Desde hace unos días tenemos una nueva crisis sanitaria. La crisis del Hantavirus. Cada día escala un peldaño en la actualidad informativa. Primero como un susurro, ahora en portada de todos los medios y apertura de telediarios. La nota del Ministerio de Sanidad que circula por las redes es muy tranquilizadora, es una enfermedad muy rara que se transmite con mucha dificultad. Pero da igual lo que nos cuenten. La creciente tensión se apodera de nosotras y nos retrotraemos a 2015 con la crisis del ébola. ¡Qué susto aquel! Y eso que el brote se mantuvo siempre bajo control. Pero la enfermedad es muy aparatosa, con las hemorragias sobre todo. Y luego, el covid. Se nos había olvidado ya el covid. La cantidad de gente que perdimos, los meses encerrados, las largas temporadas con mascarillas.

Pienso en todo esto y me pregunto cómo hay personas que cuestionan la regularización extraordinaria. ¿Cómo es posible que hayamos olvidado lo que sucedió durante la pandemia con las personas sin papeles? Quizás porque no se habló de ello lo suficiente. Estar en situación irregular durante el covid era no poder salir de casa sin asumir unos riesgos imposibles. Muchas de esas personas, familias enteras, vivieron el confinamiento en situaciones absolutamente precarias. Conozco a una mujer colombiana que acababa de llegar a Madrid con sus tres hijos cuando se inició el Estado de Alarma. Pasó varios meses encerrada con su familia en una habitación compartida con cinco personas más. Los niños eran pequeños. Otras muchas, principalmente mujeres, estaban cuidando a personas mayores cuyo nivel de riesgo era altísimo. No pudieron elegir qué hacer, se tuvieron que quedar sin salir, rezando porque no pasara nada, porque ¿cómo gestionar una atención sanitaria en un sistema colapsado, o hacer un desplazamiento prohibido, sin tener papeles? Presentes en todos los trabajos esenciales estaban quienes cuidaban, quienes atendían en los supermercados, quienes se encargaban de recoger las cosechas. Era tan extremo que se llegó a plantear que hubiese una especie de regularización extraordinaria para los trabajadores del campo. Los sindicatos agrícolas matizaron; no era necesario contar con esa mano de obra en una España cerrada a cal y canto. Así que los trabajadores de los campos de Almería o Huelva sin papeles siguieron trabajando de forma irregular. Y luego llegó la vacuna. Y de nuevo ese agujero negro de la irregularidad: no hay papeles, no hay vacuna.

Nos olvidamos tan rápido de todo. La actualidad es de una fugacidad perturbadora. Me extraña que haya políticos que en un ejercicio absoluto de irresponsabilidad quieran boicotear el proceso de regularización extraordinaria que aporta a nuestro país orden y concierto. Son esos mismos políticos los que siguen gobernando después de haber sido los autores de protocolos que favorecieron la muerte de miles de personas mayores. Eso es lo que quienes les votan no entienden. No se trata de elegir entre unos de fuera y otros de dentro. Ese no ha sido nunca el dilema. Es más un tema de clases que un tema de orígenes. Son unas pocas personas con privilegios apoyadas en una cantidad de personas sin ellos.

Los nuevos políticos agitan miedos legítimos para convertirlos en marcos narrativos imposibles. No importa que no sean veraces. Da igual que puedan fracturar la sociedad hasta llevarla a espacios irreversibles. El control y el orden es poseer el mando securitario, antidemocrático y maligno. Así nos enfrentan entre nosotras. Encaradas somos más manejables. 

Estoy rodeada de gente a la que quiero muchísimo con la que no hago más que discutir por el tema de la vivienda. Estamos quienes vivimos agarradas a un alquiler con nuestra vida en las manos de un propietario. Y luego están quienes tienen varias casas, una para vivir, otras para rentarlas o para ir de vacaciones. Pero atención, ese nunca fue el problema. Que alguien tenga la suerte de tener tres o cuatro casas no convierte el mercado inmobiliario en un carajal. La especulación inmobiliaria la hacen los grandes fondos buitre. Lo explica muy bien la nueva investigación de CIVIO sobre los “megatenedores”. Caixabank y Blackstone son los dos mayores caseros de España. Y sin embargo alguien intentará convencernos de que el problema de la vivienda es Marita, que acaba de acogerse a la regularización extraordinaria.

Siguiendo esta lógica parece ser que Marita es también la responsable de que las urgencias del Gregorio Marañón estén colapsadas. La gente olvida que la Sanidad está delegada a las autonomías. Igualmente esa gente no vincula impuestos con servicios públicos. Eso es algo sorprendente. ¿En qué momento perdimos la narrativa de "lo público"? Recuerdo cuando empecé a trabajar con Manuela Carmena. Su mayor obsesión era recuperar ese valor que se ha olvidado. La calle, el banco, las flores, las fuentes, los parques son tuyos. Tu dinero los paga. Y de nuevo ¿qué puede haber mejor que todas las personas de nuestro país paguen todos sus impuestos? Eso también lo aporta la regularización. El bien común, ese debería ser el objetivo. Pero no lo es. A raíz del colapso de la sanidad pública y de la educación pública, cada vez más personas optan por lo privado. Teniendo algunos de los mejores servicios públicos del mundo estamos permitiendo que debates partidistas nos arrebaten el futuro. Y todo esto porque un grupo de políticos mediocres bailan al son de un pequeño número de grandes fortunas que crecen caprichosamente en este sistema donde el capital genera capital.

Todo esto es entre indignante y frustrante. Pero es esperanzador que el debate esté abierto. Entre todo el ruido sobresalen las informaciones de organizaciones, profesionales y medios de comunicación que hemos aprendido a separarnos de la última hora. Pico y pala, hablamos de nuestro libro para conseguir que quienes nos leen vean más allá. Consumir la información adecuada en la cantidad necesaria es lo que nos permite elegir. Cada vez hay más gente informada. Por eso la regularización extraordinaria en nuestro país está siendo un éxito. Y todo pese a los enormes esfuerzos de grupos concretos que intentan desestabilizar el equilibrio social. Pero como suelo decir, somos más, mal que les pese.

Por todo esto quiero cerrar mi artículo de hoy recordando a Sol Gallego, que se ha ido dejándonos a muchas con recuerdos y enseñanzas. El buen periodismo salvará la democracia y el buen lector salvará el periodismo. 

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Llevamos varios días hablando de la cocina del CIS. De nuevo los sondeos electorales interpretados con el método de Tezanos dan una clara mayoría al PSOE de Pedro Sánchez. En un país dividido en burbujas sociales, una parte de la opinión pública se congratula de que las medidas sociales de las últimas semanas estén siendo reconocidas por el electorado. Otra sigue cantando "Pedro Sánchez hijo de p***" en eventos públicos, segura de que la derecha está con un pie en la Moncloa. Pero sea como fuere, algo está pasando, aunque Tezanos rime con "inflar los resultados de sus hermanos".

Llevamos una semana de regularización extraordinaria. Quienes, como yo, han trabajado durante seis años para llegar aquí entenderán que para mí esto es un momento de júbilo, pese a todas las trabas, las colas interminables y los toques de confusión. No dejo de hablar con personas esperanzadas porque su vida va a cambiar para siempre. Amigas, vecinas, cuidadoras de alguno de los abuelitos que viven en mi bloque. Mi barrio tiene muchos bloques que se construyeron para una población obrera y de clase media baja entre los años 60 y 70. Quienes en aquella época tenían 30 años ahora tienen entre 80 y 90. Con la gentrificación y el encarecimiento del centro, en mi barrio coexisten familias con niños pequeños, ancianitos y personas que cuidan a unos y otros. Muchas de esas personas están ahora regularizándose. La gran mayoría son mujeres latinas. Algunas tienen historias tremendas que, cuando te las cuentan, te dan ganas de llorar o de estrujar una pelota antiestrés hasta romperla. Son historias que no representan el país que yo habito, la burbuja social que me acoge. 

Me preguntaban ayer en una entrevista qué pensaba yo que iba a cambiar con la regularización extraordinaria. Respondí que estamos haciendo historia, que hemos conseguido tener una sociedad unida, orgullosa de poner orden y legalidad, de reconocer derechos y responsabilidades a todas sus ciudadanas por igual. Y si hacer una regularización premia al progresismo, entonces quizás los progresistas vuelvan a serlo. Que llevamos años esperando que las políticas sociales sean la prioridad y defiendan los intereses de la mayoría y no los de una pequeña élite. Y si lo malo se pega, lo bueno también. Tenemos los ojos de millones de ciudadanos en todo el mundo pendientes de cómo saldrá esto. Y va a salir bien, y se va a convertir en el combustible que necesitan las propuestas progresistas de los países de la OCDE.

Pero por muy importante que sea para mí la regularización, hay que admitir que el punto de giro ha venido de la mano de la prórroga de los alquileres. Según el CIS, la vivienda es la mayor preocupación, con una decena de puntos sobre el resto. No sé tú, pero yo vivo rodeada de familias con niños pequeños y gente que comparte piso, todas atenazadas por la inseguridad habitacional. Yo tengo la suerte infinita de tener unos caseros que se han convertido casi en mi familia. Fuimos las primeras inquilinas de Pablo y Manuel tras la muerte repentina de sus padres. Esta es la casa donde nacieron y crecieron. Durante la primera visita, Pablo me confesó que un idealista le había escrito para advertirle que podía pedir 200 euros más por el alquiler. Qué asco de especulación, dijimos los dos. Aquí llevo siete años, protegida por la integridad y los valores de dos personas que, por desgracia, son excepcionales. Y por eso, porque al final esto es una lotería y no debería serlo, pago emocionada mi cuota al Sindicato de Inquilinas. Y si el Gobierno avanza lo suficiente en las medidas de vivienda, es posible que yo sea una de esas excepciones que ha identificado Tezanos y mi voto se tiña de rojo por primera vez en muchos, muchos años. Y de nuevo, todos los ojos del mundo atentos a lo que hará nuestro país para ver si merece la pena copiarlo o no. Por el momento, la encuesta encargada por el grupo europeo The Left y publicada el pasado 20 de abril aporta unos resultados absolutamente indiscutibles: el 73,6% de la población de nuestro país apoya la medida. Eso quiere decir que la mayoría de los votantes del PP y de Vox también están ahí. Y en efecto, el 65% de los votantes del PP y el 60% de los de Vox se declaran a favor de la prórroga, pero incluso un tercio de esos electores confiesa que este asunto podría llevarle a cambiar de voto.

Después de tanto miedo resulta que todo era más fácil de lo que parecía. Que la agenda puede ser progresista y ganar elecciones. Pues claro que sí. Esto ya lo predijo Piketty en el año 2013 cuando publicó El Capital. La distancia entre las grandes fortunas, que viven del rendimiento del capital, y el resto cada vez es mayor. La gran mayoría de las personas formamos parte de una clase media cada vez más empobrecida a la que el sistema machaca por defecto. Y hemos estado un poco confundidas con todos los cambios, tecnológicos y comunicativos, que nos obligan a correr y nos someten a una sobrecarga informativa que está siendo casi inasumible y no nos ha dejado pensar. Pero este ciclo de confusión puede estar llegando a su fin. Como anunció Piketty, parece razonable aplicar un impuesto progresivo global sobre la riqueza. El movimiento Tax the Rich está poco a poco más presente en países como el nuestro. Los Verdes de Reino Unido están subiendo vertiginosamente en las encuestas llevando esta propuesta como una de las principales de su campaña. Igualmente, Bernie Sanders y los demócratas socialistas en Estados Unidos, abanderados del Fair Share Act for Billionaires, un impuesto del 5% para los súper ricos, suben peldaños en las encuestas. Zohran Mamdani, uno de los representantes más mediáticos de este movimiento y alcalde de Nueva York, ya ha anunciado su apoyo al llamado Impuesto Pied-à-Terre para las segundas residencias de lujo de los más ricos, con el fin de financiar servicios públicos.

En el debate público aparece claro que la culpa de las miserias de la clase media no la tienen ni los migrantes, ni las personas trans, ni las personas musulmanas, como nos han intentado hacer creer. Igualmente, la solución a la violencia no es la securitización sino la comunidad y la inversión cultural, como en Medellín, o como en Nueva York, que iluminó las calles y vio cómo el crimen caía un 30%. Cada vez se habla más de amor y menos de odio. Estamos recuperando la esperanza de que se pueden cambiar las cosas. Es gratificante, después de tanto tiempo, volver a sentir que tenemos voz y que nuestro voto puede ser decisivo para que nuestra vida sea mejor. Así que a lo mejor esta vez Tezanos rima con "dale que nos vamos" y resulta que la burbuja de "queremos una sociedad inclusiva, equilibrada, con servicios públicos de calidad, donde se proteja a las personas más vulnerables, y quienes más tienen más aporten" gana las elecciones otra vez. Ya veremos.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Cuando el Gobierno anunció la regularización extraordinaria el pasado 26 de enero, las redes sociales se incendiaron, como era de esperar. Todo lo relativo a la migración genera debates. No es casual; es el resultado de más de diez años de trabajo minucioso de un grupo de intereses políticos y económicos, la denominada Franquicia antimigración, que utilizan este tema para desviar la atención de los debates realmente relevantes. Las preguntas son no sólo qué modelo de país necesitamos, sino cuál queremos y, por tanto, por cuál vale la pena luchar. En los próximos días se aprobará el Real Decreto que hará efectiva esa regularización, y hasta el 30 de junio cabe esperar que esa Franquicia movilice todos sus recursos para desestabilizar el debate público. Tienen dinero, organización y altavoces mediáticos. Nosotras tenemos la voluntad, los principios y algo que ellos nunca podrán comprar: el número. Somos más, aunque a veces nos cueste creerlo.

Soy ingeniera y me gusta analizar los números. Llevo años mirando los procesos electorales desde un prisma diferente, no desde los escaños sino desde los votos absolutos. No quiero entrar en el debate de si tendríamos que cambiar nuestro sistema con su Ley D'Hondt por otro de representación directa; eso es un melón complejo que necesitaría un artículo en sí mismo. Pero echarle un ojo a cómo vota la gente, en términos de número de votos, y su relación con un total de ciudadanos, proporciona informaciones interesantes para entender a la sociedad que está votando. Por ejemplo, este ejercicio aplicado a las elecciones de la alcaldía de Nueva York es brutal. Zohran Mamdani representa una de las victorias más sonadas del año pasado. Mirando los números de votos descubrimos que el exgobernador demócrata Andrew Cuomo, que concurrió como independiente contra Mamdani, consiguió unos 900.000 votos. Estos son unos 150.000 votos más que los que obtuvo en 2021 Eric Adams, el anterior alcalde de Nueva York, que también era demócrata. Entonces, ¿cómo pudo ganar Mamdani? Porque su batalla no fue realmente contra Cuomo, al que no podía superar en su marco, sino contra la abstención. En 2021 la participación en las elecciones a la alcaldía de Nueva York fue del 23%. En 2025 la campaña de Mamdani la subió al 43%. Mamdani consiguió que más de un millón de personas creyeran que el cambio era posible y fueran conscientes de que su voto era determinante. 

Si ahora miramos los resultados de nuestras últimas elecciones generales en número de votos, vemos que al PP lo votaron 8,1 millones, al PSOE 7,8 millones, a Sumar y a Vox tres millones, y se abstuvieron diez millones. Es decir, que en términos numéricos las elecciones las ganó la abstención. Las personas en España nos repartimos entre derecha e izquierda de una forma similar desde hace décadas. Las bases sociales del PSOE y del PP se mantienen y un grupo de indecisos cambia de bando en ciclos alternos. Esto se vio alterado por la pluralización de los partidos en los años posteriores a la crisis de 2008. Pero no hemos cambiado tanto como nos quieren hacer creer. Y la gran mayoría de las personas que vivimos en España queremos un país con paz, servicios públicos de calidad, vivienda asequible y un modelo laboral que nos permita vivir dignamente y, según las encuestas, también queremos un país que acoja con dignidad y justicia a las personas que vienen de fuera a trabajar y participar de todo ello. 

Entonces, ¿cómo es posible que no seamos capaces de frenar el odio y parar la polarización a la que nos someten los grupos antimigratorios de los que hablamos antes? Es un tema complejo, pero hay algunas claves que son importantes. Tenemos que enfrentarnos a todo lo que está sucediendo con la convicción de que somos más personas que ellas y de que, por lo tanto, tenemos la posibilidad de pararlas. El derrotismo que inunda los debates y las conversaciones es parte de su éxito. Tenemos que encontrar la forma de actuar identificando cuáles son las herramientas que tenemos en nuestras manos. Esto implica hacer el esfuerzo de salir a manifestarse, participar en una campaña de activismo digital o formar parte de grupos de acción ciudadana. Y debemos protegernos. Hay que elegir qué consumimos sin miedo al FOMO y evitando caer en las distracciones que los autoritarismos nos meten en la agenda. Como sugiere el lingüista George Lakoff en su guía para mantener viva la democracia en 2025 hay que premiar la información veraz y apoyar el periodismo de calidad y de largo aliento.

Las noticias falsas, el odio y los bulos se pueden desactivar. Solo tenemos que ser conscientes de nuestro poder. Estamos luchando por dominar un algoritmo. Pero finalmente esto es tan sencillo como darle al espacio de debate público el contenido que queremos que nos den. En lugar de odio, darle amor. En lugar de noticias falsas, darle noticias de calidad. Llenar esa red social que usas —Instagram, LinkedIn, WhatsApp o la que sea— con contenido positivo y constructivo cada día, como una gota malaya, para desarmar el trabajo de los bots. Se puede.

La regularización extraordinaria es indispensable. No existe elección. En un sistema ordenado y avanzado no se puede tener a más de medio millón de personas sin papeles, por razones que van desde las más éticas, como que todas tenemos que ser iguales en derechos, a las más prácticas, que los trabajos esenciales de nuestro país están en manos migrantes. Por desgracia, no podemos contar con el PP, que, en un ejercicio de absoluta irresponsabilidad, está sometiendo a sus bases a una elección imposible, tensionando innecesariamente los espacios del conservadurismo moderado. De modo que tendremos que proteger el modelo de país que queremos desde la sociedad civil. Nos va a tocar volver a las redes y tapar el odio con contenidos de calidad. Tendremos que hablar de las necesidades de nuestra sociedad. Es una responsabilidad proteger con nuestro mensajes a las personas migrantes que serán el foco de las campañas y los odios. Y el 30 de junio, cuando todo haya pasado y más de medio millón de personas por fin tengan sus papeles, sentiremos que hemos participado en algo grande. Habremos vencido.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

El Homo sapiens no exterminó al neandertal. Los romanos no eran blancos. Las iglesias no eran de color piedra. Estas son algunas de las falsedades históricas que construyen imaginarios tóxicos al servicio del control social. Un pasado homogéneo, violento y jerárquico hace que el presente homogéneo, violento y jerárquico parezca inevitable. Y lo que parece inevitable no se cuestiona.

Sin embargo, la evidencia apunta a otra cosa: somos una especie cooperativa, diversa y profundamente social. Y vivimos mejor en sociedades inclusivas, igualitarias y justas. Ese es el modelo al que merece la pena aspirar.

Estoy haciendo una gira de presentación de mi libro por pueblos de nuestra geografía. Hace unos días este precioso periplo me llevó hasta La Rioja y Álava. Iba en coche por una carretera nacional que llega a Logroño cuando paré porque me llamó la atención una iglesia que domina elevada el paisaje de viñedos de Briones. Aparqué en la parte baja del pueblo y trepé por unas angostas escaleras hasta llegar a una plaza preciosa en la que se encontraba, con las puertas abiertas de par en par, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Entré curiosa y me quedé sin aliento.

Se trata de una construcción gótica isabelina de tres naves, con órgano, retablos, alfombras y, lo que más me impresionó, frescos originales en las paredes. Muchos parecían cuadros y tuve que acercarme para comprobar que eran pinturas directamente sobre la piedra. Simulaban ventanas, puertas, alfombras, cortinas. De repente me imaginé toda la iglesia pintada así y se me antojó mucho más acogedora.

Las iglesias románicas y góticas eran sitios de encuentro, cubiertas en su mayoría de frescos vibrantes y narrativos que ocupaban toda la superficie, desde el suelo hasta la bóveda. Contaban pasajes de la Biblia para que los fieles pudieran "leer" la fe a través de las imágenes. Durante el Renacimiento y el Barroco, muchas de esas pinturas se consideraron bastas o pasadas de moda y se cubrieron con nuevas capas de pintura o cal. Las iglesias pasaron de ser un espacio hogareño y popular a convertirse en un lugar frío y constreñido. La fe dejó de acompañar una espiritualidad colorida y cercana para volverse más gris, más impersonal, más elitista.

No es un fenómeno aislado. El mismo mecanismo —borrar la complejidad del pasado para simplificar el presente— aparece en otros ámbitos de la historia del arte y de la ciencia.

Hace unos años descubrí el trabajo de la doctora Sarah Bond. Esta profesora de la Universidad de Iowa explica que la forma en que se presenta el arte romano desde el neoclasicismo hasta hoy está marcadamente condicionada por una mirada eurocentrista y racista. Uno de los errores más extendidos consiste en creer que las esculturas romanas de mármol eran blancas, y que ese blanco simbolizaba pureza y limpieza. En realidad, los romanos usaban el mármol blanco como base para decorarlo con intensas policromías. Las estatuas eran una explosión de color y las pieles de las figuras tenían enormes matices. Con el tiempo, las pinturas de las piezas más expuestas fueron desapareciendo y hoy solo se conservan unas pocas policromías. Cuando, siglos después, se recuperaron los estilos del arte romano, se hizo aplicando los prismas racistas de cada época. Para los romanos, que clasificaban a las personas según su origen cultural, el "prejuicio del color" sencillamente no existía.

Bond publicó un artículo detallado sobre este tema que se viralizó. Lo que vino después no fue un debate académico sino una campaña de acoso organizado: amenazas, insultos, presión sobre su universidad para que la despidiera. No porque sus argumentos fueran erróneos —no lo eran— sino porque corregir ese relato resultaba políticamente incómodo para quienes necesitan un pasado homogéneo y blanco que justifique un presente homogéneo y blanco. El odio no apareció a pesar de la evidencia, sino precisamente porque era sólida.

Y lo mismo ocurre con la forma en que contamos nuestros propios orígenes como especie. Durante décadas nos han repetido que los humanos modernos exterminaron a los neandertales, como si la violencia fuera nuestro destino inevitable. Sin embargo, las investigaciones más recientes cuentan otra historia. El genetista Svante Pääbo, premio Nobel de Medicina y uno de los padres de la paleogenética, ha demostrado que los neandertales no desaparecieron en una gran catástrofe ni fueron simplemente eliminados: se mezclaron con el Homo sapiens. Fueron, en gran medida, asimilados. Hoy sabemos que las poblaciones no africanas conservan aproximadamente un 2% de ADN neandertal. No somos el resultado de una destrucción, sino de una mezcla.

Construir la imagen de un ser humano agresivo y destructivo por naturaleza justifica la necesidad de orden y control, legitima la desigualdad y hace que la falta de cooperación parezca inevitable.

Salí de aquella iglesia pensando que no solo habíamos borrado los colores de las paredes, sino también los matices de nuestra propia historia. Hemos heredado un relato en blanco y negro: estatuas blancas, templos austeros, humanos violentos. Un relato que simplifica, empobrece y, sobre todo, justifica. Esa simplificación es una herramienta. Cuando se corrige, cuando alguien como Bond demuestra con datos que el pasado era más complejo, más mezclado, más colorido, hay intereses que se rebelan contra la evidencia. El problema es que no se trata de la historia, sino del presente. Un pasado homogéneo legitima una política de homogeneización. Un origen violento justifica el autoritarismo. Una antigüedad blanca sostiene jerarquías raciales que de otro modo tendrían que defenderse solas, sin coartada.

Por eso el odio aparece cuando se tocan estas narrativas. Es una respuesta funcional destinada a proteger un relato que trabaja a favor de un sistema. 

La historia, cuando se mira de cerca, está llena de mezclas, de cooperación, de color. Está llena de vida. Quizá el problema no es cómo éramos, sino cómo nos han enseñado a recordarnos. Y tal vez recuperar esos colores —en las iglesias, en las estatuas, en nuestra memoria— sea también una forma de imaginar un futuro distinto.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

El ser humano es bueno por naturaleza. Cada vez que digo esto hay alguien que me mira y me dice: "Tú eres muy optimista". Como buena ingeniera que soy suelo responder con datos y contundencia: la biología, la neurociencia y la historia coinciden y confirman esta tesis. Pero pese a las certezas esgrimidas por estas ciencias, el sentir popular es el contrario: el ser humano es vil y malo. Así se explica que nuestra especie lidere guerras, aplaste al prójimo, destruya la tierra que lo acoge, y sea cruel y despiadado. Todos esos comportamientos no son mayoritarios aunque se presentan como universales. Esas formas de actuar son anomalías y no la generalidad. Nuestras vidas cotidianas están llenas de ejemplos de que en el día a día somos buenas personas, y en momentos críticos, como tras la dana, sin ir más lejos, solemos ser personas solidarias, comunitarias y generosas.

Pero, si esto es así, ¿entonces por qué parece lo contrario? Vivimos socialmente marcados por las noticias. La función de las noticias se ha consolidado como la de informar de los sucesos extraordinarios. En los medios consumimos información que nos da solamente una visión parcial de lo que sucede en el mundo, en nuestro país, en nuestro barrio. Solo nos cuentan lo que es excepcional, lo que se sale de lo corriente. Y nosotros convertimos eso en nuestro relato de la realidad. Pero, además, llevamos muchos años cultivando la idea de que somos malos por naturaleza, lo que ayuda a justificar cualquier maldad individual que destaque, a la par que desincentiva la respuesta. Netanyahu es malo, como todos, qué le vamos a hacer.

A través de la divergencia que existe entre el conocimiento y la intuición surgen muchas de las grandes revisiones metodológicas históricas. En el caso de la naturaleza humana, el ejemplo más representativo está en las investigaciones del historiador y divulgador holandés Rutger Bregman, recogidas en su libro Dignos de ser humanos. Bregman desmonta uno a uno los pilares científicos y culturales que han sostenido la narrativa dominante que retrata al ser humano como un ser egoísta y violento por naturaleza. Revisitando investigaciones académicas muy afinadas pero poco mediáticas, es capaz de demostrar que tanto el experimento de la prisión de Stanford —dirigido por Philip Zimbardo— como los estudios de obediencia de Stanley Milgram presentaron fallos metodológicos que se ocultaron. En ambos casos se forzó el resultado con la intención de probar la tesis de que el ser humano es malo. El éxito mediático de ambos estudios los convirtió en incuestionables, generando una suerte de profecía autocumplida sobre la maldad humana. Ambos estudios son de los años 60 y 70, y marcan el principio de un periodo en el que dejamos de hablar de amor como un acto político, se extinguen los relatos utópicos y pasamos a vivir entre historias distópicas. Todo esto nos lleva a buscar modelos de gestión social sobre una base errónea: la que acepta que el éxito viene de la confrontación y el odio.

En este marco se desarrolla con más facilidad el concepto de salvador único que aportará ley y orden en un mundo lleno de personas malas por naturaleza. Como dijo Trump durante su primera campaña presidencial: "We have some bad hombres here, and we're going to get them out" ("Tenemos unos bad hombres aquí y los vamos a echar"). —20 de octubre de 2016.

La idea de que el mundo va fatal y el ser humano tiene una naturaleza destructiva es clave en todo lo que está sucediendo ahora. La ultraderecha liberal ha utilizado ese constructo de la maldad humana para generar un discurso que antepone la protección a la libertad. Esa es la base del triunfo de N. Bukele en El Salvador. Mientras que formalmente El Salvador sigue siendo una república presidencialista con elecciones, el desmantelamiento de los controles institucionales y la eliminación de límites al poder ejecutivo llevan a la mayoría de los expertos a considerarlo un Gobierno de carácter autoritario. En un país en el que los niveles de violencia impedían a la ciudadanía caminar por las calles, la renuncia de derechos que implica un Gobierno autocrático puede resultar un precio razonable a pagar.

Pero en Estados Unidos, Argentina, Chile, Italia o España no existen esos problemas de seguridad ciudadana. Sin embargo, los "ur-fascistas", como los denomina Umberto Eco, han creado en estos y otros países enemigos ficticios que amenazan nuestra paz. También han implantado una falsa sensación de inseguridad que convenientemente han relacionado con esos enemigos. Y con esta fórmula han desarrollado ejércitos propios usando fuerzas de seguridad de control migratorio o policías locales y regionales. Con esos mismos argumentos se están justificando una serie de ataques y guerras que incluyen genocidios en directo como el de Gaza y ahora los combates en Irán. Hay hombres muy malos con los que hay que acabar y más vale ley y orden que libertad.

Pero el amor como proyecto político resiste. Desde hace una década crece una corriente que lo reivindica como elemento esencial de la construcción social. Si priorizamos la idea de que somos fundamentalmente buenos y estamos diseñados para la empatía y la cooperación, esa convicción puede transformar de raíz nuestras instituciones, desde las cárceles hasta las escuelas, como diría Bregman. Durante los años posteriores a la gran crisis económica de 2008 brillaron algunos liderazgos que defienden esta tesis. El maravilloso Pepe Mújica, que fuera presidente de Uruguay, nos dejó importantes reflexiones en el documental Frágil Equilibrio (2016), en el que ya se esbozan alternativas al sistema socioeconómico actual. En 2017, Jacinda Ardern en Nueva Zelanda se convirtió en la jefa de Gobierno más joven del mundo con una campaña que no se enfocó en los ataques al oponente, sino en un programa de cambio optimista. En España tuvimos a Manuela Carmena, que consiguió ganar las elecciones en 2015 y sacar al gobierno del PP del Ayuntamiento de Madrid con una campaña electoral basada en el amor y la comunidad.

Llevamos varios años con la sensación de que este tipo de liderazgos se habían desvanecido. Los bad hombres parecen superar al resto. Pero en el último año está teniendo lugar un cambio de narrativa global. Hablar de amor para enfrentar el odio se está convirtiendo en una corriente política real. "Hablar más de amor y menos de odio": así abría esta semana el presidente Pedro Sánchez la presentación de HODIO, una herramienta del Gobierno contra el discurso de odio, afirmando que la mayoría social está formada por "buenas personas" que no se dejan llevar por el odio, sino que se mueven por algo "mucho más poderoso": el amor. El presidente se suma a liderazgos como el de los Demócratas Socialistas en Estados Unidos, el de la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly –ganó las elecciones en octubre con un discurso en el que prometía ser una "voz para la paz" y la justicia social–, y el del Green Party, que está disparado en las encuestas del Reino Unido con un discurso similar.

Estamos en un punto de giro de la historia. Volvemos a asomarnos al abismo de las dictaduras, y a la par florecen propuestas humanistas que proponen un mundo más comunitario y menos desigual. Las teorías económicas de Piketty se consolidan como ciertas en el momento en el que las cinco personas más ricas del mundo son bad hombres con tanto dinero que podrían acabar con la pobreza global. Como dijo la cantante Billie Eilish al recoger un premio en octubre pasado, en una gala donde estaban presentes algunos de estos hombres: "¿Si eres multimillonario, por qué eres multimillonario? Sin ánimo de ofender, pero sí, regalen su dinero". Y así, frente a los bad hombres, se levanta el amor, que aparece de nuevo como un acto político. De la Super Bowl de Bad Bunny, presidida por el cartel "Lo único más poderoso que el odio es el amor", al Congreso de los Diputados de España de la mano del presidente del Gobierno, que usó la frase para responder a Santiago Abascal. El amor será el final de los bad hombres y la continuación de un cambio histórico que interrumpió el desánimo impulsado por el capitalismo feroz de los años 70. Como decía la portavoz del Sindicato de Inquilinas el otro día en la asamblea de Madrid a una representante de Vox: "Vosotros funcionáis por dinero, nosotras por amor".

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Desde hace unos meses todas las mañanas, al salir de casa, me cruzo con Rocío, que desde las 8 h está en el portal empezando su jornada. Inicia el trabajo organizando y dándole una pasada al bajo donde está la salida a la calle. Es la zona más concurrida y por defecto la más sucia. Luego carga todos los enseres en el ascensor y sube hasta la planta sexta. Y de ahí va ordenando, recogiendo, barriendo y fregando en orden, descendiendo concienzuda, piso a piso. Un día me la encontré en mi rellano y la invité a un café. Lo toma solo, corto, con un poquito de azúcar. Desde entonces, cada vez que me la encontraba la invitaba a un café que ella recibía muy agradecida. Un día la vi con el labio fruncido y una expresión patente de dolor. "¿Qué te pasa, Rocío? ¿Estás bien?". "Ay, señora, estoy muy triste. Murió mi papá. He perdido a mi papá. Ya no lo voy a ver más. Y yo estoy aquí y no he podido ir a despedirle. Y ya no lo voy a ver más, nunca más". Desconsolada, aterrizó en mis brazos llorando.

Rocío no pudo ir a ver a su padre porque, si sale de España, quizás no pueda volver a entrar nunca más. Rocío no tiene papeles. Llegó a este país hace tres años desde Perú con un visado de turismo. Su hija mayor estaba aquí trabajando y vino a visitarla con su marido. Dos meses antes habían matado de un tiro a su sobrino, que trabajaba en un taxi. Así que vinieron y se quedaron a probar suerte. Ella era cocinera y repostera en Perú. Aquí friega portales. De la mañana a la noche cuida los espacios comunes de casas de vecinos y oficinas. En España, son miles las mujeres que sostienen nuestra vida cotidiana sin que el Estado las reconozca plenamente como sujetos de derechos. La regularización no es un gesto administrativo. Es la frontera entre poder despedirse de un padre o sufrir el duelo en los brazos de una conocida circunstancial.

Hablamos de "migración irregular" en abstracto. En muchos de los imaginarios es un hombre joven racializado. Pero la realidad tiene otro rostro: según las estimaciones recientes, más del 58% de las personas en situación administrativa irregular en España son mujeres. Mujeres entre 30 y 50 años, en su gran mayoría latinoamericanas, que trabajan —o intentan trabajar— en el sector que sostiene la vida: los cuidados. Limpian portales y casas, cuidan a las personas mayores y dependientes, cocinan, abrazan y quieren a los más pequeños.

España envejece con rapidez. Más del 20% de la población supera los 64 años y la tasa de dependencia no deja de aumentar. Al mismo tiempo, el mercado laboral exige disponibilidad total y jornadas largas. Esa tensión entre cuidados crecientes y tiempo escaso no la ha resuelto el Estado; la han resuelto, en gran medida, mujeres migrantes. Según la Fundación porCausa en su análisis de la irregularidad de 2023, el 27% del empleo informal de la población migrante se concentra en las actividades del hogar. Dentro del Sistema Especial de Empleados de Hogar, donde el 94% son mujeres, casi la mitad son extranjeras. No se trata de un fenómeno marginal: es una columna vertebral.

Pero esa columna está construida sobre la precariedad. La asociación Territorio Doméstico denuncia jornadas de hasta 16 horas, contratos inexistentes, salarios hasta un 60% inferiores a la media del resto de actividades. Se estima que unas 40.000 mujeres trabajan como internas, viviendo en el domicilio de sus empleadores; nueve de cada diez son extranjeras. El régimen de internas, que en teoría resuelve la conciliación de las familias contratantes, en la práctica puede convertirse en aislamiento, dependencia absoluta y vulnerabilidad extrema. La irregularidad administrativa no es un detalle burocrático: es el mecanismo que abarata el coste del cuidado.

Hace unas semanas saltaba a las portadas el caso de Julio Iglesias por las denuncias de abusos sexuales de varias empleadas internas que habían trabajado para él. Este tema que sonaba lejano está lejos de serlo. Mas de la mitad de las trabajadoras migrantes del hogar de nuestro país encuestadas por Territorio Doméstico afirma haber sufrido acoso o violencia sexual en el trabajo, pero el 91% no denuncia por miedo a ser expulsada. El miedo funciona como un contrato implícito. El silencio se convierte en condición de permanencia. Así se sostiene un sistema que permite a muchas familias conciliar, mientras otras mujeres asumen el coste emocional y físico de esa conciliación.

La regularización cambiará ese equilibrio de poder. No solo porque permitirá firmar contratos y cotizar —algo que, según el último estudio de Funcas, incrementará unos 3.300 euros anuales la aportación fiscal neta por persona a través de impuestos y cotizaciones—, sino porque desactiva el arma más eficaz de la explotación: la amenaza. Con papeles, el miedo pierde fuerza. El estatus legal evita que denunciar sea un salto al vacío. La movilidad laboral se amplía con derechos reconocidos y permitirá homologar títulos, aspirar a otros sectores, abrir una cuenta bancaria o alquilar una vivienda sin intermediarios ni abusos.

La regularización no es necesaria por una cuestión de caridad. Es un acto de coherencia democrática y racionalidad económica. Una democracia sólida necesita que quienes sostienen su vida cotidiana formen parte plena del contrato social. Un país que envejece necesita cuidados. Un sistema de pensiones tensionado necesita cotizantes. La pregunta nunca fue si podemos permitirnos regularizar. El debate era si podíamos seguir sosteniendo nuestro bienestar sobre la vulnerabilidad jurídica de otras personas, principalmente otras mujeres.

Desde que lloramos juntas aquel día en el portal, Rocío y yo somos colegas. De tanto en tanto me trae alguna cosa riquísima que ha cocinado: alfajores, magdalenas, galletitas de chocolate. También he probado su causa peruana y sus empanadas. Yo le seguía sacando café hasta que un día me miró con cariño y un poco de compasión y me lo devolvió. "No tomo café, que me pone muy nerviosa y me dan palpitaciones". Me di cuenta de que llevaba meses aceptándolo por cortesía. Nunca se me ocurrió que fuera así. La regularización no creará la pertenencia de Rocío: la reconocerá. Y nos permitirá, como sociedad, cuidar a quienes llevan años cuidándonos.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Vox ha pegado un subidón histórico en Aragón. Masticando lentamente la comida resisto la inquietud que me produce la noticia expresada con detalle en el telediario de las tres.

–¿Bueno, qué pasaría si ganara Vox?, pregunta mi hijo de 15 años.

–Que echarían a todos mis amigos, responde mi hijo mayor, de 17.

–No creo, no son tan radicales.

–Son iguales que Trump, hijo.

–¡Qué va! Eso en España no pasaría.

Pues tengo malas noticias para todas las personas que piensan que eso en España no pasaría porque sí, sí pasaría. Vox participó 14 meses en gobiernos regionales junto al PP, hasta que Abascal rompiera las coaliciones en 2024. En este tiempo el partido ultra marcó una agenda plagada de simbolismo. Impulsó acciones en las líneas principales de su programa electoral. En las cinco regiones en las que gobernó en coalición, incrementó los fondos y recursos destinados a la seguridad. También promovió reformas en las leyes de coordinación de policías locales. Además, desde los ayuntamientos de esas mismas regiones, creó nuevas unidades operativas como los Grupos de Respuesta Inmediata en Valladolid o la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) en Valencia. Todo para luchar contra la okupación y la inmigración. También bloqueó la financiación de centros de acogida y vetó la colaboración pública con ONG que trabajan con migrantes. Además impulsó las acciones para limitar la diversidad sexual. 

La situación de fuerza minoritaria de Vox no le permitió llevar a cabo cambios estructurales. Y, seguramente por eso, Santiago Abascal decidió salirse de los gobiernos a tiempo, antes de quemarse por no ser capaz de impulsar la agenda que necesitaba para controlar el sistema. Es decir, pusieron las semillas y se fueron. Y unos meses más tarde, ¡sorpresa!, cuando los gobiernos en minoría del PP se han visto obligados a repetir las elecciones, los escaños de Vox se han doblado. También hay que señalar que, a diferencia de los partidos más progresistas, en los dos casos en los que ya ha habido elecciones, Aragón y Extremadura, Vox apostó por enseñar la patita en el campo y el medio rural. Apoyó a los agricultores con ayudas directas, flexibilizó las normas ambientales en zonas rurales y promovió la "ley de caza". Escuchó las voces olvidadas y les dio pan y circo, arrancando votos a todos los partidos sin excepción. Esta es una importante nota al pie para recordar de qué va esto de la política.

El paralelismo de lo que ha hecho Vox con lo que ha hecho el presidente Trump es innegable. La combinación de narrativa de seguridad y control con migración y todo aderezado por un racismo y clasismo mediáticos es la receta de base que ambos comparten. La periodista Nesrim Malik explica en The Guardian ese maridaje narrativo entre la necesidad de defenderse de un enemigo que viene de fuera y vive dentro y la ley y el orden. Según la autora esto es lo que ha permitido a Trump convertir al ICE, una policía dedicada al control migratorio, en su guardia pretoriana ante la pasividad inicial de propios y extraños. Ya durante su primer mandato Trump incrementó el presupuesto de ICE en más de 2.000 millones de dólares y firmó una orden ejecutiva para contratar a 10.000 agentes adicionales que se sumarían a los 20.000 que estaban en activo. Biden no tuvo tiempo ni fuerza para deshacer lo andado. Cuando Trump llegó a su segundo mandato ya tenía una parte del trabajo hecho. Ahora mismo el ICE tiene más financiación que muchos ejércitos nacionales, ha sumado 12.000 agentes extra a su cargo y ha triplicado su presupuesto en un año: 28.000 millones de dólares para 2026. Esto forma parte de un modus operandi común a todos los líderes y partidos pertenecientes a la franquicia antimigratoria, que han bebido de las ideas de Steve Bannon y a la que pertenecen Santiago Abascal, Meloni y Donald Trump.

"¡Qué daño han hecho los ultras de izquierdas y de derechas a este país!", me comenta una señora que fue diputada del PP en tiempos de Aznar y se autodefine como “moderada”. 

Señora, pienso yo, los ultras no tienen nada que ver entre sí. La ultraizquierda de la que usted habla gobernó en coalición y sacó las leyes para conseguir que todas las personas fueran respetadas como iguales. La ultraderecha está construida sobre la certeza de que solo unas pocas personas merecen un trato humano. Y la cuestión es que cuando se habla de derechos no se puede ser “moderada”, porque los derechos o son universales o son privilegios.

Este es al final el quid de la cuestión: la universalidad del bienestar y cómo trabajamos para custodiarla. Cuando tienes enfrente a un grupo de bullies, lo único que puedes hacer es ser más bully que ellos. Pero eso no quiere decir que tengas que usar los mismos recursos. En este sentido, el progresismo ha cometido dos errores garrafales. El primero ha sido pensar que el odio se combate con odio. Pero resulta que no, el odio se combate con amor. Así lleva dejándolo claro Benito Antonio Martínez Ocasio, aka Bad Bunny, en sus intervenciones públicas de los últimos días; desde la recogida de su Grammy al mejor álbum del año, el primero en español de la historia que se hace con este premio, a su histórica actuación en la Super Bowl. "La única cosa más poderosa que el odio es el amor", rezaba el cartel principal del estadio en el que actuó. El segundo gran error ha sido pensar, como “la señora moderada”, que disminuir la desigualdad era un mensaje ultra. El estado ideal del bienestar solo puede estar forjado en espacios igualitarios, en todos los sentidos. Amor y derechos, ese es el camino para hacer frente a todos los totalitarismos, del trumpismo a Vox.

Estos días, el presidente Pedro Sánchez ha probado esta nueva receta contra la franquicia ultra, que lo ha catapultado al estrellato internacional. Ha anunciado una regularización extraordinaria histórica, por cómo se ha desarrollado en el espacio público y por su simbolismo en el momento actual. Pero lo más interesante es cómo el presidente se ha subido a la ola y ha surfeado las críticas con una narrativa del amor, los derechos y la alegría. No sé que habrá pensando al mandar esos tuits gloriosos a Elon Musk, pero a mí me ha hecho sentir de maravilla. La duda es si será capaz de aguantar el tirón de la presión nacional y si esto le servirá para mejorar su popularidad en España. 

Sea como fuere es difícil pensar que el PSOE puede ocupar espacio en los segmentos más ambiciosos de nuestro espectro progresista. Con Sumar en plena caída y Podemos casi desaparecido urge una nueva propuesta que nos explote la cabeza. Parece que Rufián se ha apiadado de nosotras y va a presentar una alternativa de unión de la izquierdas incluyendo a las propuestas nacionalistas. Emocionada veo que hay previsto un conversatorio entre él y el magnífico Emilio Delgado. “Es un dream team”, pienso. La realidad es que mis hijos conocen a muy pocos políticos y uno de ellos es Rufián. En una época llena de sucesos históricos, este punto de giro estaría desde luego a la altura de lo que necesitamos. Lo que puede protegernos del auge de la ultraderecha es un Pedro Sánchez valiente y atrevido, y una coalición de izquierdas muy fuerte e inspiradora que desactive la abstención. Porque, no lo dudemos, si la tendencia se mantiene y Vox llega al poder, hará lo que dice su programa. Y, en ese caso, es posible que dejemos de vivir en paz en este país. Es cierto que España no se parece tanto a Estados Unidos, pero Vox sí se parece a Trump. Que no se nos olvide.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Cuando José Luis Escrivá tomó posesión de su cargo como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el 13 de enero de 2020, tenía tres objetivos claros: asegurar la solvencia del sistema de pensiones a largo plazo, moderar el déficit de la Seguridad Social y gestionar flujos migratorios de forma ordenada. La realidad es que este último factor era la piedra angular de su estrategia, ya que el exministro siempre entendió la inmigración como oportunidad de crecimiento económico.

Gestionar los flujos migratorios de forma ordenada requería de dos acciones complementarias. Por un lado era indispensable eliminar toda la irregularidad sobrevenida durante 16 años de política de puerta estrecha. Por otro, había que cambiar la legislación española de extranjería para permitir una movilidad humana ordenada y segura. Existiendo la voluntad política, parecía que el principal problema para llevar todo esto a cabo era la narrativa: ¿cómo hacer para que estos procesos se pudieran llevar a cabo sin terminar inmersos en un debate polarizado y estéril? En una reunión de trabajo con el gabinete del ministro y la Fundación porCausa, llegamos todos a la conclusión de que lo mejor era no hacer mucha comunicación al respecto. Y así ha sido como se han ido aprobando varios cambios en el conjunto de las normas de extranjería que han permitido la regularización de varios colectivos, como el de los menores extranjeros no acompañados o de personas afectadas por la dana. Pero la regularización extraordinaria, acción indispensable para acabar con la irregularidad preexistente, era un tiro más largo. 

El golpe de gracia a esta posible iniciativa lo asesta la covid. Cuando en marzo de 2020 se inicia la pandemia, se pierde la gran oportunidad de llevar a cabo el proceso extraordinario. A los argumentos económicos que justifican una regularización extraordinaria se sumaron inmediatamente el argumento sanitario y el productivo. Es casi temerario tener una población fuera del radar, sin asistencia sanitaria con miedo a acudir a los centros de salud por su condición de irregularidad. Además queda patente que mucha de esa población desarrolla trabajos esenciales de cuidado, de atención al público, de servicios productivos primarios que, lejos de parar durante la pandemia, se convirtieron en indispensables. Trabajos que sin estas personas no se pueden llevar a cabo. Portugal e Italia responden inmediatamente con sendas regularizaciones extraordinarias parciales pero bastante cuantiosas.

En ese momento en España suceden dos cosas. Por un lado, las personas migrantes en situación irregular se organizan en la plataforma denominada Regularización Ya. Esta es la primera organización representativa de migrantes sin papeles de nuestro país. Al mismo tiempo, la Fundación porCausa y la Universidad Carlos III publican el primer estudio en 15 años que cuantifica las magnitudes y composición de la irregularidad. El informe, publicado en mayo de 2020, estima que más de medio millón de personas estaban fuera del sistema, que 8 de cada 10 procedían de América Latina y que su condición administrativa suponía un coste de oportunidad inmenso para el fisco español. Este es el punto de giro en una historia que acaba de sublimar en un éxito sin precedentes de la comunidad migrante, la acción civil y la sociedad española.

Es difícil saber qué truncó la voluntad del ministro Escrivá de llevar a cabo la regularización extraordinaria durante la pandemia. Quizás fue la presión de Alemania durante la negociación de los fondos de rescate y de una Comisión Europea empeñada en atar en corto la política migratoria de los Estados miembros. Quizás fue el desgaste emocional del presidente Pedro Sánchez durante los primeros meses de pandemia. 

En 2022 el Reglamento de Extranjería se empieza a enmendar, cambiar, ampliar, pero la regularización extraordinaria parece imposible. En ese momento resurge con fuerza el segundo envite de la plataforma Regularización Ya. El mérito de las personas que componen este movimiento es indescriptible. La mayoría son trabajadoras que se encuentran en condiciones laborales y legales muy precarias. Reunirse, trabajar en las propuestas, participar en las acciones... representa un sobreesfuerzo en personas cuya carga vital y laboral es ya excesiva. Regularización Ya se convierte en un sindicato informal, en una estructura activista y en un espacio de acogida. Alrededor de mil organizaciones de todos los tamaños y todos los colores del espectro político, desde el soviet de Getafe hasta la Conferencia Episcopal, nos reunimos para apoyar aportando lo que sabemos hacer mejor. Una voz migrante liderando un empuje colectivo.

En 2023 se organiza esta iniciativa bautizada con el nombre de Esenciales. El 12 de marzo de 2024 se presenta la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con más de 700.000 firmas recogidas –600.000 aceptadas–, y consigue irrumpir en el Congreso de los Diputados. Durante dos años hemos vivido un tira y afloja inaceptable a cargo sobre todo de los dos partidos mayoritarios de nuestro país. PSOE y PP –con la colaboración necesaria de un Junts escorado hacia la antinmigración– han teatralizado en este debate la disputa de egos absurda y cansina haciendo un ejercicio de irresponsabilidad política. Tras superar varios baches, la posibilidad de aprobar la ILP en el congreso murió hace unos meses.

Finalmente la regularización extraordinaria llega por Real Decreto. La vía legislativa hubiese sido más sólida jurídicamente y aún estamos a tiempo de agotarla, pero esta decisión reglamentaria era urgente y necesaria.

Tras el anuncio, cientos de miles de personas se abrazaron emocionadas. Porque al final se trata de eso: de la vida, la real, la del día a día de cientos de miles de personas. No tener papeles es no tener derechos. En términos absolutos, la razón más importante por la que nodebemos tener a gente en situación irregular en ningún sitio es esa. Ese espacio que se abre para la vulneración de derechos es lo más peligroso de la irregularidad. Ese es el hueco por el que se ha colado Trump en Estados Unidos. Ese es el espacio por el que puede entrar la ultraderecha en los países europeos. Los derechos tienen que ser universales para poder ser. Y, por supuesto, también las obligaciones que vienen asociadas a ellos. En eso consiste un sistema verdaderamente ordenado, en que todas las personas estén en situación regular. 

Esta regularización extraordinaria es un hecho histórico por quienes han liderado la lucha por conseguirla y por lo que significa en estos momentos. Y el Gobierno ha vuelto a sorprender con un golpe de efecto, mezclando narrativamente varias cosas y volviendo loco al espacio de debate público. Tenemos que ver ahora cómo se lleva a cabo todo el proceso cuando estructuralmente faltan manos y recursos para atender a las más de 800.000 personas en condición irregular que van a solicitar sus papeles en los próximos meses.

Pero, en cualquier caso, la regularización extraordinaria es la buena noticia del mes. Es ese chorro de esperanza que nos representa como sociedad. Y nos da aliento para seguir creyendo y para seguir luchando por lo que creemos que es justo. Porque somos muchas más las personas que apoyamos esta medida que las que no.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.