Las decisiones adoptadas por los responsables de Meta tras la investidura, hace casi un año, del presidente Trump, en consonancia con el alineamiento de la red X, por decisión de Elon Musk, con posiciones políticas de extrema derecha y suprimiendo el sistema de verificación de la verdad de la información que se ofrece, han tenido, desde entonces, una proyección clara sobre los derechos de escritores y periodistas y sobre la libertad de expresión. También, y quizá como prolongación inevitable de esas decisiones, se ha proyectado sobre la actividad literaria y sobre el valor y el papel de la verdad en la conformación de la cultura y del periodismo. Un mundo desconocido, poblado de nubarrones, se ha abierto desde entonces ante los creadores, especialmente ante los autores literarios. 

Desde años antes, a partir de 2019 con especial intensidad, una minoría que controla e impulsa las plataformas tecnológicas, con la ignorancia de sus usuarios, ha venido utilizando, sin reglas, contenidos (libros, revistas, informes, artículos) protegidos, y ateniéndose a un principio básico: la lógica del beneficio. El objetivo: alimentar y entrenar a la Inteligencia Artificial y abrir paso a su fase como herramienta “generativa”, es decir a la IAG. Mientras el inmenso colectivo que aporta la materia prima (pensamiento, conocimiento, relato, creatividad, libros, estudios, ensayos…), habituado al trabajo individual propio de todo creador, parece vivir aún en el siglo XX y, si se me apura, en el XIX, esos poderes tecnológico-mediáticos han venido actuando, pensando y configurando un “nuevo sistema” nutriéndolo con lo que millones de autores creamos (y editores publican). Sin pedir autorización, por supuesto, sin remuneración alguna y con nula transparencia, alimentan la máquina con nuestro trabajo y desaparecen o se reducen a la mínima expresión conceptos como utilidad pública, servicio a la sociedad, democracia, búsqueda de la verdad y del bienestar general y del reequilibrio económico y social, respeto y pago a los autores, siendo los objetivos dominantes meramente especulativos y de alimentación de un negocio que dinamita cualquier ética vinculada a la propiedad intelectual. La noticia hecha pública por CEDRO el pasado mes de julio en el sentido de que al menos 41.000 obras sujetas a derechos de autor, previamente pirateadas, habrían sido utilizadas en el entrenamiento de los modelos en castellano de IAG, ha puesto de relieve lo que para muchos era solo un rumor y para los más informados una convicción.  

El escritor, el traductor, el periodista han vivido al margen de ese saqueo silencioso de contenidos hasta el punto de que hoy se desconoce su alcance pese a que, inevitablemente, va a afectar al futuro de su trabajo, incluso a la sostenibilidad de algunas profesiones vinculadas a la creación o a la traducción.

La legislación de propiedad intelectual, hecha para el “mundo físico”, un mundo en el que la trazabilidad de las obras era (es, todavía) una posibilidad cierta y en el que la lucha contra la piratería y la reproducción ilegal se ha saldado con ciertos éxitos, no se ha aplicado con rigor y determinación en el mundo digital, en el mundo, evanescente a veces, de Internet, de las redes sociales, de la opacidad (paradójicamente, Internet nació de la mano de la transparencia y de la democratización de la cultura), un mundo que deja de ser evanescente cuando actúa sobre nuestras vidas, sobre la cotidianidad, sobre principios básicos de convivencia o, sobre un principio elemental, acuñado en todo proyecto civilizatorio, como la propiedad intelectual, los derechos de autor. 

En paralelo, se ponen en evidencia prácticas “menores” que, lejos de atenuar los efectos de esa ofensiva unilateral de las plataformas tecnológicas, los intensifican. Escuchamos, en ocasiones, cómo en medios informativos de amplia difusión y contrastada solvencia, escritores conocidos se vanaglorian, medio en broma medio en serio, de haber preguntado a Chat GPT determinadas dudas sobre cualquier tema, o de realizar sistemáticas pruebas acerca de las capacidades de la IAG para generar literatura “al estilo de…” o, simplemente, escribir relatos, poemas o crear ilustraciones. No dudo de la legitimidad para hacerlo, pero sí resalto el grado de trivialización con que a veces se trata, incluso con materiales de dominio público y no protegidos, el acceso a una herramienta cuyos fines últimos sólo conocen, por ahora, sus promotores y diseñadores y cuyos pronunciamientos públicos suelen derivar en desdén por cualquier derecho autoral y por la resistencia a asumir normas y regulaciones que salvaguarden esos derechos y, sobre todo, el control por la sociedad y sus instituciones de su posible vulneración. Es preciso aclarar que el peligro no está en el uso de la IA para documentarse, para ahorrar tiempos de búsqueda en diccionarios y enciclopedias o en hemerotecas, sino en la conversión de la “máquina” en protagonista del proceso creativo, suplantando al ser humano en una labor espiritual inalienable. 

La IA, que tiene indudables beneficios y capacidades para resolver enigmas científicos y para aportar soluciones a grandes problemas del ser humano en los campos de la medicina, de la alimentación, del medio ambiente, del desarrollo económico o de las políticas de bienestar social, se utiliza, en el ámbito de la creación artística, para trasladar la imaginación humana y sus capacidades, las experiencias más íntimas del hombre o de la mujer, la memoria y la cotidianidad de la vida a un sistema de algoritmos que mueve datos sin subjetividad, sin sentimientos, sin finalidades éticas ni morales.   

Quizá nunca como en este tiempo los creadores hemos necesitado la actuación del Estado para defender el principio básico de toda creación. Estamos ante una reflexión incómoda que, inevitablemente, divide al mundo literario: de un lado, el falso paradigma de la cultura libre y gratuita que ha alimentado la piratería y los usos fraudulentos con argumentos tan simples como peregrinos, se pretende extender a todo cuanto rodea la implementación de la IAG, comenzando por los “materiales” sujetos a derechos de autor utilizados en su diseño y entrenamiento, sean procedentes de entidades privadas (editoriales, periódicos, medios asimilados), sean de instituciones públicas (bibliotecas, fondos universitarios, de fundaciones, etc…), y acabando con su explotación comercial. De otro, la concepción, elemental para la práctica totalidad de los sectores productivos, que parte de que todo trabajo ha de ser remunerado y de que detrás de toda obra humana, sea una silla, un saco de legumbres o un smartphone, hay trabajo acumulado e ideas originales y propietarios de ese trabajo que han hecho posibles tales objetos o bienes. ¿O sólo la propiedad intelectual queda fuera del nivel de protección del resto de las propiedades?

Todo cuanto he expuesto desborda nuestras capacidades prospectivas por su novedad. Pero detrás de la “invasión algorítmica” hay ideología y hay, sobre todo, un modelo de sociedad. Las dimensiones del negocio generado son incalculables y las consecuencias morales, éticas, que pueden impregnar una colectividad sometida al sistema de valores (ultraliberalismo, desprecio de los derechos humanos y del derecho internacional, censura sistematizada, odio a lo diferente y al diferente, antifeminismo) de imperios privados, con apoyos públicos o no, cuya guía fundante no es otra que el aprovechamiento económico a gran escala y la configuración de un mundo que pulveriza todo planteamiento humanista y democrático.

El Consejo Europeo de Escritores (EWC), el Europeo de Asociaciones de Traductores Literarios y otras organizaciones, entre las que se encuentra ACE y la Conferencia de Asociaciones de nuestro país, han hecho públicas sus exigencias, basadas en la tríada Autorización, Remuneración y Transparencia, y han trasladado al Parlamento Europeo y a otras instancias internacionales unas exigencias básicas, exigencias profundamente arraigadas en la cultura moderna, en la Ilustración y en el valor universal de los derechos de autor y de la propiedad intelectual. En España, las instituciones deben atender esa demanda y es preciso buscar un lugar de encuentro, de diálogo, que conlleve el logro de un gran acuerdo para diseñar y aprobar un marco jurídico que convierta a la IAG en un sistema sostenible, democrático y respetuoso con los principios mencionados y que salvaguarde la transparencia en los usos de las obras y contenidos protegidos. Al margen de ello, solo existe la ley de la selva: es decir, la del más fuerte. ¿Estamos a tiempo? 

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Manuel Rico Rego es escritor y crítico literario. Sus últimos libros son 'La ficción y la vida' (2024) y 'Qué es la poesía' (2025). Preside la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores.