Por momentos, la historia política española parece avanzar a bandazos, pero no pocas veces lo hace también en círculos. Hay fenómenos que, bajo distinta apariencia, regresan con una inquietante cercanía. Uno de ellos es el debate sobre la existencia de un entramado mediático, judicial y político que, de forma más o menos coordinada, actuaría para desgastar a determinados gobiernos.

La pregunta que aparece hoy, con mayor o menor intensidad, es inevitable: ¿estamos ante una reedición, adaptada al siglo XXI, de aquel denominado 'sindicato del crimen' y de la 'caverna mediática' (que ya Platón reflexionó en su famosa alegoría) de mediados de los 90 del siglo XX?

Conviene recordar el origen del término. A mediados de los años 90, en la última etapa de gobierno de Felipe González, varios periodistas y medios de comunicación de orientación conservadora fueron señalados por su papel protagonista en una sucesión de informaciones que contribuían a erosionar la imagen del gobierno socialista. Con el tiempo, algunos de aquellos protagonistas, como Luis María Anson, llegaron a admitir públicamente la existencia de una estrategia para “acabar con el Gobierno” en una época en la que, según sus propias palabras, se trataba de una prioridad política. Aquellas declaraciones, realizadas años después, cuando cualquier posible implicación penal carecía ya de recorrido, confirmaron lo que en su momento muchos sospechaban, pero pocos podían demostrar.

El llamado 'sindicato del crimen' no era, en realidad, una organización formal, ni tenía actas, portavoces ni sede. Era una confluencia de intereses, una sintonía ideológica y estratégica entre determinados actores mediáticos y, probablemente, otras instancias menos visibles del poder. El fenómeno fue complejo; a la labor informativa, legítima en sí misma, se sumaron filtraciones interesadas, amplificaciones selectivas de escándalos y una narrativa constante de desgaste. Paralelamente, diferentes investigaciones judiciales adquirían notoriedad pública en un flujo continuo que contribuía a generar una sensación de crisis permanente.

Nadie, en aquel momento, reconocía formar parte de una operación coordinada. Y, sin embargo, el efecto progresivo de informaciones, titulares y procesos judiciales creaba un clima político irrespirable. La percepción terminó siendo tan relevante como los hechos en sí mismos.

Hoy, décadas después, la situación presenta paralelismos que invitan, al menos, a la reflexión. Sin poner en duda, como no puede ser de otra forma, la independencia de la justicia ni la legitimidad de las investigaciones en curso, resulta llamativo que en determinados momentos se concentren en pocos días múltiples casos que afectan a un mismo espacio político. No se trata de negar los hechos ni de defender a los implicados, sino de observar los tiempos, el tratamiento informativo y la intensidad del foco mediático.

Frente a esa rapidez y visibilidad, contrasta la lentitud con la que avanzan otros procesos judiciales de enorme relevancia relacionados con el Partido Popular. Casos como el del señor González Amador (más conocido como el novio de Doña Isabel Díaz Ayuso) el denominado Kitchen, el caso Montoro o la macrocausa Púnica han avanzado durante años a un ritmo que difícilmente capta la atención diaria de la opinión pública. Las resoluciones se dilatan, los titulares escasean y el impacto político se difumina. No es que estos casos no se investiguen, es que rara vez protagonizan la agenda informativa con la misma intensidad que otros.

Esta asimetría en la cobertura mediática es, quizás, uno de los elementos más reveladores. Los grandes medios de orientación conservadora, con honrosas excepciones, tienden a abrir con amplios titulares cuando las investigaciones afectan al PSOE, mientras relegan a espacios secundarios o diluyen en el tiempo aquellas que perjudican al PP. Se oscurece deliberadamente la influencia de sectores radicales de EEUU, con los que se reúnen en la embajada de dicho país los señores Feijóo y Abascal. No se trata de una conspiración explícita, sino de una directriz editorial que, repetida sistemáticamente, acaba configurando una determinada percepción de la realidad.

El resultado es un marco en el que una parte de la ciudadanía percibe una acumulación constante de escándalos en torno a un solo espacio político, mientras que otros aparecen relativamente a salvo o, al menos, menos expuestos. En política, esa percepción es determinante, influye en la confianza, en la credibilidad y, en última instancia, en el voto.

¿Significa todo esto que existe hoy un nuevo 'sindicato del crimen' en el sentido clásico del término? Probablemente no en la forma que tuvo en los años 90. Las dinámicas actuales son más complejas, más fragmentadas y, en muchos casos, menos visibles. Las redes sociales, la multiplicación de canales informativos y la velocidad de la información han transformado profundamente el ecosistema mediático. Sin embargo, la posibilidad de que exista una convergencia de intereses entre determinados poderes económicos, mediáticos y políticos no puede descartarse sin más.

España sigue siendo un país en el que los grandes grupos económicos mantienen una notable influencia, directa o indirecta, sobre el panorama mediático. Y esos poderes, por tradición y afinidad ideológica, han estado más próximos a posiciones conservadoras que progresistas. La hipótesis de que una parte de estas élites vea con incomodidad, o incluso con hostilidad, a gobiernos del PSOE no resulta descabellada desde un punto de vista histórico.

A ello se suma un elemento clave que es la utilización política de los tiempos. No es lo mismo que una investigación judicial avance de forma discreta durante años que su irrupción en la agenda pública se concentre en momentos de alta tensión política o electoral. Sin necesidad de cuestionar la actuación de jueces y fiscales, cabe preguntarse por los mecanismos mediante los cuales determinadas informaciones llegan a los medios en momentos especialmente sensibles.

La famosa frase atribuida a José María Aznar, “el que pueda hacer, que haga”, resuena en este contexto con una vigencia inquietante. Más allá de su interpretación concreta, encierra una idea de movilización de recursos y capacidades al servicio de un objetivo político. Cuando distintos actores, cada uno desde su ámbito, actúan en la misma dirección, el efecto puede ser indistinguible de una estrategia coordinada, incluso aunque no exista una coordinación explícita.

La cuestión no es tanto si existe o no un nuevo 'sindicato del crimen' con estructuras reconocibles, sino si el sistema democrático español dispone de los suficientes contrapesos para garantizar una competencia política en condiciones de equidad. La pluralidad mediática, la independencia judicial y la transparencia institucional son pilares esenciales de esa garantía. Cuando uno de ellos parece inclinarse, aunque sea levemente, el equilibrio se resiente.

La historia reciente nos recuerda que la combinación de presión mediática, judicialización de la política y desgaste continuado puede tener efectos decisivos. Negar esa posibilidad sería ingenuo. Aunque afirmarla sin matices parece irresponsable. Entre ambas posiciones, se encuentra el terreno de una reflexión necesaria, la de una democracia que debe vigilar no solo sus instituciones formales, sino también las dinámicas informales que, a veces, acaban siendo igual o más influyentes.

Porque si algo nos enseña el pasado es que, en política, los nombres cambian, pero las lógicas de poder tienden a repetirse. Y, en ese modelo, España haría bien en mirarse con atención.

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José María de la Riva es profesor de Geografía y ex concejal del Ayuntamiento de Madrid con el PSOE.

La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas. A lo largo de la historia, este derecho ha sido menospreciado, restringido y hasta reprimido en numerosas ocasiones. Sin embargo, la evolución de la conciencia social, junto con el avance de tecnologías como la imprenta y, más recientemente, las plataformas digitales, ha permitido que este derecho se consolide como un elemento incuestionable en la vida cotidiana de las personas. En el contexto actual, donde la información circula a un ritmo vertiginoso gracias a la digitalización, es imprescindible mantener y proteger la libertad de expresión, al tiempo que se reflexiona sobre cómo regular los nuevos medios sin comprometer este derecho fundamental. 

El desarrollo de la imprenta en el siglo XV marcó un antes y un después en la comunicación humana. Este invento democratizó el acceso al conocimiento y permitió que las ideas circularan con mayor libertad. La difusión de pensamientos, críticas y enfoques sobre la realidad política, social y cultural fomentó un ambiente de debate que propició cambios significativos. Movimientos como la Ilustración no hubieran sido posibles sin la capacidad de compartir ideas de forma masiva.

No obstante, la imprenta también trajo consigo nuevos desafíos. Los gobiernos comenzaron a regular la publicación de materiales considerados subversivos o peligrosos. A pesar de estas restricciones, la imprenta sentó las bases para que la libertad de expresión se convirtiera en un valor primordial a luchar y preservar. 

Con la llegada de la tecnología digital, la forma en la que consumimos información ha cambiado radicalmente. Plataformas como redes sociales, blogs y sitios informativos permiten a cualquier individuo convertirse en emisor de contenido. Esto ha democratizado aún más el acceso a la información, pero también ha generado problemas serios, como la propagación de noticias falsas y la desinformación a gran escala.

La preocupación por las fake news no es nueva; siempre ha existido la tendencia a manipular la información para diversos fines. Sin embargo, en la era digital, la velocidad a la que se difunden estas informaciones falsas y la facilidad con que se puede acceder a ellas han amplificado su impacto. Este panorama plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la regulación de los contenidos en línea. 

A menudo se plantea la necesidad de regular el contenido digital para evitar la propagación de información falsa y dañina. Sin embargo, esta regulación no debe interpretarse como un intento de censura. La identificación de los emisores de contenidos puede ser una herramienta valiosa para asegurar la responsabilidad en la difusión de información. Al exigir que los autores de contenido digital se identifiquen, la sociedad puede reclamar mayor responsabilidad a quienes difunden información, facilitando así un entorno de comunicación más transparente y seguro. Esto está perfectamente regulado en los medios denominados tradicionales, impresos o audiovisuales, donde la publicación de contenidos tiene siempre como último responsable al director de la publicación o al propietario de esta. En dichas cabeceras se realizan publicaciones firmadas, pero también con seudónimos, y en estos últimos es el director el responsable de lo publicado. ¿Por qué no se puede hacer una regulación similar con los medios digitales y redes sociales? ¿quién tiene interés en seguir publicando de forma anónima? 

De la responsabilidad de una noticia o de un conocimiento, tiene que hacerse cargo quien la produce o quien autoriza su publicación, lo que no impide que sea fundamental que esta identificación no comprometa la libertad de expresión, por eso los periodistas y sus empresas tienen garantizado el anonimato de sus fuentes de información. Es necesario regular que se pueda responsabilizar a los propietarios de las plataformas que autorizan información falsa, como pasa con los medios tradicionales.

No obstante, cualquier forma de regulación debe ser cuidadosamente diseñada para no inhibir el intercambio libre de ideas. 

Además de la regulación, es esencial fomentar la educación mediática dentro de la sociedad. Los ciudadanos deben ser capaces de discernir entre información veraz y falsa, y para ello, es necesario enseñarles a evaluar las fuentes y el contenido que consumen. La alfabetización mediática puede empoderar a las personas para que se conviertan en consumidores críticos de información, lo que a su vez puede ayudar a mitigar el impacto negativo de las noticias falsas y preservar la calidad del discurso público.

La lucha por la libertad de expresión no está exenta de retos. En muchas partes del mundo, incluyendo democracias consolidadas, se observa un creciente autoritarismo que busca silenciar voces disidentes. La autocensura se convierte en un mecanismo de defensa ante posibles represalias, lo que limita aún más el debate público. En este contexto, es más importante que nunca defender este derecho, no solo como un principio abstracto, sino como una herramienta vital para la progresión social.

La conclusión es que necesitamos preservar la libertad de expresión en la era digital, y se trata de una tarea que requiere un planteamiento de múltiples dimensiones. La historia nos muestra que este derecho no debe darse por sentado, ya que ha sido y sigue siendo amenazado. La revolución digital ha transformado la comunicación y ha planteado desafíos significativos, pero también oportunidades únicas para el intercambio de ideas y la promoción del conocimiento.

Al buscar un equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de regular el contenido en línea, es esencial mantener el respeto hacia la autonomía individual y la diversidad de pensamiento. La educación mediática jugará un papel crucial en este proceso, capacitando a los ciudadanos para navegar de manera crítica en un mar de información. Así, debemos construir una sociedad donde la libertad de expresión siga siendo un pilar fundamental, promoviendo un discurso plural y enriquecedor que beneficie a todos, pero responsabilizándonos de lo que informamos o damos a conocer.

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José María de la Riva Ámez es profesor de Geografía y ex concejal del Ayuntamiento de Madrid con el PSOE.