Dice una canción del grupo No Konforme lo siguiente:

“He aprendido que una vida sin ideales no es nada

No conozco ningún rico que se forre de manera honrada”

Unos versos muy apropiados para los tiempos que corren, cuando el estallido de un nuevo escándalo de corrupción asociado al cobro de supuestas comisiones ilegales por parte del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero amenaza con derrumbar la legitimidad moral del presente Gobierno. 

Ahora bien, al igual que con el caso de las mascarillas vinculado al exministro José Luis Ábalos, tengo la sensación de que gran parte de la discusión política y mediática —tanto en redes sociales como en platós de televisión o tertulias radiofónicas— está errado, sobre todo en relación con los puntos centrales hacia los que se está tratando de focalizar nuestra mirada. 

Se habla más de infidelidades, vicios y bajas pasiones que de las estructuras y entramados aparentemente legales que posibilitan estas malas prácticas. Hasta el punto de que el modo de informar sobre las investigaciones judiciales que se han puesto en marcha en ambos casos se asemeja más a un serial sensacionalista que a un proceso por el que se pretende arrojar luz sobre la trama corrupta en cuestión y sus causas. Porque de lo que parece tratarse no es tanto de revelar una verdad, sino de impactar emocionalmente en la audiencia: a unos para reconfortarlos en su revanchismo y a otros para minar su moral. 

Y de este modo se aleja del debate público un punto que, a mi modo de ver, es determinante e independiente del grado de responsabilidad que Zapatero tiene sobre los hechos de los que se le acusa. Esto es, el papel que juegan en la arena política actual los supuestos “amigos empresarios” que se sirven de contactos en las distintas administraciones para beneficiarse económicamente de contratos y adjudicaciones.

Cuestión que nos lleva a uno de los asuntos que para mí son centrales hoy en día: la predominancia de la colaboración público-privada en sectores de vital importancia para el bien común. Grandes empresas y conglomerados pugnan por gestionar el agua de nuestras ciudades, los transportes en los que viajamos, las carreteras por las que circulamos, los hospitales en los que nos curamos, las universidades en las que nos formamos, la energía de la que nos proveemos o los alimentos de los que nos nutrimos. Y allí donde se posibilita y privilegia su participación, como comprobamos de manera constante y sistemática, tarde o temprano surge una trama corrupta. 

¿Esto debe provocarnos desafección por la política? No. Al contrario. Porque para aquellas personas que entendemos que la riqueza comunitaria tiene más valor que la riqueza individual, este tipo de sucesos, aunque desagradables, ratifican nuestra posición de que para garantizar nuestro desarrollo vital y posibilitar nuestra felicidad particular es necesario pensar más allá de uno mismo y del éxito personal. No somos seres autosuficientes, somos interdependientes, y como sociedad necesitamos idear sistemas de apoyo mutuo, cuidados y colaboración que no sólo nos permitan sobrevivir, sino también vivir dignamente. 

A este respecto, no es verdad que lo privado funcione mejor. No es verdad que si se delega la gestión de lo público en empresas privadas se obtenga como resultado un conjunto de servicios más eficiente y de mayor calidad. En definitiva, no es verdad que la pura competitividad nos haga mejores como sociedad. Constataciones todas ellas que, lejos de debilitarnos, deberían fortalecer nuestro compromiso vital con valores e ideales de carácter comunitario, tales como la igualdad, la fraternidad, la cooperación y la justicia social.

Con esto no quiero criminalizar todo tipo de actividad empresarial, pero sí la de aquellos que se forran a costa del bienestar de todas y todos y que –llevados por una avaricia desmedida– no dudan en explotar de manera intensificada recursos y personas para incrementar su beneficio particular. 

Entablar lazos de colaboración con este tipo de empresas (y empresarios) y confundir la relación establecida con la amistad y el afecto es peligroso y puede jugar malas pasadas a nivel personal, como parece estar sucediéndole al expresidente socialista y al conjunto del PSOE. Pero mayor perjuicio es el que se puede causar al conjunto de la sociedad si no sabemos identificar el origen de muchas de las prácticas corruptas que padecemos. 

En ese sentido, el problema de la corrupción no creo que se limite a personas particulares, sino más bien a una forma de entender la organización del Estado que tiende a dejar lo público en manos de estructuras que, por principio, tienen ánimo de lucro y, por tanto, no sienten la obligación de anteponer el bien común a sus propios intereses. 

Por ese motivo, este es un momento propicio para volver a defender lo público desde una perspectiva comunitaria. Lo que no significa que todo lo público deba ser gestionado por una clase política alejada de la ciudadanía. Al contrario, se trata de lograr que la Política, con mayúsculas, se abra a la ciudadanía y, con ello, que todas y todos nosotros podamos participar de lo público: de la conservación de nuestros parques, de la puesta en marcha de proyectos de producción y distribución de energía, del diseño de nuestras ciudades, de la elaboración de partidas presupuestarias destinadas a asuntos sociales, de la mejora de la oferta cultural y educativa de nuestras escuelas, del impulso de actividades recreativas y de ocio para jóvenes y mayores, de los cuidados de personas dependientes, de la puesta en marcha de proyectos de vivienda, etc. Y si una empresaria/o quiere participar de todo ello que lo haga como uno más, como ciudadana o ciudadano, y no como parte interesada que pugna por conseguir un contrato exclusivo con la Administración.

No son horas bajas para quienes tenemos este tipo de ideales. Más bien es un tiempo crítico para quienes quieren seguir forrándose de múltiples formas poco honrosas. Por eso hay que abonar el terreno para que en el próximo ciclo electoral comiencen a triunfar proyectos políticos que estén comprometidos con este modo alternativo de entender la sociedad. No abandonemos este terreno a los enamorados de la privatización. Hagamos que nuestros votos merezcan la pena. De lo contrario, estaremos dejando el ámbito de lo público en manos de múltiples capos que, como ya hemos comprobado, más pronto que tarde arrastrarán al fango a quienes nos representan en las instituciones.

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Miguel Martín es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valladolid, doctor en Semiótica por la Universidad Complutense de Madrid e investigador de Diacronía.