Se cumplen diez años de la brutal agresión sexual cometida por cinco hombres en las fiestas de San Fermín de Pamplona. Diez años de un caso que sacudió la conciencia democrática de nuestro país y que marcó un antes y un después en la forma en que en España miramos, nombramos y combatimos la violencia sexual.

Aquel crimen mostró que esta violencia estructural se imbrica en un elemento de profundas raíces en nuestra sociedad como es el machismo, pero también la fuerza de una sociedad que dijo basta. Basta de cuestionar a las víctimas. Basta de minimizar la violencia sexual. Basta de aceptar que la libertad de las mujeres pueda depender del lugar, la hora, la ropa o la compañía.

Gracias al empuje del feminismo —fundamental hace diez años y ahora más necesario que nunca—, España ha cambiado mucho desde entonces. La Ley del “solo sí es sí” situó el consentimiento en el centro de la respuesta penal frente a la violencia sexual. Ese principio fue una conquista feminista y democrática que debemos defender frente a quienes pretenden convertirlo en munición partidista.

Pero los datos actuales recuerdan que, pese a todo lo avanzado, todavía queda mucho por hacer. En la Comunidad de Madrid, en 2017, primer año con datos comparables, se registraron 368 denuncias por agresiones sexuales con penetración. A cierre de 2025, fueron 685. En ocho años, las denuncias por violación han aumentado un 86%.

Ese incremento de denuncias refleja, sin duda, una mayor conciencia social y más confianza en las instituciones. Pero también expresa que la violencia sexual sigue condicionando la vida y la libertad de las mujeres en Madrid. Y esta es una realidad que a todas y todos nos debe resultar intolerable.

Por ello, desde la Delegación del Gobierno de España en Madrid hemos impulsado el Plan de Acción contra la Violencia Sexual en la Comunidad de Madrid 2026-2027. Un Plan que nace con la vocación de que en esta región vayamos más allá, reforzando nuestro compromiso e impulsando medidas adicionales de prevención, protección y atención a las víctimas. Un Plan transversal y ambicioso que impulse y coordine una respuesta urgente frente a una realidad de la violencia sexual que en Madrid crece por encima de lo que lo hace en el resto de España.

El Plan ha sido elaborado mediante un amplio proceso de escucha con 53 entidades, mujeres expertas, colegios profesionales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, operadores jurídicos, sindicatos, empresarios y representantes políticos. Porque frente a la violencia sexual no sirven respuestas aisladas ni protagonismos particulares.

Por eso resulta tan grave la actitud del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que fueron invitados a participar en la elaboración del Plan y decidieron no hacerlo. No hablamos de una cuestión menor ni de una discrepancia administrativa. Hablamos de violencia sexual. Hablamos de violaciones. Hablamos de víctimas, que cada vez son más jóvenes. Hablamos de la obligación de todas las instituciones de estar a la altura.

Y esa obligación exige coherencia. En estos meses hemos conocido que el alcalde de Móstoles está siendo investigado por un presunto caso de acoso sexual y laboral. Ante una situación de esta gravedad, lo mínimo exigible era una respuesta política clara. Sin embargo, la dirección del PP de Madrid ha optado por cerrar filas, evitar cualquier rendición de cuentas y desplazar el foco hacia quien denuncia. Esa forma de actuar desampara a las víctimas.

Esta negativa a participar y la actitud mostrada con la víctima de Móstoles son decisiones políticas que sitúan el interés partidista por encima del interés general. Es coherente con una forma de gobernar que demasiadas veces ha preferido levantar muros frente al Gobierno de España antes que sumar esfuerzos por la ciudadanía madrileña.

Pero la violencia sexual gana con los desacuerdos y no entiende de competencias. Una víctima no puede esperar a que las administraciones resuelvan sus diferencias. Una mujer que sufre una agresión sexual necesita primero protección, después acompañamiento y siempre una respuesta institucional coordinada. Cada víctima necesita que el Gobierno de su región, su ayuntamiento, el poder judicial, las entidades sociales y el Gobierno de España estemos trabajando en la misma dirección.

Por estos motivos, y a pesar de todo, me he dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid para pedirle que rectifique, que dé un paso adelante frente al machismo y se incorpore al desarrollo y ejecución del Plan de Acción contra la Violencia Sexual. No participaron en su elaboración. Ya está. Todavía están a tiempo de sumar propuestas y compromiso institucional.

Este Plan no pertenece a una administración ni a unas siglas. Pertenece a las víctimas, a las mujeres y a una sociedad madrileña que no puede resignarse a cifras insoportables. Diez años después de La Manada, a las instituciones se nos exige coherencia, eficacia y ejemplo.

Frente al machismo, Madrid necesita menos ruido y mucha más responsabilidad. Porque ninguna mujer debería vivir con miedo ni sentirse sola. Ante la violencia sexual, quien se aparta, bloquea o mira hacia otro lado también está tomando partido.

Por todo ello, insisto en el llamamiento a la unidad y la acción frente a las violencias machistas. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, y mucho más. Vaya si merece la pena.

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Francisco Martín es Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.