La irrupción disruptiva en el panorama internacional de las políticas y comportamientos de la administración Trump ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de que la Unión Europea refuerce su autonomía estratégica en los ámbitos político, económico y militar. La utilización de los aranceles como amenaza, como relato, como castigo; las imposiciones en el seno de la OTAN de porcentajes de compra de armas, de petróleo y de gas; la ruptura de las normas aceptadas en las relaciones internacionales como ha sido puesto de manifiesto —y con violencia— en Venezuela, también con Groenlandia; el sostenimiento del Gobierno de Netanyahu en sus acciones genocidas en Palestina; la complicidad con Rusia en la guerra de Ucrania; el recurso a la represión con "camisas pardas" como instrumento de su política interna… han derrumbado la credibilidad de Estados Unidos ante Europa como socio y aliado confiable. Ante esta situación, Europa está obligada a replantear los fundamentos de su seguridad.

Con independencia del signo de sus futuras administraciones, es difícil imaginar qué podría pasar y durante cuánto tiempo para que fuera posible que Europa pudiera recuperar la confianza perdida en los Estados Unidos de América del Norte. Avanzar hacia una auténtica autonomía estratégica es una condición imprescindible para reducir la vulnerabilidad estructural de Europa frente a la volatilidad política y económica de Estados Unidos.

Desde la perspectiva de los valores democráticos compartidos por los Estados miembros de la UE, la seguridad no puede limitarse, de ninguna manera, sólo a la defensa militar. Implica, de manera muy principal también, la preservación y el fortalecimiento del Estado del Bienestar; la defensa de reglas previsibles en las relaciones internacionales; la independencia industrial basada en una mayor competitividad en la producción y el suministro de bienes y servicios esenciales; y la puesta en común de las capacidades que en todos los órdenes tengan los Estados de la Unión Europea, desde luego la militar, pero no sólo.

Uno de los elementos centrales de la autonomía estratégica es el acceso y la disponibilidad de energía con costes competitivos. La energía impregna todas las actividades de la sociedad: la economía de las familias, la competitividad de las empresas de los tres sectores y afecta a variables básicas de la estabilidad y del crecimiento de la riqueza de las naciones. Baste con mencionar su impacto en la inflación.  

Y en el centro de la energía está la electricidad.

La electricidad es un vector energético al que pueden transformarse las principales fuentes primarias de energía: biomasa, carbón, gas, petróleo, nuclear, hidráulica, eólica, geotermia, solar térmica, fotovoltaica… No hay ninguna energía primaria relevante que no pueda transformarse en electricidad mediante una central eléctrica con la tecnología apropiada. Y si convenimos en que uno de los elementos centrales de la autonomía estratégica es el acceso seguro a la disponibilidad de energía con costes competitivos, tenemos que concluir que la electricidad es un vector fundamental para impulsar la autonomía estratégica de la UE.

Dependiente de las importaciones de gas natural y petróleo en porcentajes que se sitúan en torno al 90% de su consumo —EEUU y Rusia entre sus más importantes suministradores de combustibles fósiles— la UE está obligada, para mitigar su vulnerabilidad y su dependencia, a explotar fuentes energéticas primarias autóctonas que le permitan afianzar su propia autonomía. La energía hidroeléctrica, la energía eólica y la energía fotovoltaica, son recursos inagotables y autóctonos.

No sólo razones medioambientales están detrás de la transición energética, también razones económicas de primer orden y también, por consiguiente, razones geoestratégicas.

En fin, la electricidad es un insumo sistémico de la economía moderna y condiciona directamente la capacidad productiva, el bienestar social y la independencia.

Durante las últimas décadas, el mercado eléctrico europeo ha experimentado múltiples reformas regulatorias orientadas a fomentar la competencia y facilitar la integración de energías renovables. Sin embargo, estos cambios no siempre han producido los resultados esperados. La liberalización ha derivado, en muchos casos, en un mercado más complejo y opaco, con precios elevados y comportamientos extractivos por parte de los grandes operadores eléctricos, en detrimento de familias y empresas.

El diseño marginalista del mercado eléctrico europeo ha demostrado ser especialmente problemático en contextos de crisis. Entre 2021 y 2023, el encarecimiento del gas derivado de la guerra en Ucrania se trasladó al precio de la electricidad, al fijarse este en función de la tecnología de mayor coste variable y marginal necesaria para cubrir la demanda, habitualmente los ciclos combinados de gas natural. Los precios llegaron a subir durante un largo periodo de tres años un 300% sobre los precios de la década anterior. El resultado ha sido pérdida de competitividad industrial, el deterioro del poder adquisitivo de los hogares y el aumento de la pobreza energética. Y no sólo en situaciones alteradas de los mercados de gas, también en situaciones más estables porque las centrales de gas —siempre y en cualquier circunstancia la de mayores costes— siguen fijando los precios que retribuyen a todas las centrales que concurren y completan el abastecimiento de la demanda. En definitiva, el diseño del mercado de electricidad, tal y como está regulado por la UE, deja a merced de los precios del gas ruso y estadounidense una parte nada despreciable de la competitividad de las economías de los Estados miembros. Y esto es dependencia y vulnerabilidad.

Las medidas paliativas adoptadas, como la denominada "Excepción Ibérica" (en el caso de España que fijaba un precio de referencia del gas —para el precio de la electricidad— por debajo de su precio en el mercado spot), y el mecanismo ARENH (Accès Régulé à l’Énergie Nucleare Historique) en el caso francés, sustituido desde el 1 de enero de 2026 por un nuevo mecanismo VNU (Versement Nucléaire Universel), han sido ejemplos que han aliviado parcialmente los efectos perturbadores del diseño europeo del mercado de la electricidad, pero no han corregido sus problemas estructurales dejando a Europa expuesta a futuras crisis con impactos similares y a una continua pérdida de competitividad.

Y si es así, ¿cuál es la razón que ha empujado a las autoridades reguladoras europeas y nacionales a diseñar un mercado de efectos tan perturbadores?

Uno de los principios que han estado presentes en la regulación eléctrica europea es la llamada "neutralidad tecnológica" —también llamado "energy only market"—, basada en la idea de que todos los kWh son equivalentes, que prestan el mismo servicio a los consumidores y que, por consiguiente, deben recibir el mismo tratamiento en el mercado. Lo contrario sería "discriminar" unas tecnologías frente a otras… y la "neutralidad" parece un valor positivo, un valor que se alza por encima de ideologías e intereses particulares… y la discriminación arrastra connotaciones negativas, resultado de prejuicios y de posiciones de dominio.

Sin embargo, esta premisa regulatoria —la neutralidad tecnológica— es profundamente engañosa. Aunque todos los kWh permitan su conversión en fuerza, luz, frio, calor, trabajo… la tecnología de las centrales eléctricas y las materias primas energéticas —carbón, uranio, gas, viento, sol…— que las diferentes centrales consumen para producir electricidad, tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales muy distintas frente a las cuales no somos indiferentes. Ante la dependencia de combustibles fósiles importados, ante la creación de empleo de calidad, ante el impulso a la innovación, ante los diferentes costes de producción de electricidad entre unas centrales y otras, ante la concentración de poder económico en oligopolios que detentan tecnologías de generación eléctrica en las que no hay libertad de entrada (hidroelectricidad y centrales nucleares), ante las emisiones de gases de efecto invernadero, Europa no puede ser neutral. Las razones: la ecología, la economía y la independencia. En definitiva, la necesaria autonomía estratégica frente a un entorno internacional hostil.

Y la UE no puede ser neutral por una razón muy sencilla: los kWh producidos por las distintas centrales eléctricas no son iguales ante el Sistema Eléctrico, aunque lo parezcan. Y no son iguales porque:

Y al mismo tiempo, la electricidad es el vector más eficiente en la lucha contra el calentamiento global, el instrumento básico de la transición energética por su capacidad de suministrar energía a las actividades de nuestra sociedad minimizando el uso de fuentes primarias energéticas fósiles que pasan a ser sustituidas crecientemente por fuentes renovables. No. No podemos ser neutrales. El cambio climático constituye el mayor desafío sistémico de nuestro tiempo. Si no se reducen drásticamente las emisiones de CO₂ —al menos un 50% a nivel mundial y más del 80% en Europa para 2050—, los impactos sociales y económicos serán devastadores, con aumento de la pobreza y la desigualdad. Eficiencia económica y eficiencia ambiental son inseparables. No hay economía eficiente sin considerar los equilibrios ecológicos cuya desestabilización acarrearía costes inasumibles.

La transición energética no se producirá de forma espontánea. Requiere incentivos públicos claros —fiscales, regulatorios…— y, dada la excepcionalidad del reto, mecanismos de control frente a las resistencias corporativas, especialmente intensas en el sector energético. La naturaleza de la electricidad como bien esencial con efectos sistémicos sobre la sociedad, no puede abandonarse al juego de mercados diseñados bajo principios regulatorios, como el de la neutralidad tecnológica, que en su caso no aplican.

La aceleración de la transición hacia un modelo basado en energías renovables responde tanto a la urgencia climática como a la necesidad de reforzar la seguridad energética. No obstante, esta transformación plantea desafíos relevantes, especialmente en lo relativo a la estabilidad del suministro y a la gestión de la variabilidad propia de tecnologías como la eólica y la solar. Y aquí entra en juego el almacenamiento de la electricidad.

En un sistema eléctrico con más del 50% de generación eólica y fotovoltaica, el almacenamiento se convierte en un elemento clave para garantizar la estabilidad y la seguridad del suministro. Las baterías, el bombeo hidroeléctrico y otras tecnologías de almacenamiento (hidrógeno verde) permiten gestionar excedentes, cubrir déficits temporales y reducir la dependencia del gas.

A diferencia de las centrales nucleares, cuya operación es rígida y poco adaptable a la demanda, el almacenamiento aporta flexibilidad, evita vertidos de renovables, maximiza el aprovechamiento de la generación limpia y contribuye, más que ningún otro activo, a la estabilidad del Sistema Eléctrico, es decir, a la seguridad del suministro. Para ello, es imprescindible un marco regulatorio que incentive su despliegue a gran escala, incluyendo subastas específicas y un reconocimiento explícito de su valor sistémico. Un valor sistémico para la autonomía estratégica de la UE porque permitirá aumentar el abastecimiento renovable y autóctono —no dependiente del petróleo y del gas— de sus necesidades energéticas.

Las centrales nucleares no son una alternativa. El envejecimiento del parque nuclear plantea riesgos crecientes en términos de seguridad, gestión de sus residuos, costes de mantenimiento e incertidumbre regulatoria. Además, la prolongación de la vida útil de estas centrales puede desincentivar la inversión en centrales renovables y en almacenamiento, al reducir el espacio disponible para su integración en el sistema y, por consiguiente, contribuir en el medio y largo plazo, a mayores precios de la electricidad (The Price and Emissions Effects of Extending Nuclear Lifetimes: Evidence from Spain. Natalia Fabra14-I-2026)

Para garantizar una transición energética sostenible y competitiva, resulta imprescindible:

El actual diseño del mercado eléctrico europeo está socavando la competitividad industrial y el bienestar de los consumidores, con especial intensidad en países como España. La transición energética debe abordarse de manera estratégica, alineando los precios de la electricidad con los costes reales de su generación y los objetivos climáticos. Si Europa no adopta reformas ambiciosas y coherentes en el complejo y amplio sector de la energía, corre el riesgo de quedar rezagada en la descarbonización, perder autonomía estratégica y comprometer su modelo social. Reformas ambiciosas que, si siempre han sido necesarias, lo son ahora más que nunca ante el entorno internacional hostil generado con la irrupción disruptiva de las políticas y comportamientos de la administración Trump.

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Jorge Fabra Utray es economista y Doctor en Derecho, presidente de Economistas Frente a la Crisis.