El Real Decreto-Ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina (convalidado luego por el Congreso), además de tratar sobre el asunto del comercio de armas y de combustibles militares, incluye otros artículos referentes a la prohibición de importar bienes desde los asentamientos (ilegales) sionistas en Territorio Ocupado Palestino.

Por otro lado, la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en Territorio Ocupado Palestino y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita.

Ese Real Decreto y su validación en el Congreso se han hecho a rebufo de la presión social. No se entiende que, tratándose de un Estado ocupante y colonizador como Israel, desde un principio, con las normas ya existentes de comercio de armas, se hayan mantenido relaciones de compraventa de material bélico, ni que se le haya aceptado como miembro de la OCDE y cuasi miembro de la OTAN, etc., sin que España haya puesto objeciones.

Lo mismo vale para el comercio de bienes y servicios. No tiene sentido que España, la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional lleguen a acuerdos de asociación o tratados de comercio con un socio tan singular y, encima, haya permisividad y se mire a otro lado en relación con esos asentamientos, aunque se camufle burocráticamente que no están incluidos en los acuerdos. Israel, como Marruecos con el Sáhara Occidental, contrabandea y acrecienta la colonización. Y existe una total complicidad fáctica con Estados ocupantes y colonizadores.

Pero bienvenido sea ese Real Decreto. Aunque tenga agujeros, sea en la arbitrariedad gubernamental (en una “disposición adicional”) de abrir el comercio de armas ‘puntualmente’; o en no incluir en esa norma los Altos del Golán sirios, también ocupados; o en la ausencia de prohibición explícita de las exportaciones que se pudieran realizar desde España a esos asentamientos con la misma argumentación utilizada para la importación, siguiendo la Resolución de la Corte Internacional de Justicia (2024); o en no prohibir a las empresas españolas prestar servicios.

Por último, no existe una guía de sanciones a las empresas y directivos incumplidores, como podría ser –al modo en que lo ha hecho el ayuntamiento de Barcelona– excluir de sus concursos públicos a aquellas empresas implicadas en la colonización sionista de Palestina. Parecería que esos agujeros se hubiesen dibujado para que algunas empresas concretas eludan las prohibiciones de apoyo a la colonización israelí.

Así, por ejemplo, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), lleva bienes, sus trenes y sus autobuses Solaris, hasta diferentes asentamientos. Junto a otras filiales del grupo, como sería el caso de CAF Signalling, desarrolla las líneas Roja y Verde de tren ligero entre la ciudad ocupada de Jerusalén y los asentamientos próximos del Gran Jerusalén. Como empresa tractora, con necesidad de contratar a empresas auxiliares, cuenta con las españolas GMV y TYPSA para ciertos elementos necesarios de comunicaciones e ingenierías. Hay otras empresas de ingeniería o de control de calidad, como la canadiense WSP, una alemana, PISA, o la encargada de los raíles, la portuguesa Steconfer, que participan en esas líneas. CAF, junto a su socia, la israelí Shapir, son los gestores del servicio de transporte que refuerza el sistema de apartheid.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene el mandato de realizar una comprobación fáctica respecto a la participación de las empresas en una o más de las actividades incluidas en la lista de incidencia en la colonización ilegal, con miras a añadirlas o retirarlas de la base de datos. En este caso, CAF está inserta en el suministro de equipo y materiales que facilitan la construcción y expansión de los asentamientos y del muro, así como la infraestructura asociada; la prestación de servicios y suministros básicos que sostienen el mantenimiento y la existencia de los asentamientos, incluido el transporte; y el uso de los recursos naturales, en particular el agua y la tierra, para fines comerciales.

CAF, su socia Shapir, Steconfer, sus proveedores financieros Banco Hapoalim o Leumi, su cliente Egged,… están todos ellos incluidos en la relación de empresas colonizadoras que las Naciones Unidas periódicamente actualizan en su Base de Datos.

CAF ha pasado de afirmar que su proyecto colonial se llevaba a cabo en la ciudad israelí de Jerusalén, a declarar, en su Informe no financiero de 2024, que su proyecto “se encuentra parcialmente en territorios objeto de controversia política”, usando la terminología del ocupante. Ni siquiera se atrevió, cuando era ya inminente su inscripción en la Base de Datos en septiembre de 2025, a utilizar la palabra ‘ocupado’, ni el término ‘palestino’. Eso le llevaría a enfrentarse a su pagador, la potencia ocupante, Israel, que tiene como seña de identidad negar la ocupación y la colonización, y no aceptar a ese ‘otro’, la palestinidad, sólo el genérico ‘árabe’.

Para evitar perder contratos con las autoridades de Israel, y en un intento de justificarse, CAF recurrió a la fórmula de que las líneas ‘discurren parcialmente por Jerusalén Este’, eludiendo así la cuestión central. Jerusalén es una ciudad ocupada. El Gran Jerusalén, con los primeros 70 km.2 anexionados de Cisjordania (1967) y los ampliados con la construcción del Muro, es Territorio Ocupado. Palestina está ocupada y colonizada por la potencia ocupante, y hay empresas que están al servicio de la colonización. Empleando el título del Informe de Francesca Albanese, de la economía de la colonización a la economía del genocidio, con este comportamiento también se promueve llegar hasta este último.

La ley de prevención del genocidio, en su desarrollo de diciembre de 2025, ha fijado como identificación del origen de productos o servicios cuyo comercio y publicidad se prohíbe el desglose de los distritos postales de los asentamientos [consultar el listado aquí]. Utilizando ese desglose, hemos identificado cada una de las estaciones de las Líneas Roja y Verde de tren ligero de CFIR, la empresa participada al 50% por CAF y Shapir, y desvelado el servicio que realizan para el traslado de la población de la potencia ocupante a territorio ocupado –algo prohibido por la Convención de Ginebra, formalmente ratificada por Israel–, con sus sucesivas expropiaciones, expulsiones de palestinos y ampliación de asentamientos.

Todo esto demuestra la necesidad de seguir presionando al Gobierno y al poder legislativo para que tapen esos agujeros, porque Israel prosigue su política criminal contra los palestinos. Mientras tanto, habrá que seguir escudriñando las posibilidades jurídicas que nos ofrece la lectura de ese Real Decreto y otras leyes ya existentes, como las relativas al contrabando, argüidas en el caso SIDENOR, y el Código Penal mismo.

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

Una extraordinaria filtración reciente de dos millones de correos electrónicos provenientes del Ministerio de Justicia de Israel ha permitido que la asociación de medios European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre, llevara a cabo un trabajo de investigación, resumiendo y relacionando lo que ya se conoce como Archivos de Israel con muchos de los aspectos y episodios más ominosos de su acción política y militar, incluyendo algunos casos judiciales muy concretos.

Entre aquellos que se refieren a España, el periodista Ignacio Carrascón ha señalado el caso Al Daraj, en el que las víctimas palestinas de un bombardeo israelí recurrieron en 2002 a la Audiencia Nacional gracias a la Ley de Jurisdicción Universal vigente en nuestro país en aquel entonces. Esa norma se modificó en 2009 por acuerdo de los ministros de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, e israelí, Tzipi Livni, para que sólo pudiera aplicarse en el caso de que las víctimas fuesen españolas.

En 2010, el asalto israelí al barco Mavi Marmara, pionero de la Flotilla de la Libertad, que causó diez muertos y en el que hubo ciudadanos españoles secuestrados por tropas israelíes, motivó un nuevo procedimiento ante la Audiencia Nacional. De ahí que, para contrarrestarlo, la norma fuera nuevamente modificada en 2014, en este caso por el gobierno del Partido Popular, a fin de incluir el requisito legal de que los acusados se encontrasen en España.

Los Archivos de Israel abarcan muchos otros casos y países. Los correos hacen asimismo referencia, por ejemplo, a la demanda por presuntos delitos de odio contra una asociación sionista española, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), auxiliar de Israel en sus ataques a organizaciones o instituciones que se manifiestan a favor del pueblo palestino. Y en Francia, señalan los tentáculos israelíes que han intentado que no se especificase el origen de los productos importados de los asentamientos (ilegales), diferenciándolos así de aquellos procedentes de Israel.

En todo caso, la divulgación de esos correos hace que destaquen varios elementos en común.

Israel ha tenido tradicionalmente en cuenta que sus violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional, sus crímenes de lesa humanidad y genocidio, podrían ocasionar que las víctimas y asociaciones de muchos países interpusieran demandas judiciales ante sus respectivos tribunales, a pesar de la complicidad en la Ocupación por parte de muchos gobiernos y Estados.

Esto le ha llevado desde siempre a poner en marcha unas pseudoinvestigaciones internas que, junto a la propaganda, la aceptación acrítica del relato sionista por parte de Occidente y la labor de despachos de abogados y de lobbies políticos, han conseguido hasta ahora dos resultados transcendentales desde el punto de vista jurídico: que se considere a la justicia israelí como homologable a la de cualquier país democrático y respetuosa, por tanto, con el Derecho; y reforzar, por consiguiente, la impunidad de la que disfruta Israel, con toda clase de parabienes en todos los demás ámbitos: económicos (Acuerdo de Asociación con la UE, pertenencia a la OCDE); militares (socio de la OTAN en muchas de sus prerrogativas, incluyendo armamento y ejercicios militares); deportivas y culturales, FIFA, UEFA, FIBA, Eurovisión... De todo lo cual carece, por contraposición, la Rusia invasora.

De hecho, antes del archivo del caso Al Daraj, la Fiscalía, si bien admitiendo que podría ser considerado crimen de lesa humanidad, pedía su inadmisión en la Audiencia Nacional, ante la reiterada argumentación de la administración israelí de que ese caso estaba siendo ‘investigado’ por el ejército y la justicia israelíes, aspecto este repetido en cualquier demanda que interpongan los palestinos y las organizaciones de derechos humanos israelíes en la que se aporten pruebas o testimonios de cualquier atropello del ejército o de los colonos israelíes. Sólo que el resultado de esas investigaciones, de las leyes vigentes y de su interpretación por parte del aparato israelí judicial es que los casos que prosperan suelen rondar, en las mejores circunstancias, el 3%.

La demanda por el caso Al Daraj fue interpuesta por víctimas palestinas de un bombardeo acontecido en Gaza el 22 de julio del año 2002. Siguiendo su política de asesinatos extrajudiciales, Israel lanzó una bomba de una tonelada para acabar con la vida de un miembro de Hamás, ocasionando la muerte de quince personas –la mayoría de ellos niños y bebés– y causando heridas a otras 150. El Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) documentó el caso y seis palestinos ejercieron la acusación, la Asociación Al Quds de Málaga realizó un trabajo relevante de traducciones y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA) ejerció la acusación popular. La Audiencia Nacional llevó a cabo unas primeras diligencias tras aceptar su competencia por crímenes de lesa humanidad. Entre los acusados se encontraba el actual ministro sionista de Agricultura y Desarrollo Rural, Avraham Dichter. La complicidad de las autoridades españolas llevó a que, poco después del cambio legal de la Ley de Jurisdicción Universal, fuera invitado Dichter por el Ministerio de Defensa a través del CESEDEN. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le rindió pleitesía en una visita a Israel en febrero de 2023.

Las autoridades israelíes afirmaron que había una ‘investigación’ en curso y esa afirmación de parte fue admitida por la justicia española, y reiterada en tantas y tantas demandas en Israel o en otros países. Es el paraguas utilizado por Israel para parar y anular las demandas, en caso de que no se hayan cambiado las leyes en los países donde se presentaron las acusaciones.

En el caso del Mavi Marmara, ya con víctimas españolas, y con el CSCA de nuevo como acusador popular, su archivo fue obligado, como dijimos, por el nuevo cambio de la jurisdicción universal del Partido Popular en el año 2014. En el auto del archivo se pedía la comparecencia de los acusados en el juzgado, entre ellos de Benjamín Netanyahu, en caso de que alguna vez pisasen territorio español. Pero, ahí, nuestro Tribunal Supremo (en sus jueces Angel Hurtado, Concepción Espejel y Enrique López), por primera vez cambió el auto ratificado por la Audiencia Nacional y pidió la eliminación de los registros policiales correspondientes para que no se reclamase a Netanyahu.

Los correos filtrados recogen el importante papel desempeñado en esta estrategia de impunidad jurídica israelí por el bufete Cuatrecasas como partícipe en la misión de elaborar estrategias obstruccionistas, litigiosas y de cabildeo para contribuir a elaborar ciertas normas o abortar otras que interesen a Israel en su política de impunidad jurídica.

Carrascón también menciona que otros muchos correos tienen como protagonista a la asociación ACOM, dirigida por el sionista David Hatchwell, la cual promueve muchas demandas contra ayuntamientos y entidades que se manifiestan a favor de la causa palestina o proponen medidas contra la política criminal y colonial israelí, y a las que acusan de discriminación y antisemitismo. En los correos se hace referencia a la demanda que interpuso el CSCA contra ACOM por crímenes de odio y que, finalmente, fue archivada por considerar el tribunal que, si bien había expresiones públicas de ACOM antipalestinas, árabes o musulmanas, exageraciones o falta de veracidad en sus publicaciones digitales, primaba la libertad de expresión sobre otras consideraciones. Vistos los correos filtrados, hay fundadas sospechas sobre si habría de considerarse a ACOM una suerte de agente extranjero.

La justicia española y europea, la occidental, ha normalizado a Israel en el sentido de que le han otorgado gratuitamente una suerte de validación, de homologación jurídica. Y ello, a pesar de la evidencia de que la justicia israelí forma parte de la política del Estado colonial y del apartheid de Israel que han legitimado la ocupación, la tortura, la discriminación de la población palestina, el castigo colectivo, las expropiaciones y expulsiones, el hambre y la destrucción gratuita, el asesinato y el genocidio.

A finales de julio de este año 2025, yo mismo fui secuestrado junto a mis compañeros en el barco Handala, como parte de la Flotilla de la Libertad. Llevados a tierra, la acusación formulada en nuestra contra fue la de querer entrar ilegalmente en Israel, cuando en realidad navegábamos por aguas internacionales rumbo a Gaza. La justicia israelí homologada asume el secuestro en aguas internacionales por parte del ejército de ocupación y acepta, además, el cargo de que los secuestrados queríamos entrar ilegalmente en el país. Con ello se da a entender que el Estado de Israel y su tan subsidiaria justicia consideran la palestina Gaza como parte de Israel, que pueden formular las acusaciones que deseen a modo de excusa y no van a recibir ningún correctivo por sus actuaciones. Es lo que está ocurriendo: impunidad y homologación judicial.

Y falta tiempo para que se revierta esta situación.

¿Para cuándo la ruptura de acuerdos con esa justicia de la potencia colonial, del apartheid, justificadora del genocidio de los palestinos?

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.