El 30 de enero de 1937, mientras las tropas franquistas lanzaban su enésima descarga de artillería sobre Madrid y las tropas italianas del fascista Mussolini bosquejaban el asedio de Málaga, el Ministerio de Instrucción Pública (MIP) del Gobierno republicano se armaba para combatir en otro de sus frentes más urgentes: la lucha contra el analfabetismo. 

Ese mismo día, el ministerio dirigido por el comunista Jesús Hernández Tomás dio la orden de crear las Milicias de la Cultura. Formadas por intelectuales, profesores y estudiantes voluntarios, estas milicias tenían por misión instruir a las filas republicanas entre los estruendos de los cañones y los silbidos de las balas. 

Un auténtico cuerpo militar docente cuyo objetivo no era conquistar ni defender ninguna plaza, sino dotar al combatiente de una herramienta de emancipación personal y social que sigue siendo básica hoy, 90 años después del estallido del conflicto: la educación.

No era una cuestión baladí: la enseñanza pública fue uno de los caballos de batalla de los gobiernos republicanos desde 1931. Para 1936, antes del estallido del conflicto, el índice de analfabetismo en España ascendía al 28%, un dato especialmente alto en comparación con los demás países europeos, según recoge el historiador Juan Manuel Fernández Soria.

En el frente, las cifras era más alarmantes. La extracción mayoritariamente campesina de las filas del Ejército Popular provocaba que, en algunas unidades militares, el analfabetismo alcanzara el 80%. Específicamente, en el frente del Centro, se calculaba que el 60% de los combatientes eran analfabetos. 

Esta fue la realidad que motivó la creación de las Milicias de la Cultura, que nació como una iniciativa dentro del Quinto Regimiento, pero se extendió a todo el Ejército Popular. Se estima que más de 2.200 milicianos batallaron contra el analfabetismo entre febrero de 1937 y abril de 1939.

Entre ellos, destacados artistas e intelectuales como el poeta Miguel Hernández, que lanzó sus versos entre las trincheras como comisario de cultura en el frente. Otros escritores, dramaturgos y poetas como José Herrera Petere, María Teresa León y Rafael Dieste fueron cruciales en la labor cultural de estas milicias.

Así, mientras los obreros abastecían de armas y municiones a los soldados y el campesinado alimentaba su cuerpo; las Milicias de la Cultura alimentaban su mente. Organizados como un cuerpo militar y bajo la supervisión de los comisarios políticos del Ejército Popular, las Milicias tenían su propia jerarquía. 

Sin embargo, el principal cometido de este cuerpo era enseñar a leer y escribir a los soldados, además de impartir otras lecciones básicas de matemáticas, geografía e historia.

No obstante, su labor no se reducía a la docencia. Las milicias organizaron y administraron bibliotecas en cuarteles, hospitales y en el mismo frente. En sus dos años de actividad crearon unas 1.000 bibliotecas, nutridas a menudo de donaciones privadas e incautaciones. Del mismo modo, organizaban conferencias, sesiones de cine, teatro, recitales poéticos y audiciones de música para el entretenimiento y formación de la tropa. Además, muchos de los milicianos culturales compartían la vida y los riesgos de las trincheras con los soldados. Como los ruiseñores de Miguel Hernández, cantaban entre los fusiles y en medio de las batallas.

Su acción en la retaguardia fue prácticamente igual de intensa. A través de las Brigadas Volantes, creadas en septiembre de 1937, extendieron la alfabetización a las zonas rurales más necesitadas que estaban bajo el paraguas del Gobierno republicano.

El impacto fue notorio: diversas fuentes estiman que entre 75.000 y 105.500 combatientes fueron alfabetizados por las Milicias de la Cultura. En la retaguardia, esta y otras iniciativas lograron que más de 300.000 adultos aprendieran a leer y escribir. 

El cartelismo artístico fue una de las más destacadas funciones de las Milicias de la Cultura. Más allá de la función pedagógica e informativa, los carteles se alineaban con la movilización ideológica y el fortalecimiento de la moral combatiente. 

Son célebres los carteles con proclamas como: “La cultura es un arma más para combatir al fascismo”, “Las milicias de la cultura luchan en el frente con sus libros y un fusil”, “Guerra al analfabetismo”, o “El que sabe leer puede ser mejor soldado”. El libro y el fusil copaban una simbología que pretendía equiparar la lucha contra el fascismo con la lucha contra la ignorancia y la defensa del conocimiento y la cultura.

Para ello, las milicias contaban con una sección de prensa y propaganda, coordinada con el ministerio del ramo. Además, publicaban un órgano oficial cuyo título manifestaba sin rodeos su razón de ser: Armas y Letras. Al estilo de los pasquines y los periódicos murales soviéticos, los milicianos confeccionaban los diarios desde los cuarteles y las fábricas.

Otra particular vía de difusión del arte y la cultura fueron los sellos de ayuda. Emitidos para recaudar fondos, lucían imágenes propagandísticas de soldados leyendo o de figuras literarias históricas, como Miguel de Cervantes.

Las Milicias de la Cultura fueron una de las últimas iniciativas educativas que pusieron en marcha los sucesivos gobiernos de la Segunda República. La universalidad de la enseñanza pública fue una de las banderas del efímero régimen, que batalló contra instituciones como la Iglesia para llevar a cabo su proyecto. Esta educación de guerra fue el último de los esfuerzos de los dirigentes republicanos por mitigar el analfabetismo entre la población española más vulnerable, aunque en el menos favorable de los contextos.

Historiadores como Juan Manuel Fernández Soria cifran en 200.000 soldados los que recibieron clases de los milicianos de la cultura. Además, crearon más de 150.000 materiales didácticos para acercar la cultura al frente, a la tropa, y alejar la actividad intelectual de los círculos elitistas. 

El final de la guerra trajo consigo el final de la labor de las Milicias de la Cultura, cuyas noticias desaparecen a partir de agosto de 1938. La represión franquista, la depuración del cuerpo docente y el exilio hicieron el resto. Para 1940, España seguía anclada en un índice de analfabetismo cercano al 30%. 

Nueve décadas después, la huella de las Milicias de la Cultura permanece indeleble en la memoria colectiva. Sus carteles trasladan al espectador a una época en la que la educación tenía tanto o más valor que las balas en la lucha por la justicia social y la emancipación de la clase trabajadora. 

“Eres más pobre que un maestro de escuela”. Este refrán, aún popular entre quienes peinan más de una cana, describió durante buena parte del siglo XX español la precaria situación laboral y económica de los profesionales de la educación. El descontento del profesorado público, maltratado especialmente durante el franquismo, cristalizó en los últimos estertores del régimen dictatorial en una movilización sin precedentes. Entre enero y febrero de 1973, dos años antes de la muerte de Francisco Franco, los maestros convocaron una histórica huelga cuyo eco aún pervive en las protestas actuales, como las vividas en Valencia en el último mes.

En 1973, el rápido crecimiento de la economía española tocó techo. Si bien el PIB alcanzó su máximo hasta la fecha fruto de la política desarrollista aplicada desde los 60, la realidad en las calles y, más aún, en las aulas, no era precisamente próspera. Un cóctel de precariedad laboral, represión política y abandono institucional mantenía al profesorado público en una situación mísera.

Desde la guerra civil, el régimen franquista había despreciado la educación pública en favor de la escuela privada, donde las órdenes religiosas tenían carta blanca. Tras la cruenta depuración de los maestros en los años 40 y 50, el régimen se esmeró en controlar al gremio: todos los profesionales de la enseñanza pública estaban obligados a pertenecer a las estructuras del sindicato vertical franquista. Lejos de defender sus intereses como trabajadores, sindicatos como el SEM (Sindicato Español del Magisterio) servían como herramienta de control ideológico del aparato franquista.

Mientras el cepo político ahogaba la libertad de los maestros, su salario hundía sus condiciones materiales. Historiadores como Francisco Morente Valero señalan que a principios de los años 70 aún seguía viva la "vieja imagen del maestro que sólo con enormes apuros llega a final de mes". Para 1973, un maestro cobraba un salario de 2.400 pesetas al mes, una cifra irrisoria en comparación con sus colegas de Bachillerato, que percibían 12.000 pesetas mensuales, y con los catedráticos universitarios, que alcanzaban las 16.500 pesetas mensuales. Una brecha insalvable que figuraba entre las principales reivindicaciones del gremio.

Esa precariedad salarial se sumaba a la falta de inversión del Estado en las escuelas, cuya deficiencia era notoria en los centros escolares: aulas abarrotadas, material escaso y desfasado, mínima construcción de nuevos centros… El abandono institucional en favor de la educación religiosa privada condujo a unos niveles de alfabetización ínfimos en comparación con los países del entorno.

Con estos ingredientes, la receta del descontento estaba servida. El aderezo final lo puso la Ley General de Educación (LGE) de 1970, que fijó la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 14 años: la célebre Educación General Básica o EGB. La norma, cuyo objetivo era adaptar la educación franquista a las demandas del desarrollismo económico y el capitalismo internacional, logró aumentar rápidamente las plazas escolares. No obstante, este aumento vino de la mano de ratios muy elevados en las aulas y de la contratación masiva de profesorado interino, cuyas condiciones y derechos eran muy inferiores a las de los funcionarios. Además, la nueva ley fijaba un coeficiente para el complemento salarial de los maestros que no se llegó a aplicar en su totalidad.

Así las cosas, en enero de 1973 el Ministerio de Educación publicó las nuevas retribuciones complementarias del profesorado. La subida contemplada en la ley no se aplicaba. Y se encendió la mecha. Los maestros, hartos de agravios, se organizaron en asambleas y coordinadoras a nivel local y provincial al margen de la estructura sindical del régimen. El llamado “movimiento de enseñantes” llamó a la huelga, que comenzó oficialmente el 25 de enero de 1973.

Si bien no hay cifras exactas del seguimiento, expertos como Aida Terrón Bañuelos calculan que más de 100.000 maestros secundaron el paro. La coordinación y disciplina del movimiento asambleario puso en jaque al régimen: la huelga paralizó la educación en prácticamente todas las provincias españolas. Nunca se había visto una movilización de esta magnitud entre los profesores.

Desbordado, el SEM trató de canalizar las protestas a través de la estructura sindical franquista e incluso dinamitarlas desde dentro, pero la magnitud del movimiento huelguístico desarboló su reacción. Su inutilidad era el reflejo de cómo las anquilosadas estructuras franquistas se resquebrajaban ante las crecientes demandas populares de derechos políticos y laborales de los trabajadores.

Tras cinco días de movilizaciones, el Gobierno franquista se vio obligado a ceder: el 30 de enero, el Ministerio de Educación anunció una subida de sueldos inmediata. Poco después, el salario de los maestros ascendió a 18.020 pesetas mensuales, un incremento de casi el 50% con respecto a su situación anterior. Las autoridades del SEM presionaron a los huelguistas para volver al trabajo, bajo amenazas de sanción. Así, la huelga fue perdiendo fuerza gradualmente hasta que quedó desactivada el 6 de febrero.

Esta lucha fue una chispa dentro del polvorín del sector. Al calor de esta huelga, el profesorado de la enseñanza secundaria y de las universidades también se movilizó. Los profesores interinos (conocidos como “no numerarios” o “penenes”, por sus siglas, PNN) reclamaron también sus correspondientes mejoras salariales. En los meses posteriores, otras dos huelgas más sacudieron al sistema educativo franquista. Las ansias de libertad y de derechos laborales eran ya imparables.

La huelga de Magisterio de 1973 ayudó a los maestros a tomar conciencia de su capacidad de presión y de la necesidad de organizarse al margen de las estructuras oficiales como el SEM. Su modelo asambleario sentó las bases de las futuras movilizaciones, que se radicalizaron en sus reivindicaciones políticas, más allá de lo económico. De esta semilla nacieron los sindicatos de clase que protagonizaron durante la Transición huelgas masivas como la de abril y mayo de 1978. Un hito en la lucha democrática que le ganó el pulso al franquismo desde las aulas.