Juan Soto Ivars puede ser una figura influyente en ciertos circuitos mediáticos y editoriales. No sigo de cerca su obra y, por tanto, no me corresponde valorar su trayectoria literaria. Sobre lo que sí puedo —y debo— opinar es sobre el mensaje político y social que está intentando instalar en la agenda pública: el foco en las denuncias falsas.

Un foco que no es inocente.

Un foco que no es neutral.

Un foco que desplaza deliberadamente el centro del problema.

Porque mientras se debate sobre un 0,01 % de denuncias falsas, en lo que va de 2025 ya son 87 las mujeres asesinadas en España.

87 mujeres menos. 87 vidas truncadas. 87 asesinatos cometidos por hombres.

Y, sin embargo, el relato que algunos prefieren amplificar no es el de las víctimas reales, sino el del miedo masculino a una ley que protege a las mujeres.

Soto Ivars ha presentara en Bilbao su libro Esto no existe. Tras seis años de investigación —según él— expone lo que denomina los “efectos secundarios adversos” de la Ley de Violencia de Género, centrándose de forma casi obsesiva en las denuncias falsas, que, afirma, el “feminismo institucional” niega.

Habla incluso de una “catastrófica cadena de efectos secundarios adversos”. Relata “calvarios judiciales” de hombres “inocentes”, separaciones de hijos, sufrimiento paterno, infancias marcadas por la “mentira”.

Pero yo me pregunto:

¿Dónde están en ese relato las mujeres asesinadas?

¿Dónde están las violadas, las golpeadas, las amenazadas, las que viven con miedo permanente?

¿Dónde están las niñas y los niños que crecen bajo el terror cotidiano de la violencia machista real?

¿Dónde están los hijos e hijas que sobreviven a un padre violento?

¿Dónde están los niños asesinados por esos “hombres inocentes” que, cegados por la cultura patriarcal, utilizan a sus propios hijos como arma de destrucción contra las madres?

¿Dónde está la violencia vicaria, esa que arranca la vida de los menores para castigar a las mujeres?

Porque esa es la violencia estructural. La que no es anecdótica. La que no es excepcional. La que está respaldada por datos judiciales, sanitarios, policiales y sociales.

Convertir una excepción estadística en eje del debate público no es un ejercicio de pensamiento crítico: es una operación política.

Y una operación tremendamente peligrosa.

Sembrar la duda sobre las mujeres que denuncian tiene efectos reales:

No puedo evitar preguntarme si este tipo de discursos no responden más bien al perfil del oportunista egocéntrico tan habitual en nuestros tiempos: aquel que prefiere incomodar a las víctimas antes que incomodar al poder patriarcal. Aquel que gana visibilidad no enfrentando al agresor, sino cuestionando a quien sobrevive.

Porque es mucho más rentable mediáticamente hablar del “hombre injustamente acusado” que de los crímenes reales que cada año dejan a decenas de mujeres y menores sin vida.

Es más cómodo empatizar con el varón que dice haber sufrido un proceso judicial que con la mujer que ya no está para contarlo.

Y es más fácil mirar hacia otro lado que enfrentar el hecho de que España sigue fallando a sus mujeres y a su infancia.

En un país con decenas de feminicidios y múltiples asesinatos vicarios cada año, hablar de denuncias falsas como fenómeno central no es equilibrio informativo: es desviar el foco del crimen.

Y cuando se desvía el foco del crimen, se protege al criminal.

___________________________________

Patricia Viviana Ponce es directora de Haurralde Fundazioa y presidenta de COMPI.