Pasada la avalancha de análisis en caliente, toca empezar a reflexionar con algo más de distancia. Los resultados de Aragón confirman las tendencias marcadas en Extremadura y parecen anticipar lo que puede ocurrir, con significativas diferencias, en Castilla y León y en Andalucía. Comparados los datos con los obtenidos en la última consulta electoral del 23J de 2023, se abren algunas líneas de reflexión: 

En una reciente entrevista, un periodista le preguntaba al exseleccionador español de fútbol Vicente Del Bosque respecto a cómo llevaba las constantes críticas que recibía cuando estaba en activo. En su etapa como jugador, siempre fue valorado por su extraordinaria clase con el balón en los pies. En su contra, se aludía de forma reiterada a la poca aceleración con la que se movía y a su nula agresividad en la tarea defensiva. Era un jugador elegante, brillante y poco dado a sacudir estopa y a perseguir al rival sin respiro. Jugaba y dejaba jugar. 

Como entrenador, destacó por rasgos similares. Su forma de dirigir el equipo siempre estaba exenta de aspavientos, gritos y tensión. Intentaba inculcar en sus jugadores la responsabilidad individual como miembros de un grupo que cargaba con el extraordinario reto de representar a un país en el que el fútbol tiene una importancia trascendental. Nunca se le escuchó una descalificación respecto a un rival, ni animó a despertar pasiones desaforadas entre los seguidores.

Como refuerzo de su posición, contaba con un equipo que se amoldaba como un guante a ese espíritu, dirigido en el campo por Xavi e Iniesta, dos jugadores legendarios dotados de unas condiciones técnicas superlativas que extendían un fútbol en el que el choque físico carecía de sentido. Fuimos campeones del mundo. Ese peculiar estilo de jugones representaba el reverso de la tosca furia española que tantas veces nos llevó a vaciarnos sobre el césped para acabar siendo derrotados por equipos técnica y tácticamente superiores. El máximo logro al que aspirábamos era a aquello de jugar como nunca para perder como siempre.

Con Del Bosque como director de orquesta, sonamos como una sinfónica tras décadas de ser una animosa charanga representativa de nuestras raíces más arraigadas. En realidad, en el Mundial de 2010 sí que de verdad jugamos como nunca y, por una vez, ganamos. El exseleccionador nacional nunca recibió tantos halagos como tras alcanzar la gloria del triunfo. Sin embargo, también sabía lo que era ser el centro de críticas desaforadas, en muchos casos debido a ese espíritu pacífico que visto en negativo se presentaba como falta de compromiso y esfuerzo.

Tras un balance reposado, después de varias décadas de vivir el fútbol en primera persona, Vicente Del Bosque, preguntado por cómo llevaba en sus tiempos el juicio crítico permanente al que se vio sometido, decía lo siguiente: “Es que el fútbol es muy opinativo. Todo el mundo tiene algo de razón”. La comparación con el territorio político surge de inmediato. Vivimos tiempos en los que la política se rige bajo las normas de la tradicional furia española, que a tantas derrotas nos ha conducido. El debate partidista no puede estar más alejado de la subsistencia de jugones capaces de exponer sus ideas con mesura y clase. La violencia verbal parece invitar al choque físico. Aquellos políticos y opinadores que pretenden bajar el balón al suelo e intentar que el discurso se mueva con creatividad y posibilismo son atropellados por el exabrupto que busca destruir toda posibilidad de juego constructivo y, con ello, exaltar a la hinchada y provocar la reacción del rival. 

Se hacen encuestas de casi todo. Sabemos lo que opinamos como sociedad sobre cualquier asunto. Sin embargo, se echa de menos conocer la respuesta a una pregunta crucial: ¿Qué porcentaje de razón crees que llevas en tus ideas políticas? Podríamos añadir otras interesantes cuestiones al estudio: ¿Cuánta razón aceptamos que pueden tener nuestros oponentes ideológicos? ¿Si se aplicaran tus opiniones, crees que se solucionarían todos los problemas del país? ¿Cuántas veces tus rivales políticos han dicho algo con lo que en realidad estás de acuerdo? ¿Crees que la violencia verbal debería ser erradicada de la vida política?

Defendemos de cara a la galería el estilo de Vicente Del Bosque y luego nos comportamos de forma inversa. La clave que explica esta evidente contradicción deriva en otro paralelismo entre el fútbol y la política. La realidad indiscutible es que, como acérrimos hinchas, lo único que realmente queremos es ganar. Dependiendo del resultado, buscamos posteriormente la explicación de lo sucedido. Si lo único que se quiere es ganar y hay quien considera que con un juego abierto y vistoso va a perder, busca otra alternativa. Al igual que hizo el carnicero holandés Nigel De Jong en su mítica entrada con la plantilla contra el pecho de Xabi Alonso.

Viendo la alineación de portavoces y las formas que eligen algunos partidos y medios de comunicación en España resulta muy sencillo saber qué tipo de actividad política van a imponer. Es cierto que todo el mundo tiene parte de razón, pero para que esta realidad derive en diálogo, negociación y pactos, se requiere practicar un juego acorde. El resultado de esta competición se decide por el voto de todos los espectadores. Deberíamos ser coherentes apoyando aquello que supuestamente decimos que defendemos: un juego democrático abierto, educado y dialogante. Ganaríamos todos, como con Del Bosque.

En el caso de Puigdemont y de sus portavoces de Junts resulta difícil distinguir cuando dicen sí o cuando quieren decir si. Parece evidente que han pasado de ser una fuerza inamovible, rocosa e impositiva a transformarse en un grupo relativista, acomodaticio y negociante. En realidad, todo se podría resumir en que Junts ha pasado de la defensa de la independencia unilateral a la dependencia multilateral.

Hemos sabido que Junts negoció con el PP la posibilidad de un acuerdo de investidura de Feijóo. En privado y en algunas manifestaciones públicas, voces significativas de la formación independentista defendían la idea de que a nivel del Estado se negocia mejor con la derecha que con la izquierda. Por un lado, la derecha históricamente ha hecho más concesiones al independentismo cuando se ha sentado en una mesa a pedir apoyo a su investidura. Además, la izquierda no tendría argumentos para oponerse a ese acuerdo. Es decir, algunos defendían que obtendrían más y además evitarían toda polémica posterior. Desgraciadamente, para quienes apoyaban esta posición, la existencia de Vox impidió cerrar, entre el PP y Junts, acuerdo alguno.

Resulta muy complicado entender a Junts. No está claro hasta qué punto Puigdemont y los suyos lo saben. Incluso, queda la duda respecto a si ellos mismos propician intencionadamente que así sea. Las declaraciones de sus líderes, cuanto más taxativas aparentan ser, casi siempre resultan más difíciles de interpretar. Esa extendida confusión provoca una negativa percepción por parte de muchos ciudadanos demócratas, dispuestos a respetar la posición ideológica de cualquier político, siempre y cuando la consigamos entender.   

De cara a las futuras elecciones en Cataluña, quizá podrían utilizar como eslogan una única palabra: Si. Pero no en su acepción afirmativa, sino en la condicional. En castellano, resulta confusa la polisemia de esta palabra. Puede tener dos significados completamente diferentes, dependiendo de si lleva o no tilde. Sí, con acento, es un adverbio de afirmación. No ofrece duda alguna. Sin embargo, si, cuando no lleva tilde, es una conjunción que implica la condicionalidad de lo que viene a continuación. En esto, el idioma inglés parece tenerlo mejor resuelto. Entre el yes (sí) y el if (si) no cabe confusión.

Junts ha viajado, desde su fundación, navegando entre ambos significados. Nació con un sí contundente, afirmativo, en defensa de unos principios que parecían inamovibles y que tenían un objetivo final en su desarrollo: la independencia de Cataluña. Tras el fiasco que supuso el procés, da la sensación de que el partido liderado por Puigdemont ha ido modificando su dirección, por imponderables del destino, del sí, afirmativo, al si, condicional.

Todos conocemos y empleamos cotidianamente la expresión sí o sí. Es una forma indiscutible de remarcar que sólo contemplamos una alternativa. Se rompe el efecto binario que abre la la duda entre el sí y el no. Como muestra de inmovilismo, se plantea de esta manera que sólo hay una posición, sin matiz alguno. El si, como condicional, muestra todo lo contrario. Deja abierta la incertidumbre de lo que pueda ocurrir. Será sí, sólo si se cumplen algunas condiciones que lo posibiliten.

Nos ayudaría entender su peculiar situación. En su favor, hay que reconocer que la coyuntura de Junts no parece sencilla de manejar. Su paso del sí al si tiene cierta lógica cuando asumimos los diferentes frentes que deben atender de forma simultánea. Encontramos, en una primera visión, varios vectores de tensión, algunos de los cuales representan fuerzas en direcciones opuestas:

En el caso de Puigdemont, resulta evidente que no tiene interés alguno ni en conseguir la simpatía de sus conciudadanos en Cataluña, tal y como reflejan sus resultados electorales, ni la del resto de los españoles. Lo que sí parece importarle es, al menos, obtener el apoyo de sus seguidores más acérrimos, siempre y cuando reafirmen sus decisiones. Da la impresión de que Junts se ha convertido en un castillo fuertemente amurallado en el que el contacto con el mundo exterior depende exclusivamente de la voluntad del monarca y cuya actividad diplomática recae en esos siete diputados que en Madrid deben intentar hacer efectivo como sea aquello que se les ha encargado.

Fue llamativo el poco interés que mostró Puigdemont por la consulta sobre el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez celebrada entre los militantes de su causa. Tres de cada cuatro miembros del Consejo de la República votaron por bloquear la investidura en Madrid. En realidad, participó una reducida parte de los convocados a la votación. Los que se abstuvieron y los que se opusieron sabían de antemano que al final se haría lo que su líder decidiera.

Junts tiene pleno derecho para utilizar en su provecho el poder que le dan sus siete escaños en el Parlamento español. Más discutible resulta la utilización chantajista de esa pequeña representación para condicionar la vida del resto de los ciudadanos de toda España, Cataluña incluida. Es la diferencia entre la política del sí y la del si. Puigdemont y Junts parecen contar con una ventaja frente a muchos de nosotros. La mayor parte de los individuos aceptamos vivir marcados por el sesgo de aceptación que nos lleva a desear contar siempre que sea posible con la aprobación general de nuestro entorno. Ni a Puigdemont ni a sus portavoces en Junts parece importarles, ni siquiera mínimamente, caer mal.

Llevamos años complicados. La sucesión de crisis sanitarias, económicas, bélicas, políticas, etc. ha extendido un sentimiento general poco dado al optimismo. En realidad, por pura cuestión estadística, deberíamos empezar a tener un sentimiento contrario. Esto es difícil que se agrave aún más. Por mi parte, pienso arrancar el año con total optimismo. Hay poco que perder. En el caso de que nada cambie, seguiríamos como ahora y, pese a todos los males, aquí resistimos.

Esta posición personal no supone una mera declaración inocente. Creo que nuestra sociedad necesita desencadenar una lucha frente a las fuerzas que trabajan arduamente para que se extienda el máximo negativismo posible. Hay un activo bloque económico-político-mediático que tiene claro que acentuar un sentimiento generalizado de descontento, de angustia y de rabia es la mejor manera de obtener beneficio.

En el mundo financiero, en épocas turbulentas, se mueven especuladores que se enriquecen jugando en corto. Se trata de una estratagema en la que el beneficio sale de apostar a que un activo va a caer. Es decir, cuanto más se hunda, mayor es el beneficio obtenido. En esa coyuntura, hay poco que hacer, pero si se puede contribuir de alguna forma a que la situación empeore lo más posible, más dinero se ganará.

Definitivamente, la derecha en España ha decidido apostar por hacer política en corto. Ha visto con profunda consternación que no tiene el apoyo suficiente del pueblo español para gobernar. Asumida a duras penas esta realidad, ha pensado que la única opción que tiene para sacar algún rédito en esta etapa es contribuir a que todo se deteriore lo más posible. La clásica actuación de un patriota. A estas alturas, todos sabemos que hay una derecha que ama profundamente España, siempre y cuando sea suya. Si hay que compartirla con todos, mejor volver a repartir cartas.

Nos esperan meses de permanente tensión teniendo en cuenta que se van a suceder procesos electorales de forma ininterrumpida como mínimo hasta el verano. Las elecciones siempre tienen en positivo la posibilidad de que los ciudadanos elijamos en cada momento el rumbo del país. A cambio, cada vez que se acerca una campaña electoral, las batallas partidistas se recrudecen y acaban por acentuar la confrontación política y social. Queda por ver cómo los sectores más radicales de la derecha son capaces de encontrar la forma de embarrar más aún la ciénaga en la que quieren convertir este país, por pura estrategia de desestabilización.

Hay que reconocerles un mérito: la constancia. Parecen haberle encontrado el gusto a vivir en la calle en pleno estado de ebullición. Cabe suponer que para muchos de ellos tiene una parte de atracción recreativa ante la que no cabe reproche alguno. Una agradable reunión de amigos, unos insultos a gritos como terapia expansiva y unas tapitas al acabar. Muchos dirigentes y seguidores de la derecha española no entenderán por qué no se les había ocurrido antes un plan tan apetecible. Los más extremos incluso han descubierto que mostrar públicamente su desvarío mental les hace vivir con sobredosis de adrenalina. Al igual que ocurre con una solemne borrachera, viven la disonancia entre cómo se ven ellos y cómo los ve el resto de la sociedad.

Mientras, la política real transcurre en otros escenarios. Contamos con un Gobierno de coalición realmente peculiar. Tiene una evidente vocación progresista, aunque es obligado reconocer que el pegamento que le da consistencia es sencillamente la unión frente a una derecha excluyente, antipática y con preocupantes rasgos ultras. El Gobierno se sostiene más por el rechazo a una derecha amenazante y enfadada que por un espíritu de ilusión común de todos los socios que apoyan al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El panorama político que se avecina tiene una incógnita principal. El Gobierno necesita el apoyo de diferentes partidos cuyos intereses particulares se anteponen habitualmente al interés colectivo de la mayoría social que representan.

En realidad, algunos de estos socios, que no amigos, apuestan por apoyar la estabilidad política con el único fin de intentar cumplir sus diferentes expectativas. Básicamente, hay tres posibles vías de agua que habrá que evitar. La pugna entre Sumar y Podemos es difícil de determinar cómo puede acabar. En Euskadi, es año electoral y la pugna entre PNV y Bildu promete ser más reñida que nunca. Finalmente, con el independentismo catalán siempre es difícil hacer planes de futuro. Su obsesiva pasión por el discurso de provocación de cara a la galería se verá intensificada en 2024 ante las elecciones que se avecinan. La rivalidad entre Junts y ERC siempre amenaza con desestabilizar la nave en la que todos los socios de la legislatura deben convivir.

La izquierda tiene su propio plan para este año. Le toca gobernar España. Ya sabemos que no serán necesarias tantas iniciativas legislativas como hasta ahora. Menos mal, porque la complejidad en las negociaciones para cada paso que se quiera dar promete ser endiablada. Lo que toca es profundizar en buena parte de las reformas emprendidas y, sobre todo, en ir adaptando la marcha de la economía en mitad de las incertidumbres que se vislumbran. Trabajo no va a faltar. Parece evidente que será más útil para el país centrarse en la actividad de gobierno que en seguir el paso a esa derecha cuya única aspiración es el obstruccionismo y el intento de que la legislatura descarrile en cualquier momento.

Este es el juego que nos espera. La derecha apostará por el negativismo y la izquierda por el optimismo. La derecha buscará el bloqueo y la izquierda avanzar. La derecha forzará la confrontación y la izquierda intentará evitarla. La derecha elevará la descalificación y el insulto y la izquierda tratará de no aceptar la provocación. La derecha saldrá a la calle y la izquierda a trabajar. La derecha mostrará su rostro más desafiante y a la izquierda le toca sonreír. La derecha puede seguir festejando su afamada victoria electoral protestando y la izquierda administrará su derrota gobernando. Estas son las reglas de juego.

Estamos cerrando un año de gran trascendencia histórica. Como balance, podemos decir que la política sigue sostenida en los mismos soportes que hace un año, aunque algunos de los principales actores de la derecha, pese a decir lo mismo, lo hacen con mucha mayor intensidad, recurrentemente superando la barrera del exabrupto y sembrando la discordia. En positivo, podemos concluir que ya nos conocemos todos y que buena parte de los discursos más repetitivos pierden su fuerza por el exceso en la reiteración. En negativo, preocupa pensar dónde estaremos en un año si los que repiten una y otra vez la misma cantinela, aunque ahora a gritos, mantienen la misma tendencia ascendente.

La explicación de lo sucedido resulta fácil de entender. El PP decidió afrontar este 2023 como un año electoral en el que necesitaba intensificar su oposición con la convicción de que con esa fórmula acabaría con el Gobierno de coalición progresista. El problema es que el viaje se torció cuando más prometedor parecía. Tras ganar las elecciones del 28 de mayo en gran número de ayuntamientos y en la mayoría de las comunidades autónomas, en lugar de alcanzar la gloria, se equivocaron de camino y el sendero les condujo al infierno. Tras sus vitoreados pactos con la ultraderecha más recalcitrante, el adelanto electoral acabó dejando en minoría a la derecha que tuvo que ver entre el asombro y la desesperación cómo el progresismo alcanzaba democráticamente el Gobierno, de nuevo, el 23 de julio.

Hace justamente un año, el PP centraba toda su artillería en agitar la polémica que supuso la ley del sí es sí. Aprovechó la Navidad para lanzar un spot en el que explicaba que gracias al Gobierno le había tocado el Gordo a los violadores y los corruptos. Es muy llamativa la pasión que ha llegado a despertar entre los dirigentes del Partido Popular la práctica del conocido como humor descolorido, que en el mundo de la comedia es sinónimo del humor más vulgar o escatológico. Da la sensación de que el recurso al humor sin mayor intención que la ofensa funciona como alivio para hacer soportable el rencor ante la derrota. Un mal perder, en otras palabras.

La idea básica es evidente. Se trata de pretender hacer humor en base a cuestiones desagradables, de mal gusto o marcadamente ofensivas. Es una técnica difícil de manejar porque lo más normal es que no hagan gracia más que a aquellos que la utilizan y, por el contrario, lejos de provocar la empatía de los demás, suele convertirse en una agresión verbal que sólo tiene una posible respuesta: el desprecio. En este año 2023, los dirigentes populares han lanzado dos repugnantes campañas envueltas en la carcasa del falso humor. En realidad, lejos de ser bromas, son basura argumental destinada a intentar ofender a quienes no secundan su innoble intención.

Tal fue el caso del ¡Que te vote Txapote!, que ahora ha sido sustituido por el ¡Me gusta la fruta!. Utilizar el terrorismo como gracieta, que incluso llegó a ser entonado felizmente por algunos seguidores como barras bravas en algunas concentraciones, fue condenado por las asociaciones de víctimas que suplicaron inútilmente que dejara de utilizarse. El triste eslogan, al final, sólo dejará en el recuerdo la hipócrita postura de quienes lo utilizaban como herramienta de violencia política, pervirtiendo el descomunal daño provocado por la tragedia terrorista. No es compatible la chanza tabernaria con la expresión de un supuesto dolor extremo y profundo frente al asesinato cobarde e injustificable. Es de suponer que esta reflexión debió hacerse en algún que otro despacho y se decidió continuar con la fiesta.

Este año, el PP ha dado un paso más. Consiste en la original idea de llamar directamente hijo de puta al presidente del Gobierno. El insulto tiene pocas posibles interpretaciones. En este caso, se intenta, simple y llanamente, de ofender a un líder político democrático y a sus seguidores buscando provocar su irritación. La acción carece de forma evidente de cualquier atisbo de nobleza y bonhomía. Lo que resulta complicado de interpretar es la utilidad de la estrategia. Se supone que el PP debería aspirar a conseguir convencer a votantes socialistas de que cambien de opción política para que les apoyen en el futuro ¿De verdad piensan que van a conseguir que ciudadanos que apoyan a Pedro Sánchez y al Partido Socialista van a pasarse a votar al PP llamando hijo de puta a su líder? La única explicación lógica sería la de asumir que los dirigentes del PP no necesitan incorporar votantes teniendo en cuenta que se consideran los ganadores de las últimas elecciones.

Jugar como estrategia política con la confrontación permanente por tierra, mar y aire en la calle, en los medios y en las tribunas políticas no es un fenómeno nuevo. Por suerte, tratar de socavar al adversario no siempre sale bien. Este tipo de iniciativas políticas suelen conseguir afianzar a buena parte de sus adeptos, trasladándoles la idea de que existe una guerra abierta en la que se juega la vida o la muerte. Se intenta promover que hay que acabar con el rival en el ejercicio de la legítima defensa, para evitar que terminen antes contigo. El problema es que, como respuesta, tiende a provocar que los oponentes también se reagrupen y se refugien y se afiancen en sus posiciones.

Esta estrategia de guerra es la que explica la absurda y ridícula sobreactuación que los líderes del PP trasladan a sus votantes sobre la fantasmagórica llegada de una dictadura que pondrá el poder en manos de los terroristas y de los enemigos de España. El nivel de exageración llega a tal límite que no deja espacio alguno para el matiz o la duda. En ese estadio de delirio no hay resquicio para el diálogo, el respeto a la discrepancia o el acuerdo. Sólo cabe un objetivo, el de acabar con los rivales. El problema es que, de momento, en el caso de la derecha, sus rivales les sobrepasan ampliamente en número. En democracia suele ser un detalle que hay que tener en cuenta.

Este es el eje del programa político actual del PP. Saben que cuentan con 11 millones de españoles que secundan su ideología, incluidos los votantes de ultraderecha que aportan sus propias técnicas de combate, con Ortega Smith al frente. Como primera medida, se niegan a reconocer que hay más de 12,6 millones de sus compatriotas que no comparten su ideario político y que apoyan a Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno de coalición progresista y que, además, respaldan una visión de España diversa e integradora que facilite la convivencia pacífica y huya del enfrentamiento entre quienes defiendan su derecho a opinar de manera diferente. Todavía hoy siguen sin reconocer la derrota.

No cabe duda alguna. La estrategia política impulsada por el PP, con la connivencia de Vox, es indefendible en sus formas. Son indignas de cualquier uso democrático. Son inmorales desde una perspectiva ética. Y son detestables en la aspiración de una convivencia compartida. La extensión del insulto, la descalificación personal gratuita y el empleo de un falso humor disfrazado de ponzoña gruesa y ofensiva no pueden ser la base del lenguaje de una formación política democrática con aspiraciones de gobernar España. Es difícil determinar por qué se empeñan en perseverar en perder el debate público en las formas. Sólo surge una posible explicación. Que tampoco tienen de su lado la razón en el fondo.

Ningún período anterior en la historia ha conocido tal nivel de paralelismos en lo que ocurre en la evolución política en el mundo. Se repiten situaciones que no pueden ser resultado de la casualidad. Por el contrario, parece existir un proceso de causalidad en el que se extienden fuerzas reaccionarias que ponen en peligro la subsistencia de los modelos democráticos basados en la pluralidad, la diversidad y, finalmente, la convivencia pacífica cimentada en el respeto a los demás, tengan o no nuestra misma ideología.

En 2021, los profesores de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt publicaron su famoso libro Cómo mueren las democracias. Su trabajo tuvo especial relevancia porque permitía entender la amenaza real que suponía la llegada al poder de partidos extremistas mediante mecanismos diferentes a los golpes de Estado tradicionales basados en el uso de las armas y la represión. Uno de los argumentos más endebles de quienes defienden la defensa de la democracia desde una equidistancia alejada de los extremismos es su errónea apreciación de que la situación de la derecha y la izquierda sea similar. Resulta evidente la constatación de que la única amenaza real que vivimos actualmente en el mundo occidental proviene de la extensión y normalización de partidos de ultraderecha que suponen una prolongación temporal de lo que fue el auge del fascismo décadas atrás.

Este año, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt han publicado nuevo libro, titulado Tyranny of the Minority: How to reverse an authoritarian turn and forge a democracy for all (Tiranía de la minoría: Cómo revertir un giro autoritario y forjar una democracia para todos). El trabajo se centra en intentar explicar cómo en Estados Unidos, con la llegada de Trump, una minoría ultraderechista ha terminado por adueñarse del Partido Republicano. El histórico GOP (Grand Old Party, el Gran Viejo Partido) está controlado ahora por lo que simplemente era una minoría extremista y radical hace no mucho tiempo. 

En Tyranny of the Minority, sus autores toman como referente de buena parte de su discurso al politólogo español Juan Linz, fallecido hace más de una década, que goza quizá de mayor reconocimiento fuera de nuestras fronteras que en nuestro país. Linz marcaba una clara diferencia entre dos formas de ser demócrata que hoy tiene absoluta vigencia. Confrontaba la categoría de demócratas leales con la de los que denominaba demócratas semileales. Ambos grupos representan dos compromisos opuestos con el régimen democrático.

Para distinguir a un demócrata leal basta con confirmar, según Linz, que cumple tres requisitos indispensables. En primer lugar, el de respetar el resultado de las elecciones celebradas libremente, ganen o pierdan. La segunda condición para poder ser considerado un demócrata leal sería la de rechazar la violencia de forma categórica, tanto física como verbal, tanto las prácticas violentas como la amenaza de recurrir a ellas. La última condición exigible a un demócrata es la de romper todo lazo de conexión con las fuerzas antidemocráticas.

No hace falta ser un avezado analista político para comprobar que la derecha en algunos países del mundo occidental no cumple estos requisitos, entre ellos en España. La derecha española insiste en sembrar dudas sobre la legitimidad del Gobierno actual salido de las urnas, promueve la violencia verbal a través del insulto permanente, la demonización y la descalificación personal de sus adversarios. Se ha negado a condenar tajantemente actos violentos y justifica frases incitadoras de comportamientos violentos. Finalmente, la derecha española no tiene duda alguna en pactar y abrazarse con la ultraderecha reaccionaria y antidemocrática que representa Vox. Es decir, un caso de libro de lo que Linz en su momento y hoy Levistky y Ziblatt denominan demócratas semileales.

El matiz de la semilealtad frente a la abierta deslealtad es importante, porque quizá el mayor peligro que representan los semileales es el de intentar pasar desapercibidos en su falta de aceptación real del sistema democrático. Levistky y Ziblatt explican cómo “desde la distancia, los demócratas semileales pueden parecer demócratas leales. Son políticos tradicionales, a menudo vestidos con traje y corbata, que aparentemente respetan las reglas y, de hecho, incluso prosperan bajo ellas. Nunca participan en actos visiblemente antidemocráticos. Por eso, cuando las democracias mueren, sus huellas dactilares rara vez se encuentran en el arma homicida. Pero no nos equivoquemos: los políticos semileales desempeñan un papel vital, aunque oculto, en el colapso democrático”.

El deterioro intencionado del sistema democrático se ha cimentado en los últimos años en diferentes países y en diversos procesos electorales como en Estados Unidos con Trump, Italia, Hungría, Polonia, Suecia, España, Austria, Alemania o, el más reciente, Argentina, en los que hemos asistido a la colaboración de partidos dominados por demócratas semileales y los promovidos por líderes autoritarios de la ultraderecha. Aquí está el mayor nivel de riesgo. Consiste en establecer mayorías con capacidad de llegar al poder para luego aplicar las leyes necesarias para preservarse en él. Tal y como explican los autores de Tyranny of the Minority, “las democracias se meten en problemas cuando los partidos dominantes toleran o protegen a los extremistas autoritarios, cuando se convierten en facilitadores autoritarios”.  

A la hora de establecer patrones de comportamiento en defensa de la democracia, proponen algunas reglas básicas que deberían ser de obligado cumplimiento para la clase política. En su opinión, los demócratas leales, “en primer lugar, expulsan de sus propias filas a los extremistas antidemocráticos. En segundo lugar, los demócratas leales cortan todos los vínculos (públicos y privados) con grupos aliados que participan en comportamientos antidemocráticos. En tercer lugar, los demócratas leales condenan sin ambigüedades la violencia política y otros comportamientos antidemocráticos, incluso cuando son cometidos por aliados o grupos ideológicamente próximos. Finalmente, cuando es necesario, los demócratas leales unen fuerzas con partidos prodemocráticos rivales para aislar y derrotar a los extremistas antidemocráticos”.

La cuestión pasa una vez más por promover la defensa de la democracia, sin olvidar que no es indestructible, que necesita ser cuidada y reforzada. Más aún en períodos de la historia en los que existen grupos que trabajan arduamente por acabar con un sistema que no les beneficia, en tanto en cuanto no les garantiza preservarse en el poder. La democracia para algunos tiene un grave defecto: participar en unas elecciones no garantiza ganar. Levistky y Ziblatt destacan la memorable frase del politólogo Adam Przeworski: “La democracia es un sistema en el que los partidos pierden elecciones”. No se puede explicar mejor. 

Tras el festivo y relajado puente prenavideño vuelve la actividad política con especial tensión. Así lo quiere la derecha. Las repugnantes declaraciones de Abascal en Argentina son una muestra de la indignidad que quiere introducir la ultraderecha en el debate actual. El PP se mueve con dificultad en esta tesitura. No quiere llegar a semejantes desvaríos, pero tampoco está dispuesto a dejar espacio libre a Vox. Feijóo ha decidido plantear una legislatura a cara de perro, acuciado por la presión que tiene desde la ultraderecha y convencido de que es la mejor forma de acabar con el Gobierno de Sánchez lo antes posible. 

Este fin de semana, lo sentenciaba en sus primeras páginas la prensa conservadora: Feijóo monta una oposición sin concesiones, como Aznar en el 93. El objetivo se explicaba con nitidez: “No vamos a pasar ni media”, es la consigna en Génova con el fin de “hacer irrespirable” la legislatura de Sánchez, siguiendo la estrategia que tumbó a González. Esta era la información que deja poco espacio para la especulación. Entre 1993 y 2023 es cierto que pueden encontrarse algunas similitudes, pero también diferencias sustanciales. Por ello, la estrategia del PP puede ser la misma, pero eso no quiere decir que el resultado final vuelva a repetirse. 

En 1993, el PSOE, con Felipe González al frente, consiguió revalidar una mayoría suficiente para gobernar, dejando a Aznar a las puertas de obtener una victoria que muchos daban por segura al inicio de la campaña electoral. Tres años después, en 1996, el PP sí que conseguiría llegar al poder, después de una negociación con Jordi Pujol de la que muchos se han acordado estas últimas semanas. Los populares tuvieron que ceder todo lo que el nacionalismo catalán de la época les exigió para apoyar su investidura.

La principal coincidencia entre 1993 y 2023 quizá haya sido que el PP contaba con la seguridad total de ganar las elecciones y gobernar. En ambas ocasiones, la razón de fondo que hizo levantar el voto de la izquierda fue el despertar de un renacido orgullo progresista frente a la amenaza de la llegada de un gobierno de marcado carácter conservador. En 1993, la preocupación implicaba acabar con un largo período de once años de gobierno socialista que había cambiado por completo la estructura política, económica y social en España. En 2023, la movilización se ha apoyado en el temor a la llegada de la ultraderecha al poder, como continuación de lo que había ocurrido unas semanas atrás, después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

En ambas campañas, el esfuerzo de la izquierda tuvo como instrumento fundamental el acceso a los ciudadanos a través de los medios de comunicación. En 1993, los primeros debates televisados de la democracia permitieron visualizar lo que significaban González y Aznar. En 2023, Sánchez desplegó una intensa presencia audiovisual para poder llegar a toda la ciudadanía y contrarrestar el deterioro causado por la generalizada causa contra el Sanchismo, implementada de forma coordinada por la derecha política, económica y mediática durante los últimos años.

Tras la derrota electoral de 1993, el periodista Enric Juliana recordaba recientemente aquel momento en el que toda la derecha se conjuró para acabar de una vez por todas con el Felipismo y su rama mediática puso en marcha “ese piquete conocido con el nombre de Sindicato del Crimen, expresión acuñada por Juan Luis Cebrián, exdirector de El País, que podríamos considerar exagerada y fruto del despecho, si el periodista Luis María Anson no hubiese declarado lo siguiente en 1998: ‘Había que terminar con Felipe González, esa era la cuestión. Al subir el listón de la crítica se llegó a tal extremo que en muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado. Eso es verdad. Era la única forma de sacarlo de ahí’.

Sin embargo, las diferencias entre aquella época y esta son más que notables. No es fácil que se consiga repetir con éxito la operación, aunque es evidente que se va a intentar. La situación del gobierno socialista entre 1993 y 1996 era de un absoluto desgaste. La coyuntura económica de los últimos años se había cebado especialmente con el empleo. Además, la sucesión de casos de corrupción y hasta de terrorismo de Estado habían socavado la credibilidad de un proyecto político que a duras penas era capaz de sostenerse. Felipe González, el indiscutible líder que había conseguido encabezar el PSOE durante más de 20 años, era el primero en dar muestras de agotamiento. Durante la campaña de 1996, el todavía presidente del Gobierno, preguntado sobre si realmente tenía deseos de ganar de nuevo las elecciones dijo a sus allegados: “Lo que quiero es que no gane Aznar”. Hasta ahí llegaba en ese momento su débil ambición.

En la actual etapa, con el PSOE en el Gobierno desde hace cinco años, el panorama no tiene nada que ver. El proyecto apenas tiene muestras de desgaste y se ha convertido en referente internacional de resistencia de la izquierda frente al avance de la ultraderecha, aliada con la derecha tradicional en muchos países. Pedro Sánchez no sólo no muestra cansancio, sino que, por el contrario, parece firmemente decidido a plantar batalla y a alargar esta histórica etapa. La gestión económica parece sólida, pese a las dificultades a las que ha debido enfrentarse. En estos cinco años de Gobierno, la corrupción estructural sólo ha formado parte de la actuación de la derecha, con multitud de procesos aún abiertos. 

Entre 2004 y 2011, la acción del Sindicato del Crimen contra el Felipismo fue sustituida por la crispación para intentar acabar con el Zapaterismo. Sólo sirvió para enturbiar la convivencia y acentuar un enfrentamiento político que buscaba el cambio en el poder que las urnas no concedían a una derecha que no terminaba de aceptarlo. El colapso de la burbuja financiera en Estados Unidos en 2006 desencadenó una crisis económica que iba a cambiar el mundo. España se vio seriamente afectada y el terremoto propició el cambio de Gobierno que devolvió el poder a manos de la derecha.

Parece evidente que vivimos una tercera ola del intento de la derecha española de acabar con un Gobierno de izquierdas incluso “rozando la estabilidad del Estado”, recuperando las palabras de Anson en los noventa. Ahora toca intentar acabar con el Sanchismo, como sea. El resultado electoral del 23J fue descorazonador para los sectores más conservadores del país que, de nuevo, creen que las urnas no deben ser un impedimento para conseguir alcanzar el poder que creen que les corresponde.

La creación de un supuesto panorama general de tensión insoportable es la primera fase de la estrategia de la derecha. El problema es que ese fin del mundo que describen cada día los portavoces de la derecha política y mediática no termina de asemejarse a la realidad de un país próspero, pese al agitado período de inestabilidad mundial que nos rodea. Estos días de puente prenavideño han mostrado una ciudadanía echada a las calles de toda España, pero no a secundar a los agoreros de la hecatombe sino a disfrutar de la vida y a alejarse de los malos rollos y de los fabricantes de cataclismos que no acaban por llegar. Mientras, Abascal puede seguir retozando en la ciénaga. No es algo excepcional. Es su hábitat natural.   

El Partido Popular, en colaboración con magistrados afines, mantiene desde hace cinco años el bloqueo de la renovación del CGPJ que marca la ley. Esto es así. Es indiscutible. Es la verdad. El único objetivo que se persigue es impedir que la renovación pueda reflejar a una sociedad progresista que, desde hace cinco años, es mayoritaria en España. La ley establece que los miembros del Poder Judicial los eligen los representantes del pueblo español entre aquellos magistrados seleccionados por los propios magistrados. En consecuencia, a través de un obligado pacto entre los grandes partidos, la composición del gobierno del Poder Judicial refleja en cada época el sentir general del pueblo. Esto es lo que establece la Constitución.

​Nadie en la derecha política, ni en muchos medios de comunicación conservadores, reconocerá esta verdad. Preferirán buscar falacias, tergiversaciones o, directamente, mentiras para justificar un comportamiento absolutamente antidemocrático. Aquí no caben dudas o equidistancias. Sólo hay un responsable de esta anomalía que tiene una gravedad extrema. Sólo la defensa de los intereses partidistas del PP explica lo que ocurre.

​Sin embargo, podemos ver, oír y leer todo tipo de argumentos que buscan oscurecer esta realidad y transformarla en una cuestión discutible en la que resulte difícil dar la razón a unos u otros. Son puras patrañas. Son tácticas del calamar que suelta tinta para dificultar la visibilidad y poder escapar de un problema que le acecha. El Gobierno progresista tiene la obligación de cambiar la composición del CGPJ como mandatario de la mayoría de los españoles. No se trata de defender los intereses partidistas de un partido, sino de hacer valer los derechos que la Constitución otorga al pueblo español.

​El Partido Popular tiene todo el derecho a pretender modificar una ley que no le garantiza que el Poder Judicial tenga siempre un sesgo conservador afín a su ideología. Para hacerlo bastará con que tenga el apoyo de la mayoría de los españoles. Que el CGPJ refleje el sentir mayoritario del pueblo es consecuencia de la ley que impulsó el propio Partido Popular con Alberto Ruíz-Gallardón como ministro de Justicia. En esa etapa, la derecha era mayoritaria en España y, por tanto, tenía plena justificación democrática. La izquierda lo aceptó en aquel momento sin problema alguno.

​El mundo de la comunicación política tiene como herramienta fundamental el uso del lenguaje. Ocurre también en nuestras relaciones personales. Cuando la comunicación entra en acción, los hechos ya se han producido y son, en muchos casos, inalterables. La dificultad surge cuando esa realidad no beneficia a alguien. El reto que debe abordar un partido en esa coyuntura es el de cómo contar esa realidad para que le cause el menor daño posible o para que lo que haya ocurrido pueda jugarlo como una baza a favor de sus intereses. Este es el origen de los intentos de manipulación, tergiversación o mentira.

​La mayor parte de los ciudadanos asumimos con realismo y resignación, de antemano, la tendencia natural de los políticos a reinterpretar cualquier hecho para intentar vestirlo de la forma más favorable a su beneficio partidista. Como norma general, solemos colocar de antemano un filtro a todas sus declaraciones, ya que conocemos esa manera de actuar. Sin embargo, no reaccionamos de la misma manera en relación con que una declaración coincida o no con nuestros intereses ideológicos.

​Si algo resulta ser un dato indiscutible es que, en una época en la que la mentira y la manipulación de los hechos es norma cotidiana, buena parte de los ciudadanos las acepta siempre y cuando convenga a sus convicciones ideológicas. Dicho más claro, no les importa que les mientan siempre y cuando sea en favor de sus ideas y, sobre todo, en contra de sus rivales. Si una mentira ayuda a protegernos y a perjudicar a nuestros enemigos, la damos por buena.

​El problema se acentúa en la medida en la que también los medios de comunicación colaboran en este proceso. No es que sean los partidos y sus portavoces los únicos que recurren a la mentira o a la tergiversación de la realidad. Son muchos periodistas y medios de información los que se sirven de esta misma técnica de manipulación. No hablamos de que un medio tenga una línea editorial u otra y tienda a ver y analizar la realidad desde una perspectiva ideológica. Esto no sólo es comprensible, sino que es parte del fundamento del debate plural que consolida una democracia. 

​Lo grave viene desde el momento en el que la defensa de una posición ideológica rebasa la opinión y arrasa la barrera de la verdad irrefutable de los hechos fehacientes. Diariamente vemos, oímos y leemos a profesionales de la comunicación ignorar la verdad y transformarla en una realidad alternativa que a base de repetición aspira a convertirse en una convicción aceptada por buena parte de la ciudadanía. Ante esta situación, la gran dificultad radica en determinar cómo actuar.

​No todos los medios son iguales, ni todos los periodistas y comunicadores somos iguales. Todos tenemos sin duda nuestra ideología y trabajamos en medios que defienden una línea editorial determinada, que cada uno apoya con mayor o menor convicción. El diferencial está en la utilización voluntaria e intencionada de la mentira y la manipulación como partícipes de una supuesta guerra no declarada en la que se quiere justificar que todo vale para detener una amenaza de nuestra subsistencia.

​Este acaba por ser el problema, a mi juicio, de la actuación de la derecha política y mediática en España en la actualidad. La absurda, ridícula y falsa afirmación de que este Gobierno pretende imponer retrocesos democráticos para iniciar un camino hacia un régimen dictatorial va más allá de ser una completa demencia. En realidad, difundir repetidamente semejante disparate cumple una trascendental tarea. Se trata de justificar la utilización de la mentira y la manipulación como arma de defensa ante un supuesto rival al que se acusa de querer abolir la libertad. La falsa amenaza de que peligra la democracia es únicamente una excusa para justificar acciones intolerables en territorios como la vida parlamentaria, la comunicación, la justicia o el mundo empresarial.

Discutimos respecto a la independencia de los tres poderes del Estado en España, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El intento de invadir las funciones de un poder por parte de otro es reprobable, la interconexión es obligada. Los tres están conectados y tienen influencia directa en sus actuaciones. Ahora todo se mezcla: jueces contra la amnistía, lawfare, García-Castellón, CGPJ, el súperministerio de Bolaños, etc. La polémica parece intencionadamente desvirtuada desde su origen. Estamos ante un claro intento de menospreciar el relevante papel de la soberanía popular en nuestra democracia.

El artículo 1 de la Constitución, que algunos quieren ver amenazada hasta el límite del absurdo, no puede decirlo más claro: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Todos los poderes del Estado dependen de los ciudadanos. Todos. La democracia tiene como base algo tan simple y fácilmente entendible como que ningún poder tiene autonomía propia, desconectada de la voluntad popular. 

El Poder Legislativo es la más pura muestra de la soberanía popular. Elegimos directamente a los diputados y diputadas que deseamos que nos representen. Cada vez que alguien descalifica a los políticos por desarrollar su trabajo está descalificándose a sí mismo, ya que él los ha elegido, y, además, está debilitando voluntaria o inconscientemente la columna vertebral de nuestra vida democrática.

El actual Gobierno ha salido legítimamente de las urnas. Cuenta con el apoyo de 179 diputados y diputadas que han sido directamente elegidos por más de 12,6 millones de electores. Decir que el presidente, un ministro o un grupo parlamentario toman decisiones pensando únicamente en sus intereses personales es absurdo. Son los representantes de millones de españoles. Es lógico que les interese detentar el poder. Para eso, precisamente, se les ha elegido.

Evidentemente, Feijóo no representa más al pueblo español que Sánchez. Cualitativamente, ambos tienen el mismo origen como diputados electos. Cuantitativamente, el peso de Sánchez es mayor al haber conseguido en su investidura reunir a 1,6 millones más de españoles que Feijóo. Criticar a Pedro Sánchez por una supuesta ambición desmedida implica negarse a reconocer su obligación de cumplir el encargo que le ha hecho la mayor parte de los electores ¿Qué sentido tiene que un líder renuncie a ejercer el poder tras conseguir el apoyo mayoritario de los ciudadanos?

El Poder Ejecutivo tiene una clara dependencia de la soberanía popular. El presidente es elegido directamente por el Poder Legislativo, los diputados y diputadas, es decir por aquellos a quienes los españoles han designado para que ejerzan esa función. Incluso, el presidente está sometido a juicio permanente por el Poder Legislativo, para impedir que se aparte de la voluntad generalizada de la ciudadanía. A través de una moción de censura, si existe una mayoría de españoles que quiera cesar a su presidente, puede hacerlo si considera que está haciendo mal su trabajo o incumpliendo el encargo que se le ha asignado. Rajoy puede atestiguarlo.

Es sorprendente que la campaña de la derecha se centre en acusar a Pedro Sánchez de gobernar de forma dictatorial. No cabe disparate mayor. El “autócrata”, como a veces le llaman, es el presidente que acumula menos poder de la historia democrática en España. Nadie ha gobernado con menos diputados de su propio partido como respaldo. Para alcanzar la necesaria mayoría parlamentaria, ha necesitado pactar con otras siete formaciones políticas. Todo lo que quiera hacer lo tendrá que llevar a cabo mediante negociaciones y pactos. Dispone de menos capacidad real para imponer su propio criterio que cualquier otro presidente anterior.

Además, hay que recordar que el poder ejecutivo tiene muy limitadas sus acciones sin el respaldo de la soberanía popular. Por mucho que Sánchez y Puigdemont desearan cerrar un acuerdo de investidura a cambio de amnistía, sólo pueden llevarlo adelante si cuentan con el apoyo explícito y público de más de 175 representantes de los españoles. No son 7 votos. La oposición se niega a mostrar esta realidad. Prefiere difundir la idea de que el Poder Ejecutivo actúa a espaldas de los españoles. Por el contrario, la derecha política sí que se atribuye la representación popular, incluso más allá de lo que le corresponde por los votos que obtuvo. De hecho, se indignan cuando les recuerdan que sólo representan a una porción minoritaria de la España actual.

La perversión lingüística malintencionada puede conducirnos a graves equívocos. Poca gente admitiría como buena la idea de que el Poder Judicial esté sometido al poder político. Ahora bien, nadie puede estar en contra de que el Poder Judicial esté sometido en una democracia a la soberanía popular. El Poder Judicial debe tener plena independencia para aplicar unas leyes que no elabora y que se deciden desde el poder político. El Poder Judicial cobra sentido en una democracia si juzga con independencia, pero, en todo momento, limitándose a cumplir disciplinadamente una legislación que cuente con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, expresada a través de sus representantes políticos. 

La soberanía nacional reside en el pueblo español y de él emanan los poderes del Estado. También el Poder Judicial. Un sistema de gobierno de los jueces sin dependencia alguna de la soberanía popular sólo sería admisible si así lo desearan los propios ciudadanos. Y no es el caso. El actual modelo de gobierno de los jueces fue impuesto por el PP cuando contaban con un apoyo social mayoritario en 2013, con Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia. Si el PP quiere cambiar otra vez el sistema de elección de los jueces, que ellos mismos impulsaron, puede promoverlo siempre y cuando tenga el mandato del pueblo para hacerlo. Es decir, cuando vuelva a tener una mayoría parlamentaria que le respalde. Nada sería menos democrático que el Poder Judicial se autorregulara por encima de la soberanía popular. No se trata de un colegio profesional, de una asociación gremial o de un club de vacaciones.

La iniciativa de agrupar en un solo ministerio la coordinación de las relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial adquiere especial importancia en mitad de esta interesada intentona de deslegitimar la dependencia directa de todo poder de la soberanía popular. Félix Bolaños tiene como una de sus principales funciones la de hacer una importante tarea divulgativa que permita entender a todos que los poderes deben trabajar con independencia, pero no son autónomos, sino que están entrelazados y tienen obligadas interdependencias.

La oposición trata de extender la falsa amenaza del intento del Poder Ejecutivo de usurpar el Poder Judicial. El planteamiento es absurdo. No sería viable. No es posible. Lo que sí que les corresponde a los poderes ejecutivo y judicial es aplicar lo que decida la mayoría popular en el lugar donde corresponde, el Congreso de los Diputados. Allí debe decidirse si una amnistía es conveniente o no en la España de hoy o promover la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que quienes usurpan el organismo llevan cinco años impidiendo. En resumidas cuentas, tal y como decía Baltasar Garzón en infoLibre este fin de semana: “En el CGPJ, el PP quiere cambiar el sistema que da el poder al Parlamento, depositario de la soberanía popular”.

Una de las bases fundamentales del sostenimiento de una sociedad apaciguada y colaborativa es la creencia colectiva en la inverosimilitud del conflicto abierto. La sensación generalizada de tranquilidad tiene como base la convicción de que no es posible que surja un grave conflicto que rompa la armonía que nos rodea. Esa inverosimilitud del conflicto tiene un doble efecto. Por un lado, nos aporta sosiego y, por otro, funciona como freno para no convertir en un enfrentamiento serio cualquier simple desavenencia.

Hay multitud de maneras en la vida política de acentuar un conflicto. Pueden ir desde la ocupación violenta de la calle hasta la normalización del insulto. Por el contrario, no es tan fácil encontrar patrones que nos ayuden a cortar esa deriva hacia la destrucción de una convivencia amable y gratificante. Podemos, sin embargo, empezar a plantear algunas reglas relevantes que ayuden a hacer compatible la discrepancia con una coexistencia civilizada. Nada nos sería más útil que contar con un Manual de supervivencia para tiempos de tensión social. Como el libro no existe, podemos proponer algunas primeras pautas que seguramente deberían ampliarse:

1/ Definir si se trata de acordar o de discutir. Antes de arrancar una conversación delicada deberíamos aclarar si la idea es intentar llegar a un acuerdo o, directamente, discutir. Si las líneas son divergentes, cada vez estarán más lejos. Si son convergentes, quizá puedan llegar a encontrarse.

2/ No discutir más de la cuenta. Hay polémicas que no tienen posibilidad alguna de apaciguarse. Tiene poco sentido extenderlas más de la cuenta. Expuestas las diferencias, si las posiciones caminan en direcciones opuestas quizá es más oportuno cortar un viaje interminable. Por no perder el tiempo.

3/ Disfrutar del contraste de opiniones. Los desencuentros son naturales y tampoco se trata de desdeñarlos. Pueden ser enriquecedores y son necesarios para abrir alternativas ante los problemas que van surgiendo. Hay que estimular la apertura de miras. Ahí habitan las soluciones más escondidas.

4/ Erradicar el insulto personal. El invento de la tarjeta amarilla contribuyó a rebajar la violencia en el fútbol. Si la actitud violenta persiste, la tarjeta roja implica expulsión. La norma funciona. La violencia verbal tiene su plasmación cotidiana en el insulto. La banalización del insulto facilita su extensión. Deberíamos cortar su uso de raíz en toda discusión. Si aparece, tarjeta amarilla. Si persiste, roja. Se acabó la conversación.

5/ Respetar las reglas de juego. Carece de todo sentido agudizar la intensidad de un debate que tendrá un desenlace legal. Podemos opinar sobre si una iniciativa es o no legal, pero carece de sentido confrontar sin límite sobre un asunto que va a resolver un tribunal de forma concluyente.

6/ Dejar que el tiempo cumpla su función. Nos desgastamos en pelear por defender hipótesis sobre lo que puede ocurrir en un plazo no muy lejano. Parece más razonable dar a la futurología el escaso valor que merece y dejar que sea el paso del tiempo el que clarifique lo que vaya a llegar.

7/ Tener razón ayuda en la conversación. El don de la palabra ayuda enormemente en cualquier conversación, pero tenemos que aprender a separar la brillantez de la oratoria y la demagogia con el fondo de los argumentos. Démosle a la oratoria el valor que tiene, pero no más. La prestidigitación verbal busca esconder la verdad.

8/ Fijémonos más en los hechos que en las palabras. En la acción política, las declaraciones públicas tienen como objetivo recurrente ocupar espacio mediático y ayudar a mantener la moral de la tropa, en especial cuando el clima no es favorable. Para ellos, son necesarias e inevitables, pero debemos siempre exigirnos distinguir las afirmaciones públicas lanzadas al viento de las realidades contrastadas.

9/ Eliminar el discurso ruidoso. El ruido intenso y prolongado provoca que dejemos de oír con claridad lo que nos dicen. Dejamos de tener interés por la intercomunicación, debido a que sabemos que no vamos a entendernos con quienes nos rodean. Acabamos por perder el humor y caemos a menudo en la incomodidad y el desasosiego.

10/ Apreciemos el valor del optimismo. En tiempos convulsos se agradece que los problemas se aborden desde la búsqueda de soluciones y no desde la acentuación de su gravedad. Los cenizos deberían quedar recluidos en clubes privados sin posibilidad de acceso para el resto de los mortales.

Y una conclusión: A lo mejor resulta que la democracia funciona. El principio básico de la democracia parece que tiende a olvidarse. Consiste en dejar abierto el espacio para el contraste de opiniones para, a continuación, votar y acordar que todos aceptamos que apoyamos la opción mayoritariamente respaldada. La democracia, más que proclamarla, deberíamos sencillamente respetarla.   

No era indignación, ni rabia, ni odio. Era puro desconcierto. Hace unos días, pudimos escuchar la sentida reflexión de un joven manifestante ante la sede del Partido Socialista, mientras los antidisturbios repelían el intento de quienes pretendían derribar las vallas de seguridad para asaltarla. El joven, afectado por el humo de los gases lacrimógenos, lanzaba ante una cámara de televisión una pregunta retórica: “¿Por qué nos hacen esto, si sólo queremos putodefender España?”.

Tan cierto es que Pedro Sánchez ha concedido la amnistía ahora para poder constituir un gobierno progresista, como que Feijóo se la hubiera dado a Puigdemont si le hubiera posibilitado gobernar. El electorado de izquierdas apoya a Sánchez porque quiere su investidura. El electorado de derecha está contra los acuerdos porque no quiere, de ninguna manera, la investidura de Sánchez. Feijóo vociferaba en la Puerta del Sol: “¿Por qué Sánchez tiene miedo a las urnas?”. En tono más calmado, cabría preguntarle: ¿Por qué Feijóo tiene miedo a que se vote en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular?

Para la derecha, Pedro Sánchez fue un presidente ilegítimo tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Le acusaron de llegar al poder gracias a una falsa acusación de corrupción generalizada en el PP. Para la derecha, en noviembre de 2019, Pedro Sánchez fue otra vez un presidente ilegítimo por obtener la investidura gracias a un pacto con Unidas Podemos, que había rechazado en la convocatoria precedente y que había desencadenado la repetición electoral. Por tercera vez, la derecha afirma que Pedro Sánchez va a ser un presidente ilegítimo por conseguir la investidura gracias a un acuerdo con los partidos independentistas catalanes, lo que implica la concesión de una amnistía por los hechos relacionados con el procés en Cataluña. 

Aunque lo pudiera parecer, no deberíamos considerarlo como algo personal. José Luis Rodríguez Zapatero fue calificado por la derecha en 2004 como un presidente ilegítimo por haber ganado las elecciones tras el 11M y fue acusado de haber promovido una campaña de descrédito contra las mentiras del gobierno de Aznar en torno a la autoría de los atentados. Hasta su hoy admirado Felipe González fue considerado como un presidente ilegítimo en 1993 por la derecha política y mediática por mantenerse en el cargo pese a la larga serie de casos de corrupción que se acumulaban.

Por fin, ya tenemos el proyecto de la Ley de Amnistía. A partir de ahora, toca abrir debate público sobre su contenido. Sin embargo, llevamos con la discusión desde hace semanas. El principal argumento planteado contra la legitimidad de la investidura de Pedro Sánchez es el de la continuada negación de la constitucionalidad de la amnistía por parte de los líderes socialistas antes de las elecciones del 23J. Hasta ahora, la única petición de la amnistía partía del independentismo, que planteaba que se reconociera que el Estado español pisoteó los derechos democráticos de los catalanes durante el procés. Evidentemente, ese planteamiento de una amnistía era manifiestamente inconstitucional, tal y como unánimemente reconocían todos los juristas.

El PSOE promueve ahora un proyecto legal sustentado en otra explicación de motivos radicalmente distinta, ya que confirma la plena legalidad de todas las medidas judiciales que se tomaron tras los flagrantes delitos cometidos por el movimiento secesionista. Además, reconoce textualmente la aplicación de esta Ley dentro del marco constitucional. Sin matiz alguno. Esta amnistía, diferente por tanto a la reivindicación independentista anterior, defiende que la justificación de la medida es la búsqueda de una superación del conflicto político y social que ha emponzoñado la vida en Cataluña durante la última década.

Evidentemente, como toda propuesta política, puede estarse o no de acuerdo. Pero, ante todo, resulta fundamental dejar claro cómo se debe enjuiciar la medida con una mínima sensatez. Por un lado, debe ser aprobada por el órgano que certifica su legitimidad democrática, el Congreso de los Diputados. Si existen dudas sobre si la medida se ajusta o no al marco constitucional español, no tiene mucho sentido elevar el tono. Se trata de esperar a que el Tribunal Constitucional determine si ese proyecto de ley en concreto es o no jurídicamente admisible en nuestro país. Posteriormente, serán los jueces quienes en cada caso concreto decidirán si cabe o no dentro de la Ley de Amnistía.

Por otro lado, se mantendrá un lógico debate político respecto a la eficacia de la iniciativa. Sólo el tiempo resolverá el interrogante de si la amnistía va a ayudar a destensar el conflicto catalán o si lo va a acentuar. Ahora mismo, cualquier opinión no deja de ser una especulación carente de valor real. El único referente objetivo que podemos tener es el de analizar el impacto que tuvieron los indultos aplicados durante la pasada legislatura a los dirigentes independentistas que cumplían condena en prisión. Aquella decisión política, que contó con un importante rechazo en la sociedad española, es hoy considerada como un acierto de forma mayoritaria, especialmente entre la población catalana.

El pasado domingo, Núñez Feijóo tuvo que intervenir después de la rutinaria soflama de Díaz Ayuso, que puso al auditorio en máxima ebullición, en la que la presidenta madrileña habló una vez más de la dictadura que nos invade, ante miles de asistentes que sufrían al parecer una mañana de agónica angustia y opresión. La típica jornada negra que se vive bajo una dictadura. Visto desde fuera, parecían disfrutar de un soleado día, rodeados plácidamente de niños y mayores que al acabar fueron a tomar el aperitivo, después de haber escuchado todo tipo de barbaridades.

Feijóo, cuando le llegó el turno, contó su historia de siempre. Alguien debería advertirle de que se hace raro que alguien insista en contarte siempre que es un ganador. Es la prueba evidente de que piensa que no terminas de creértelo. Su problema mayor es el de hacer compatible un discurso en el que define a su rival político como la mayor amenaza que ha tenido nuestro país en décadas, cuyo maléfico comportamiento tiene como únicos argumentos la mentira y el insulto, frente a lo que él dice practicar, según sus palabras, la moderación alejada siempre del insulto. El auditorio, ya sobrecalentado, reaccionó ante esa afirmación un poco fuera del guion requerido: “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!”.

Los dirigentes de la derecha y la ultraderecha, después de reunir en las elecciones 11 millones de votos frente a los 12,5 de sus rivales, no han terminado de aceptar su derrota en este proceso electoral que debe cerrarse este próximo jueves en la sede oficial de la soberanía popular, la máxima representación de la democracia: el Congreso de los Diputados. Este miércoles, Pedro Sánchez presenta legítimamente su candidatura a seguir dirigiendo este país, después de que los representantes del pueblo español rechazaran la alternativa de Alberto Núñez Feijóo. A priori, cuenta con un apoyo mayoritario de la cámara después de que el PSOE haya alcanzado acuerdos políticos con otros seis partidos diferentes. Los dirigentes de PP y Vox consideran que esta posible votación no debería producirse, básicamente porque parece que van a perderla.

Sánchez cuenta con el apoyo de casi el 90% de los militantes socialistas. También, según todas las encuestas, con el respaldo mayoritario de sus votantes. El argumento más extendido entre el electorado de izquierdas es el de hacer prevalecer la puesta en marcha de un gobierno progresista, por encima de los obligados acuerdos con los partidos nacionalistas. Los dirigentes de la derecha mantienen que esto no es verdad y que, en realidad, al líder socialista sólo le mueve su obsesión personal por perpetuarse en el poder. Los 12,5 millones de españoles que respaldan su investidura no existen para ellos.

La noche del 3 de marzo de 1996, varios dirigentes del PP, Rajoy, Álvarez Cascos y Rato, salieron al balcón de la calle Génova junto a Aznar a celebrar su victoria frente a Felipe González. Saltaban y sonreían mientras sus seguidores entonaron su grito del momento: “¡Pujol enano, habla castellano!” Pasados cincuenta días, los populares pusieron su firma en un documento que recogía la mayor transferencia histórica de poder que se haya hecho nunca desde el Gobierno central a Cataluña. Pujol impuso no sólo que aceptaran todas sus reivindicaciones. Además, les obligó a firmar el texto escrito casi íntegramente en catalán (dieciséis de las dieciocho páginas). Bien es cierto que Aznar había ido días antes a TV3 a explicar que leía habitualmente poesía en catalán, lengua que manifestó que solía hablar en la intimidad.

La noche del 23-J, Pedro Sánchez decidió que sólo iba a jugar una opción, la de ganar el gobierno de España. Alberto Núñez Feijóo también entendió esa noche que tenía que luchar por no perder el papel de jefe de la oposición. Sánchez sabía que para conseguir un acuerdo con todos los partidos independentistas necesitaba asumir un riesgo importante que no podía tener marcha atrás. Feijóo tenía claro que corría el peligro de ser defenestrado por sus barones y necesitaba ficcionar que era un ganador, aunque en realidad hubiera perdido la gran batalla por gobernar este país.

Desde el 23-J hasta ahora, la estrategia apenas ha cambiado en ambos líderes, aunque con matices importantes. Sánchez ha asumido en estas semanas un evidente desgaste, una vez aceptada la exigencia de la amnistía marcada por el independentismo catalán. Era consciente de que el rechazo que la medida pudiera tener entre sus votantes se convertiría en irrelevante si conseguía la investidura. En esta coyuntura, Feijóo ha tenido que atender otro frente. El entendimiento del PSOE con los independentistas le ha trasladado a otro campo de batalla, el de luchar por ganar la oposición frente a la oportunidad que se le abría a Vox de radicalizar la tensión política. Al final, Sánchez lucha por ganar el Gobierno, mientras Feijóo pelea por no perder la oposición.

El resultado de la consulta entre la militancia socialista y el de las encuestas realizadas estos días, como la de 40Db para El País y la SER, han sonado a música celestial en Moncloa. El apoyo de los militantes ronda el 90% en la mayoría de los territorios y en las comunidades donde los líderes regionales se han mostrado críticos con la apuesta de la amnistía, como Castilla-La Mancha o Aragón, el respaldo a Sánchez se sitúa en torno al 80%. Por otro lado, entre los votantes socialistas, apenas se percibe retroceso. Pese a la manifiesta incomodidad de una parte de ellos con el pacto con el independentismo, parece primar su deseo de alcanzar el gobierno.

Parece claro que, con la investidura aún en el aire, Pedro Sánchez sabe que la decisión tomada abre una incógnita a medio plazo, dependiendo de la evolución de la convivencia política y social en Cataluña. A su favor juega el tiempo. Tiene cuatro años por delante para controlar el impacto de la medida y confía en que, al igual que ocurriera con los indultos, cuando toque hacer balance, éste sea abrumadoramente positivo. La evolución se irá viendo en los diferentes procesos electorales que tendrán lugar los próximos meses, con el foco principal puesto en los comicios en Cataluña, previstos para 2025.

Para el PSOE y el PP será trascendental cómo se vea el asunto catalán a medio plazo. Los socialistas, si las cosas van bien, podrán reivindicar la bondad de la iniciativa y ganar electores moderados, que ahora contemplan con preocupación el movimiento. A favor de Sánchez jugará el hecho del radicalismo hiperbólico y cósmico que el PP ha asumido como bandera. Si la amnistía acaba por ser aceptada socialmente, el voto moderado va a encontrar mal acomodo en un PP centrado en una lucha sin cuartel con Vox por ver quién es capaz de mostrar mejor uso de su armamento nuclear.

Evidentemente, todo sería diferente si el secesionismo catalán reapareciera y el conflicto, en lugar de apaciguarse, se volviera a encender. El PP, en ese caso, podría reafirmar su extremismo actual, aunque no terminaría de encontrarse cómodo. Estar en el gobierno tiene extraordinarias ventajas respecto a vivir arrinconado en una oposición que vive por su lado una guerra interna. Si el independentismo volviera a intentar enfrentarse a la ley, Pedro Sánchez estaría más que legitimado para reaccionar con máxima contundencia frente a un poco previsible intento de ruptura de los acuerdos alcanzados. En ese caso, el PP tendría que enfrentarse al dilema de tener que respaldar al Gobierno, tal y como hizo el PSOE con el 155 de Rajoy, o de volver a situarse fuera del sistema para intentar hacer estallar la legislatura.

La tremenda frustración que supuso para la derecha en España no alcanzar el 23-J una mayoría para gobernar no la terminan de superar. Esa profunda decepción parece ir subiendo de nivel y en estas últimas semanas tiende a materializarse en expresiones y acciones de rabia y de odio. Pasadas ya varias semanas, aparece la duda razonable respecto a si la desmesurada radicalización de Feijóo y los suyos se dirige contra el futuro gobierno o frente a la competencia que supone tanto Vox como el sector más extremista del propio PP, con el madrileñismo ayusista a la cabeza. Al final, en la derecha actual no aparece públicamente una sola voz que reivindique la moderación y la cordura.

La derecha política, mediática, económica y política actúa coordinadamente en una única dirección. Se trata de intentar promover la agitación social y un estado de furia colectiva que consiga lo que sus votos no alcanzan. El ejercicio de la oposición rebasa el libre discurso de discrepancia y su manifestación pública a través de su derecho a plasmarlo en sus votaciones. Tenemos una oposición que ha decidido desde hace ya unos años pasar al activismo radical, recurrir a la desestabilización y el boicot mediante la violencia verbal, el abandono del respeto y la imposición del frentismo.

La utilización de estos métodos antidemocráticos, macarras y violentos se fundamenta en una estrategia manifiesta. Se trata de justificar lo injustificable sobre la base de no reconocer la existencia de una mayoría social y política que tiene el derecho y la obligación de ejercer democráticamente el ejercicio del poder tras el resultado electoral. Lo más llamativo es la fórmula empleada para deslegitimar al poder legítimo. Consiste en explotar hasta sus últimos extremos lo que los psicólogos definen como proyección. Se trata de acusar a los demás de tener tus propios defectos. Ver a quienes tienes enfrente como culpables de cometer los delitos que tú mismo reiteras cada día.

Se acusa a los socialistas de agitar la confrontación, mientras se llama a la movilización contra sus sedes. La imagen de Esperanza Aguirre liderando el corte de tráfico en Ferraz resulta sobrecogedora. Feijóo ha copiado el discurso de Abascal, definiendo a Pedro Sánchez como un político corrupto, mientras aún siguen abiertas las causas de Gürtel y Kitchen en las que los populares son acusados de robar a manos llenas, de utilizar a la policía para tapar sus delitos y de fabricar falsas pruebas para perseguir a sus oponentes políticos. Extienden la acusación de incumplimiento y ruptura de la Constitución, mientras se niegan a cumplirla con descarada impunidad boicoteando la obligada renovación del Poder Judicial.  

La democracia no consiste en que una minoría imponga al resto de la sociedad su criterio. La democracia se fundamenta en la conformación de mayorías lo más amplias posibles que alcancen consensos, mediante el diálogo y la negociación, para poder resolver los problemas que inevitablemente surgen cada día. Para que la democracia funcione y la convivencia se desarrolle con normalidad es indispensable que este principio básico de respeto a la opinión mayoritaria se acepte. 

En España, 350 diputados y diputadas representan a todos los españoles. Sus decisiones nos representan a todos. Pueden discutir o negociar; acordar o discrepar; alegrarse o enfadarse. Pero, al final, deben votar y aceptar el resultado de lo que se decida. Sin embargo, la derecha política, mediática, económica y judicial en España parecen tener alguna dificultad para asimilarlo. 

Soy de los que han cambiado de opinión. Ahora, creo firmemente que la amnistía en Cataluña puede ser una extraordinaria oportunidad de resolver una tensa situación en la que entiendo que la mayor parte de los españoles no nos sentimos cómodos. Antes del verano, no pensaba así. Siendo sinceros, ni siquiera me lo planteaba como opción. Supongo que, si alguien me hubiera preguntado, la hubiera considerado como aconsejable, pero, posiblemente, me hubiese parecido demasiado pronto para plantearla a corto plazo.

La iniciativa de Pedro Sánchez de promover la amnistía, como consecuencia de la exigencia del independentismo para apoyar su investidura, ha abierto la posibilidad de que todos nos planteemos si deseamos el reencuentro o mantener la confrontación abierta en 2017. Dudo que, si estuviéramos a las puertas de unas elecciones, una medida como esta se hubiera llevado a cabo. La tormenta política que hubiera generado hubiese sido difícil de soportar en mitad de un proceso electoral. La derecha en España no es mayoritaria, pero en su capacidad de hacer ruido es imbatible.

Los militantes socialistas deberán en los próximos días avalar o no la propuesta de su secretario general para gobernar mediante un pacto que implica la aceptación de la amnistía. Creo, como la mayoría de los opinadores, que dirán que sí. La práctica totalidad de los militantes desean sin duda que su partido gobierne cuatro años más. Además, una amplia mayoría de ellos, según las encuestas, ha aceptado ya la idea del pacto con los partidos independentistas y la consiguiente amnistía.

Una vez aprobada la consulta, el cambio de opinión de Pedro Sánchez queda democráticamente avalado por el PSOE. Pedro Sánchez habrá cambiado de opinión como los militantes del PSOE y como millones de votantes que han acabado por asumir la disyuntiva que hizo famosa el portavoz peneuvista, Aitor Esteban, al explicar su negativa a apoyar un gobierno respaldado por PP y Vox: “Entre Feijóo y Abascal o amnistía, elijo amnistía".

Una cuestión es apoyar la amnistía, para hacer posible un gobierno que impida la llegada al poder de la derecha radical en España, y otro asunto es creer realmente en la amnistía como una buena iniciativa política. Tengo la convicción de que somos muchos, y que vamos a ser cada día más en los próximos meses, los que creemos que la amnistía puede ser realmente una histórica medida para recuperar la convivencia en Cataluña, rota por el movimiento secesionista hace más de seis años.

Ahora, los mismos que desataron la división aceptan buscar una fórmula para recuperar la coexistencia democrática y civilizada. Los que respondimos hace seis años a su ataque a la convivencia situándonos frente a aquella forma de actuar, tenemos en esta coyuntura la posibilidad de volver a la lucha. Ahora, no para detener el desvarío, sino para recuperar la paz y la armonía. De momento, es mucho más estimulante y gratificante. Se trata de luchar por la esperanza y no de la angustia de pelear por evitar una tragedia. 

En tiempos de conflicto, los reproches y los ataques al enemigo ayudan a alimentar la fuerza para resistir en el combate. En tiempos de reconciliación, carecen de sentido. Suponen caminar en dirección contraria al reencuentro. Será importante en las próximas semanas entender que cada uno necesitará escribir su propio relato individual de cómo ha llegado hasta aquí. Es un margen que da la libertad individual y que facilita salir de posiciones encastilladas. Lo trascendente es el movimiento, más allá de la autojustificación que cada uno quiera darse a sí mismo y ante su entorno. Asumo que hay gente que no comparte esta idea y sólo entiende la reconciliación previa sumisión pública por parte del otro.

Parece quedar fuera de toda duda la voluntad de las partes de realizar un acuerdo dentro del marco legal que dibuja la Constitución. No hay otra alternativa. De no asumir esta premisa, la ley de amnistía sería inviable y volveríamos a la casilla anterior. Todas las miradas estarán centradas en ese esperado preámbulo que ha de ser obligatoriamente intachable, aunque para algunos suponga aceptarlo por el famoso imperativo legal que tan a menudo ha formado parte de multitud de juramentos políticos.

Con los años, uno aprende que no es verdad que el tiempo lo cure todo. Hay daños irreparables que nos acompañan hasta el final de los días. Se puede llegar a vivir con ellos, pero algunos son imposibles de superar. Por esto mismo, hay multitud de tropiezos y desventuras que deben sepultarse para poder disfrutar de lo realmente trascendental. 

Los desencuentros, las deslealtades y las traiciones se resuelven, si así se desea, solo desde el perdón y el olvido voluntario. No se trata de un ejercicio de bondad o inocencia. Se trata de llevar adelante la decidida voluntad de resolver un conflicto. La otra opción es querer que un enfrentamiento se cronifique. Hay poderosos motivos que ayudan a querer superar una ruptura. Un serio impedimento surge cuando el conflicto fue demasiado grave y las heridas siguen abiertas. Por suerte, no es el caso catalán, donde no se produjeron delitos de sangre ni enfrentamientos civiles de violencia irreparable.

En ocasiones, lo vivido en común compensa en la balanza lo sufrido en el desencuentro. Si se hace ejercicio de memoria, no cabe duda alguna. El tiempo compartido en Cataluña en las últimas décadas aporta grandes logros a una sociedad que ha sido modélica en avances sociales y conformación de una comunidad de vanguardia, referente en el mundo. Si Cataluña fue noticia en todo el mundo durante los serios incidentes acaecidos hace seis años lo fue por el hecho de que se produjeran en un territorio admirado y envidiado fuera de sus fronteras.

El reencuentro aporta un extraordinario beneficio que supera amplísimamente lo que trae la confrontación. Los sentimientos positivos de vida compartidos con seres queridos que podemos perder son abrumadoramente mejores que los negativos que encontramos en el rencor, la frustración y el deseo del mal ajeno.

Al final, no hay duda de que compensa ampliamente una vida basada en los buenos sentimientos y que deje de lado errores cometidos, gracias al perdón y la reconciliación. No se trata de olvidar. Al contrario, se trata de recordar en todo momento lo cerca que podemos estar de perder lo que tenemos si anteponemos el escudo de confrontar con quien, en una etapa de la vida, no coincide con nuestra visión de la realidad.

Para la reconciliación, hace falta que una de las partes en conflicto cambie de posición y deje de estar en frente. Es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Es evidente que el detonante del paso dado ha sido su interés en conseguir el gobierno progresista deseado por la mayoría de los españoles. No es menos evidente que si consigue el gobierno y, además, recuperar el entendimiento y la vida en común perdida en Cataluña y el resto de España, el logro alcanzado sería memorable.

Un conocido artista español suele contar en entrevistas sobre su vida lo duro que fue para él en su juventud llegar ante sus padres para confesarles su condición homosexual. La respuesta de su madre le dejó perplejo: “¡Hijo mío, dame un beso! ¡Creía que no nos lo ibas a decir nunca!" Las batallas sobre los relatos políticos que viven estos días algunos partidos carecen de todo sentido. Da la sensación de que tienen miedo de decirnos lo que ya sabemos de sobra. En España hay una mayoría de voto progresista que quiere un gobierno progresista. Deberían dejar de darle vueltas a ver cómo nos venden un acuerdo que está comprado de antemano por la mayoría de sus votantes.

Zapatero parece que es el primero en empezar a hablar abiertamente. Desde la misma noche del 23-J, todo el mundo sabe que la única posibilidad de formar gobierno la tiene el actual presidente en funciones. Para poder hacerla efectiva se necesita el apoyo de una mayoría parlamentaria progresista, sostenida gracias al voto de los partidos independentistas vascos y catalanes. En esta ocasión, no basta con abstenciones o acuerdos por debajo de la mesa. Se necesitan los votos y el compromiso afirmativo de esos partidos.

Llegados a este punto, parece aconsejable para la salud emocional de todos tener claro qué ocurre, de qué se habla y qué se pacta. Si analizamos con serenidad este proceso negociador, acabaremos llegando a la pregunta clave: ¿El hecho de que el acuerdo no se haya formalizado aún tiene que ver con cuestiones de fondo o con aspectos formales? Dicho en otras palabras, subyace la duda de si el problema es el acuerdo en sí o el cómo se lo cuenta cada interlocutor a los suyos. Da la sensación, escuchando a los líderes de los diferentes partidos, de que la dificultad real radica en superar su temor a aparecer como ganador o perdedor de la partida, más allá de lo que se puede llegar a pactar.

Nos encontramos en una curiosa coyuntura. Parece existir un generalizado acuerdo de todos los grupos implicados en el interés en formar un Gobierno que supere la amenaza de la llegada de la ultraderecha al poder en España, tal y como ya ha ocurrido en diferentes comunidades autónomas y en importantes ayuntamientos. Sin embargo, algunos portavoces parecen empeñados en seguir marcando distancias respecto a su compromiso de acuerdo. Normalmente, ese mensaje de incertidumbre resulta tan poco creíble como descorazonador para un electorado que desea que por fin se acabe este odioso período de interinidad.

En esta semana pasada, dominada por los terribles acontecimientos que se viven en Oriente Medio, se han cubierto importantes pasos en la construcción de un proyecto común de legislatura. La relación entre PSOE y Sumar no parece tener ninguna fisura trascendente. Tanto es así, que los portavoces del equipo de Yolanda Díaz no consiguen explicar qué es lo que les separa del acuerdo. Parece más que evidente que buscan no aparecer como un negociador demasiado entregado de antemano. La imagen más extendida entre la ciudadanía es que Sumar tiene más cerrada su coalición con el PSOE que, internamente, con Podemos.

Las tremendas imágenes que han llegado de Israel y Gaza nos han impedido valorar en su justa medida los encuentros de Pedro Sánchez con PNV, ERC, Bildu y Junts. El simple efecto de que las reuniones tuvieran lugar con la presencia del candidato a presidente ya tiene de por sí un valor escénico importante. El hecho de que Pedro Sánchez aparezca fotografiado con sus interlocutores certifica un sólido entendimiento aceptado en cada caso por las dos partes.

PSOE y PNV han asumido su compromiso casi desde el primer momento. La frase pronunciada por Aitor Esteban en la investidura de Feijóo fue toda una sentencia: “Si nos hacen elegir entre Abascal y la amnistía, nos quedamos con la amnistía”. No se puede hablar más claro. Ambos partidos saben que su destino está unido tanto de cara a este proceso legislativo como ante las elecciones en Euskadi del próximo año. El interés compartido es inapelable.

En el caso de Bildu, por fin la derecha ha conseguido alcanzar una de sus ilusiones más ansiadas, la de que se confirme un acuerdo político de la formación vasca con el PSOE. El fingido y sobreactuado dolor mostrado por tantas voces de los sectores más conservadores del país choca con una contradicción. La derecha lleva denunciando tanto tiempo acuerdos inexistentes entre el PSOE y Bildu que ahora que sí que existe no parece lógico que finjan tanta sorpresa. O era falso todo su lamento cuando no había acuerdo o es falso el actual desgarro existencial. Posiblemente, sea tan ficticio y exagerado el escándalo que parece sobrecogerles como lo era lo que tanto les apenaba mientras cantaban "¡Que te vote Txapote!"

La llamada telefónica de Pedro Sánchez a Oriol Junqueras es evidente que va mucho más allá de una simple deferencia de cara a la negociación. El hecho de que se hiciera pública con total trasparencia es la prueba inequívoca de que tuvo lugar, precisamente, para ser contada. Habrá portavoces que seguirán sembrando dudas sobre el acuerdo y anticipando que no hay nada decidido. Si así fuera, es difícil de creer que hubieran aceptado hablar telefónicamente como símbolo de comunicación directa y abierta. El problema de ERC no es el PSOE, sino su pulso y sus celos con Junts.

Queda pendiente el nudo gordiano que falta por deshacer. La negociación con Puigdemont entra obligatoriamente en su recta final. Desde filas socialistas se traslada un mensaje de ilusión y optimismo en la negociación, mientras los portavoces de Junts insisten en hacerse los duros y presentarse ante la opinión pública con el ridículo argumento de que ellos son los únicos que tienen algo valioso que vender y poco interés en conseguir nada. El discurso es tan infantil que da la sensación de que esconde una auténtica dificultad. Aparentemente, el gran problema de Puigdemont y de Junts es el de alcanzar un acuerdo que puedan presentar como una victoria histórica de sus postulados, cuando en realidad no lo es. Se trata de hacer una transición narrativa delicada entre lo que se firma y se tiene que explicar y lo que se ha mantenido estos años atrás.

Los catalanes y el resto de los españoles tienen una idea bastante nítida de lo que ocurre. Todos los votantes progresistas saben, como dijo Aitor Esteban, de qué se habla. Y la mayoría lo tiene mucho más claro que sus temerosos líderes, preocupados por cómo contarles lo que van a hacer. ¡A ver si de una vez nos dicen lo que ya sabemos!     

No cabe una semana de mayor fervor del españolismo. Desde el pasado domingo en Barcelona hasta este jueves en Madrid, vivimos rodeados de banderas rojigualdas y encendidos y emotivos cantos patrióticos. Como fondo, la inquietud de una parte de españoles ante la supuesta inminente amenaza de destrucción de nuestra nación. A la vez, subsiste con firmeza el bostezo de otra amplia parte de la población ante tanta sobreactuación. 

Quizá este es el mejor reflejo de lo que ocurre. En pleno fervor patriótico, se puede vivir la españolidad con intensa emoción o con profunda relajación. Vivimos el mismo patriotismo entre la sobrexcitación y el tedio. Una vez más podemos visualizar con claridad la existencia de varias formas distintas de ver España y de sentirse español.

Ser español

Dada la peculiar coyuntura, quizá pueda ser momento para dedicar un breve espacio de tiempo en lanzar al aire algunas preguntas: ¿Qué es ser español? ¿Cuántas Españas hay? ¿Un país diverso es menos país que uno uniforme? ¿Cómo se convive con gente con la que no te entiendes? ¿Hay españoles buenos y malos?

Jurídicamente, para ser español basta con tener la nacionalidad española. Geográficamente, los españoles compartimos un espacio y un territorio común. Colectivamente, ser español obliga a pagar impuestos todos los años. Casi todo lo demás tiene que ver con formas individuales y optativas de imbricarse dentro de la sociedad. Es en este punto cuando siempre aparece el conflicto. Todo el mundo se reconoce a sí mismo el derecho a ser como uno quiere. El problema surge cuando tiene como deseo personal condicionar y determinar según su propio criterio la vida de los demás.

Condenados a convivir

 Todos y cada uno formamos parte de comunidades a las que pertenecemos no siempre de forma voluntaria. Algunos nos acomodamos mejor que otros a esas circunstancias obligadas. Nuestro entorno familiar, geográfico, profesional o personal nos acaba dirigiendo a pertenecer a colectivos unidos por nexos comunes que acaban condicionando nuestra actitud ante la vida. Lo individual debe necesariamente amoldarse al interés común.

Somos miembros de diferentes tribus condenadas a convivir. Algunas son abiertamente integradoras y promueven el entendimiento y la coexistencia con las demás. Otras son notoriamente refractarias a cualquier contagio con otras. Se consideran depositarias de la esencia de una especie de verdad revelada. Cuanto más nos acercamos al roce directo, más fácilmente afloran nuestras diferencias de comportamiento. Cuando más nos alejamos por elevación mayor es la apariencia de cohesión y la distancia entre unos y otros deja de percibirse.

Una perspectiva cósmica

Díaz Ayuso es igual de española que Rufián, aunque ambos sientan profundamente todo lo contrario. Abascal y Otegui comparten nacionalidad española, en contra de su voluntad, claro está. Sánchez y Feijóo son igual de españoles, nos guste o no. Todos formamos parte de una nación que, como es evidente, resulta extraordinariamente diversa si la contemplamos de extremo a extremo.

El más famoso divulgador científico, Carl Sagan, conocido a través de su serie documental Cosmos, mantenía que debemos aprender a valorar el significado del ser humano debido a que “cada uno de nosotros es una preciosidad, desde una perspectiva cósmica”. Daba un interesante consejo en consecuencia: “Si alguien discrepa de tus opiniones, déjalo vivir, porque en un trillón de galaxias, no hallarías otro igual”.

La España folclórica

El facherío español forma parte intrínseca de nuestro folclore tradicional, de la misma forma que el independentismo secesionista. Ambos tienen como uno de sus principales intereses vitales nuestra nación común, España. El independentista no quiere formar parte de esta tribu y sueña con que se rompa y se disperse. El facha quiere acabar con la España en la que vivimos y aspira a que la nación se convierta en una extensión unificada de su secta. 

Ambos quieren la destrucción de nuestra nación. Sin embargo, ambos, al hacerlo, la fortalecen porque consolidan la diversidad y con su discurso y su comportamiento contribuyen a enriquecer la variedad de nuestro conglomerado nacional. No hay nada menos unificador que la permanente tabarra de la derecha española respecto a que la gente de izquierda quiere destruir España. Llevan más de 30 años con el mismo tostón. Alguien debería hacerles ver que así no se ganan amigos.

Disfrute o tragedia

Tan español es el que besa la bandera como el que la quema. Uno quiere reivindicar públicamente su incapacidad manifiesta para unificar un país fragmentado en millones de identidades individuales. El otro practica un falso exorcismo tan convencional como irrelevante. Ambos se revuelven ante la representación del otro y con ello, en realidad, consolidan su nexo de unión inseparable de coexistencia. Sin la existencia del otro su propia identidad carecería de sentido.

La cuestión que debemos resolver presenta, en realidad, una fácil disyuntiva. Necesitamos, en primer lugar, asumir la realidad de quiénes somos como tribu en el mundo actual. La amplia diversidad que componemos puede ser a partir de aquí un disfrute o una tragedia. Es optativo. Se trata de elegir, sencillamente, si queremos intentar vivir felices o amargados. Dentro de nuestra nación existen tantas Españas que resulta imposible no asentarse en una en la que encontrar confort. Es nuestra identidad y nuestra fortaleza como país. Ya lo dice textualmente nuestro más extendido himno nacional: “Es imposible que pueda haber dos y todo el mundo sabe que es verdad” ¡Que Viva España!

Superada la investidura fallida, la última esperanza de la derecha política, económica y mediática es que una situación de bloqueo lleve a una repetición electoral que les posibilite una segunda oportunidad de alcanzar lo que acariciaron con la punta de los dedos. Al final, les faltaron cuatro escaños para hacerse con el poder. Para que haya repetición electoral, tienen que concentrar todas sus fuerzas en las próximas semanas en impedir el complicado acuerdo entre PSOE+Sumar y el independentismo catalán.

Necesitan enardecer y enfurecer a la ciudadanía para intentar crear tal clamor popular que haga imposible seguir adelante. La izquierda tiene que avanzar con firmeza e impedir a toda costa caer en lo que va a ser un ejercicio de constante provocación. No hay espacio para el error de seguir el juego a una derecha desesperada a las puertas de quedarse otros cuatro años en la oposición. Nos esperan días de ruido insoportable, agitación social y confrontación política. Nos adentramos en zona de turbulencias ¡Abróchense los cinturones!

Nos esperan unas semanas de extraordinaria tensión política que, como consecuencia, tendrán un evidente riesgo de convertirse en un incómodo período de incertidumbre social. Al tratarse de un fenómeno provocado y no natural, tenemos poca capacidad de prevención. Quienes van a promover un estallido de la confrontación política lo van a hacer sí o sí. Los que deseamos y aconsejamos eludir este tipo de situaciones tenemos poco margen de actuación.

Quizá, el mejor remedio para intentar sobrevivir a lo que se nos viene encima es tratar de que nos afecte lo menos posible. Para ello, debemos estar preparados para la ola de sobreactuación que vamos a vivir e intentar que, conociendo su artificiosidad, no le demos mayor importancia. Presionarán al rey para que no encargue la investidura a Pedro Sánchez; alentarán la división y el enfrentamiento entre quienes deben llegar a un acuerdo; radicalizarán toda su artillería mediática; agitarán la calle; forzarán sus terminales judiciales; elevarán el griterío; recurrirán al insulto, al agravio y, como ya hemos visto, a la amenaza.

Estamos en el arranque de la decimoquinta legislatura desde la reinstauración de la democracia en 1977. No cabe duda de que es y va a seguir siendo una de las más intensas que hemos conocido. La derecha española daba por segura una victoria electoral que no se produjo el 23J. La suma de la alianza entre PP y Vox no sirvió para alcanzar el gobierno, tal y como se ha visto reflejado en la fallida moción de investidura de Feijóo.

Lo que parece evidente es que la decepción sufrida en la derecha ha derivado en una manifiesta voluntad de dificultar como sea la configuración de un gobierno encabezado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, sustentado en las fuerzas de izquierda y los partidos nacionalistas e independentistas gallegos, catalanes y vascos. PP y Vox han centrado toda su acción política en estos últimos años precisamente en promover y explotar un sentimiento nacionalista españolista frente los nacionalismos periféricos. Su minoría parlamentaria implica como consecuencia el fortalecimiento de una mayoría compuesta por sus némesis más directas.

La derecha en torno al PP ha salido satisfecha del reconocimiento de Feijóo como su temporal líder indiscutible. Al parecer, hasta ahora no lo era. El fracaso de su investidura ha servido para aflorar públicamente su propuesta ideológica. Ha triunfado una manifiesta deriva hacia la radicalidad, en la línea de lo que tanto gusta a la derecha en Madrid. Su discurso ha opacado a Vox, que en esta investidura decidió quedarse en un segundo plano, convencido de que Feijóo no tenía posibilidad alguna de ganar. ¿Alguien cree que Vox hubiera entregado sus votos al PP si hubiera vislumbrado la más mínima posibilidad de que Feijóo ganara la investidura?

Con seguridad, no lo habría hecho. No ha cedido nada gratis en ningún ayuntamiento, ni en ninguna autonomía en la que su papel fuera relevante para consolidar una mayoría. Feijóo ha vivido un espejismo en la constructiva y amable posición de la ultraderecha respecto a su investidura. El problema para el PP, a partir de hoy, es que Vox va a reaccionar y le va a plantear un pulso directo en el territorio más extremo. Y ahí, la ultraderecha es difícil de desbancar.

El líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, lanzaba el viernes pasado desde la tribuna del Congreso de los Diputados una sorprendente advertencia. Se refería a las consecuencias que pueden derivarse del intento de acordar, por mayoría democrática en el propio parlamento, una amnistía que pueda facilitar el cierre de la crisis política y social derivada de la actuaciones unilaterales e ilegales promovidas por el independentismo catalán en estos últimos diez años.

La inmediata consecuencia de ese acuerdo sería la configuración de un gobierno de izquierdas apoyado parlamentariamente por los partidos nacionalistas catalanes, vascos y gallegos. Abascal amenazó con la reacción que puede promoverse: “¡Luego, no vengan con lloriqueos!”, terminó por espetar. Tómese esta columna como un primer puchero anticipado.

El PP conoce mejor que nadie la enfermedad que padece. Su radical enfrentamiento con las fuerzas nacionalistas va en contra de su tradición pactista y generosa con partidos como CiU y PNV a los que Aznar entregó todo lo que le pidieron a cambio de su apoyo para formar gobierno en 1996. Sin embargo, el auge de Vox como reacción a la crisis provocada por el procés en Cataluña llevó a los populares con Rajoy, Casado, Ayuso, Moreno Bonilla, etc. a radicalizar su posición para evitar que la ultraderecha les comiera terreno.

Siempre quedará en el aire la respuesta a qué hubiera ocurrido si el PP hubiera decidido confrontar con la ultraderecha desde el primer momento evitando contribuir a una creciente ola de radicalismo que, a estas alturas, ha tenido como consecuencia su derrota en las urnas frente a una mayoría que reúne a la izquierda con los partidos nacionalistas de Cataluña y Euskadi.

El discurso de la derecha se fundamenta en esta etapa en defender la idea de que es inadmisible que partidos independentistas radicales impongan al PSOE el rumbo que debe seguir. Consideran que no es legítimo que partidos minoritarios marquen el destino de nuestro país. El gran problema del PP es no reconocer que, seguramente, la crisis de nuestro modelo democrático no depende de ese factor. Ese condicionante existe desde hace décadas en España, como bien saben González, Aznar, Zapatero y Rajoy.

La novedad de nuestro modelo político es que nunca había existido en la derecha española una dependencia tan grande del Partido Popular respecto a la minoría de ultraderecha que le ha obligado a radicalizar su posicionamiento político. Esto es indiscutible. Y el resultado electoral de esa estrategia también. Quizá, deberían recapacitar de cara al futuro. Lo bueno es que tienen cuatro años en la oposición para darle vueltas al asunto.

Las elecciones del 23 de julio mostraron un resultado mucho más claro de lo que parece si escuchamos a Feijóo interpretar lo que ocurrió. El mapa electoral salido de las urnas muestra dos bloques a derecha (PP+Vox) y a izquierda (PSOE+Sumar) que alcanzan un práctico empate en torno a los 11 millones de votos, con una ligera ventaja del PP sobre el PSOE (8,1M vs 7,8M). Vox y Sumar, en realidad, se compensan porque ambas formaciones cuentan con 3 millones de votantes.

El fiel de la balanza lo va a inclinar, una vez más en nuestro país, esa Tercera España que conforman los partidos nacionalistas e independentistas de Euskadi y Cataluña (PNV, Bildu, ERC y Junts)*. Suman 1,5 millones de votos. Desnivelan nítidamente la igualdad existente entre los bloques de derecha e izquierda a nivel nacional. En esta ocasión, la diferencia radica en que es necesario el apoyo de los cuatro partidos para conformar una mayoría.

Feijóo ha podido constatar estas semanas que no tiene posibilidad de apoyarse en esta Tercera España. Mientras el PP vaya con Vox como compañero de viaje, ningún partido nacionalista aceptará estar en la foto de un abrazo final de acuerdo con ellos, tal y como lo ha expresado con claridad, por ejemplo, el PNV. El discurso encendido de PP y Vox en estos últimos años en contra de una visión plural y abierta del Estado español les ha provocado dos factores antagónicos que no hay manera de compatibilizar.

Parece evidente que el discurso españolista y reaccionario de la derecha contra cualquier identidad nacionalista le ha dado buenos resultados en importantes comunidades, desde el punto de vista cuantitativo, como Madrid y Andalucía. En Madrid, la derecha obtiene el 54% de los votos. En Andalucía el 52%. El problema surge en los territorios con los que ha buscado el antagonismo para crecer en el resto de España. En Euskadi, el bloque PP+Vox no llega al 15% de los votos. En Cataluña, apenas alcanza el 20%. De tanto golpear un muro, se les ha acabado por caer encima y sepultarles.

Esta semana, el Parlamento empieza a debatir si el candidato Alberto Núñez Feijóo tiene o no respaldo suficiente para ser democráticamente elegido presidente del Gobierno. A priori, según lo manifestado por los diferentes partidos representados en la cámara baja, no lo va a conseguir a no ser que haya al menos cuatro diputados de izquierdas o independentistas que decidan apoyarle, en contra de la posición marcada por sus propias formaciones.

Feijóo mantiene que ha ganado las elecciones igual que hicieron Aznar y Rajoy. ¿Por qué Aznar y Rajoy gobernaron y él no va a poder? Feijóo afirma que ha ganado las elecciones y que legítimamente le corresponde gobernar. ¿Por qué necesita entonces a diputados del PSOE que le voten y traicionen a su partido y a sus votantes?

Nos espera una semana en la que todo lo que propone el candidato a ser presidente del Gobierno es ruido y traición. Ruido sobre los posibles pactos que se puedan alcanzar una vez que fracase su investidura. Lo mismo de siempre: ¡España se rompe! ¡Sánchez, mentiroso! ¡Independentistas a prisión! La novedad es la elevación de la rutinaria hipérbole característica de la derecha política y mediática a costa de que el Congreso de los Diputados pudiera llegar a aprobar por mayoría parlamentaria una ley de amnistía que pusiera fin a los litigios judiciales abiertos como consecuencia del procés.

La otra base del discurso de Feijóo para defender su investidura es la de animar a que cuatro diputados traicionen a sus partidos y a sus votantes para hacerle a él presidente. No cabría mayor ignominia y vergüenza que Feijóo llegara a gobernar gracias a haber sobornado a cuatro funcionarios públicos. Queda por ver el nivel de decencia de nuestros representantes políticos en el Parlamento. El nivel de indecencia de quienes alientan el transfuguismo ya está definido pase lo que pase esta semana.

*Sólo quedaría por considerar los votos a los pequeños partidos que únicamente obtienen un diputado. Para facilitar el análisis podemos considerar que los más de 150.000 votos que recibe el BNG se compensan con los 160.000 que suman UPN y CC y no alteran la composición final del mapa.

Seguramente, el ejemplo de disociación entre lo virtual y lo real más importante que conocemos en nuestro país, desde la reinstauración de la democracia, es que llevamos cuarenta años comprobando que la izquierda no termina de romper España por mucho que la derecha avise de su inminente disolución. Hay quienes pensamos que esa amenaza no existe, ni ha existido nunca. Pero podemos estar equivocados y que la explicación sea otra. Podría ser que la izquierda lleve cuarenta años queriendo romper España y, por incompetencia, no lo haya conseguido. Ni González, ni Zapatero, ni Sánchez.

Si esta teoría es cierta, la derecha puede estar absolutamente relajada. No es creíble que Pedro Sánchez consiga en los próximos dos meses acabar con la unidad nacional si no ha sido capaz de hacerlo en más de cinco años, pese a su firme voluntad de destruirla. Antes fracasaron estrepitosamente, visto lo visto, Zapatero y González. Si fuera dirigente del PP o Vox, no tendría la más mínima inquietud.

La noche del 23-J, en el balcón de la calle Génova de Madrid, pudo apreciarse una curiosa disonancia cognitiva. El líder popular, Núñez Feijóo, se dirigió a los presentes con un discurso en el que declaraba su satisfacción por la victoria electoral alcanzada. Mientras, su rostro y el de los que le acompañaban en la tribuna mostraban un evidente duelo, al ser conscientes de que no tenían una mayoría suficiente que les permitiera gobernar. Vestidos de blanco victorioso y con un negro gesto de derrota en sus caras. Excepto Ayuso, que fue de rojo vibrante y no perdió la sonrisa… pero esa es otra historia.

Estamos a una semana de que Feijóo acuda a la sesión de investidura que con tanto empeño y poca prisa ha buscado llegar. Hasta ahora, el fenómeno de la disonancia entre su victoria electoral (encabezar la lista más votada) y su fracaso electoral (no tener mayoría suficiente para formar gobierno) ha sobrevivido en dos mundos paralelos que los populares nunca han querido confrontar.

La semana que viene, las dos percepciones se cruzarán y entonces una de ellas impondrá su cruda realidad. Se demostrará que Feijóo no habrá ganado finalmente las elecciones el 23J, por mucho que se nieguen a aceptarlo. Por apenas cuatro diputados, perdieron la posibilidad de gobernar, que es el objetivo que se dirime en unas elecciones. El tiempo aclarará si la decisión de Feijóo de empeñarse en ir a una investidura fracasada le ha servido de algo.

A priori, da la sensación de que la única utilidad que ha tenido este período ha sido la de poder confirmar, de forma evidente, que al PP su convivencia con Vox le impide poder pactar con otros grupos parlamentarios. Además, estas extrañas semanas de paréntesis han servido para que todos seamos conscientes de que el auténtico interés habita en otro territorio, el que ocupa Pedro Sánchez en una complicada búsqueda de apoyos para intentar la reedición de su Gobierno de coalición progresista.

El fenómeno de la disonancia cognitiva une a Feijóo con Puigdemont. Vistas las posiciones públicas del expresident y sus más fieles seguidores, podríamos llegar a la conclusión de que la posibilidad de formar gobierno parece demasiado lejana. Plantean posiciones maximalistas, presentadas siempre como irrenunciables. Al igual que Feijóo con su supuesta victoria electoral, Puigdemont sigue manteniendo que su actuación durante el procés fue ejemplar y merecedora del reconocimiento en Cataluña, en España, en el mundo y más allá.

A estas alturas, sigue contando a quien le escucha la historia de un héroe de la libertad enfrentado a un estado dictatorial con el que luchó cara a cara y ante el que, lejos de salir derrotado, salió triunfante, aunque lo hiciera escondido en el maletero del coche de un amigo. La realidad es que vive en Waterloo, fugado de la justicia española, a la espera de que Bruselas le levante la inmunidad y acabe en prisión, condenado por unos tribunales que también castigarán a los cientos de funcionarios que decidieron saltarse la ley sin darse cuenta de que solo caminaban hacia el precipicio.

Es absolutamente ilusoria y casi infantil la narrativa de Puigdemont respecto a que Pedro Sánchez es únicamente el que necesita algo y él quien se lo puede conceder. Sin duda, el bloque progresista en España depende de él para formar o no gobierno. Por otra parte, del acuerdo depende el destino vital de centenares de condenados por los delitos cometidos, encabezados por el propio Puigdemont. Y, sobre todo, depende la posibilidad de avanzar en la historia de Cataluña y su evolución inserta en un Estado español plural y diverso.

De forma evidentemente intencionada, Pedro Sánchez y su entorno han preferido hasta el momento mantenerse en silencio. Explican que, hasta ahora, Núñez Feijóo ha impuesto la toma en consideración de su investidura y, por tanto, obligatoriamente hay que dejarle todo el protagonismo hasta la semana que viene. El calendario es, en la actualidad, el camino que condiciona la evolución de lo que sucede.

Inmediatamente después del previsible salto de Feijóo a una piscina sin agua, el tiempo seguirá marcando la agenda. El rey tendrá que encargar a Sánchez su investidura a partir del día 29, viernes, pero es que ese fin de semana es el aniversario del referéndum del 1-O, que este año va a conocer una jornada de especial tensión en Cataluña. Los independentistas saldrán a las tribunas a intentar resurgir de sus cenizas. De nuevo, la presión popular sobre los líderes nacionalistas les puede llevar a subir unos grados más la temperatura ambiente, por si no estuviera ya suficientemente elevada.

Toda acción tiene siempre en política un efecto reacción. PP y Vox van a utilizar lógicamente este nuevo arrebato independentista en su provecho en toda España, incluida Cataluña. Es sin duda su mejor arma y la van a usar con profusión. La siguiente parada de este viaje se encuentra en su territorio. El 12-O viene a continuación y la celebración del día de la Hispanidad va a ser el altavoz ideal para propagar hasta el delirio su discurso de unidad nacional amenazada por la rendición ante los separatistas. Otra disonancia más entre lo hiperbólico virtual y la tangible realidad.

El problema de este extendido juego entre lo virtual y lo real, que suele darse en la vida política, surge cuando el ciudadano puede visualizar el engaño. Se podrá vivir de nuevo la semana que viene cuando Feijóo certifique ante todo el país que su victoria electoral pasa de carroza a calabaza, cuando democráticamente fracase su investidura. En Cataluña, ya conocieron el fenómeno en 2017 unos segundos después de la efímera declaración unilateral de independencia. En unas semanas, veremos en qué se quedan las exigencias innegociables de Puigdemont.

El actual momento político tiene que hacer frente a una extraordinaria dificultad. Se llama ruido. El resultado es que no nos enteramos de nada. Todo va mezclado: la investidura, la amnistía, la independencia, la ultraderecha, la transición, el progreso, el bloqueo, la democracia, el chantaje, el diálogo, etc. Este gran puzle es irresoluble porque las piezas pertenecen a diferentes tableros. No cuadran. La solución, como casi siempre, está en la serenidad y el sentido común. Para salir del laberinto tenemos que ir resolviendo cada una de las encrucijadas correctamente, de una en una, en el orden correcto.

Cada portavoz que estos días toma la palabra suele hablar de un asunto diferente que casi siempre termina por añadir un problema más que sumar a los ya existentes. Una pena que con lo buenos que somos buscando problemas, no seamos tan brillantes proponiendo soluciones. La única alternativa de salida es ir paso a paso intentando no mezclar unos temas con otros. Si queremos empezar por el principio para deshacer el actual embrollo, vale la pena fijar las preguntas que debemos resolver, antes de nada: ¿Queremos dar un final justo y sensato a la demencia que supuso el procés? ¿Queremos terminar de completar el apaciguamiento del clima de convivencia en Cataluña? ¿Queremos integrar la realidad catalana en la España actual?

Junts, ERC y 164 más

Nos rodea la polarización, la confrontación, las mentiras y el odio. Es difícil saber qué pensamos cuando el ruido condiciona que podamos entendernos unos y otros. El ruido distorsiona la comunicación. Lleva a la confusión, a la irritación y al aislamiento. El ruido no es sólo el volumen elevado. Ruido es la desinformación, los discursos pasionales y los intereses partidistas. Vivimos en España un tiempo que necesita serenidad, diálogo y acuerdo, en mitad de un ruido ensordecedor que impide escucharnos.

El ruido que rodea la decisión de Junts y de ERC de apoyar o no a Pedro Sánchez hace que perdamos la perspectiva real de lo que sucede. Decir que el futuro de España está en manos de Puigdemont tiene más de falacia que de verdad. Es indiscutible que los catorce votos de los partidos independentistas catalanes son imprescindibles para conseguir la mayoría parlamentaria. Pero son exactamente igual de necesarios que los de PNV, Bildu, BNG, Sumar y el propio PSOE.

Puigdemont no va a decidir por sí sólo lo que va a suceder en nuestro país en estos próximos cuatro años. Su partido aportaría siete votos a un bloque de 172 escaños. Los independentistas catalanes consiguieron en las últimas elecciones un 3,5% de votos. Cataluña tiene 48 diputados en el Congreso. De ellos, sólo 14 representan al independentismo catalán. Los partidos como PSC y Sumar con los Comuns cuentan con 26. El independentismo es hoy manifiestamente minoritario incluso dentro del bloque que defiende en Cataluña un modelo que reconozca la identidad catalana y pueda entender una España plurinacional y diversa. La inmensa mayoría de las leyes que debe aprobar ese posible gobierno serán aplicables a toda España, Cataluña incluida: economía, empleo, pensiones, derechos, digitalización, educación o sanidad.

Una inesperada oportunidad

Una de las críticas más extendidas que se escuchan estos días, respecto a la posibilidad de llevar adelante una amnistía en torno al procés, es la de que nunca se haría si el bloque progresista tuviera una mayoría parlamentaria suficiente sin necesidad de contar con los votos de los 14 parlamentarios independentistas catalanes. No sabemos con certeza si esto es cierto o no. Además, a estas alturas carece de toda importancia. La realidad es la que es y, por tanto, debemos afrontarla tal como es y no como podría haber sido.

Junts y ERC tienen la evidente disyuntiva, exactamente igual que el resto de partidos del bloque de apoyo a Pedro Sánchez, de hacer viable un gobierno progresista o de repetir unas elecciones que podrían, evidentemente, dar un cambio de dirección que propicie un gobierno mayoritario de PP y Vox. No debemos caer en la trampa. No se decide si manda o no Puigdemont y los independentistas en España, sino si apoyan un gobierno de progreso o uno que desande el camino recorrido estos últimos años. El eje político que ha salido de las elecciones divide España entre los que defienden un modelo retrógrado y uniforme del país y los que apuestan por una visión plurinacional y diversa de nuestra convivencia.

Cerrar el conflicto

La negociación con el independentismo catalán hay dos maneras de afrontarla. Por un lado, tal y como está haciendo la derecha política y mediática, podemos considerar que estamos ante un chantaje inaceptable que debería rechazarse de plano y, de paso, casualmente, facilitar a PP y Vox alcanzar la mayoría parlamentaria que no lograron en las pasadas elecciones. La otra alternativa es la de afrontar esta compleja coyuntura política como una inesperada oportunidad de intentar terminar de resolver el conflicto abierto en Cataluña desde hace una década.

Los partidos del bloque progresista necesitan los votos de Junts y de ERC para poder alcanzar la mayoría parlamentaria. Pero también los partidos independentistas y sus líderes necesitan resolver buena parte de los problemas que les ha acarreado la desdichada historia de un procés que difícilmente pudieron gestionar peor. Los dos bandos tienen algo que dar y algo que obtener. Es la mejor manera de iniciar una negociación si se quiere que acabe con un acuerdo.

La opinión más certera

Algunas voces le exigen a Pedro Sánchez que haga aquello que dijo que iba a hacer tiempo atrás. El recurso a la hemeroteca tiene en el caso del líder socialista un especial peso en sus críticos más habituales. Se le mide con un rasero especialmente alto que, en ningún caso, se aplica a otros líderes de opinión. Se le pretende obligar a que diga y haga exactamente lo mismo que planteó dos, cinco o diez años atrás. En realidad, no hay nada más incoherente y torpe en un dirigente político, empresarial o social que no adaptarse a las realidades de cada momento.

Vivimos en un mundo en permanente cambio que afecta a nuestras familias, a nuestro trabajo, a nuestro planeta. Permanentemente, todos adaptamos nuestras decisiones a las exigencias que nos marca la vida y consideramos un mérito evidente acertar en ese proceso. Sin embargo, esa opción no vale para Pedro Sánchez. En el momento actual, hay quien plantea que debe decir y hacer lo mismo respecto a Cataluña que en 2017, en 2019 o en 2021.

La Cataluña de hoy, por suerte, no tiene nada que ver con la de 2014, cuando se votó la consulta impulsada por Artur Mas; ni con la de 2017, cuando el Parlament declaró unilateralmente la independencia; ni la de 2019, cuando fueron condenados a prisión los principales impulsores del procés; ni con la de 2021, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez indultó a los encarcelados. Parece sensato pensar que hoy, en 2023, deberíamos tomar decisiones basadas en la realidad actual en busca de la mejor salida para resolver los problemas de Cataluña y del resto de España.

Con la reaparición pública de Puigdemont, empezamos a conocer de primera mano sus exigencias iniciales para dar su apoyo a un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Cabe suponer que se trata de posiciones públicas que buscan arrancar la negociación desde más allá de las máximas aspiraciones posibles. El interrogante estará en saber, posteriormente, hasta dónde estarán dispuestos a rebajar sus pretensiones antes de forzar una repetición electoral, una cita con las urnas en la que tendrían poco que avanzar, según muestran las encuestas.

Al PSOE y a Sumar les espera una auténtica DANA política entre la campaña destructiva, especulativa e imaginaria de la derecha y las proclamaciones grandilocuentes de los independentistas pretendiendo colocar entre la espada y la pared a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz. Sin embargo, la realidad es que existirá, igual que ha sucedido ahora, una negociación subterránea, dura y enrevesada de la que difícilmente conoceremos los detalles previos a llegar al desenlace. Hasta ese momento, el mejor consejo para sobrevivir al temporal es el de sacar el paraguas y protegerse de todas las falsedades e invenciones que van a promover aquellos que buscan hacer crecer la tensión social y extender el miedo de los españoles ante unas supuestas desgracias que, como siempre, no van a llegar.

Lo que nos jugamos

Estamos más que acostumbrados a vivir inmersos en convulsiones que se suceden sin pausa. En muchos casos, se trata de encendidas polémicas donde la confrontación es la base dominante. Luego, la mayor parte de las veces, aquello en lo que parecía que nos jugábamos la vida desaparece de un día a otro del foco mediático y todos nos olvidamos del asunto. Sin embargo, esta vez sí que parece que hablamos de temas trascendentes. Toca determinar si tenemos cuatro años más de gobierno progresista o si repetimos las elecciones. 

La formación del nuevo gobierno, como todos sabemos de sobra, va a necesitar un especial esfuerzo de negociación que presenta significativos escollos. A favor, contamos con la voluntad manifestada en las urnas de que existe una significativa mayoría social que, pese a que Feijóo no termine de asumirlo, no desea que este país pase a ser administrado por una derecha condenada por la influencia de una ultraderecha que aspira a tener el máximo protagonismo posible en el presente y futuro de España. 

En contra, hay que contar con la dificultad que supone engarzar los diferentes intereses de partidos que deben decidir si desean imponer sus objetivos particulares o si están dispuestos a colaborar en una estrategia común. O el bloqueo o una alternativa centrada en políticas de progreso y en la defensa de un modelo de convivencia para toda España basado en la diversidad, la pluralidad y la apertura de miras. Simultáneamente, el otro gran problema va a ser la intensa actividad destructiva que la derecha y su ejército mediático van a desencadenar para destruir cualquier intento de acuerdo por este camino.

Para los ciudadanos, lo peor que van a tener estas semanas es lo difícil que va a resultar conocer la verdad de lo que está ocurriendo. El ruido va a ser ensordecedor. Cada día, nos van a anunciar el cataclismo al que se supone que se ve abocada España. No se va a encontrar límite para los calificativos hiperbólicos. En realidad, será más de lo mismo que llevamos escuchando desde hace casi cuarenta años cada vez que ha existido un gobierno socialista que busca un acuerdo con los partidos nacionalistas.

Es sorprendente la hipocresía manifiesta que exhibe sin pudor la derecha en nuestro país a la hora de valorar los acuerdos de los partidos minoritarios cuando apoyan al PP o al PSOE. Si el apoyo es al PP, nos inundan con discursos de estabilidad y de responsabilidad política, da igual que venga de Vox, del PNV o de los nacionalistas catalanes. Si el acuerdo es del PSOE, bien sea con partidos a su izquierda o con otras formaciones periféricas, el discurso dominante nos habla de chantajes, genuflexión y cesiones que, supuestamente, siempre acaban con la anunciada destrucción de España.

Puede entenderse que, por puro desconocimiento, haya jóvenes a los que les preocupe la posibilidad de que España se rompa, pero no resulta lógico que alguien con más camino a las espaldas pueda creerlo sinceramente. Llevamos desde 1989 escuchando siempre la misma amenaza de la derecha, la de que es inminente la voluntad de los socialistas de deshacer nuestro país. Nunca ha ocurrido, evidentemente. Nunca jamás un gobierno de izquierdas ha dado paso alguno que modifique nuestro modelo territorial. Jamás se ha producido, porque jamás ha estado en juego. Y ahora tampoco.

Hay que ser manifiestamente malintencionado para acusar al PSOE de estar dispuesto a romper España. Y hay que ser obstinadamente inocente para creerlo. Sobre todo, porque hay una razón de peso indiscutible, que debería cortar por completo cualquier discusión. El PSOE no está dispuesto a dejar de defender la unidad de España por dos motivos. Uno, porque ni sus dirigentes, ni sus militantes, ni sus votantes lo desean. Y, en segundo lugar, porque si todos ellos quisieran hacerlo no podrían llevarlo a cabo. La Constitución española acoraza la unidad territorial de nuestro país. Únicamente, si un día el PSOE y el PP deciden conjuntamente disolver España podría empezar a hablarse del asunto. Y esto no lo vamos a ver.

La experiencia vivida a la hora de hablar de negociaciones de ambos partidos con los grupos nacionalistas presenta un balance claro. El Partido Popular ha hecho históricamente más cesiones a los partidos con los que ha necesitado pactar que el PSOE. Es una lástima que no se conozca públicamente lo que la actual dirección de los populares está llegando a plantear al PNV y a Junts para recabar su apoyo. Su problema, en la actual coyuntura, no es su rechazo a ceder en una negociación. Su dificultad insalvable es la alianza inquebrantable con una ultraderecha que, sin rubor alguno, defiende la eliminación del actual modelo autonómico mientras cogobierna con el PP en cinco comunidades. Ningún partido nacionalista querrá, de ninguna manera, formar parte de esa familia.

P.D. Mientras tanto, Núñez Feijóo mantiene su gira de manifestaciones públicas explicando a los ciudadanos el intrincado fenómeno de ocultismo político que implica que, pese a haber ganado abrumadoramente las elecciones, no se convierta en presidente de forma automática. Habrá que ver cómo la presidenta del Congreso le da la noticia de que ha perdido su ansiada investidura, cuando toque votarla a finales de mes.