal o con miedo a perder votos.

También hay responsabilidades en una izquierda que no siempre ha sabido ofrecer respuestas materiales a la frustración social, en unas élites políticas y económicas cada vez más alejadas de la vida real, y en un ecosistema mediático atrapado entre la polarización, el click fácil y la falsa equidistancia. El resultado es una sociedad cansada, desinformada y vulnerable a soluciones autoritarias que prometen orden a cambio de derechos.

La historia demuestra que el fascismo no necesita mayorías entusiastas. Le basta con la apatía, con la desmovilización y con la idea de que “no será para tanto”. Así es como se degrada una democracia: no de golpe, sino por acumulación de renuncias. Primero se tolera el discurso, luego el pacto, después el recorte, hasta que lo excepcional se vuelve norma.

En España, pensar que “esto no puede pasar aquí” es una forma de irresponsabilidad política. Ya pasó. Y no hace tanto. Para muchas personas, mujeres, migrantes, personas LGTBI, periodistas críticos, el avance autoritario no es una abstracción teórica, sino una experiencia diaria de señalamiento, precariedad y miedo.

Defender la memoria democrática no es un ejercicio simbólico ni una batalla cultural secundaria. Es una herramienta de supervivencia democrática. No se trata de vivir anclados en el pasado, sino de entender que el pasado no resuelto vuelve, siempre, como amenaza.

Creer que con la llegada de la democracia derogamos el fascismo fue el error. Seguir creyéndolo, hoy, una negligencia.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Empecé a trabajar nada más acabar mis estudios y cumplir con el obligatorio servicio a la patria. Desde entonces, no he dejado de cotizar. Crisis, reconversiones, reformas laborales, precariedad, cambios de empresa. Siempre cumpliendo. Siempre aportando.

Hoy, con casi 39 años cotizados, más de lo que exige la ley para cobrar el 100% de la pensión, descubro que, si no aguanto hasta la edad exacta que marca la normativa, seré penalizado de por vida.

No por fraude.

No por incumplir.

No por comodidad.

Por no poder más.

Y esto ocurre bajo un gobierno que se presenta como progresista.

Cumples todo… y aun así pierdes.

La legislación fija que, con unos 38 años y 6 meses de cotización, se alcanza el derecho al 100% de la base reguladora. Muchos trabajadores superamos esa cifra con creces.

Hemos sostenido el sistema durante cuatro décadas.

Hemos financiado pensiones ajenas.

Hemos cumplido nuestra parte del contrato social.

Pero si te jubilas un año o dos antes de cumplir los 65 aunque hayas cotizado más de 40 años, se nos aplican coeficientes reductores permanentes. Eso significa cobrar menos hasta el último día, aunque hayas cumplido todas las reglas. 

¿Dónde está el sentido común?

Incentivos para quien puede o quiere, castigos para quien no.

El sistema premia a quien prolonga su vida laboral más allá de los 65. Me parece razonable: quien quiera y pueda seguir, que lo haga.

El problema es el otro lado.

A quien llega agotado, se le castiga.

A quien no puede más, se le recorta.

A quien necesita parar, se le penaliza.

El mensaje es claro:

“O sigues produciendo, o pagas”.

Eso no es justicia social. Es una lógica empresarial aplicada a la vida.

La política ha puesto el tema sobre la mesa, aunque sin resolverlo.

En mayo de 2024 se registró una Proposición de Ley para eliminar las penalizaciones a quienes acrediten 40 años o más cotizados, promovida por Unidas Podemos junto a colectivos como ASJUBI40. La propuesta plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para impedir esos recortes.

En noviembre de 2025, el Congreso aprobó una moción instando al Gobierno a avanzar en esa dirección. Pero no es vinculante. El Ejecutivo mantiene los coeficientes, alegando la sostenibilidad del sistema. Resultado: el Parlamento reconoce la injusticia, pero la ley sigue castigando a los mismos.

El sistema presume falsamente de tratar a todos por igual.

Pero no es lo mismo 40 años en una oficina cómoda que en una obra, una fábrica o un hospital, en una cátedra que en una peluquería. No es lo mismo llegar con 65 estupendo que llegar roto.

Un sistema progresista debería reconocer otros factores como el desgaste. Este no lo hace. Mi generación levantó este país. Pagó impuestos. Pagó cotizaciones. Sostuvo servicios públicos. Y ahora recibe este mensaje: “Aguanta un poco más”. Siempre un esfuerzo más. Siempre un sacrificio más. Nunca basta. Eso no es solidaridad intergeneracional. Es cargar el ajuste sobre los mismos de siempre. No pedimos privilegios. No pedimos regalos. No pedimos más dinero. Pedimos lo que es justo.

¿Es radical exigir jubilarse sin castigo tras cumplir el tiempo exigido?

Lo insostenible es obligar a la gente a trabajar hasta enfermar.

Un error político grave, se está erosionando la confianza de un electorado clave: trabajadores veteranos, futuros pensionistas, clase obrera madura. Personas que votaron esperando protección social. Y reciben recortes. Luego se habla de abstención o voto de castigo. El desencanto nace de decisiones como esta.

Un gobierno que se dice progresista no puede penalizar a quienes más han contribuido. No puede hablar de justicia social mientras recorta pensiones a quienes han trabajado toda su vida. La jubilación debería ser un derecho ganado.

Hoy, para muchos, es un peaje.

Y eso no es progreso. Es fracaso.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Gobierna once (11) de diecisiete (17) Comunidades Autónomas. Tiene más territorio que cualquier otro partido en España. Y, aun así, no tiene un proyecto de financiación autonómica propio.

Criticar es fácil. Proponer, motivar soluciones, imposible. Eso es lo que muestra la oposición ante la propuesta del Ejecutivo: mucho poder, pero cero responsabilidades.

El Gobierno propone un sistema técnico y claro: más recursos para todas las comunidades: mayor cesión de IRPF e IVA. Reducción de desigualdades históricas: mecanismos de nivelación por habitante ajustado.

Criterios objetivos: población, necesidades sociales y capacidad fiscal. Beneficia a la mayoría de las comunidades, incluso a varias gobernadas por el PP. La justicia territorial no es una promesa: es un cálculo real, medible y transparente.

El PP domina el mapa, pero carece de propuesta propia, individual o colectivamente. Denuncia favoritismos hacia otras comunidades. Critica supuestos problemas técnicos. Pero no presenta cifras, ni criterios, ni alternativas. En resumen: se limita a la política de desgaste, mientras España necesita soluciones. Equidad real, no gestos políticos. Algunas comunidades reciben más dinero que otras. Eso no es injusticia: es corregir desigualdades históricas. Por primera vez, cada ciudadano podrá acceder a servicios públicos equivalentes, sin importar su comunidad. El modelo no reparte igual, reparte lo que es justo.

En definitiva. El Ejecutivo propone un modelo sólido, transparente y equitativo. El PP, con su mayoría territorial, no propone, no concreta nada. Criticar sin ofrecer alternativa es fácil. Liderar con ideas requiere responsabilidad.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

España ha tenido expresidentes; José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido una trayectoria. Y esa diferencia explica en buena medida la obsesión de la derecha española con su figura. Zapatero no solo fue un presidente que amplió derechos en un momento clave, sino que, al abandonar La Moncloa, entendió algo que otros nunca asumieron: que perder el poder no autoriza a dinamitar la democracia.

La comparación es inevitable. Aznar convirtió su salida del Gobierno en una plataforma permanente de agitación política y de conexión con los grandes intereses económicos, dedicando buena parte de su tiempo a erosionar gobiernos legítimos y a alimentar una polarización que hoy pagamos cara. Felipe González, figura central de la España democrática, ha acabado utilizando su condición de expresidente para desacreditar a la izquierda y justificar posiciones que contradicen su propio legado histórico. Rajoy llevará consigo toda la vida la mochila de ser el primer presidente en perder una moción de censura, optó por la retirada silenciosa, sin aportación intelectual ni defensa activa de las instituciones que presidió. Tres formas distintas de entender el “después”, ninguna especialmente edificante.

Zapatero eligió otro camino. No conspiró contra los gobiernos posteriores, no alentó campañas de deslegitimación institucional ni utilizó su agenda internacional como negocio personal. Mantuvo una lealtad democrática poco habitual en un país donde demasiados exmandatarios confunden crítica con sabotaje y discrepancia con rencor.

Su papel como mediador internacional, especialmente en América Latina, ha sido objeto de ataques feroces, casi siempre cargados de mala fe. La derecha española lo ridiculiza porque nunca ha creído en la diplomacia basada en el diálogo y la negociación, sino en la imposición moral y el castigo selectivo. Zapatero ha hablado con quien había que hablar, no para blanquear a nadie, sino para abrir vías políticas allí donde el bloqueo solo cronifica el sufrimiento. Ha actuado, además, en espacios donde el Estado español no siempre podía hacerlo directamente, aportando experiencia y credibilidad. Eso no es traición: es política exterior responsable.

Esta actitud como expresidente no se entiende sin su trayectoria previa. Zapatero gobernó en uno de los periodos más difíciles de la historia reciente: primero, en un país aún marcado por la manipulación del 11-M; después, en plena crisis financiera global. Se le acusa de “arruinar España”, obviando que el colapso de 2008 fue consecuencia de un sistema financiero desregulado y de una burbuja inmobiliaria gestada durante años, con gobiernos del PP presumiendo de milagros económicos inexistentes.

Zapatero cometió errores, sin duda, pero también intentó proteger el Estado del bienestar más tiempo que otros y pagó un alto precio político por ello.

En el terreno social, su legado es hoy indiscutible. El matrimonio igualitario, la ley de dependencia, la ley antitabaco, el avance en igualdad y memoria democrática no dividieron España: la hicieron más decente. Que hoy estos derechos cuenten con un amplio respaldo social es precisamente la prueba de que aquellos debates no iban desencaminados. La derecha los combatió entonces con dureza y ahora prefiere fingir que siempre estuvieron ahí.

Especialmente reveladora fue la reacción ante el final de ETA. Zapatero contribuyó decisivamente a que el terrorismo desapareciera sin concesiones políticas, desde la legalidad y el Estado de derecho. La derecha, incapaz de asumir que la paz no llegara bajo su bandera, optó por el uso partidista del dolor y la deslegitimación de un proceso que acabó siendo una victoria democrática colectiva.

Por todo ello, con cierta perspectiva histórica, resulta cada vez más evidente que Zapatero ha sido, hasta ahora, el mejor expresidente que ha tenido España. No por infalibilidad, sino por comprensión del cargo. Porque entendió que la democracia no termina cuando se deja el poder, y que servir a un país también consiste en no incendiarlo cuando ya no se gobierna.

Por eso no lo atacan por sus errores, sino por su ejemplo de conducta, por su talante: porque Zapatero demostró que se puede dejar el poder sin vender el país, sin odiar la democracia y sin traicionar lo que se defendió cuando se gobernaba.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

La derecha española ya no se disimula ni se divide. Se concentra, se coordina y se prepara para gobernar. PP y Vox no comparten proyecto, pero comparten poder, y eso les basta. La izquierda, en cambio, sigue atrapada en una ficción peligrosa: creer que la suma de siglas dispersas equivale a unidad.

No es así. Y los resultados electorales lo demuestran elección tras elección.

Hoy, el principal adversario de la izquierda no es solo la derecha organizada, sino su propia incapacidad para ofrecer una alternativa clara, ilusionante y creíble. El votante progresista no se ha vuelto conservador: está cansado. Cansado de las luchas internas, de los liderazgos frágiles, de proyectos que prometen unidad y terminan multiplicando la división. Por eso se refugia en la abstención.

Hablar de unidad ya no basta. La unidad debe ser electoral, visible y comprensible. Y eso exige una decisión incómoda pero imprescindible: concurrir a las próximas elecciones generales con una lista única de toda la izquierda, encabezada por el PSOE y con representación real de todas las organizaciones políticas progresistas.

No una coalición cosmética. No un pacto de despacho a última hora. Una lista única, reconocible para el electorado, donde estén presentes socialistas, fuerzas a la izquierda del PSOE, ecologistas y sensibilidades progresistas diversas, presentada con honestidad como lo que es: un dique democrático frente a la reacción.

Esa lista debe ir acompañada de un programa electoral común, breve, claro y verificable. Un programa que no se limite a gestionar lo existente, sino que devuelva al voto de izquierdas la sensación de que sirve para transformar.

Y aquí conviene decir algo que demasiadas veces se esquiva: ese programa debe incluir una profunda regeneración democrática, empezando por casa. La reforma de la ley de partidos políticos, de sindicatos y de organizaciones empresariales para hacerlas más democráticas, transparentes y participativas no es un capricho, sino una exigencia de coherencia. No se puede pedir movilización social mientras se mantienen estructuras cerradas, verticales y poco permeables a la militancia y a la ciudadanía.

Del mismo modo, hay debates pendientes que la izquierda no puede seguir posponiendo por miedo o comodidad. La revisión del Concordato con la Santa Sede, heredado de otro tiempo, no es un ataque a ninguna creencia, sino una defensa elemental del principio de laicidad del Estado y de la igualdad de trato entre convicciones.

Porque el miedo moviliza una vez, pero no construye mayorías duraderas. La izquierda no puede limitarse a advertir de lo que viene si gobierna la derecha; tiene que volver a ofrecer horizonte, limpieza democrática y coraje político.

Aquí nadie sobra, pero tampoco nadie es imprescindible. Las organizaciones deben entender que preservar la sigla no puede estar por encima de preservar los derechos, y que la pluralidad se defiende mejor compartiendo una candidatura que compitiendo por un electorado exhausto.

Si la izquierda pierde, no será por falta de razones, sino por falta de valentía. Valentía para ceder, para compartir liderazgo y para asumir que este no es un tiempo de construcción identitaria, sino de resistencia y reconstrucción democrática.

El “no pasarán” no puede ser una consigna nostálgica ni una coartada moral. Debe ser una estrategia política concreta. Y hoy esa estrategia pasa por una sola lista, un solo programa y un compromiso real con una democracia más profunda que devuelva la palabra a quienes ya no creen en promesas fragmentadas.

La abstención ya está hablando. Y no espera eternamente.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Se suele repetir que “la juventud se ha vuelto de derechas”, pero esa lectura superficial borra lo esencial: no existe ningún giro ideológico natural ni irreversible, sino el resultado de un terreno político abandonado por la izquierda y ocupado con éxito por discursos reaccionarios capaces de traducir malestar en resentimiento, nunca en justicia. La cuestión no es qué ha pasado con la juventud, sino qué ha dejado de hacer la izquierda en un momento en que las condiciones materiales deberían impulsarla, no debilitarla.

Durante décadas, la izquierda creyó que ciertos valores –igualdad, solidaridad, derechos sociales– estaban culturalmente asegurados. Pero mientras celebraba sus victorias simbólicas, la precariedad se instalaba como régimen de vida, la vivienda se convertía en un bien de lujo y la meritocracia vacía sustituía a la política como promesa de movilidad. En ese vacío, la derecha extrema encontró una grieta: convertir el deterioro de las condiciones de vida en un relato de agravios identitarios. Donde debería haber un análisis de clase, aparece un enemigo inventado. Donde debería haber organización, hay aislamiento.

Por tanto, no se trata de lamentarse, sino de reconstruir un proyecto político ofensivo, no defensivo, que vuelva a representar a quienes viven la incertidumbre como horizonte. Y para eso creo que se necesitan cambios profundos.

La derecha no tiene miedo al conflicto: lo explota. La izquierda, en cambio, ha caído demasiadas veces en la tentación tecnocrática de “la buena gestión”. Pero un proyecto transformador no puede limitarse a gestionar un presente injusto: debe nombrar con claridad a los responsables de la precariedad estructural.

No se lucha por la vivienda sin señalar a fondos buitre y políticas urbanísticas ultraliberales. No se defiende lo público sin enfrentar la privatización. No se dignifica el trabajo sin cuestionar el poder empresarial concentrado. Sin conflicto, no hay política de izquierdas.

La derecha gana cuando la izquierda se vuelve abstracta. Por eso la prioridad debe ser construir un programa que afecte directamente a la vida cotidiana:

Reforma radical del mercado de la vivienda: limitar precios, frenar especulación, expulsar a fondos depredadores, multiplicar y promover vivienda pública en régimen de alquiler con opción de compra a precios razonables.

Nuevo contrato social del trabajo: jornada de 30-32 horas, subida sostenida del salario mínimo y medio, inspección laboral reforzada, derechos para favorecer la vida de los trabajadores por cuenta propia.

Fiscalidad de clase: impuestos progresivos sobre grandes fortunas, herencias elevadas y beneficios extraordinarios.

Inversiones masivas en salud, educación, investigación y transporte, pensadas como derechos, no como servicios de mercado.

No basta con tener razón: hay que alterar las condiciones materiales bajo las que se forma la conciencia política.

La derecha populista prospera porque proporciona identidades fuertes y comunidades de pertenencia. La izquierda no puede contentarse con campañas digitales o con partidos desanclados del territorio. Necesita tejer organización en barrios, centros educativos, espacios laborales, redes de apoyo mutuo y espacios donde el malestar sea compartido y politizado, no gestionado en silencio.

La construcción de poder popular exige tiempo, presencia física y vínculos reales. Sin organización, cualquier avance electoral es efímero.

El neoliberalismo ha colonizado incluso la imaginación: la idea de que no hay alternativa se filtró hasta convertirse en sentido común. Pero la tarea de la izquierda no es administrar lo posible, sino ensancharlo.

Hablar de planificación ecológica, de garantizar vivienda universal, de democratizar la economía o de redefinir el tiempo de trabajo no es utópico: es necesario. La derecha solo gana cuando la izquierda renuncia a imaginar. Y una izquierda sin ambición no inspira a nadie.

La frustración social no desaparece: se transforma. Puede convertirse en odio hacia los más vulnerables o en energía colectiva para disputar el poder. Esa disputa no surge de campañas moralizantes, sino de conectar los problemas diarios con estructuras económicas concretas.

La izquierda debe explicar, con crudeza y sin eufemismos, cómo opera la desigualdad, y ofrecer herramientas para combatirla. No sermones: análisis. No culpabilización individual: organización.

Resumiendo, el avance de las derechas no es un fenómeno natural; es el resultado de la retirada de la izquierda de los terrenos donde se forma la conciencia política. Recuperar esos espacios exige conflicto, organización y políticas materiales transformadoras.

No se trata de convencer a nadie desde un púlpito: se trata de volver a estar donde se sufre, donde se trabaja, donde se vive, y construir desde ahí un proyecto que no solo explique por qué el presente es injusto, sino cómo puede dejar de serlo.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

No hablamos simplemente de community managers o de apoyo técnico, algo comprensible en tiempos de hiperexposición. Hablamos de la simulación de cercanía, de la recreación de una voz personal que no es personal, de un vínculo emocional cuidadosamente diseñado para influir sin que se note. Una política que parece humana, pero que está elaborada como un producto editorial.

Esta práctica no es inocua. La ausencia de transparencia facilita la propagación de desinformación, incluso sin intención premeditada. Cuando una publicación parece escrita por la figura pública, pero responde a decisiones editoriales de un equipo no identificado, se vuelve imposible evaluar la credibilidad de lo que se dice. Se difuminan las fronteras entre opinión y propaganda, entre información y estrategia, entre un error y una manipulación calculada.

Y un sistema donde no sabemos quién habla no puede pedir confianza. Las democracias se sostienen sobre un mínimo de trazabilidad y responsabilidad; las redes sociales, tal como están configuradas hoy, a menudo destruyen ambas.

Existe un caso especialmente ilustrativo de esta deriva: los perfiles oficiales de algunas administraciones locales que comunican como si fueran la hoja parroquial de una diócesis. No hablamos de contenidos religiosos explícitos. Hablamos de un tono, un estilo, una narrativa emocional que recuerda más a una publicación confesional que a un servicio público. De mensajes que, en lugar de informar con neutralidad institucional, parecen alinearse con un imaginario devocional ajeno a la pluralidad ciudadana.

Es una contradicción política seria. Las instituciones locales representan a todas las personas, independientemente de sus creencias o su ausencia de ellas. Una administración no tiene fe: tiene obligaciones democráticas. Entre ellas, comunicar con neutralidad, con profesionalidad y con el respeto debido a la diversidad de su ciudadanía.

Cuando una cuenta pública adopta estéticas o tonos que pueden identificarse con una tradición religiosa concreta, no solo incumple ese principio de neutralidad: refuerza la confusión y alimenta la desinformación, porque mezcla símbolos de devoción con mensajes institucionales, como si ambas capas fueran compatibles en el mismo plano político. La consecuencia es una erosión lenta pero real de la confianza en la imparcialidad de lo público.

La cuestión de fondo es que este fenómeno no es solo comunicativo: es profundamente político. Una esfera pública donde la espontaneidad se diseña y la autenticidad se coreografía es un espacio donde la ciudadanía pierde capacidad crítica. Y cuando la ciudadanía pierde capacidad crítica, los bulos, los marcos interesados y la manipulación emocional ganan terreno.

No se trata de prohibir equipos de comunicación. Es legítimo que existan. El problema es cuando se ocultan y se hacen pasar por lo que no son, cuando convierten lo personal en un artificio y lo institucional en un mensaje partícipe de una narrativa ideológica encubierta.

Para revertir esta deriva, hacen falta medidas claras que no limiten la libertad de expresión, pero sí garanticen la honestidad comunicativa:

La ciudadanía no exige perfección. Pero sí exige claridad. Porque en una democracia, no basta con que un mensaje sea libre: debe ser honesto en su origen y transparente en su intención.

La intimidad fabricada no es un detalle del ecosistema digital. Es un fraude, una fractura que atraviesa la relación entre instituciones y ciudadanía. Y defender la autenticidad, esa palabra tan desgastada, pero tan necesaria, es una forma de defender la democracia misma.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

En estos días en que algunos celebran con solemnidad el medio siglo de Monarquía parlamentaria, conviene recordar algo que parece incomodar a más de uno: el socialismo español nació republicano, creció republicano y solo dejó de proclamarse abiertamente republicano cuando la historia, más concretamente la Transición, le obligó a posponer sus convicciones para que en este país pudiera llegar la democracia con cierta estabilidad. Pero las raíces no se podan tan fácilmente.

Porque el PSOE no nació para aplaudir coronas. Nació en oposición a un régimen monárquico que perpetuaba privilegios, desigualdades y un control oligárquico del país. Para los socialistas históricos, la república no era un capricho ideológico: era la única forma de que la ciudadanía fuera realmente soberana. Y esa convicción atravesó generaciones enteras de militancia, desde Pablo Iglesias hasta la Segunda República y más allá.

Lo que ocurrió en 1978 no borra esa historia. El PSOE aceptó la Monarquía como parte del pacto constitucional, sí. Pero no lo hizo por devoción, sino por necesidad. Y aun así, hubo voces que se negaron a disfrazar la concesión de entusiasmo. Entre ellas destacó con una lucidez que hoy sigue desarmando a muchos Luis Gómez Llorente, cuyo voto particular republicano debería figurar en cualquier manual de Memoria Democrática. Su afirmación, que ninguna generación tiene derecho a atar la voluntad de las siguientes, desmonta de raíz cualquier intento de elevar la Monarquía a verdad permanente o incuestionable.

Y, sin embargo, el PSOE de hoy parece haber asumido una especie de pudor selectivo: proclama valores republicanos mientras gobierna instituciones monárquicas; invoca la soberanía popular mientras se resiste a plantear un debate profundo sobre la forma de Estado; apela a la democracia avanzada mientras evita una pregunta básica: ¿Por qué un país moderno no puede elegir a su jefe del Estado?

Lo chocante no es esa contradicción. Lo chocante es que algunos pretendan negarla, como si el socialismo español hubiera sido siempre monárquico o como si la Monarquía fuera un elemento natural e indiscutible de la democracia contemporánea.

La verdad es mucho más simple y más incómoda: el PSOE lleva un siglo defendiendo una idea que aún no se ha atrevido a exigir plenamente. Y quizá haya llegado el momento de decirlo sin rodeos: no es la tradición socialista la que debe justificar su vocación republicana; es la Monarquía la que debe justificar su supervivencia en una democracia que proclama la igualdad.

Recordar la vocación republicana del socialismo español no es un gesto nostálgico. Es un acto político. Es rescatar un hilo de continuidad democrática que nunca se rompió, aunque fuera silenciado. Y es afirmar con claridad que la soberanía pertenece al pueblo, no a una familia.

Que nadie se engañe: el PSOE podrá moderar su discurso, podrá priorizar la gobernabilidad o podrá asumir compromisos institucionales. Pero su ADN republicano sigue ahí, intacto. Y cada vez que el país se pregunte de verdad qué forma de Estado quiere, ese ADN volverá a hablar. Con más fuerza que nunca.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.