Para un demócrata es difícil hablar del 18 de julio sin que un escalofrío recorra la espalda. Esta fecha abrió las puertas a la barbarie y la ignominia. Fue el arranque de una guerra sangrienta y de cuatro décadas de terror de Estado y ausencia de libertades. La rendija por la que se coló el germen del totalitarismo, la arbitrariedad y la indefensión en nuestro país.

Aquella jornada para la vergüenza, conmemorada año tras año por el franquismo como el glorioso día del alzamiento nacional, fue todo lo contrario, fue un descendimiento a los infiernos del fascismo; y una ruptura traumática y violenta del periodo más democrático vivido en España hasta aquel momento: la II República.

Es inevitable preguntarse cómo hubiese sido nuestra historia si los planes de los sublevados aquellos 17, 18 y 19 de julio de 1936 se hubieran torcido. La etapa republicana había traído avances que situaban a nuestro país a la vanguardia de Europa. Avances en igualdad, avances laborales. Derechos. Libertades. Sufragio universal, divorcio, aulas mixtas y laicas. Reforma agraria. Un país de hombres y mujeres libres e iguales. Demasiado para las viejas estructuras de poder, acostumbradas a sus privilegios centenarios. Iban a dar lo que fuera por no ceder ni un ápice de terreno a la mayoría social.

Y así lo hicieron. Los planes del general Mola, uno de los principales muñidores del golpe, no dejaban lugar a la interpretación. En una de sus Instrucciones reservadas escribía:

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.

Estrangular, asfixiar, ahogar. Arrasar. Aniquilar.

Un rodillo inmisericorde que echó a andar en mi tierra. En Canarias. Franco se encontraba en Las Palmas de Gran Canaria la víspera del golpe, asistiendo al sepelio del general Balmes. A la mañana siguiente, aquel sábado 18 de julio, salía del hotel donde se alojaba, el Hotel Madrid, y se dirigía a la Comandancia Militar, donde proclamaba el Estado de Guerra en el archipiélago. Fue el comienzo del fin de la legalidad democrática.

Las islas no serían escenario de batallas, pero fueron, sin duda, el laboratorio de la represión de la maquinaria golpista. Miles de personas detenidas, torturadas, fusiladas, asesinadas y arrojadas al mar, a pozos o a simas. Un terror sistemático que luego exportarían a la Península y Baleares, convirtiendo nuestro país en una fosa común de incalculables dimensiones.

Pero hoy, 90 años después, nuestro país es otro. Un país moderno, locomotora de Europa, punta de lanza de la consolidación de libertades y de la defensa de los derechos humanos.

Hoy, miramos al pasado con rigor, en una especie de terapia democrática colectiva, que nos ayuda a cerrar heridas que nunca debieron abrirse y a resarcir a las víctimas.

Ya son más de 9.000 los cuerpos recuperados, gracias a la Ley de Memoria Democrática. Cada uno con una historia irrepetible sepultada en el tiempo, cada uno con una lección de vida que nos inspira.

Como la de los tres amigos cántabros, de Castro Urdiales, Luis, Alejandro y Cecilio, que volvían del frente a su pueblo y fueron interceptados, golpeados y fusilados en Mirones por un grupo de Falange. Ocho décadas después, encontramos sus cuerpos abrazados en una fosa junto al cementerio. El pasado 3 de junio entregamos sus restos a las familias. “Por fin”, decían los descendientes, entre lágrimas, “volvían a casa”.

O como la historia del cabo Godoy, de Minas de Riotinto, en Huelva. La propaganda del régimen surgido del golpe militar lo había catalogado como un cobarde. Las crónicas periodísticas contaban que se había escondido, que había sido fusilado en pijama y que no había mirado de frente a sus verdugos. Todo mentira. Su cuerpo fue hallado con su uniforme y con el tricornio entre las manos. Fue fiel a la legalidad republicana y mantuvo su honor intacto hasta el final.

Y qué decir de la navarra Maravillas Lamberto. Con solo 14 años fue sacada de casa, con su padre. Fue violada repetidamente, torturada y asesinada frente a su progenitor, que también sería fusilado. El cuerpo de la niña fue entregado a los vecinos, que quemaron sus restos. La violencia no tuvo límites. Su hermana Josefina pasó toda su existencia reivindicando la memoria de Maravillas y dejó una frase para la posteridad: “Los mataron, pero no tuvieron en cuenta que los muertos tenían vivos y los vivos tenían memoria”. Hoy, es un símbolo del tesón y el empuje de las familias, verdaderas garantes de la Memoria Democrática hasta que se aprobaron las leyes de 2007 y 2022.

Esas vidas —esas muertes— hay que contarlas. No seremos cómplices, nunca más, del silencio, ni permitiremos que se blanquee el pasado. Los demócratas debemos ser firmes ante quienes entonan, de manera interesada, ese mantra perverso de que “con Franco se vivía mejor”.

No, ninguna dictadura es mejor que una democracia, por muy imperfecta que esta sea. Menos, cuando el autoritarismo se impone a sangre y fuego. Porque cuando las garantías civiles y los derechos humanos se ponen en peligro —como está sucediendo en Gaza, Ucrania o Irán— hay dos opciones: resistir y defender la paz y el orden democrático, o unirse a la infamia y la sinrazón.

Aquel 18 de julio, del que hoy se cumplen nueve décadas, muchos españoles y españolas eligieron la primera opción, y lo pagaron muy caro. Fueron héroes y heroínas. No podemos permitir que su sacrificio haya sido en vano. Continuemos su senda y hagamos honor a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Nos jugamos mucho. Nos lo jugamos todo.

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Ángel Víctor Torres Pérez es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.