Nos encontramos en una fase histórica de grandes turbulencias cuyos impactos profundos sólo podrán ser analizados con cierta perspectiva histórica. En este momento, debemos admitir la dificultad que este marasmo continuo aporta al proceso de aprehensión de los detalles de la reconfiguración geoestratégica que está aconteciendo ante nuestros ojos. Quizá, en todo caso, podemos ir juntando piezas, a modo de un puzle caótico, que nos den alguna pista sobre los contornos y tonalidades dominantes de la imagen global.

Circunscribiéndonos a este modesto marco epistemológico, alejado de grandes pretensiones totalizadoras, sí que tenemos la capacidad de ir desgranando algunos eventos, dotarles de sentido y establecer parámetros normativos que nos doten de herramientas para su transformación en sentido de progreso y en favor de las mayorías sociales y populares. Por su relevancia, el caso de Cuba presenta características paradigmáticas para un ejercicio de este tipo.

En un ejercicio de honestidad política e intelectual, el análisis de la crisis cubana no puede partir de otro sitio que no sea el intento de Estados Unidos de deteriorar al máximo las condiciones materiales de vida en la isla, empujar así al extremo el malestar de la población y provocar cambios políticos que ubiquen al país no ya en su órbita de influencia, sino bajo su dominio absoluto. 

En este contexto se deben comprender y analizar las 176 medidas adoptadas por el gobierno cubano. Publicadas oficialmente el pasado 25 de junio, este paquete normativo configura un cambio profundo en la realidad cubana que busca sobrevivir en un contexto de agudización de la agresión externa. El impacto de estas medidas en el elemento legitimador fundamental del proceso histórico cubano, la igualdad, deberá ser valorado en la medida que su implementación se deje sentir en la realidad cotidiana del pueblo cubano.

Dado este escenario, es urgente detenerse en el papel de la comunidad internacional ante una agresión que ha sido condenada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en cada periodo de sesiones desde 1992. La más reciente, la trigésimo tercera, en octubre de 2025, sintetiza a la perfección los principios rectores del Derecho Internacional: prohibición del uso de la fuerza, solución pacífica de controversias, no intervención en asuntos internos, igualdad soberana de los Estados, cooperación internacional y la libre determinación de los pueblos.

Estos principios constituyen una obligación y las ONG, como parte consustancial de una comunidad internacional que pretenda contar con una base de legitimidad democrática, no podemos quedar al margen de estos mandamientos. Tenemos que asumir el más alto estándar de obligaciones y actuar abiertamente, evitando ocultarnos detrás de los gruesos cortinajes de la real politik que nos debe ser ajena y que, a menudo, sólo pretende disimular la necesidad de ser aceptados por el poder y continuar accediendo a canales de financiación que permitan el sostenimiento de nuestras propias estructuras.

En el caso de Cuba, nuestro papel tiene una doble dimensión. Por un lado, nuestros proyectos sobre el terreno tienen que focalizarse en dar respuesta a las necesidades materiales del pueblo cubano. Además del respeto a la dignidad intrínseca de todo ser humano, contribuir a que la conformación de la voluntad de una comunidad política sea libre y no esté condicionada por la privación material nos sitúa como actores relevantes para garantizar el cumplimiento de varios de los principios rectores del derecho internacional, como la no intervención en asuntos internos, la cooperación internacional y la libre determinación de los pueblos.

En segundo lugar, tenemos la obligación política, moral y legal de denunciar las medidas extraterritoriales que, como el bloqueo, asfixian a Cuba y suponen una violación de los principios que rigen la convivencia pacífica en el ámbito internacional. Esto no es una proclama panfletaria. Esto es la conclusión lógica de la existencia de una batería jurídica, como el reglamento europeo CE 2271/96 y la ley española 27/1998, que obliga a todos los actores, incluyendo las empresas privadas, a no aplicar las medidas estadounidenses en relación a Cuba y a denunciarlas ante las autoridades competentes. 

Vivimos en los tiempos interesantes que nos deseaba la maldición apócrifa popularizada por el diplomático británico Austen Chamberlain con la Segunda Guerra Mundial atisbándose en el horizonte. No rehuyamos nuestras tareas históricas. Cumplamos nuestras obligaciones para con la transformación de la realidad en un sentido de justicia, progreso y dignidad, asumiendo las consecuencias que de ello se deriven.

Defendamos los principios del Derecho Internacional. 

Defendamos el derecho de Cuba a decidir su propio destino.

Defendamos la paz.

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Antonio José Montoro Carmona es coordinador general de la Fundación Mundubat.

El mundo ha cambiado. A estas alturas de siglo XXI, Venezuela y Gaza mediante, esta afirmación podría parecer una perogrullada, pero en algunos ámbitos es necesario recordar que los esquemas y métodos tradicionales de actuación han quedado obsoletos y superados por la realidad. El universo de las ONGD es uno de ellos.

Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), en su forma actual, son un producto histórico del orden neoliberal construido sobre los escombros del muro de Berlín. Concretamente en España, el sistema de cooperación en que se insertan nace de la adhesión del país al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE en 1991 y de la primera ley de cooperación en 1998. Es fundamental no perder de vista esta referencia para entender la crisis de legitimidad en la que estamos inmersas.

El orden neoliberal y unipolar, gobernado por el hegemón norteamericano y que ha dominado los ámbitos políticos, institucionales, comunicacionales y sociales durante más de tres décadas, adoptó una fachada decorada por el derecho internacional, los derechos humanos y la democracia. Pese a la naturaleza meramente formal de esta mascarada, es cierto que la misma permitió abrir una grieta para la canalización de recursos a través de la sociedad civil y de cierta participación popular. 

Aunque escasas, insuficientes y con una capacidad limitada para producir y fortalecer cambios duraderos, de este escenario formal pudieron surgir resistencias y fracturas contrahegemónicas que han permitido orientar corrientes de la cooperación hacia procesos políticos de transformación social en el Sur Global. No obstante, este bloque alternativo ha jugado un rol absolutamente secundario en la configuración de las agendas públicas y en la proyección exterior de las ONGD en su conjunto.

En la actualidad, las condiciones objetivas y subjetivas que parieron a las ONGD y su trabajo en cooperación internacional no existen más. Quizá la defunción definitiva todavía se demore un tiempo, seguramente insignificante desde una mirada histórica, pero la precipitación de los hechos que determinan la disfuncionalidad del sistema internacional para dar respuestas útiles a los problemas reales es imparable.

En esta fase histórica, al igual que en el conjunto de la sociedad, asistimos a un desplazamiento hacia la derecha de buena parte de las ONGD, en un ejercicio inútil por salvar sus estructuras de la ola reaccionaria, convirtiéndolas en un fin en sí mismo. Esto ha provocado que la correlación de fuerzas dentro del universo de las ONGD, en el que actúan operadores del todo el arco ideológico, sea aún más favorable a las posiciones más tibias y conniventes con la agenda hegemónica. 

Un ejemplo claro de la confusión esquizofrénica entre medios y fines lo encontramos en la situación de Gaza. En los últimos días se ha denunciado, justamente, la pérdida del registro de treinta y siete ONGD internacionales en Palestina. Pero lo central no es el dedo, es la luna. Y el cuerpo celeste en el que debemos fijar nuestra atención es precisamente su reverso, es decir, debemos escudriñar con atención qué ONGD sí han conseguido o van a conseguir el registro israelí para operar en Palestina. Si el procedimiento administrativo impuesto ilegalmente por Israel tiene como objetivo fundamental la obtención de información sobre activistas y organizaciones sociales palestinas ¿Cómo se puede obtener este plácet sin cumplir con lo que el Estado de Israel dispone? Spoiler: no es posible.

Esta realidad actual, dominada por la comisión de crímenes de guerra y agresiones internacionales con total impunidad, va a penalizar las posiciones tibias por su incapacidad para dar respuestas creíbles y útiles a los retos de nuestro tiempo. Desde un punto de vista ético, pero también pragmático, las ONGD que nos reconocemos como herederas de las amplias tradiciones de la izquierda, como el resto de actores sociales y políticos que comparten un mismo horizonte ideológico, tenemos que posicionarnos sin ambages en este momento decisivo de la historia.

Por ello, es urgente abandonar la tentación de instalarnos en posiciones acomodaticias que no disturben la tranquilidad mainstreaming. El mundo sobre el que hemos operado hasta ahora ha cambiado, nuestras respuestas también tienen que hacerlo. Debemos ser capaces de comprenderlo y adaptarnos para seguir siendo actores que contribuyen al cambio social y a la transformación de las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la opresión. Incluso cuando eso signifique ser molestas e incómodas.

No podemos desvincularnos de un compromiso claro y abierto con los pueblos del mundo que luchan por su liberación y contra el renovado imperialismo. Sin peros. Sin parapetarnos detrás de las imperfecciones y contradicciones de procesos sociales complejos y contradictorios para proteger nuestra moral impoluta y hacernos más aceptables por el poder. Gaza y Venezuela son la piedra de toque que nos retrata.

La única lucha que se pierde es la que no se da. Por eso, desde las ONGD situadas en la izquierda tenemos que actuar con responsabilidad histórica y ser conscientes de la necesidad de federar nuestros esfuerzos para revertir un sentido común anquilosado que, como la orquesta del Titanic, sigue tocando la misma melodía inmune al hundimiento a su alrededor.

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Antonio José Montoro Carmona es coordinador general de la Fundación Mundubat.