El cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán ha provocado la mayor liberación de reservas estratégicas de crudo de la historia. Sin embargo, mientras los gigantes energéticos alertan de que este salvavidas se esta agotando, surge una duda: ¿qué pasará cuando se acaben estas reservas?

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán ha transformado Ormuz en un muro que asfixia la economía global. Ante esta crisis, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha acordado la liberación coordinada de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Parece una intervención que puede resultar eficaz para calmar a los mercados. Pero no nos engañemos: estamos intentando apagar un incendio con un vaso de agua.

El contexto macroeconómico y geopolítico es sombrío. Durante décadas, los mercados globales operaron bajo la suposición de que Estados Unidos garantizaría siempre el flujo ininterrumpido en el Golfo Pérsico. Esa ilusión se ha roto por completo durante el ultimo mes. Esta crisis nos empuja a un nuevo escenario de acaparamiento por miedo a repetir este shock en la logística internacional de la energía. China, el mayor consumidor mundial, ha liderado silenciosamente esta carrera, acumulando unas reservas de casi 1.400 millones de barriles. Le siguen potencias como Estados Unidos y Japón, con 413 millones y 263 millones de barriles respectivamente. En el nuevo origen geopolítico, el hecho de guardar reservas de petróleo se ha convertido en una pieza clave para la ventaja estratégica del país.

Si analizamos los datos técnicos y financieros, el panorama empeora más todavía. Las grandes multinacionales como Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips ya advierten que la capacidad de amortiguación del mercado está "casi agotado". Los números no mienten: recientemente, el crudo Brent superó la barrera de los 100 dólares, con picos de hasta 126 dólares por barril. Aunque el rescate de la AIE, impulsado por los 172 millones de barriles de Estados Unidos, suena bien, la realidad es que apenas cubre entre tres y cuatro semanas del flujo que se ha perdido durante el conflicto. Esta inyección de liquidez petrolera alivia el nerviosismo de momento, pero no ataca el problema real de la oferta.

Habrá quien argumente, con cierto optimismo, que estas liberaciones masivas han logrado estabilizar el mercado en el pasado, como los 182 millones de barriles inyectados tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Sin embargo, esta visión tiene cierta miopía en cuanto a la dimensión temporal. A diferencia de entonces, hoy no enfrentamos un embargo selectivo, sino el cierre físico de la principal vía del sistema energético mundial. Lejos de transmitir tranquilidad, algunos analistas advierten que esta intervención ha sido interpretada como una señal de "pánico" por los inversores. Al vaciar ahora nuestra despensa de petróleo, que en el caso estadounidense caerán a niveles críticos no vistos desde la década de 1980, nos estamos quitando ese colchón que en teoría nos iba a mantener en una situación de cierta tranquilidad una vez la producción de petróleo comenzará a declinarse.

En conclusión, la guerra en Irán nos ha arrebatado nuestra red de seguridad energética. El mundo se enfrenta a una dura lección que pagaremos cara: las reservas estratégicas son, en el mejor de los casos, parches temporales ante conflictos bélicos como el que estamos viviendo en la actualidad. Si no se restablece pronto el libre tránsito por Ormuz, la acumulación que vaticinan los expertos disparará los precios a niveles asfixiantes y prolongados. No podemos seguir financiando nuestro ritmo de vida quemando los ahorros del pasado. Nos acercamos muy peligrosamente al consumo total de nuestro “colchón petrolífero”. Cuando demos cuenta de que no podemos tirar de esas reservas, nos empezaremos a preocupar por el futuro del sistema tal y como esta planteado desde hace más de 2 siglos. Es el momento de despertar.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

La guerra que supuestamente iba a durar unos días se ha encontrado con un choque de realidad, obligando a Washington a mendigar una salida para evitar el desastre. Mientras la Casa Blanca prepara una especie de salida victoriosa, la economía global se acerca a un periodo de inflación severa y escasez. ¿Quién pagará realmente los platos rotos de este sinsentido? 

Quemar 16.500 millones de dólares en apenas doce días y perder el control de la economía global es un precio demasiado alto para una campaña de marketing electoral (que, por cierto, se le ha vuelto en contra). ¿Qué sucede cuando la fuerza militar más poderosa del mundo es derrotada por cuestiones comerciales? Hace ya más de un mes, bajo la etiqueta de Operación Epic Fury, la administración de Donald Trump prometía arrasar la infraestructura militar de Irán y propiciar un cambio de régimen en cuestión de semanas. Hoy, la realidad refleja todo lo contrario: la guerra ha fracasado en sus objetivos y el presidente estadounidense, con su popularidad hundida al 36%, busca desesperadamente una huida hacia adelante, haya acuerdo o no. 

Washington ha perdido completamente la iniciativa estratégica. Lejos de someter a la Guardia Revolucionaria o forzar una rendición incondicional, Estados Unidos se encuentra acorralado en una guerra de desgaste que guarda cierto parentesco con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Los objetivos oficiales de la Casa Blanca van cambiando casi a diario, pasando de exigir la destrucción completa de las capacidades iraníes a conformarse con "debilitarlas". 

Ante la imposibilidad de reabrir el Estrecho de Ormuz por la fuerza sin arriesgarse a una incursión de tropas terrestres, la diplomacia estadounidense ha virado hacia la urgencia. Trump dispara amenazas comerciales a aliados como España, al mismo tiempo que utiliza canales secundarios en Pakistán para filtrar un plan de paz de 15 puntos. El objetivo ya no es la victoria militar, sino construir una narrativa que le permita imitar a George W. Bush y salir airoso antes de las elecciones. 

Pero mientras Washington prepara su salida, el verdadero problema está en nuestros bolsillos. El cierre del Estrecho de Ormuz ha bloqueado de un día para otro unos 20 millones de barriles diarios, provocando la mayor disrupción en la historia de la industria petrolera. Los datos hablan por sí solos: el crudo ha saltado de 71 a más de 100 dólares por barril, y el precio del diésel ha experimentado un repunte del 45%. En Estados Unidos, la gasolina supera ya los 4 dólares el galón y los analistas del mercado advierten que, si la guerra se prolonga, el barril podría tocar los 200 dólares, empujando el galón a los 7 dólares. No nos engañemos, esto va a traer repuntes (que ya estamos viendo) en productos agrícolas y metales básicos como el aluminio. 

Habrá quienes digan, no sin razón, que el programa nuclear iraní y sus 440 kilos de uranio suponían un problema que requería una intervención directa. Y es cierto que la pasividad ante un régimen hostil conlleva enormes riesgos. Sin embargo, la improvisación y la falta de una estrategia clara han hecho que el remedio sea peor que la enfermedad. La operación no solo ha despertado a otras fuerzas enemigas, como los hutíes en Yemen, sino que ha destrozado el pacto de seguridad de Estados Unidos con los países aliados del Golfo. Es más, aunque suene contraproducente, Trump ha beneficiado a China, que sigue recibiendo crudo a través de otras vías y ya se prepara para dominar la reconstrucción en Oriente Medio. 

En unas semanas, cuando veamos que esto no avanza, chocaremos de frente contra una realidad que dista mucho de parecerse a la narrativa de estos días. Es muy probable que Trump empaquete sus bártulos pronto, declare un triunfo que no existe y abandone la región intentando salvar su popularidad. Pero esa huida no borrará el daño que ha causado. Las consecuencias de su fracaso ya se hacen notar en nuestro día a día. La Guerra terminará, pero la factura de la inflación la pagaremos todos nosotros.

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Antonio Jesús García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

La geopolítica energética no deja nada al azar. El fallecimiento del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, a los 86 años, víctima de los recientes ataques de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, ha desatado el escenario más temido por los mercados: la inminente asfixia del principal corredor de crudo y gas del planeta. 

La Guardia Revolucionaria de Irán ha iniciado maniobras para cerrar el Estrecho de Ormuz a la navegación internacional. Las comunicaciones interceptadas por la misión naval de la Unión Europea confirman que las autoridades iraníes están advirtiendo a los buques de que su paso "no está permitido". Este movimiento transforma un conflicto que hasta ahora operaba en el plano de la retórica en una disrupción física de consecuencias incalculables. 

Como hemos advertido anteriormente, la estrategia de Washington en Oriente Medio sigue un patrón claro de conquista y aislamiento. Tras forzar la salida de intereses rusos en Irak y neutralizar la capacidad de maniobra de Venezuela gestionando sus ingresos en remoto, el objetivo final siempre fue el asedio energético sobre Irán. Sin embargo, la actual transición de la presión diplomática a la acción militar directa amenaza con desarticular no solo el suministro regional, sino todo el sistema macroeconómico. 

El Estrecho de Ormuz, un canal que en su punto más angosto apenas supera los 33 kilómetros de ancho, es la verdadera arteria de la economía global. Por este paso transita diariamente alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y aproximadamente el 20-30% del comercio global de gas natural licuado (GNL). Su bloqueo anula de un plumazo la supuesta capacidad ociosa de productores clave como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos, cuyos barriles de contingencia quedan físicamente atrapados en el Golfo Pérsico. 

Los modelos técnicos son implacables ante la materialización de este shock. La ilusión de un mercado sobreabastecido para 2026 se desvanece si la infraestructura logística colapsa. Las principales mesas de análisis advierten de un evento de subida de precios brusco, proyectando que los precios del petróleo podrían experimentar un salto repentino de hasta 15 dólares por barril. El impacto no se limita al crudo; Europa se enfrenta a una crisis de abastecimiento severa. Las simulaciones advierten que un bloqueo sostenido, que impida la llegada del GNL qatarí, dispararía los precios del gas europeo (TTF) hacia la barrera de los 92 €/MWh. 

El tablero ha cambiado de forma irreversible. La muerte de Jamenei y el despliegue del mayor operativo aeronaval estadounidense en la región desde 2003 nos sitúan ante un punto de no retorno. La prima de riesgo geopolítico se ha integrado estructuralmente en la cotización de los hidrocarburos. El mundo se asoma a un precipicio inflacionario sin precedentes, demostrando, una vez más, que la verdadera autonomía estratégica no pasa por dominar las rutas del petróleo, sino por dejar de depender de ellas.

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Antonio Jesús García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

La geopolítica actual ya no trata de acuerdos de paz, ni de instituciones supranacionales para el cuidado de la población. Pura presión y poder de negociación: así es como funcionan los acuerdos internacionales ahora. La noticia saltó la semana pasada, cuando Washington y Nueva Delhi firmaron su acuerdo comercial. A priori solo comercial, pero nada más lejos de la realidad. Se trata de un ataque directo a Rusia, eliminando por entero cualquier posibilidad de venta de crudo ruso a refinerías ubicadas en la India.

El pacto anunciado por Trump, caracterizado principalmente por una reducción de aranceles a productos indios del 50% al 18% a cambio de cerrar el grifo del petróleo ruso, es la maniobra perfecta para dañar a la principal fuente de financiación del Kremlin: su petróleo. Para Putin, India no era un simple cliente, era la máquina de ventilación que mantenía vivo a un cuerpo malherido tras el portazo europeo a su gas natural.

India era la protagonista de más del 30% de las exportaciones rusas, llegando a recibir en torno a los 2,2 millones de barriles diarios. Ahora se espera que esto cambie de inmediato, haciendo que Nueva Delhi cierre totalmente la puerta a Moscú. La consecuencia es clara: si Moscú deja de ser un socio estratégico de la India, ¿ahora qué destino van a coger esos dos millones de barriles que cada día iban a puertos indios?

De seguro, esa cantidad de petróleo no va a desaparecer de la noche a la mañana. No esperemos que las grandes petroleras rusas dejen de producir, si bien es cierto que este asunto les va a suponer reestructurar su estrategia, no ya de producción, sino más bien de exportación y logística. ¿Qué país nos queda en el terreno geopolítico que pueda verse beneficiado de esto? Como en Casablanca, “siempre nos quedará China”. El gigante asiático debe de estar ya trazando su estrategia para exigir descuentos masivos y así conseguir petróleo barato, aprovechando el ahora maltrecho petróleo ruso. ¿La logística? Sencilla: echarán mano de su shadow fleet –su flota de petroleros en la sombra– para reconfigurar las rutas de exportación hacia los puertos chinos.

Volvamos a la India, poniéndonos en la piel del primer ministro Modi. Si le cierro el grifo a Rusia, ¿ahora de dónde saco los millones de barriles para hacer crecer al país con mayor población del mundo? Aquí entra nuestro amigo Trump y su jugada maestra (a la par que arriesgada, por cierto). Para convencer a Modi, quien se ha comprometido a comprar productos estadounidenses valorados en 500.000 millones de dólares, Washington le ha asegurado un sustituto al petróleo ruso: Venezuela.

Y aquí es donde discrepo particularmente. La Casa Blanca está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Han cazado a Maduro, sí. Pero la industria petrolera en Venezuela está lejos (muy lejos) de poder afrontar la demanda energética de la India, la cual se estima en 6,64 millones de barriles diarios para el 2030. Es sencillamente inviable. India demanda más petróleo a Rusia en la actualidad que lo que Venezuela es capaz de exportar en este momento (800.000 barriles diarios). Pretender llenar el vacío que deja Rusia con las promesas de una industria en ruinas es un acto de fe que las refinerías indias, creo, no han meditado especialmente bien.

Lo que estamos presenciando es una reconfiguración forzosa del mapa geopolítico y energético. India acepta pagar una multa millonaria y sacrificar el acceso a energía barata con el fin de evitar un castigo comercial mayor. Pero mientras tanto no puede quedarse de brazos cruzados esperando a que la industria venezolana resucite de sus cenizas. Entiendo que volverá a girar la mirada al Golfo Pérsico, o a contentarse con el shale oil americano a precios mucho más caros que los descontados por las sanciones a Rusia. 

Trump ha dado a India un regalo envenenado con el fin de quitarse de encima a Moscú y presionarla financieramente. Moscú se queda sin dinero, India sin sus descuentos en petróleo y, mientras tanto, el mundo observa cómo Trump sigue haciendo y deshaciendo a su antojo. Difícil situación, sin duda.

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Antonio Jesús García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

Mientras Bruselas se vanagloria de las hojas de ruta, fechas límite y documentos publicados con supuesta solemnidad, la realidad del mercado energético en Europa es muy diferente a la que nos pintan. Esto se parece más a una tragedia griega que a otra cosa: tratamos de huir del enemigo, pero lo necesitamos como agua de mayo. La narrativa europea es heroica, a la par que poco probable: Europa dejará de importar gas ruso para el 2027-2028. Pero basta con rascar un poco y profundizar en el asunto para darnos cuenta de que no es independencia lo que encontramos, sino una toxicidad imperante que nos va a traer, nuevamente, improvisación sobre la marcha y un preocupante estado de "no saber qué hacer".

El primer síntoma de toda esta mentira es la disparidad de fechas límite que se proponen. Los documentos publicados por la Comisión Europea indican un cierre total del grifo para inicios de 2027, con prohibiciones sobre nuevos contratos ya en este año 2026. No obstante, los políticos, bajo la presión internacional, indican que la fecha del embargo total se producirá en 2028. Esta discrepancia no es un detalle menor, sino una prueba clara de que no existe un plan real de escape como tal. Lo que realmente denota esto es una presión internacional asfixiante para que Europa deje de financiar al Kremlin vía compra de gas ruso. Sin ir más lejos, la Administración Trump con el secretario de Energía a la cabeza, ya está exigiendo un corte inmediato de los lazos europeos con Rusia en un plazo máximo de un año. Trump incluso amenaza con aranceles a terceros países para forzar esta asfixia, politizando el mercado hasta el extremo.

Pero lo más grave de todo esto es, una vez más, la hipocresía de la narrativa europea. Mientras nos echamos las manos a la cabeza diciendo que los gasoductos son "herramientas de guerra" de Putin, Europa sigue batiendo récords de importación de Gas Natural Licuado (GNL) proveniente de Rusia. De cara a la galería, la puerta principal está cerrada, pero la puerta entreabierta del patio trasero permite que siga entrando gas ruso en nuestras casas. No contentos con la desfachatez de nuestros políticos, también estamos asistiendo a un blanqueo energético de manual a través de Turquía. El crudo ruso llega a refinerías turcas, se procesa y entra en Europa etiquetado legalmente como combustible turco, sorteando las sanciones con una facilidad pasmosa.

Y como siempre, ¿quién es el damnificado en todo esto? Tú. Porque la alternativa al gas barato proveniente de Rusia no es otro que el GNL llegado de localizaciones mucho más lejanas, como puede ser el caso de Estados Unidos, Azerbaiyán o Qatar. La dependencia sigue estando ahí, pero ahora mucho más cara que antes. Mientras tanto, aunque los efectos financieros sobre las arcas públicas rusas son evidentes, a Rusia no parece importarle mucho (basta con ver que todavía están en guerra para darse cuenta de que mucho daño no le estamos infligiendo con este tipo de medidas). Rusia simplemente ha girado el cuello hacia el este, consolidando sus exportaciones y vendiendo a China e India la energía que nosotros rechazamos.

No es de extrañar que países como Hungría o Eslovaquia se nieguen a firmar este tipo de acuerdos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, cortar el flujo del oleoducto Druzhba podría suponer la "muerte energética" para muchos países del este europeo. No es una cuestión política, ni siquiera ideológica. Es pura supervivencia. La "independencia energética" que nos venden no es más que un cambio de nombre, donde el precio a pagar es la falta de competitividad de nuestra industria y el aumento del coste para el consumidor. Si seguimos anteponiendo la foto política a la supervivencia energética, acabaremos siendo un continente museo: muy éticos, muy verdes, pero absolutamente arruinados.

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Antonio Jesús García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

Se nos avecina un 2026 lleno de incertidumbre para el gas y el petróleo, no tanto por su escasez (como querrían algunos), sino por su abundancia. En uno de sus últimos informes, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte de que habrá un exceso en la producción de 4 millones de barriles diarios respecto a la demanda esperada. La agencia prevé 106 millones de barriles diarios de producción frente a una demanda de 104,1. Este desajuste puede traer consigo graves consecuencias.

De hecho, el mercado ya está empezando a notar este posible superávit en la oferta. Tanto el barril de crudo Brent (la referencia en Europa) como el WTI (Estados Unidos) se mantienen en rangos estrechos entre los 55–65 dólares, con señales bajistas de corrección y esperando que se produzca una subida espontánea, provocada posiblemente por disrupciones geopolíticas que pudieran surgir. Expertos en Wall Street hablan incluso de precios más bajos. JPMorgan se aventura a decir que pueden caer incluso a la franja de 30 dólares el barril si el mercado no reacciona y reduce su oferta. Otros grandes como Goldman Sachs coinciden en esta postura.

El problema no es solo financiero o de precio, también geopolítico. En el marco de la OPEP+ (Oriente Próximo y sus aliados), el cártel ha añadido más de dos millones de barriles diarios a su producción desde abril del 2025, lejos de recortar progresivamente su extracción. Aunque todavía no se ha visto una acción clara por parte de la organización, se espera que no aumente su oferta en los próximos meses, manteniendo así el nivel actual. No obstante, para 2027 se espera que se adopte un nuevo marco de “Capacidad Máxima Sostenible” para repartir cuotas internas de producción y favorecer a los que más producen (en este caso, Arabia Saudí y Emiratos). Más que un ajuste en la producción, parece una reorganización del tablero dentro de la OPEP+ para que los que mandan ahora manden más en el futuro.

Ejemplo interesante es el caso de Arabia Saudí. En lugar de recortar su producción, lo que hace es descontar agresivamente su crudo para clientes en Asia, reabriendo la guerra de precios para conseguir mayor cuota de mercado. Y no nos podemos olvidar de Rusia, que, pese a las sanciones, continúa poniendo crudo y gas en su famosa shadow fleet (la flota de petroleros en la sombra, al margen de las sanciones) con destino a Asia. Imaginaos si se diera por acabada la guerra en Ucrania. Rusia inundaría el mar con petróleo tras la finalización (supuesta) de las restricciones y sanciones que ahora sufre su sistema exportador de energía.

Y en el otro lado del mundo tenemos al imparable mantra del “Drill, baby, drill” y la política energética agresiva de Trump por hacerse con el trozo más grande del pastel, sobre todo el referido al gas natural licuado (GNL). No obstante, hay empresas independientes en Estados Unidos a las que no les convence esta política hasta que los precios lo justifiquen; es el caso del CEO de Diamondback, quien presenta una postura en contra de la política actual.

Y, si no fuera suficiente, tenemos a Guyana, en Sudamérica, el nuevo punto caliente del mapa petrolero, que emerge con barriles de bajo coste y el respaldo militar de EE. UU. frente a la disputa territorial con Venezuela. Otra pieza más en el rompecabezas geopolítico en donde nadie está dispuesto a perder ni un centímetro del mercado.

Vemos que los actores principales de este circo, lejos de tener una visión de mercado global, se preocupan más por proteger su propia cuota de mercado en lugar de estabilizar el marco general del mismo. Hemos pasado de un día para otro de temer por el peak oil (el fin de la Edad de Oro del petróleo) a que nos sobre crudo por todos lados. Pero cuidado, esta abundancia descoordinada y geopolíticamente muy peligrosa podría convertirse en el verdadero cisne negro del petróleo. El sistema, tal y como está planteado ahora, dista mucho de la colaboración y coordinación global, dejando todo en manos de la desconfianza y la ambición de unos y de otros. Nos espera un año interesante. Feliz 2026.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

Brasil ya tiene todo listo para recibir a los líderes mundiales que llegarán para hablar de lo bien que lo estamos haciendo en materia de sostenibilidad, ecologismo y transición energética. Esta vez le toca el turno a Belém, una ciudad en el corazón de la Amazonía. Escenario perfecto este para prometer la salvación del planeta a través de la conservación y el cuidado del medioambiente, a golpe de bonitos discursos y fotos de familia. Mientras tanto, Petrobras y la Administración del Gobierno brasileño esperan ansiosas su momento para explorar y explotar la ingente cantidad de petróleo existente en la desembocadura del Amazonas. No estáis leyendo mal. El mismo país que acoge la cumbre “más relevante” del clima, está concediendo licencias para extraer petróleo en una de las zonas más delicadas desde el punto de vista ecológico.

El Gobierno de Lula da Silva, que ha mencionado en innumerables ocasiones la importancia de la defensa del clima, acaba de conceder hace unos días una licencia a Petrobras —la compañía nacional de petróleo brasileña— para perforar en la cuenca Foz do Amazonas. Una licencia avalada por la agencia ambiental Ibama, la misma que en 2023 rechazó la solicitud por el posible riesgo para la biodiversidad. Una vergüenza. Lo peor de todo: la licencia se concedió tres semanas antes del inicio de la COP30. Y yo me pregunto: ¿con qué cara se puede presidir una cumbre por el clima después de aprobar una licencia que va a afectar negativamente al clima?

Pero de alguna forma habrá que justificar la decisión. Aun sin faltarle razón en algunos puntos, el discurso habitual descansa sobre tres pilares: soberanía energética nacional, empleo y desarrollo económico. En boca del presidente de Brasil, los ingresos provenientes del petróleo y el gas ayudarán a financiar la transición energética. Un discurso que ya nos resulta familiar, a juzgar por las cumbres de los últimos años celebradas en países exportadores de crudo. La tomadura de pelo se cuenta por sí sola: Brasil, como anfitrión de la cumbre que busca reducir las emisiones para mantener el objetivo del 1,5 ºC y limitar el calentamiento global, ha licitado más de 170 bloques petroleros —47 de ellos en la Amazonía— que podrían llegar a emitir hasta 11.000 millones de toneladas de CO₂. Curiosa la forma en que algunos protegen el medioambiente.

Esto no es casualidad ni un hecho aislado. Ni siquiera es un problema que deba personificarse en Brasil (aunque, al ser el anfitrión, le haya tocado pagar los platos rotos). Las potencias mundiales y las grandes corporaciones —ExxonMobil, Chevron— presentes en Belém a partir de este 10 de noviembre han inyectado más de 2.000 millones de dólares en proyectos de petróleo y gas localizados en la Amazonía. El dinero se abre paso con mucha más facilidad que los compromisos climáticos, que acaban quedando en “agua de borrajas”. A pesar de las fuerzas del capitalismo, alguien debe alzar la voz. Y no es para menos: las organizaciones ambientales advierten de que las perforaciones pueden provocar corrientes oceánicas intensas y alterar por completo el ecosistema de la zona. La contaminación por vertidos también puede resultar letal para la flora y la fauna amazónica.

En definitiva, toca asistir nuevamente a un circo internacional. Este año es el turno de Brasil que, entre aplausos a discursos sin fundamento, deberá afrontar las consecuencias de un continuo sinsentido como es la COP —sobre todo en sus últimas ediciones—. Unas consecuencias que serán irreversibles para la protección medioambiental en una zona tan delicada como la Amazonía.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

Contradicción a la vista, grité cuando pude echarle un vistazo al nuevo informe publicado por la International Energy Agency (IEA) titulado “The Implications of Oil and Gas Field Decline Rates”. La institución que hasta el momento proclamaba la eliminación de cualquier nuevo proyecto de petróleo y gas para cumplir con el 1,5 ºC, hoy dice (con preocupación) que sin una inversión sostenida en el tiempo, el mundo perdería al año la producción de combustibles combinada de Brasil y Noruega (link). En teoría, ¿la demanda de combustibles fósiles no iba a caer de forma estrepitosa en un futuro cercano? Entonces, ¿para qué esta llamada de atención a invertir más y que la oferta de petróleo y gas aumente? Ellos mismos se retractan: para sostener la producción actual hasta 2050, deben extraer más de 45 millones de barriles diarios y casi 2.000 billones de metros cúbicos. Esto, bajo un criterio puramente económico, se extrae si se vende; si no, no. Creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. Veamos con algo más de detalle algunos datos del informe.

Mi sorpresa fue en aumento cuando decidí indagar algo más en los datos. Se calcula que la caída (solo con la inversión de mantenimiento para la producción actual) puede llegar a ser de un 5,6% para el crudo convencional y del 6,8% para el gas. Sin ningún tipo de inversión (ya sea de mantenimiento o exploración de nuevos pozos), la caída sería del 8% y del 9%, respectivamente. Si buceamos en los datos, vemos que, por tipología de recurso, las mayores caídas se centran en offshore (10,3%) y crudo no convencional (más del 35%). Es curioso, teniendo en cuenta que actualmente Estados Unidos y otros están centrando todos sus esfuerzos en shale oil (un tipo de petróleo no convencional). El mar del Norte, la zona con más recursos de combustibles de Europa, es puramente offshore. Esto, bajo los datos del informe, obliga a invertir más para mantener únicamente los niveles de producción actuales.

Parece que la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) reivindica a la IEA que ese mensaje de urgencia por invertir en nuevas exploraciones lo dijeron ellos hace mucho tiempo (link). Y no deja de ser cierto. Los expertos en la materia se preguntarán si la IEA está empezando a utilizar su influencia para ser protagonista de un cambio en la normativa climática que permita una mayor gestión del riesgo de la oferta, para evitar una posible falta de suministro dada la creciente demanda para los combustibles fósiles.

Siguiendo con la lectura del informe, hubo un momento en que dije: “estos no se aclaran”. Y es que en la proyección de escenarios, el informe indica que en el escenario de descenso de la demanda no haría falta ningún tipo de proyecto a largo plazo. Y, a su vez, y como tesis central del informe, señala que, en un mundo tal y como lo conocemos, nos quedaremos sin oferta para cubrir la demanda si no se invierte más en exploración petrolífera. Esto último deja, claramente, la puerta abierta a nuevas inversiones, algo que hasta el momento la IEA no ponía como tesis central de un informe publicado por ellos. De hecho, no paran de negarlo hasta la saciedad (link). Ahora, gracias al informe, el titular va a ser: “necesitamos 45 millones de barriles diarios nuevos hasta 2050”. De verdad, ¿creéis que la IEA no ha valorado el impacto que este titular puede tener en los mercados? Yo juraría que sí. Es más, apostaría a los intereses internos que la organización “pro protección del clima” tiene en el sector del petróleo y el gas. Por lo tanto, ¿cuál es el punto entonces? ¿Clima o petróleo? Siguiendo el refranero español: “Teta y sopa no caben en la boca”. Apúntenselo, señores de la IEA.

En definitiva, y poniéndonos serios, la institución debería ser menos ambigua en el lanzamiento de sus mensajes. Es cierto que hay un problema de oferta y de inversión en nuevos pozos petrolíferos. Esto no es un problema en sí mismo; es un problema porque la demanda de recursos fósiles se incrementa año tras año. Ese mensaje, queramos o no reconocerlo, hay que mantenerlo. La seguridad energética para miles de millones de personas está en juego. Dejémonos de cuestiones políticas (o politizadas) y asumamos la realidad por muy cruda que sea, nunca mejor dicho. Y, en el camino, conectando con la otra cara de la IEA, invirtamos en tecnología que nos permita reducir el impacto medioambiental de esas nuevas extracciones necesarias para el futuro. Si lo asume un simple columnista, dudo mucho que no pueda hacerlo una institución como la IEA.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

Desde la entrada de Trump en la Casa Blanca, la lucha contra el cambio climático y la responsabilidad medioambiental han sido objeto de una desregulación continua. Un desmantelamiento en toda regla. Una de sus medidas más sonadas es acabar con el Greenhouse Gas Reporting Program, el sistema que obliga a más de 8.000 instalaciones a reportar sus emisiones. Suprimirlo oscurece el seguimiento de más de 2.600 millones de toneladas anuales de CO₂ emitidas a la atmósfera. Si no hay datos, no hay problema; y si no hay problema, ¿para qué responsabilizarse? Fácil y sencillo. El mensaje del actual administrador de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) lo dice todo: “No es más que un proceso burocrático que nos hace gastar 2,4 mil millones de dólares en costes regulatorios”. En paralelo, el Departamento de Interior ha dejado de exigir evaluaciones de impacto ambiental a 3.244 concesiones de gas y petróleo. Además, por orden ejecutiva —qué novedad— se imponen caducidades automáticas a las regulaciones ambientales (de un año para las vigentes y de cinco para las futuras). La guinda del pastel: revertir la endangerment finding, el fundamento legal que permite a la EPA regular los gases de efecto invernadero bajo la Clean Air Act. En definitiva, un despropósito que no parece tener fin.

Nada de esto debería sorprender. En cuanto volvió a la Casa Blanca, la Administración Trump retiró de nuevo a EE.UU. del Acuerdo de París. Bajo la consigna de energy dominance y el “drill, baby, drill”, el Gobierno propone un recorte del 50% en la estructura de la EPA, impulsado por el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (conocido como DOGE), dirigido hasta hace poco por Elon Musk. No solo son peligrosas las acciones, también su narrativa: se admite que el clima cambia, pero se insiste en que sus efectos son inciertos y que las reducciones de Estados Unidos tendrían un impacto global “residual”. Si ese marco mental cala, el problema se vuelve serio de verdad.

Mientras tanto, como era de esperar, las compañías gasistas y petroleras celebran esta política. Los distintos lobbies denuncian la “injusticia” de la administración anterior por las subvenciones y ayudas federales a las renovables, alegando que distorsionaron el mercado e impidieron competir en condiciones justas. ¿El resultado de su presión? Una política fiscal y de concesiones a medida: multiplicar oportunidades en tierras y aguas federales, fijar hasta 30 subastas en el Golfo de México y aprobar automáticamente proyectos si no hay objeciones y se cumplen criterios prefijados. Un catálogo de regalos administrativos para acelerar el negocio.

Como siempre, todo tiene un precio. Aquí, el precio se paga en salud. Un artículo reciente de investigadores en Harvard advierte que relajar los estándares de calidad del aire incrementa la mortalidad y las enfermedades respiratorias y cardíacas, además de aumentar la probabilidad de incendios y olas de calor. Entre 2006 y 2020, se estiman en torno a 15.000 muertes asociadas a partículas derivadas de incendios exacerbados por el clima. Si el mecanismo que regula estas cuestiones desaparece, será imposible reducir esas cifras. Y hay un boomerang jurídico: sin regulación clara, en pleitos contra compañías de gas y petróleo, estas podrán sostener que no existe norma que limite sus emisiones. Nadie les pondrá freno.

Para rizar el rizo, ya no solo se cuestionan los daños; se venden supuestas ventajas. “El CO₂ beneficia a la agricultura” o “el frío mata más que el calor” son perlas que difunde el propio Departamento de Energía. Aun así —y ojalá con éxito—, existen detractores que intentan frenar estos envites. Grupos como Earthjustice y NRDC ya han anunciado que llevarán al Gobierno a los tribunales si revierte la endangerment finding, convencidos de que no resistirá frente a la evidencia científica. También hay quien confía en que buena parte de estas desregulaciones acaben en papel mojado, como ya ocurrió con varias órdenes durante la primera etapa de Trump.

El mensaje de fondo es claro: no queremos saber cuánto contaminamos, queremos perforar más y queremos sembrar dudas sobre la ciencia. ¿Para qué? Para blindar a las compañías energéticas y reforzar a Estados Unidos como punta de lanza geopolítica en energía. Pero la factura es altísima. La salud de los ciudadanos quedará mermada mientras la agencia que debería protegerles mira hacia otro lado. La libertad termina donde empieza la del otro, se suele decir. La libertad de Trump aquí parece no tener límites; la libertad —y el derecho— a respirar aire limpio, en cambio, corre el riesgo de desaparecer más pronto que tarde.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

Una vez finalizada la crisis derivada de la Covid-19, la implicación de la industria energética con las energías renovables se está perdiendo. La cruda realidad económica y política está haciendo que las grandes petroleras pierdan el apetito por la transición verde. Por ejemplo, la petrolera BP, que en su día se esperaba que fuese el abanderado del cambio dentro de la industria, ha echado por tierra todos los avances realizados en pro de la producción masiva de petróleo y gas. Su director ejecutivo, Murray Auchincloss, ahora nos deja algunas perlas como “hacer crecer la inversión en upstream [extracción]” o producir “energía con un alto margen de beneficio en los próximos años”. Lo bonito que tenía el discurso de la transición energética, desaparece de un plumazo cuando el esfuerzo por el cambio no compensa económicamente.

El porqué de este cambio es sencillo de entender. Problemas en el suministro, la subida de los tipos de interés, y la inflación ha hecho que los costes de las energías renovables y los proyectos asociados se disparen. Además, la invasión rusa de Ucrania hizo que los precios de los combustibles se disparasen, ocasionando beneficios récords para las petroleras. Y como no, los inversores son conscientes de ello. El valor de BP cayó más de un 25% en dos años, debido a su apuesta por las renovables. Mientras tanto, al otro lado del charco, ExxonMobil disfruta de un repunte sin precedentes en su valor debido a su apuesta centrada en petróleo y gas.

El cambio no es aislado, ni mucho menos. Gigantes como Shell, Equinor, TotalEnergies y Enel han recortado considerablemente sus esfuerzos en energía renovable, reduciendo así sus objetivos de emisiones cero e invirtiendo más en combustibles fósiles. Wael Sawan, director ejecutivo de Shell, califica la reducción en la producción de combustibles fósiles como “peligrosa e irresponsable” (link). Por su parte, Equinor ha retirado formalmente su objetivo de invertir la mitad del CAPEX anual en proyectos con bajas emisiones. TotalEnergies ha recortado en 500 millones de dólares su prepuesto en tecnología verde. Enel no se queda atrás, con una reducción de 5.000 millones de euros en sus esfuerzos por las renovables.

Lo más gracioso de todo esto es que los inversores agradecen y aplauden esta decisión. El precio de ExxonMobil ha crecido más de un 70% desde 2019. Debido a las presiones por parte de los inversores, ahora BP va a invertir 10.000 millones de dólares anuales en petroleo y gas, mientras que recorta en 5.000 millones su compromiso con las renovables. No solo el apoyo viene de Wall Street, sino también de los gobiernos. Con la entrada de Trump y su “drill, baby drill”, las políticas climáticas brillan por su ausencia, haciendo que las petroleras tengan luz verde para seguir apostando por la energía convencional. Con estas políticas cada vez más extendidas, la ciencia y el cambio climático quedan en un segundo o tercer plano.

Activistas climáticos califican esta postura de imprudente y muy peligrosa. Greenpeace advierte de que esto es una prueba para ver que las petroleras no pueden ser parte de la solución a la crisis climática (link). El grupo 350.org argumenta también que las ganancias a corto plazo para los accionistas son incompatibles con los objetivos a largo plazo de la transición verde. Paradójicamente y de forma paralela, algunas voces dentro de la industria petrolera sostienen que los combustibles fósiles jugarán “un papen crucial en la transición durante mucho tiempo”.

El panorama actual es claro: si la transición no es rentable, no se va a hacer. Las empresas (no solo las petroleras) se dedican a ganar dinero, no a salvar el planeta. Siendo conscientes de ello, y hasta que el cambio no empiece a ser rentable, debemos de aceptar (aunque no guste) esta realidad.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

El Estrecho de Ormuz es uno de los enclaves comerciales más importantes del mundo. Ubicado entre Irán y Omán, este paso de no más de 35 kilómetros de ancho (en su punto más estrecho) sirve de conexión entre el Golfo Pérsico y el mar abierto, convirtiéndose así en el corredor más relevante para el flujo de petróleo y gas natural licuado (GNL) en el comercio energético. Esto, sumado a las continuas disrupciones en la zona, lo convierte en uno de los focos geopolíticos más vigilados del mundo.

En torno al 20% del petróleo mundial y el 25% del GNL son transportados por mar desde los principales exportadores ubicados en el Golfo hasta los puntos de demanda. El 85% de todas las exportaciones de la región pasan por el estrecho, dirigiéndose principalmente a Asia. Países como China, India, Japón y Corea del Sur son los principales consumidores de energía proveniente del Golfo. Las cantidades de crudo y GNL son realmente impactantes: solo desde Arabia Saudí se exportan 5,5 millones de barriles de petróleo diarios y casi 11.500 millones de pies cúbicos diarios de GNL desde Catar (LINK).

La mala noticia para este Estrecho es su ubicación. La inestabilidad en la región lo convierte en un foco de atención constante para la comunidad internacional. La posición de Irán le otorga una influencia geopolítica considerable, ya que en diversas ocasiones ha amenazado con cerrar el Estrecho o dificultar, en la medida de lo posible, el paso de buques petroleros. Algunos ejemplos de estas amenazas incluyen la guerra de petroleros en los años ochenta, diversos conflictos entre Irán e Irak, y las tensiones navales con Estados Unidos. Sin ir más lejos, una de las acciones más mediáticas fue el secuestro del buque Advantage Sweet por parte de fuerzas iraníes: una clara declaración de intenciones que recuerda la posible escalada de inestabilidad en la zona.

El último episodio de volatilidad ocurrió hace solo unas semanas. Los ataques continuados de Israel sobre Irán, sumados a los bombardeos de Estados Unidos a instalaciones clave para la industria nuclear iraní, han reavivado el temor a un posible cierre del Estrecho. Aunque el Parlamento iraní votó a favor de clausurar este paso estratégico, la medida no ha llegado a materializarse. Algunos expertos consideran que un cierre total del estrecho es poco probable. La razón principal es que el Estrecho de Ormuz también está bañado por aguas omaníes, lo que limita la capacidad de Irán para imponer un bloqueo completo. No obstante, Irán sí podría dificultar el tránsito marítimo mediante el despliegue de minas, el uso de tecnología para evadir la detección o la incautación selectiva de buques. Este tipo de amenazas suele provocar cierto pánico en los mercados internacionales.

Aunque las reacciones del mercado a este último intento de cierre han sido moderadas, se respira una calma tensa debido a la fragilidad de la estabilidad en la región. Según Goldman Sachs, si se produjeran interrupciones prolongadas en el Estrecho, el precio del barril de petróleo podría superar los 100 dólares (LINK). Las consecuencias serían devastadoras: interrupción de la cadena de suministro global, inflación, problemas de seguridad alimentaria y una subida del precio de la energía sin precedentes, especialmente en países muy dependientes de las exportaciones del Golfo.

Aunque esta situación pueda parecer probable en algún momento, sería la propia Irán la más perjudicada con el cierre, debido a su alta dependencia de las exportaciones de crudo hacia China. El 77 % de sus exportaciones de petróleo pasan por el Estrecho, y la mayoría se dirigen al gigante asiático (LINK).

La importancia de este paso también radica en la escasez de alternativas viables. Oleoductos como el East-West Petroline de Arabia Saudí o el bypass de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos pueden desviar conjuntamente en torno a 6,5 millones de barriles diarios, una cifra muy inferior a los 21 millones que actualmente cruzan el Estrecho (LINK).

Curiosamente, uno de los pocos países que se vería beneficiado en un escenario de bloqueo es Rusia, dada su competencia con Irán por cubrir la demanda energética china. Un bloqueo de Ormuz podría sacar a Irán del tablero energético, posicionando a Rusia como uno de los principales exportadores hacia China.

En definitiva, el Estrecho de Ormuz no es solo una formación geológica, sino un punto de presión y atención internacional constante. Cualquier disrupción puede hacer temblar los mercados mundiales, redefinir alianzas geopolíticas y desequilibrar tanto a países productores como consumidores de energía.

El mundo no está preparado para el cierre del Estrecho. La cooperación internacional y el compromiso con la libertad de navegación deben ser cuestiones clave a tratar en la región. Un cierre total de esta vía marítima sentaría las bases para una posible Tercera Guerra Mundial.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

Tras el estallido de la guerra en Ucrania, la UE ha reducido sus importaciones de gas ruso por gaseoducto, pasando de un 45% a un 13% del suministro total. No obstante, las importaciones de GNL por transporte marítimo han representado un 19% de las importaciones durante el pasado año. Una doble vara de medir en toda regla, dejando la hipocresía de la política europea a la vista de todos. Es más, la UE ha gastado más dinero en la compra de petróleo y gas ruso (205.000 millones de euros) que en ayudas financieras emitidas a Ucrania (135.000 millones de euros).

Lejos de ser un dato aislado, los propios comisarios de la UE advierten que la sobredependencia de las importaciones rusas puede ser un problema de seguridad energética, dada la poca probabilidad de que la guerra en Ucrania finalice a corto plazo. Para reducir dicha dependencia, la UE ha sancionado en numerosas ocasiones a buques, compañías y personas físicas relacionadas con la comercialización de gas ruso y que pueden estar involucradas en la financiación de la guerra. Esto ha generado una oleada de acciones ilegales por parte de Rusia que le ha permitido seguir manteniendo un nivel relativamente alto de exportaciones, no solo a Europa, sino a India y China principalmente. Acciones como la compra de buques de los que no se sabe su propiedad o el apagado de los transpondedores para evitar ser detectados han sido algunas de las prácticas más conocidas durante estos años. En vista de la poca eficiencia de las sanciones, la UE ha ido un paso más allá.

El próximo 17 de junio, la UE espera lanzar un primer borrador de ley con el que busca reducir a cero las importaciones de petróleo y gas ruso. La estrategia a seguir pasa por dos fases. La primera: los nuevos contratos y las compras al contado de gas natural ruso estarán prohibidas al finalizar el año 2025. En una segunda fase, los contratos a largo plazo de importación con compañías rusas serán rescindidos al cierre de 2027. Una medida, como poco, ambiciosa.

¿Está siendo realista la política europea teniendo en cuenta que durante 2024 las importaciones de GNL ruso supusieron un 19%? ¿En año y medio habrá reemplazo a este porcentaje? ¿Qué consecuencias negativas supondrá para personas y empresas? Todas estas preguntas, y muchas más, se las está haciendo ahora mismo cada uno de los países de la UE. Como es normal, y dada la heterogeneidad de la dependencia energética que los miembros comunitarios tienen con Rusia, no todos están de acuerdo con la decisión.

Para empezar, lejos de tener una política energética común, Bruselas ha pedido a los países miembros que desarrollen un plan nacional para reemplazar el gas ruso que ahora consumen. Muy inteligente por parte de la Comisión… Países como Francia o Bélgica, mayores importadores de GNL ruso, están demandando garantías adicionales que permitan asegurar un abastecimiento seguro de energía a sus territorios. Otros países del este europeo, como es el caso de Hungría o Eslovaquia, van a tratar de mantener la entrada de gas ruso barato. De lo contrario, estos países con alta dependencia energética van a sufrir un incremento sin precedentes de su factura de la luz. ¿Quién paga ese extra coste? Entiendo que la respuesta irá en el plan nacional que el propio país debe de redactar. Un sinsentido absoluto. El propio primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha advertido de que va a intentar bloquear esta medida. Por otro lado, nuestro país parece estar de acuerdo con la estrategia de la Comisión. Curioso, teniendo en cuenta que España es uno de los mayores receptores de GNL ruso, gracias a los contratos a largo plazo que Naturgy tiene con Rusia. Hablando de contratos… ¿Quién paga los 18.500 millones de euros en los que se estima el coste legal entre compañías europeas y rusas?

Para empezar, los contratos existentes entre compañías europeas y rusas son acuerdos soportados en acciones de inversión bilaterales entre ambos países. La ausencia de restricciones antes del inicio de la guerra en Ucrania permitió a las compañías europeas firmar acuerdos multianuales con proveedores rusos, algunos de los cuales finalizan en el 2040. La fórmula legal que ofrece Bruselas es la de “fuerza mayor” para evitar la cláusula del take or pay, una disposición que obligaría a las compañías europeas a pagar el gas contratado incluso sin haberse consumido.

En el caso de España tenemos dos claros ejemplos. Naturgy firmó un contrato de compra en 2018, por el cual se compromete a la compra de GNL proveniente de la planta Yamal. Este contrato expira en 2041. Otras compañías como TotalEnergies o Shell se encuentran en una situación similar. Yo me pregunto, ¿esto lo ha tenido en consideración la Comisión? ¿Es la cláusula de “fuerza mayor” el fin a todos los problemas? Sin ser yo especialista en leyes, permítanme dudar de la facilidad con la que se espera resolver el problema…

Hablando de perdedores en esta trama, ¿y a nosotros, nos va a afectar esto? ¿Qué pensáis? Bueno, aunque quede lejos el invierno de 2025, ya se habla de que Europa encara una estación invernal dura, dada las reservas por debajo del 90% y teniendo en cuenta que ya no podemos consumir gas ruso vía Ucrania. Esto hará que los pecios se incrementen, trasladándose a los mercados eléctricos, y finalmente a nosotros, cómo no. Lejos de aceptar la realidad, la Comisión indica que las medidas están diseñadas para preservar la seguridad energética y limitar cualquier impacto en el precio de la energía. Y, una vez más, me surge la pregunta: ¿cómo va a conseguir reemplazar el 20% del total de energía importada para 2027? La respuesta está en dos palabras mágicas: renovables y diversificación. Asunto arreglado.

Hemos hablado de perdedores, pero… ¿hay ganadores? Por supuesto, si hay perdedores tiene que haber ganadores. Según un informe reciente de S&P, se estima que el sector energético de Estados Unidos va a generar inversiones por valor de 100.000 millones de euros aprovechando esta coyuntura geopolítica. Francia, uno de los detractores de la nueva estrategia comunitaria, firmó en 2023 acuerdos multianuales con Qatar para la importación de GNL. Esto es a lo que la Comisión llama “diversificación”. Me parece muy bien, pero no hay que ser especialmente avispado para dar cuenta de que la “limitación del impacto en el precio de la energía” está muy lejos de ser una realidad. Habrá que esperar al próximo 17 de junio para ver con qué nos sorprende nuestra querida Comisión Europea. No puedo esperar a verlo.

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Antonio García-Amate es profesor en el Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pública de Navarra.

El eterno debate entre si seguir consumiendo los pocos recursos no convencionales que tiene nuestro Planeta o comenzar a tomar conciencia de cambio y poner toda la carne en el asador por las energías renovables. Una disyuntiva que, en cierta medida, a todos nos afecta en nuestro día a día: cambios en el precio de nuestra factura de la luz, el gas, o cuando vamos a llenar el tanque de gasolina. Incluso, tal y como hemos visto recientemente, las energías renovables nos pueden servir como excusa para politizar y frivolizar algo tan grave como lo que vivimos hace tres semanas en este país. En definitiva, estamos entre la espada y la pared. Hagamos lo que hagamos, cómo lo hagamos o en qué medida lo hagamos, vamos a salir escaldados respecto a la opinión pública. En Europa, un exceso de compromiso con las energías renovables ha llevado a críticos políticos a debatir sobre el buen hacer de la política energética en el viejo continente. Una crítica negativa que se ha visto enfatizada por el cambio de rumbo en Estados Unidos tras la entrada de Donald J. Trump. No es casualidad, ni mucho menos, ver cómo desde la entrada a la Casa Blanca del magnate americano, las voces críticas sobre la transición energética cada vez son más sonadas.

Como bien sabemos, una de las primeras medidas de Trump al entrar a su segundo mandato en la presidencia norteamericana fue declarar una emergencia energética, teniendo como último fin incrementar a toda costa la producción de petróleo, gas en territorio norteamericano. Volviendo así a las andadas del famoso movimiento “Drill Baby Drill”. ¿Pero, incrementar la producción para qué? Para reducir considerablemente el precio de barril, lo que ayuda a llenar el tanque de gasolina por menos y así convencer a sus conciudadanos de lo bien que lo está haciendo. Una política más que cuestionable, teniendo en cuenta que muchas compañías petroleras norteamericanas se encuentran ya por debajo del break-even point, punto a partir del cual los ingresos no pueden llegar a cubrir costes. No obstante, no todo son críticas negativas hacia la política de Trump. ¿Y si os dijera que nuestro querido amigo está haciendo (sin querer, claro) un pequeño favor a la transición energética a través de sus políticas? No me creeríais, por supuesto, yo tampoco lo haría. Veamos a qué me estoy refiriendo.

En la orden ejecutiva que declaraba la emergencia energética, se le dio un tratamiento preferente a la energía geotérmica, junto con los combustibles fósiles y la energía nuclear, no mencionando a la energía eólica y solar. Desde la elección de Trump, la geotermia está comenzando a ganar adeptos en suelo americano, a pesar de suponer tan solo el 1% de la energía eléctrica generada en la red (link). El calor generado por la geotermia puede ayudar a asegurar una energía fiable y asequible, junto con el resto de soluciones y alternativas. Otro indicativo de la apuesta de Trump por la geotermia es la nominación de Chris Wright como Secretario de Energía. El ejecutivo, a través de la compañía Liberty Energy, tiene intereses en la empresa Fervo Energy, quienes están trabajando en Sistemas Geotérmicos Mejorados (SGM) en los estados de Utah y Nevada. Según lo que pudimos ver también en la CERAWeek, uno de los eventos de energía más esperados del año, la geotermia podría convertirse en una prioridad para la administración Trump (link). Pero… ¿por qué la geotermia en concreto?

La geotermia crea electricidad de forma limpia, produciendo vapor a partir del calor natural de la Tierra y utilizándolo para hacer girar una turbina. Para realizar ese proceso, la tecnología empleada es muy semejante a la que se utiliza para la perforación en la industria del O&G. Es más, muchas de las soluciones y las innovaciones llevadas a cabo durante el boom del shale oil a principios de los 2000 es lo que se está utilizando en la actualidad para extraer energía calorífica y llevarla a la red. Técnicas como la perforación horizontal o el fracking permiten bombear fluidos a alta presión en pozos perforados a través de formaciones rocosas a miles de metros bajo tierra, lo que genera grandes masas de agua caliente que pueden utilizarse para generar energía (link). Como podéis imaginar, no es casualidad que se le dé tanto apoyo a esta energía, teniendo en cuenta que la tecnología y el conocimiento ya están ahí.

Aunque es una energía poco extendida (apenas el 1% de energía eléctrica generada a nivel mundial proviene de esta fuente), algunos países como Kenia o Islandia son ejemplos prometedores, en donde se producen el 45% y el 66% de la energía eléctrica nacional, respectivamente (link; link). El Departamento de Energía estadounidense, sostiene que los proyectos de geotermia pueden llevar a proveer en torno a los 90 gigavatios de potencia, lo suficiente para dar energía a 65 millones de hogares.

Al margen de que resulte una fuente energética prometedora, tal y como pasa en muchos casos cuando hablamos de renovables, la clave se encuentra en reducir el coste de la tecnología y mejorar la eficiencia para que llegue a ser económicamente viable y escalable. También, aunque hablemos de una energía limpia, no deja de estar supeditada a los intereses del O&G, quienes tienen la tecnología, la experiencia y el know-how para explotar de forma viable esta alternativa. En la vida no es todo verde o marrón, también puede ser color caqui.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

En Tierra de Nadie, así podría titular un director de cine la situación por la que actualmente está pasando la política energética europea. Sin su fiel acompañante, Rusia, que durante décadas le ha provisto de una energía extremadamente barata debido a su cercanía geográfica, el viejo continente se ve en vuelto en un complejo debate entre la “ética política y social” y los altos costes de la energía. Con enormes sanciones impuestas al gas ruso, haciendo las veces de “enemigo del malo”, las importaciones de energía hacia Europa se han visto gravemente mermadas. Por muy buena que quiera ser Europa, hay que hacer frente a una realidad que cae por su propio peso: seguimos siendo dependientes energéticamente y necesitamos fuentes de energía fiables, constantes, y baratas.

Todos recordarán el Green Deal y los fondos Next Generation, repartidos con el fin de impulsar la recuperación económica tras la enorme crisis sanitaria. Entre otros muchos objetivos, y aprovechando el tirón, se encontraba también el reducir la dependencia energética en Europa a través del empujón dado al desarrollo de energías renovables. Un objetivo que, si bien es cierto, puede llegar a considerarse muy loable y factible, al parecer se ha quedado en una simple intentona, al menos en el corto-medio plazo. ¿Una acción equivocada? En absoluto, pero no es inteligente pensar que tras la inyección de estos fondos Europa iba a convertirse en un territorio autosuficiente desde el punto de vista energético. No es inteligente, ni tampoco real. A la vista está. Y mientras que la política europea se encuentra debatiendo entre el bien y el mal (una afición, por cierto, muy dada a los políticos), las petroleras continúan a lo suyo. Es por ejemplo el caso de Equinor, con nuevos descubrimientos de crudo en el Mar del Norte y recortes significativos en renovables (link). Una acción a la que también se han sumado otros gigantes del petróleo como es el caso de Shell y BP.

Hasta el estallido de la guerra en Ucrania, todos creíamos que Europa se iba a convertir en una potencia energética mundial. Nada más lejos de la realidad. Una vez impuestas las sanciones al gas ruso, haciendo así que la importación hacia Europa caiga considerablemente, los europeos comienzan nuevamente a dar cuenta del grave problema acerca de la dependencia energética. Aunque muchos quieran ver a Europa como un todo, en este caso no es así en absoluto. Los países más desarrollados del continente pueden impulsar el uso de energías renovables o recibir importaciones por mar provenientes de otros países, pero… ¿qué sucede con los países próximos a Rusia? Algunos como Moldavia (link) o Eslovaquia (link) ya hablan de crisis energética debido a la alta dependencia de las importaciones rusas. ¿Y con la industria alemana? Los altos costes energéticos están haciendo que sectores tan fuertes como el automóvil estén sufriendo graves problemas financieros.

Como es habitual, la política tiene un carácter reactivo: que vengan los problemas, y ya nosotros buscaremos una solución (si la hay). En este caso, líderes europeos ya comienzan a presionar en la UE para restaurar el acuerdo para volver a importar gas ruso desde Ucrania. Otros sostienen que una buena (y cara) solución puede ser la compra de gas natural licuado (LNG) a Estados Unidos, evitando ya de paso los aranceles que pudiera imponer nuestro queridísimo Donald J. Trump. También, como es el caso de Italia, se planea lanzar ayudas por valor de 3.000 millones de dólares para paliar las consecuencias negativas ocasionadas por los altos precios de la energía. Dentro de tal vorágine de propuestas, se ha considerado incluso un techo temporal impuesto al precio del gas. Tal cantidad de opiniones y medidas a adoptar denotan que Europa está como pollo sin cabeza dando vueltas por el corral.

Mientras tanto me pregunto: ¿qué sucederá cuando Putin firme el acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania? ¿Volverá a ser nuestro fiel amigo? ¿Nos olvidaremos de todo el daño infligido a Ucrania y volveremos a comprar gas para inflar las arcas públicas rusas? ¿O buscaremos nuevas alternativas para la importación de gas? ¿Estaremos dispuestos como ciudadanos a pagar una factura de la luz superior con el fin de dejar de comprar gas ruso? Cuántas preguntas sin respuesta, ¿verdad? Si bien no tenemos una bola del futuro, me aventuro a decir que tras la guerra en Ucrania todo volverá a la normalidad. La hipocresía y la falta de ética política siempre vendrán dadas por una realidad que a muchos duele: Si queremos vivir (y hacerlo a un módico precio), no nos queda de otra que seguir consumiendo gas ruso.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

Drill baby, drill!, (¡perfora nena, perfora!) un eslogan que se dio a conocer en los Estados Unidos cuando al comienzo de la década del 2010 surgió el shale boom y la técnica del fracking. Los nuevos felices años 20 llegaron al sector del petróleo, haciendo que comenzaran a explotarse hidrocarburos no convencionales gracias a los avances en la tecnología, los altos precios del momento y las políticas favorables de Washington. Esta estrategia llevo a Estados Unidos a convertirse en uno de los actores principales del panorama petrolero mundial, con su siempre fiel amigo Arabia Saudí. Al parecer, a Donald J. Trump se le quedó una espinita clavada de su primer mandato, y ahora ha decidido apostar todo al negro, al negro petróleo. Ya en su toma de investidura dejo nítidamente claro su deseo e intención de reavivar la independencia energética americana, y mantenerse en la posición líder que ahora ostenta en el mercado de Gas Natural Licuado (GNL). A golpe de executive order, como nos tiene acostumbrados desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha puesto la alfombra roja a las petroleras para hacer crecer su producción en suelo americano, y de esta forma hacer que el consumidor pueda disfrutar de llenar su tanque de combustible a un módico precio. Pero, se nos escapa un detalle. Trump no es el que se dedica a la explotación y comercialización de petróleo, sino las compañías. Y son estás las que tienen que estar de acuerdo con sus políticas tan agresivas. ¿Lo están?

Aunque Trump es uno de los business man más exitosos, sería bueno recordarle un par de cuestiones de 1º de Grado en Economía: un aumento en la oferta (si no viene acompañado por un aumento en la demanda) hace que baje el precio, y con ello los ingresos de la compañía. El American Petroleum Institute (API) estima que el inventario de crudo petrolero ha crecido en 3,34 millones de barriles en la semana del 14 de febrero, frente a unas estimaciones de 2,2 millones de barriles. Esto viene a significar que se está produciendo, pero no vendiendo; en segundo lugar, el concepto del precio de equilibrio, un precio a partir del cual se comienza a cubrir costes y a ser rentables. Un precio por debajo de un nivel concreto puede afectar al productor. Esto parece no entenderlo el magnate americano, quien de hecho instó a la OPEP, en la última reunión de Davos, a aumentar la producción con tal de reducir el precio. Gracias a estos dos conceptos sencillos, pero que a algunos parece que se les escapa, podemos comprender la torpeza en la política energética. Pero, no contentos con eso, a nuestro amigo parece que se le ha olvidado consultar previamente a las petroleras para, al menos, informarse acerca de la estrategia corporativa que están llevando a cabo en la actualidad.

En el Pemian basin, uno de los yacimientos más prolíferos en suelo americano, se estima que el crecimiento de producción en 2025 va a reducirse en torno al 25% respecto al pasado año. ¿No veis algo raro aquí? Mientras que Washington quiere dejar “secos” los yacimientos, la política corporativa de las compañías petroleras pasa por dos conceptos muy claros: eficiencia en costes y distribución de rentabilidad a los inversores. Mientras que Trump quiere reavivar el mantra del drill baby, drill!, las compañías gritan stick with us and we'll pay you! (¡Apuesta por nosotras y te pagaremos!). Una estrategia basada en la disciplina en costes, selección de aquellos proyectos más rentables, aumentar eficiencia con una mayor inversión en tecnología que permita reducir la plantilla de trabajadores, son acciones que actualmente están tomando las petroleras con el fin de repartir toda la rentabilidad posible a los inversores, buscando el aplauso y el apoyo incondicional de estos.

¿Por qué a las petroleras les ha dado ahora por repartir dividendos (más que en periodos anteriores)? La respuesta está en la signalling theory (teoría del señalamiento). En 1985, John y Williams descubrieron que las compañías utilizan el reparto de beneficios para lanzar un mensaje alto y claro al mercado: “estamos muy bien, pero nuestro futuro va a ser mejor, confiad en nosotros”. Esto hace que la política de dividendos se convierta ahora en una estrategia defensiva frente a los problemas externos que puedan sufrir las petroleras, a saber: incertidumbre geopolítica (gracias a su “fiel amigo” Trump), volatilidad en precios de referencia, o la presión por una transición energética inminente hacia fuentes de energía renovable. Grandes petroleras como Chevron o Shell están llevando a cabo esta estrategia. Otras como BP, con su novedoso eslogan a reset BP (un nuevo comienzo en BP), ha dado recientemente una vuelta de 360º dejando atrás todas las promesas hechas en el pasado con relación a la transición energética. En la figura podréis ver los dividendos pagados desde el 2008 de las principales petroleras a nivel mundial. Se puede observar como en el periodo de Shale boom (2010-2014), el reparto de dividendos era inferior al que se observa tras el estallido de la guerra en Ucrania (2022-2024).

Creo que sería buena idea enviar a Trump la figura sobre los dividendos junto a este artículo, a ver si entra en razón (lo dudo). No quiero terminar con una opinión personal, aunque resulte contradictorio tratándose de un artículo de opinión, sino con un mensaje de Liam Mallon, responsable de Exxon Mobil en la sección Upstream: "We're not going to see anybody in 'drill, baby, drill' mode" (No vamos a ver a nadie en modo 'drill baby drill'). Juzguen ustedes mismos.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

Desde el estallido de la guerra en Ucrania, la industria del petróleo y el gas en Rusia se ha convertido en objeto de multitud de sanciones, poniendo en el punto de mira de organismos y gobiernos internacionales la principal fuente de ingresos para las arcas públicas de Putin. Con el fin de reducir al máximo posible los ingresos provenientes de esta industria, la Unión Europea, Estados Unidos, y miembros del G7 han puesto todos sus esfuerzos en luchar por que estos beneficios no fueran a parar a la financiación de la invasión en Ucrania. Las dos vías de actuación por la cual los gobiernos occidentales han afrontado esta grave crisis han sido: introducir un techo de precio (“cap oil price") para el crudo y derivados del petróleo que fueran exportados desde Rusia a terceros países; y por otro lado, prohibir la recepción de petróleo y gas ruso por vía marítima a países aliados. De esta forma, los países, que hasta el momento eran los principales consumidores de petróleo y gas ruso, dejaron de serlo con el fin de ayudar a Ucrania, reduciendo la financiación por parte de Rusia. No obstante, lejos de dañar las arcas públicas del gobierno ruso, las medidas tomadas han sido poco resolutivas respecto al objetivo inicial, pero han reformulado el comercio de exportación del gigante petrolero y gasístico.

Según datos recogidos de DataStream, en el 2022 Rusia exportó 2.370 millones de barriles. En el 2023, este dato aumentó a los 2.445 millones de barriles. Teniendo en cuenta que las primeras medidas por parte de la Unión Europea acerca del techo del precio en los 60$ el barril de Urales se oficializó el pasado 5 de diciembre de 2022, la cantidad exportada, lejos de reducirse, aumentó ligeramente. La tendencia en 2024 se mantuvo constante, con un nivel de exportación en torno a los 2.330 millones de barriles. Pero, si Europa ha reducido su exposición al petróleo, gas y derivados provenientes de Rusia, ¿cuáles son los principales destinos de estas exportaciones tras las sanciones?

India, China y Turquía se postulan como los tres mercados principales que en la actualidad se están beneficiando de este cambio en el panorama internacional del comercio petrolero. Con más de 625 millones de barriles, India es el mayor consumidor de petróleo y gas ruso. El gigante asiático consume en la actualidad más petróleo y gas que su contendiente en esta batalla, China. Su alto crecimiento económico y de población hacen de la India uno de los mercados más atractivos para la venta y la exportación de petróleo y gas a nivel mundial, jugando un papel fundamental en los futuros flujos de comercio que reformularán el mercado del petróleo y gas global. Volviendo a los principales consumidores de petróleo ruso, China (362 millones de barriles) y Turquía (283 millones de barriles) le siguen a India como los principales mercados de destino que Rusia ha seleccionado para mantener los altos niveles de exportación que tenía previos a las sanciones impuestas. Sorprendentemente, y teniendo en cuenta que las exportaciones de petróleo y derivados rusos están terminantemente prohibidas en la Unión Europea, países como Italia, Grecia, Holanda, Francia o España se encuentran entre los principales países de destino en 2024. En la Figura 1, se puede observar el destino de las exportaciones rusas (periodo 2015-2024), teniendo en cuenta el antes y el después de las sanciones impuestas por la Unión Europea y el G7.

Otra de las técnicas que los países occidentales han llevado a cabo para reducir las exportaciones rusas son las sanciones a todo tipo de compañías, personas físicas y buques que se vieran involucrados en posibles acciones que tuvieran por objetivo esquivar las sanciones impuestas o contribuir a la financiación de la guerra. A raíz de poner el foco en los buques con los que Rusia comercializa sus productos, surgió el concepto de “shadow fleet” (flota en la sombra). Si bien es cierto que es un concepto que se aplica desde que Estados Unidos impuso sanciones al petróleo de Venezuela e Irán, la opinión pública ha comenzado a escuchar mucho más este concepto a raíz de su aplicación al caso ruso. Se entiende por flota en la sombra aquella cuya propiedad no se encuentra localizada en países de la Unión Europea o el G7. Adicionalmente, si el buque no está cubierto por aseguradoras occidentales, también puede ser considerado como flota en la sombra. Tratar de extraer un dato exacto de estos buques resulta prácticamente imposible, pues su carácter “en la sombra” hace que no sea fácil tener un control de esta problemática. No obstante, la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos han impuesto sanciones a estos buques, lo que podría darnos una ligera idea acerca del número de buques en la sombra que está utilizando Rusia. Tras las duras sanciones impuestas por el gobierno saliente de Biden, 290 buques han sido sancionados desde el comienzo de la invasión hasta hoy. Según el análisis realizado (Figura 2), los buques sancionados han exportado en torno a los 1.300 millones de barriles en los años posteriores a las sanciones, suponiendo el 28% del total exportado. Lejos de suponer un problema grave a nivel económico y geopolítico, no debemos pasar por alto el problema medioambiental.

A partir de los 15 años, un buque comienza a ser poco fiable para el comercio internacional, pudiendo dar fallos técnicos que lleven a resultados catastróficos como desbordamientos de petróleo, por ejemplo. A través del análisis de los buques sancionados, damos cuenta de qué 128 buques de los 290 sancionados se encuentran en el rango de los 16-20 años desde su construcción. 66 de ellos se encuentran entre los 21-25 años, habiendo incluso 11 buques que tienen más de 26 años. Si a esta antigüedad se le suma la ausencia de seguros durante el trayecto, estamos ante un peligro constante de que se produzca una catástrofe natural sin precedentes, sin poder rendir cuentas a nadie.

Estos datos están lejos de sentar una base para el optimismo. Es más, se estima que la financiación que Rusia ha presupuestado para la guerra en 2025 se encuentra por encima de la esperada. Tal y como se ha comprobado, las medidas no han surtido efecto. Se necesita más cooperación internacional y mucha más severidad en las sanciones. Sin ello, millones de barriles de petróleo, gas y derivados rusos seguirán navegando por océanos y mares con las graves consecuencias geopolíticas, económicas y medioambientales que puedan ocasionar.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.