La polarización política y el ruido mediático han convertido la investigación judicial en un espectáculo público. Pero la Justicia no debería ser un escenario, sino un pilar sobre el que se sostiene la democracia.

Hay imágenes que se quedan grabadas en la retina colectiva. Una de ellas es la de una investigación judicial que se prolonga durante años, pese a que la fiscalía pide el archivo desde el primer momento y las instancias superiores corrigen repetidamente al juez instructor. Otra, casi idéntica en su forma, es la de determinadas causas que parecen avanzar con una celeridad sorprendente cuando los nombres propios pertenecen a un lado distinto del tablero político.

No hace falta ser jurista para percibir la anomalía. Lo que erosiona la confianza pública no es únicamente el desenlace de un procedimiento, sino el propio trayecto: la sucesión de diligencias, las filtraciones, la exposición mediática, la sospecha instalada y el daño reputacional que ninguna resolución favorable logra reparar del todo.

El caso de Begoña Gómez ha reavivado este debate. Una denuncia basada, en parte, en informaciones que resultaron erróneas; una petición de archivo formulada desde el principio por la fiscalía; una instrucción extraordinariamente prolongada y varias correcciones de instancias superiores. Todo ello ha alimentado una pregunta incómoda: ¿se habría actuado de la misma manera si la investigada no fuera la esposa del presidente del Gobierno?

Nadie va responder con certeza a esa pregunta. Aunque muchos intuimos la respuesta. Tampoco puede afirmarse categóricamente la existencia de una intención oculta por parte del juez instructor. En un Estado de derecho debemos presumir la buena fe de los jueces, incluso cuando discrepamos profundamente de sus decisiones. 

Es innegable que la relevancia política del investigado altera la dimensión pública del procedimiento. Lo convierte en un acontecimiento mediático, multiplica la presión sobre los actores judiciales y amplifica cualquier decisión. La sospecha adquiere vida propia y, una vez instalada en la opinión pública, rara vez desaparece.

Vivimos en la era de la justicia paralela, donde el primer veredicto se dicta en las portadas, en las tertulias y en las redes sociales. El cuarto poder, llamado a fiscalizar con rigor, se convierte demasiadas veces en un simple altavoz de filtraciones y acusaciones no contrastadas. Una denuncia, un titular o un dato equivocado bastan para poner en marcha una maquinaria de consecuencias devastadoras.

Por eso resulta injusto exigir a la ciudadanía una confianza ciega. Se nos pide que esperemos, que respetemos la presunción de inocencia y que no extraigamos conclusiones precipitadas. Y tiene razón quien lo pide. Pero la exigencia debe ser recíproca. La Justicia también tiene el deber de merecer esa confianza.

No se nos puede pedir a los ciudadanos que comulguemos con ruedas de molino. No pueden exigirnos que consideremos normal aquello que, a los ojos del sentido común, parece profundamente anómalo. No se nos puede pedir que aceptemos sin preguntas procedimientos que se prolongan sin resultados aparentes, ni que ignoremos la impresión de que algunos asuntos reciben una intensidad instructora que otros no conocen.

La percepción social de parcialidad no constituye una prueba de que exista un sesgo sistemático en la Justicia española. No hay evidencia científica concluyente de una "justicia de dos velocidades" determinada por la ideología del investigado. Pero la percepción ciudadana también es un hecho político y social de enorme importancia.

Cuando una parte muy significativa de la población duda de la imparcialidad de los tribunales, el problema ya no es únicamente jurídico; es institucional y democrático.

Los jueces, además de aplicar las leyes, desempeñan una función pedagógica. Cada auto, cada resolución y cada decisión procesal envía un mensaje a la sociedad sobre cómo funciona el Estado de derecho. La proporcionalidad, la prudencia y la apariencia de imparcialidad no son adornos; son condiciones indispensables para preservar la legitimidad de las instituciones.

La Justicia no puede impedir que existan sospechas. Pero sí puede evitar alimentar la sensación de arbitrariedad. La confianza pública es un bien extraordinariamente difícil de construir y fácil de destruir.

Las instituciones judiciales tienen la obligación de ser especialmente cuidadosas en aquellos asuntos que afectan al corazón de la vida política.

No para proteger a los poderosos. Tampoco para perseguirlos con mayor intensidad. Simplemente para aplicar la ley con la misma mesura, el mismo rigor y el mismo sentido común que se aplicaría a cualquier ciudadano anónimo.

Una democracia puede soportar errores judiciales. Lo que difícilmente puede soportar es la pérdida de fe en la imparcialidad de quienes están llamados a impartir justicia.

Y cuando una sociedad empieza a sentir que se le pide creer en lo increíble y aceptar como normal lo que percibe como excepcional, aparece una sensación peligrosa: la de estar obligada a comulgar con ruedas de molino.

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Francisco Barba Cañete es escritor, politólogo y socio de infoLibre.

Los jueces han decidido retirar el pasaporte a Begoña Gómez. La resolución habla de un posible "riesgo de fuga". Una expresión solemne, casi cinematográfica. Uno imagina aeropuertos, identidades falsas, maletas con doble fondo y vuelos nocturnos hacia algún país sin tratado de extradición. ¿Alguien se imagina a Pedro Sánchez bajando del Falcon de regreso España sin Begoña Gómez? y respondiendo como Caín cuando Dios le preguntó por el paradero de su hermano Abel, contestara "¿soy yo acaso su guardián?" Pero quizá hemos entendido mal el auto y prejuzgado a los jueces.

Porque la palabra "fuga" tiene en español una extraordinaria riqueza de significados. La publicidad nos recuerda cada día que millones de personas sufren “pequeñas fugas” de orina al reír, al toser o al hacer ejercicio. Para todo hay solución, dicen los anuncios. Salvo, al parecer, cuando interviene la justicia.

Y aquí es donde todo empieza a cobrar sentido.

Durante meses, Begoña Gómez ha sido objeto de una colección de bulos tan grotescos que harían sonrojar a un guionista de comedia. Uno de los más persistentes sostenía que la esposa del presidente del Gobierno era en realidad un transexual llamado Begoño con persistentes problemas de próstata, posiblemente una hipertrofia benigna que requirió, aseguraban, algunos días de baja laboral. El tal Begoño recibió subvenciones cuyas cantidades eran ocultadas por el Gobierno para montar una red de prostíbulos encubiertos como alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías o saunas. Además de los ingresos que recibiría como narcotraficante en el norte de Marruecos. Delirios, por supuesto, pero difundidos con entusiasmo por quienes convierten la mentira en una forma de militancia.

Incluso los tribunales han terminado pronunciándose sobre uno de esos disparates al considerar que llamarla "Begoño" no constituye delito. Curiosa época la nuestra, en la que la justicia acaba dedicando tiempo a determinar los límites penales de un chiste de patio de colegio.

De modo que quizá el famoso "riesgo de fuga" no era el que imaginábamos. Tal vez los jueces estaban preocupados por otro tipo de fugas. Las de los anuncios de televisión. Las que se solucionan con un “Tena Lady Ultra” y no con la retirada de un pasaporte.

Quién sabe. A lo mejor todo este procedimiento podría haberse resuelto con un buen bragapañal.

Resulta difícil no percibir en determinadas decisiones una voluntad de escenificación. No basta con investigar; parece necesario exhibir. No basta con instruir; hay que representar. Los jueces saben —porque algunos incluso han aprobado las oposiciones— que cuando la persona investigada es la esposa del presidente del Gobierno, cada medida cautelar adquiere inevitablemente una dimensión simbólica que trasciende lo estrictamente jurídico.

No afirmo que exista una voluntad deliberada de humillarla —Dios me libre—. Digo que, vista desde fuera, la escena produce exactamente ese efecto. Y en política, como en justicia, los efectos también importan.

A la pobre Begoña —o Begoño, puesto que ya sabemos que esa licencia cuenta con respaldo judicial— solo le faltaría completar el repertorio de las viejas ceremonias de escarnio público: raparla al cero, obligarla a beber aceite de ricino y pasearla por las calles con un cartel infamante colgado del cuello.

La imagen pertenece a otros tiempos, sí. A una España que creíamos archivada junto con sus fotografías en blanco y negro. Pero hay decisiones que despiertan ecos incómodos, porque parecen inspiradas por la misma intención: la de convertir la investigación de la mujer del presidente en espectáculo antes que en ciudadana con derechos.

Tal vez los jueces tengan excelentes razones jurídicas para retirar un pasaporte. Tal vez. Lo que cuesta entender es por qué, tratándose de una persona que ha comparecido siempre ante los tribunales y cuya notoriedad hace prácticamente imposible cualquier desaparición, la medida termina pareciendo menos una cautela procesal que una escena cuidadosamente iluminada.

Y mientras discutimos sobre el riesgo de fuga, las que de verdad se están fugando son: la presunción de inocencia, la proporcionalidad y la prudencia institucional. Esas hace tiempo que abandonaron discretamente el escenario.

Qué desconfiados hemos sido algunos. Pensábamos que los jueces hablaban de evasiones internacionales cuando, quizá, solo estaban preocupados por las otras “pequeñas fugas” de las que nos advertía la inmortal Concha Velasco.

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Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.

La Tierra no es más que una frágil esfera azul, nuestro hogar común viajando a cien mil kilómetros por hora alrededor del Sol. Dicen los astronautas que vista desde allí arriba no se distinguen fronteras separando territorios.

Por eso, cuando tiembla Venezuela, tiembla también España, somos una sola familia herida por el mismo pulso telúrico. Los devastadores terremotos que la sacudieron el pasado 24 de junio no son para nosotros una noticia internacional más, ni sus víctimas una fría cifra en un teletipo de agencia, sino un recordatorio brutal de nuestra propia fragilidad. Bajo los escombros podría estar cualquiera de nosotros. La mano que busca a un hijo desaparecido entre el polvo y el hormigón podría ser la nuestra. El llanto de una madre es un lenguaje que no precisa traducción. El dolor humano es universal, nos hermana en la desgracia y nos interpela en la conciencia.

El Proyecto Genoma Humano demostró que compartimos más del 99,9% de nuestro ADN. Somos extraordinariamente diversos en culturas, creencias y costumbres, pero biológicamente somos una única tribu errante. La neurociencia explica que cuando vemos sufrir a seres humanos activamos circuitos cerebrales que nos permiten experimentar como propio el dolor ajeno y nos empujan a acudir en su ayuda.

La psicología social lleva décadas documentando este fenómeno: en los grandes desastres, los seres humanos no suelen responder con egoísmo, sino con cooperación. La solidaridad emerge de manera instintiva. Quizá la supervivencia de nuestra especie dependa precisamente de eso. No llegamos hasta aquí por ser los más fuertes ni los más rápidos; sobrevivimos porque aprendimos a proteger a los débiles, a alimentar a los niños, a levantar al caído y a compartir el fuego en medio de la noche.

Sin embargo, cada vez que la Tierra se sacude, cada vez que una guerra convierte los hogares en escombros o una inundación arrastra la vida de miles de personas, la humanidad se enfrenta a una pregunta esencial: ¿seguimos siendo una comunidad moral o nos hemos resignado a ser meros espectadores del sufrimiento?

El fascismo, en todas sus máscaras, ha levantado su discurso sobre la premisa de que no toda vida humana tiene el mismo valor y para que la sociedad sea capaz de ignorar el sufrimiento ajeno, antes debe deshumanizar a quienes considera enemigos. Necesita desactivar nuestra empatía natural, convertir a las personas en números, en amenazas, en categorías abstractas (“menas”, “negros”, “moros”, “sudacas”…). En sus discursos emplean metáforas animales, niegan la inocencia de los niños o justifican la violencia como una necesidad inevitable. El psicólogo Albert Bandura llamó a este proceso “desconexión moral”, un mecanismo mediante el cual dejamos de ver al otro como un semejante y comenzamos a percibirlo como alguien cuya vida vale menos. Entonces la compasión se apaga y cualquier barbarie se vuelve posible.

Pero el terremoto de Venezuela desnuda la falacia de esa jerarquía fascista. Los desastres no preguntan por el color de la piel ni la religión de sus víctimas, ni si son chavistas u opositores. La naturaleza no entiende de ideologías. El dolor, en su desnudez, nos devuelve a nuestra condición común: frágiles, mortales, necesitados los unos de los otros.

En un tiempo de muros, de polarización y de discursos que intentan convencernos de que estamos irremediablemente divididos, la Tierra sigue enviándonos el mismo mensaje: somos una sola comunidad de seres humanos viajando juntos por el cosmos. Quizá la esperanza de nuestra supervivencia como especie dependa precisamente de recordar eso: en la capacidad de extender la mano cuando otro ser humano cae.

Mientras Venezuela cuenta a sus heridos, busca a sus desaparecidos y abraza a sus supervivientes, el resto del mundo tiene la oportunidad de demostrar que la humanidad sigue siendo algo más que una palabra. Ojalá que el dolor de los venezolanos se transforme en un latido que despierte nuestra conciencia adormecida.

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Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.

En la era de la saturación digital, las estadísticas selectivas sirven para construir grandes mentiras. Es el viejo truco del cherry picking o el sesgo de selección: se trata de acudir a un árbol, recoger únicamente las frutas maduras o podridas que convienen al relato y mostrar la cesta como si fuera la radiografía exacta de todo el bosque. Cuando esta técnica se aplica a dramas humanos tan desgarradores como la explotación sexual de menores, el resultado es gasolina flotando en una opinión pública a punto de estallar.

La historia reciente demuestra que los datos étnicos sesgados o falsos no se quedan en el plano académico; saltan a las calles en forma de disturbios, violencia y fractura social, como los vividos en el Reino Unido en el verano de 2024 tras los bulos de Southport.

El ultraderechista Javier Negre emplea estructuras narrativas de deshumanización, pánico moral y victimización de la mayoría, enfocándose sobre todo en los musulmanes. En su retórica son comunes términos como “invasión islámica”, “ideología que carcome” o “colapso de Occidente”. Es una falsa teoría conspirativa rechazada categóricamente por la comunidad académica, verificadores de datos y organismos internacionales.

Pese a la falsedad del discurso y lo rastrero de su argumentación, la extrema derecha sigue creciendo y ganando adeptos.

Lo más peligroso es que la desinformación no nace de una mentira completa. De hecho, una parte sustancial de los hechos es cierta, pero se presenta de manera que conduce al público hacia conclusiones falsas. Tan irresponsable es negar la realidad como exagerarla, por eso debemos diferenciar entre el periodismo serio y la propaganda.

Numerosos estudios criminológicos demuestran que más del 80% de los abusos infantiles se producen en entornos familiares conocidos o cercanos a las víctimas. El propagandista Javier Negre, ha tomado los datos observados en determinados municipios y los ha proyectado matemáticamente al conjunto del país, los presenta como si describiera una realidad nacional homogénea donde ser musulmán es sinónimo de violador o abusador sexual. El problema adquiere una relevancia moral, porque cuando Negre convierte artificialmente una excepción documentada en regla universal, la consecuencia es la estigmatización colectiva de millones de personas que no tienen ninguna relación con los delitos.

La ciencia social lleva décadas advirtiendo sobre este tipo de manipulación que persigue dejar de informar y tratar de persuadir, y en la actualidad la inteligencia artificial añade más complejidad al problema.

Muchos ciudadanos acudimos a la IA buscando una respuesta neutral, ajena a los intereses ideológicos de partidos, medios de comunicación o grupos de presión. Pero las máquinas no piensan en el vacío. Tienen los sesgos de los seres humanos que las crearon. El historiador y filósofo Yuval Noah Harari advierte en su obra Nexus que los sistemas algorítmicos no distinguen necesariamente entre verdad y viralidad. Una información puede expandirse masivamente no porque sea correcta, sino porque resulta emocionalmente poderosa, genera indignación o confirma prejuicios previos. Hasta el papa León XIV nos lo acaba de advertir en su encíclica “Magnifica humanitas” donde nos invita a replantearnos el papel de la tecnología subrayando que la IA no es neutral y aboga por “desarmarla” de lógicas de dominio, exclusión y control. No se trata de una conspiración tecnológica, sino de una limitación inherente a algoritmos entrenados por seres humanos sesgados. Cuando una determinada narrativa domina el ecosistema informativo, el riesgo de que también influya en las respuestas algorítmicas aumenta significativamente.

Por ejemplo, en Torrepacheco se presentó un acto concreto de delincuencia como consecuencia directa de la inmigración en su conjunto, circularon vídeos descontextualizados, imágenes procedentes de otros lugares y mensajes interesados en señalar a comunidades enteras como criminales. Los mensajes más alarmistas eran los más compartidos y comentados. La emoción viaja más rápido que la verdad.

Tras el asesinato de varias niñas en Southport, se difundieron rápidamente informaciones falsas sobre la identidad del autor. Antes de que las autoridades reaccionaran, miles de usuarios compartieron interesadamente la atribución del crimen a colectivos inocentes. Esta desinformación alimentó disturbios, ataques contra mezquitas y enfrentamientos callejeros. Posteriormente se comprobó que muchas de las afirmaciones iniciales eran falsas.

La tecnología no necesita mentir para desinformar; a veces basta con amplificar selectivamente una parte de la verdad y silenciar el contexto necesario para comprenderla. La democracia necesita investigaciones honestas, la justicia necesita pruebas y la inteligencia artificial ciudadanos capaces de pensar críticamente. Cuando Javier Negre utiliza palabras como “invasión total” despoja al musulmán de su individualidad civil, lo transforma en un enemigo uniformado, en un “varón en edad militar”. Y cuando afirma que la inmigración “carcome el corazón de la civilización occidental”, lo compara con una enfermedad que corrompe al cuerpo sano desde dentro. Negre no busca debatir datos, sino contribuir a un mito literario cerrado donde el musulmán es una amenaza existencial que nos obliga a elegir entre la sumisión o la confrontación.

Los programadores y los modelos de IA no pueden ser meros espectadores asépticos. El rigor informativo debe pasar por encima de la complacencia o del algoritmo de interacción. Cuando un informe miente o manipula con las cifras globales, la obligación ética de la tecnología debe ser desmontar la falacia de inmediato, de forma directa y sin preámbulos. De lo contrario, seguiremos permitiendo que quien mira un árbol crea que todo el bosque está podrido.

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Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.

Noam Chomsky describió la técnica para privatizar servicios públicos. Son las mismas que usa el PP en aquellas comunidades autónomas donde gobierna para privatizar la Sanidad y la Enseñanza. Se trata de ir desfinanciándolas progresivamente hasta que colapsen. Esto produce frustración y quejas de los usuarios por el mal funcionamiento. En una segunda fase, se utiliza el deterioro como justificación, mientras, una parte sustancial de la sociedad, acepta el proceso como inevitable.

Se logra así acabar con unos derechos que tanto costó conseguir. Sanidad y Enseñanza han sido símbolos que definían a una sociedad decente. Por desgracia, es el futuro llamando a la puerta. Luego vendrán: la congelación de las pensiones y el aumento del gasto militar.

Con respecto a la Sanidad, cada vez más gente contrata pólizas baratas de seguros privados con cobertura limitada y letra pequeña interminable. Lo hacen obligados por el miedo a esperar meses para una prueba diagnóstica, o años para una intervención. Millones de familias pagarán cada mes su cuota para comprar cierta tranquilidad psicológica. La salud dejará así de ser un derecho para convertirse en un mercado segmentado donde convivirán una medicina para pobres y otra para privilegiados. Una asistencia masificada y lenta para el Servicio Público de Salud. Y una medicina VIP, inmediata, tecnológica y personalizada para quienes puedan pagarla. Habitaciones premium, especialistas exclusivos y tratamientos de última generación convivirán con pasillos saturados y profesionales exhaustos en hospitales públicos degradados.

Lo más perverso del proceso es que se presentará como una evolución “natural”. Consecuencia inevitable de la modernidad. Pero no será casualidad. Será una decisión política. Y se nos olvidará que fuimos nosotros los que la permitimos.

El sistema público, primero recortado, después desacreditado, para más tarde convencer a la población de que ya no funciona, y finalmente se privatiza parcialmente como supuesto remedio al problema que ellos mismos han creado. Con excusas como que “el Estado no puede sostenerlo”, “hay que racionalizar recursos” o que “la colaboración público-privada es imprescindible”. De este modo, el negocio de la enfermedad será sin duda uno de los sectores más rentables del siglo XXI.

Será la perfecta profecía autocumplida.

La Enseñanza seguirá exactamente el mismo camino. Los padres comprenderán que si desean garantizar oportunidades reales a sus hijos, deberán pagar por ellas. La enseñanza privada crecerá mientras la pública se deteriora lentamente en recursos, prestigio y expectativas. Los centros públicos acabarán concentrando pobreza y exclusión social, mientras las élites económicas blindarán a sus hijos en circuitos educativos cada vez más segregados. La igualdad de oportunidades, uno de los grandes consensos de la democracia moderna, se convertirá en una reliquia sentimental imponiéndose una falsa cultura “del esfuerzo”. En la lógica de este sistema: el que paga recibe y el que no pueda que aprenda a resignarse.

Pero el deterioro no termina ahí. El problema de la vivienda consolidará una nueva estructura social profundamente desigual. Comprar una casa será un privilegio reservado a herencias familiares, rentas altas o fondos de inversión. La mayoría de nuestros jóvenes vivirán encadenados al alquiler durante décadas, transfiriendo gran parte de sus salarios a propietarios cada vez más poderosos. La vivienda dejará de ser un derecho para convertirse en un mecanismo de extracción permanente de riqueza. «¡Haberte esforzado!» Se dirá a los pobres. 

Mientras tanto, Europa sigue instalada en una atmósfera de tensión geopolítica constante. La guerra ya no se percibe como una anomalía histórica, sino como una posibilidad estructural. El miedo colectivo justificará incrementos masivos del gasto en Defensa que se acercará al cinco por ciento del PIB. Y esos recursos deberán salir de alguna parte: Pensiones, dependencia, ayudas sociales e inversión pública. Con la excusa de la “seguridad nacional”.

El calentamiento global, el agotamiento de recursos naturales o las migraciones masivas exigirán una coordinación internacional sin precedentes. Pero los gobiernos sometidos al ciclo electoral permanente, con dirigentes atrapados en la lógica del titular inmediato y sociedades polarizadas hasta el agotamiento emocional, convertirán cualquier acuerdo estratégico en una misión imposible.

Están emergiendo nuevos poderes, son gigantes tecnológicos, fondos de inversión y corporaciones capaces de acumular cantidades inimaginables de información sobre nuestras vidas. Nunca en la historia de la humanidad tantos datos personales estuvieron concentrados en tan pocas manos. Nuestros hábitos de consumo, emociones, ideología, enfermedades, relaciones sentimentales, tendencias sexuales, desplazamientos y miedos, alimentan algoritmos diseñados no solo para predecir nuestro comportamiento, sino para condicionarlo. La inteligencia artificial es ya un formidable mecanismo de vigilancia, persuasión y control social.

Quien controle los algoritmos controlará la información, condicionará la percepción de la realidad y dominará el relato. Entonces, los más viejos recordarán que hubo un tiempo en el que la salud no dependía del nivel de renta y que el acceso a la educación no determinaba quién tendría futuro y quién no. 

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Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.