El pasado 19 de mayo, Andrés Roche Cerón asesinó presuntamente —y empieza a resultar indignante tener que añadir siempre ese adverbio para no incomodar a un sistema que demasiadas veces da la espalda a las víctimas de violencia de género— a Erica D.G., también conocida como Kimberli. El crimen quedó grabado y fue difundido en redes sociales. Las imágenes muestran, con una crudeza insoportable, la violencia extrema del terrorismo machista al que siguen estando sometidas miles de mujeres, niñas y niños, también en nuestro país.

Como feminista, me niego a aceptar que este sea “un feminicidio más”. Me niego a que, tras el habitual minuto de silencio institucional, el nombre de Erica —o de Kimberli, como ella prefiriera ser llamada— quede sepultado la próxima semana bajo el de otra víctima, mientras todo continúa exactamente igual. Es decir: con una parte de la sociedad abrazando discursos negacionistas alentados por la extrema derecha; con una derecha cada vez más radicalizada que rehúye destinar recursos propios a combatir la violencia machista y se suma a esos discursos cuando le resulta políticamente rentable; y con una izquierda que, aun siendo consciente de las graves carencias del sistema de protección, sigue sin afrontar reformas profundas que vayan más allá del papel.

Porque quizá haya llegado el momento de plantear medidas verdaderamente valientes: mecanismos eficaces para apartar de estos procedimientos a jueces, juezas y fiscales que no apliquen la perspectiva de género y para inhabilitar a quienes, mediante negligencias graves, pongan en riesgo la vida de mujeres, niñas y niños a quienes tienen la obligación de proteger.

Más allá del horror que produce ver cómo un hombre asesina a su pareja en plena calle, asestándole veinte puñaladas y abandonando su cuerpo como si fuera basura antes de lavarse la sangre en una fuente pública con absoluta frialdad; más allá del nudo en el estómago que provoca otro vídeo, difundido por un medio de comunicación de horas antes del crimen, donde puede verse a la víctima acompañando al agresor a una tienda y permaneciendo detrás de él, con una postura corporal que transmite terror incluso sin necesidad de verle el rostro; más allá de todo eso, ha llegado la hora de exigir responsabilidades.

El asesinato de Erica —o Kimberli— es un ejemplo doloroso de muchas cosas. Entre ellas, de la incapacidad de una parte del sistema judicial para proteger adecuadamente a las víctimas de violencia de género y para comprender las realidades complejas de aquellas mujeres que no encajan en el irreal “perfil ideal de víctima”. Especialmente cuando sus vidas están atravesadas por múltiples formas de discriminación: pobreza, migración, exclusión social, identidad de género o adicciones.

Erica había denunciado, al menos una vez que sepamos. Había pedido protección y le fue concedida una orden. Pero aquella protección no sirvió de nada: en menos de 24 horas el agresor volvió a lesionarla. La Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra hicieron su trabajo. A partir de ahí, responsabilizar a la víctima de la inacción judicial es no solo injusto, sino profundamente ignorante.

Quienes trabajamos desde hace años en este ámbito sabemos —y llevamos demasiado tiempo denunciándolo— que existen herramientas legales suficientes para actuar frente a un quebrantamiento de medidas de protección. Son mecanismos previstos por el sistema y, aplicados correctamente, habrían podido salvar esta y muchas otras vidas.

Desconozco los detalles concretos del caso, pero diversos medios han señalado que Erica era una mujer trans, hondureña y empobrecida. Es decir, una víctima atravesada por múltiples factores de vulnerabilidad. El agresor acumulaba indicadores evidentes de peligrosidad, no solo por el historial de violencia ejercida, sino por la intensidad y frecuencia de las agresiones. El sistema debe poder adaptarse a lo anterior, de lo contrario es discrimatorio.

Preguntarse por qué la víctima no acudió al médico forense es colocar el foco en el lugar equivocado. Tal vez estuviera hospitalizada recuperándose de las lesiones que su agresor le había provocado menos de 24 horas después de dictarse la orden de protección. Tal vez estuviera escondida, aterrada o incluso con él, porque la dependencia emocional no desaparece automáticamente tras una denuncia. Tal vez no tuviera recursos para desplazarse, para recibir notificaciones judiciales o para acceder a un alojamiento seguro. Las mujeres en situación de sinhogarismo con patologías duales, sencillamente, no encajan en muchos de los dispositivos institucionalizados de protección.

La pregunta no es qué hizo o dejó de hacer Erica. La pregunta es cuánto interés puso el sistema en protegerla. Si tradujo “vulnerable” por “complicada”. Si dio su caso por perdido antes siquiera de intentarlo.

Dejemos de culpabilizar a las víctimas de violencia de género por los fallos de un sistema que nos interpela a todas y todos. Empecemos a escuchar de verdad a las profesionales que llevan años advirtiendo de estas negligencias: abogadas, juristas, trabajadoras sociales y especialistas que se dejan la piel acompañando a víctimas a la par que denuncian las carencias de la administración de justicia.

Teniendo en cuenta que lo escatológico se ha colado en el debate público: la situación actual para demasiadas víctimas de violencia de género es una mierda de dimensiones descomunales y la urgencia de su abordaje desde una perspectiva de género y realmente interseccional, es inaplazable.

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Vanessa Casado Caballero es jurista experta en Género y Derechos Humanos.

El pasado fin de semana, la sociedad española volvió a sufrir —no siempre con la misma intensidad— dos nuevos crímenes machistas. Una mujer de 42 años fue asesinada a tiros por su expareja en Zaragoza. Con ella, son ya 14 las mujeres asesinadas en lo que va de 2026. El mismo día, en Alicante, un padre ahorcó a su hija de tan solo tres años. Son ya tres menores víctimas de esta violencia en el mismo periodo.

No es un dato menor que ambos agresores decidieran quitarse la vida después de cometer los crímenes, y no antes. En ese gesto final subyace una lógica profundamente arraigada: la de “poner las cosas en su sitio” y evitar, al mismo tiempo, las consecuencias de sus actos. No se trata de arrebatos sino de decisiones.

Asistimos a un repunte de feminicidios e infanticidios en el contexto de la violencia de género, acompañado además de una mayor brutalidad en su ejecución. Y, aunque resulte incómodo decirlo, era esperable. Numerosas voces expertas advierten de un efecto de refuerzo: algunos agresores encuentran legitimación en los crímenes previos, en la constatación de que otros han llevado a cabo aquello que ellos fantaseaban. Contar las víctimas es imprescindible para dimensionar la tragedia, pero también nos obliga a reflexionar sobre los efectos que esa visibilidad puede generar.

Sin embargo, lo verdaderamente peligroso es que el machismo no se alimenta únicamente de dinámicas individuales. Su verdadera fortaleza es colectiva. Se sostiene, se financia y se reproduce con eficacia. Como una planta bien enraizada, apenas necesita cuidados para seguir creciendo: el sustrato —un sistema heteropatriarcal profundamente imbricado en lo económico y lo cultural— ya está ahí.

Se habla, con razón, de la machosfera y preocupan los discursos misóginos que circulan entre la juventud, envueltos en una estética de rebeldía o de supuesto despertar crítico. Inquieta también ver cómo algunas jóvenes abrazan la femiesfera y sus narrativas de retorno a lo doméstico, a roles tradicionales y a modelos profundamente desiguales. Todo ello es grave. Pero no es lo esencial.

El problema no es solo el “cómo”, sino el “para qué”. Las campañas de descrédito del feminismo —y, por tanto, de la igualdad como valor democrático— no son fenómenos aislados. Se articulan desde estrategias culturales, mediáticas y también políticas que están no sólo planificadas sino muy bien financiadas. Determinados sectores de la derecha extrema y la extrema derecha impulsan, mediante la desinformación y el odio, el desmontaje de los mecanismos que garantizan los derechos fundamentales de las mujeres.

Y conviene entender que el objetivo no es solo la igualdad de género aunque el feminismo sea el principal enemigo a batir. Existe una intensificación de la promoción del odio hacia personas migrantes, especialmente si son musulmanas; hacia quienes pertenecen a minorías religiosas; hacia las personas racializadas; hacia el colectivo LGTBI; hacia quienes viven en la pobreza; hacia las personas con discapacidad o las personas mayores.

Y quizá el odio es el fin en sí mismo y no un efecto colateral de nada. El odio resulta funcional para quienes necesitan la confrontación y la deshumanización como base de su proyecto y por lo tanto es una herramienta política fundamental en los regímenes fascistas. Por eso, el feminismo se convierte en objetivo prioritario: porque ha demostrado ser un movimiento sólido, transversal y profundamente igualitario, capaz de integrar múltiples luchas contra la opresión.

En apenas unos años, hemos pasado de un machismo que operaba de forma soterrada a otro que se exhibe sin complejos. Por eso, ya no es extraño que más del doble de los cofrades con “derecho” a voto de una pequeña hermandad en Sagunto decidan que las mujeres y niñas que profesan su misma devoción deban dedicarse a otras cosas, y que lo decidan a puerta cerrada, entre aplausos e incluso alguno de ellos con cierto tono chulesco y desafiante en la explicación pública de ese posicionamiento.

Por eso, no toda la sociedad reacciona con horror ante cada nuevo asesinato. Crece también el número de quienes miran hacia otro lado, relativizan o incluso difunden consignas como “todas mienten”, contribuyendo a erosionar la credibilidad de las víctimas y a sostener el sistema que las vulnera.

El mensaje es claro, aunque no siempre explícito: las mujeres deben volver a su sitio.

Al que ellos decidan.

Atrás. Y abajo.

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Vanessa Casado Caballero es Jurista, Experta en Derechos Humanos y Género e Igualdad de Oportunidades