La guerra en Ucrania actuó como un punto de inflexión en la política energética europea. La creencia liberal de que la creación de densas redes de interdependencia económica disuadiría a las potencias revisionistas hostiles de cualquier tipo de agresión colapsó al constatar que Rusia había instrumentalizado la interdependencia, transformando los gasoductos en armas de presión geopolítica.

La guerra obligó a redefinir la política energética, que abandonó la esfera del libre mercado para incorporarse a la agenda de seguridad del proyecto comunitario. La Unión Europea respondió con el plan REPowerEU, cuyo objetivo final era desacoplarse energéticamente de Rusia y aumentar la autonomía estratégica del bloque. Esta estrategia se fundamentó en la diversificación de socios a corto plazo, y en la transición verde como camino estructural para aumentar la producción energética interna y reducir así las importaciones. Sin embargo, la transición verde también entraña nuevos riesgos para la Unión, abocándonos a la posibilidad de transformar la dependencia de hidrocarburos en una nueva dependencia de tecnologías y materias primas críticas.

La transición energética basada, en gran medida, en la energía solar y eólica, así como en la movilidad eléctrica y el almacenamiento en baterías, requieren del uso intensivo de tecnología y materias primas críticas que la Unión no controla. Según las proyecciones de la Comisión Europea, para 2030 la demanda de litio y de tierras raras puede multiplicarse por doce y por seis, respectivamente.

En este escenario, China se consolida como el actor dominante al controlar el 60% de la extracción minera de tierras raras y dominar más del 90% de la capacidad de su refinado y procesamiento a nivel mundial. La UE depende en gran medida de China para sus importaciones de paneles solares, y en un 98% para el suministro de imanes de tierras raras. En términos geopolíticos, Europa corre el riesgo de estar cediendo las llaves de su futuro industrial y tecnológico a Pekín. 

Aunque el plan REPowerEU es una estrategia a largo plazo, las crisis energéticas han demostrado que la dependencia de flujos externos es una vulnerabilidad sistémica que solo puede mitigarse mediante una mayor soberanía tecnológica y energética.

Desde el giro estratégico adoptado en 2019, las instituciones europeas definen a China bajo una triple dimensión: socio comercial, competidor económico y rival sistémico. En este sentido, basar el modelo económico europeo en las importaciones procedentes de China supone ceder a Pekín una poderosa herramienta de coerción geoeconómica. En caso de tensión, China podría instrumentalizar las cadenas de suministro de las que la UE depende como armas geopolíticas. China ya ha demostrado que está dispuesta a hacerlo. En línea con el embargo de tierras raras que impuso a Japón en 2010 por una disputa territorial, en 2023 introdujo restricciones a las exportaciones de galio, germanio y grafito, como represalia en la guerra tecnológica y comercial con Washington. A inicios de este año, Pekín ha impuesto también controles a la exportación de tecnologías de procesamiento y de uso dual, reforzando su dominio en la cadena de valor.

La abrupta ruptura con Moscú nos dejó una lección inequívoca: construir dependencias asimétricas confiando en que los mercados tienden a corregirse por sí solos representa un riesgo existencial para nuestra economía y nuestra sociedad. Durante el siglo XX la supremacía estadounidense se fundamentó en el petróleo. En el siglo XXI el poder residirá en aquellas potencias que logren liderar la economía descarbonizada y actúen como desarrolladores de tecnología verde, relegando a un papel subordinado a quienes se limiten a ser meros importadores. Es el momento de aprender de nuestros errores para salir reforzados.

La transición energética es un imperativo medioambiental, pero también una necesidad en términos de seguridad y relevancia geopolítica. Hay que asegurarse de que la transición verde sea también segura y no nos exponga a nuevas vulnerabilidades. La respuesta inmediata ya la articula el plan REPowerEU, pero es el momento de actuar con determinación y visión largoplacista, dotándonos de una política industrial ambiciosa que concilie la vocación de libre comercio con la soberanía en sectores críticos, para no sustituir la dependencia de los hidrocarburos rusos por la sumisión tecnológica china.

Para ello resulta necesario diversificar nuestras asociaciones tecnológicas y extractivas, apostar por la economía circular y el reciclaje de minerales, invertir masivamente en infraestructura energética común, sobre todo en interconexiones entre los Estados miembros, y establecer cadenas de valor propias mediante el reforzamiento de nuestra base industrial y nuestra capacidad de procesamiento de materias primas críticas. Se trata de un paso inevitable que Bruselas ya intenta articular mediante las recientes herramientas legislativas, como la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas o la Ley de Materias Primas Fundamentales.

Hay que tener presente que esta estrategia de reducción de riesgos y diversificación de socios comportará un mayor acercamiento a los países del Sur Global para construir alianzas duraderas y fiables. Sin embargo, la UE debe confrontar su propia hipocresía para no fundamentar la transición energética en lógicas neocoloniales y extractivistas. 

Los beneficios de las tecnologías verdes se han concentrado en los países del Norte Global, mientras que se han externalizado los costes sociales y medioambientales de dicha transición, lo que ha conllevado la vulneración sistemática de los derechos humanos en las minas de cobalto en la República Democrática del Congo, la deforestación asociada a la extracción de níquel en Indonesia o los problemas de estrés hídrico en los países latinoamericanos derivados de la extracción de litio. La UE es una potencia eminentemente normativa y la necesidad de seguridad energética no puede contradecirse con nuestros valores. De ahí que debamos apostar por establecer alianzas comerciales equitativas y recíprocas, garantizando que el valor añadido se quede en los países de origen bajo elevados estándares sociales y medioambientales. En definitiva, asegurarnos de no construir nuestra autonomía a costa de la devastación ajena.

La inestabilidad creciente del sistema internacional exige abandonar la ingenuidad. La política comunitaria debe resolver urgentemente el «trilema energético»: garantizar un suministro seguro, asequible y sostenible (también en términos sociales), asumiendo que la energía ha dejado de ser un mero bien comercial para convertirse en el núcleo de la seguridad comunitaria.

La guerra en Ucrania sirvió como punto de inflexión para el despertar geopolítico de la Unión. Ahora, la guerra en el golfo Pérsico y el consiguiente cierre del Estrecho de Ormuz actúan como un contundente recordatorio de la necesidad de reducir nuestras dependencias externas para reforzar la autonomía estratégica europea en un entorno cada vez más volátil y hostil.

Las crisis de combustibles fósiles son el espejo que refleja los riesgos que afrontan las energías limpias: una transición verde sin soberanía material jamás será una transición segura.

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Marcel Muñoz Rodríguez es coordinador de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas.

El tejido industrial europeo se ha deteriorado en las últimas décadas. Dependemos en gran medida de China para la tecnología verde y de Estados Unidos para la defensa. La pandemia del COVID-19, la invasión rusa de Ucrania, la guerra comercial que azota el tablero global y acontecimientos recientes como el cierre del estrecho de Ormuz han evidenciado la fragilidad de las cadenas de suministro europeas. Esta preocupación se refleja en las recientes propuestas europeas para acelerar la capacidad industrial en sectores prioritarios, como la denominada Industrial Accelerator Act.

En este contexto, el dinero público europeo no puede ir destinado a financiar dependencias críticas que limitan nuestra autonomía. Es una cuestión de seguridad. China ya tiene su plan Made in China 2025, Estados Unidos el Buy American y la Inflation Reduction Act. Sin embargo, Bruselas ha operado durante demasiado tiempo bajo una lógica de libre mercado global que hoy se está reconfigurando bajo el impacto de la competencia geopolítica.

En un escenario de competencia geoeconómica entre grandes potencias industriales, la UE debe empezar a tomar decisiones dirigidas a fortalecer la base industrial europea, especialmente en sectores estratégicos —desde la defensa y los semiconductores hasta las tecnologías limpias y digitales— donde la dependencia externa puede generar serias vulnerabilidades sistémicas.

En este sentido, el debate sobre cómo condicionar la contratación pública y las subvenciones a criterios de preferencia europea debería formar parte de la respuesta de Bruselas. Debemos impulsar sectores industriales propios que nutran nuestras áreas estratégicas, apuntalando aquellos ámbitos donde la Unión ya ostenta una ventaja competitiva, como la robótica avanzada, la industria aeroespacial o la biotecnología. No se trata de proteccionismo indiscriminado, sino de reducir, en la medida de lo posible, las dependencias críticas hoy usadas como armas coercitivas.

Sería irreal plantear que la UE produzca en masa teléfonos móviles y televisores a corto plazo, ya que no tenemos la base industrial para ello y las cadenas de valor de estos productos están altamente globalizadas. Ahora bien, Europa debe mantener y reforzar la industria que todavía tiene y que será esencial para asegurar la autonomía estratégica. En vez de adquirir de forma masiva sistemas de defensa antimisiles estadounidenses, la UE puede priorizar, siempre que resulte operativamente viable, el desarrollo y la adquisición de sistemas producidos en territorio europeo. En vez de importar tecnología limpia china sin ningún tipo de miramiento estratégico, los Estados miembros pueden optar por fortalecer sus propias bases industriales en este campo.

Priorizar proveedores europeos en sectores estratégicos cuando exista financiación pública de por medio no es incompatible con el fortalecimiento de nuestra competitividad ante Estados Unidos y China. De forma complementaria, Bruselas, guiada por el informe Draghi, debe continuar profundizando en la mejora de las condiciones para que las firmas europeas sean más competitivas a nivel global.

Además, esta estrategia debe acompañarse de una política activa de diversificación de socios comerciales y del refuerzo de los acuerdos con economías afines, para que la reducción de dependencias críticas no se traduzca en aislamiento, sino en una inserción internacional más equilibrada.

Pero el quid de la cuestión es cómo reducir vulnerabilidades y cómo encajar en un entorno marcado por la seguridad económica. Hoy en día, las interdependencias en las cadenas de valor globales son ineludibles. Aun así, a través del fortalecimiento del tejido industrial europeo, la Unión todavía puede aspirar a desempeñar un papel indispensable en las cadenas de valor globales.

La UE debe consolidar posiciones estructuralmente irremplazables en los sectores de mayor valor añadido, controlar tecnologías críticas y mantener capacidades manufactureras que otros actores no puedan sustituir fácilmente. El objetivo no es romper las relaciones de interdependencia con otros actores, algo irreal debido a la hiperconectividad comercial, sino aprender a gestionar estas relaciones mediante el fortalecimiento de la influencia de la industria europea en el comercio internacional. En un mundo de interdependencias inevitables, el reto no es aspirar a la autosuficiencia absoluta, sino reducir vulnerabilidades y aumentar nuestra capacidad de influencia.

Es verdad que no podemos pretender asumir la producción total, o casi total, de bienes estratégicos. Nuestro tejido productivo no está preparado para ello. Pero sí podemos lograr ser relevantes mediante el refuerzo gradual de nuestras capacidades industriales. El hecho de comprar europeo en sectores estratégicos no debe entenderse como un capricho proteccionista, sino como un medio para fortalecer la resiliencia económica. También puede servir para consolidar una base manufacturera propia y los empleos asociados, favorecer la coherencia climática y la protección de derechos sociales dentro del modelo europeo, así como contribuir a nivelar un terreno de juego hoy desigual. No se trata de cerrar la economía europea, sino de sostener una apertura respaldada por una base industrial sólida y menos vulnerable.

La respuesta seguramente llega tarde y no será gratuita. Reforzar la base industrial europea implicará inversión, coordinación y la inevitable asunción de costes políticos y económicos en el corto plazo. Pero en un entorno donde las dependencias se convierten en instrumentos de poder, la inacción sería aún más costosa.

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Marcel Muñoz Rodríguez es coordinador de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas.