Una soberanía digital europea requiere dar pasos adelante en la gobernanza de la interdependencia global, pero con los criterios que Europa defiende; ello conlleva el reforzamiento de la identidad normativa como un valor inherente a las instituciones que conforman la Unión Europea (UE), y por ello, son preocupantes algunas informaciones recientes sobre la forma en que la Comisión Europea plantea simplificar las normativas digitales, con el objetivo declarado de aligerar la legislación en lo referente a la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad y la protección de datos.

En un intento de contrarrestar este peligroso debate en el que están instalados algunos grupos de presión, se presenta una muy buena oportunidad que va en la línea de apoyar tanto una Europa con identidad normativa y más autónoma como para avanzar en una cooperación mundial en los derechos humanos ante los avances tecnológicos: se trata del primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales que se celebrará los próximos 13 y 14 de mayo en Barcelona, que estará liderado por el Observatorio de los Derechos Digitales y por la Fundación Mobile World Capital, con la participación de instituciones, expertos y representantes de la sociedad civil.

Este evento puede ser un hito destacado dentro de la carta de navegación que significó la Carta de Derechos Digitales que se presentó por parte del Gobierno de España en julio de 2021, que, por cierto, es una de las primeras que se reconocieron a nivel internacional, junto a las de Portugal y de Chile; dando pie a la posterior “Declaración europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital”, publicada el 26 de enero de 2022.

En dicha carta se agruparon los derechos en las siguientes categorías principales: derechos de libertad, de igualdad, de participación y de conformación del espacio público, del entorno laboral y derechos digitales en entornos específicos. Es una valiosa guía que establece unas pautas de acción consensuadas y representa un compromiso político con la garantía de los derechos digitales. Pero, ya han pasado unos años y se requiere un marco jurídico aplicable y oponible por los ciudadanos en sus relaciones con las empresas y el poder público, más allá de los avances en la protección de los derechos que ya están incorporados tanto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales, como en el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo.

Hoy en día ya existe un mayor consenso en torno a los derechos que se han visto negativamente afectados por los avances tecnológicos, al no haber sabido, podido, o querido controlarlos los poderes públicos con el objetivo de un mayor progreso social.

Diversas organizaciones, en su calidad de representantes de la sociedad civil se han ocupado de efectuar un inventario de todo ello, así como de proponer soluciones. Es decir, ha habido y sigue habiendo un contrastado activismo social en pro de anclar los derechos digitales en el contexto de la anhelada soberanía digital europea.

Por ello, se deben dar los pasos necesarios para complementar lo anterior con un activismo gubernamental, para pasar de las palabras a los hechos y, en esa línea, es necesario que entre el Consejo Asesor Internacional de Inteligencia Artificial, los representantes de la sociedad civil y las organizaciones sindicales y empresariales se desarrolle un diálogo que permita abrir líneas de trabajo en lo que se refiere al despliegue de forma inclusiva de las tecnologías más avanzadas, así como para sentar las bases de un desarrollo ético que posicione a la UE en el contexto internacional. La Agencia Española de Supervisión de la IA creada por el Gobierno es una iniciativa que va en esta dirección.

También en este contexto cabe destacar el informe denominado EuroStack, elaborado por la sociedad civil por encargo de la Comisión Europea, que presenta una visión para una Europa digitalmente soberana, construida sobre capas interconectadas de tecnologías avanzadas. Como se recuerda en este informe, “actualmente más del 80% de la infraestructura y las tecnologías digitales son importadas, lo que genera vulnerabilidades sistémicas y limita la capacidad de innovación y autosuficiencia de la región. Sus propuestas tienen un enfoque que prioriza la sostenibilidad, la inclusión y la interoperabilidad, garantizando que el futuro digital de Europa se alinee con sus valores democráticos, objetivos de equidad social y aspiraciones económicas”.

Pero más allá de Europa y con el objetivo de avanzar hacia una gobernanza global y regional de las tecnologías más avanzadas, habrá que trabajar desde la UE en dar un impulso definitivo a mecanismos multilaterales de cooperación con América Latina (potencial ventaja competitiva de Europa), con África y Asia, para compartir buenas prácticas, estándares éticos y recursos tecnológicos, en línea con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y así también se podrían promover alianzas regionales y programas de cooperación para reducir las brechas de infraestructura, talento y capacidad institucional en los países de ingresos medios y bajos.

Debe, pues, adoptarse un enfoque multilateral en los esfuerzos para crear un mecanismo de gobernanza mundial de, por ejemplo, la IA, y ello implica la necesidad de diálogos políticos internacionales sobre estos temas para superar la excesiva fragmentación normativa; este objetivo también lo persiguen, entre otros, el Consejo de Europa y la UNESCO, en alineación con el cuarto punto del Plan de Acción para el continente de IA de la Comisión Europea.

Estas y otras propuestas se podrán estudiar en el encuentro internacional antes referido, y de ello se podrá dar cumplida cuenta en otro momento, dado que la importancia de este foro radica en la combinación del activismo social con el político y el gubernamental. Es una oportunidad que no se debe desaprovechar para pasar del debate a la acción, y para ello se requiere valentía y determinación.

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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

Pero si se está de acuerdo en que el capital humano es un motor imprescindible del progreso tecnológico, la UE está ante una oportunidad de actuar ante el recorte en los Estados Unidos de los fondos públicos destinados a la investigación y las amenazas a las universidades de élite; es pues una buena oportunidad para atraer a investigadores que deseen marcharse de allí para establecerse en centros europeos y en un entorno libre y, actualmente, más democrático. Son momentos clave para atraer talento universitario e investigador con el valor añadido de dar un impulso a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) europea.

En esta línea, el refuerzo de las capacidades y del talento en esta materia son objetivos que se ha impuesto la UE con el plan Elige Europa, que incluye una partida presupuestaria de 500 millones de euros para atraer talento científico de Estados Unidos. El plan se basa, entre otros, en el programa de investigación Horizonte Europa y en acciones como la Marie Sklodoska-Curie para apoyar la formación y el desarrollo profesional del personal investigador de todo el mundo, a través de la financiación de programas de doctorado excelentes, proyectos postdoctorales individuales y proyectos colaborativos; una consecuencia de esta articulación de iniciativas es que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España es una de las instituciones europeas con más proyectos financiados.

En este contexto, aquí se encuentran importantes centros de investigación reconocidos allende fronteras. Sin embargo, para proporcionar un fuerte impulso al avance tecnológico y la innovación, es necesario ser más proactivos y atraer con medidas concretas a los investigadores perjudicados por la Administración estadounidense. Dos de ellas son: el programa ATRAE del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la experiencia ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados).

En el caso de ATRAE, la Agencia Estatal de Investigación ha publicado la resolución de la convocatoria 2025, en la que se destinan cerca de 39 millones de euros para la contratación de 37 investigadores líderes en su tarea y con impacto científico a nivel mundial en sus áreas, de los que cerca del 60% proceden de centros de investigación de Estados Unidos. La finalidad de la convocatoria es facilitar la incorporación de talento investigador consolidado, de reconocido prestigio internacional y que haya desarrollado recientemente un periodo relevante de su actividad profesional en el extranjero, para avanzar hacia un sistema más competitivo en estas materias a nivel nacional e internacional.

En cuanto a medidas concretas, por ejemplo, en el plano de la remuneración para los investigadores que se establezcan en España, es bueno tener en cuenta también lo que hacen otros países para impulsar la atracción de talento, en particular el modelo italiano, como recordaban hace unos meses los profesores Andreu Más-Colell y Rafel Repullo en un artículo sobre estas materias en el periódico El País. Efectivamente, en un decreto-ley del año 2010 ya se estableció un régimen fiscal preferencial, de carácter temporal, para los profesores e investigadores que trasladen su residencia fiscal a Italia. Estos dos autores señalaban que esta disposición fue introducida en aquel momento por un gobierno de centroderecha y que se ha mantenido con otros de centro, como los de Mario Monti y Mario Draghi, y de centroizquierda, como los de Enrico Letta y Matteo Renzi. Dicho de otro modo, en Italia hay acuerdo político sobre la importancia de la atracción de talento.

Sería deseable pues que en España también hubiera un acuerdo como el citado anteriormente, más allá de los apoyos concretos a los investigadores que ofrece cada programa.

En el caso de ICREA, creada en el año 2000 con el objetivo de reforzar el sistema de investigación mediante la contratación de científicos de primer nivel para la I+D+I, destaquemos que es una fundación impulsada por la Generalitat de Catalunya y la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación.

En este marco tiene especial interés la convocatoria Catalonia Talent Bridge, que proporciona a los candidatos seleccionados provenientes de los Estados Unidos el derecho a un paquete de financiación inicial sustancial durante los primeros cinco años tras su llegada.

Sin embargo, este plan para atraer científicos de Estados Unidos ha obtenido resultados limitados hasta ahora. En paralelo, científicos catalanes han lamentado públicamente que ni la Generalitat ni el Estado hayan destinado hasta el momento recursos a los programas de investigación de los que el actual presidente de Estados Unidos los ha excluido, a diferencia de lo que sí están haciendo otros países de la UE; porque debe recordarse que ya hace ocho meses que la Administración norteamericana apartó a varios investigadores de hasta diez proyectos de investigación biomédica que, actualmente, siguen en marcha, pero con mucha reducción de personal debido a los recortes presupuestarios que de forma irreversible ha aprobado aquella.

En definitiva, para que estos programas avancen decididamente son necesarias, fundamentalmente, tres acciones urgentes y articuladas la una con la otra:

1. Anclar este impulso a la I+D+I con independencia del gobierno de turno, mediante los necesarios acuerdos políticos

2. Destinar los presupuestos que permitan consolidar lo anterior

3. Complementar lo expuesto en los puntos 1 y 2 con los fondos europeos destinados a la investigación

Estas tres acciones consideran a la I+D+I como elemento motor fundamental para la economía, la competitividad y la creación de empleo de calidad en el marco europeo, y solamente podrán llevarse a cabo desde políticas estratégicas de progreso, cuyo enfoque principal sea asegurar que la innovación sirva a los intereses de la sociedad, promoviendo la transición justa hacia una economía verde, sin generar desigualdad y fortaleciendo la democracia.

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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

Algunos estudios que analizan la progresiva incidencia de la inteligencia artificial (IA) en las relaciones laborales arrojan posibilidades muy interesantes. Entre las propuestas para democratizar el mundo del trabajo, hay una fundamental: empresarios y trabajadores deberían adaptarse a los cambios impulsados por la IA, y para ello se deberían desarrollar las competencias correspondientes a partir de una mayor inversión en educación, formación y recualificación. Ello es crucial para dotar a la fuerza laboral de la capacitación necesaria.

Para facilitar una integración efectiva de esta tecnología en los lugares de trabajo, se requiere el uso de la negociación colectiva que asegure el diálogo social y garantice que los avances tecnológicos respeten los derechos de los trabajadores y mejoren la calidad del empleo. En este nuevo entorno, el papel de los sindicatos también debiera evolucionar en estas materias hacia un control y una negociación desde un incremento de la formación interna y de la información de la empresa y del sector.

El diálogo social necesario está enmarcado, además de por la lógica, por el mandato del Reglamento Europeo de IA, y por lo propuesto tanto por el Comité Económico y Social Europeo como por el Consejo Económico y Social de España.

Sin embargo, no olvidemos que en el fondo de las decisiones que deben adoptar las organizaciones están los algoritmos, que son el corazón de los sistemas de IA; pero lo importante es que su cerebro siga siendo humano. Por ello hay que comprender bien la importancia de este fondo, educando sobre su importancia, por ejemplo, en la rectificación de sesgos cuando se haya detectado que un algoritmo va en contra de derechos fundamentales. Pero para poder corregir sesgos que violen derechos inherentes a la Unión Europea (UE) y ya regulados normativamente, es importante que los trabajadores estén en una posición de codecidir que ahora mismo no es todavía la más habitual en los centros de trabajo.

Este conjunto de propuestas requiere de más participación de los trabajadores en la adopción de decisiones, y ello debe favorecer un cambio a más democracia en el mundo del trabajo, integrando consensuadamente las herramientas que la tecnología ofrece en las estrategias de las organizaciones y coordinando su adaptación con una sustancial mejora en la capacitación crítica, ética y técnica de los trabajadores, sean técnicos o cuadros.

Pero conviene estar alerta y no contribuir a generar una ‘burbuja’ de la IA que podría producirse si se gestiona defectuosa y unilateralmente la incorporación de estos sistemas sin un marco de diálogo social; y, además, eso sería ir en contra de lo que mandata el artículo 26.7 del Reglamento Europeo en esta materia. Debemos evitar entre todos este posible escenario negativo que generaría consecuencias económicas y sociales indeseadas.

Precisamente, el reglamento para regular la IA en la UE es la norma más exigente aprobada a nivel mundial, y llamada a ser pionera en el sector. Y, precisamente, una soberanía digital europea requiere dar pasos adelante en la gobernanza de la interdependencia global con los criterios que Europa defiende, y reforzar más que nunca la identidad normativa, que debe seguir siendo un valor inherente a las instituciones que conforman la UE.

Por ello, preocupa la forma en que la Comisión Europea plantea simplificar las normativas digitales, con el objetivo declarado de aligerar la legislación en lo referente a la IA, la ciberseguridad y la protección de datos. El lenguaje siempre es el mismo por parte de quienes defienden una flexibilización de la norma antes de que entre en vigor: “Debemos encontrar el equilibrio”. Curiosamente, los grupos de presión que alientan a la Comisión Europea en ese cambio de dirección son los mismos que no deseaban el estilo de gobernanza que marca el reglamento actual a punto de entrar en vigor. Por ello, ante el riesgo de perder esas señas de identidad, es importante apoyar la aprobación del reglamento sin demoras y según lo previsto.

Dos referencias obligadas en este debate: por una parte, el pasado día 2 de febrero se presentó el informe Democracia en el trabajo, elaborado por personas expertas en el asunto y encargado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en febrero de 2025. Por otra, un día después se presentó el informe La Unión Europea (UE) y España ante la IA, también elaborado por personas expertas y encargado por el abogado, político y periodista Nicolás Sartorius, también hace un año.

Bien es cierto que, en el primer caso, se incide sobre todo en la necesidad urgente de desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución española, que se compromete a facilitar el acceso de los trabajadores a la voz y a la propiedad en las empresas, tal y como ya se ha avanzado en otros países de la UE. Pero también incide en uno de sus capítulos, en los abusos y usos indebidos de la IA que ya se están detectando en el lugar de trabajo, con amenazas a la autonomía y a la privacidad de los trabajadores.

Finalmente, sería también necesario que los grupos políticos se hicieran eco de todo este debate social y se comprometieran a canalizar en este sentido inclusivo la progresiva introducción de la IA en las empresas y administraciones.

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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.