Hay algo que no respira bien en nuestra democracia.

Discutimos como nunca. Nos indignamos a diario. Llenamos las redes de frases afiladas, acusaciones y fuegos cruzados. Cada día parece decisivo y, sin embargo, los problemas que de verdad pesan sobre la vida de la gente permanecen obstinadamente ahí: la vivienda imposible, los servicios públicos saturados, los pueblos que se vacían, la soledad de los mayores, la angustia de no entender una carta del banco, la vergüenza de quedarse bloqueado ante una pantalla.

Sube el ruido. Baja el oxígeno.

El poder no ha desaparecido; se ha desplazado. Ya no está solo en los parlamentos ni en las instituciones que podemos votar y sustituir. Está también en los consejos de administración que nadie elige, en los algoritmos que ordenan lo que vemos, en los mercados que fijan el precio de la luz, del alquiler o del dinero. Nadie vota a esos poderes. Nadie puede cesarlos. Pero condicionan nuestra vida con una eficacia silenciosa.

Por eso la política de trincheras resulta tan útil para quienes prefieren que nada cambie. Si estamos enfrentados con el vecino, si convertimos cada diferencia en una guerra moral, dejamos de hacernos preguntas más incómodas: por qué una persona que vive rodeada de aerogeneradores paga la electricidad como si esa energía no tuviera nada que ver con su territorio; por qué los bancos cierran oficinas, empujan a los mayores hacia aplicaciones que no entienden y siguen presentándose como servicios imprescindibles; por qué tantos derechos existen en el papel pero se vuelven inaccesibles en la práctica.

La bronca, a veces, es una manera muy eficaz de no mirar hacia arriba.

El caso de las energías renovables lo muestra con una claridad dolorosa. Era necesario avanzar hacia una energía limpia; sigue siéndolo. Pero una causa justa puede gestionarse de forma injusta. Muchos municipios rurales vieron transformado su paisaje, soportaron el impacto de las infraestructuras y cedieron parte de su territorio. A cambio recibieron poco. La energía viajó hacia ciudades y grandes redes de consumo. Los beneficios se concentraron en empresas capaces de operar en ese mercado. Los pueblos siguieron vaciándose.

No fallaba la idea. Fallaba la escucha. Fallaba la pregunta previa: ¿cómo puede esta transformación mejorar de verdad la vida de quienes la hacen posible? Una política más atenta al territorio habría articulado retornos reales: energía más barata, comunidades energéticas locales, empleo estable. Podría haber convertido la transición ecológica en una forma concreta de justicia territorial. Pero se legisló para el mercado. Y el mercado hizo lo que suele hacer cuando no encuentra límites democráticos: concentrar, extraer y olvidar lo que queda en los márgenes.

Esto no es solo una discusión entre izquierda y derecha. Es algo más profundo: una política que decide sin escuchar. Un Estado que gestiona sin acompañar.

Hay personas que tropiezan cada día con una administración laberíntica, con una prestación que no saben solicitar, con un derecho que existe pero exige demasiados conocimientos para ejercerlo. La exclusión de nuestro tiempo no siempre tiene forma de puerta cerrada. A veces tiene forma de contraseña olvidada, de certificado digital, de formulario interminable. La vergüenza de no entender también es política.

Cuando alguien se siente solo ante el banco o ante una pantalla, empieza a sospechar que el sistema ya no está hecho para él. En ese desamparo crecen los discursos más duros. La demagogia funciona porque escucha un dolor real y le da una explicación falsa: no inventa el malestar, lo captura, lo simplifica y lo dirige contra los más débiles. Pero quienes creemos que la democracia debe servir para cuidar la vida común tampoco deberíamos sentirnos del todo inocentes. A veces hemos construido un lenguaje que expulsa a quien no habla como nosotros, y hemos celebrado la victoria moral en una red social como si eso cambiara algo en la vida de quien no sabe pedir una ayuda. El desprecio nunca ha emancipado a nadie.

Ahora tenemos delante otra frontera, quizá más decisiva: la inteligencia artificial.

La IA ya no pertenece al futuro. Ya participa en procesos de selección, filtra información, clasifica perfiles. En algunos lugares decide quién accede a un préstamo o qué currículum pasa el primer corte. A veces con eficacia. A veces reproduciendo sesgos. A menudo sin que nadie sepa explicar del todo por qué decidió lo que decidió.

Si no se gobierna democráticamente, la inteligencia artificial puede convertirse en una nueva ventanilla cerrada: más rápida, más elegante, pero igual de inaccesible para quien ya estaba en desventaja. Quien tenga recursos sabrá sortearla. Quien no los tenga se estrellará contra una pantalla aún más muda que las anteriores.

Pero la IA no es un destino. Es una herramienta. Y todavía estamos a tiempo de decidir si agrandará la distancia entre quienes pueden y quienes no, o si servirá para reducirla. ¿Y si una inteligencia artificial ayudara a traducir una notificación administrativa a lenguaje claro? ¿Y si guiara a una persona mayor para resolver una gestión bancaria sin humillarla? ¿Y si avisara de un derecho a punto de caducar? Eso no es ciencia ficción. Es una decisión política y moral: poner la inteligencia técnica al servicio de la dignidad humana.

Para lograrlo hace falta sentar en la misma mesa a quienes suelen quedar fuera de la conversación. No basta con expertos, empresas y administraciones. La gobernanza de la IA necesita una conversación democrática amplia en la que la eficiencia no sea el único criterio, porque una sociedad puede ser muy eficiente y profundamente injusta.

Las renovables nos enseñaron que una oportunidad histórica puede convertirse en otra forma de extracción si no se gobierna con justicia. La inteligencia artificial nos obliga ahora a decidir si hemos aprendido algo.

Todavía estamos a tiempo. Pero el tiempo se mide también en una escena pequeña y profundamente política: alguien que se siente perdido y encuentra a otra persona dispuesta a sentarse a su lado y preguntar sin superioridad: ¿qué necesitas? Y alguien que, al responder, empieza a recuperar una parte de su dignidad.

Quizá la democracia vuelva a respirar por ahí.

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Carlos Castro es profesor del Departamento de Información y Comunicación de la Universidad de Granada y miembro de ANEMOS.

La deserción de ministerios, medios y universidades de plataformas estigmatizadas ha dejado un vacío que hoy ocupan la desinformación y el extremismo. Frente a la dictadura del algoritmo y la lentitud del Estado, es hora de que la sociedad civil recupere el espacio digital. 

Imaginen una inmensa plaza donde cualquiera puede dirigirse a cientos de miles de personas sin filtros, sin que un algoritmo comercial decida en la sombra quién escucha qué. Una plaza donde es posible compartir conocimiento, organizar comunidades y llegar a audiencias que hace tiempo dieron la espalda a los medios tradicionales. Esa plaza existe. Se llama Telegram. 

Ahora imaginen que en esa misma plaza las instituciones que deberían vertebrar nuestra sociedad —ministerios, universidades, grandes editoriales científicas, medios de referencia— han decidido no aparecer. No porque carezcan de medios, sino porque tienen miedo. Temen que su logotipo quede asociado a un rincón de internet con fama de oscuro, donde ciertamente anidan la piratería, el extremismo y la desinformación. Al desertar para proteger su reputación, dejan el terreno libre para que otros lo colonicen. 

Esta deserción no es una hipótesis pesimista. Es una realidad que la ciencia ya está cuantificando. 

En un estudio reciente desde la Universidad de Granada analizamos la presencia de las principales editoriales académicas en Telegram. Los resultados son demoledores: el 78% de los canales que operan bajo el nombre de gigantes como Elsevier, Springer o Nature son fraudulentos. Suplantan logotipos para ganar credibilidad, ofrecen artículos pirateados y prometen publicaciones exprés a cambio de dinero. Lo más revelador: ninguna de las trece editoriales analizadas se había molestado en abrir un canal oficial verificado para proteger su identidad y a sus usuarios. El vacío institucional no es neutral; es una invitación.

Ese caso es solo el síntoma de una patología mayor. Una investigación en curso, que sistematiza centenares de estudios científicos publicados en la última década sobre esta plataforma, está trazando el mapa completo de lo que ocurre cuando el Estado y el rigor académico abandonan la red. Lo que emerge es lo que podríamos llamar el círculo vicioso del estigma: Telegram arrastra una justificada fama de refugio de lo ilícito; esa fama genera aversión en las organizaciones legítimas; su retirada produce un inmenso vacío; y ese vacío lo fagocitan desinformadores, estafadores y extremistas cuya actividad confirma, a su vez, el estigma inicial. Un bucle que se retroalimenta y que nadie parece dispuesto a romper. 

La pandemia nos dejó el ejemplo más nítido de ese fracaso. Mientras los ministerios de sanidad arrastraban los pies para abrir canales oficiales, los movimientos antivacunas ya habían tejido una red continental perfectamente engrasada para inocular el miedo. En el periodismo ocurre algo similar: mientras los grandes medios vuelcan sus titulares con desgana, verificadores independientes y reporteros en zonas de conflicto han comprendido que Telegram es la mejor infraestructura para llegar a unas audiencias exhaustas de la televisión convencional. 

¿Cuál es la respuesta? No puede venir exclusivamente del algoritmo ni del Estado. El algoritmo de plataformas como X o TikTok solo busca retener nuestra atención para maximizar beneficios, premiando la indignación y la ira. El Estado se mueve con la lentitud burocrática del siglo XX frente a crisis que cambian a velocidad digital. Entre un Estado que a menudo no escucha y un algoritmo que no duda, el ser humano pierde centralidad. 

Es desde esta convicción desde la que nace ANEMOS —"aliento" en griego—, un espacio de la sociedad civil que reúne a ciudadanos e instituciones que entienden la democracia no como un procedimiento automático sino como una experiencia viva. ANEMOS parte de una tesis clara: ni el algoritmo ni el Estado pueden sustituir al ser humano. La tecnología debe estar al servicio de la dignidad; las instituciones, al del bien común. Y la verdad —sometida hoy a una presión sin precedentes— es el oxígeno sin el que no hay pensamiento autónomo, ni deliberación, ni democracia posible. 

Ocupar los espacios digitales que hemos abandonado es, exactamente, uno de esos compromisos. No para imponer una verdad oficial ni para censurar, sino simplemente para estar. Para ofrecer un contrapeso. Para demostrar que, incluso en los callejones más ruidosos de la red, es posible sostener una conversación pública basada en los hechos, el respeto y la dignidad. 

Nuestra inacción institucional no es una postura neutral. Es un subsidio implícito, un regalo invaluable a quienes no dudan en ocupar el espacio vacío para sus propios fines. Las universidades deberían reclamar su nombre en plataformas donde otros venden pseudociencia a su costa. Las asociaciones ciudadanas deberían abrir canales para quienes buscan pensamiento autónomo en medio de la saturación informativa. La ciencia ha hecho ya su trabajo: ha diagnosticado la enfermedad y cuantificado el daño. 

Ahora toca dar el siguiente paso. Ocupemos la plaza antes de que nos cierren las puertas. 

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Carlos Castro es profesor del Departamento de Información y Comunicación de la Universidad  de Granada y miembro de ANEMOS.