La alternancia en política consiste en el hecho de sucederse o de turnarse en el poder. Para que esta alternancia sea legítima debe ser consecuencia de una decisión mayoritaria de los ciudadanos, primero, y de sus representantes en el parlamento, después, como ha sucedido en nuestro país durante estos casi 50 años de democracia. Y aunque no existe una obligación temporal para que dicha alternancia se produzca, por pura lógica es inherente al sistema democrático y, pronto o tarde, debe llegar. En circunstancias normales es necesaria porque oxigena el poder y favorece que todos los ciudadanos, antes o después, se sientan reconocidos en él. Vivimos en democracia precisamente porque podemos elegir entre distintas opciones (esto es, hay alternativas diferentes). Elegimos entre partidos políticos (numerosos en España) o, como sucede en los últimos años, entre bloques ideológicos. Hasta aquí todo normal, nada nuevo. 

El problema es que, por muy evidentes que sean estas ideas y por muy interiorizadas que estén entre nosotros, hoy esa posibilidad de alternancia no discurre por ellas. Habrá quien piense que afirmo esto porque soy un dogmático, que mi posición es de parte y que no veo alternativa al gobierno de Pedro Sánchez porque formo parte de él, ahora de su sottogoverno. Por supuesto que no me gusta nada la posibilidad de un gobierno PP-VOX en España, que es la alternativa real al actual de coalición progresista. Creo que supondría un peligroso retroceso para la mayoría de los españoles en términos de derechos y de libertades. Pero a lo que me refiero aquí no es a esto. Mi preocupación tiene que ver con algo que escuchamos en el Congreso de los Diputados, solemnemente, en el reciente debate sobre Ceuta, al líder de la oposición, Alberto Nuñez-Feijóo, y de forma más clara a Santiago Abascal. Éste directamente y aquél de forma más genérica amenazaron al presidente del Gobierno con aplicarle el artículo 102 de la Constitución para procesarlo por traidor a España (sic). En otras palabras: los que representan a una parte significativa de los ciudadanos de nuestro país quieren “meter en la cárcel”(Abascal dixit) o “sentar en el banquillo” (Feijóo dixit), nada más y nada menos que por alta traición, al gobierno democrático, con su presidente a la cabeza, que representa a la otra parte de la ciudadanía, todavía más amplia que la primera (al menos hasta la fecha –por eso es gobierno–). 

Y esto, a mi juicio, está muy lejos de una voluntad limpia y legítima de alternancia. Bien al contrario, responde a la lógica mortal de medio país contra el otro medio; la de los buenos españoles, ahora injustamente en la oposición, contra los malos españoles que “okupan” (okupamos) el gobierno desde 2018. No inventan nada aunque algunos pensábamos con mucha ingenuidad que esta dialéctica, que tiene nombre y autoría, quedó enterrada en el museo de la historia precisamente tras aprobar la Constitución de 1978. Su nombre: dialéctica del enemigo, o del odio. Y su autor, allá por los años 20/30 del siglo pasado, Carl Schmitt. Según esta dialéctica, profundamente destructiva, el adversario contra el que se compite deja de serlo para convertirse en un enemigo al que hay que aniquilar. Para este fin, todo vale. Es un lenguaje y una praxis no democrática trasladada a la democracia.

Y como hoy no estamos, afortunadamente, en guerra, la aniquilación es híbrida, como se dice ahora, y consiste en la muerte política y civil del otro adversario, ya enemigo, actuando reiteradamente contra su reputación y buen nombre (aquí son decisivos los medios de comunicación y las redes sociales) y/o contra su libertad (el código penal como arma en la lucha política). Se le señala, primero, y se le estigmatiza como traidor a la patria (el peor reproche a un gobernante) después, cosificándolo, desprestigiándolo, persiguiendo a su familia, deshumanizándolo con la voluntad última de borrar su obra para siempre, impidiendo así toda posible reconciliación.  

Que tal posibilidad, el procesamiento por traición del presidente Pedro Sánchez, pudiera materializarse si se da la mayoría parlamentaria necesaria que exige el artículo 102 de la constitución produce (solo de pensarlo) escalofríos. Nunca antes se había planteado en sede parlamentaria la aplicación de este artículo (que no es un impeachment) a ningún presidente del gobierno de la democracia. Ni por los GAL, ni por la guerra (injusta e ilegal) en Iraq, ni por las burdas mentiras tras el atentado terrorista más grave de nuestra historia, el 11-M. Nunca. Hasta hoy.

No estamos, por tanto, en estos tiempos críticos que nos está tocando vivir, ante la mera polarización que, bien entendida, con madurez y respeto mutuo, es consustancial a la democracia pluralista. Discutir, debatir, acordar, discrepar, polemizar, confrontar, incluso con pasión, forma parte de nuestro sistema. La dialéctica del enemigo que se ha instalado en nuestro país (y en otros también) es puro odio y éste es incompatible con el debate de ideas, la amistad cívica, la sana alternancia y, a fortiori, con la democracia misma.

Sorprende que algunos de los que más apelan al espíritu de la Transición se hayan sumado a esta dialéctica del enemigo que tiene además la facilidad de propagarse en todas direcciones, como un virus sin vacuna, incluyendo progresivamente a nuevos enemigos. Solo será cuestión de tiempo y de fuerza. No habrá nadie en quien confiar; o solo confiaremos en “los nuestros” (en “los míos”, que diría Jean Daniel). Tampoco habrá posibilidad alguna para la “revolución del respeto” con la que soñó, sin éxito mientras vivió, nuestro Fernando de los Ríos.

Por eso, la política bajo la amenaza de prisión por traición aplicada por los que aspiran a vencer en unas elecciones contra los que podrían ser vencidos no es alternancia. Es puro odio, un odio que hiela el corazón en el lamento de Antonio Machado. Por halago de la fortuna, pertenezco a una escuela amplia de la Filosofía del Derecho que lideraban Joaquín Ruiz Giménez, Elías Díaz y Gregorio Peces-Barba, con sus Cuadernos para el Diálogo, en la que aprendimos a no odiar y a hacer lo posible para no repetir, cual Penélope, lo peor de nuestro pasado. Que no volvamos a empezar depende en buena medida de que seamos capaces, todos, de desterrar para siempre la nefasta dialéctica del enemigo.

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José Manuel Rodríguez Uribes es profesor titular de Filosofía del Derecho. Fue ministro de Cultura y Deporte entre 2020 y 2021 y en la actualidad es presidente del Consejo Superior de Deportes.

La política siempre ha estado relacionada con la fuerza, con el poder. Lo sabemos desde Thomas Hobbes o desde Jean Bodin. También el Derecho. Aquí lo decimos, con Kelsen o con Bobbio, de otra manera. Afirmamos que el Derecho es expresión en buena medida de la voluntad, primero del legislador y en última instancia del juez (también del Constitucional). Y está bien saber y reconocer que esto es así, que no pasa nada, que ha sido siempre así, incluso en las mejores democracias. Saberlo y reconocerlo evita idealizar en exceso a la política y al Derecho. Los dos son manifestaciones humanas, perfectibles por tanto, sometidas a la ideología o, sin más, al error, o incluso a la mala fe. Con todo, tanto a la política como al Derecho les exigimos algo de racionalidad, cuanta más mejor. Fuerza y razón como dos caras de la misma moneda que definen a la política y al Derecho, pero mucho mejor si la segunda (la razón) embrida a la primera (la fuerza). En la política, a la racionalidad la vinculamos con la deliberación, con el debate de ideas y de proyectos; y en el Derecho, con la legalidad, la argumentación jurídica y la correcta fundamentación de las decisiones. Incluso aspiramos a que tanto en la política como en el Derecho estén presentes el sentido común, la lógica y una cierta humanidad. Sin estos ingredientes, no habrá racionalidad ni justicia. 

Pues bien, vivimos tiempos –no descubro nada– en los que los grados de voluntarismo en el Derecho (especialmente en la judicatura) y de fuerza en la política han aumentado de forma desproporcionada. Afortunadamente, en la política no se trata ya de la fuerza bruta, de la violencia terrorista o de asesinatos políticos como en otros momentos de nuestra historia no tan lejana, sino de la que deriva de la pérdida del respeto, por no pocos de sus propios actores, a las reglas más elementales de la democracia, introduciendo entre los partidos políticos y en los medios de comunicación la nefasta dialéctica del odio.

En España no está en riesgo, por ejemplo –y en contra de lo que se dice–, la separación de poderes. La economía va bien, el empleo mejora cada vez más, nuestros pensionistas y nuestros dependientes están cuidados, hay paz social y territorial y los derechos de los ciudadanos aumentan aunque seguimos sin resolver el serio problema del acceso a la vivienda. Tenemos, en relación con estos parámetros, una excelente imagen en el mundo. El problema es otro. Es esa dialéctica del odio que se ha instalado y que no deja de crecer, no solo en España. Su gran divulgador fue en los años previos al Holocausto y a la Segunda Guerra Mundial Carl Schmitt. Por suerte, hoy, instituciones como la Unión Europea le ponen dificultades, al menos entre nosotros como europeos. La UE es en este sentido un dique de contención que no existía en los años 30 del siglo pasado. Ralentiza esta dialéctica del odio pero no la impide porque ésta se propaga como los virus. Comenzamos sin ser muy conscientes de su peligro aceptando acríticamente la llamada “cultura de la cancelación”, importada desde EEUU hace una década (en nuestra historia ya tuvimos el San Benito de la Inquisición, que se llevaba colgado hasta la muerte). Aunque la cultura de la cancelación tuvo algunas motivaciones nobles (como la defensa de víctimas de delitos sexuales en contextos de desigualdad cuando el sistema jurídico-penal no funciona), con el auge descontrolado de las redes sociales y de la IA ha derivado en no pocas ocasiones en una suerte de “policía del pensamiento” o de bullying colectivo favorecido por la impunidad del anonimato, al más puro estilo del 1984 de Orwell.  En la cultura de la cancelación estaba uno de los gérmenes de la dialéctica del odio que hoy nos domina. El otro es el blanqueamiento de la extrema derecha como si fueran nuevos e inmaculados cuando representan lo peor de nuestra historia. Ahora estamos ya ante el ataque directo, a cara descubierta y sin medida, contra el rival político, afectando incluso a su familia y a sus seres queridos.

El exceso, la falta de mesura, cuando no directamente la mentira, el bulo, la injuria y la calumnia, se han instalado en nuestra vida pública, en nuestro parlamento, las hemos normalizado y nos van a dejar a todos ciegos. La dialéctica del odio, también llamada del enemigo, busca precisamente la cosificación del adversario político, su deshumanización. El presidente Pedro Sánchez la ha sufrido como nadie en estos años, destinatario de esos ataques ad hominen, sin medida, sin tregua, sin respeto. Contra él, aunque no solo contra él, vale todo y todo el tiempo. Acusaciones y descalificaciones que impulsan las emociones encontradas, la polarización social, las respuestas binarias y simples de blanco o negro, de buenos y malos españoles o, sin más, el ajuste de cuentas y, al final, inevitablemente, la “guerra de todos contra todos”. Porque no es justo que a quien sufre personalmente esos ataques se le pida que ponga la otra mejilla. No hay debate en nuestros días que responda a un diálogo racional, a una deliberación libre, informada y sin prejuicios, sobre hechos, sobre ideas o sobre proyectos, sino a la lógica acción-reacción, a un enfrentamiento suicida que nos está corroyendo como sociedad aunque la realidad económica, social y territorial sea otra, en verdad mucho mejor que hace 8 años. Nos hemos alejado tanto de la más elemental amistad cívica y de los valores laicos y republicanos que cuesta creer que hayamos sido capaces de vivir en democracia, de convivir pacíficamente, durante estos últimos 50 años. Porque, o recuperamos algunas ideas fundamentales, o el daño social y político puede ser irreversible, para las personas individualmente y su reputación, y también para nuestra democracia ¿Qué ideas son éstas? Pues son muy básicas, sencillas, pero se han olvidado: que la sociedad es diversa, que cada individuo es un mundo, que la libertad es incómoda, que los delitos (y en particular la corrupción) se dirimen en los tribunales, que el adversario no es un enemigo substancial al que hay que aniquilar, que la libertad de expresión no incluye el insulto y la calumnia y que el ser humano es sagrado. Sí: frente al homo homini lupus de Horacio (o del mismo Hobbes), solo nos salvará volver a Séneca, a su homo homini sacra res. 

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José Manuel Rodríguez Uribes es profesor titular de Filosofía del Derecho y presidente del Consejo Superior de Deportes.