Hace 50 años Juan Carlos I nombraba presidente de Gobierno a Adolfo Suárez. Habían mediado trámites maniobrados por el presidente del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda. Este era “un sofista ingenioso y hábil" (Areilza dixit, autor de la guía De la ley a la ley pasando por la ley) para salvar los muebles a los beneficiarios de un Régimen descompuesto y conservar coronada la testa de Juan Carlos I.

Uno y otro creían que Suárez, empático, servicial, atrevido… era el actor capaz de representar la Sofistería. Resultó que fue mucho más que eso. Fue el político que, tras el hundimiento del primer Gobierno de la Monarquía, inició la Transición, supo arrebatar la iniciativa a la izquierda y a cuantos integraban el movimiento general antifascista, muy crecido en aquel año.

Luego consiguió la hegemonía electoral en las elecciones, cuasi libres, de junio de 1977 (con una UCD fraguada en un mes desde el Ministerio de Gobernación de Martín Villa). La ratificó con ese mismo conglomerado precario y lábil en las elecciones de febrero de 1979. En la foto del primer Gobierno presidido por Suárez, el rey, a diferencia de la que le retrataba con el primer Gobierno de la Monarquía (el presidido por Arias Navarro, que surgió tocado y resultó pronto –202 días– hundido) ya no iba vestido de militar con todo su rango; aunque el generalato franquista seguía pintando mucho, mucho, a la hora de trazar límites infranqueables a lo que habría de suceder en el escenario del guion.

Suárez traspasó las rayas trazadas y cambió ese guion. Del atrevimiento pasó a la audacia, cuasi temeraria. Mas este artículo no va de hablar del comienzo de su presidencia, sino de su final, tras el acoso y derribo que sufrió. El 28 de enero de 1981 dimitiría desde la pantalla de la TVE. Está tan documentada que bastan unas líneas para dar idea de la dimensión de aquella campaña que tumbó al primer presidente elegido por el Congreso.

Sólo a este (y no al rey) debía el cargo y, por tanto, sólo ante el Congreso (y no ante el rey) era directamente responsable. Apenas acababa de volver a ganar las elecciones de febrero de 1979 y ya tenía en activa contra a la banca, a la CEOE, a los jefes de los grupúsculos que formaban la cúpula de UCD, a los grandes medios de comunicación; no tenía amigos en la jerarquía católica, con un Juan Pablo II recién elegido, ni estaba a su alcance ganarlos en el Departamento de Estado estadounidense dada su política exterior poco atlantista.

El PSOE le hacía una oposición inmisericorde. Su gran demagogo le llamaba tahúr del Misisipi. Sabiendo que no prosperaría, el GPS planteó raudo la moción de censura en mayo de 1980. La ganó, no en votos, es decir no consiguió la presidencia para Felipe González, lo que hubiera sido perfectamente legítimo; pero logró su doble objetivo: mostrar que había una alternativa y retratar a Suárez como gobernante incapaz de articular un proyecto de gobierno y un equipo capaz de ejecutarlo.

Dos meses antes el Gobierno de Suárez había quedado en ridículo en el referéndum sobre la autonomía andaluza. Cierto que reaccionó como un presidente constitucional: se sometió a una cuestión de confianza en el Congreso y la ganó en septiembre de aquel mismo año. Pero para entonces las cartas ya estaban echadas y tenía casi todas las de perder. Entre ellas el fallido apoyo de Juan Carlos I.

En mi opinión, Suárez había comenzado a percibirlo desde el mismo momento en que el rey empezó a comprender —y no aceptar— que el presidente de Gobierno, elegido por el Congreso, tiene más poder, constitucionalmente establecido, que el jefe del Estado en una monarquía parlamentaria; y que, en consecuencia, tenía el derecho y el deber de ejercerlo, aunque al rey no le gustara.

Cierto es que el rey también sentía que era más fuerte que Suárez porque tenía tras de sí a la cúpula militar y esta aborrecía al presidente y le tenía entre ceja y ceja, desde la legalización del PCE, cuya responsabilidad había asumido, salvando la de Juan Carlos I. En el discurso de su dimisión ("No quiero que el sistema democrático sea, una vez más, un paréntesis en la Historia de España" - 28 enero de 1981) no hizo mención alguna a Juan Carlos I, expresivo silencio.

Sabía que no se estaba comportando como un rey constitucional; no pocos bien informados mantienen que le había hecho saber que no estaba dispuesto a firmar el RD de disolución de las Cortes, que Suárez pretendía para apelar al veredicto de las urnas; así que este quedaba en esta encrucijada: o dimisión o disolución y convocatoria electoral. Lo segundo daba ocasión a una crisis constitucional que podía llevarse por delante la reciente y nada consolidada democracia.

No resistió y dimitió. Suárez sabía que Juan Carlos venía alentando las críticas que se le hacían, y pudo saber que Armada estaba orquestando la operación de llegar a la presidencia del Gobierno, sin que el rey le frenara. No eran pocos los que querían un giro más a la derecha (“se ha acabado el tiempo del consenso” era la justificación). No pocos pensaban que, para poner orden, un militar debía situarse en la presidencia, sin advertir la peligrosa dinámica que tal hecho generaría, aunque se iniciara con un respaldo mayoritario del Congreso.

Recordemos que en su discurso de dimisión Suárez tampoco mencionó al terrorismo ni a ETA. Bien sabía que esta era enemiga de la democracia española, pero que no podía acabar con ella; el peligro real venía del otro lado, recrecido porque 1978-1980 fue el trienio negro, los años de plomo, centenares de víctimas mortales. Indignante máxime cuando las sucesivas amnistías habían dejado las cárceles libres de presos políticos tras la Constitución.

La dinámica impulsada por el terrorismo conducía al golpismo militar. El acoso y derribo de Suárez era un requisito para lanzar una ofensiva que cercenara derechos sociales y las posibilidades democráticas de la Constitución. Pero, en aquella concreta situación, la larga e intensa campaña para su deslegitimación potenciaba, más que su sustitución, por vía constitucional y democrática, la dinámica que llevaría al golpe militar del 23F de 1981.

Este se produjo antes de que se cumpliera un mes desde la dimisión; esta contribuyó a acelerar las diversas iniciativas golpistas, produciendo un efecto paradójico. Fracasaron en aquel 23-F no por falta de golpistas, sino porque eran tantos, que se atropellaron unos a otros, urgidos a actuar ante el procedimiento de investidura abierto con la dimisión. Por supuesto que Suárez había cometido errores importantes y dejado al descubierto graves grietas en su liderazgo y en su capacidad para consolidar una democracia, aún no normalizada.

En la campaña electoral de 1979 fue muy agresivo con el PSOE, a cuenta de su adscripción al marxismo, reavivando viejos temores, cuando, en la anterior, había repetido que a lo único que había que tener miedo era al miedo. Aunque mantuvo su hegemonía electoral, no fue capaz de conservar la iniciativa política; una de cuyas causas era su incapacidad para crear un equipo cohesionado de Gobierno.

Además, los barones de su UCD mostraban que esta Unión no era un partido sino una partida. Suárez se había venido arriba con el mérito de sus éxitos electorales y se aisló en la Moncloa, con cada vez menos leales. No se sintió con fuerza para poner en su sitio a Juan Carlos I, quizá recordando que lo aupó casi de la nada a la presidencia; tampoco incorporó a la oposición democrática a una estrategia de gobernabilidad frente al riesgo del golpismo, aunque bien podría pretestar que el tándem González-Guerra tenía excesiva prisa en llegar al Gobierno y habían cortado el contacto personal con él, tan fructífero desde el comienzo de la Transición. En fin, su tanto de culpa no le faltaba.

Lo anterior es un homenaje a esta máxima del gran historiador Reinhardt Koselleck: “La cara del pensar nos mira desde el pasado”. Cuando ahora invoco aquel tiempo histórico, ese pasado se me hace muy presente. Fue un espacio de experiencia que vivimos generaciones aún vivas, pero menguantes.

Hoy, ahora, nuestro horizonte de expectativas (“el futuro hecho presente”, según la conceptualización del historiador alemán) hoy está influido por lo que hemos aprendido y forma parte de nuestra cultura política. ¿Sabremos transmitírselo a las jóvenes?

Así que si se compara aquel acoso y derribo de Suárez con lo que ahora se hace contra Sánchez puede llegarse a la conclusión de que, efectivamente, estamos ante una cacería. Porque objetivo de esta es más que el derribo; es la muerte civil y política del asediado, incluso por el flanco que más suele doler a las personas, la familia. La derecha ha conseguido convertirlo en el personaje más odiado desde los tiempos en que concentró su odio en Azaña.

La explicación no hay que buscarla en que sus políticas hayan sido agresivas con los intereses de los más poderosos económicamente ni con los de una jerarquía eclesiástica española vuelta a la reacción ni tampoco con los de EEUU, a pesar de Trump. Ese odio creciente es el efecto de la persistencia en una estrategia de deslegitimación política y personal, que se inició incluso antes de que llegara a la presidencia del Gobierno; se desplegó a partir de ese momento y cobró su intensidad mayor desde su investidura presidencial tras las elecciones de julio de 2023.

En todo este tiempo Sánchez ha tenido éxitos, los mayores quizá en política europea y exterior, tan decisivos positivamente para la suerte de España. La economía funciona abriendo posibilidades para muchos proyectos necesarios. Para su partido, recuperó la iniciativa política y la hegemonía electoral, frente a los que identificaron su ascenso a la Secretaría General con un profetizado declive estrepitoso.

Cierto es que Sánchez ha cometido errores, que ni él ni su partido se han atrevido a identificar e intentar reparar. Sánchez se vino arriba en su liderazgo con sus éxitos, pero, en mi opinión, no quiso o no supo crear equipo en su partido (es tan obvio que no quiero ni acordarme de los nombres de hombres que puso al frente); y creo que tampoco en su Gobierno (aunque hiciera algunos nombramientos que han demostrado su acierto) acentuando el presidencialismo.

Sánchez percibió la carga de profundidad que tenía la estrategia de deslegitimación de su Gobierno, pero no supo o no quiso desmontarla con una estrategia de ampliación de la gobernabilidad que incluyera a la oposición de derechas, no seguidista de Vox. Y tuvo varias ocasiones trascendentales para intentarlo (pandemia, crisis en la UE por la guerra en Ucrania, recuperación de la presidencia por Trump...).

En todo este camino también ha perdido la hegemonía electoral y, ahora, su capacidad de iniciativa se la da la inconsistencia de Feijóo y del PP. Cierto es también que los más clamorosos de sus errores en la elección (Ábalos o Cerdán) o incapacidades (aprobar Presupuestos) bien podrían, en circunstancias normales, dar causa a una obligada dimisión o a poner fin a la legislatura.

Pero no hay normalidad democrática. Maticemos. Toda la ciudadanía española (de derechas, de izquierdas o de lo que sea, incluida la que se define soberanista o independentista...) vive la democracia y dispone de sus libertades con normalidad. La disparatada afirmación de que vivimos bajo la dictadura sanchista queda desvirtuada por los hechos incluso de quienes la proclaman.

Pero del funcionamiento de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y de nuestras instituciones no puede afirmarse que sea normal sin un buen número de importantes matizaciones. Anormalidad que tiene no un único pero sí poderoso factor causal en la prolongada estrategia de deslegitimación del Gobierno de Sánchez; estrategia nacida de Vox y seguida, cada vez más, por el PP.

La estrategia que potencia una dinámica en la que un eventual Gobierno de PP y Vox daría paso a una involución antidemocrática, con sacrificio de derechos y conquistas sociales de la gran mayoría de la sociedad. Reforzada más aún si persiste el factor Trump y la firme voluntad de los tecnooligarcas de liquidar la democracia europeísta.

En ese eventual gobierno, aunque el presidente fuera Feijóo, el partido-guía sería Vox (Enric Juliana dixit), y el rostro de la ultraderecha sería, ya lo es hoy, en España (como en Francia, Alemania, Italia) el de una mujer del PP, cuyo pensamiento se resume en la tesis "me gusta la fruta" y el de su asesor aúlico en “p’alante”.

Así que en esta situación Pedro Sánchez tiene razones para no dimitir; si cobraran la pieza presidencial en la cacería se alimentaría esa antidemocrática dinámica más que la normalidad democrática. Creo que a Sánchez le corresponde dar la cara en la próxima contienda electoral. Para muchos ciudadanos y para muchos socialistas es un valiente soportando las embestidas de la derecha irresponsable, de la derecha española que concentra todas sus facciones reaccionarias injertada ,fortalecida, manejada por el trumpismo.

Pero esa no es la única razón para afirmar que debe encabezar la lista del PSOE. Hay, al menos, otra: quien tiene que dar la cara en ese momento decisivo (en que la voz de la ciudadanía se convierte en voto) es quien, con sus errores y sus aciertos, ha marcado esta década crítica, y el confuso tiempo iniciado en esta última legislatura. Si volviera a ganar será porque se habrá convencido previamente de que no la economía, sino la política seguida por los partidos y la cultura política de los españoles será lo que mayormente decante el voto. Y también porque aún queda algo de tiempo para encontrar una explicación de sus aciertos y de sus errores, darle credibilidad y frustrar la cacería.

Para esto último hay que salir del espacio al que te ha ido empujando la rehala para ser abatido. Y si Sánchez acertara en la explicación, aunque no consiguiera renovar la presidencia, al menos contribuiría a levantar obstáculos a la involución antidemocrática y antieuropeísta del Gobierno Feijóo-Abascal antes de su surgimiento.

______________________

José Sanroma Aldea es abogado y ex secretario general de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT).

El 2 de julio de 1976 se reúne por última vez el Consejo de Ministros de aquel gobierno, presidido ese día por el general De Santiago. Aunque los ministros no lo saben, el día anterior el presidente Arias ha acudido a la Zarzuela, respondiendo a la llamada del rey Juan Carlos I y, encontrándole agobiado, se adelanta al monarca y le dice, según contó luego a sus ministros, “que comprendía lo que quería y que ofrecía su dimisión inmediatamente y sin dificultad alguna”. Uno de ellos anota en su diario: “Sensación general de interinidad y suspicacia, nadie está seguro de nada. Fraga está excitado, verboso y mandón”.

Fin de ese primer gobierno de la monarquía franquista, que había jurado sus cargos el 13 de diciembre de 1975. 202 días. Pero estaba hundido desde finales de marzo, cuando apareció Coordinación Democrática (resultado de la fusión de la JD, Junta Democrática de España, y la PCD, Plataforma de Convergencia Democrática).

Tres preguntas: ¿qué pretendía aquel gobierno?, ¿quiénes y cómo lo hundieron?, ¿qué consecuencia tuvo su naufragio?

Miren la foto y los levitones de la primera línea.

Tercer vicepresidente: Villar Mir, un hombre de empresa, convencido de que la situación política y económica que dejaba Franco era pésima. Con otras palabras: el régimen estaba en descomposición. Seguidor de Fraga. 47 años después, con toda solemnidad, afirmaba que el posterior nombramiento de Suárez como presidente fue un error, un inmenso error.

Segundo vicepresidente: Fraga Iribarne. Detengámonos en su figura. Es el “liberalizador” por antonomasia del régimen desde 1962, despedido en 1968 y vuelto en este momento crítico. Se considera, y lo es, la mente política de este gobierno, el que ha de definir el proyecto a ejecutar. Tiene en su cabeza la reforma del régimen que van a hacer los que le han servido y siguen orgullosos de los servicios que le han prestado. Se ve como el Cánovas del siglo XX. Hará una nueva restauración de la monarquía borbónica. Tiene en su cabeza aquella historia y el Estado franquista, y cree que su diseño restaurativo puede ejecutarse como obra de ingeniería. Ha de contar con el pilar del Estado, su Ejército, cuyo generalato obedecerá la orden que les dio Franco: seguid a quien nombré mi sucesor. A su proyecto entonces se le podía llamar “recomposición del fascismo”. Con el lenguaje de hoy se podría decir que Fraga pensaba en llegar a un sistema de los calificados como “democracias iliberales”, producto de la degradación sistemática de las libertades públicas. Una de las desorientaciones que padeció fue no advertir que la restauración canovista fue precedida de un pronunciamiento militar ante fuerzas progresistas, en radical división y decadencia con fracaso de la Primera República. En la España de 1976, la situación evolucionaba en sentido inverso.

Primer vicepresidente: De Santiago, un teniente general tan contrario a las libertades que algunos pensaron que era el “elefante blanco” esperado en el Congreso el 23-F. Siguió luego como vicepresidente en el primer gobierno de Suárez. Duró muy poco, pues dimitió cuando vio que Martín Villa estaba dispuesto a abrir la puerta a la libertad sindical.

Presidente: Arias Navarro, ministro de Gobernación en el gobierno de Carrero Blanco, ascendido a presidente por Franco para dar sentido a su frase, referida al magnicidio: “No hay mal que por bien no venga”. Puede explicarse así: me habéis dado el pretexto para reprimir sin límites a cuantos se alcen contra mí, e incluso a sangre cuando quiera; lo que se tradujo pronto en los juicios farsa de las condenas y ejecuciones a muerte a finales de septiembre de 1975. La experiencia política de este presidente apodado “carnicerito de Málaga”, era “esencialmente policiaca y represiva”, como anotó uno de sus ministros.

Lo hundimos cuantos creíamos que solo la creciente lucha contra la dictadura era la forma de acabar con ella. Los comunistas en primer lugar. Incluyan en esas filas no solo al PCE, sino también especialmente a los que el catedrático de Historia Contemporánea Julio Pérez Serrano denomina partidos del “segundo maoísmo”: ORT, Partido del Trabajo, MC. Es más, incluyan a lo que quedaba de Bandera Roja, ahora llamada OICE, PUC canario (también maoístas) y LCR. Esos partidos del segundo maoísmo le habían arrebatado al PCE su autoatribuido monopolio de la representación política de la clase obrera movilizada. Habían crecido hasta el punto de que todavía en el primer semestre de 1977 eran los únicos, además por supuesto del PCE, que tenían una militancia organizada de unos cuantos miles de activistas. Los de la “oposición democrática” de derechas cabían en un minibús; los más, en un ómnibus. El PSP de Tierno empezó a crecer en ámbitos profesionales, solo tras su ingreso en la JDE en 1974. El PSOE lo haría desde su iniciativa de constituir la PCD en 1975.

No había solo que creer en la movilización, sino estimularla; y solo podían hacerlo quienes tenían los pies en la tierra sólida del asociacionismo obrero, popular, vecinal. La oleada de movilizaciones que se produjeron en enero del 76 y la que a comienzo de marzo dio lugar a la matanza de Vitoria abrieron un boquete fatal a aquel gobierno. Más grave aún porque el PCE, desde enero de 1976, tenía el pie tanto en el acelerador como en el freno. Y aún así crecía la movilización. Quienes invocan que esta era fundamentalmente por motivos económicos, y que por tanto su influencia como factor político solo podía ser escaso, obvian por completo la implosión del despertar de la conciencia cívica política cuando confluye con una crisis de naturaleza política. Se activa un espontaneísmo que hace germinar semillas plantadas con anticipación y esfuerzo.

Para documentar lo que aquí he dicho invoco la obra El mito de la transición, del catedrático de Historia Contemporánea y militante del PSUC Ferrán Gallego, que destaca la participación de ORT y del PTE en las huelgas obreras de enero de 1976 y el manejo del freno por PCE y PSUC. Y sobre las acciones de marzo en Vitoria y el papel destacado de ORT y MC y otros y la cuasi ausencia del PCE y del PSOE, baste leer el artículo Memoria de una matanza de hace 50 años, de Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea, publicado en El País el 3 de marzo de 2026.

Para ese hundimiento también fue necesaria la fusión de JDE y PCD en CD (la Platajunta), que se produjo el 26 de marzo y que ha de considerarse una consecuencia y no solo un hecho posterior a la crisis de Vitoria. Con CD entraba en la escena una posible alternativa a la reforma, la liberalización, o como quisieran llamarle, del régimen; ya sin dictador, pero con dictadura coronada, cuya fuerza fundamental estaba en la obediencia de la cúpula militar al rey. Formalmente, con todos los poderes que las leyes fundamentales del régimen establecían para el jefe del Estado y único pivote, aunque poco firme, en torno al que hacer girar y agrupar a los beneficiarios políticos y económicos de una larga dictadura.

Esta potencial alternativa de ruptura con el régimen dictatorial, declaradamente pacífica, era aún débil, poco organizada, llegaba impuesta por las circunstancias (aunque algunos, entre ellos ORT, veníamos clamando por esa fusión). Y esa debilidad la marcaba no su potencialidad para ampliar sus apoyos sociales, sino la propensión de bastantes de sus integrantes a llegar a acuerdos con los detentadores del poder y a darle oportunidades a Juan Carlos I de “borbonear”, aunque fuera poco a poco.

Dicho de otra forma: había costado mucho hacerla aparecer y podía costar muy poco dividirla y anularla como alternativa; aunque no podía evitarse que desde su misma constitución fue un factor político clave, fuente de presión, de influencia variable en intensidad, según las circunstancias cambiantes.

Miren la foto. Verán a un joven Adolfo Suárez, avispado para el ascenso, atrevido para escalar, luego audaz hasta la temeridad cuando las circunstancias se lo exigieron; el político que arrebataría la iniciativa política a la izquierda y al que la inmensa mayoría de la derecha no le agradecería que consiguiera la hegemonía electoral en 1977 y la conservara en 1979 porque había llevado la Transición más allá de donde la había proyectado su mentor Torcuato Fernández Miranda; y lo hizo porque fue más sagaz e inteligente que este y que Fraga juntos.

En una palabra, aquel hundimiento dio lugar a la presidencia de Suárez, iniciándose el tiempo y el proceso complejo, no lineal, de la Transición, culminado en la aprobación de la Constitución Española en diciembre de 1978, que supuso una ruptura con el régimen franquista, derogando todas sus Leyes Fundamentales. Dejémoslo aquí porque esta es otra historia.

Termino pidiéndoles que dirijan su mirada de nuevo a la fotografía. Descubran al conde consorte de Motrico, José María de Areilza, elegido como ministro de Exteriores por Juan Carlos I para que vendiera en el mundo (léase aquí: Comunidad Económica Europea y al primo de Zumosol, EEUU) la idea de que la monarquía iba a traer la democracia.

Recomiendo a los interesados que lean su Diario de un ministro de la Monarquía (Planeta, septiembre de 1977). Describe desde dentro la naturaleza y los avatares de aquel trayecto.

Para quien no disponga de la ocasión, y a costa de extender este artículo, traigo aquí alguna de sus anotaciones.

9 de diciembre de 1975. Me cita Arias en la Presidencia y me dice que, pese a sus deseos de abandonar, el rey le había pedido que no lo abandonase en estos momentos. Me habló de los planes subversivos de la izquierda, refiriéndose a los proyectos de huelgas y desórdenes planificados por la Junta Democrática y el Partido Comunista para los próximos días, y me dice: “Si no unimos nuestro esfuerzo en estas horas difíciles, la monarquía se puede hundir en pocos meses”.

13 de diciembre. Jura del Gobierno. La izquierda, respetuosamente expectante todavía.

12 de enero de 1976. Las huelgas se desmelenan sobre Madrid. Cientos de hombres y mujeres en paro y servicios públicos afectados: metro, correos, teléfonos... Es un plan metódicamente trazado que oí de labios de uno de los dirigentes izquierdistas. Habría que enfrentar esa estrategia con un plan de división del adversario.

13 de enero. Despacho con el presidente Arias. Habla de represión, de hacer frente, de dureza contra el enemigo.

26 de enero. El cardenal primado Marcelo González, en un aparte (cuando no le oye el cardenal Tarancón), pide que el Gobierno le ayude en el tema económico y me dice: “Son 20.000 curas rurales que malviven con un sueldo de hambre… y son el clero más sano de España frente a los mil curas enloquecidos que andan por ahí predicando la revolución en las ciudades”.

28 de enero. Me viene a ver Gutiérrez Mellado y me dice que se utiliza contra él el argumento de que mantuvo —y mantiene— una actitud racional y moderada en el delicado tema del procesamiento de los oficiales de la UMD. Teme que la condena de los oficiales producirá una notable fisura en la unidad de las Fuerzas Armadas, con imprevisibles consecuencias. Lo menos 500 oficiales se harán republicanos activos ese mismo día.

11 de febrero. Arias Navarro, en la comisión mixta Gobierno-Consejo Nacional, dice: “Se me acusa de querer simplemente continuar el franquismo con un retoque de fachada, pero sin cambiar nada esencial... pues bien sí, es cierto, yo lo que deseo es continuar el franquismo”. Fraga, colorado de ira. Mal empieza la reforma.

5 de marzo. Los sucesos de Vitoria ocupan el tema del día. Todos pendientes de lo que allí ocurre. El presidente, crispado, echa la culpa a los jueces que ponen en libertad a los detenidos cuando no encuentran motivos de procesamiento... Han acuartelado las tropas y el capitán general pregunta si tiene que declarar el estado de guerra en la ciudad. [Marcho] destrozado por la gripe, pero en realidad por la participación directa en un equipo insólito e insoluble a corto plazo que se llama el primer gobierno de la monarquía.

9 de marzo. Encuentro al monarca con mala cara, se queja del presidente y de los medios de comunicación.

27 de marzo. Me llama Fraga, desbordado: que si he leído el borrador final del acuerdo de la Platajunta que sale el lunes, que es intolerable que después de ofrecerles un campo de juego, con unas reglas fijadas con generosidad, salgan ahora con el Frente Popular. ¡Se acabó la tolerancia, se acabó el autorizar reuniones y congresos!

1 de abril. Reunión preparatoria en Presidencia. Hay signos de evidente tensión. Fraga plantea a diestra y siniestra el problema de Coordinación Democrática, su manifiesto y las detenciones, en términos rotundos, implacables. Cuando yo planteo a Fraga determinadas autorizaciones, se opone a uno de los aspectos y lo hace en tono agresivo y violento, casi amenazador.

3 de abril. Viene Fraga a comer a casa. Venimos al tema de la Coordinación Democrática. Insinúa que el Ejército no se moverá ni intentará nada en tanto que se le garantice orden público, antiterrorismo y exclusión del Partido Comunista y [dice]: necesito sacudir de vez en cuando al partido y meter en la cárcel a sus dirigentes; ayer a Montero, hoy a Camacho. Es un planteamiento realista y brutal. Tengo la impresión de que lo que Fraga ha pactado a su manera es, en realidad, el apoyo militar a su candidatura en el caso probable de que Arias renuncie.

8 de abril. La monarquía está retrocediendo a marchas forzadas hacia el franquismo en sus peores acepciones. Encuentro al rey con el espíritu ausente, preocupado, pero sin darse bien cuenta de la urgencia de la situación.

10 de abril. Reunión informal en Presidencia. Fraga trae dos propuestas... Hace una larga explicación de que no habrá nunca riesgo de que las izquierdas manden en España con esta reforma, es decir, que no hay alternativa real de poder abierta para ellos, debido al gran número de cerrojos que el resto de las leyes fundamentales dejan en pie para evitarlo. Se dirige al teniente general De Santiago para tranquilizarlo. El general no dice nada, es un trance revelador.

Jueves Santo. Visito a Torcuato... El Gobierno navega a la deriva... Carlos Arias no puede seguir... El rey tiene que asumir la responsabilidad del cambio.

23 de abril. El Gobierno está prisionero del búnker y de los servicios de información, y quizá Fraga ha sido involuntariamente el autor de ese basculamiento. ¿Vamos derechos al enfrentamiento y a la revolución? Aquí no hay posibilidad, ni propósitos, ni deseo de dialogar con nadie. El franquismo sin Franco —que era su moderador— se prepara otra vez a gobernar con los peores métodos de su larga y triste historia. ¿Será posible?

25 de abril. Veo a Gil Robles. Tiene la autorización de toda la izquierda responsable para visitar al rey y dialogar con él. Quiere verle pronto, antes del discurso de Arias. En el fondo, toda la oposición, incluido el PC, quiere negociar o pactar; no quiere líos ni violencias. Es un momento increíblemente oportuno para jugar a fondo la carta de la monarquía.

27 de abril. Pérez de Bricio cree que no hay solución con Arias en el poder. Piensa que el rey no se atreve a quitarlo. Me sorprende cuando afirma que hay cintas magnetofónicas en que se registran conversaciones del monarca cuando era príncipe de España.

28 de abril. Me llama el rey para decirme que recibirá a Gil Robles. Está indignado con Carlos Arias porque no le ha comunicado el texto del discurso.

30 de abril. Ningún ministro felicita al presidente por su discurso. El tema de la reunión es aprobar la versión definitiva de reforma constitucional. Fraga es el encargado de la operación. El objetivo sigue siendo el mismo: que nunca salga el poder de manos de la actual derecha.

19 de junio. Almuerzo con Robles y Fraga. Sulzberger ha publicado en The New York Times y en Herald Tribune un artículo que contiene declaraciones de Fraga que, en esencia, confirman que el PC será legalizado en un futuro no muy lejano... No de momento.

1de julio. El rey me dice: “Esto no puede seguir, so pena de perderlo todo. El oficio de rey es a veces incómodo. Yo tenía que tomar una decisión difícil pero la he tomado. La pondré en ejecución de golpe, sorprendiendo a todos. Ya estás advertido y te callas y esperas. Antes de lo que se piensa. No hay más remedio”.

Llamo a De Santiago y le pregunto si va a declarar el estado de guerra. Me dice que no. Hablo con Villar Mir y me contesta que no va a devaluar. Me dice Fraga que no se va al estado de excepción. Luego no hay más que una explicación: la dimisión de Arias.

En el libro de Areilza hay mucho más. En particular, lo que cuenta de sus varias entrevistas con Kissinger, que le transmite que no hagan mucho caso a los europeos aunque les pidan la inmediata legalización de los partidos, porque sus democracias no funcionan; que no tengan prisa; que solo convoquen elecciones cuando tengan asegurado el triunfo del partido gubernamental, etc., etc. Pero esta es otra historia.

En el Ateneo de Madrid se hizo un despliegue a propósito del aniversario de la muerte de Franco y el comienzo del reinado de Juan Carlos I. Allí no empezó ni la democracia ni la Transición. Muchos actos. Pocos debates de verdad. Porque estos requieren versiones distintas y aún contrapuestas, con participantes capaces de dar una visión general coherente, después de mirar al microscopio.

A pesar de la ingente y continuada producción académica y memorialística sobre aquel período trascendental, la cultura política democrática de los españoles necesita enriquecerse con sus enseñanzas. Deseo que el Ateneo, en su afán de ilustrar desde el pluralismo, la ensanche y le dé continuidad. Es una necesidad vital.

_________________

José Sanroma Aldea es abogado y ex secretario general de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT).