En muchas ocasiones, la sociedad va por delante de sus gobernantes. Ciudadanos y ciudadanas que se unen y organizan para defender ideas y construir proyectos que consideran necesarios para vivir en sociedades justas y dignas.

Y es esta conciencia social la que está detrás de la iniciativa popular lanzada en 2024 por el colectivo Regularización Ya! con el objetivo de acabar con la discriminación que sufren miles de personas que viven y trabajan en España.

Pero para que esa y otras iniciativas se hagan realidad, es necesario que al otro lado haya un Gobierno dispuesto a sacarlas adelante con un plan de políticas públicas. Y eso es lo que ha pasado este año en España. A pesar de la oposición de la extrema derecha y el bloqueo durante algo más de un año, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado un paso adelante, y el proceso extraordinario de regularización de migrantes en situación irregular ya está en marcha.

Se trata ni más ni menos que de reconocer los derechos y las obligaciones de las personas que ya forman parte de nuestra sociedad, tratarlas con la dignidad que merecen. Porque la gestión ordenada no cae del cielo, y no es sostenible para un país —ni humano— mantener a cientos de miles de personas en el limbo jurídico, laboral y social.

Si entendemos que nadie decide dónde nacer, nos sentiremos tremendamente afortunados por haber visto la luz en la Unión Europea. ¿Usted ha pensado que podría haber nacido mujer en Kabul?

Pero no se trata simplemente de un gesto humanitario del Ejecutivo, sino de una gestión proporcionada e inteligente que persigue el crecimiento económico, la riqueza y el progreso para nuestro país, que, por cierto, se encuentra entre los más envejecidos del mundo, en el continente más envejecido.

La cifra prevista de solicitudes se ha duplicado, señal de que la necesidad y la injusticia era mayor de lo que pensábamos, porque los trámites han sido exigentes y rigurosos.

Pero el ejecutivo de Pedro Sánchez no ha dado un paso inédito ni mucho menos. Desde la vuelta a la democracia ha habido seis procesos de regularización. En 1986 se registraron más de 35.000 solicitudes, mientras que en 1991 se llegó a más de 110.000 personas. Entre 2000 y 2001 se aprobó un proceso sin precedentes regularizando a más de 500.000 personas.

Esto demuestra que los procesos regularizadores extraordinarios son elementos esenciales de la política migratoria y lo llevan a cabo tanto gobiernos progresistas como conservadores, contando con un amplio respaldo social. En esta ocasión, se han posicionado a favor prácticamente todos los sectores de la población: sindicatos, patronal, agricultores, la Conferencia episcopal, ONGs…

Los únicos que se han opuesto frontalmente con argumentos falaces y xenófobos han sido dos partidos políticos: Vox y el PP a la saga. Cabe preguntarse si es por cálculo electoral, hipocresía o crueldad, pero en cualquier caso es radicalmente contrario a los valores católicos de los que tanto presumen.

Muchas de estas personas que se oponen fieramente desde las pancartas, los micrófonos o las redes sociales saben —estoy seguro— que sin inmigrantes, España deja de ser España. Y lo saben porque sus padres, madres o hijos están siendo cuidados por inmigrantes sin papeles que trabajan en sus casas, y también en sus explotaciones agrícolas, en sus fábricas, en sus restaurantes...

Otros Estados miembros de la UE han llevado a cabo procesos de regularización, no solo España, como quieren hacernos creer algunos. En el informe REGINE de la International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) realizado en 2009 encontramos 43 iniciativas entre 1996 y 2007, como la llevada a cabo por Alemania en 2002 regularizando a más de 75.000 personas; la regularización de Grecia entre 2001 y 2005 de más de 520.000 personas o la Italia de Berlusconi, que regularizó a 650.000 personas en 2002, y la de Conte a 200.000 en 2020 durante la pandemia.

La migración es riqueza. El primer paso es la regularización, pero el siguiente debe ser el de la integración; que además es la manera más inteligente de luchar contra las mafias que se lucran con la migración irregular.

La pregunta no es si migración sí o no, sino cómo. Cada vez hay más herramientas para abordar la gestión de la migración de una manera eficiente, más humanitaria y abriendo vías legales.

Algunas de estas herramientas han sido aprobadas en las instituciones comunitarias, como el permiso único para la obtención de un permiso de trabajo en toda la EU o la tarjeta azul, que establece el marco legal y las condiciones de entrada y permanencia de trabajadores cualificados provenientes de terceros países. También contamos con el Talent Pool, una plataforma en línea que conecta a trabajadores de terceros países con ofertas de empleo de empresas europeas. Esto facilita la contratación de mano de obra en sectores con escasez de personal.

El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con una política migratoria coordinada y humanitaria quedó patente durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea de 2023, con la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Queremos para el resto de Europa lo mismo que para España, donde la población extranjera está integrada laboral, cultural, social y económicamente.

La aspiración y el derecho a mejorar nuestra vida es intrínseco al ser humano y nadie puede arrebatárnoslo.

Quiero acabar poniéndome en la piel de los inmigrantes que llegaron a Canadá el siglo pasado. Cuando entraban al país por el puerto de Halifax lo primero que veían era un cartel que decía en varios idiomas: Bienvenidos a Canadá.

Hagamos lo mismo y démosles la bienvenida a España.

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Javier Moreno es presidente de la Delegación socialista española en el Parlamento Europeo.

¿Tiene sentido que una organización creada para proteger a sus miembros dé pasos en contra de los intereses de los mismos? Ninguno.

Partiendo de esta premisa, tampoco es creíble que la Unión Europea llegue a acuerdos comerciales con terceros países que perjudiquen a sus Estados miembros.

El intercambio comercial ha acompañado al ser humano prácticamente desde los albores de la humanidad. En el Neolítico hacían trueque con pieles de animales, herramientas… y con la agricultura nació el comercio. Es una práctica inherente al desarrollo de los pueblos y las sociedades, y no se detendrá. Por eso, el debate es si lo hacemos con o sin reglas, con imposición o con negociación. Y en estos momentos en el que Donal Trump ha optado por lo primero, haciendo saltar por los aires las reglas del comercio internacional y aplicando la ley del más fuerte, nuestra apuesta es la contraria, establecer reglas para que sea una práctica justa y sostenible, social y medioambientalmente. 

Desde que nació la Unión Europea, no ha habido ni un solo acuerdo comercial suscrito con terceros que no haya generado beneficios para Europa. Un ejemplo reciente lo encontramos en el Acuerdo Comercial y Económico Global con Canadá, conocido como CETA, frente al que se levantaron muchas voces en contra pero del que ya no se ha vuelto a escuchar más, quizá porque no se cumplió ninguno de los malos pronósticos que vaticinaban esas voces. Realmente, ha sucedido todo lo contrario; desde que entró en vigor en 2017 el comercio ha aumentado un 66% y se han creado más de 700.000 empleos en ambos lados del Atlántico. 

Los resultados nos han dado la razón a quienes entonces defendíamos que el acuerdo con un país con quien compartimos valores, estándares y cultura solo podría generar beneficios para ambas partes. Y las mismas expectativas tenemos con Mercosur, incluso más altas si hablamos en términos de población y volumen de bienes. 

El Acuerdo de asociación de la UE con Mercosur es un logro sin precedentes de la política exterior y comercial de la UE en los últimos años. La unión de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay supone un mercado de 270 millones de habitantes, con un PIB de 2,7 billones de euros, es decir, que conjuntamente conforman la sexta economía del mundo. La Comisión Europea calcula que el potencial de exportaciones podría aumentar en 84.000 millones y generar unos 756.000 empleos adicionales, beneficiando especialmente al sector automovilístico europeo, a industrias como la química o la farmacéutica, y a la agroalimentación, en sectores como el queso, el vino o las bebidas espirituosas. Se estima que, como resultado de la liberalización, las exportaciones de mercancías y servicios de la UE a Mercosur aumenten entre un 52 y un 68%, y las importaciones de la UE procedentes de Mercosur lo hagan entre un 11 y un 14%.

Por eso las preguntas más pertinentes que caben hacerse son ¿quiénes? y ¿por qué se oponen a Mercosur? La respuesta es: aquellos que se oponen a cualquier acuerdo comercial porque eso engrandece y fortalece a la Unión Europea. 

Esto no va de agricultura. Precisamente uno de los pilares más sólidos de la Unión, si no el que más, es la Política Agraria Común (PAC). Desde que nació el proyecto europeo, la seguridad alimentaria y, por tanto, el cuidado de la agricultura, ha sido uno de sus ejes fundamentales. No es casualidad que el 25% del presupuesto de la UE se destine a la PAC, a pesar de que el sector agrícola aporta al PIB europeo un 1,5%.

Y así seguirá siendo. De hecho, en las actuales negociaciones del Marco Financiero Plurianual la comisión acaba de sumar 45.000 millones de euros a la partida dedicada a la PAC. 

Del mismo modo que tras 25 años de negociaciones con Mercosur, los derechos e intereses de todos los sectores europeos –pero especialmente del agroalimentario– están protegidos y podrán obtener grandes beneficios. Esto será así particularmente en sectores como el aceite de oliva, el vino y el porcino, que se verán favorecidos con la eliminación progresiva de los aranceles. Además, el acuerdo incluye contingentes arancelarios equilibrados para los productos más sensibles, así como medidas de defensa comercial y salvaguardias para proteger los productos agrícolas más sensibles para la UE, y una red de apoyo financiero de 6.300 millones de euros para afrontar eventuales perturbaciones en los mercados agrarios. En el caso de España, protege 59 denominaciones de origen.

La optimización de procedimientos aduaneros supondrá una gran ventaja para las pymes, al igual que se abren grandes oportunidades para todas las empresas, que podrán competir por contratos públicos a los que no tenía acceso. 

Frente a los falsos argumentarios, es importante que la ciudadanía sepa que los productos importados cumplirán las estrictas normativas de seguridad alimentaria de la UE, no permitiéndose importar productos con sustancias no autorizadas en Europa.

Desde este mismo 17 de enero, con la firma de la UE y los países del Mercosur, el acuerdo ya está en vigor. A partir de ahí continúa un largo proceso de ratificaciones que puede alargarse varios años, pero que no paralizará en ningún caso su aplicación. 

La alianza que sella Mercosur es única. Estamos hablando de países democráticos estables que están avanzando en su cooperación a nivel continental y al que se irán sumando otros países. La decisión de asociarse responde a una voluntad política y económica, y en estos momentos en los que otros actores internacionales que eran nuestros aliados han dejado de serlo, hay que poner todo el empeño en que este acuerdo de asociación sea un éxito.

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Javier Moreno es presidente de la Delegación socialista española en el Parlamento Europeo y miembro titular de la Comisión de Comercio Internacional.