No me refiero a la Catedral de la Asunción, que desde el siglo XVIII está en el centro de la urbe. Me refiero a la institución: a la Iglesia Católica española. Ceuta está desbordada por la llegada masiva de inmigrantes. Entre ellos miles de menores no acompañados que por ley han de ser protegidos y que han llegado a la ciudad autónoma en oleadas que el sistema de acogida público no puede absorber. Niños y adolescentes duermen en la calle. La administración local pide ayuda al Estado y la sociedad civil hace lo que puede.

En medio de este desastre humanitario hay una ausencia clamorosa: la Iglesia Católica española no está acogiendo a esos menores. Cuando menos, no de forma significativa, no a la escala que su infraestructura permitiría, no, que sepamos, con la urgencia que la situación exige. ¿Por qué?

La Iglesia Católica en España no es una asociación voluntaria de fieles con medios modestos. Es una institución con un ingente patrimonio inmobiliario, sin inventario público completo, con miles de centros educativos, residencias, conventos, casas de retiro y edificios en uso parcial o nulo repartidos por todo el territorio. Recibe, además, financiación pública directa e indirecta de magnitud considerable. La casilla del 0,7% del IRPF —la que los contribuyentes pueden marcar voluntariamente— genera para la Iglesia entre 300 y 400 millones de euros anuales que gestiona la Conferencia Episcopal española. A eso se suman las exenciones fiscales sobre bienes inmuebles, las subvenciones a centros concertados, los convenios con administraciones autonómicas y locales, los donativos y donaciones de particulares y un régimen de financiación estatal que tiene su origen en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y que no ha sido sustancialmente revisado desde entonces. Súmenle la dotación de las prelaturas como el Opus Dei y otras organizaciones satelitales y el monto no es desdeñable. Con ese nivel de recursos y esa extensión de infraestructura, la Iglesia Católica española podría acoger, sin esfuerzo estructural significativo, a miles de menores en situación de emergencia. No lo está haciendo, que sepamos. ¿Por qué?

El mecanismo del IRPF tiene una lógica redistributiva: el contribuyente destina una fracción de su impuesto a fines de interés social, ya sea a la Iglesia o a ONG de acción social. La Iglesia recibe esa asignación, en buena medida, porque presenta ante la opinión pública y ante el Estado una identidad de institución con vocación caritativa y de atención a los más vulnerables. Esa identidad tiene consecuencias. No jurídicas en sentido estricto —el dinero del 0,7% no está vinculado por ley a ningún uso concreto en acogida de emergencia—, pero sí morales e institucionales. Una institución que se financia en parte con el argumento implícito de que cuida de los pobres tiene una deuda de coherencia cuando los pobres están en la puerta y la institución mira hacia otro lado.

Los obispos españoles han hecho declaraciones sobre la migración. Han pedido humanidad, han invocado el deber cristiano de acoger al extranjero. El Evangelio de Mateo es claro: "Fui forastero y me acogisteis." Esas palabras no son un adorno retórico. Son una instrucción. Mientras Ceuta improvisa soluciones de emergencia para menores no acompañados, hay conventos con alas enteras vacías. Hay residencias religiosas con capacidad ociosa. Hay órdenes con vocación explícita de atención a la infancia en riesgo que no han activado sus recursos.

Cruz Roja está en Ceuta. Médicos Sin Fronteras está en Ceuta. Save the Children está en Ceuta. Organizaciones laicas, con recursos infinitamente menores que los de la Iglesia Católica española, han movilizado equipos y medios de forma inmediata. Cáritas, la red asistencial de la Iglesia, trabaja. Lo hace con seriedad y con medios limitados, y merece reconocimiento. Pero Cáritas no es la Iglesia institucional a la que me refiero. Cáritas es la parte de la Iglesia que, singularmente, sí se implica. La pregunta es qué hacen las diócesis, los obispados, las órdenes religiosas con patrimonio e infraestructura disponibles. La Iglesia, como institución, no aparece, que sepamos, en el mapa de la respuesta.

Esta ausencia institucional no delata falta de recursos ni de valores declarados. Delata un problema de diseño institucional. La Iglesia Católica española ha construido a lo largo de décadas, de siglos, una arquitectura organizativa que la protege de las exigencias que implica su propio discurso. Tiene una estructura de toma de decisiones opaca, sin rendición de cuentas externa, sin obligación de informar sobre el uso de los recursos públicos que recibe, sin mecanismos de evaluación de su impacto social real. En ese diseño, es perfectamente posible recibir cientos de millones del erario público, proclamar la prioridad de los pobres y los excluidos, y no abrir una sola plaza de acogida en una emergencia humanitaria como la de Ceuta. No hay sanción. No hay consecuencia. No hay mecanismo que conecte los recursos recibidos con las obligaciones que esos recursos implican.

No propongo moralizar sobre la fe de nadie ni sobre la vocación genuina de miles de religiosas y religiosos que trabajan en condiciones duras al servicio de los más vulnerables. Propongo algo muy modesto y concreto: transparencia y coherencia institucional. Algo que los papas Francisco y Leon XIV han promovido, cuando menos, verbalmente. Si la Iglesia Católica recibe financiación pública directa e indirecta con el argumento de su función social, esa función social tiene que ser verificable, evaluable y exigible. No como persecución ideológica, sino como estándar básico de cualquier institución que recibe dinero público. Esta verificación no se puede limitar a una campaña publicitaria dando cuenta de algunas acciones.

Si esta evaluación independiente revelara que la institución no cumple con lo que predica cuando más se la necesita, entonces el debate sobre la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede y sobre los términos de la asignación tributaria dejaría de ser una posición aparentemente anticlerical y se convertiría en una exigencia elemental de coherencia democrática.

Puesto que desconocemos los datos justo es terminar con una pregunta directa a la Conferencia Episcopal Española: ¿Cuántas plazas de acogida ha puesto a disposición la Iglesia Católica española para los menores no acompañados de Ceuta? ¿En qué diócesis, en qué instalaciones, con qué capacidad, desde cuándo? Si la respuesta existe, publíquenla. Si no existe, expliquen por qué. El silencio, en este caso, también sería una respuesta.

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Ramon-Jordi Moles Plaza es ex secretario general de Universidades de la Generalitat de Catalunya.

Un estudio realizado en 2025 en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) manifiesta que el absentismo en sus aulas puede llegar al 40% del alumnado, aunque con diferencias entre asignaturas y contextos. Intuyo que el problema puede ser similar en casi todas las universidades públicas. Se atribuye principalmente al malestar personal de los estudiantes, su desconexión con los estudios, una vivencia desmotivadora y al hecho de ser una generación con una profesionalización débil. Más allá de estos factores, les desmotivan también las clases magistrales y la falta de competencia del profesorado, que les inducen a una actitud pasiva y a apoyarse en los apuntes de otros compañeros para suplir su presencia, porque creen que pueden obtener ese conocimiento fuera del aula. En resumen, se ha instaurado la idea de que no es preciso asistir a clase para superar los estudios. El resultado de todo ello, en opinión del profesorado, es que se ha reducido significativamente el rendimiento de los alumnos y su motivación, lo que implica mayor riesgo de abandono de los estudios. Según la información publicada, ante este problema estructural la UAB no se plantea el absentismo “sólo como un problema, sino que asume este reto como una oportunidad para repensar y mejorar su acción educativa con un conjunto de líneas de acción para lograr una formación más motivadora, flexible y centrada en el estudiantado”. Para ello se pretende la promoción de un entorno universitario más conectado con el bienestar emocional de los alumnos.

Loable discurso si con ello mejora la calidad del resultado, esto es, la formación de los egresados universitarios. Además de la preocupación por el estado psíquico de los estudiantes echo en falta algunas consideraciones de carácter más estructural que vienen de lejos. En su ámbito educativo (más allá de la investigación y la transferencia de tecnología) el papel de la universidad no es sólo facilitar la inserción profesional de sus egresados, sino sobre todo formarlos en un sentido más amplio que la mera lógica del mercado laboral (también en un sentido cultural, cívico y humanístico). Para ello la presencialidad y la interacción profesor-alumno es un recurso para nada despreciable. En el desarrollo de sus funciones, las universidades públicas (me centro en las públicas porque las privadas se rigen por otra lógica) se han de dotar de recursos suficientes (personal e infraestructura) para atender la demanda de todos aquellos ciudadanos que desean acceder a unos estudios superiores (que no son obligatorios, sino voluntarios), con independencia de su poder adquisitivo. Primer problema: se debe atender una demanda que, en la práctica, no es real. Hay que disponer de suficientes plazas para (caso de la UAB, equiparable a la mayoría de universidades publicas) un 40% de alumnos que, en algunos estudios, no van a usarlas. Esto tiene un coste. Segundo problema: estas plazas están financiadas con recursos públicos, de todos los ciudadanos, incluso de aquellos a quienes gustaría acceder pero que, por circunstancias diversas, no pueden. Tercer problema: existe un desajuste conceptual entre oferta y demanda. La oferta es de formación universitaria. La demanda es de títulos para el acceso al mercado de trabajo incluso por parte, a veces, de quienes adolecen del nivel académico requerido. Conclusión: estamos malgastando los recursos afectados a un 40% de plazas universitarias. Este derroche casa mal con el reiterado discurso de la insuficiencia de recursos de las universidades públicas, sobre todo a la luz de algunas consideraciones.

Primera consideración: debería ajustarse oferta y demanda. A la universidad se va, en primer lugar, a estudiar; para obtener un título, sí; pero hay que ir, y para estudiar, a partir de haber acreditado unas capacidades mínimas. La universidad pública tiene que ser selectiva en el proceso de acceso (no en función de la capacidad económica, sino en función de la capacidad académica de los candidatos) porque los recursos son limitados. No puede ser que la selección consista en que prácticamente todos los candidatos accedan a este servicio público, aunque no tengan el nivel académico para ello.

Segunda consideración: deberían ajustarse los costes. La matrícula en una universidad pública no cubre el coste total de la plaza, sino sólo un porcentaje mínimo. O reducimos la oferta de plazas a la ocupación real, o incrementamos el precio de las matrículas para sufragar el coste real de las plazas existentes no ocupadas. No puede ser tan barato matricularse que te puedas permitir el lujo de no asistir a clase. No puede ser más barato matricularse en la universidad que en un jardín de infancia.

Tercera consideración: a pesar del incremento de precios de las matrículas, garanticemos el acceso a las plazas universitarias, con independencia de las capacidades económicas, a aquellos que realmente desean sacar provecho de este servicio público pagado con los impuestos de todos. Para ello, instauremos préstamos universitarios para sufragar el coste real de las matrículas de los estudiantes; préstamos que se reconviertan en becas (que no haya que devolver) a medida que el estudiante cumple con sus objetivos académicos. De este modo el absentismo universitario en las universidades públicas será un lujo que sólo los más ricos podrán asumir, eso sí, pagándoselo con su dinero, no con el de todos.

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Ramon-Jordi Moles Plaza es ex secretario general de Universidades de la Generalitat de Catalunya.

En lo que ya se conoce como “caso Montoro”, en el que un juez de Tarragona ha investigado durante siete años si el entonces ministro manipuló el proceso legislativo tributario para favorecer, a cambio de dinero, a empresas con rebajas fiscales (empresas que eran clientes de su despacho), aparecen tres derivadas novedosas que, de ser ciertas, sofistican la operativa de estos presuntos delitos: la del “equipo PAC”, la del principio administrativo de que “Hacienda son ellos” y la de que “la eficiencia brilla por su ausencia”.

La primera (el equipo PAC), se basa en el hecho de que para que estos presuntos hechos pudieran llevarse a cabo, el autor o autores debieron diseñar un equipo ministerial de altos cargos de confianza en los que la confianza no estaba orientada a la mejor y más capacitada gestión pública posible, sino a que las decisiones ministeriales respondieran a los intereses ocultos de quienes pagaban mordidas para verse beneficiados por aquellas. De este modo según los investigadores, se habría nombrado para altos cargos a personas vinculadas al despacho fundado por el entonces ministro de Hacienda, para asegurarse de que los textos legales tributarios se redactaran a satisfacción de los clientes del despacho, que pagaban por ello.

Téngase en cuenta que la tramitación de una norma jurídica transita por un sinfín de trámites que con frecuencia incluyen a órganos externos e independientes de un ministerio, como por ejemplo el Consejo de Estado, y, por lo que parece, estas tramitaciones también estaban controladas por la presunta trama. Quiere ello decir que debía existir una suerte de “Administración interesada” que, como los periodistas integrados en unidades de combate, estaba “empotrada” en la Administración del Estado —en toda ella—. Ríanse así de los principios de mérito y capacidad, de independencia, del interés general, de objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, sometimiento pleno a la Constitución, ley y derecho, de buena fe, de confianza legítima, cooperación, colaboración, eficiencia y servicio al ciudadano.

Descubrimos así que estos principios, a veces, sólo son decorados para el desarrollo de una opereta bufa. Quiero dejar claro con ello que la tan cacareada endogamia burocrática se complementa de modo imprescindible con otra menos conocida pero más letal para nuestro sistema: la endogamia política, que sitúa en puestos de alta responsabilidad no a los más capaces, sino al equipo PAC (Parientes, Amigos y Conocidos).

La segunda derivada (Hacienda son ellos) se fundamenta en la quiebra de confianza en el sistema, y más específicamente, en el sistema tributario español, de por sí injusto e ineficiente. En este país se paga por trabajar (las conocidas como rentas del trabajo), mientras las grandes multinacionales y fortunas varias señorean la ingeniería financiera para reducir su presión fiscal. De este modo, la tributación de ciudadanos de a pie deviene proporcionalmente insostenible mientras quienes debieran ser grandes contribuyentes se cuelan por las calles de países con baja o nula tributación.

De esta guisa resulta que, además, un juez de Tarragona plantea que, al menos durante un tiempo, quien debiera velar por la integridad del sistema tributario parece que no sólo no lo ha hecho, sino que presuntamente se ha dedicado a favorecer clientes y amiguetes, amén de disponer de información confidencial (que no debería) sobre ciudadanos e incluso colegas de partido. Y es que, efectivamente, Hacienda no somos todos, son ellos: ya me dirán con qué cara pagamos todos nuestros impuestos a la luz de estas informaciones y de otras parecidas.

La tercera derivada nos conduce a un terreno inhóspito: a la luz de lo acontecido con la producción normativa de la Hacienda pública española de este período se cierne la sospecha generalizada de que puede haber más casos como estos. ¿Cómo se va a poder garantizar que el rey (hacienda) —como el del cuento— no va desnudo? ¿Cómo podemos saber los ciudadanos que, en general, la hacienda pública funciona como debiera? La quiebra de confianza es muy profunda. Como profundo es el problema jurídico derivado de la producción de normas tributarias manipuladas por intereses particulares. Para ello debiera expurgarse de estas normas el sistema normativo tributario a instancias de los perjudicados (todos lo somos de un modo u otro), puesto que esta normativa —resultado de la comisión de presuntos delitos— pudiera estar viciada de nulidad a pesar de su apariencia de plena legalidad. Ello atañe también a la legitimidad del aparato administrativo del Estado y del propio poder legislativo (que parece que aprobó normas para intereses particulares): si quieren mantenerla deberían limpiar los trapos sucios hasta el punto de que quienes hayan resultado perjudicados puedan ser compensados por ello. Sin embargo, no es esta la tradición de equipos económicos de una Administración del estilo de la que nos ocupa: recuerden casos como el envenenamiento por aceite de colza (1981), el vertido del Prestige (2002), el accidente del YAK 42 en Turquía (2003), los atentados de Atocha (2004), el accidente del metro de Valencia (2006), la crisis del rescate bancario (2009), el del AVE en Santiago de Compostela (2013), las muertes en geriátricos por la COVID (2020), la erupción del volcán de la Palma (2021), o la Dana en Valencia (2024). No entraré en la gestión penosa de estas calamidades (de por sí deplorable y denunciable). Me quedo con la constatación de que la gestión de la reparación a las víctimas también lo ha sido. Lamentablemente no parece que en este presunto caso de Hacienda vaya a ser distinto puesto que, una vez más, la eficiencia reparadora me temo que brillará por su ausencia. ¿Me siguen?

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Ramon-Jordi Moles Plaza es jurista y analista.

Parece que la ortografía es irrelevante (o parcialmente irrelevante) a la hora de verificar que un estudiante dispone del nivel necesario para ingresar en la universidad. De hecho, se trata de un fenómeno mucho más amplio: a la irrelevancia de la ortografía podemos agregar la de la expresión oral y escrita, la de la comprensión lectora, la de capacidad de análisis o la del espíritu crítico. No se trata de mantener, cual abuelo cebolleta, que cualquier tiempo pasado fue mejor: las nuevas generaciones tienen algunas capacidades y habilidades que superan a sus predecesoras. Lo segundo no justifica lo primero: tener nuevas habilidades no justifica desdeñar ortografía, comprensión lectora y demás.

Si se pretende contar con ciudadanos culturalmente capaces, responsables y críticos no se puede obviar cuanto configura el universo racional de una persona. Hacerlo sería tanto como degradar la persona a la condición de mero sujeto de consumo acrítico, individuo adocenado ignorante de cuanto le rodea e incluso ignorante de su propia condición. El problema es que el sistema se ha orientado desde años en esta dirección: universidades más preocupadas por incrementar el número de matriculados de ingreso que por la calidad real de sus egresados, empresas obsesionadas en contar con titulados “útiles” más que con empleados “conscientes” de su contexto, estudiantes centrados en conseguir un puesto de trabajo a partir o de la “titulitis” imperante o de la compraventa de criptomonedas, padres y madres que consideran, aún hoy, que la universidad es un ascensor social.

La triste realidad es que en los últimos quince años la universidad que he vivido —y la que han vivido otros colegas también—  se parece más a un jardín de infancia sobreprotector que trata con “clientes” que a un centro de generación compartida de conocimiento entre estudiantes y docentes. Obviamente hay excelentes excepciones, pero me refiero al depauperado panorama general. El debate generado por el hecho de querer penalizar los errores ortográficos no es más que otro de los muchos ejemplos que justifican la visión expuesta.

A pesar de la rectificación parcial final (los errores ortográficos sólo penalizan en algunas materias) los bandazos de la Administración de la Generalitat en este caso tampoco ayudan a establecer un marco de futuro muy halagüeño. Mientras tanto, pretenden llevarnos al huerto, dónde la “horto-grafía” pueda ser de utilidad.

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Ramon-Jordi Moles Plaza es jurista y analista.

Las incidencias en Rodalíes Renfe no son tales: son consistencias. Lo que debiera ser excepción (el mal funcionamiento) se ha cronificado para devenir un mal cotidiano. La obsolescencia por dejadez gestora es causa del desastre. Hay algo aún peor: una visión anticuada e interesada del servicio público, que se nutre de ideas centralistas y corporativistas.

Rodalíes de Catalunya incluye 209 estaciones y 1.200 kilómetros de vías. La usan diariamente medio millón de ciudadanos que sufren retrasos graves cuatro de cada cinco días y cancelaciones de miles de trenes cada año. A pesar de que la Generalitat tiene transferidas estas competencias desde 2010, parecía que el acuerdo de noviembre de 2023 entre PSOE y ERC sobre su traspaso integral iba a ser una solución basada en la sustitución de Renfe por la Generalitat.

En aquellas fechas los comités de empresa de Renfe y Adif ya plantearon una huelga relacionada con el traspaso de competencias y su afectación a los trabajadores de la empresa, que se saldó con un acuerdo para desconvocarla. Ahora, de nuevo, los sindicatos han considerado vulnerados los anteriores acuerdos, esencialmente por la creación de una nueva empresa mixta ajena al Grupo Renfe para asumir progresivamente todas las actividades operativas de Renfe y Adif, por la exclusión de la línea R1 en Cataluña de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), y porque consideran que no suponen una mejora del servicio, sino un aumento del coste por la pérdida de economías de escala y el incremento del entramado societario para prestar un servicio que ya ofrece una empresa pública. Argumentan, además, que el traspaso provocará una disminución de los estándares de seguridad y la pérdida de interoperabilidad con el resto de la red ferroviaria española y europea. Los sindicatos han llegado a advertir de que el traspaso de Rodalíes implica incomunicar a Catalunya por ferrocarril.

Finalmente, la huelga se ha desconvocado “in extremis” mediante un acuerdo que se basa en que los trabajadores de Renfe y Adif mantendrán las mismas condiciones y dependerán del Estado a través del Grupo Renfe, aunque el control operativo será de la Generalitat. A esta fórmula la han denominado “adscripción temporal” de Rodalíes a Renfe. Curiosa solución: manteniendo las condiciones laborales interesadas de los trabajadores de Renfe, ya no se perjudica el interés general ni se incomunica a Catalunya por ferrocarril ni se arriesga la seguridad de la infraestructura. Mejor aún: ahora sí que la cosa va a funcionar. Obvio: el meollo está en la confusión entre interés corporativo e interés general, está en el mantenimiento a toda costa de las condiciones laborales de estos trabajadores que, por lo visto, debiendo ser extraordinarias, las deben ver muy amenazadas por el traspaso a la Generalitat, sobre todo si atendemos a las declaraciones de los propios sindicatos: "Hemos introducido un blindaje de permanencia para los profesionales de Renfe y Adif. Hemos aprovechado esta situación para establecer el mecanismo que nos proteja en ambas empresas públicas, de cara a futuros procesos que puedan venir por la aplicación del cuarto paquete ferroviario. Así, en ningún supuesto se podrá obligar a las personas trabajadoras a cambiar de empresa fuera del Grupo Renfe y Adif".

Este fenómeno es cosa común en este país: la extinta Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), Aena, o el mismísimo Senado han sido objeto de fracasadas propuestas descentralizadoras que terminaron en la papelera para evitar que se perjudique intereses corporativos bajo la excusa de evitar que “España se rompa”.

En 2004, tras un acuerdo con el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, Zapatero trasladó de Madrid a Barcelona la sede de la CMT. Finalmente, el Tribunal Supremo anuló el traslado al estimar los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y un grupo de trabajadores. Se trataba de la defensa de intereses corporativos usando como pantalla los “peligros” de la descentralización. Incluso el presidente de la CMT, Carlos Bustelo, presentó su dimisión por su oposición al traslado, calificando al Gobierno de "poco preparado" y "mal asesorado", y calificó como "una chorrada" y “una deportación” su decisión de cambiar la sede del organismo: no sea que “España se rompa”.

Recuerden la crisis de los controladores aéreos en 2010 con la empresa pública Aena, que llevó al cierre del espacio aéreo y al primer estado de alarma de la democracia. Tras este conflicto subyacía el modelo de gestión de Aena, que, desde 1998, se endeudó fuertemente por la construcción y ampliación de infraestructuras, como el Plan Barajas con ingentes desviaciones de costes, o las obras en aeropuertos pequeños con escaso tráfico. En la crisis de 2008, el pago de la deuda se convirtió en un gran problema que exigía un cambio de modelo de gestión al que los controladores se opusieron para defender sus escalas salariales recurriendo al poder derivado de sus funciones. Aún hoy, el modelo centralizado de gestión aeroportuaria se mantiene para disfrute de algunos y castigo de la mayoría de los ciudadanos. No sea que “España se rompa”.

Trasladar el Senado a Barcelona fue una idea de Pasqual Maragall hace 33 años para reforzar el concepto de cocapitalidad. Como sucedió después con el caso de la CMT, se anunciaron protestas de sus trabajadores en caso de que el Senado tuviese que trasladarse a Catalunya.

Subyace a todo esto un problema no resuelto: centralización o descentralización significa, también, una lluvia de millones sobre uno u otro territorio derivada del peso del empleo público y de la concentración de actividades empresariales. A pesar del modelo constitucional descentralizado, los principales órganos institucionales y reguladores están en Madrid, concentrando alrededor del 30% del personal del sector público del Estado. La descentralización no es sólo un principio constitucional rector en sí mismo. La descentralización también es un instrumento para la gestión de otros fenómenos como la despoblación, la revitalización territorial o el acercamiento de servicios a la ciudadanía. A la centralización propugnada por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, se oponen otros presidentes del PP (caso de Galicia) o regionalistas como el de Cantabria.

La centralización es un concepto caduco, que resulta de la desconfianza en la idea de diferencia por parte de las élites, y otros beneficiarios interesados, en la creencia de que la igualdad resulta de la homogeneidad. Alemania, Portugal o Estados Unidos son ejemplos de lo contrario. El “España se rompe” resulta muy útil para aglomerar opiniones a favor de intereses corporativos no confesados ni confesables. Como bien sabemos, envolver el bolsillo en cualquier bandera suele dar réditos interesantes e interesados.

En conclusión: ¿Cómo serán las condiciones laborales de una descentralización para que no puedan ser asumibles por los afectados? ¿No será que se trata más bien de privilegios centralizados difícilmente subrogables? ¿No estaremos ante intereses laborales, más que ante derechos laborales? La diferencia es obvia: un derecho genera un deber recíproco que genera a los demás el deber de respetarlo, un interés no. Uno puede tener interés en mantener un privilegio, pero nunca tendrá derecho a ello porque no existe el deber de respetarlo. Y si lo tiene, es que el Estado no está bien diseñado y es ineficiente. Cuando colectivos diversos agitan el gallinero con argumentos centralistas (España se rompe) en ocultación de sus intereses corporativos (mi privilegio se rompe), estamos en presencia de un ejercicio de arrogancia. Arrogancia por cuanto abusan de su posición de manera insolidaria en perjuicio de los ciudadanos usuarios de los servicios públicos a quienes deben servir. No deberían olvidar que el concepto de servicio público, con sus privilegios y servitudes, lo es porque se justifica en la defensa del interés público, no en la defensa del interés corporativo. ¿Qué clase de sindicalismo es este que no es de clase y que pretende que España se rompe cuando algo suyo se rompe?

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Ramon-Jordi Moles Plaza es jurista y analista.

En noviembre de 2023 publiqué un artículo en el que, ante una filtración que demostraba la responsabilidad de Meta en la difusión de noticias falsas y de contenidos violentos, planteaba que la única opción ante los abusos de los dueños de las redes es la toma de conciencia de los usuarios para boicotear estos negocios y la movilización ciudadana para presionar a los legisladores en favor de su regulación. Algo ya entonces poco probable.

A finales de 2024 un investigador francés del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) lanzó el proyecto #HelloQuitteX (HolaDejaX), que viene a ser "un movimiento transpartidista y apolítico" para lograr una salida masiva y ordenada de usuarios de la red X (antes Twitter) que haga entender a su dueño (Musk) que no a todo el mundo le gusta lo que está haciendo. Se trata de una propuesta de migración a otras redes. ¡Menuda solución!

El problema no es sólo salir del fuego, sino como evitar caer en las brasas. El problema no es en qué red militas, sino el modelo de negocio de las redes que explotan tus datos con o sin tu conocimiento. Como indiqué hace ya más de veinte años en Derecho y control en Internet (Ed. Ariel Derecho/1ª edición enero 2004), internet —las redes— tiene que ser regulado por el poder público porque es propiedad de empresas privadas que afectan a intereses públicos de nuestras sociedades democráticas. Esta tesis era entonces minoritaria y se enfrentó a quienes creían ingenuamente que Internet era un espacio de libertad sin censuras.

Desgraciadamente la realidad se impone y nos encontramos ante un problema de proporciones gigantescas (el recorte de las libertades) al que legiones de arribistas otrora defensores del juguete se aproximan hoy a este desde posiciones “reformistas”. Vienen a decir que basta con trasladarse de corral para evitar estar “acorralado”. Insisto: el problema es la existencia misma del corral. Aunque dispusiéramos de un espacio virtual comodísimo, respetuoso hasta lo empalagoso, la infraestructura sobre la que se asienta (el cableado y los servidores, esto es, el cercado y sus comederos) continuarían siendo privados, propiedad de unos dueños que harían con ellos lo que les pareciera con el objetivo (legítimo) de ganar dinero con él. La solución no es acomodarse al cercado, es destruirlo y definir otro modelo de explotación más extensiva, más de montanera. Migrar de una red a otra no es más que seguir echando flores a unos corrales (donde se ubican los usuarios de las redes) que se explotan en formato intensivo sin darles libertad para moverse cómo y dónde quieran. Son corrales, no en un marco libre y regulado en defensa de los intereses públicos.

Mientras tanto, el problema ha tomado también otros derroteros. ¿De qué nos va a servir una regulación pública de las redes cuando regulador y regulado son el mismo? ¿O no es lo que va a suceder cuando Musk entre en la administración de la Casa Blanca? ¿Alguien piensa que los dueños de las redes instalados en el control de las Administraciones Públicas van a tomar decisiones que supongan tirar piedras a sus tejados? Por sus hechos hasta la fecha los podemos conocer y la práctica demuestra que cualquier movimiento suyo va a ir directamente vinculado a su mayor beneficio posible. Mientras tanto echan flores a los corrales y los acorralados se las echan entre sí.

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Ramon-Jordi Moles Plaza es jurista y analista.

Mucho se habla de la evolución “positiva” del sector turístico en España. Un adjetivo (positivo) que contempla única y exclusivamente una visión cuantitativa y reduccionista del fenómeno. “Positiva” para quienes se enriquecen con ello a costa de los bienes comunes (sol, playa, paisaje, carácter o tradiciones) o de la explotación de mano de obra no cualificada. Es por ello por lo que nos atrevemos a discrepar: no es una evolución “positiva”, es una más que probable caída. Una caída que nos arrastrará a todos.

Al modo del drama cinematográfico de título similar, el fenómeno turístico actual bien podría analizarse desde parecida reflexión: ¿vamos a asistir a una caída consecuencia del suicidio o del asesinato del turismo? Si nos centramos en algunas de las pistas que en los últimos tiempos han ido conformando el mosaico de esta problemática, todo parece apuntar a un caso claro de asesinato por parte de autores bien definidos.

Al turismo lo asesinan entre todos, pero unos más que otros. En primer lugar, quienes se aprovechan de las diversas circunstancias que rodean el fenómeno. Nos referiremos en primer lugar al palmario y dramático efecto de la especulación de pretendidos “alojamientos turísticos” sobre los precios y la disponibilidad de vivienda en ciertas zonas de la geografía que no solo impiden el acceso de las personas a residir en su lugar de nacimiento o de trabajo sino a las consecuencias que la temporalidad ejerce sobre el propio entorno (paisaje, mobiliario urbano, servicios, etc.) y, evidentemente, la convivencia con los vecinos. Sin duda, este patrón generalizado y, quizás, más mediatizado, tiene en su haber responsables más o menos anónimos que a partir de estas prácticas inflacionarias en un caso (pisos turísticos) y especulativas en otros (vivienda turística) han convertido el turismo en su víctima propiciatoria.

Por no hablar, en segundo lugar, del deficiente mercado laboral turístico, lastrado por unas deficientes condiciones laborales marcadas por la falta de motivación y la escasa formación de un personal retenido en un sector de muy bajo valor añadido y que trasladan sin pudor a un público que asiste, en algunos casos atónito y en otros cómplice, al deterioro constante de los servicios que comprende dicha actividad. Véase el caso de las trabajadoras de hostelería autodenominadas las “Kellys” o la explosión de negocios de hostelería oportunistas y de baja calidad que invaden los lugares turísticos.

Como colofón, en tercer lugar, las externalidades —no menores— que provoca la masiva oleada de turistas en los espacios y lugares que, si bien para muchos son su hábitat natural, para otros son su hábitat artificial o de ocio lo que, en ocasiones y de forma incomprensible, conlleva conductas alejadas de la norma y, cómo no, impensables en sus países de origen.

Junto a estas facetas —más o menos discutibles para algunos— yacen argumentos que nadie se atrevería a poner en cuestión. A saber: la actividad turística como principal motor económico del país con una aportación al PIB del 12,8% (186.596 millones de euros), lo que atribuye al turismo el 70,8% del crecimiento real de la economía. Según estos datos proporcionados por la patronal Exceltur, sin turismo la economía española habría crecido un 0,8% y no el 2,4% que estima el Banco de España. Con estos datos en la mano y desmenuzando con rigor cómo y dónde se distribuyen los beneficios de dicha actividad nos atreveríamos a sostener que el hecho turístico además de asesinado ha entrado en fase de inmolación. Cuesta creer que el segundo país del mundo —según la Organización Mundial del Turismo— receptor de turismo por detrás del primero (Francia) y por delante del tercero (EE. UU.) sea capaz, con premeditación y alevosía, de comprometer tan gravemente el futuro de un sector tan lucrativo e imprescindible para la supervivencia del país. La “verdad” económica no deja de ser más que una aproximación a los hechos acaecidos.

Veamos si no cómo ciertos territorios asfixiados por la intensa actividad turística a la que están sometidos han emprendido campañas —aún incipientes— para proteger la comunidad de la vorágine depredadora de las actividades turísticas. Ciertamente no se trataría de demonizar un sector claramente estratégico para nuestro país, pero sí de articular un modelo que se pacte entre todos los actores —los visibles y obvios para la mayoría, pero también los invisibles y opacos para todos—, que apueste por la regeneración molecular del fenómeno. En este sentido, no se trata tanto de ahuyentar la cantidad sino de revisarla —huyendo de triunfalismos cuantitativos— y de cómo repensar la calidad. Para ello es necesario crear las condiciones sobre las cuales queremos reformular nuestra actividad turística más allá de lo facilón: el sol y playa que, en tanto que factores exógenos a la propia actividad turística, pero de alto valor para la misma, han acabado convirtiéndose en su peor enemigo.

Sea una cosa o la otra, lo cierto es que esta desgraciada realidad, compleja, ambigua y posiblemente plagada de matices, nos exige aunar esfuerzos sociales, administrativos y privados para que nuestras conductas depredadoras no nos priven de vivir del, con y para el turismo. Para ello es preciso sustituir la idea de “cuanto más, mejor” por la de “cuanta más calidad, mejor”. Es urgente proteger la vida cotidiana de los vecinos impidiendo una actividad (pisos turísticos) que es incompatible con el uso residencial. Es vital proteger nuestra salud gastronómica frente a una oferta oportunista de nula calidad que destroza la imagen culinaria del país. Es imprescindible formar personal turístico capaz y retribuirlo en condiciones; para ello es urgente elevar el nivel de la oferta académica del sector. Y, sobre todo, es de justicia que, más allá de retribuir, lógicamente, al inversor, también se retribuya al dueño de las materias primas explotadas por el sector (clima, paisaje, cultura…), esto es, que una parte del beneficio retorne a la sociedad en su conjunto.

El perjuicio está llegando a amplias capas de la población: en ciudades como Barcelona la convivencia turistas-residentes es cada vez más conflictiva; en Canarias y Baleares arrecian las protestas por problemas de saturación y vivienda.

Es preciso promover una política de inversiones (privadas y públicas) que aborde la regeneración de alojamientos hoteleros, transportes, servicios comunitarios, así como otros subsectores del turismo (cultura, deporte o gastronomía). También lo es promover unas políticas públicas estatales, autonómicas y locales que permitan ordenar la actividad mediante un sistema de licencias y tasas turísticas claro y eficiente para todos.

La cosa ya no es vivir del turismo, sino evitar su caída.

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Anna García Hom es socióloga y Ramon-Jordi Moles es jurista y analista.

La baja calidad de nuestra democracia empieza a avergonzar a algunos actores, aunque parece que no preocupe, aún, a una mayoría de ciudadanos. Los últimos acontecimientos podrían indicar que una parte del espectro político es víctima de conductas deleznables de la otra parte y, sin embargo, los hechos demuestran que no hay ningún actor libre de culpa: el conjunto de partidos políticos (de todos los colores) ha demostrado que son capaces de activar mecanismos ilegítimos cuando se trata de deslegitimar a sus “competidores” para salvaguardar comederos.

Tenemos un grave problema con la calidad de nuestra democracia como consecuencia principalmente de la colonización de nuestro sistema institucional (administraciones públicas, empresas públicas, parapúblicas y algunas privadas, sindicatos y patronales) por parte de las maquinarias de los partidos políticos, que se sirven de él para alimentar a cohortes de paniaguados a las que les va el sustento en el ejercicio profesional de la política. ¡Cuánta razón tenía Alejandro Nieto cuando advertía hace años contra este fenómeno!

Parece ahora que la regeneración democrática atañe sólo a la conducta de algunos políticos, a su lenguaje y a la “limpieza” de su juego. Nada más lejos de la realidad. Atañe a todos, más aún si las medidas a adoptar pueden afectar a un número no menor de ciudadanos, por ejemplo, a quienes ocupan puestos administrativos o electivos en el sector público o parapúblico al calor del modelo imperante. Siendo aquellas cuestiones imprescindibles, no son suficientes. De nada servirán si no se acompañan de una regeneración de las estructuras políticas, de un rediseño del modelo institucional y de un cambio a mejor en nuestra galaxia comunicativa.

La regeneración de las estructuras políticas para acabar con la profesionalización de la política que conduce de manera inexorable a la creación de grupos de interés, no necesariamente ideológicos, que patrimonializan la cosa pública en su beneficio. Para que pueda primar el interés público en la gestión pública debe hacerlo también en la esfera de los partidos políticos, sindicatos y patronales: listas electorales abiertas para acabar con la obediencia caciquil, un sistema retributivo de los cargos que no implique ningún tipo de ganancia ni de pérdida respecto de la situación retributiva anterior de estos, un sistema de distribución de escaños que respete la proporcionalidad del número de habitantes de cada circunscripción, una financiación de partidos, sindicatos y patronales que dependa de sus afiliados -no del presupuesto público-.

Un rediseño del modelo institucional acorde con los tiempos de hoy: una Constitución para mañana, no para ayer. Un Poder Ejecutivo que pase a ser un Servicio Público con unas Administraciones Públicas profesionalizadas, más ágiles y menos costosas, al servicio del ciudadano, que concentren el papel de la función pública en el ejercicio de autoridad y que para otras funciones sin ejercicio de autoridad se basen en la contratación laboral y mercantil para dotarse de profesionales con capacidades adecuadas a nuestros tiempos. Un Poder Judicial que pase a ser un Servicio Público de Justicia al servicio de las necesidades de la sociedad. Un Poder Legislativo que reformule el papel del Senado desde la pluralidad territorial del Estado, que requiere una relectura de este mucho menos centralista. Unas instituciones que realmente respondan y actúen bajo el principio de transparencia y del registro y control de intereses privados que puedan interferir o condicionar el interés público mediante oligopolios.

Una galaxia de medios de comunicación más independientes, menos subvencionados, donde no se confundan los panfletos redactados por inteligencia artificial con los medios, donde el anonimato de la opinión no pueda ocultar campañas difamatorias, y donde el control del capital o de la política sobre los medios no constituya la doctrina editorial de estos. Una sociedad vacunada frente a la post-verdad de Internet gracias a un sistema educativo eficiente, que aporte conocimiento a unos ciudadanos suficientemente críticos como para distinguir la verdad de la mentira y evitar actuar como palmeros de los manipuladores.

Señor presidente Sánchez: la regeneración democrática es un nuevo modelo de país, y para ello es preciso un gran acuerdo de Estado, no sólo un pacto para acabar con la guerra sucia. El interés general exige otra política, que tenga por objetivo mejorar la vida de nuestros conciudadanos, no la protección de los intereses particulares de algunos mediante el uso torticero de la cosa pública. La regeneración de la guerra sucia no es posible porque la guerra siempre es sucia.

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Ramon-Jordi Moles Plaza es jurista y analista.  

Cuando se trata de servicios públicos, lo público y lo privado sólo son medios al servicio de la satisfacción del interés general. Hechos recientes contradicen esta idea. Las universidades Ramon Llull, Internacional y Abat Oliba han dejado de exigir las Pruebas de Aptitud Personal (PAP) para acceder a los grados de Educación con objeto de remontar las matrículas en caída libre desde la implantación de estas pruebas en 2014 por acuerdo de las 12 universidades catalanas. Unas PAP que se crearon para mejorar en todas las universidades catalanas el nivel de matemáticas y lenguas de los futuros profesores cuando se constató el bajo nivel de los candidatos a cursar estos estudios. Con un 40% aproximado de suspendidos, sólo las universidades públicas las mantienen mientras que estas tres privadas, al eliminarlas, han doblado la matrícula. No tengo claro que las PAP sirvan efectivamente para mejorar el nivel de los candidatos. Creo que el problema viene de lejos y va más lejos todavía: la crisis de un modelo educativo fracasado desde hace años y lastrado por intereses corporativos diversos que impiden que el tema salga de la agenda política para poder hallar una solución “de Estado”.

En otro orden de cosas, la UOC (de propiedad mayoritariamente privada) ha reclamado recientemente que sus profesores puedan acceder a los mismos planes de mejora laboral del profesorado de las públicas, o acceso a fondos públicos para investigación en igualdad de condiciones que las públicas. No les faltaría razón si nos centráramos en su función de servicio público en vez de en su personalidad jurídica pública o privada. Sus docentes no son funcionarios y su actividad investigadora debería tener igual condición que la de las públicas a efectos de recibir fondos europeos para ese fin. Si esto debiera ser así, ¿por qué su profesorado se estructura en categorías “funcionariales” (catedráticos y demás)? ¿Por qué burocratiza el proceso de aprobación de títulos como las públicas, o los precios de sus matrículas? ¿Por qué es miembro de la Asociación Catalana de Universidades Públicas? Existen dos opciones: o que sea pública puesto que pretende este estatus, o que sea privada puesto que su propiedad mayoritaria lo es. La clave está en la procedencia de los fondos (incluyendo la deuda) que la sustentan: si son mayoritariamente privados o si son mayoritariamente públicos. Y así podríamos especular hasta el infinito: ¿Por qué no reciben también fondos públicos otras privadas como la Ramon Llull, la Internacional o Abat Oliba?. Y lo mismo valdría para la UVic. Este callejón sin salida nos conduce a constatar que se adoptó un estatus privado, distinto de las públicas, para huir del corsé de la ineficiencia burocrática, pero se reivindica el estatus público en aspectos convenientes a distintos intereses singulares (personal o financiación de la investigación).

La salida puede radicar en centrarnos en la función pública y no en el estatus jurídico público o privado de las universidades: una universidad debería ser ante todo una universidad. Como una empresa es una empresa o una fundación es una fundación. Sin embargo, en este país destacamos por confundir de manera interesada incluso la noche con el día, pero especialmente las universidades… y los clubes de fútbol. Me refiero al hecho de que ante todo una universidad, sea pública o privada, debiera cumplir la función para la que se crea, que según la vigente Ley es garantizar el servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. Del mismo modo que un club de fútbol debiera ser ante todo una entidad deportiva. Si después, insisto, después, reúne características mercantiles que incluso le permiten tener beneficios, será otra cosa, sin perder de vista sus funciones originarias paras las que fue creada la universidad… o el club de fútbol.

Sucede por estos andurriales que nada es lo que parece: si se pretende ganar dinero mediante la educación superior o el fútbol no pasa nada, es lícito, pero dígase. No es posible sin embargo que el objeto principal sea el lucro, no sólo el monetario, sino también —y a veces, sobre todo— en términos de influencia sociopolítica. Lo publiqué en 2006 en mi libro Universidad SA: nada que objetar al estatus privado de una universidad, siempre y cuando ejerza las tres funciones que la ley le exige. El problema viene del confusionismo entre público y privado, generado a posta por intereses que, con frecuencia, no se declaran públicamente y se mueven entre bambalinas. Una universidad es un caramelo demasiado goloso en términos de poder como para rechazarlo. Alguna privada se creó para dar respuesta a demandas territoriales (cada campanario tiene derecho a una universidad), otra tecnológicas (la enseñanza no presencial, como si las públicas existentes allá por 1994 no pudieran prestar este servicio) y otras de visión del mundo (como si el credo fuera elemento esencial del servicio público de la educación superior). Ojo al dato, la función de servicio público de la educación superior compete tanto a las universidades públicas como a las privadas, por cuanto el “sistema universitario” descrito por la Ley incluye a todas, públicas y privadas.

Siendo esto así, que las universidades privadas también ejercen un servicio público, no es de recibo la eliminación de las PAP en algunas universidades. Y ello porque no debería suponer un criterio de admisibilidad a unos estudios la capacidad económica del aspirante, sino la preparación académica para cursarlos. Si una prueba de acceso de nivel supone un obstáculo para el acceso el problema está en la preparación académica de los candidatos, que no puede resolverse pagando, sino estudiando. Curiosamente las plazas de estas universidades que han eliminado las PAP y que estaban vacías se están ahora llenando a un precio 8 o 9 veces superior al de las públicas. El problema no es sólo de las universidades privadas. Y es que la financiación de las públicas también está vinculada al número de alumnos que ingresa y egresa en el periodo de tiempo establecido: hay que captar muchos alumnos y evitar que repitan curso si se quiere mantener la financiación por estos conceptos. Mal asunto.

Sí es de recibo, en cambio, que todas las universidades (públicas y privadas) jueguen con las mismas reglas para la disposición de determinados fondos públicos y de capacidad de endeudamiento en la medida que todas prestan un mismo servicio público. Con distintas salvedades, entre ellas que su profesorado no se pueda someter a las “ventajas” de la burocratización funcionarial. En fin, llamemos de una vez a las cosas por su nombre.

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Ramon-Jordi Moles Plaza es jurista y analista.

Nos dice el Govern de Catalunya que “el agua no cae del cielo”. Tamaña falsedad  —a no ser que se añadiese “por ahora”—  se supone que es para fomentar un uso responsable del agua; algo que no han hecho hasta ahora nuestros incapaces Governs y Gobiernos. Una incapacidad que se repercute al ciudadano exigiéndole conductas ejemplares, ya sea en materia de seguridad viaria, cumplimiento tributario o tratamiento de residuos, por ejemplo. Poco importa el escaso mantenimiento de la red viaria, la pésima distribución de fondos europeos o la mejorable gestión de las basuras. Al final, la responsabilidad se quiere que sea siempre del ciudadano, sin importar la incapacidad política y administrativa, que proviene esencialmente de una fuente común: el miedo de los políticos al conflicto social en tiempo de elecciones (locales, autonómicas, generales o europeas), es decir, en cualquier momento. 

La sequía más importante desde que existen datos persiste en Catalunya desde hace más de tres años para más de 6 millones (de un total de 8) de ciudadanos que dependemos de las cuencas internas de Catalunya (Ter-Llobregat). Estamos en situación de emergencia por una sequía que, nos dicen, impone restricciones al punto de reducir la presión del suministro doméstico, a la industria, turismo, agricultura y ocio. Y a partir de ahí, que cada cual se busque la vida: desalinizadoras privadas para hoteles, excavación de pozos para regar o rogativas a Montserrat. Mientras tanto, nuestras Administraciones siguen aletargadas a la espera de milagros. No es la sequía la causa de las restricciones; es la muy ineficiente política hidráulica y la dejadez de funciones de nuestros Gobiernos desde hace años, alimentada por la amnesia de la ciudadanía que, cuando llueve, se olvida del tema. Súmenle la falta crónica de modernización de las redes de distribución, con masivas pérdidas y fugas de agua. De otro modo, no estaríamos en situación de crisis hídrica. 

Desde 2010 no se han ejecutado inversiones en obras hidráulicas y el dinero abonado por los usuarios mediante el canon en el recibo del agua se ha usado para otros menesteres, como, por ejemplo, enderezar el déficit de la Agencia Catalana del Agua (si circunscribimos el hecho en Catalunya, aunque en otras zonas mutatis mutandis ocurre otro tanto). No disponemos de las dos desalinizadoras que se habían previsto hace años y las redes de distribución sufren pérdidas en muchos de sus tramos por falta de mantenimiento. Cuestiones que llevará años solventar, siendo además que algunas de las soluciones planteadas por las Administraciones son caras, lentas o inasumibles. Las desalinizadoras consumen una enorme cantidad de electricidad, que además no les podemos suministrar por falta de red de alta tensión; traer agua en barcos es carísimo e insuficiente y además el Puerto de Barcelona no está preparado para este tipo de atraques. Ante ello la gran medida es restringir a los ciudadanos el uso doméstico del agua, uno de los servicios públicos esenciales en un Estado que pretenda serlo. Mientras, se pretende salvar al gran motor de nuestra economía (el turismo), hasta el punto de que si eres turista puedas usar la piscina de tu hotel, mientras que si eres ciudadano no puedes usar como debieras tus grifos, ni usar tu piscina pública o privada, ni regar tus plantas.

Las auténticas soluciones al problema (no la sequía, sino el suministro de agua a los ciudadanos), en cambio, están descartadas por el Govern. La razón oculta es que les generan un problema: les obliga a gobernar con mayúsculas en un país en el que se han acostumbrado a “pastorear” los problemas sin resolverlos. Educación, sanidad, transporte, energía, función pública, estructura productiva o vivienda son cuestiones que esperan desde hace demasiados años a ser planteadas como las “cuestiones de Estado” que son, fuera de la batalla política y con alcance de miras a la altura de país.

Todas estas cuestiones presentan a los gobernantes un problema en común: no existe un consenso general sobre su gestión. Consenso que, en un país maduro, se genera tanto desde la esfera pública como desde la privada hasta llegar a un punto de encuentro que se mantendrá tanto como sea posible en el tiempo, hasta que haya que revisarlo. En un decorado cainita el consenso no existe más que para garantizar comederos comunes, aunque sea a fuerza de agotar el pienso. Y más aún en un contexto de permanente batalla electoral, ya sea general, autonómica o local, que tiene como objetivo principal seguir alimentado la máquina partidista que ha fagocitado la democracia. En resumen, el problema para el político no es tanto la problemática suscitada (sequía, déficit del servicio público o malos resultados en el informe PISA), sino la controversia social suscitada por las medidas que se deben adoptar para resolverla. Controversia que castiga directamente al resultado electoral de quien debe aplicarlas, que es quien gobierna. En fin, que gobernar es, también, perder elecciones, y esto no hay partido político que lo aguante.

De este modo la oposición social, la de los territorios y sectores afectados en el caso de la sequía, a las medidas más adecuadas hace inviable que se puedan aplicar porque en términos electorales resulta inasumible para quien gobierna. Así, la interconexión de las redes de suministro de agua catalanas —incluido el Ebro— ha sido rechazada por el Govern debido al rechazo social en Terres d’Ebre con el argumento de que el minitrasvase del Ebro no es viable porque “es una estructura fija” para derivar “más agua del Ebro de la necesaria” en algunos momentos. Los Colegios de Ingenieros y la sociedad civil con opinión técnica no opina lo mismo, pero el miedo a perder elecciones en Terres d’Ebre es superior al sentido común. Igual suerte corren otras opciones posibles como conectar el agua sobrante de riego de la zona Segarra-Garrigues o la cabecera del Segre al Llobregat. Es obvio que gobernar es generar consensos y para hacerlo no hay otra que ponerse a ello y gestionar los conflictos sociales aún a costa de perder las mamandurrias, los sueldos que se disfrutan sin merecerlos. A no ser que, en un Estado laico, los políticos crean también en los milagros.

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Ramon-Jordi Moles Plaza es jurista y analista.

En septiembre de 2021, una ingeniera de Facebook (hoy Meta) filtró documentos que demostraban la responsabilidad de la compañía en la difusión de noticias falsas y de contenidos violentos y en los daños que causaban entre los jóvenes. La filtración provocó que el Senado de EE.UU. la llamara a declarar, que se interpusieran demandas de padres de adolescentes afectados, otra demanda colectiva avalada por instituciones educativas, o más recientemente, la demanda presentada contra Meta por los fiscales generales de 41 Estados.

En una entrevista reciente, la ingeniera reconvertida a confidente de las autoridades en este asunto ha manifestado que “dentro de 10 años, nos preguntaremos por qué no regulamos antes las redes sociales”, además de confiar en que para entonces tengamos leyes sensatas que den acceso a los datos de estas plataformas, en que tengamos un sistema democrático robusto en el que no se necesiten más actuaciones como la suya para funcionar. 

Es encomiable la conducta de esta persona. Tanto como sorprendente resulta su candidez. Hace ya veinte años publiqué una obra sobre la regulabilidad de Internet cuya tesis principal era, y es, que Internet (1) —las redes— tiene que ser regulado en la medida en que son propiedad de empresas privadas que afectan a intereses públicos que constituyen la base de nuestro funcionamiento como sociedades democráticas. En otras palabras: los dueños de las redes hacen con ellas lo que quieren; el problema es que con ello afectan al conjunto de nuestros derechos, y lo hacen abusivamente. Es harina de otro costal el uso de estas infraestructuras por parte de los Estados de distintos colores para proteger intereses más o menos confesables.

En su momento, esta tesis fue minoritaria a la fuerza, puesto que se enfrentó al papanatismo de las moderneces intelectuales que confundían la realidad con el deseo: creían ingenuamente que Internet sería un espacio de libertad sin censuras que podría conllevar notables progresos sociales. Están por ver todavía la libertad sin censuras y los progresos sociales, si bien es cierto que ha supuesto notables avances tecnológicos que han conllevado mejoras de nuestros sistemas productivos y de comunicaciones que no siempre revierten en una mejor calidad de vida.

Suenan ahora también los tambores de los dueños del invento reivindicando una regulación para la Inteligencia Artificial al rebufo de los miedos que ellos mismos confiesan sobre el uso de sus creaciones. Sorprendente: los todopoderosos milmillonarios reivindican que los Estados les regulen. Pregunta: ¿Qué es lo que quieren que se regule? Respuesta: los usos de las redes y de la Inteligencia Artificial venideros en unos años, no los de hoy, que se mantienen en tierra de nadie. Valiente reivindicación. La respuesta a la ingeniera es clara, obvia y no es preciso ser experto en Internet para comprenderla: las redes no se han regulado hasta ahora porque simplemente no ha interesado a los poderes fácticos. No esperemos tampoco que esta regulación que se plantea a futuro para la IA y a presente sobre el uso de las redes vaya a redundar en nada que pueda comprometer el poder de los milmillonarios en este campo. La única posibilidad es la toma de conciencia de los usuarios para boicotear sus negocios y la movilización ciudadana para presionar a los legisladores. Algo, por ahora, poco probable. Menos queja y más acción.

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Ramón-Jordi Moles Plaza es jurista y analista.

(1) Derecho y control en Internet (Ariel Derecho. 1ª edición enero 2004)

No es la deuda de dos vecinas llamadas Celsa y Matilde. Es la deuda de unas empresas que recientemente han copado las páginas de la prensa económica por razones similares, aunque distintas. Celsa es una empresa industrial objeto de una reciente sentencia que ordena que sea adjudicada a sus acreedores, que no son otros que determinados fondos de inversión extranjeros que compraron en su momento la deuda a los originales acreedores españoles. Matilde es Telefónica, la de “¡Matilde, Matilde, que he comprado telefónicas!”. Matilde es el nombre por el que se conocían las acciones de Telefónica a finales de los años 60, gracias a una campaña publicitaria protagonizada por José Luis López Vázquez.

Celsa es Celsa-Group, uno de los principales productores de acero de Europa. Una empresa hasta ahora familiar con 120 centros de trabajo en distintos países que emplean a más de 70.000 trabajadores directos e indirectos, que es uno de los mayores consumidores de electricidad del país y que se ocupa en la producción de una materia prima (el acero) de carácter estratégico.

Matilde-Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones, la cuarta más importante de Europa y la decimotercera a nivel mundial. Fue empresa pública bajo el franquismo y se privatizó con los gobiernos de Felipe González y Aznar. Se vinculan a ella alrededor de 1,2 millones de puestos de trabajo, y da servicio a 315,7 millones de usuarios en los países donde está presente. Su relevancia se extiende a los entornos tecnológicos de ciberseguridad y defensa.

Es obvio que se trata de dos empresas estratégicas para la soberanía económica del país, lo que se traduce normalmente en una serie de controles por parte del Estado para evitar que su control (su propiedad total o parcial) pueda recaer en actores económicos que puedan resultar como mínimo “inconvenientes” para los intereses económicos del país. Este tipo de operaciones de “toma de control”, más o menos hostiles, tradicionalmente se han materializado mediante compras, más o menos discretas, de acciones de la sociedad que eventualmente se pretende controlar. Frente a ello los Estados han organizado con mayor o menor éxito distintas trabas (como las autorizaciones de las ventas de acciones, por ejemplo) a estas operaciones para evitar poner en riesgo su soberanía económica. La pandemia de COVID19 mostró al mundo la importancia de disponer de tecnologías y recursos propios, por ejemplo, mascarillas o respiradores. Véase en este sentido el caso reciente de la compañía saudí de telecomunicaciones STC (propiedad del gobierno saudí), que ha comprado con gran sigilo el 9,9% de Telefónica a través de una compañía luxemburguesa. Esta compra no se podrá hacer efectiva en su totalidad sin la autorización previa del Gobierno, a la que el Ministerio de Defensa español se opone por razones de seguridad. 

Es un ejemplo clásico de protección de la soberanía económica que se ve cuestionado por lo acontecido en Celsa. La reciente sentencia que aplica la nueva ley concursal adjudica la empresa a sus acreedores, lo que implica que a partir de ahora cuando un acreedor estime que su deudor no puede afrontar la deuda se le permitirá convertir el derecho de crédito en acciones de la deudora y devenir accionista, esto es, dueño o codueño de la empresa. Algo que los acreedores de Celsa han jugado con gran habilidad y que abre la puerta a un nuevo formato de la toma de control de compañías estratégicas.

Es obvio que en el futuro habrá que adaptar las medidas de control sobre compañías estratégicas a este nuevo contexto: no sólo será preciso supervisar y limitar, si procede, las compras de sus acciones, sino que habrá que intervenir sobre el control de su endeudamiento, que se ha convertido en el coladero de inversores hostiles o no deseados. Es la puerta falsa de Celsa (hoy) y de Matilde (mañana).

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Ramon-Jordi Moles Plaza es jurista y analista.

Hay miedo (de varios tipos) a los modelos de Inteligencia Artificial (IA). Los más sorprendentes son los de sus dueños y promotores. Temen algo fabricado por ellos mismos y que parece que ya no tiene remedio y suplican a los Estados que les regulen, porque se ven incapaces de sujetar al monstruo desatado. Un monstruo que han soltado voluntariamente abriendo al acceso público herramientas como ChatGPT. Lo han hecho porque para crecer el monstruo tiene que alimentarse de ingentes cantidades de datos que sólo con una amplia apertura se podían obtener.

Hace casi 20 años ya apunté en “Derecho y control de Internet” (Ed. Ariel Derecho) que era preciso regular Internet porque no era el territorio de libertades que algunos “profetas” anunciaban. Parece ahora que la Inteligencia Artificial (IA) sea la panacea como antes lo fue Internet y después las redes sociales. De la escasa regulación de Internet y de las redes surgieron problemas que se hubieran podido controlar mediante modelos regulatorios adecuados a su naturaleza. La falta de regulación, como se ha visto, sólo ha beneficiado a sus dueños.

En el caso de las IA está sucediendo lo mismo. Cuando se da la paradoja de que algunos tecno-oligarcas reclaman que se les regule (caso de Sam Altman, de OpenAI) o que se establezcan moratorias, emerge la sospecha de que se trata de un “problema de acción colectiva”: situaciones en las que, como colectivo, el conjunto se beneficiaría de una acción concreta, aunque individualmente cada miembro obtiene ventaja de que no se ejecute. De aquellos polvos, estos lodos: los dueños de las IA concluyen que es mejor pedir a la Administración que actúe, aunque sólo sea en apariencia, porque ellos continuarán haciendo lo que les parezca conveniente a sus intereses, aún con regulación mediante, para mantener su ventaja sobre otros competidores que quieran entrar más recientemente a este mercado. Es más, incluso si algunas empresas hicieran una moratoria voluntaria de sus experimentos, otras ocultarían la continuación de su investigación en IA alentadas por los mayores beneficios derivados de la propia moratoria, que limitaría la competencia y por tanto les beneficiaría.

El ciclo de los oligopolios tecnológicos para dominar el mercado se ha repetido con cada nueva incursión. Oferta gratuita de una novedad con objeto de asegurarse un dominio relevante del mercado pregonando a los cuatro vientos las bondades sociales de la innovación al estilo de “tonto el último”. Condena de la regulación porque se afirma (errónea e interesadamente) que es un freno a la innovación. Multitudes de “early adopters” (entusiastas tempranos) se suman al carro cual profetas conversos. Las enormes pérdidas son asumidas alegremente con objeto de eliminar a los competidores y poder ocupar una posición dominante en el mercado, momento en el cual cae la máscara y aparece un modelo de negocio basado en la usurpación de datos y el cobro de cuotas a un público que ya está inexorablemente enganchado al modelo, sea este de compra por Internet, de plataforma de video o música, de coches o sexo compartidos, o de redes sociales.

Lo mismo sucederá con las IA. La única diferencia con ciclos anteriores es esta sospechosa invocación de sus dueños a la necesidad de regulación. Quienes creemos en la necesidad de regulación de estas actividades sospechamos de la actitud de los tecno-oligarcas porque son modelos de negocio basados en la apropiación indebida de datos basada precisamente en la falta de regulación. Viene esto a cuento de otro elemento: ¿es o no es la IA un bien público? Si no lo es, si es privado, es inconcebible un modelo civilizado de negocio privado basado en el robo… de datos privados, lo que nos lleva a descartar esta hipótesis, Si lo es, si es público, se plantea un problema de asimetría, puesto que tanto sus beneficios como sus peligros y miedos afectarán a todos, incluso a las personas que no usan IA personalmente. Precisamente por ello, para reducir los miedos y los riesgos de la IA, el sector público debiera supervisar que la investigación en un bien público (la IA) se realice con seguridad, regulándolo. De hecho, ya existe regulación antifraude, antidiscriminación, antimonopolio, de la propiedad, del sector público y parapúblico… Para empezar, aplíquese normativa existente a las IA y a sus derivadas fraudulentas, discriminatorias, monopolísticas o de apropiación indebida para garantizar, por ejemplo, que la tecnología ofertada no engaña, que es lo que es, sirve para lo que sirve y no para otra cosa. El Parlamento europeo ha evidenciado también además otros miedos: los propios de las burocracias. Así, el texto que prepara la Eurocámara, se centra el posible uso para manipular elecciones, vigilancia biométrica o el reconocimiento de emociones y sistemas policiales predictivos.

Más allá de estas evidencias habrá que regular otros problemas, como la asimetría, la posibilidad de apropiación de la cultura humana o la proliferación incontrolada. Argumentos a favor de ello sobran: de un lado, la no regulación solo beneficia a los tecno-oligarcas; del otro, si no lo hacemos, las IA (estos mismos tecno-oligarcas) acabarán regulándonos a nosotros. Más allá de la aplicación de la normativa existente, una regulación específica de las IA para abordar los miedos que genera debería contemplar el diseño de un proceso de normalización técnica que permita definir qué es realmente una IA, a qué se puede aplicar y a qué no, cómo se identifica y construye, qué estándares de seguridad debe incluir, cómo se revisan periódicamente, qué responsabilidades se generan con su diseño, oferta y uso, y cómo se depuran estas mediante indemnizaciones. Nada nuevo, se ha hecho en otros ámbitos (energía, transporte, dispositivos médicos, aviación, ciberseguridad o nanotecnologías, por ejemplo). Para ello es imprescindible mapear los riesgos y aplicarles adecuadas herramientas de gestión. Así lo apuntamos ya con la Dra. Anna García Hom en 2020 en las dos ediciones de nuestro “Manual del Miedo” (Ed. Aranzadi), mucho antes de la aparición de los miedos asociados a las IA, que no son distintos de los anteriores miedos a las tecnologías emergentes, que estudiamos en su momento. Una regulación eficiente evitaría que a los falsos miedos de los tecno-oligarcas se sumaran los nuestros, verdaderos, por no haber atendido lo obvio: hay que regular, hay que gestionar los miedos de las IA.

Las IA (modelos de Inteligencia Artificial) andan hoy a su antojo. Regularlos sería como ponerles un cascabel que nos advirtiera de su conducta, estatus y naturaleza. Desafortunadamente, aún no existe ningún mecanismo explícito de regulación y control de fiabilidad de las IA. Mecanismo que, para ser del todo eficiente, debería complementarse con un mayor peso del pensamiento crítico de nosotros los humanos, lo que tiene que ver con la educación, la cultura, con el ejercicio del poder, en suma. A medida que la IA débil (la que hoy conocemos) devenga más fuerte (aún no existe) podría darse el caso de que nuestro destino como especie estuviera en manos, no tanto de las IA, sino de sus dueños. No parece algo deseable. Las técnicas regulatorias pueden permitir controlar este “determinismo tecnológico” que nos invade a partir de un pueril optimismo y de una fe ciega en la ciencia que ha sido cuestionada por la realidad en infinidad de ocasiones: el fin del mundo ya se anunció a partir de la máquina de vapor, de la energía nuclear o de la ingeniería genética. Si las IA son un bien público su control regulatorio ha de ser también público con objeto de limitar el lucro y el excesivo apetito de riesgo asociado a su desarrollo (no vaya a ser que se repita el problema de las redes sociales). También debiera ser posible reequilibrar el balance de estas tecnologías en términos de rendimiento económico: cómo y dónde deben tributar las ganancias que de ellas se obtengan. Y ello para evitar lo que ya conocemos: que se concentren las ganancias, pero que se socialicen las pérdidas.

El modelo de gestión de miedos a las IA puede ser doble: regulatorio y autorregulatorio. Una regulación eficiente de las IA debería darse en un marco de colaboración mundial aplicable a nivel práctico que permitiera realizar inspecciones, sancionar infracciones y expulsar del mercado a los infractores. Para ello son indispensables mecanismos similares a los de las Agencias responsables del control de armas o de la energía nuclear, por ejemplo.

La autorregulación podría basarse en el uso de estándares de calidad y seguridad y de códigos de conducta (al estilo del que Anthropic ha dispuesto para su IA llamada Claude). Estos códigos de conducta de las IA remiten al mecanismo “constituyente” de Internet al que me referí en “Derecho y Control de Internet” hace 20 años. Se trata de dotar al sistema por parte de sus creadores-gestores de unas pautas para su conducta. De este modo, sus creadores devienen “poderes constituyentes” y estas pautas una especie de Constitución que regula la conducta de la IA. En el caso de Claude estas pautas se han obtenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, las Reglas Sparrow de DeepMind, o diversas investigaciones sobre ética en la IA. Para enseñar estas pautas a Claude la entrenaron para revisar sus propias respuestas tomando como patrón los principios y valores de las pautas. En la misma línea el gobierno de EE. UU. ha anunciado un Plan para una Declaración de Derechos de la IA basado en el control de riesgos de la IA mediante un Marco de Gestión. Algunas otras opciones complementarias y/o alternativas a la regulación, como las moratorias planteadas por algunas grandes corporaciones y expertos, no parecen creíbles porque no es posible verificar su cumplimiento efectivo y al mismo tiempo atribuyen posiciones dominantes del mercado a aquellas empresas que se hallan ya en estados muy avanzados de desarrollo. Tampoco son creíbles las políticas públicas de fomento anunciadas al respecto: EE. UU ha notificado que invertirá 127 millones de euros en investigación responsable en IA mediante 25 institutos federales, mientras Microsoft ha invertido ya 10.000 millones de dólares solo en Open AI. Los supuestos regulatorios existentes presentan tres grandes enfoques

Un primer enfoque regulatorio parcial (básicamente autorregulatorio privado), en el que se traslada la responsabilidad desde el regulador a las empresas, viene siendo habitual en la gestión de riesgos en EE. UU. a diferencia de Europa, en la que es el regulador el que interviene directamente. Obviamente, sin regulación pública, sin capacidad de inspección y sanción, con una autorregulación endeble, el poder es de las grandes tecnológicas estadounidenses, que disponen de enormes capacidades técnicas, económicas y de influencia, y se ven favorecidas por un entorno que no ha restringido la rápida comercialización de productos de IA y que ya se están integrando en aplicaciones como Snapchat o Duolingo, y que se benefician de una financiación que multiplica por cuatro la de las empresas chinas del sector, además de contar con el control estratégico de muchos de los componentes tecnológicos imprescindibles para este sector.

El segundo enfoque es el del intento regulatorio público más avanzado por ahora, The AI Act, una normativa europea que asigna las aplicaciones (no las tecnologías) de IA a tres categorías de riesgo. La primera prohíbe las que suponen un riesgo inaceptable como la vigilancia personal intrusiva o discriminatoria, la vigilancia biométrica, el análisis de emociones, la alteración de conductas o la categorización de personas. La segunda regula las de alto riesgo, como los llamados “modelos fundacionales” (por ejemplo, ChatGPT, OpenAI y Midjourney, capaces de generar contenido a partir de las órdenes que les dé una persona). Estos modelos deberán responder a estándares estrictos de transparencia, no podrán generar contenido ilegal y deberán advertir de que el contenido ha sido generado por una máquina a partir de determinadas fuentes sujetas a derechos de autor. La tercera incluye las herramientas no prohibidas o no calificadas como de alto riesgo, como los videojuegos, que quedan en gran parte sin regular. El objetivo declarado por Europa es garantizar el respeto a los derechos humanos en el despliegue de las IA, controlando los riesgos sin frenar la innovación, lo que hasta hoy no había sido resuelto como consecuencia de los efectos paralizantes del Principio de Precaución sobre otras tecnologías emergentes (nano, bio, ingeniería genética y demás). Para ello, además, habría que, por un lado, poder identificar el contenido generado por IA mediante un “estándar” que necesariamente debería ser simple, para evitar tener que usar varios softwares de diferentes fabricantes para detectar el origen del contenido. Por otro, será imprescindible garantizar la trazabilidad de estos contenidos generados por IA. Estos aspectos no están presentes en la The AI Act que se discute en Bruselas.

Un tercer enfoque regulatorio público de la IA, aunque muy distinto al europeo, es el de China, que ha desarrollado un marco regulatorio estricto para las empresas dedicadas a la inteligencia artificial generativa y que incluye auditorías de seguridad y sistemas de responsabilidad sobre los contenidos generados por IA. Este enfoque está orientado por dos vectores principales: el control estricto de los ciudadanos, y una estrategia que permita a China ser el número 1 mundial en IA en 2030 mediante la expansión global de sus estándares, su modelo regulatorio y su uso masivo. Son, en suma, tres maneras de gestionar los miedos de unas IA que todavía andan sueltas.

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Ramon J. Moles es profesor de Derecho Administrativo.

La “Inteligencia Artificial” (IA) no es una, son varias y diversas. Incluye distintas tecnologías, con definiciones complejas, que “aprenden”, mejor “se construyen”, a través del reforzamiento (de modo similar a nuestro cerebro) y a partir de gigantescos bancos de datos que les son suministrados por humanos.

Las IA (existen diversos modelos) están de moda, aunque no son nuevas. Existen desde hace años en una escala menos notoria y potente. La novedad es el doble engaño basado en la enorme difusión del incremento de la potencia de sus capacidades y en su apariencia humana (apariencia, que no entidad). Su tramposa mayor difusión deriva de que se han puesto al alcance de cualquiera, no por generosidad, sino para mejorar su construcción por reforzamiento, a lo que han accedido gustosamente millones de usuarios que trabajan y ceden gratis sus datos a los tecno-oligarcas que las han generado. Su engañosa apariencia humana llega al punto de que sus creadores y gestores se refieren a sus errores como “alucinaciones”, cual si las máquinas pudieran alucinar (algo intrínsecamente humano). Existe un evidente interés en divulgar supuestas características humanas del engendro porque precisamente en la fe en estas ficciones radica el atractivo de la cosa: que siendo artificial, parezca tan humano que lleguemos a pensar que pueda tener sentimientos e incluso superarnos en nuestra propia estupidez. Un Frankenstein. Prueben a desenchufar del suministro eléctrico su ordenador mientras operan con una IA. Muy distinto a cualquier humano: tenemos la capacidad de desconectarnos de una conversación plomiza, pero seguimos ahí, “funcionando”.

Las IA abarcan por ahora tres grandes campos de acción: la mejora de la percepción (identificación de rostros, patrones musicales o biométricos, por ejemplo), la mejora de la automatización de procesos de toma de decisiones (hacer recomendaciones sobre restaurantes o moderar contenidos en foros cibernéticos), o la predicción de futuros (construcción de escenarios o calibración de riesgos, por ejemplo). En estos campos las IA no son todavía igual de eficientes en todos ellos: lo pueden ser bastante en procesos de mejora de percepción, no tanto en automatización de decisiones y bastante menos en predicción de futuros. Los recientes modelos de IA que han levantado mayor expectación están asociados a supuestos de IA “generativa”, que, a petición del usuario, genera contenidos (texto, imágenes, sonidos) con algún grado de originalidad a partir de los datos que se le han suministrado.

La IA generativa tiene que ver básicamente con la percepción, pero mucho menos con la automatización fiable o la predicción. Y ello, por una razón: esta tecnología no goza de una precisión elevada como la que requieren la toma de decisiones críticas o las predicciones altamente fiables, sino básicamente de una gran capacidad de convicción del usuario por cuanto usan modos de expresión muy similares a los humanos. En otras palabras: parecen humanas porque se asemejan a la expresión humana (aunque no lo son) y precisamente por ello nos resultan convincentes, pero no pueden discernir sobre la verdad ni la mentira, ni efectuar juicios morales o de oportunidad como hacemos los humanos, ni siquiera son completamente autónomas (dependen de humanos que las construyan, prueben y entrenen, y dependen también del suministro eléctrico para funcionar). Seamos conscientes además de que tras las IA no hay sólo máquinas: lo que hay es inteligencia humana, humanos de carne y hueso. Una reciente investigación de Time reveló que trabajadores africanos infra-retribuidos (3 euros la hora) son los responsables de garantizar que los datos utilizados para entrenar a ChatGPT no tengan contenido discriminatorio. Algo parecido a los moderadores de contenidos de los foros o de Facebook (hoy Meta). En anteriores trabajos describí esta “tecnología” como “algoritmos con dos piernas”.

Parece obvio que no podemos ni debemos confiar aún nuestra toma de decisiones a las IA, al menos aquellas trascendentes y que deban ser muy precisas (juicios de valor, opiniones médicas…). La razón de ello reside más en la calidad del resultado que en la naturaleza del proceso usado por las IA. Siendo el resultado, como indico, poco fiable, no es tan relevante que no sepamos cómo toman sus decisiones estas máquinas, porque tampoco lo sabemos respecto de los humanos: tanto las IA como nosotros somos, en este sentido, cajas negras. La diferencia entre ellas y nosotros es que ellas son cajas negras irresponsables, muy imprecisas y de diseño híbrido humano-máquina. Nosotros somos también cajas negras, aunque la responsabilidad inherente a nuestra toma de decisiones nos lleva –aunque no siempre– a un determinado grado de prudencia y/o relativismo que entiendo que está en el meollo de la inteligencia humana.

Su escasa inteligencia humana no es óbice para que las Inteligencias Artificiales (IA) estén generando ríos de tinta. El proceso de introducción en la sociedad de cualquier tecnología emergente es siempre muy complejo y no siempre resulta exitoso para sus promotores. En el supuesto de las IA parece evidente que, aunque su entidad precisa y su objetivo final están aún por definir, van a producir cambios radicales y su implantación no va a ser reversible y está siendo muy rápida (OpenAI consiguió cien millones de usuarios activos en dos meses, mientras que Tik Tok tardó nueve meses). Más allá de las ventajas más o menos evidentes que estas tecnologías puedan tener en el manejo de datos, apoyo a decisiones, o simplificación de tareas, emergen rápidamente un sinfín de problemas derivados de su uso, algunos más evidentes que otros: desde la muy evidente capacidad para manipular información (se abre un futuro complejo para los medios de comunicación), adueñarse indebidamente de propiedad intelectual, alterar el mercado de trabajo, aumentar la discriminación o facilitar aún más la concentración de riqueza; hasta los no tan evidentes como la reestructuración del conocimiento humano o el rediseño de la jerarquía humano-máquina, que entiendo, además, que son dos de los mayores problemas surgidos de la puesta en marcha de estas tecnologías: la emergencia de un nuevo marco mental en el cual la idea de inteligencia pasa a ser algo mecánico, individual y controlable por terceros; y la apropiación de la cultura humana por parte de las máquinas. Y todo esto no tiene nada que ver con la supuesta “inteligencia” de estos artefactos, sino con la de sus propietarios y sus ansias de negocio.

La emergencia de este nuevo marco mental nos ubica en un contexto cultural que nada tiene que ver con una idea de inteligencia que hasta hoy ha sido esencial en la evolución humana: la inteligencia social, comunitaria, entendida como suma o multiplicación de las inteligencias individuales que trabajan en común para configurar el saber común (la artesanía, la tradición, la cultura, el derecho, lo que somos, en suma), que no está concentrada en unas pocas manos que se lucran con ella. La inteligencia social es, además, junto con la idea de “poder”, una de las bases principales de nuestros modelos jurídicos, de nuestros Derechos, de un equilibrio destilado a lo largo de siglos de civilizaciones entre derechos y obligaciones que se contrasta con constructos morales y éticos. Si esta inteligencia social se sustituye por un engendro algorítmico falto de “lo social” y de sus tradiciones y al servicio de sus dueños, supondrá la muerte del Derecho tal como lo conocemos y, consecuentemente, la pérdida del control, del poder, sobre la civilización humana.

Difícilmente será posible que estas IA estén alineadas con lo que es nuestra inteligencia social: lo están sólo con sus dueños porque, en la medida que estuvieran acordes con lo social dejarían de ser negocio para quienes las promueven y controlan. Para que sean negocio deben ser concentradamente controlables y nutrirse de materia prima (conocimiento) que sea gratuita, lo que nos conduce a un robo de proporciones siderales: los datos, la información de que se alimentan las IA son de alguien, a quien ni siquiera se le hace saber que están siendo usados, y sin retribución a sus dueños. Desde otra perspectiva, al ser una construcción completamente artificial y no totalmente autónoma, es deudora de los sesgos que le han aportado sus creadores con una limitación muy relevante: al ser artificial no dispone de límites éticos ni de objetivos alineados con los humanos (el llamado problema de alineamiento), lo que choca de lleno con las bases culturales de la civilización humana. La verdad dejará de ser un valor, la dificultad para armar un discurso razonado será enorme en la medida de que el pensamiento crítico tenderá a desaparecer. ¿Qué sucederá si estas tecnologías con apariencia de humanas llegan a ser más “potentes” en términos de razonamiento que el ser humano? Debemos constatar una asimetría en la relación inteligencia humana-inteligencia artificial: como humanos no podemos influir en la estructura discursiva de la máquina (al servicio de su dueño), pero ella sí puede influir en nosotros. Este fenómeno ya se empezó a dar con el auge de las redes sociales y su uso en campañas de manipulación de opinión.

La apropiación de la cultura humana por parte de los dueños de las máquinas es un mecanismo que deriva de la posibilidad que tienen estas tecnologías de “crear”, (más bien copiar gratis) conocimiento humano (música, arte, texto). A partir de ahí podrían acabar generando derecho, religión, ética, incluso (quizás) fuera del control de sus creadores o dueños. Esta apropiación es, además, como indicaba, gratuita, mediante usurpación a sus dueños; en la más pura tradición de los atracos cometidos por las tecnológicas de Silicon Valley desde sus inicios: la economía colaborativa es en realidad explotación de mano de obra barata que hace repartos en bicicleta, alquileres opacos al fisco, banca en la sombra sin protección del usuario o la cesión gratuita de datos tan relevantes como las afinidades sexuales. La IA no paga un céntimo a los dueños de los datos por la información que usa para operar. Sin embargo, nos la presentan como un enorme avance en nuestra evolución tecnológica del que debemos esperar sólo grandes ventajas. Ciertamente, los inteligentes son los dueños de los algoritmos.

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Ramón J. Moles Plaza es jurista.

Estamos entrando en la era de la Inteligencia Artificial (IA), que no es una forma auténtica de inteligencia, sino más bien un modelo informático basado en el aprendizaje automático y altas capacidades de procesamiento, y que es capaz de aprender a ejecutar determinadas tareas (aunque todavía no cualquier tarea). El debate sobre el uso de esta tecnología no ha hecho más que empezar.

Las aplicaciones de la IA no son algo nuevo: coches autónomos, asistencia al cliente o compras personalizadas son algunas de las utilidades que esta tecnología ya nos está ofreciendo. No hay duda de que, a medida que se amplíe su capacidad y se abarate su coste, la Inteligencia Artificial va a poder modificar muchos aspectos de nuestra vida: algunos en un sentido positivo, como por ejemplo en sanidad para la mejora de diagnósticos, o en educación, como apoyo del aprendizaje, o en tareas administrativas. También va acompañada de dudas razonables sobre su uso: con qué finalidades (pacíficas o no), con qué alcance (generalizado o reservado a unos privilegiados) sobre los derechos de propiedad y explotación que se pueden generar, o sobre su posible capacidad para —en una fase más avanzada de “superinteligencia”—  controlar a los humanos. Sin obviar, por otro lado, su utilidad para la comisión de delitos o los fallos detectados en su toma de decisiones basada en criterios supuestamente éticos.

Todas las tecnologías emergentes plantean problemas y debates en el momento de su aparición: de carácter jurídico, filosófico, económico, sociológico, ético o incluso estético, además de los problemas técnicos justificados por el estado inmaduro de la técnica. Cualquier tecnología puede ser usada en un sentido positivo o negativo: depende de la voluntad del ser humano que disponga de ella.

Por ahora, el reciente debate sobre la IA lo están impulsando tanto la aparición de ChatGPT (desarrollado por OpenAI y amparado por Microsoft) y otros competidores (como Bard de Google o Dall-E 2, por ejemplo) en periodo de pruebas, como también una carta abierta del pasado 22 de marzo firmada por más de mil expertos que piden detener temporalmente los experimentos de entrenamiento de esta tecnología por la preocupación que generan los riesgos derivados de ella para la humanidad. Alegan los firmantes que es preciso desarrollar protocolos de seguridad compartidos para el diseño y desarrollo avanzados de IA con el fin de evitar que devenga una especie de “caja negra” con grandes capacidades impredecibles. Para ello proponen definir un modelo de gobernanza que permita su seguro desarrollo mediante modelos de auditoría, supervisión y definición de responsabilidades para supuestos de generación de daños. A nuestro juicio obvian otros aspectos como la licitud, o no, de acudir a los usuarios de las redes para entrenar el engendro sin conocimiento de estos, que se prestan a lo que creen que es una simple “demo” o un juego. Este manifiesto es cuestionado también por otros expertos que aducen que está influenciado por Musk para obstaculizar la ventaja de ChatGPT sobre otros competidores, y que prioriza escenarios apocalípticos obviando a la vez otros problemas como los sesgos sexistas o racistas de los algoritmos de estos programas de toma de decisiones.

La batalla ya ha llegado al ámbito legal. En EEUU, el Center for Artificial Intelligence and Digital Policy (CAID, por sus siglas en inglés) ha solicitado a la Comisión Federal de Comercio que impida nuevos lanzamientos a OpenAI por los riesgos que supone para la privacidad y la seguridad pública el hecho de que mediante ellos sea posible, por ejemplo, apoderarse de cuentas de correo, ver historiales de chat, acceder a datos de facturación sin permiso de usuarios o gestionar operaciones de desinformación. En Europa, España investigará si se vulneran las leyes de privacidad, y en idéntico sentido Italia ha decidido bloquear ChatGPT de forma temporal para investigar si cumple con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE en lo que a la recopilación ilícita de datos personales y la ausencia de sistemas de verificación de la edad de los menores se refiere. Sorprende también que el foco se centre únicamente en Open AI cuando otros desarrollos, como Twitter y otras redes sociales, por ejemplo, han sido y son gestionados y usados en ocasiones con parecida falta de transparencia y de gobernanza como las reclamadas a OpenAI.

¿Qué está ocurriendo entonces con la AI? Más allá de la alarma generada (para otros es simple alarmismo) por sus capacidades y de la batalla entre actores para dominar este mercado, emerge una vez más algo consustancial a la introducción de una nueva tecnología relevante en el tejido social: el miedo. Un miedo que hay que poder gestionar. Bill Gates plantea que habrá que encontrar un equilibrio entre los miedos sobre la inteligencia artificial y su capacidad para mejorar la vida de las personas. Para ello, afirma el fundador de Microsoft, tendremos que protegernos de los riesgos y extender los beneficios al mayor número posible de personas y para ello se requiere una sólida colaboración del sector público y el privado.

Estamos de acuerdo. En la segunda edición de nuestra obra Manual del Miedo (2022) ya aportamos un mapa del miedo que permite identificar las técnicas de gestión del miedo en función de la tipología de los daños y la naturaleza de sus causas. En el caso de la IA nos hallamos ante un supuesto que puede generar daños conocidos (a la protección de datos, al libre comercio), pero también desconocidos (control y subordinación de la especie humana o extinción de la vida terrestre). Igualmente, en relación con las causas de estos daños (unas pueden ser conocidas, como la filtración de datos), y otras desconocidas hasta ahora (como la interacción entre la IA y el potencial de armamento nuclear, o la capacidad de difusión de virus de laboratorio). Esta doble característica sitúa, a nuestro entender, a la IA en el ámbito de la Gobernanza Anticipatoria del Riesgo (GAR), la herramienta adecuada para la gestión de la incertidumbre derivada de la introducción de la IA en el tejido social: se trata de miedos construidos socialmente, tal como estamos constatando en fechas recientes y a escala mundial. Ni la prevención ni el principio de precaución serían útiles ante supuestos en los que el daño y sus causas son desconocidos, en los que lo único que sabemos es que pueden haber sido generados por una IA, pero desconociendo cuál es el vínculo causal específico.

La GAR permite una mejor comprensión de aquellos riesgos que generan un miedo difuso o indefinido y que se relacionan con entornos de elevada incertidumbre o incluso caóticos. Es lo propio del supuesto de los riesgos derivados de la IA, en los que, al abarcar sectores muy distintos, las posibilidades del daño y el nivel de riesgo varían incluso dentro de una misma organización. Diríamos, en consecuencia, que son imprevisibles. Más en detalle, la GAR permite gestionar de manera coherente multitud de intereses (científicos, políticos, sociales o tecnológicos) ante la emergencia de nuevas tecnologías, como es la IA, y sus potenciales riesgos construidos y percibidos. Para ello se debe consensuar una gestión democrática que integre conocimientos, valores y percepciones tanto de expertos como de ciudadanos legos para facilitar los procesos de toma de decisión. Para ello es preciso asegurar la calidad de la información y del proceso de debate social al respecto. Dejar, por el contrario, que el proceso fluya “a su aire” puede conllevar efectos contradictorios, como por ejemplo las dificultades para un uso eficiente de la energía nuclear a pesar de la escasez energética, o para la investigación genómica a sabiendas de su utilidad en el tratamiento de enfermedades genéticas, o la instalación de antenas de telefonía móvil, percibidas estas como causantes de casos de cáncer, a pesar de la falta de cobertura telefónica en algunas zonas.

Reconforta saber que expertos como Gates o los firmantes de la carta coinciden en este análisis. O como Andrew Strait (director del Instituto Ada Lovelace, que investiga el impacto de los datos y la IA en las personas y la sociedad) cuando afirma que la desconfianza en algunas tecnologías de IA ha conllevado que los ciudadanos reclamen mayor supervisión regulatoria en un sector como la IA, que se desarrolla a tal velocidad que la regulación clásica deviene obsoleta. Strait aboga por una mayor participación de la ciudadanía en la regulación de la IA. En otras palabras, lo que denominamos en Derecho Público “autorregulación regulada”, una simbiosis entre normas públicas obligatorias y supervisión estatal y producción de estándares privados de cumplimiento voluntario. Nada nuevo: algo parecido al modelo ya existente en el ámbito de la calidad con las normas ISO, por ejemplo. Viene esto a confirmar que el binomio de GAR y de autorregulación regulada pueden constituir una buena fórmula para enfrentar el problema. La prueba es que la UE lo está abordando mediante una propuesta de reglas armonizadas sobre inteligencia artificial  —2021/0106(COD)—  que está en discusión desde abril de 2021 y busca solventar dilemas éticos  y asignar niveles de riesgo a las diversas implementaciones de IA.

Ciertamente, como seres humanos aún tenemos algunas ventajas sobre la IA que estamos a tiempo de aplicar con objeto de evitar que algún día llegue a ser, efectivamente, una auténtica inteligencia no humana que acabe ocupando el lugar de nuestra especie.

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Anna García Hom es socióloga y analista y Ramón J. Moles Plaza es jurista. Ambos son coautores de 'Manual del Miedo' (Ed. Aranzadi 2ª ed. 2022).

El regulador financiero de Estados Unidos ha impuesto una de las mayores multas (100 millones de dólares) a la auditora Ernst&Young por las trampas sistemáticas de sus empleados en los exámenes de ética y formación continua entre 2012 y 2015, que son imprescindibles para ejercer como auditor. Un caso parecido, en junio de 2019 y en relación con la auditora KMPG, conllevó una multa de 50 millones de dólares. Y no son casos aislados: se cumplen ahora 20 años de la monumental quiebra de la empresa estadounidense Enron, que, sin ir más lejos, condujo a la desaparición de la entonces gigante de la auditoría Arthur Andersen como consecuencia de haber cooperado como auditora de aquella en la ocultación de datos de la quiebra. Son supuestos muy graves, no solo porque afectan a quienes son responsables de identificar y evitar errores y trampas contables de sus clientes, sino porque erosiona la confianza en dichas empresas y en el funcionamiento del sistema en general. Aún peor: según el regulador parece que E&Y tomó medidas disciplinarias demasiado laxas y que ni siquiera implantó controles internos ni desarrolló políticas proactivas de control.

Son supuestos también desconcertantes. Primero porque han sucedido en relación con procesos de formación continua y de formación ética de empleados de una empresa que se gana la vida auditando, esto es, verificando la certeza de datos de terceros. Después, porque la razón que alegaron los afectados para hacer trampas fue que les obligó la presión de los compromisos de trabajo y/o la incapacidad para aprobarlos tras varios intentos fallidos. Finalmente porque, según el regulador, aunque parece que el chanchullo era “vox pópuli” en la empresa, el silencio general se debió a que “no eran conscientes de que compartir las respuestas de los exámenes suponía hacer trampas y violaba el código de conducta de EY y al deseo de evitar que sus colegas se metieran en problemas”. ¿Tan deplorable es el nivel de conocimientos y de integridad de este personal?

Más allá de todo ello, estos hechos conducen a reflexiones más generales, menos casuísticas, si se quiere. El argumento que arguyen en su defensa los afectados denota un patrón generalizado: “yo no sabía”, “yo no era consciente”. Son argumentos que hemos contemplado en muchos de los casos de corrupción destapados en España y que, en realidad, son la otra cara de la impunidad. Estas prácticas relativamente generalizadas se dan también en otros contextos sociales a los que se otorga a la infracción un escaso reproche social: véanse si no los fraudes en el empadronamiento para poder matricular hijos en centros escolares de preferencia, fraudes en declaraciones de IVA, el nepotismo en la dotación de puestos públicos de confianza o, sin ir más lejos, la copia de exámenes de todo tipo. Sobre el papel se pronostica el mayor de los infiernos al infractor, pero en la práctica se mira para otro lado. ¿Por qué? ¿Qué justifica esta distancia entre normativa y realidad? ¿Es sólo la impunidad? Probablemente, como apunté hace años en distintos trabajos, la razón última se halla en que el sistema cuenta con unas bases corrupto-génicas que ya da por descontadas. Como los grandes almacenes que contabilizan en pérdidas un porcentaje estándar de pequeños robos, el sistema también soporta un número indeterminado de infracciones amparadas en una excusa de supuesta ignorancia y que algunos incluso creyeron en su día que podía servir para “engrasar” un sistema poco eficiente.

El hecho cierto es que, si nos atenemos a los hechos expuestos, el listón natural de cumplimiento normativo está muy bajo, y no sólo en España. La gravedad del caso de E&Y y de otras firmas de este ramo radica en que afecta a auditores, un tipo de profesional que goza de una posición casi-pública en tareas de supervisión. Por supuesto: habrá que demandar más y mejor supervisión de estas funciones que gozan de determinados privilegios públicos, pero que también deben acreditar el cumplimiento de determinadas obligaciones. Para ello es imprescindible mejorar la dotación y los procesos de supervisión de los reguladores públicos. Necesario, pero no suficiente.

Visto lo visto, habrá que atender a dos factores clave. Uno, la formación de estos profesionales y la supervisión interna de sus estándares de comportamiento por parte de las empresas que los emplean. En relación con ello vayan por delante dos ideas. Primera: la formación debe incorporar otros elementos distintos a los meros contenidos, otros elementos que tienen que ver más con las actitudes que con las habilidades contables. Para ello habrá que girar la vista a las escuelas de negocios para prevenir, al menos en parte, sucesos como la crisis financiera de 2008. Segunda: la supervisión interna del cumplimiento de los estándares debería recaer en personal externo, independiente, con amplias facultades de acceso a información de la compañía y en dependencia directa del consejo de administración.

Otro factor clave es la mejora del modelo autorregulatorio del sector, que precisa probablemente de una mayor eficiencia en cuanto a supervisión interna, pero también de un marco complementario de regulación y supervisión públicas. Téngase en cuenta que ante un hipotético caso en España podría argumentarse que el sector de la auditoría ejerce una función casi-pública que podría llegar a justificar una responsabilidad patrimonial de la Administración por dejación de funciones de supervisión. Dicha responsabilidad se haría efectiva, en su caso, mediante indemnizaciones con cargo al presupuesto público, esto es, nuestro bolsillo. En dicho instante sería cuando se evidenciarían las vergüenzas del sistema.

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Ramon J. Moles es profesor de Derecho Administrativo.

La fiscalía opina que Juan Carlos de Borbón podría haber cometido trece delitos (castigados con más de 60 años de prisión), aunque no son perseguibles porque, o bien habrían prescrito, o porque el autor gozaba en ese momento de inviolabilidad por ser rey, o porque de acuerdo con el Derecho suizo (donde se hallaba la fortuna opaca) no serían delitos perseguibles. Se trata de delitos fiscales, de cohecho (recibir regalos) y de blanqueo de capitales. La fiscalía basa su criterio en que la doctrina mayoritaria indica que la inviolabilidad y la irresponsabilidad lo son para todos los actos del rey, sean privados o públicos (propios de su cargo institucional).

Esta doctrina invocada sobre la inviolabilidad podrá ser mayoritaria (lo cual no es determinante como confirma la propia evolución de las jurisprudencias en multitud de ámbitos), pero no es unánime, aunque en gran medida sí que es interesada políticamente por una visión mecánica y esclerosante del Derecho y las instituciones y que debería haberse superado hace años. El artículo 56.3 de la Constitución establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad y que sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2, que se refiere a nombramientos de personal de la Casa Real.

Una lectura sosegada del texto conduce a observar que la inviolabilidad se refiere a la persona física “del rey” (no imagino una persona jurídica en el ejercicio del cargo, aunque podría ser hasta interesante) y, por tanto, a quien ostente efectivamente dicha función. A sensu contrario, dicho privilegio no debería alcanzar a dicha persona física cuando no ejerza dicha función. Y es que Juan Carlos de Borbón y la institución del monarca son dos entidades distintas que pueden, o no, coincidir: Juan Carlos de Borbón como persona física no nació siendo rey y ahora, tras haber abdicado, tampoco lo es. La Constitución no se refiere directamente al “rey”, lo que podría llevar a entender que lo hiciera a todos los actos (públicos y privados) del rey, sino a la “persona física” que ejerza dicha función. En consecuencia, la Carta Magna describe un concepto compuesto por dos elementos distintos: “persona física” y “rey”, Juan Carlos de Borbón y monarca. Así, la inviolabilidad constitucional se configura como una protección a la actividad monárquica de la persona física, un escudo protector de su actividad institucional, actividad que no incluye a sus “negocios” privados en tanto que persona física. De haberlos querido incluir, el texto debiera haber sido: “el rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad”. Ello daría cobertura a todos sus actos (públicos y privados) mientras ejerza su función (desde la subida al trono hasta su fallecimiento o abdicación). Pero, a mi entender, no es este el caso y lo que procede es considerar que la inviolabilidad alcanza a los actos del monarca en tanto que rey, pero no a los de Juan Carlos de Borbón como ciudadano, contratista, prestamista o turista. Otra cosa es que los presuntos delitos hayan prescrito en virtud de la aplicación de los principios del Derecho Penal, lo que conduce a no poder imputar ni a éste ni a ningún otro presunto autor. Este esquema no es algo extraño en el derecho comparado: procesar a un jefe de Estado, además de grave, es un signo de madurez y de fortaleza institucional. Véanse si no los casos de otros jefes de Estado procesados en países con democracias maduras (Francia o Estados Unidos, por ejemplo).

Lamentablemente no parece que juguemos en esa misma liga. En España, en virtud del artículo 117.1 de la Constitución, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre, no del pueblo, sino del rey. Así, tanto el Tribunal Constitucional como las distintas jurisdicciones, en sus sentencias apelan al rey con formatos similares al siguiente: “Por todo lo expuesto, en nombre del rey y por la autoridad que le confiere la Constitución…”. De este modo, ¿alguien puede imaginar cómo gestionar un proceso judicial en que se haga justicia a un procesado que es la misma persona en nombre de la cual se imparte esa justicia? La solución al enredo es obvia: la justicia se imparte en nombre de la institución (el rey), no en nombre de la persona física (Juan Carlos de Borbón). Si esto es así para este menester, ¿por qué no va a serlo para la inviolabilidad? ¿Por qué está supuestamente claro para impartir justicia, pero no para separar actos institucionales de actos privados, distinguir los actos de Juan Carlos de Borbón de los del rey?

 Otra consideración relevante. Si está claro que Juan Carlos de Borbón es perseguible jurídicamente por los actos de carácter privado realizados después de su abdicación (cuando ya no es rey), ¿por qué no debiera serlo por el mismo tipo de actos (privados) cuando era rey si ese tipo de actos son esencialmente los mismos y no se conectan con su esfera institucional? De otro modo, generando tamaña impunidad, el texto constitucional quedaría en papel mojado. Recordemos que en la Constitución “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”, y que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. La medieval y pasmosa impunidad de la persona física del rey (Juan Carlos de Borbón) por sus actos privados constitutivos presuntamente de delito no cabe pues en un auténtico Estado de Derecho.

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Ramon J. Moles, profesor de Derecho Administrativo.

La calidad democrática de España es ahora de segunda división o, en palabras del índice anual de The Economist, es de una “democracia defectuosa”. Y ello en gran medida es debido —según la misma fuente— al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Situación parecida —aunque por motivos distintos— afecta también al Reino Unido, por ejemplo. Me sorprende esta evaluación, y no precisamente porque no sea lamentable y condenable dicho bloqueo.

Lo que realmente sorprende es que en el pasado hubiéramos alcanzado la consideración de “democracia plena”, que ahora hemos perdido y que nos permitía viajar en el mismo vagón que Noruega, por ejemplo. Sorprende que ello fuera así a pesar de distintas consideraciones de carácter estructural que a mi entender no deberíamos obviar. En primer lugar, la politización de instituciones como el Tribunal Constitucional —que también ha sufrido bloqueos— o el Tribunal de Cuentas —que urge un rediseño actualizador—.

En segundo lugar, un sistema electoral de listas cerradas que prima el bipartidismo y un sistema bicameral en el que los Diputados cobran dietas por desplazamiento en tiempos de confinamiento y el Senado es un cementerio de elefantes al dictado de las prebendas de los partidos políticos. Un sistema que, a pesar de hacer gala de laicidad, mantiene privilegios para la Iglesia Católica como la existencia de vicarios castrenses o los procesos de inmatriculación registral en manos de los obispos. Tercero, un sistema administrativo con una superposición insoportable de Administraciones que genera sobrecostes e ineficiencias vergonzosas: véase el caso de las Diputaciones provinciales o el de los Consejos comarcales en Catalunya.

Cuarto, una función pública desmotivada y muy mejorable en su gestión, falta de un sistema de promoción eficiente que no se deje hipotecar por la pandemia de cargos de confianza que imponen los partidos políticos. Quinto, una corrupción galopante a lomos de un modelo político económico caduco, exageradamente endeudado, clientelar, oligopolístico, desigual, que ignora tanto la “España vaciada” como la generación de la postguerra, un modelo que no ha superado el golpe de Estado de 1936, en el que la Transición se impuso como una religión y que ha llegado a fosilizar la Constitución. Finalmente, una polarización político-social creciente, que a la salida de la pandemia no alcanzamos más que a vislumbrar.

Y ya por terminar, una memoria histórica que mantiene a centenares de miles de víctimas del asalto a la 2ª República en el anonimato de las fosas comunes, mientras se enorgullece ante el mundo de los atropellos cometidos en sus antiguas colonias hasta el punto de autocalificarse de “madre patria”. Señores evaluadores de The Economist. A pesar de todo esto ¿se nos puede considerar una democracia plena?

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Ramon J. Moles es profesor de Derecho Administrativo.

Parece que soplan vientos de cambios en nuestras normativas universitarias, tanto a nivel estatal como catalán. El Ministerio de Universidades anda enfrascado en la elaboración de una Ley Orgánica del Sistema Universitario, otra ley de convivencia universitaria y un proyecto de Real Decreto de organización de las enseñanzas universitarias, que plantean supuestas reformas de profundidad para la mejora del sistema universitario: se incrementa del 51 al 55% el porcentaje de funcionarios de las plantillas, se apunta la posibilidad de elegir Rector mediante un órgano específico, o se declara querer favorecer la internacionalización de nuestras universidades mediante alianzas con universidades extranjeras para la docencia y la investigación.

Primer espejismo (estatal): incrementar del 51 al 55% el porcentaje de funcionarios de las plantillas es, en realidad, funcionarizar aún más la universidad; elegir al Rector mediante un órgano que debe estar compuesto al menos en un 50% por miembros de la propia universidad es, en realidad, cultivar la endogamia; e imponer los grados de cuatro cursos de duración cuando en casi toda Europa son de tres es, en realidad, dificultar aún más la internacionalización de las universidades.

Si de verdad se pretende un cambio y no un mero maquillaje es preciso liberar a las universidades del corsé funcionarial en sus plantillas, tanto en la docencia y la investigación como en la administración, para que puedan en el futuro contratar libremente a su personal, sin perjuicio de que deban mantener por obligación legal el estatus de quienes ya están en esta situación. Es preciso también dotar a las universidades de un modelo de gobernanza que limite las peleas de gallinero y la endogamia al patio de recreo, para proyectar la estrategia de las universidades al futuro sin peajes de camarillas. Finalmente, si se quiere internacionalizar las universidades habrá que organizarse y trabajar como las de otros países: ¿cómo va a ser posible impartir estudios compartidos con universidades inglesas, alemanas, francesas, holandesas o italianas si en estos países duran tres años y aquí cuatro? Sólo vamos a poder compartir titulaciones con otras potencias de la educación superior. No estamos solos: Grecia, Chipre, Turquía, Rusia, Armenia, Georgia, Kazajstán o Ucrania también apuestan por carreras universitarias de cuatro años.

Segundo espejismo (catalán): cuando no es preciso legislar sobre universidades será que andamos muy bien. Según se ha publicado recientemente en su Plan normativo 2021-2023, la Generalitat de Catalunya prevé aprobar en este periodo 177 normas (50 leyes y 127 decretos), ninguna de ellas en materia de universidades. No es que cantidad y calidad normativa sean sinónimos, como bien sabemos quienes nos dedicamos a estas cosas. Tampoco son sinónimos cantidad y eficiencia: normas, las justas, claras, simples y fáciles de cumplir. Otra cosa, muy distinta, es no plantear ninguna actividad normativa en un ámbito como el de la educación superior, que se halla en una situación cuando menos desordenada, si no caótica.

Muy al contrario: a sabiendas de que cualquier iniciativa debería cuadrar con lo que acaben proponiendo en el Ministerio correspondiente bastaría solamente con que la Generalitat desplegara los abanicos normativos catalanes ya existentes. Podríamos poner muchos ejemplos. Entre otros, desarrollar un modelo de titulación autóctono paralelo al estatal que permita mantener la conexión con el modelo europeo del 3+2 (de modo complementario al modelo medieval del 4+1 años que se plantea en Madrid). También convendría ordenar la función pública universitaria en Catalunya, para que pase a la Generalitat con el fin de desburocratizarla progresivamente; o promover un estatuto del estudiante acorde a los tiempos actuales; o reordenar el mapa universitario y de centros de investigación catalán; o redefinir el papel de los consejos sociales de las universidades.

Sirva de ejemplo (más concreto y a la vez estatal y catalán) el concepto de “tercera misión de las universidades”, que conlleva un papel de la universidad más allá de la docencia y la investigación, y que incluye también las actividades universitarias dirigidas a la dinamización del territorio para la mejora del bienestar de los ciudadanos. El impacto de las universidades en su territorio se manifiesta en el urbanismo y la promoción de equipamientos tecnológicos, deportivos y culturales, pero también en un importante volumen de gasto directo de los estudiantes y del personal docente y de administración que tiene un efecto directo sobre las economías locales. También se generan otras externalidades (difusión de conocimiento y mejora de la producción en el entorno más inmediato, por ejemplo). Estas externalidades han hecho que las administraciones locales compitan por ubicar en su entorno territorial equipamientos universitarios, a veces incluso sin una lógica sistémica que justifique su implantación.

A pesar de ello, aunque parece incuestionable el impacto de los campus de las universidades en las ciudades y territorios donde se ubican, habría que considerar algunos detalles: la relación demanda-oferta, la utilidad, la empleabilidad o la sostenibilidad del modelo. Estos aspectos, con frecuencia olvidados, tienen que ver con un tema clave omnipresente: la financiación. El dinero tanto público como privado. Y es que no está tan claro que exista una relación directa entre el incremento del nivel educativo de un país y el incremento de su riqueza. Hay quien mantiene que son los países ricos los que disponen de mejores sistemas educativos, y que mejorar un sistema educativo no incrementa la riqueza. Veamos. Taiwán tenía en los años sesenta del siglo pasado un índice de alfabetización inferior a Filipinas y la mitad de su renta per cápita. Hoy, Taiwán supera diez veces la renta per cápita de Filipinas. Corea del Sur tenía un índice de alfabetización inferior a Argentina y una quinta parte de su renta per cápita, pero hoy la triplica. En el mismo período, la África subsahariana aumentó muchísimo el índice de alfabetización, pero el nivel de vida se redujo muy considerablemente. ¿Quién debe costear esta tercera misión de carácter territorial de las universidades? De momento, debe ser sostenida por ellas mismas porque el modelo de financiación no incluye este concepto. Sin embargo, aun siendo evidente que las universidades deben ser más eficientes en su gestión, también lo es que las demás administraciones y sujetos beneficiados por su actividad deberían hacer también su aportación. En el caso catalán éste era el objetivo que perseguía la Ley 3/2006, de 17 de marzo, de creación del Fondo de Acción Territorial de la Educación Superior, que fue el primer intento en el Estado español de reconocer la tercera misión de las universidades, por un lado, y de buscar fórmulas de financiación para esta actividad universitaria, por otro.

Sin embargo, a pesar de la aprobación de esta ley, la situación hoy, en Cataluña, continúa siendo de insuficiencia crónica de recursos, sumada a varios problemas añadidos: dispersión territorial de equipamientos que encarece su gestión; demanda insuficiente de algunas titulaciones frente a una oferta de estudios excesiva y repetida —con gran dispersión de recursos—; exagerada burocratización; dimensión organizativa poco gobernable; falta de autonomía de las universidades en el diseño de planes de estudios y en la selección de profesorado y alumnado (lo que genera poca diferenciación en la oferta), o precarización del profesorado asociado. La respuesta a esta problemática no puede consistir en unas “vacaciones normativas” hasta después de 2023. Para empezar, aplíquense las normas existentes (como la Ley 3/2006), de modo que las soluciones por plantear pasen por la racionalización de los recursos, que debería llevar a las universidades a ser más pequeñas y eficientes y a ampliar sus fuentes de ingresos más allá de la financiación pública, realizando otras actividades, de modo que se comprometan con el contexto local mediante acciones con los beneficiarios potenciales de transferencia tecnológica.

Para ello es preciso transformar las universidades fomentando su especialización bien en la docencia, bien en la investigación, vinculándolas con los centros de formación profesional de su entorno, dado que la educación superior es la suma de la educación universitaria y los ciclos formativos de grado superior (CFGS), desburocratizándolas para conectarlas mejor con su entorno socioeconómico, o, finalmente, generando una gran sinergia con el ámbito local, con fuerte impronta territorial y liderazgo municipal, que debiera pasar por una recomposición de los consejos sociales de las universidades. Todo ello abriría nuevas vías de colaboración con los poderes locales, que harían posible la captación de nuevos recursos públicos fuera del actual marco de financiación de las universidades públicas catalanas, como los fondos europeos. A la luz de ambos espejismos, parece que los vientos que soplan en nuestras normativas universitarias no son de cambios, son de gaitas.

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Ramon J. Moles Plaza es Profesor de Derecho Administrativo. Es autor del ensayo Derecho Administrativo en colores. Manual para decepcionados (Ed. Aranzadi)

Está claro que ser distinguido con un Nobel no tiene por qué implicar un juicio moral sobre la conducta anterior del premiado; aunque muchos podríamos coincidir en opinar que estaría bien que así fuera. Evitaríamos casos como el de Aung San Suu Kyi, Nobel de la Paz en 1991 y a la vez defensora del genocidio contra los Rohingya en 2019. O el de Vargas Llosa, presunto defensor de la libertad y a la vez irrespetuoso opinador. Por lo visto, no existe un Nobel de la coherencia.

Don Mario Vargas Llosa parece empeñado en su particular campaña de auto-desprestigio. Entre otras perlas, ya en mayo de 2009, en unas declaraciones televisivas en Perú, el novelista comparó a los políticos peruanos Ollanta Humala y Keiko Fujimori con el sida y el cáncer: “Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el sida y el cáncer terminal, que es lo que serían (Ollanta) Humala y Keiko Fujimori”. En 2021 cambió de chaqueta en relación con la señora Fujimori: “Keiko Fujimori representa la libertad y el progreso; y creo que el señor (Pedro) Castillo representa la dictadura”, dijo el escritor en la campaña electoral del pasado mes de junio, lo que nos permite suponer que existe un remedio “vargallosiano” al cáncer terminal. Y es que don Mario respaldó a Fujimori a pesar de la intención de ésta de indultar a su padre, el expresidente, condenado por corrupción y por homicidio. Finalmente ganó Castillo las elecciones. Según el Nobel de literatura perdió la libertad y ganó el totalitarismo.

Extraño concepto de libertad el que defiende el novelista. Por suerte (para todos) y para desgracia (suya) “por la boca muere el pez”. La hemeroteca no perdona. En relación con Catalunya en septiembre de 2017 declaró quererla mucho y que “el proceso independentista es una enfermedad que desgraciadamente ha crecido en Catalunya”. Quizás tiene también un anticancerígeno para doblegar la voluntad de centenares de miles de personas. Hace unas semanas, en la convención del PP, manifestó que “lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien” y que “los latinoamericanos saldrán de la crisis cuando descubran que han votado mal. Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Los países que votan mal lo pagan caro”. Más recientemente aún ha apuntado que “votar bien es votar por la democracia; votar mal es votar contra ella”. El problema de este señor es que identifica la democracia con su particular ideario político: todos aquellos países que gobiernan quienes piensan como él son democráticos y, en cambio, no lo son aquellos gobernados por la izquierda que él dice detestar. Según él, puede existir democracia sin libertad (es la “democracia orgánica” de Franco o Mussolini). Olvida el caballero que lo primero y principal —para poder calificarlo de correcto o incorrecto— es poder votar en libertad. Después podrá opinarse si el Brexit o votar a Hitler, Mussolini, Franco o Pinochet es o no un error. De no haber votación en libertad no tiene ningún sentido hablar de votar bien o mal. Y en esta línea obligado es rogarle que no nos haga trampas, que no nos tome por tontos. En primer lugar: de ser cierto y coherente su argumento, don Vargas debiera haber defendido el derecho de los catalanes (procesistas o no) a votar en un referéndum; después ya se vería, siguiendo su propia lógica, si lo hacían bien o mal. Señor Vargas: usted negó el derecho a votar, como supongo que hará también en el caso de Escocia o de Nueva Caledonia. Segundo: votar bajo la bota de Hitler, Mussolini, Franco o Pinochet no es votar, es una mala caricatura de lo que es un proceso electoral. Y eso que estos señores no eran precisamente de izquierdas como los dictadores a que alude en Venezuela, Cuba o Perú..

Don Mario, por si no lo sabía, los países no votan ni bien ni mal, simplemente votan en ejercicio de un derecho democrático cuando se dan unas condiciones que permitan garantizarlo. Si están en crisis, no es por votar mal, sino por razones mucho más complejas de resolver, aunque simples, a veces, de diagnosticar, como por ejemplo, la falta de cultura democrática o la corrupción generalizada de sus élites y burocracias que, de vez en cuando, son puestas al descubierto por trabajos como los llamados Papeles de Pandora o los Papeles de Panamá, que han revelado que usted, don Mario, es o ha sido presuntamente titular o cotitular de sociedades offshore en paraísos fiscalesoffshore para ocultar —parece— su presunto patrimonio inmobiliario en Madrid, Nueva York, Londres, París y Lima, cifrado, según prensa publicada en, presuntamente, unos 10 millones de euros, incluidos los derechos de autor de su obra y el casi millón de euros del Nobel que recibió en 2010. Según la documentación publicada, una de estas sociedades (Melek Investing Inc.) iba a servir, presuntamente, para colocar una cartera de inversión de 1,1 millón de dólares en acciones, bonos y fondos. La libertad, don Mario, sirve para construir sociedades más equitativas y transparentes, no para arrojarla cual insulto grosero a la cabeza de quien usted cree sus opositores. Mejor dedíquese a fabular, don Mario, y deje la libertad aquí y en Perú tranquila, o le acabará pesando, presuntamente, como una l(l)osa de Machu-Pichu.

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Ramón J. Moles es profesor de Derecho Administrativo.