La definición que en el diccionario de la RAE se puede leer respecto al término crueldad solo ofrece, como parece obvio, connotaciones negativas. No deja un solo resquicio para una intencionalidad diferente: “Inhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad”. Es decir, alude a un comportamiento radicalmente confrontado con los valores que, en las sociedades modernas, desde la Ilustración, han sido guía y referente en las relaciones entre los seres humanos. Incluso en el ámbito de la política. En la España nacida tras la dictadura, desde los años de la Transición, un período en el que los principales partidos (y las organizaciones sociales, comenzando por los sindicatos) desarrollaron una relación comprensiva, propicia a la negociación y al acuerdo, transigente y orientada al entendimiento entre contrarios, hasta hoy, se han producido inquietantes cambios.

De aquella disposición se derivaron resultados como la Constitución, o los Pactos de la Moncloa, o el cierre del mapa autonómico, o el consenso sobre los usos y la oficialidad de las lenguas que habían sido marginadas, cuando no prohibidas, bajo la dictadura. Ese clima, en el que nunca quedó excluida la confrontación sobre proyectos o el ejercicio de cuantas vías de respuesta, desacuerdo y oposición contempla el texto constitucional (desde la huelga hasta las manifestaciones o concentraciones), se mantuvo, con más o menos altibajos, hasta la entrada de España en la guerra de Irak y, de un modo muy especial, tras los atentados del 11-M en Madrid y, sobre todo, a partir del debate político acerca de su autoría, un debate cuyo eje fue el intento de adjudicar a la banda terrorista ETA la identidad política e ideológica de sus autores.

Desde entonces el debate y parte de las actuaciones de algunas figuras relevantes de la política, esencialmente de la oposición conservadora y de la extrema derecha, se ha ido cargando de tonos y contenidos que desbordan todo asomo de civilidad, incluida la obsesión por hacer desaparecer de los currículos docentes de secundaria una materia tan básica como Educación para la ciudadanía. Desde 2018 y tras la moción de censura esa tendencia se ha agravado hasta límites inimaginables una década antes.

No sería descabellado afirmar que el tremendismo en los calificativos y las hipérboles verbales en el debate parlamentario, con un lenguaje cargado de odio, de inhumanidad, de gravísimos insultos, de deshumanización del adversario, han pasado a estructurar, de modo premeditado, el lenguaje de la oposición. En paralelo, no es difícil comprobar cómo esa deriva se asoma al ámbito de la Justicia: asistimos a procedimientos más que discutibles — incluso desde la interpretación literal de las leyes—, con comportamientos de ciertos magistrados en las antípodas de la protección de los derechos de los investigados y, en no pocos casos, de cuestionamiento, culpable, de la presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo, algo que se acompaña de una peligrosa tendencia a propiciar la humillación, incluso el escarnio ante la opinión pública de imputados con nombre y apellidos. Es decir: un comportamiento cruel en el que el ensañamiento se corresponde con la carencia de pruebas, sustituyendo la certeza por la probabilidad, por el “quizá” o por el acompañamiento del “entorno” para sentenciar culpables.

Es una evolución que funciona en paralelo en el territorio de la política y en el ámbito judicial. Y no de manera espontánea, sino planificada, abrupta y grosera. Daré un ejemplo contundente: hay un “comodín” llamado ETA cuyo uso, por el PP y por Vox, lo demuestra. En el Reino Unido, el fin del terrorismo del IRA, con la firma del Acuerdo de Belfast, se produjo en 1998: hace 28 años. La violencia del IRA dejó una estela de más de 3.000 muertos, cifra que multiplica por tres los provocados por el terrorismo etarra en nuestro país. ¿Es posible imaginar que, en las décadas posteriores al final de esa lacra en Reino Unido, con el Sinn Fein —la formación política “heredera” del IRA— trabajando en las instituciones administrativas y representativas, y tras una larga trayectoria de su líder, Gerry Adams (cuyo paralelismo con Arnaldo Otegui es evidente), ese partido y ese líder hubieran sido calificados de modo sistemático, tanto en los debates parlamentarios como en los procesos electorales, por conservadores y liberales, de banda de asesinos o de terroristas, y que quienes acordaran con ellos la gobernabilidad de pueblos o ciudades, de la propia Irlanda del Norte, fueran tachados de “amigos o cómplices del terrorismo”? Inimaginable.

Pues a eso asistimos en España 15 años después del fin de ETA, con Bildu desenvolviéndose dentro del marco constitucional. No solo se le adjudica el calificativo de banda de asesinos, sino que a quienes pactan con la formación dentro de ese mismo marco constitucional se los tacha de cómplices o amigos del terrorismo. Lo que en Reino Unido resulta inimaginable aquí es el pan nuestro de cada día. No se trata de un error político ni de un exceso inconsciente de algunos líderes: el lema electoral “Que te vote Txapote”, la ignorancia del papel fundamental que desempeña hoy en ese partido gente procedente de Gesto por la Paz o la ceguera deliberada ante la práctica cotidiana de Bildu y su compromiso con las instituciones estatales y del País Vasco no pueden sino calificarse de actitudes premeditadas, aun a sabiendas de que son erráticas. Es decir, de una actuación marcada por la crueldad.

Directamente relacionada con todo ello es preciso entender la negativa a aplicar la Ley de Memoria Democrática, negando a las víctimas cualquier mínima reparación, o un acto tan inconcebible como oponerse a la colocación de una placa resignificando la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid con una inscripción que recuerde que allí la policía política del franquismo torturó y asesinó a demócratas y opositores de toda condición. Por no hablar de Cuelgamuros y la resistencia a fijar para la historia su condición de símbolo de la represión de un régimen abyecto y del sufrimiento de miles de condenados a trabajos forzosos, algo que debiera comprometer a derecha e izquierda, tal y como ocurre en cualquier país que ha salido de un régimen dictatorial.

Y, en el ámbito judicial, en demasiadas ocasiones algunos magistrados nos llevan a recordar tiempos de los que no pocos ciudadanos guardamos memoria y que evocan las prácticas del Tribunal de Orden Público. Penas que un buen número de expertos califican de desmedidas como las aplicadas a Ábalos o a Koldo, negativas a aplicar la Ley de Amnistía por parte del Supremo, incluso después de pronunciarse favorablemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una clara actitud de rebelión ante el Parlamento, gestos como el del juez Peinado exigiendo un estrado para situarse por encima del ministro Bolaños, o firmando argumentos inverosímiles sobre la posible fuga de la esposa del presidente, regateando la devolución del pasaporte y planteando su sometimiento a un jurado popular. Todo ello tiene más de práctica inquisitorial y de búsqueda de la humillación pública, en un clima de tensión política que impregna gravemente al conjunto de la sociedad, que de ejercicio sereno de la justicia. Por no hablar del desprecio hacia la opinión coincidente de diversos testigos —periodistas, funcionarios, opositores— que, por puro sentido común, exoneraría de toda responsabilidad penal a David Sánchez o, en otro plano, al que fuera fiscal general del Estado.

En todos esos casos se dan similares o parecidas circunstancias. El in dubio pro reo se convierte justo en lo contrario de lo que significa: en caso de duda, culpable; la presunción de inocencia se pulveriza: siempre la presunción es de culpabilidad; los informes de la UCO se filtran indiscriminadamente, incluso antes de que los pueda examinar el juez y contienen inferencias y posicionamientos policiales que se apartan de la mera aportación de datos objetivos. No resulta difícil recordar los informes policiales de otros tiempos, siempre asumidos por los jueces sin pestañear, incluso cuando habían sido obtenidos mediante tortura. Es llamativo que sólo la supuesta filtración atribuida al anterior Fiscal General se ha investigado hasta descubrir que había un cómplice llamado “entorno”, o que la investigación que el juez Calama anunció a bombo y platillo hace una o dos semanas sobre la gravísima exposición pública de dos años de contenidos privados protegidos del presidente Zapatero parece haber entrado en el hondón del olvido (al menos, del “no se sabe”). Esto es una pequeña muestra. 

La crueldad requiere una voluntad previa de proceder para producir daño, para generar dolor emocional o dolor físico, para deshumanizar y despojar de derechos a aquel sobre quien se va a actuar. Es decir, premeditación que se traduce en voluntad de humillar por razones de índole ideológica y política que se agregan al supuesto delito o a la supuesta falta. Nada de compasión, nada de velar por los derechos del inculpado o investigado: es decir, inquisición pura y dura, todo lo contrario del equilibrio, el rigor y la mesura que dignifican la palabra juez.

A mi juicio, ese factor, que despoja al magistrado de su condición última y lo convierte en puro acusador que parte de una culpabilidad de origen (a veces sustentada en prejuicios políticos) tiene una presencia abrumadora en parte de los procedimientos a los que he hecho referencia. El principio de que todo acusado es inocente mientras no se demuestre lo contrario, es enterrado conscientemente. No por cautela, sino por voluntad, explícita o implícita, de dañar la imagen del “reo”, de sacarlo a la plaza pública con filtraciones que no se investigan (ya he señalado que solo una ha sido merecedora de esa práctica), y alimentar tertulias, prensa amarilla y bulos. ¿Alguien podría reconocer en esos procesos la definición que el Diccionario panhispánico de términos jurídicos da al concepto In dubio pro reo: “Es un principio jurídico básico en el derecho penal que expresa la obligatoriedad de favorecer al acusado de un delito cuando las pruebas no sean suficientes para demostrar la culpabilidad”? Una definición a la que se añade que “este principio de in dubio pro reo implica que el juez o tribunal tiene la obligación de absolver al acusado en caso de albergar alguna duda sobre su culpabilidad”. Es decir, todo lo contrario de lo que estamos constatando.

Vivimos, lo queramos o no, a la sombra de una dialéctica de la crueldad más que inquietante, radicalmente contraria a la sana confrontación democrática y al respeto al ciudadano. Una dialéctica que se aplica en la política y que asoma demasiadas veces en la práctica judicial. Y que a algunos nos trae recuerdos, como poco, desapacibles pese a parecernos remotos.

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Manuel Rico Rego es escritor y crítico literario. Su último libro publicado, 'Qué es la poesía' (Silex, 2025), ha obtenido el Premio Estado Crítico de Ensayo.

Las decisiones adoptadas por los responsables de Meta tras la investidura, hace casi un año, del presidente Trump, en consonancia con el alineamiento de la red X, por decisión de Elon Musk, con posiciones políticas de extrema derecha y suprimiendo el sistema de verificación de la verdad de la información que se ofrece, han tenido, desde entonces, una proyección clara sobre los derechos de escritores y periodistas y sobre la libertad de expresión. También, y quizá como prolongación inevitable de esas decisiones, se ha proyectado sobre la actividad literaria y sobre el valor y el papel de la verdad en la conformación de la cultura y del periodismo. Un mundo desconocido, poblado de nubarrones, se ha abierto desde entonces ante los creadores, especialmente ante los autores literarios. 

Desde años antes, a partir de 2019 con especial intensidad, una minoría que controla e impulsa las plataformas tecnológicas, con la ignorancia de sus usuarios, ha venido utilizando, sin reglas, contenidos (libros, revistas, informes, artículos) protegidos, y ateniéndose a un principio básico: la lógica del beneficio. El objetivo: alimentar y entrenar a la Inteligencia Artificial y abrir paso a su fase como herramienta “generativa”, es decir a la IAG. Mientras el inmenso colectivo que aporta la materia prima (pensamiento, conocimiento, relato, creatividad, libros, estudios, ensayos…), habituado al trabajo individual propio de todo creador, parece vivir aún en el siglo XX y, si se me apura, en el XIX, esos poderes tecnológico-mediáticos han venido actuando, pensando y configurando un “nuevo sistema” nutriéndolo con lo que millones de autores creamos (y editores publican). Sin pedir autorización, por supuesto, sin remuneración alguna y con nula transparencia, alimentan la máquina con nuestro trabajo y desaparecen o se reducen a la mínima expresión conceptos como utilidad pública, servicio a la sociedad, democracia, búsqueda de la verdad y del bienestar general y del reequilibrio económico y social, respeto y pago a los autores, siendo los objetivos dominantes meramente especulativos y de alimentación de un negocio que dinamita cualquier ética vinculada a la propiedad intelectual. La noticia hecha pública por CEDRO el pasado mes de julio en el sentido de que al menos 41.000 obras sujetas a derechos de autor, previamente pirateadas, habrían sido utilizadas en el entrenamiento de los modelos en castellano de IAG, ha puesto de relieve lo que para muchos era solo un rumor y para los más informados una convicción.  

El escritor, el traductor, el periodista han vivido al margen de ese saqueo silencioso de contenidos hasta el punto de que hoy se desconoce su alcance pese a que, inevitablemente, va a afectar al futuro de su trabajo, incluso a la sostenibilidad de algunas profesiones vinculadas a la creación o a la traducción.

La legislación de propiedad intelectual, hecha para el “mundo físico”, un mundo en el que la trazabilidad de las obras era (es, todavía) una posibilidad cierta y en el que la lucha contra la piratería y la reproducción ilegal se ha saldado con ciertos éxitos, no se ha aplicado con rigor y determinación en el mundo digital, en el mundo, evanescente a veces, de Internet, de las redes sociales, de la opacidad (paradójicamente, Internet nació de la mano de la transparencia y de la democratización de la cultura), un mundo que deja de ser evanescente cuando actúa sobre nuestras vidas, sobre la cotidianidad, sobre principios básicos de convivencia o, sobre un principio elemental, acuñado en todo proyecto civilizatorio, como la propiedad intelectual, los derechos de autor. 

En paralelo, se ponen en evidencia prácticas “menores” que, lejos de atenuar los efectos de esa ofensiva unilateral de las plataformas tecnológicas, los intensifican. Escuchamos, en ocasiones, cómo en medios informativos de amplia difusión y contrastada solvencia, escritores conocidos se vanaglorian, medio en broma medio en serio, de haber preguntado a Chat GPT determinadas dudas sobre cualquier tema, o de realizar sistemáticas pruebas acerca de las capacidades de la IAG para generar literatura “al estilo de…” o, simplemente, escribir relatos, poemas o crear ilustraciones. No dudo de la legitimidad para hacerlo, pero sí resalto el grado de trivialización con que a veces se trata, incluso con materiales de dominio público y no protegidos, el acceso a una herramienta cuyos fines últimos sólo conocen, por ahora, sus promotores y diseñadores y cuyos pronunciamientos públicos suelen derivar en desdén por cualquier derecho autoral y por la resistencia a asumir normas y regulaciones que salvaguarden esos derechos y, sobre todo, el control por la sociedad y sus instituciones de su posible vulneración. Es preciso aclarar que el peligro no está en el uso de la IA para documentarse, para ahorrar tiempos de búsqueda en diccionarios y enciclopedias o en hemerotecas, sino en la conversión de la “máquina” en protagonista del proceso creativo, suplantando al ser humano en una labor espiritual inalienable. 

La IA, que tiene indudables beneficios y capacidades para resolver enigmas científicos y para aportar soluciones a grandes problemas del ser humano en los campos de la medicina, de la alimentación, del medio ambiente, del desarrollo económico o de las políticas de bienestar social, se utiliza, en el ámbito de la creación artística, para trasladar la imaginación humana y sus capacidades, las experiencias más íntimas del hombre o de la mujer, la memoria y la cotidianidad de la vida a un sistema de algoritmos que mueve datos sin subjetividad, sin sentimientos, sin finalidades éticas ni morales.   

Quizá nunca como en este tiempo los creadores hemos necesitado la actuación del Estado para defender el principio básico de toda creación. Estamos ante una reflexión incómoda que, inevitablemente, divide al mundo literario: de un lado, el falso paradigma de la cultura libre y gratuita que ha alimentado la piratería y los usos fraudulentos con argumentos tan simples como peregrinos, se pretende extender a todo cuanto rodea la implementación de la IAG, comenzando por los “materiales” sujetos a derechos de autor utilizados en su diseño y entrenamiento, sean procedentes de entidades privadas (editoriales, periódicos, medios asimilados), sean de instituciones públicas (bibliotecas, fondos universitarios, de fundaciones, etc…), y acabando con su explotación comercial. De otro, la concepción, elemental para la práctica totalidad de los sectores productivos, que parte de que todo trabajo ha de ser remunerado y de que detrás de toda obra humana, sea una silla, un saco de legumbres o un smartphone, hay trabajo acumulado e ideas originales y propietarios de ese trabajo que han hecho posibles tales objetos o bienes. ¿O sólo la propiedad intelectual queda fuera del nivel de protección del resto de las propiedades?

Todo cuanto he expuesto desborda nuestras capacidades prospectivas por su novedad. Pero detrás de la “invasión algorítmica” hay ideología y hay, sobre todo, un modelo de sociedad. Las dimensiones del negocio generado son incalculables y las consecuencias morales, éticas, que pueden impregnar una colectividad sometida al sistema de valores (ultraliberalismo, desprecio de los derechos humanos y del derecho internacional, censura sistematizada, odio a lo diferente y al diferente, antifeminismo) de imperios privados, con apoyos públicos o no, cuya guía fundante no es otra que el aprovechamiento económico a gran escala y la configuración de un mundo que pulveriza todo planteamiento humanista y democrático.

El Consejo Europeo de Escritores (EWC), el Europeo de Asociaciones de Traductores Literarios y otras organizaciones, entre las que se encuentra ACE y la Conferencia de Asociaciones de nuestro país, han hecho públicas sus exigencias, basadas en la tríada Autorización, Remuneración y Transparencia, y han trasladado al Parlamento Europeo y a otras instancias internacionales unas exigencias básicas, exigencias profundamente arraigadas en la cultura moderna, en la Ilustración y en el valor universal de los derechos de autor y de la propiedad intelectual. En España, las instituciones deben atender esa demanda y es preciso buscar un lugar de encuentro, de diálogo, que conlleve el logro de un gran acuerdo para diseñar y aprobar un marco jurídico que convierta a la IAG en un sistema sostenible, democrático y respetuoso con los principios mencionados y que salvaguarde la transparencia en los usos de las obras y contenidos protegidos. Al margen de ello, solo existe la ley de la selva: es decir, la del más fuerte. ¿Estamos a tiempo? 

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Manuel Rico Rego es escritor y crítico literario. Sus últimos libros son 'La ficción y la vida' (2024) y 'Qué es la poesía' (2025). Preside la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores.