Hasta hace pocos días, el PP daba la sensación de ir como pollo sin cabeza en su tarea de oposición. Por utilizar la coloquial expresión, embestía contra todos los trapos que se le iban poniendo delante, sin tomar prácticamente en ningún momento la iniciativa ni molestarse en intentar encontrar un hilo conductor o un factor común (fuera de un inane antisanchismo). Estaba, por así decirlo, a verlas venir. El resultado era la profunda sensación de desorden que transmitía a la ciudadanía, amén de la de impotencia para marcar la agenda política. Tan era así, que, en concreto, a las acusaciones de corrupción que constantemente le planteaban al Gobierno, este se limitaba a responder, sobrado, descalificándolas por inconsistentes y echando mano de una panoplia de categorías en la mente de todos (bulos, fake news, pseudomedios, máquina del fango, fachosfera...). Bien podría afirmarse que dicha estrategia parecía regida por el viejo principio evangélico según el cual el que no está conmigo está contra mí. Con una formulación sin duda algo pretenciosa, a semejante planteamiento se le podría calificar como polarización epistemológica, en la que, a la vista de la pertinaz insistencia en la misma, el Gobierno parecía sentirse muy cómodo.

Pero hete aquí que en estos días la situación ha dado un vuelco espectacular. Las impactantes revelaciones del pasado 12 de junio acerca de las coordinadas andanzas de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo, además de hacer saltar por los aires el discurso oficialista (ahora resulta que el grueso de lo que se venía denunciando era verdad), sirvieron a los dirigentes populares para proclamar a voz en grito la pertinencia de su consigna “mafia o democracia”. Tenían motivos para la celebración: de pronto, la credibilidad había cambiado de bando. Pues bien, precisamente por ello, resulta sorprendente la forma en la que, en el momento en que estallaron unos escándalos que apuntan a irreversibles y que parecen destinados a copar por completo la conversación política durante bastante tiempo, sectores de la izquierda plantearon la respuesta a las críticas de la derecha, a saber, aceptando la existencia de la corrupción, pero en unos términos casi metafísicos, como si fuera un ente dotado de vida propia.

No es esta, desde luego, una respuesta aceptable porque la corrupción no es algo parecido a un virus que se introduzca desde fuera en el cerebro de los individuos, llevándoles a tener comportamientos corruptos, sino que es el término que utilizamos para designar el denominador común que poseen toda una serie de comportamientos reprobables. Por eso, tratar a quienes han incurrido en ellos como si se tratara de apestados (o manzanas podridas, o cualquier otra metáfora que destaque la perversa condición excepcional de tales personas, por no decir su rareza), deja sin pensar lo más importante, a saber, cómo ha podido suceder que se haya incumplido de manera tan flagrante lo que era algo así como el propósito fundacional de la nueva etapa política, tras la aparatosa pérdida del poder por parte de Mariano Rajoy, precisamente por su conexión con la corrupción.

Decimos “de manera tan flagrante” por la doble razón de que las conductas presuntamente delictivas de las que hemos tenido noticia en los últimos días no solo fueron protagonizadas precisamente por quienes impulsaban, desde la misma sala de máquinas de la organización, un proyecto de regeneración moral de la vida pública que tenía como objetivo primordial limpiarla del menor rastro de corrupción, sino que se produjeron como aquel que dice desde el minuto uno. A la vista de lo que ha terminado saliendo a la luz parece evidente que, mientras que los mecanismos de control que estaban recibiendo más críticas (UCO, guardia civil, policía nacional, poder judicial…) han funcionado en términos generales de forma profesional, destapando los comportamientos presuntamente delictivos, los mecanismos internos del partido han fallado de manera ciertamente estrepitosa.

Pero no deberíamos quedarnos en la mera constatación. Se impone ir más allá y preguntarnos por la razón por la que dichos mecanismos internos no funcionaron. Habría que plantearse seriamente la posibilidad de que, entretenidos como andábamos todos en debatir acerca del reproche, lanzado como arma arrojadiza contra el adversario desde las dos orillas, de estar ocupando en provecho propio las diversas instituciones del Estado, hubiéramos incurrido en un grave olvido. De lo que nos habríamos olvidado habría sido de pensar acerca de los nefastos efectos que puede tener ocupar, también en exclusivo provecho propio, un ámbito tan trascendental para el buen funcionamiento de la democracia como es el de las formaciones políticas, secando por completo la savia crítica que debería recorrerlas, y relegándolas a la condición subalterna de meras herramientas al servicio de quien en cada momento ostente el poder supremo de las mismas. Quedan condenadas de esta manera a incumplir la función para la que fueron diseñadas, esto es, la de recoger y dar forma a las inquietudes y reclamaciones de la ciudadanía.

Por lo pronto, en vez de emprender esta ineludible reflexión, lo que parece estar dándose en mayor medida en el espacio progresista es una mera preocupación táctica por el margen de maniobra del que dispone la oposición en su pretensión de desalojar del poder al actual gobierno. Pero aceptar esto como cancha de debate implica en cierto modo emprender una huida hacia adelante. Si de verdad no habrá elecciones hasta 2027, lo que ahora toca hacer en la izquierda no es entretenerse en dirimir las hipotéticas alianzas que puede intentar la derecha para asaltar el poder central, sino analizar cómo ha podido ser que hayamos llegado a una situación en la que el final abrupto de la legislatura ha entrado en la agenda política. Ya habrá tiempo de movilizar a los propios, alertándoles de los peligros que supondría una victoria de la derecha, especialmente porque se produciría yendo de la mano con Vox. Tampoco es momento de entretenerse recordando la absoluta falta de autoridad que tiene el PP para presentarse como el garante de la regeneración moral de la vida pública. Porque entretenerse con ello no deja de ser una variante del “y tú más” que, en el fondo, cumple la nefasta función de intentar rebajar la importancia de los propios pecados (es como si alguien quisiera sacudirse toda responsabilidad a base de decir: lo que he hecho está mal, pero es un juego de niños comparado con lo que ha hecho este otro).

Si algo resulta urgente es, valga la aparente paradoja, pararse a pensar en las causas profundas que han llevado a esta situación, sin miedo a reconocer que tal vez en algunas ocasiones lo que pudieron señalar los adversarios –por más que lo hicieran, obviamente, en su propio beneficio– estaba cargado de razón. O, a la inversa, que el desdén sistemático hacia las críticas es pan para hoy y hambre para mañana, en la medida en que lo que en el fondo se está desdeñando es la posibilidad misma de corregir un error. Si la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero, como dejara escrito Juan de Mairena, por el mismo argumento un error es un error, dígalo la oposición o su porquero.

No hay que tener miedo a pensar. No es el momento de prietas las filas o de el que se mueve no sale en la foto, como tampoco lo es de medidas puramente cosméticas para mantener la cohesión de los incondicionales y así salvar el expediente hasta nuevo aviso (y hasta nuevo abuso). Es el momento de adoptar iniciativas realmente eficaces que sirvan para evitar que estas deplorables situaciones se puedan volver a repetir. Si "radical" es ir a la raíz, con más razón habría que serlo en esta ocasión y, además de las medidas anunciadas, actuar asimismo contra quienes en un determinado sentido están en la raíz de las situaciones que se supone que todos criticamos. Me refiero a las empresas que corrompen, en relación con las cuales a menudo el ciudadano tiene la sensación de que siempre son las mismas y de que su comportamiento no tiene consecuencias nunca. Tal vez otro gallo nos cantara si dichas empresas tuvieran vetados los concursos y licitaciones públicas en caso de haber incurrido en los comportamientos mencionados.

Terminemos ya. Cuando, en los estertores de su mandato como presidente del Gobierno, a José Luis Rodríguez Zapatero le tocó lidiar con una situación no menos complicada que la actual, quienes se dedican a estas tareas le escribieron una frase que acaso convendría recordar en estos momentos. Porque la frase señalaba el único camino por el que hoy parece posible transitar: venimos obligados, tanto a ser resolutivos como a asumir responsabilidades, "cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste". Solo de quien realmente actúe así podremos decir que se encuentra a la altura de los acontecimientos.

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado.

Empecemos por constatar que se encuentra muy extendida en el debate político actual una forma de hablar que es más fuente de confusión que de otra cosa. Me refiero a esa forma de hablar trufada de expresiones del tipo "ola reaccionaria" y similares, que se diría que insinúan la idea de que lo que se nos viene encima es el ataque de un grupo de poderosos dispuestos a torcer el curso de la historia, haciéndola regresar a los peores momentos del pasado desde todos los puntos de vista. Es un hecho fácil de comprobar que cuando, pongamos por caso, en los medios de comunicación se alude a la susodicha ola, casi siempre y de inmediato se nombra a los líderes que parecen, no ya solo simbolizarla, sino sobre todo sustanciarla (ya saben: Trump, Le Pen, Erdogan, Meloni, Orbán, Milei…). En todo caso, el rasgo que, por defecto, acaba dándose por descontado al hablar de esta manera es el de que la susodicha ola es algo que nos sobreviene desde fuera, ajeno por completo a nuestra voluntad.  

Hará falta recordar la aparente obviedad, porque de su olvido se desprenden conclusiones a menudo engañosas en el plano de las ideas. Colocar el foco de la atención exclusivamente sobre los líderes políticos, al margen de lo que pueda suponer de concesión a una política-espectáculo centrada exclusivamente en los protagonistas de la representación, implica desatender precisamente lo que constituye la savia y el nervio de la democracia misma, a saber, la voluntad de los ciudadanos expresada a través de determinados procedimientos electorales reglados. Pero el peligro de soslayar o desatender el hecho de que, en lo tocante a la elección de nuestros gobernantes, la última palabra en un sistema democrático la tienen los ciudadanos, también puede dar lugar a efectos poco deseables en el plano propiamente político, como intentaremos mostrar a continuación. 

Referirse al ascenso electoral de determinadas posiciones políticas como si se tratara de una especie de proceso objetivo, naturalizado, anonimatizado (como probablemente diría el maestro Lledó), nos aleja del viejo planteamiento popperiano en el que la cuestión esencial era la de en qué medida los demócratas debemos ser tolerantes con los intolerantes. Dicho planteamiento todavía nos interpelaba, apelando a nuestra responsabilidad, en una forma que los planteamientos actuales parecen (querer) soslayar por completo. Porque omiten un elemento fundamental del análisis, y es que los apoyos de los ciudadanos concretos que respaldan con su voto estas opciones tan dudosamente democráticas (los millones de gotas que componen la ola en cuestión, por no abandonar del todo la metáfora) no siempre se habían inclinado por dicho tipo de opciones políticas. De hecho, incluso se alineaban con otras del todo antagónicas a estas por las que ahora han pasado a inclinarse, como el caso de Francia, con la migración masiva de viejos votantes del PCF a las filas del partido de Le Pen, ilustra bien a las claras. 

Planteada la cosa desde este ángulo se hace patente hasta qué punto quienes más deberían hacérselas no se plantean las preguntas realmente pertinentes, como son, por ejemplo, las que siguen. ¿Cómo puede ser que se nos hayan podido ir apoyos que en buena parte siempre habían sido nuestros, tanto por convicción ideológica como por posición objetiva en la sociedad? ¿Cómo puede ser que, precisamente en las actuales circunstancias, no hayamos sabido retener a votantes pertenecientes a sectores populares, incluso particularmente castigados por las crecientes desigualdades en algunos casos? Soslayar tales preguntas contribuye a que se vaya extendiendo, también dentro de sectores en principio inequívocamente democráticos, el convencimiento de que ese artefacto que denominamos democracia no solo es inútil para cerrar el paso a las ambiciones de los autócratas, sino también incluso eventualmente peligroso, en la medida en que ofrece a estos últimos la más eficaz vía para acabar con ella; a saber, el voto popular, que ahora aparece como más voluble y manipulable que nunca. 

Pero para que todas estas preguntas no nos aboquen a un estupor paralizante, se impone plantearse qué es necesario hacer para revertir semejante proceso, lo que es como decir qué actitud se debe tomar con todos esos votantes que parecen estar coqueteando con posiciones dudosamente democráticas. A mi juicio, quien ha expresado esto con luminosa claridad ha sido Michael Ignatieff. En la conversación mantenida con Fernando Vallespín y publicada en el número de marzo del presente año en Revista de Occidente declaraba el profesor, escritor y expolítico canadiense: “No creo que hayamos prestado atención con suficiente cuidado al resentimiento y la amargura y la lucha de aquellos que se han quedado atrás”. Pues bien, pocos líderes políticos representan mejor ese error que la Hillary Clinton capaz de calificar de “deplorables” a buena parte de los votantes de Donald Trump. Con una puntualización fundamental para evitar cualquier posible malentendido al respecto: el gran error de Hillary Clinton no fue decir lo que pensaba, sino pensar lo que pensaba.

En efecto, resulta francamente contradictorio declararse, como hacen algunas formaciones políticas, decididas partidarias de poner los medios para que quienes han quedado atrás puedan escapar de dicha condición, y, por otro lado, desentenderse por completo de la parte de ese mismo grupo que apoya opciones políticas de signo reaccionario. Las formaciones que así proceden suelen intentar justificar su proceder con el argumento de que los miembros de este otro sector, lejos de ser solidarios con el resto de desfavorecidos, a menudo son los que con mayor inquina y saña los atacan (acusándoles de la degradación de los servicios públicos, del aumento de la delincuencia, del recorte de los salarios… cuando no de la disolución de la propia identidad nacional).

Sin duda estos otros se tienen merecido el reproche de insolidarios, aunque no es menos cierto que en muchos momentos su comportamiento, cargado del resentimiento al que aludía Ignatieff, puede explicarse apelando a razones fáciles de comprender. Porque mientras los miembros del primer sector son considerados, especialmente por las fuerzas de izquierda, como víctimas del sistema, los del segundo sector a menudo se ven a sí mismos como víctimas de las víctimas y fácilmente tienen la sensación, no solo de que ninguna formación política (fuera de las más abiertamente retardatarias) se hace cargo de sus quejas, sino también de que quienes tanto se ufanan de defender a los presuntos vulnerables los tienen a ellos por unos auténticos vulnerables desechables. 

Frente a semejante actitud, sin duda solo parece aceptable atender a los problemas que preocupan a estas presuntas víctimas de segundo grado, haciéndolas ver, además de la verdadera naturaleza de sus problemas (a menudo mal interpretada), que la solución a los mismos no se encuentra en las propuestas que los dirigentes políticos más ultras les presentan como si de una pócima mágica se tratara.

Por desgracia, hasta el presente tales propuestas no han encontrado, en términos generales, la réplica adecuada por parte de la izquierda. No costaría encontrar ejemplos de su falta de sensibilidad política precisamente en asuntos que para buen número de ciudadanos de a pie resultan muy sensibles. Quizás uno de los más representativos sería el de la seguridad, desdeñada durante demasiado tiempo por muchos progresistas con responsabilidades de gobierno como un falso problema alimentado por la extrema derecha pero convertido, precisamente por causa de ese mismo desdén, en impagable munición electoral para esta última.

Aunque cosas parecidas podrían decirse respecto al asunto, en cierta manera análogo, de la okupación, despreciada como problema por una cierta izquierda con el muy endeble argumento de que afecta a un tanto por cierto reducido de viviendas sobre el total de las existentes. Como si la atención que las autoridades deben prestar a los problemas que preocupan a la ciudadanía se fijara al peso. O como si, en la otra orilla, los problemas que algunas de esas nuevas formaciones de izquierda han introducido a modo de específica aportación a la agenda política (convirtiéndolos casi en su imagen de marca, y de los que representaría una buena muestra todo lo relacionado con lo trans) fueran problemas abrumadoramente mayoritarios, cuando, en realidad, también ellos afectan a minorías, esto es, a un tanto por ciento de la población en muchos casos insignificante.

Pero que los árboles de los ejemplos no nos impidan ver el bosque de lo que de veras importa. Porque por la señalada senda del desdén fácilmente se puede terminar considerando aceptable dejar sin representación política –por medio de cinturones sanitarios, por ejemplo– a un sector no menor de ciudadanos. Con lo que nos encontraríamos ante la paradoja de que quienes tanto insisten en no dejar a nadie atrás no estarían teniendo el menor inconveniente en dejar a bastantes fuera. –A este respecto, habrá que recordar que una cosa es negarse a llegar a acuerdos con fuerzas políticas que llevan en su programa propuestas absolutamente inadmisibles y otra, bien distinta, rechazar que puedan participar en la vida pública en igualdad de condiciones con otras fuerzas (¿es de recibo, por ejemplo, que se les excluya de rondas informativas acerca de cuestiones de Estado que pueden afectar absolutamente a toda la ciudadanía, como las relacionadas con la defensa?). Porque ese tipo de procedimientos a quien en realidad deja fuera es precisamente a los ciudadanos que, por más equivocada que nos parezca su preferencia electoral, tienen derecho a estar plenamente representados en la esfera política. Por esta vía acaso resultaría más coherente impedir a dichas fuerzas presentarse a las elecciones o, directamente, ilegalizarlas, con los más que previsibles efectos que cualquiera, sin necesidad de demasiada imaginación, puede anticipar. ¿Realmente queremos eso? 

Es más que probable que no nos encontremos ante una ceguera casual o ante unos errores meramente tácticos, y que el origen de esta actitud –muy poco empática por parte de tantos a los que se les acostumbra a llenar la boca hablando de empatía… exclusivamente respecto a los suyos– encuentre su raíz en un lugar diferente al que se suele señalar.

Quizás en tiempos de polarización el rechazo absoluto al otro –su conversión en enemigo en toda regla– cumpla la función de dotar de identidad a aquellos que de otro modo no alcanzarían a tener ninguna. En efecto, cuando en tiempos de desertificación discursiva como son los actuales, la propia posición no posee ni programa político propio identificable con nitidez ni ideas sustantivas a las que acogerse para dotarse de sentido, los individuos no tienen a su disposición otra manera de autodefinirse que por defecto o en clave negativa. No hay más identidad posible que la que genera el rechazo. Aplicado todo lo anterior al caso concreto en el que nos hemos centrado en el presente texto, la cuestión se podría resumir en una paráfrasis de la célebre frase de Cánovas del Castillo. Y donde este decía que “español es el que no puede ser otra cosa”, en su lugar podríamos poner que en nuestros días son antifascistas los que no pueden ser otra cosa.

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado.

Aunque del desenlace que ha tenido el denominado procés catalán cabe extraer múltiples lecciones, se me permitirá que, a efectos del asunto que pretendo plantear a continuación, destaque únicamente dos. Una primera, que parece haber sido asumida –si bien con la boca pequeña– por los propios votantes procesistas, es que la independencia de Cataluña, tal como se planteó la década pasada, esto es, como un objetivo político susceptible de ser alcanzado a fecha fija, se ha acreditado inviable por completo. 

No me refiero ahora a la inapelable derrota que sufrió el govern de la Generalitat en 2017 al pretender echarle un pulso al Estado, o la inequívoca reacción de los poderes económicos catalanes –grandes empresas y entidades financieras– trasladando sus sedes sociales fuera de la comunidad autónoma. Pienso más bien en el rotundo mensaje que, ante la efímera declaración de independencia de Cataluña por parte de Carles Puigdemont, lanzó el mundo –ese mismo mundo que según el independentismo en su conocido eslogan “el mon ens mira” [el mundo nos mira] tenía clavada su mirada en el procés–. El mensaje del mundo, y muy en especial de Europa, fue el más clamoroso de los silencios. Exactamente lo contrario de lo que no dejaban de anunciar los dirigentes secesionistas y la inmensa mayoría de sus palmeros mediáticos. 

Si eso pasó entonces, no parece demasiado aventurado suponer la reacción que tendría lugar hoy en el caso de que se intentara repetir una intentona parecida. En efecto, si en la coyuntura europea de aquel momento, profundamente sobresaltada por episodios como el del referéndum escocés y el posterior Brexit, la secesión de una parte de uno de los Estados europeos existente para constituirse en un nuevo Estado –con la más que previsible consecuencia del efecto-llamada que podría tener sobre otros territorios del continente con parecidas aspiraciones– generaba una profunda inquietud, la misma solo podría ir en aumento en caso del anuncio de una hipotética repetición de una intentona semejante. Porque si para algo no está la situación geoestratégica de Europa en nuestros días, amenazada como se encuentra por la pinza que contra ella parecen haber formado Trump y Putin, es para aventuras independentistas que no harían otra cosa que debilitarla (debilidad que, por cierto, Moscú olfateó desde el primer momento).

Una segunda lección, de signo diferente, es la de que aquellas propuestas que en la sentencia del Tribunal Supremo que juzgaba a los líderes del procès se denominaban “ensoñaciones” (con una benevolencia valorativa de la que siempre he discrepado), no solo fueron capaces de movilizar a la práctica mitad de la ciudadanía catalana, sino que la persistencia en las mismas no les ha significado a las formaciones que las continúan defendiendo la pérdida absoluta de respaldo electoral, ni siquiera en sus momentos más bajos. Como se sabe, ello es debido al intenso componente emotivo que ponen en juego los votantes de dichas opciones, incapaces el grueso de ellos de aceptar que ha sido la propia realidad la que se ha encargado de certificar no solo la inconsistencia, sino también la rotunda falsedad de muchas de las promesas que les hacían los líderes independentistas. 

No se está cuestionando, como es obvio, que determinadas formaciones políticas puedan llevan en su programa de máximos la aspiración a la independencia del territorio en el que están implantadas, sino las estrategias y procedimientos que proponen para alcanzar dicho objetivo. De la misma forma que nada más comprensible que el hecho de que, a la vista del nivel de apoyo electoral que consiguieron alcanzar en los momentos más álgidos del procés, no quieran que se apague el fuego sagrado de la independencia “a tocar” [al alcance de la mano], que tan buenos dividendos les llegó a reportar en su momento. Menos comprensible, en cambio, es que la izquierda que acepta el marco constitucional, lejos de dar la batalla de ideas a un horizonte de país con el que se supone que se encuentra en radical desacuerdo, haya renunciado al debate con el mismo, contribuyendo de esta manera, por defecto, a legitimar unos comportamientos y unas prácticas que, desde su perspectiva, se supone que solo deberían recibir una rotunda condena. 

Llama la atención que quienes, en determinados ámbitos, tanta importancia le conceden a las batallas culturales, le estén concediendo tan poca a un debate de ideas cuya repercusión inmediata sobre la política es, sin la menor duda, grande.  Así, por ser bien concretos, no deja de sorprender que en los medios de comunicación públicos de Cataluña permanezca intacta, como si fuera la única existente, la cosmovisión de matriz nacionalista. Apenas nada parece haber cambiado en su discurso a la hora de hablar de prácticamente cualquier tema, con la dicotomía ellos/nosotros siempre en primer plano, como si, fuera del abstracto “Estado español”, no hubiera un ámbito común de pertenencia ni con los ciudadanos del resto de España ni con los catalanes desafectos del independentismo. De ser todo esto como efectivamente lo estamos describiendo, nos encontraríamos con una insólita refutación en toda regla de las tesis de Walter Benjamin según la cual la historia la escriben los vencedores. Porque ahora resulta que quienes más insisten en que el procés está definitivamente derrotado parecen ser los mismos que están permitiendo que la historia la escriban los presuntos perdedores (¿para que no se sientan tales?). 

La conclusión que se sigue de ambas lecciones no es, ni mucho menos, el optimismo bobo al que algunos parecen querer conducirnos. Sin querer ser ave del mal agüero, creo que, si bien no parece haber motivos de preocupación en el corto plazo –esto es, con la actual presidencia de la Generalitat–, no estoy en absoluto seguro de que ocurriera lo mismo a poco que el poder catalán cambiara de manos, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas herramientas que no le cesan de traspasar como consecuencia del chantaje inmisericorde de Junts al gobierno central. 

En primer lugar, respecto a la primera lección que planteábamos, no es descartable que, si el futuro de la Unión Europea fuera el de un debilitamiento y consiguiente repliegue sobre los viejos Estados-nación, el nuevo escenario, desaparecido el paraguas supranacional, pudiera ser más favorable de nuevo a la reedición de las intentonas secesionistas. Con el agravante, en segundo lugar y en relación con la otra lección, de que en el mientras tanto, lejos de haberse librado en Cataluña un combate de ideas a favor del modelo de España que se supone que históricamente ha defendido la izquierda mayoritaria, esto es, el federal, dicho modelo se habría ido desdibujando, hasta casi desvanecerse por incomparecencia de quien lo debería defender. En su lugar, habría ido ganando terreno, de manera tan sorda como inexorable, un modelo alternativo, al que prácticamente nunca se hace referencia de manera explícita, pero que parece ser el que tienen en la cabeza algunos. 

Se trataría de clonar el diseño político e institucional del País Vasco, de forma que, como allí, la presencia del Estado fuera por completo residual, cuando no de hecho nula. La cuestión entonces ya no sería, como diversas voces han venido advirtiendo de un tiempo a esta parte, que Cataluña saliera de España, sino que España saliera de Cataluña. Por este nuevo modelo es por el que parece haber optado el independentismo catalán en el presente momento –tal vez como confortable etapa intermedia, con el Estado siempre disponible en última instancia para acudir a remediar los problemas más graves–, con la complicidad de determinados sectores de la izquierda, que silban y miran al techo cuando se les pregunta por su posición al respecto. Un modelo cuyo horizonte último bien podría quedar resumido así: una España federal con dos cuñas confederales. 

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Fundador y primer presidente de la asociación Federalistes d´Esquerres.

En tiempos de volatilidad generalizada como son los actuales intentar extraer de una circunstancia particular conclusiones de largo alcance en el tiempo parece una pretensión ciertamente poco justificada. Sin embargo, eso es lo que no pocos hacen, incluso con frecuencia, cuando, por ejemplo, consideran que un determinado resultado electoral –el que sea, en el ámbito que sea– constituye la prueba del final definitivo de una etapa o, por el contrario, el anuncio inequívoco del inicio de una nueva era o cualquier otra conclusión de parecida envergadura. 

Ahora bien, si aceptamos como premisa la de que todo cuanto viene ocurriendo en la esfera pública desde hace ya unos años es extremadamente volátil, ¿cómo dilucidar entonces hasta qué punto fenómenos tales como el auge de los indignados de extrema derecha, el declive de los indignados de izquierdas, el retroceso de opciones independentistas o la consolidación del bibloquismo, por poner tan solo algunos ejemplos particularmente pertinentes en el actual momento, representan un episodio asimismo fugaz? 

Para responder adecuadamente a la pregunta, es requisito obligado atender, con tanto cuidado como veracidad, a los aspectos más concretos e incluso de detalle, evitando las prisas por extraer conclusiones generales cuanto antes. Así, uno puede constatar que el desencanto, decepción o desengaño respecto a las propuestas y personas que en un momento determinado han agitado la bandera de la regeneración parece poco menos que una constante de nuestra vida democrática. Desde aquellos madrugadores que, a mediados de los años setenta del pasado siglo, ya se declaraban desencantados (antes incluso de que hubiera algo propiamente dicho de lo que desencantarse) a los que, ya más cerca de nosotros, afirman sentirse desengañados ante los hiperliderazgos erráticos, cuando no directamente contradictorios, de esos novísimos que tanta radicalidad y limpieza democrática anunciaban en la anterior década, pasando por aquellos otros a los que un Zapatero recién elegido presidente del gobierno pretendía tranquilizar con su “no os decepcionaré”, han sido legión los que se diría que han repetido idéntico gesto. 

Es cierto que, a primera vista, podría parecer que nos encontramos ante diferentes formulaciones de, en el fondo, una misma actitud. Pero asumir esta interpretación implica dejar sin pensar aquello que tal vez sea lo más importante, a saber, ante qué diferentes realidades estaban reaccionando todos quienes iban declarando, de diferentes formas, no sentirse representados por aquellos a los que habían elegido precisamente para eso. Porque no es lo mismo denunciar el incumplimiento de una determinada promesa electoral, por importante que fuera (por ejemplo, la no entrada en la OTAN), que la severa enmienda a la totalidad que representó en su momento el aludido movimiento de los indignados del 15-M. 

Desplazando de esta manera el punto de vista, empezamos a estar en condiciones de constatar hasta qué punto la pregunta inicial era una pregunta no del todo bien planteada. Porque la volatilidad no es la causa sino el efecto de los comportamientos de los protagonistas de la cosa pública. Trasladarle dicha responsabilidad a los ciudadanos, que obedecerían, sin saberlo, a una especie de tendencia oculta que les atravesaría y que les dejaría reducidos a la condición de meros muñecos de un ventrílocuo anónimo, no deja de ser una manera como cualquier otra de intentar esquivar la responsabilidad por parte de aquellos a los que les correspondería asumirla. 

Por ello, interpretar determinados resultados electorales en términos de que los ciudadanos han decidido volver a lo de siempre significaría un severo error. Por supuesto que ese aparente regreso a lo conocido está informando de algo, aunque solo sea a contrario. Informa, por ejemplo, de la fatiga ciudadana ante propuestas políticas que replican el modelo de funcionamiento de cualquier producto del mercado y pretenden que una imagen agradable o una oratoria fluida sean suficientes para acceder a cualquier puesto de poder político, incluso entre los más altos. Ya hemos tenido la oportunidad de certificar la suerte que han corrido quienes todo lo fiaban a su fotogenia o a su desenvoltura verbal ante los micrófonos y desdeñaban, por ejemplo, la necesidad de una sólida implantación territorial, una estructura organizativa bien engrasada o un plantel de cuadros experimentados y competentes. En lugar de todo eso, optaron por sustituir las alianzas por vaporosas sinergias, las coaliciones por difusos espacios comunes o incluso la persuasiva argumentación racional por ridículas estrategias de seducción, y a la vista está cómo les ha ido. 

Los rasgos que estos desdeñaban constituyen, junto con algún otro, condición necesaria para establecer un vínculo estable entre una formación política y su electorado. Pero, hay que añadir, no bastan si tales instrumentos se ponen al servicio de una propuesta poco consistente o, directamente, confusa. Se dirá, con parte de razón, que esto último representa el signo de los tiempos, y que dibujar con nitidez los perfiles programáticos de derecha e izquierda, tras el aparatoso hundimiento de los grandes relatos globales (especialmente los de emancipación) constituye una tarea cada vez más difícil. 

De ahí que, para obviar dicha dificultad, en muchas ocasiones las formaciones políticas coloquen el foco de la atención sobre algunas propuestas concretas fuertemente asociadas a un determinado discurso ideológico (que, a ser posible, ponga de los nervios al adversario y de este modo permita subrayar el presunto abismo que los separa) con el objeto de desviar la atención de la ciudadanía respecto de otras cuestiones en las que su coherencia teórico-política podría quedar muy en entredicho. No creo que quepan muchas dudas, a estas alturas, respecto a que esta es la motivación por la que algunos insisten tanto en poner en primer plano todos esos debates que acostumbran a ser subsumidos bajo el rubro de “guerras culturales”. Pero repárese en que, de ser así, nos encontraríamos ante una motivación en el fondo tan solo táctica, sobre la que no cabría sostener ninguna alternativa de futuro mínimamente rigurosa.

Los grandes partidos con vocación de gobierno no deberían renunciar a la tarea de definir sus perfiles ideológicos si no quieren ser, ellos también, pasto de la volatilidad. Una volatilidad tal vez menos acelerada (su fortaleza organizativa sin duda les permitiría resistir mejor, aunque todos ellos hayan tenido ya la oportunidad de verle las orejas al lobo), pero volatilidad al fin. Y eso es lo que les puede terminar ocurriendo si deciden apostar por lo peor de cada casa, y quedan convertidos a efectos internos en una poderosa maquinaria, disciplinada sin fisuras y fuertemente jerarquizada pero sin el menor debate teórico-político de puertas para adentro, y, a efectos externos, en una mera marca, una cáscara vacía de ideas, respecto de la cual los ciudadanos no encuentran mejor razón para seguir prestándole su apoyo que la imagen de su líder o una antigua pero cada vez más desvaída simpatía por las siglas. Claro que, como todo puede empeorar en esta vida, siempre cabe la posibilidad de que la decisión sea aún más pobre, meramente de rechazo, y se tome como reacción al escaso atractivo del líder de la fuerza adversaria o a la antipatía hacia sus siglas, actitud que, según Juan Rodríguez Teruel, director del CEO (Centre d'Estudis d'Opinió, de la Generalitat de Cataluña), está empezando a generalizarse. 

En definitiva, no puedo estar más de acuerdo con el eslogan "defiende lo que piensas", en circulación en no recuerdo bien qué elecciones pasadas. Hasta tal punto llega mi acuerdo que creo que debería convertirse en lema y norma de conducta de todas las formaciones políticas sin excepción. Sólo que, precisamente como consecuencia de cuanto acabamos de plantear, su aplicación plantea un problema nada menor: para defender lo que se piensa, previamente ha de haberse pensado algo.

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado.

En la semifinal del Abierto de tenis de Australia de 2009 se enfrentaron Rafael Nadal y Fernando Verdasco. Jugaron un partido épico, de más de cinco horas, que al final terminó cayendo del lado del mallorquín. Si no me falla la memoria, uno de los tenistas profesionales, ya retirado, que comentaba el enfrentamiento era Emilio Sánchez Vicario. Lo traigo a colación porque recuerdo bien el comentario que hizo para definir las diferentes estrategias de los dos jugadores: Verdasco, afirmó, pelea para ganar el punto, mientras que Nadal pelea para ganar el partido. La verdad es que el mayor de los Vicario no se extendió mucho más en explicar el contenido de su afirmación. En cierto modo, en la historia del deporte ocurre algo parecido a lo que ocurre en la historia a palo seco, y es que se escribe siempre desde el punto de vista de los vencedores, y la respuesta a la pregunta acerca de en qué consiste pelear para ganar el partido admite una respuesta de apariencia tautológica, pero de cuyo contenido se encargan ex post facto los comentaristas: en hacer lo que hizo Nadal ese día.

Pero sin el ventajismo de conocer el resultado, acaso haya una pregunta que ofrezca un cierto interés: ¿y qué hubiera pasado si se hubieran enfrentado dos jugadores cuya perspectiva no fuera más allá de ganar el punto en juego en cada momento? Podemos aventurar algunas respuestas: que hubiera ganado el que hubiera cometido un menor número de errores no forzados, el que hubiera acreditado una mejor condición física y, por tanto, hubiera tenido una mayor claridad de ideas en el tramo final del partido, cuando el cansancio empieza a nublar la mente de los jugadores, el más capaz de abstraerse de la presión de los espectadores partidarios del rival, etc. En cualquier caso, factores contingentes todos ellos, en cierto modo secundarios respecto a los que se ponen en juego cuando los jugadores tienen clara su estrategia desde el primer momento. 

Viene esta evocación a cuento de que alguien podría pensar que lo que está ocurriendo en la política española en el presente momento es algo parecido a esa situación imaginaria, a saber, que los jugadores en la pista se comportan, por decirlo con la expresión al uso de un tiempo a esta parte, “como si no hubiera un mañana”, esto es, como si lo importante fuera en cada momento única y exclusivamente el punto en juego (en un planteamiento que a más de uno se le podría antojar como una versión miniaturizada del popular ”partido a partido” de Diego Pablo Simeone). Y así, en efecto, una vez resuelto de qué lado ha caído dicho punto, todo parece empezar de nuevo, comenzar desde cero, entre otras razones porque en este deporte en concreto mientras hay juego hay esperanza y al peor de los resultados parciales siempre es posible darle la vuelta.   

No habría que descartar en absoluto que lo que aquí se está planteando sin más pretensión que la ilustración metafórica haya sido asumido en muchas ocasiones por los propios protagonistas en el campo de la política como un auténtico modelo de utilidad instrumental. Pensemos, por ejemplo, en las enfáticas consignas con las que aquellos acostumbran a intentar animar a sus partidarios cuando las expectativas electorales parecen sombrías: “¡es posible la remontada!”, junto a otras de parecido tenor como “sudar la camiseta” y similares. Pero asumir este lenguaje es asumir la lógica que Sánchez Vicario atribuía a Verdasco, esto es, dicho ahora en negativo, carecer de una idea global de lo que se quiere hacer. No hay en esta afirmación ni el menor juicio de intenciones por mi parte. Podemos remitirnos a lo que líderes y formaciones políticas ofrecen a la ciudadanía en periodo electoral (lo cual, tal como ha ido evolucionando la política en los últimos tiempos, significa en todo momento) para constatar la casi absoluta ausencia de un proyecto de futuro en un sentido mínimamente propio y fuerte. 

Sin que quepa el consuelo de pensar que el problema no es únicamente local, sino que en todo el mundo ocurre algo parecido, porque no parece que sea así, en determinados casos por desgracia. Precisamente algunas de nuestras mayores preocupaciones a nivel planetario en el presente momento se derivan del hecho de que algunos de los principales actores políticos en el escenario mundial (Putin, Xi Jinping, Trump, incluso Milei…) parecen tener planes elaborados no meramente tácticos sino con una inequívoca (y en algunos casos tenebrosa) ambición estratégica. A los cuales, por cierto, sus adversarios se diría que a menudo no saben oponer otra estrategia que la meramente reactiva de intentar cerrarles el paso a base de cordones sanitarios y otras propuestas semejantes, con el resultado de sobras conocido (por el momento, Austria parece haber sido la última ficha en caer en Europa). De ser cierto este dibujo, sobre la pista del planeta unos estarían jugando el partido del futuro, mientras que los otros solo pelearían por el punto de la coyuntura. 

Pero, por alargar la metáfora, cuando quienes se enfrentan son dos jugadores ninguno de los cuales parece ser capaz de pensar más allá del punto, sucede lo que ya conocemos de sobra entre nosotros porque es el espectáculo que podemos ver a diario. Y sucede que ambos confían más en los errores no forzados del adversario que en los aciertos propios, que los dos esperan que la afición del rival termine por desesperarse y renuncia a continuar apoyándole, que tanto uno como otro apuestan porque el partido se le haga demasiado largo al rival y llegue desfondado a la recta final, etc. En definitiva, ambos están a verlas venir mucho más que a presentar propuestas con un mínimo de proyección hacia el mañana. 

Se comprende el escaso entusiasmo que entre los aficionados puede despertar este tipo de enfrentamientos. Básicamente —por resumir la cosa un tanto abruptamente— porque de los mismos apenas cabe esperar otra cosa que los fallos, debilidades y flaquezas del adversario. Quienes estén a favor de alguno de los contendientes solo podrán celebrar el hecho de que su favorito sea el menos malo. Y así, desde luego, no se hace afición. Pues bien, si intentamos dar por finalizado el paralelismo entre esta forma de afrontar un partido de tenis y el territorio de la política, la conclusión parece clara. En democracia, ni la oposición está para esperar simplemente que el gobierno de turno cometa tantos errores que al final el poder le caiga en las manos como fruta madura, sin correr el riesgo de presentar propuesta alguna, ni el gobierno —sea el que sea, obviamente— está para hacer oposición a la oposición, a base de aplicar todas sus energías a intentar convencer a los ciudadanos de que cualquier alternativa a él constituiría un auténtico desastre y, de manera complementaria, atraerlos a su causa con el poco excitante argumento de que la mayor virtud de la que como gobierno puede presumir es la de ser el mal menor. Si esto fuera un partido de tenis, nadie iría a verlo.

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado.

Hace un cierto tiempo, en una visita a Málaga con ocasión de la publicación en castellano de su libro El nuevo orden erótico, Diego Fusaro fue preguntado —probablemente por alguien a quien parecía preocupar la presunta condición rojiparda del autor— por la razón por la que concentraba sus críticas casi exclusivamente en la izquierda, prestándole en comparación bien poca atención a los planteamientos doctrinales de la derecha. Me interesó mucho su respuesta no solo por razones teóricas, sino también personales (más de una vez he recibido reproches de parecido tenor). Confieso que, al leer el relato de la interpelación, me vinieron a la cabeza las palabras, a mi juicio sabias, de Isaih Berlín: “Me aburre leer a la gente que, por así decir, es aliada, a quienes piensan más o menos como yo. Y es que, a estas alturas, determinadas cosas parecen básicamente un catálogo de lugares comunes. Todos las aceptamos, todos creemos en ellas. Lo interesante es leer al enemigo, porque este atraviesa las defensas, encuentra los puntos débiles. Me interesa saber qué es lo que falla en las ideas en las que creo saber por qué estaría bien modificarlas o incluso abandonarlas”. La respuesta de Fusaro, partiendo de un planteamiento que evocaba difusamente las ideas del filósofo de la historia alemán Reinhart Koselleck, terminaba desembocando en un lugar no muy alejado del propuesto por Berlín. Para el pensador italiano la derecha no le genera expectativa alguna, mientras que la izquierda, en cambio, sí que es capaz de abrirle todo un horizonte de expectativas. Un horizonte en el que declaró creer y que podría hacer de este un mundo mejor: de ahí la importancia de advertir de los errores que los suyos puedan cometer. 

Son los de Fusaro en este punto argumentos sin duda atendibles. A los que, a mi juicio, cabría añadir algún otro, en cierto modo complementario. Tal vez lo más importante que habría que decir es que derecha e izquierda no mantienen el mismo tipo de relación con la esfera de las ideas en general. Si se me permite una formulación ciertamente sumaria del asunto (me disculpo por lo esquemático de las afirmaciones, en cierto modo justificable tras todo lo ya expuesto), mientras a la primera el orden del mundo le favorece, en cuanto está diseñado a su medida, la segunda apela constantemente a la necesidad de transformar, incluso de manera radical, la realidad, apelación y terminología a las que ya hiciera referencia Marx en su célebre Tesis XI sobre Feuerbach. Para dicha transformación necesita convocar a los ciudadanos a esa tarea, movilizándolos con sus argumentos. 

Por su parte, la derecha no necesita gran cosa en materia de pensamiento para legitimar lo existente. En el pasado, apelaba a una mezcla de resignación y fatalismo: esto es lo que hay, siempre ha sido y será así, son los imponderables de la naturaleza humana… En nuestros días, en cambio, se ha vuelto más proclive a utilizar (a la manera en la que en nuestro país Mariano Rajoy era un consumado maestro) el sentido común, que no en vano coincide con el orden existente. Baste para ejemplificar esto con pensar en la tesis de la filosofía analítica del lenguaje ordinario: según ella, las expresiones que utilizamos son las más adecuadas porque han superado reiteradamente y con éxito el test de su uso reiterado en el lenguaje ordinario, esto es, son las que mejor funcionan. He aquí una ilustración clara de cómo el discurso puede llegar a legitimar lo que ya hay. Porque no cabe soslayar que es el propio lenguaje el que acredita usos que han vehiculado discriminación, menosprecio, infundios cuando no calumnias… Sin embargo, para todos ellos la mirada analítica es ciega, obsesionada como está en la mera eficacia comunicativa, en cómo las cosas son (no en cómo deberían cambiar para ser mejores). 

Es precisamente esta penuria discursiva de la derecha la que la hace proclive a utilizar abierta y masivamente tanto el victimismo como el emotivismo. Además de porque el orden del mundo ya le favorece (no tiene que discurrir argumentos para impugnarlo sino para conservarlo tal como está) porque, de esa manera, construye identidad y fortalece la cohesión de los suyos sin necesidad de discurso teórico alguno. El ejemplo de Trump y la identidad que les regaló a los varones blancos de clase media y baja, ofreciéndoles constituirse en víctimas frente a las minorías de todo tipo —racial, de género…— que se aprovechaban de las élites de Washington en perjuicio de ellos, resultaría en este punto absolutamente ilustrativo. 

Ahora bien, proponer planteamientos autocríticos asumiendo en cierta medida alguno de los argumentos de los adversarios políticos conservadores constituye sin duda una opción no exenta de riesgos de diverso orden, alguno de ellos relacionado con las debilidades de la condición humana. Porque puede ocurrir —de hecho, suele ser el caso— que los criticados reaccionen negativamente con el conocido argumento de que los trapos sucios han de lavarse en casa y que darle cuartos al pregonero acaba significando siempre en la práctica proporcionarles munición gratuita a los rivales. El argumento no es que sea precisamente demoledor —por esa vía se desemboca en el conocido todos calladitos o el que se mueva no sale en la foto—, pero a nadie le agrada verse repudiado por aquellos a los que consideraba los suyos. 

Aunque tal vez más preocupante, por menos visible, es el riesgo que corre el autocrítico de acabar abrazando, no ya algunos de los argumentos del adversario, sino la totalidad de sus planteamientos doctrinales, y hacerlo no en nombre de una reflexión en profundidad y una revisión completa de los presupuestos con los que venía funcionando hasta el momento, sino por motivos perfectamente comprensibles, pero de otra naturaleza radicalmente distinta. En efecto, hemos podido comprobar en muchos casos (y no solo entre nosotros: Francia ha ofrecido en las últimas décadas unos cuantos ejemplos ilustres de lo que estamos comentando) cómo en el momento en que un autor cualquiera no solo es objeto del rechazo de los que tenía por los suyos, sino que se ve reconocido, jaleado e incluso aclamado por aquellos a los que siempre había considerado en la otra orilla ideológica, le resulta difícil resistir a la tentación de los cantos de sirena de irse con estos últimos, que aparentan reconocerle sus méritos con tanto entusiasmo. Al mismo tiempo, y por la misma lógica, tiende a alejarse de sus viejos compañeros, que resultan incapaces de aceptar cualquier planteamiento que ponga en cuestión, aunque sea en un grado mínimo, las convicciones del grupo. 

Probablemente, de la misma forma que se acostumbra a decir que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia y no con menos, también a propósito de lo que estamos hablando cabría afirmar que los problemas que pueda generar la crítica se resuelven con más crítica. Lo que en este caso significaría que conviene profundizar en la misma y aplicarla también a la forma en que reaccionan los que son incapaces de aceptar la más pequeña autocrítica y que, a la menor oportunidad, expulsan a las tinieblas exteriores a cualquiera que se atreva a insinuar alguna discrepancia. Tienen ellos, con su intransigente y sectaria actitud, una notable responsabilidad en que la autocrítica, lejos de reforzar al colectivo, permitiéndole corregir errores y de esta manera hacer más consistentes sus planteamientos, termine por debilitarlo. 

Tal vez porque, todo hay que decirlo, resulta frecuente que estos refractarios a la crítica administren su intransigencia y su sectarismo sin más criterio que su particular y, por tanto, variable conveniencia. Sin duda debe ser un problema mío, pero confieso que nunca he terminado de entender por qué razón para algunos sus propias contradicciones son cabalgables —por utilizar la jerga de los viejos progres, recuperada últimamente por alguno de sus epígonos— y las de los demás, intolerables. Lo mínimo que se puede decir de esta actitud es que no termina de parecer demasiado inteligente.

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado.

Que vivimos en una época dominada por las emociones, en la que estas parecen haber terminado ocupando el lugar hegemónico que, a lo largo de la modernidad, se le había atribuido a la razón, constituye a estas alturas prácticamente un lugar común. Pero esta circunstancia a menudo deriva en aceptación acrítica de un tópico que merecería ser sometido a un mínimo análisis, no fuera caso que deslizara supuestos que estuvieran lejos de ser obvios.

Así, para empezar, no parece que todas las emociones tengan el mismo rango o, dicho de otra manera, sean aceptadas como válidas con la misma facilidad. Pensemos en dos de las que se habla en mayor medida, incluso como definitorias de los rasgos más significativos de la sociedad actual. Me refiero al odio y al miedo. Acerca de ambas no parece haber mayores reservas respecto a lo que son y a la valoración que deberían merecernos. Siempre hay matices y puntualizaciones, por supuesto, pero no parece demasiado aventurar afirmar que acostumbran a recibir una valoración negativa, tanto por lo que respecta a su esencia como a su función.

No ocurre lo mismo con otras emociones, con el amor en lugar muy destacado. Es cierto que suele contar, de salida, con una valoración positiva, fruto de las connotaciones históricas que arrastra, como un registro emotivo asociado a la felicidad y a los mejores sentimientos humanos. Pero no es menos cierto que, en los últimos tiempos, proliferan las intervenciones que manifiestan severas reservas respecto a su significado más clásico (el de matriz romántica) y, sobre todo, respecto a la función que ha desempeñado a través de su materialización en instituciones como el matrimonio o la familia tradicionales, proporcionando la coartada para la perpetuación de situaciones de opresión, cuando no, directamente, de violencia.  Ahora bien, podría dar lugar a una notable falacia el hecho de identificar sin más ambos planos y deducir del uso o función que ha cumplido el registro amoroso durante buena parte de la historia su condena o rechazo inequívocos, como si no cupieran otras posibilidades de materialización del mismo o como si en una misma época no hubieran podido coexistir diversas formas de hacerlo realidad. 

En ese sentido, una aproximación a su análisis debería partir de una descripción, lo más fiel posible, del contenido de la experiencia del amor, única manera de aproximarnos con verdad a su naturaleza más profunda. Porque saltarse ese paso y recurrir a la vía de las generalizaciones más ampliamente compartidas puede dar lugar a notables y esterilizantes conclusiones. Entre otras cosas porque puede darse el caso de que estén casi por un igual de extendidas valoraciones de signo opuesto por completo. Así, es frecuente que aquellos que no han vivido una experiencia amorosa intensa desdeñen a quienes están viviendo su pasión y se acojan a afirmaciones del tipo “el amor es una locura transitoria”, y similares. Por el contrario, quienes se encuentran inmersos en una relación amorosa tienden a sentir conmiseración, cuando no tristeza, por la pobreza vital de quienes nunca conocieron la genuina pasión.

Tal vez un primer paso para escapar a este aparente dilema pase por evocar la afirmación con la que se cierra la película Annie Hall. Como muchos recordarán, la voz en off de Woody Allen, tras explicar un chiste sobre locos, termina afirmando, acerca de las relaciones amorosas, que “son completamente irracionales, locas y absurdas”… pero las necesitamos. Pues bien, acaso lo procedente fuera, no tanto detenernos en los adjetivos que las valoran como en preguntarnos la razón por las que nos resultan necesarias. Desplazando el foco de la atención de esta manera por lo pronto se hace evidente que no es únicamente de las relaciones con las personas a las que amamos de las que pueden predicarse tales adjetivos. En realidad, a poco que lo pensemos, los seres humanos llevan mucho tiempo manteniendo intensas relaciones con intangibles, cuya misma realidad es más que dudosa. ¿O es que es menos irracional, loca y absurda la creencia en la existencia de seres trascendentes, a los que incluso se ha llegado a atribuir la mismísima creación del Universo? ¿Y qué decir de los sentimientos patrióticos, que llevaron a algunos a proclamar que por ese ente abstracto, ante cuyos símbolos (himnos, banderas…) tanto se emocionaban, estaban dispuestos incluso a sacrificar su propia vida?  En el bien entendido de que, como es obvio puntualizar, las desmesuras del pasado no justifican perseverar en ellas en el presente, pero sí nos están indicando algo relevante en relación con determinadas necesidades, en concreto las de carácter amoroso, cuya satisfacción es sentida por los individuos como perentoria.  

Probablemente la clave para entender la raíz de tales necesidades nos la proporcione aquel conocido (y canturreado) poema de José Agustín Goytisolo, Palabras para Julia. El poema, aunque no se pretende propiamente un poema sobre el amor sino sobre el sentido de la existencia humana, en un determinado momento deja caer, en tres versos, una afirmación a mi juicio extremadamente clarificadora a los efectos de lo que estamos comentando. Escribe el poeta, como tantos recordarán: “Un hombre solo, una mujer/ así tomados, de uno en uno/ son como polvo, no son nada”. Sin duda, cabe interpretar tales versos en el sentido, muy propio de cuando se escribieron, de destacar la importancia de lo colectivo, del grupo, frente a la tentación, siempre al acecho, de ensimismarse en el propio yo. 

Pero también cabe leerlos a la luz del amor. Porque en el amor el otro rescata al individuo de aquel “ser como polvo”, de aquel “no ser nada”. Y aunque Sartre fuera un acreditado canalla en sus relaciones con Simone de Beauvoir, no mentía cuando le planteaba que sus relaciones con otras mujeres eran relaciones contingentes, pero que solo ella era necesaria. Porque, en efecto, en una relación contingente cualquier persona es una más, mientras que en una relación amorosa, la persona amada es irreemplazable. De ahí la verdad que contienen afirmaciones que fácilmente tendemos a considerar vacías, cuando no lo son. Porque el contrapunto del no ser nada es “lo eres todo para mí” y ser todo para el otro. La percepción de plenitud que acompaña a la experiencia amorosa se vincula con esto. 

Por supuesto que siempre habrá quien piense que estamos hablando de percepciones y que estas constituyen un terreno resbaladizo. A quien pueda pensar tal cosa habría que recordarle que, como dijera Heidegger, siempre estamos en una tonalidad, en un estado de ánimo. Pues bien, de entre todos los posibles, el amor es el que posibilita una mayor conciencia de las intensidades que alberga nuestra propia existencia. En corto y por derecho: en pocas situaciones experimentamos con mayor intensidad la sensación de estar vivos que cuando estamos enamorados.

Pero esta sensación, claro está, puede tener un doble signo. Porque el desamor, el abandono, no es otra cosa que ese gesto por el que alguien se ve devuelto a su originaria condición contingente, esto es, pasa a ser, de nuevo, uno/una más. O, por seguir con las mismas palabras de hace un momento, de “ser todo” para alguien al “no ser nada” del poema. En ese sentido, bien podríamos afirmar que en la auténtica relación amorosa podemos ser, al mismo tiempo, tan poderosos como vulnerables. A nadie podemos hacer tanto daño como a la persona amada, y nadie nos puede dañar más que ella. Podemos devolver y ser devueltos a la insignificancia. El amor es, en definitiva, una apuesta de alto riesgo. Tal vez así se entiendan mejor las desventuras que viene sufriendo de un tiempo a esta parte.

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Manuel Cruz es filósofo.

Finalmente, el federalismo en cuanto tal no tuvo en el 41 Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla la semana pasada el protagonismo que algunos habían anunciado que tendría. De hecho, en la Ponencia-Marco apenas se iba más allá de constatar la necesidad de “ahondar en el proceso de federalización del Estado”. Incluso el propio Pedro Sánchez, en su intervención de clausura, no mencionó este asunto en ningún momento, como tampoco hizo referencia alguna a la cuestión territorial (al margen de una fugaz alusión a la normalización política en Cataluña). A poco que se piense, la cosa no tiene nada de rara, por muy diversas razones. En un contexto político como el que estamos viviendo, agitar la bandera federal no parecía, desde luego, lo más aconsejable. Es más, corría el riesgo de resultar directamente contraproducente.

En efecto, la última ocasión en la que se reivindicó explícitamente el federalismo desde las más altas instancias gubernamentales fue con ocasión del acuerdo firmado por el PSC con ERC para alcanzar lo que en términos oficiales se ha denominado una “financiación singular” para la comunidad autónoma catalana. Un tipo de financiación que, por cierto, fue considerada desde el primer momento por voces extremadamente autorizadas –como es el caso de Josep Borrell, del federalista vasco Alberto López Basaguren o del economista Ángel de la Fuente, por citar unas pocas de entre las más destacadas– no como federal, sino como confederal, lo que en gran parte justificaría el rechazo inicial que dicho acuerdo provocó en sectores de izquierdas de otras comunidades autónomas, preocupadas por el perjuicio económico que les podría acarrear, amén de por el hipotético daño a la cohesión territorial que implicaría un modelo de signo confederal. 

No se trata ahora, quede claro, de entrar en el análisis detallado del acuerdo en cuestión sino de destacar en qué medida nos encontramos ante un debate, el de la necesidad de la reforma federal de nuestro ordenamiento constitucional, tan ineludible como inexplicablemente pospuesto (y de manera reiterada además). Como ya ha sido señalado por diversos analistas, se dejó pasar una magnífica oportunidad de hacer pedagogía federal con ocasión de la pandemia, cuando se descentralizó la gestión de la crisis sanitaria y las comunidades autónomas se hicieron cargo de esa responsabilidad en su territorio. Lo que entonces se denominó cogobernanza era, de hecho, cogobernanza federal, pero, de manera incomprensible, quienes la promovieron renunciaron a explicitar la profunda naturaleza de su modelo. 

En contrapartida, como apuntábamos, decidieron sacar a pasear el recurso federal en uno de los peores momentos posibles, identificando con el federalismo precisamente una propuesta de pacto fiscal de dudoso signo y acerca de cuyos mecanismos de concreción apenas se han proporcionado en ningún momento las mínimas explicaciones exigibles (la experiencia invita a pensar que las motivaciones para esta falta de explicación casi seguro que habrán sido de carácter meramente táctico). Es probable que nos encontremos ante las consecuencias de la valoración que del federalismo llevan a cabo algunos de nuestros responsables políticos, como si fuera un mero discurso de usar-y-tirar, muy útil en tiempos de extremada volatilidad pero que se convierte en un auténtico estorbo en el instante en el que alguien pretende que pueda ser de utilidad como fundamento de unas auténticas políticas de Estado. 

De ahí la solo aparente paradoja de que en una circunstancia como la actual, en la que el discurso independentista en Cataluña está retrocediendo políticamente, el terreno abandonado por este no se vea ocupado de manera abierta, en el espacio público, por el federalismo. La clave del asunto es probable que se encuentre en su transversalidad, dimensión que lo convierte en susceptible de ser asumido tanto por sectores progresistas como conservadores, más allá de resistencias ocasionales que no afectan al fondo del asunto. Conviene reparar en la importancia de dicha dimensión transversal. En la medida en que la sustancia de la propuesta federalista refiere a la organización del Estado (y, de manera derivada, a los valores que deben regir la vida pública, como la lealtad), el espíritu que la inspira solo puede ser el del acuerdo y la cooperación, en ningún caso el de la confrontación. 

A partir de aquí nada tiene de extraño el escaso atractivo (lo poco sexi) del federalismo para quienes no son capaces de concebir la política más que en términos de polarización. Así, a los polarizadores de izquierda solo les podría resultar de utilidad dicha propuesta si pudieran endosarle a la derecha una inequívoca y declarada voluntad recentralizadora o de liquidación completa del Estado de las Autonomías, posición que en el espectro conservador solo defiende Vox, y no sin contradicciones (en ningún momento ha renunciado a ocupar el poder autonómico), pero tienden a considerarla, como mucho, de rentabilidad meramente táctica o instrumental si no pasa por ella la línea de demarcación entre derechas e izquierdas. A los polarizadores de derechas, por su parte, les basta, para no entrar a debatir la propuesta federalista, con agitar las connotaciones negativas que, por razones históricas, arrastra la categoría (por resumirlo abruptamente, como si ella nombrara una exasperación de la descentralización que solo puede terminar dañando a la cohesión política del país).

En realidad, los enemigos declarados del federalismo se encuentran tanto en los extremos del arco parlamentario como en los nacionalismos de uno u otro signo. O sea, en la extrema derecha, obviamente por lo que acabamos de señalar, pero también en unos socios del gobierno partidarios, en el mejor de los casos, del confederalismo (Sumar y Podemos) y, en el peor, de la independencia (puesto que no hay categoría que más repugne a un nacionalista que la de nación sin Estado). Lo que convierte la actual situación en un callejón sin una salida a la vista es que las dos grandes formaciones que objetivamente podrían estar interesadas en una reforma de signo federal no parecen dispuestas a dar ni un solo paso en esa dirección, en gran parte porque, además de encontrarse tironeadas por sus aliados y socios, tampoco alcanzan a ver el beneficio inmediato que podrían obtener de la iniciativa. No es un cálculo del todo equivocado, ciertamente, cuando se asume que no hay más horizonte que el de las próximas elecciones. 

Pero cuando lo que importan no son las próximas elecciones, sino las próximas generaciones –como ya dijera Bismarck para distinguir entre políticos y estadistas–, la perspectiva debe cambiar. Si pensamos en lo ocurrido en Cataluña en el transcurso de la década pasada, tal vez el asunto quede algo más clarificado: el federalismo no sirve para ganar elecciones (porque bajo su bandera tanto las pueden ganar unos como otros) sino para estar algo más seguros de que no las ganarán los peores (esto es, los que son incapaces de ofrecer un proyecto bajo cuya bandera quepan todos).  

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Fue el primer presidente de la asociación Federalistes d´Esquerres.

Tengo para mí que el Gobierno se ha metido en un jardín del que no le va a resultar fácil escapar. Me refiero a su campaña en contra de los bulos, los llamados pseudomedios y la desinformación en general. Convendrá apresurarse a advertir, en tiempos de máxima hipersensibilidad por parte de todos ante cualquier mensaje que pueda sonar mínimamente autocrítico, que no pretendo cuestionar en modo alguno lo bienintencionado del propósito (¿acaso hay alguien que se declare a favor de desinformar de forma masiva a la ciudadanía?), sino la idoneidad de las herramientas categoriales que se utilizan para alcanzarlo. 

Pensemos, por empezar por la categoría central de la campaña, en el término bulo. Obviamente, si entendemos por tal una mentira de la que el emisor conoce su condición de tal y que pone en circulación precisamente para engañar a la opinión pública debilitando al aludido por dicho bulo, poco hay que añadir a la rotunda condena. Pero el primer problema que se plantea debería resultarnos familiar, porque es el que se viene repitiendo en el debate político desde hace ya demasiado. Consiste en intentar imponer nuestra definición sobre la naturaleza o la conducta del adversario político, pero reclamando que se respete la que nosotros hacemos de nosotros mismos o de nuestras prácticas. Tal ocurre cuando, yendo a lo más exagerado, la izquierda define a la derecha como criptofascista, o esta a aquella como filocomunista, en tanto que se definen a sí mismas bien como progresistas, bien como liberales.

Lo propio sucede si nos referimos a sus prácticas. Es más que probable que si algún periodista –o jefe del gabinete de comunicación de un determinado responsable político, tanto me da a los efectos de lo que se está planteando– recibiera el reproche de haber puesto en circulación lo que luego quedó acreditado que no eran otra cosa que noticias falsas, se defendiera argumentando que lo difundido era un rumor insistente en diversos ámbitos, defensa que muy probablemente complementaría añadiendo a continuación el tópico, tan habitual antaño, de que “el rumor es la antesala de la noticia”. Situados ex post facto, nada más fácil que actualizar el tópico a base de puntualizar que cuando el rumor en cuestión no queda confirmado se le debe rebajar a la categoría de bulo. Solo que, situados ex ante, esto es, ignorando todavía la veracidad de la presunta noticia de la que se trate, probablemente debiéramos parafrasear el precepto evangélico y afirmar que el que esté libre de haber difundido rumores que tire la primera piedra. 

Análoga ambigüedad parece contener alguna otra categoría utilizada en este mismo debate, como la de desinformación, sin ir más lejos. La categoría tiene unas resonancias de corte realista ante las que también deberíamos estar prevenidos. Al igual que hace un momento, también ahora hay una dimensión de fondo sobre la que solo cabe estar de acuerdo. Por descontado que se impone reaccionar frente a quienes desprecian los hechos, pero solo con este acuerdo no vamos muy lejos. De nuevo, los árboles no deberían impedirnos ver el bosque. Buena parte de cuanto nos está sucediendo viene de atrás, y presentarlo como una novedad derivada de la irrupción de las redes sociales, los digitales o cualquier variante de pseudomedios puede cumplir en el fondo la función de desplazar el foco de la atención pública, exculpando las prácticas a las que se vienen abandonando los medios más clásicos desde hace ya bastante tiempo. 

Dejemos de lado ahora, porque podría enredarnos en una discusión de carácter más bien epistemológico, la constatación de que cualquier hecho, para resultar significativo y, por tanto, comprensible, debe ser inscrito en el marco mayor de una interpretación, a su vez susceptible de ser discutida. Obviamente, no todas las interpretaciones son iguales (son mejores las más respetuosas con los propios hechos), sin que quepa soslayar el dato de que, en ausencia de dicho marco mayor, el mero hecho resulta ininteligible. Ahora bien, si decimos que importa más subrayar otra dimensión del asunto es porque el grueso del denominado periodismo de trinchera, tan activo en nuestros días, no utiliza como munición fundamental la mentira. Eso es, ciertamente, lo que se le reprocha desde la trinchera de enfrente, pero es probable que constituya una exageración para satisfacer a los incondicionales propios. 

Más adecuado resultaría afirmar que utilizan una herramienta sobre la que no alcanzo a ver la manera en la que los poderes públicos podrían intervenir. Me refiero a la herramienta de lo que se acostumbra a denominar las medias verdades. Sin duda, si pretendiéramos considerarlas toda una categoría teórica nos encontraríamos con que no resulta muy rigurosa desde el punto de vista metodológico, pero puede cumplir la función, necesaria, de llamar la atención sobre el hecho de que tanto o más importante que la desinformación es la distorsión ("¿Dijiste media verdad? / Dirán que mientes dos veces / si dices la otra mitad", ya escribía Antonio Machado). Y la distorsión, ni es un fenómeno nuevo, ni parece que los propios medios, incluidos los más clásicos, estén demasiado interesados en corregir, tal vez porque consideran que pueden extraer un cierto provecho del mismo, aunque seamos muchos los que pensamos que, de existir, dicho provecho es, en el mejor de los casos, pan para hoy y hambre para mañana. 

Llegados a este punto, intentemos proyectar los anteriores matices sobre la actualidad. No deja de llamar la atención que la izquierda, siempre tan proclive a buscar las causas de fondo, estructurales, de los problemas concretos que aparecen en la superficie de lo real, haya quedado enredada en esta ocasión en un planteamiento exclusivamente en términos de efectos, por más indeseables que estos puedan llegar a ser. Cuando lo más correcto sería sostener que nos estamos encontrando con la exasperación –por añadidura perversa– de toda una lógica profunda que veníamos arrastrando desde hace mucho, pero que no se ponía en cuestión en la medida en que a las partes implicadas no parecía irles del todo mal con ella. A las grandes empresas periodísticas porque no afectaba a su cuenta de resultados, a los profesionales porque autoatribuirse la condición de garantes de la democracia les permitía funcionar al margen de cualquier regulación (por lo visto, el mito de la autorregulación solo resultaba aceptable para ellos) y a las formaciones políticas porque todas las fuerzas mediáticas en presencia parecían bajo control. 

Este escenario ha saltado por los aires y corresponde una reflexión en profundidad acerca de cómo hemos llegado hasta aquí. Se puede aceptar que determinadas iniciativas políticas, intentando poner coto a los mayores desmanes informativos, siempre serán de utilidad, pero a sabiendas de que no dejarán de constituir parches. Tomarse en serio que la información es un bien público implica que debería haber una política de Estado que, precisamente porque entendiera que aquella no constituye un bien de consumo más, asumiera su gestión como una cuestión casi prepolítica, en el sentido de que entendiera irrenunciable la existencia de unos espacios de conocimiento que proporcionaran a los ciudadanos información veraz y opinión plural, de tal manera que estos dispusieran de los instrumentos para poder participar en la vida pública y tomar sus propias decisiones en las mejores condiciones. Nada tiene esto que ver con censuras, nacionalizaciones ni nada que se le pueda parecer. No estamos aludiendo a lo que los medios de comunicación privados deberían hacer. Nos estamos refiriendo, si acaso, a lo que los medios públicos llevan, escandalosamente, demasiado tiempo sin hacer. 

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado.

¿Se puede sentir en las presentes circunstancias algún tipo de empatía hacia Íñigo Errejón o eso coloca de manera automática a quien pueda experimentarla en el hipotético bando de los acosadores, maltratadores (psicológicos o físicos) y demás abominable ralea? En estos días se ha escrito muchísimo sobre los episodios que han supuesto la defunción pública de uno de los fundadores de Podemos. Pero se ha hablado menos, infinitamente menos, de quienes le han dado muerte, esto es, de sus verdugos, si se me permite utilizar el término. 

No pretendo aludir con él a las víctimas (unas más presuntas que otras, unas más inocentes que otras) que con su testimonio han terminado desencadenando el escándalo que ha provocado la irreversible caída en desgracia de Errejón. Tampoco pretendo referirme, en un plano muy distinto, a esos verdugos abstractos que vendrían representados por las contradicciones personales a las que el propio Errejón se refería en su carta de despedida de la política. Contradicciones que eran presentadas como las auténticas culpables de su destino final, y que él endosaba, en una pirueta argumentativa marca de la casa, al neoliberalismo y al patriarcado. No hace al caso detenerse ahora en este último aspecto, aunque valdrá la pena constatar que estamos ante un recurso que constituye, sin duda, un signo de los tiempos. A este respecto, lo único que cabe observar es que disponiendo de macroinstancias de semejante magnitud a las que endosar cualquier comportamiento censurable, parece claro que en nuestros días el que no es una víctima es porque no quiere.

Pretendo referirme a otro elemento, de muy diferente naturaleza. Se me permitirá que plantee el asunto recurriendo a la vieja imagen que en mayo del 68 del pasado siglo utilizaban los estudiantes pretendidamente revolucionarios para reivindicar las potencialidades transformadoras que, según ellos, contenía la realidad. Pues bien, finalmente y en contra de lo que se decía, hemos constatado que debajo de los adoquines no había ninguna playa. Había alcantarillas por las que circulaban las aguas residuales que la ciudad nunca deja de producir. Resultaría engañoso, por equívoco, afirmar que el hedor de las mismas ha pasado a ser tan intenso que se percibe desde la calle. Se trata más bien de otra cosa, bien distinta. Se trata de que hay quienes han decidido que lo más saludable para la vida en común es que tales aguas circulen a cielo abierto por la superficie, a la vista de todos. 

Dudo que a estas alturas haya nadie que reivindique el secretismo o el derecho a que, en nombre de la salvaguarda de la propia intimidad, personas con responsabilidad pública puedan blindarse del reproche social que recibirían si se conocieran determinados comportamientos personales del todo incompatibles con sus responsabilidades. Ahora bien, entre esto y la obscenidad con la que algunos en redes sociales en los últimos días se deleitaban en el relato de los detalles más íntimos de ciertos episodios media un abismo. Aunque tal vez todavía más preocupante que dicha obscenidad sea otra cosa, ligada a lo anterior, que también se produjo con especial intensidad el fin de semana pasado. 

Fuimos muchos los que, en esos días, recibíamos mensajes anunciando cuál era el próximo personaje público (no solo político, sino también periodista, era el lugar común más reiterado) que iba a ser objeto de denuncia pública en las redes sociales. Habrá quien intente rebajar la importancia de tales anuncios señalando que finalmente todos esos nombres y conductas anunciadas no dieron lugar a denuncia alguna, pero el argumento, a poco que se piense, resulta escasamente tranquilizador. Porque repárese en una de las afirmaciones más reiteradas a raíz de conocerse las denuncias contra Íñigo Errejón. Para criticar el silencio –cuando no la complicidad– de las direcciones de las distintas formaciones políticas por las que pasó el hoy defenestrado eran muchos los que, de manera casi inexorable, empezaban señalando: ”todo el mundo sabía que…”, y a continuación la crítica en cuestión.

Llegados a este punto, la pregunta que ya no cabe soslayar es ¿y cómo lo sabían? La pregunta, ciertamente, resulta tan insoslayable como retórica porque la evidencia incontrovertible es que buena parte de todas esas personas que decían estar al tanto de las andanzas sexuales de Íñigo Errejón había tenido noticia de las mismas a través de las redes sociales. Sin que pueda servirnos de consuelo el hecho de que el rumor no hubiera adoptado la categoría de escándalo que ha terminado por alcanzar. Porque lo efectivamente preocupante es de quién depende que dicho tránsito se produzca o, si se prefiere, en manos de quién está eso que los clásicos llamaban nuestra honra. Muy mal vamos, ciertamente, si está en manos de testimonios anónimos depositados en cualquier red social y administrados por vaya usted a saber quién con no se sabe qué propósito. 

Solo añadir, para ir finalizando, que otra de las afirmaciones que también se ha repetido hasta la saciedad en estos días ha sido la de que muchas de las propuestas que en su momento defendía Íñigo Errejón y que terminaron por tener forma legal parecen haberse vuelto ahora en su contra. He de decir que mi profundo desacuerdo con muchas de ellas no me lleva a celebrar en modo alguno que le haya tocado tener que probar su propia medicina. Sigo pensando que la máxima de Concepción Arenal “odia al delito y compadece al delincuente” todavía podría servir de guía en el debate público a la hora de abordar cuestiones especialmente sensibles. 

La sin duda loable apelación a estar siempre y sobre todo con las víctimas no debería servir para disimular el hecho de que en muchos momentos de los últimos días a lo que hemos asistido ha sido a un vengativo linchamiento en toda regla (en algunos casos por parte de personas que, de forma poco disimulada, le tenían ganas a él personalmente o al sector político que representaba). Cuando lo que de veras necesitamos ahora es una reflexión crítica colectiva en profundidad que, más allá de las flagrantes contradicciones políticas y personales de Íñigo Errejón, se plantee cuáles han sido los errores cometidos por muchos –o cómo las mejores intenciones han dado lugar a las peores consecuencias– y de qué forma podemos corregir este desatinado rumbo. Pero se ha encanallado demasiado el espacio público como para esperar cosas tales como el ejercicio de la compasión, especialmente con los adversarios (políticos o de género). 

Quizá sea esta una de las más lamentables lecciones que quepa extraer de lo que le ha sucedido a Errejón. En nuestra sociedad la empatía, a la que todo el mundo apela porque parece ser de buen tono, solo se practica de hecho con aquel a quien previamente hemos considerado digno de ser empatizado. Al resto, ni agua. Y así nos va.  

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Autor del libro 'El Gran Apagón. El eclipse de la razón en el mundo actual' (Galaxia Gutenberg), entre otros ensayos.

Prácticamente han coincidido en el tiempo, con escasas semanas de diferencia, la toma de posesión de Salvador Illa como president de la Generalitat de Cataluña y el abandono del Ayuntamiento de Barcelona por parte de Ada Colau. Una entrada y una salida que, a poco que se piense, contienen una fuerte carga simbólica.

La renuncia de la exalcaldesa a continuar como concejal, así como a seguir como coordinadora de Catalunya en Comú, ha venido acompañada de una explicación tan inconsistente como reveladora. Empecemos constatando que Colau no se va para no volver, como en la vieja canción, sino precisamente para poder volver sin tener que violentar de nuevo el código ético de su propia formación, cosa que ya hizo al presentarse por tercera vez a la alcaldía de Barcelona. Era este punto, como se recordará, extremadamente representativo de la denominada en su momento nueva política, uno de cuyos ejes críticos era precisamente la descalificación de una casta dispuesta a perpetuarse en los espacios de poder a cualquier precio.

Nadie puede dudar a estas alturas que Colau ha acabado convertida en una profesional de la política sin ninguna diferencia apreciable, en lo que respecta al apego a los cargos, con aquellos a los que tanto criticaba en el pasado. Y, aunque en su despedida ha repetido una vez más que no fue ministra porque no quiso (una afirmación que desde el primer momento sonaba a poner la venda antes de la herida o, si se prefiere, a la vieja fábula de la zorra y las uvas), de hecho, se ha cuidado mucho de no cerrar la puerta a la posibilidad de volver a presentarse a la alcaldía en 2027. Entretanto, en los tres años que faltan hasta esa fecha, ha anunciado que se dedicará a explicar su modelo de ciudad y a reflexionar sobre la izquierda. Dado que se supone que lo primero es lo que ya debería haber hecho a lo largo de los ocho años de su mandato al frente del Ayuntamiento barcelonés, sería de agradecer que fuera adelantando algo acerca de la segunda tarea que se ha autoencargado.

Podría empezar —es solo una modesta sugerencia— intentando dar cuenta de la ruinosa deriva que ha seguido el sector político del que ella era una destacada representante. Más allá de las flagrantes contradicciones en las que terminaron incurriendo quienes alcanzaron una considerable notoriedad a base de descalificar, con el señalado argumento de la casta, a la totalidad de los políticos anteriores (no resulta aventurado pensar que dichas contradicciones se encuentran en el origen del declive político del propio Pablo Iglesias), tal vez lo más digno de resaltar sea que la ruina de aquel sector ha dado lugar a consecuencias que afectan no solo a los directamente implicados sino a la sociedad en su conjunto. Porque si en algún momento todas las formaciones que se proclamaban, desde diferentes opciones ideológicas, portadoras de una novedad regeneradora consiguieron despertar un amplio anhelo de cambio profundo y radical de la vida pública, la desembocadura de todo aquel proceso muy probablemente signifique el final (definitivo o por mucho tiempo) de un determinado tipo de expectativa de futuro. Parece altamente improbable que, en adelante, resulten creíbles para la ciudadanía los cantos de sirena de quienes aportan, como único aval para su promesa regeneradora, el mero hecho de ser ellos mismos nuevos, junto a la solemne declaración de estar decididos a romper amarras con lo que hubo. Es de toda evidencia que con esto no es suficiente en absoluto.

Pero si hemos empezado contraponiendo la salida de una y la entrada de otro es precisamente porque en esta última encontramos una clave que nos permita interpretar el giro que parece haberse producido en los últimos tiempos en nuestra sociedad. En efecto, frente a la cansina gestualidad adanista de Colau, la explícita y reiterada referencia a Tarradellas por parte de Salvador Illa implica, en tanto que gesto simbólico, una manera diferente de relacionarse con el pasado, lo cual —dicho sea un punto paradójicamente— no deja de representar una novedad en nuestros días. En el bien entendido de que no acaba en el primer president de la Generalitat restaurada la reivindicación de momentos pretéritos por parte del nuevo president. Porque tampoco le han dolido prendas a este en reconocer la importancia de la tarea desarrollada por Jordi Pujol en muchos aspectos o, más en general, en destacar el valor de buena parte de lo llevado a cabo por quienes le precedieron.  

Podrían señalarse otros rasgos diferenciales entre Colau e Illa. Por ejemplo, cabría señalar la claridad con la que el segundo ha declarado sus convicciones en diversos ámbitos, sin ocultar ni siquiera uno tan personal como es el religioso. Aunque lo de menos es que Salvador Illa lea a Gabriel Marcel (por aquello del humanismo cristiano) o a Markus Gabriel (por su formación en filosofía analítica): lo importante es que los ciudadanos saben a qué atenerse en relación con sus ideas. De otras, en cambio, no se sabe si, pongamos por caso, su sobrevenida devoción por el Papa Francisco es debida a un catolicismo que hasta ahora no habían declarado, a un cristianismo vivido en la intimidad o, no lo descartemos, a una profunda querencia peronista.  

No acaban aquí las diferencias, por supuesto, y, por ir a un asunto aún más pertinente cuando se trata de señalar las distancias entre representantes públicos, ahora que el procés ha entrado en una fase declinante, valdrá la pena recordar que seguimos sin conocer qué opción habría defendido Ada Colau en el supuesto de que el independentismo hubiera alcanzado sus objetivos y se hubiera convocado el referéndum de autodeterminación que constituía la pieza clave de su programa. Tengo para mí que, siguiendo con su proverbial indefinición (que los suyos tienen por suprema habilidad), habría defendido la libertad de voto con el argumento de la transversalidad de su formación. Illa, en cambio, tuvo el coraje político de estar en la tribuna en la multitudinaria manifestación convocada por Societat Civil Catalana en octubre del 2017 en Barcelona. Una diferencia ciertamente notable.

Pero precisamente por ello, porque el actual president de la Generalitat tiene ideas propias y no las oculta, es más de agradecer que parezca decidido a no apostar por la polarización, esto es, por hacer un uso sectario de las mismas.  Lo que implica no solo una determinada manera de desenvolverse en el presente (por ejemplo, no tratando a los adversarios como enemigos) sino también, recuperando la cuestión apuntada antes, una forma específica de relacionarse con el pasado (por ejemplo, reconociendo el valor para nosotros hoy de determinados aspectos de lo que tuvo lugar antaño). No es esta una vaporosa afirmación retórica susceptible de ser aceptada casi por cualquiera. Al contrario, en una situación como la actual, en la que uno de los reproches preferidos por parte de quienes se tienen a sí mismos por el no va más del izquierdismo es el de neorrancio, la mencionada actitud posee un inestimable valor práctico-político que conviene destacar.

En efecto, carecería completamente de sentido proponer ningún tipo de vuelta atrás en la historia e intentar recuperar en su totalidad un determinado momento del pasado. No conozco a nadie que prefiera vivir en una etapa histórica anterior, prescindiendo por completo de los avances y progresos de todo orden que entretanto se han ido produciendo, esto es, un neorrancio de una pieza. Pero que nadie añore la totalidad del pasado no equivale en modo alguno a rechazar que haya aspectos o dimensiones de otro tiempo que no solo podemos reconocer desde el presente que merecen una valoración positiva, sino que constatamos que las echamos en falta.

Probablemente si hoy estamos en disposición de afirmar que en Cataluña la década pasada fue una década perdida es porque percibimos con claridad algo más que la frustrante inanidad de determinadas propuestas políticas (subsumibles bajo el genérico rótulo de populismo, tanto de izquierdas como nacionalista): percibimos las severas limitaciones de quienes presumían de encontrarse en condiciones de materializarlas. Intentar aprender de quienes, antes de ellos, no cometían determinados errores no es un empeño nostálgico (e imposible) en regresar al pasado, sino probablemente la mejor manera de la que hoy disponemos para encarar un futuro repleto de incertidumbres.

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Autor del libro 'El Gran Apagón. El eclipse de la razón en el mundo actual' (Galaxia Gutenberg), entre otros ensayos.

Tiene su cuajo que, después de alardear de haberle sacado los higadillos al presidente del Gobierno español, mordiendo así la mano que le ha dado de amnistiar, ahora Pere Aragonès, secundado abiertamente en este punto por Carles Puigdemont, se dedique a resucitar la vieja equiparación entre PSOE y PP en lo que respecta a la relación del Estado con Cataluña. Con facilidad se adivina el signo político de la resurrección, que apunta inequívocamente al día después. Porque, en efecto, tras la aparente radicalidad del argumento del president, que parecería anunciar una estrategia de abierta confrontación con España como enemigo histórico, se están poniendo las bases para poder justificar, o al menos atenuar, el escándalo que supondría para los votantes independentistas que las formaciones que les representan llegaran a acuerdos con una fuerza política como el PP, que no se priva en muchos momentos de asumir abiertamente el nacionalismo español más rancio.

En efecto, sentado ante los suyos el precedente de los acuerdos con un partido presuntamente tan español como el PSOE de Pedro Sánchez, no debería ya resultarle demasiado difícil a los independentistas justificar un cambio en su pareja de baile en beneficio de los populares, especialmente a poco que aquellos pudieran presentar en público el trofeo de haber conseguido arrancar a la nueva pareja alguna reivindicación llamativa (a ser posible de esas que ponen de los nervios a los sectores más cavernícolas del universo mediático). 

Por el otro lado, el hecho de que los líderes independentistas, con causas penales pendientes, se hubieran visto amnistiados les devolvería de pleno derecho, sin apenas riesgo de rechazo por parte de los propios votantes conservadores, a la condición de interlocutores válidos para cualquier eventual negociación con el Partido Popular, como las tempranas declaraciones de González Pons acerca de Junts cuando andaba buscando apoyos para la investidura de Feijóo demostraban palpablemente. El fariseísmo del planteamiento independentista a este respecto resulta evidente por completo: el reproche que sirve en apariencia para descalificar a los dos grandes partidos nacionales, esto es, su condición de españoles (y, por tanto, enfrentados a Cataluña), sirve en realidad para justificar el poder pactar con cualquiera de ellos en cada momento según convenga. 

Para evitar un escenario como este, en el que el independentismo, liberado de las amenazas judiciales, podría aplicarse abiertamente a pactar con unos y con otros en la perspectiva de reactivar desde el poder catalán lo que en la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del independentismo se calificaba –con una calificación en mi opinión más que discutible– como “meras ensoñaciones”, Salvador Illa ha propuesto una estrategia bien definida. No cesa de reiterar últimamente en sus intervenciones públicas una exhortación a los ciudadanos catalanes que evoca, inequívocamente, la que en su momento le dedicara Ortega y Gasset a los argentinos: “¡a las cosas!”. Pero mientras el filósofo madrileño se refería a la conocida querencia porteña por la pirotecnia verbal (en tantas ocasiones prácticamente ayuna de contenido sustantivo), el líder del PSC exhortaba a poner el foco de la atención pública sobre aquellas cuestiones como la sanidad, la educación o la sequía que, sin la menor duda, preocupan a la inmensa mayoría de los catalanes, sin distinción de ideologías, y que fueron abandonadas por los sucesivos gobiernos independentistas durante la década –perdida– del procés.

Un planteamiento como el de Salvador Illa se encuentra, desde luego, en condiciones de atraer a todos aquellos votantes independentistas conscientes del fracaso con el que parece haberse saldado el procés y deseosos de dejar atrás sus presuntas ensoñaciones. Sin embargo, llegados a este punto, resulta poco menos que ineludible dejar formulada una advertencia: incluso aceptando, benévolamente, que tales ensoñaciones pudieran ser solo eso, se impone no deducir de ello conclusiones equivocadas.

Es cierto que con mucha frecuencia tenemos la ocasión de escuchar a responsables políticos afirmar que lo que hay que hacer es hablar de “los problemas que realmente preocupan a la gente”. Pero, al margen de que en muchas ocasiones, tras tan enfática afirmación, tales políticos se dedican a hablar de los problemas que les preocupan a ellos en particular, la verdad es que ese impreciso universo denominado “gente” se encuentra formado por subgrupos de personas de muy diverso tipo, que a su vez parecen sentirse preocupadas por cuestiones de naturaleza muy diferente, de tal manera que resultaría tan simplista como apresurado limitarse a dividir tales cuestiones en dos grandes categorías, las directamente materiales y las, digámoslo así, ideológicas. 

De hecho, ya hace un tiempo que el llorado Jesús Mosterín comentaba, en una entrevista periodística, que “la gente únicamente está dispuesta a morir por cosas que no existen”, y se refería a continuación a entidades que él denominaba metafísicas, como la Patria o Dios. En cualquier caso, y aún a sabiendas de que la lista de tales entidades varía históricamente, no faltan quienes, además de vivir como realmente importantes y trascendentales asuntos que otros califican de metafísicos, incluso hacen pasar a estos, en el ranking de sus preocupaciones, por delante de los de carácter más inequívocamente material. Probablemente de esta única manera se entienda la fuerte resistencia del voto independentista, susceptible, ciertamente, de registrar abandonos como consecuencia del incumplimiento de la mayor parte de sus promesas, pero en lo sustancial inmune a la falsación de su proyecto político.  

De ahí el desafío que implica la tarea emprendida por Salvador Illa. Lleva razón cuando afirma que únicamente se le dará carpetazo al procés si, además de ganar, cosa que todo el mundo parece estar dando por descontada, consigue gobernar. Ello haría posible que se abriera un nuevo escenario, caracterizado, frente al de etapas anteriores, por la racionalidad y el pragmatismo, esto es, por lo que el propio Illa gusta de denominar como "política útil". Una política con vocación de ser útil, no ya solo para abordar y empezar a resolver los problemas que el independentismo ha dejado de lado, sino para algo si cabe aún más importante. Porque el horizonte debería ser que esta otra manera de hacer política, además de servir para ofrecer un refugio a los desencantados del procés, terminara por convencerles de la superioridad teórica y práctica de otro modelo de país. O, si se prefiere, que les proporcionara buenas razones para que no quisieran regresar al pasado.

Si, por el contrario, terminaran gobernando los independentistas, no solo podría considerarse fracasada la apuesta de Pedro Sánchez por la reconciliación y el reencuentro, sino que se haría evidente que el relativo sosiego y tranquilidad del actual momento habría sido malinterpretado por muchos. Por formularlo metafóricamente, no nos encontraríamos ante el final de ese partido que fue el procés, sino ante los 15 minutos de descanso, y el único interrogante que quedaría flotando en el aire sería el de qué sustituciones tendrán lugar en cada equipo y qué cambios introducirán los responsables de ambos en sus respectivos esquemas de juego (a eso parecía referirse Jordi Turull al afirmar  que “haría mejor” todo lo que ya hizo una vez, o el propio Puigdemont cuando declaraba el pasado domingo en una entrevista periodística la necesidad de “preparar mejor” la independencia).

Y para continuar con la metáfora y rematar la pieza: tal como está el patio y a la vista de los planteamientos extremadamente tácticos de algunos, no descarten que hubiera quien decidiera jugárselo todo en la tanda de penaltis. O sea, en un referéndum. 

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Autor del libro El Gran Apagón. El eclipse de la razón en el mundo actual (Galaxia Gutenberg).

Probablemente muchos de ustedes conozcan el viejo chiste del tipo malencarado que entra en la farmacia y le espeta al farmacéutico que se le acerca, solícito, a atenderle: “¿tiene píldoras contra el malhumor, calvo de mierda?”. A mí me venía mucho a la cabeza últimamente, cuando escuchaba en sede parlamentaria a unos y a otros iniciar sus intervenciones con un en apariencia amable y conciliador “debemos ser capaces de colaborar, le tiendo mi mano…”, al que a continuación seguía el equivalente al “calvo de mierda” del chiste. Que tanto podía ser “a pesar de que usted pacta con filoetarras, prófugos de la justicia y comunistas bolivarianos varios” como “a pesar de que usted ha asumido el programa de la extrema derecha que quiere acabar con todos los avances alcanzados en materia de derechos y libertades”, por empezar por las lindezas de menor calibre. 

Soy de los que piensa que, así las cosas, para que las invocaciones al diálogo, la colaboración y el pacto tengan una mínima credibilidad, deberían ir acompañadas de propuestas de medidas concretas, identificables, que operen a modo de garantía para que los ciudadanos puedan estar seguros de que no se encuentran ante el enésimo flatus vocis por parte de unos acreditados especialistas en palabras vacías como son algunos de nuestros representantes públicos. Las medidas podrían ser las que, por ejemplo, proponía Jordi Sevilla en un tuit nada más dar a conocer Pedro Sánchez su firme voluntad de continuar al frente del gobierno de la nación: “Le ha faltado [al presidente] ofrecer un Pacto institucional al PP para poner fin a la crispación. Incluyendo un Código Ético que regule las actividades de familiares de presidentes (también autonómicos) y ministros (y consejeros autonómicos)”. 

Como fue señalado desde el primer momento por parte de la práctica totalidad de analistas de muy diverso signo, no hay la menor noticia de si existe voluntad política de llevar adelante, si no las medidas propuestas por el exministro, otras de parecido tenor. Lo que sí hay son indicios de lo que no parece estarse ni contemplando, a saber, algún tipo de acuerdo con el máximo de fuerzas políticas (y no solo con los socios) alrededor de un objetivo en principio tan universalmente asumible como la regeneración democrática. En realidad, es más bien al contrario: parece haberse dado por sentado, sin necesidad de explicitarlo más, que resulta impensable alcanzar un acuerdo con aquellos partidos que, en la misma declaración en la que se lamenta la crispación, quedan señalados como los responsables de ella. Y por si un recalcitrante necesitara la explicitación, ahí está la nítida referencia de una joven ministra del actual gobierno al peligro que supondría que pudieran terminar ganando los malos, esto es, sus adversarios políticos. 

Este rechazo a acordar nada con nadie que no esté previamente de acuerdo tal vez esté informando de algo de mayor calado, a saber, el contenido que se le está dando a esa presunta regeneración pendiente. Por lo pronto, algo pudimos comprobar de inmediato. Así, la misma tarde en la que Pedro Sánchez anunciaba su propósito de continuar al frente del Gobierno, entidades en la órbita de Sumar convocaban una concentración frente a la sede del CGPJ en Madrid bajo la consigna “El golpismo viste de toga”, consigna que, a modo de explicación, llevaba como subtítulo un revelador (a su pesar) “mostremos al mundo como se defiende la democracia”. En parecido sentido se pronunciaba a las pocas horas la propia Yolanda Díaz o su antiguo jefe, Pablo Iglesias, que todavía respira por la herida del presunto lawfare del que fue objeto. 

Además del judicial, el otro frente sobre el que se supone que la regeneración debería actuar sería el mediático o, más específicamente, sobre esa “máquina del fango” que se dedica impunemente a lanzar bulos y poner en circulación mentiras cuyos mismos propaladores saben que lo son. Dudo que haya nadie dispuesto a asumir la defensa de quienes así actúan, pero tal vez la cuestión no sea tanto el objetivo proclamado como la forma concreta en la que se pretende emprender tan loable tarea. Porque no hace falta ser un lince para darse cuenta de que la consigna “hay que acabar con el fango” puede funcionar a modo de coartada precisamente para enfangar más aún la escena pública, y de ello tenemos muestras prácticamente a diario. Es más, probablemente uno de los mayores peligros que en estos momentos nos acecha es precisamente que, echando mano de esta retórica regeneracionista que venimos comentando, pueda producirse no ya solo una consolidación sino, peor aún, una profundización en el clima de crispada polarización. Solo que ahora, a diferencia de lo que ocurría hasta este momento, dicha polarización pretendería venir legitimada en el argumento de que solo así, esto es, poniendo en cuestión algunos de los pilares básicos en los que se asienta el edificio de la democracia –como, por ejemplo, la separación de poderes o la existencia de una prensa libre e independiente de cualquier tipo de interferencias–, se podrá acabar de una vez por todas con semejante clima.

En realidad, no debería haber excesivas dudas acerca de cómo se defiende la democracia: se defiende fortaleciendo las instituciones, esto es, haciendo que cumplan con las funciones para las que todas ellas fueron diseñadas. De esas otras vías de defensa que gustan de presentarse como alternativas –por ejemplo, la de sacar a las masas a la calle al dictado de una determinada consigna, práctica a la que, por cierto, últimamente parecen haberse abonado incluso con entusiasmo nuestros partidos mayoritarios–, tenemos todo el derecho del mundo a dudar acerca de si efectivamente desembocan en un fortalecimiento de la democracia o más bien pueden contribuir a su deterioro. Porque, a estas alturas de la historia, no debería venirnos de nuevas que los hubiera que, confundiendo intencionadamente democracia deliberativa con democracia movilizativa, estuvieran contribuyendo eficazmente a debilitar el edifico democrático tal como lo conocemos. Con lo que nos encontraríamos ante la sangrante paradoja de que, en nombre de la necesidad de la regeneración de la democracia, a lo que estaríamos asistiendo sería a su gradual degeneración.  

Difícil, ciertamente, ser optimistas en estos momentos. De hecho, las cosas que cualquier ciudadano de este país venía leyendo y escuchando en los últimos tiempos, como las amenazas a periodistas por parte del jefe de gabinete de la presidenta de la comunidad de Madrid, sin ir más lejos, constituían por sí solas motivo de severa preocupación. Pero, tras lo sucedido la pasada semana, no parece demasiado osado afirmar que avanzamos hacia un horizonte de mayor crispación, en el que el adversario político va a ser todavía más enemigo (si cabe). De hecho, no ha faltado, en la orilla de enfrente, el ideólogo de cámara que, en nombre de la legítima defensa (ay, legítima defensa, cuántas barbaridades se han perpetrado en tu nombre), se ha apresurado a instar al Gobierno “a protegerse”, esto es, a maniatar en lo posible a cuantos poderes e instancias le puedan incomodar políticamente. 

Nada me complacería más que hacerme acreedor del reproche de estar cogiendo el rábano por las hojas, presentando como ejemplos cargados de significado intervenciones poco representativas de esos presuntos nuevos vientos que se nos anuncia que van a empezar a soplar próximamente. Pero habrá que aceptar que quienes deberían aportar motivos para la esperanza parecen empeñados más bien en ensombrecer el futuro inmediato con unas exhortaciones a la limpieza que desprenden un preocupante tufillo a amenaza. Aunque, insisto, tal vez sea yo el equivocado y mi equivocación tenga una explicación bien simple. Como federalista que me considero, tiendo a pensar que la política está para tender puentes, no para levantar muros. O, por decirlo con las palabras de otro federalista (Salvador Illa): la buena política está para unir y servir. Lo demás es politiquería.

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Autor del libro El Gran Apagón. El eclipse de la razón en el mundo actual (Galaxia Gutenberg)

En democracia no tiene sentido afirmar que el fin justifica los medios porque ella, en definitiva, no es otra cosa que un entramado de medios —de instrumentos, de herramientas— que no tienen un fin propiamente dicho sino un horizonte: conseguir vivir juntos de la mejor manera posible o, si lo prefieren, materializar un ideal de vida buena susceptible de ser aceptado por (y aplicado a) la totalidad de los ciudadanos. Con un matiz sustancial que no cabe olvidar: dicho entramado de medios solo puede constituir un fin en un supuesto, el de que no se disfrute de ellos, esto es, en situaciones no democráticas.

Por ello, no debería resultar legítimo plantear como poco menos que incuestionables, en el debate democrático ordinario, determinados fines, de tal manera que para la defensa de los mismos todo medio quedaría justificado. Entre otras razones porque la valoración de cualquier fin que se proponga no puede darse por descontada nunca, sino que debe llevarse a cabo en la plaza pública, deliberación mediante. En realidad, quienes intentan soslayar dicho debate acostumbran a hacerlo invocando una instancia de carácter superior, por no decir supremo, que esté por encima de toda deliberación y cuya mera invocación acalle el más contundente de los argumentos. Esto vale para quienes apelan a la defensa de los más débiles y de los excluidos, pero también valdría para quienes hacen de la defensa de la patria (sea esta cual sea, por descontado) su primordial bandera.

Dejemos ahora de lado un asunto nada menor, el de qué pueden estar dispuestos a hacer quienes se acogen a tales planteamientos, esto es, quienes entienden que la instancia de la que ellos se consideran únicos defensores y exclusivos representantes se encuentra amenazada. Cuando todavía estaba en campaña el que es hoy presidente argentino, Javier Milei, lo declaraba con inequívoca rotundidad: “Si la patria peligra, todo está permitido”. Análogamente, tampoco faltan los que, desde la otra orilla, se consideran autorizados a decidir quién cumple las condiciones para ser considerado auténtico demócrata y quién no, dando por descontado que los que no obtengan su placet deben quedar directamente excluidos del debate —cordón sanitario mediante— acerca de aquello que a todos concierne, por más respaldo popular que hayan podido obtener. 

En todo caso, no debería venirnos de nuevas semejante planteamiento. En buena medida era el que ya funcionaba durante los años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con un Partido Popular echado al monte, cuestionando la españolidad del Partido Socialista (especialmente por su actitud respecto al Estatut de Cataluña), y con este último deslizando de manera permanente la insidia de que la derecha poseía una irreprimible pulsión autoritaria que le llevaba a añorar secretamente el franquismo. Vista la cosa con una cierta perspectiva, algo tuvo aquella etapa de ensayo general de la que ahora estamos viviendo. Con el agravante de que en nuestros días la polarización parece haberse interiorizado tanto por parte de los propios ciudadanos que se diría que se ha producido un auténtico enquistamiento de la misma. Frente a lo que dijera en la pasada década uno de aquellos novísimos de la política, hoy prematuramente jubilado (a su pesar), no se trata de que el miedo haya cambiado de bando: es que el miedo ha acampado en todos los bandos, y está por ver que eso sea una buena noticia.

No lo parece, ciertamente, desde el momento en el que hace recaer sobre este registro emotivo el peso de la carga de las decisiones políticas de los ciudadanos. Por supuesto que siempre cabe argumentar que no son por completo excluyentes la argumentación y la emoción, y que incluso una instancia puede convertirse en un elemento de refuerzo de la otra. Pero eso, que en abstracto resulta un planteamiento atendible, no está claro que funcione a la hora de adoptar decisiones concretas. Tal vez se entienda mejor lo que pretendo decir si formulo esto mismo en forma de una pregunta: ¿son más sólidos los motivos de quien declara tener miedo a la extrema derecha porque amenaza con dañar severamente las conquistas alcanzadas y los derechos reconocidos o quien dice tener miedo al independentismo porque pone en serio peligro la integridad territorial de la nación? 

El problema no es la respuesta que se le pueda dar a la pregunta: el problema es que, en nuestros días, la pregunta ni tan siquiera se alcanza a plantear y que, sobre quien ose formular alguna reserva sobre el miedo de los suyos caerán invectivas y denuestos de todo tipo (sobre todo por parte de los aludidos). Pero que ni plantearse pueda el asunto constituye ya un poderoso indicador, no ya solo del enquistamiento que ha alcanzado la polarización, sino del grado de empobrecimiento del debate. Así, no son pocos los que, teniéndose a sí mismos por el no va más del progresismo crítico, dan por descontado que cualquier cosa que, pongamos por caso, proponga Vox, por el mero hecho de que sea precisamente esta fuerza política la que lo proponga, resulta condenable. Pero es obvio que esto plantea dos problemas teórico-prácticos no menores a quien asuma semejante posición. 

El primero, que le deja sin argumentos cuando ese mismo tipo de propuesta la plantea alguna otra izquierda (pensemos, por ejemplo, en las medidas anti-inmigración presentadas últimamente por los socialdemócratas alemanes, por no hablar del duro acuerdo firmado por los países nórdicos para la deportación masiva de solicitantes de asilo). El segundo, que, sin abandonar esta misma lógica, todo lo que propongan los tenidos por nuestros será dado por bueno por ese solo hecho. Pero de semejante aceptación, de la que no nos están faltando en los últimos tiempos sobradas muestras, se desprende de manera casi inevitable una consecuencia ciertamente relevante. Porque la mencionada aceptación bloquea toda posibilidad de autocrítica, en la medida en que la presunta bondad de los argumentos emana casi en exclusiva de la presunta bondad de quien los formula (como hemos visto que ocurre a la inversa con la maldad), de tal manera que, si el bondadoso los reformula o incluso los abandona, también de su decisión, sea cual sea, se predica idéntica virtud. Por formularlo con la terminología inicial: todo vale —todo medio queda justificado— si son los buenos (y cada cual se considera a sí mismo incluido en ese grupo) los que tratan de alcanzar sus particulares fines.

Probablemente insistir a estas alturas en la necesidad de que los argumentos racionales ganen peso frente a las apelaciones emotivas, como puede ser la del miedo que venimos comentando, constituya poco menos que una causa perdida. Pero tal vez no lo sea, o no lo sea del todo, invitar a que los ciudadanos practiquen un ejercicio al alcance de cualquiera, y del que no hay que descartar que pudiera desprenderse un resultado clarificador. Porque llama la atención en el debate público cuánto, y con qué facilidad, nos reímos de los miedos ajenos y cuán en serio nos tomamos los propios, tendiendo a considerar su relativización poco menos que como una ofensa personal. 

Acaso nos vendría bien hacer el ejercicio de intentar reírnos también de nuestros propios miedos, aunque solo fuera a título de experimento mental. No hay que descartar que al final cayéramos en la cuenta de que lo que tomábamos por cargarnos de razón era en realidad un cargarnos de emoción. Precisamente para no tener que razonar, no fuera caso que los argumentos del otro terminaran por resultar más convincentes que los propios. Y quizá sea eso lo que, de verdad, nos da más miedo. 

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Autor del libro 'El Gran Apagón. El eclipse de la razón en el mundo actual' (Galaxia Gutenberg).

Se ha puesto francamente difícil a estas alturas decir algo nuevo acerca de la dichosa cuestión de la amnistía, y ello no solo por la cantidad, sino sobre todo por la calidad de buena parte de los análisis. Por dicha razón, desistiré ni tan siquiera de intentarlo y me permitiré una licencia metodológica para buscar una perspectiva distinta. Los motivos que justificarían la licencia me parecen consistentes. Por un lado, no me considero en absoluto capacitado desde el punto de vista técnico-jurídico para adentrarme con solvencia en un asunto ciertamente complejo, respecto del cual hay consenso en que posee una importante dimensión interpretativa. Por el otro, no se trata de desdeñar o poner en duda la bondad de determinados propósitos de carácter genérico como los de facilitar la convivencia, estimular la concordia entre catalanes, promover la pacificación cívica y otros análogos presentados por los promotores de la ley. Soslayo tales propósitos porque no es en absoluto evidente la utilidad de invocarlos en el debate público en la medida en que no parece que estén contribuyendo en gran medida a clarificar la situación (¿o es que hay alguna fuerza política dispuesta a mantener que está en contra de la concordia, la convivencia y la pacificación?).

Dibujado el perímetro del debate, tal vez resulte viable introducir otra dimensión del asunto, que no siempre se pone en primer plano y que, a mi juicio, debería verse más destacada. Si echamos la vista atrás, tal vez se entienda mejor lo que pretendo plantear. Soy de quienes piensan, sin la menor reserva, que los indultos concedidos en la pasada legislatura a los líderes del procés constituyeron una medida políticamente acertada. No tengo en cambio idéntica opinión de las otras medidas que se adoptaron acompañando a la anterior. Dejo por un instante al margen la cuestión de la malversación para destacar que, como tantos, no alcanzo a ver que el delito de sedición pueda ser sustituido por el de desórdenes públicos agravados, por la sencilla razón de que, en tal caso, de repetirse una situación como la de septiembre de 2017 pero sin movilizaciones en la calle ni alteraciones del orden, la conducta protagonizada por Puigdemont y demás líderes independentistas no merecería el menor reproche legal.

Pues bien, de alguna manera cabría establecer un paralelismo formal entre el momento en el que se concedieron los indultos y el actual. También a la hora de negociar la investidura el independentismo no se conformaba con reclamar al gobierno central una sola medida, sino que le planteaba varias. El mismo paquete en el que iba la amnistía incluía también determinadas reivindicaciones económicas y, sobre todo, la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Esto último ha generado una notable inquietud, en especial entre aquellos que, en Cataluña, se han opuesto con firmeza a lo largo de estos años a las pretensiones independentistas y a los que últimamente algunos parecen empeñados en invisibilizar, cuando no a ningunear. La respuesta se supone que tranquilizadora del Gobierno ha sido en todo momento la de que es el marco constitucional el que no se va a rebasar bajo ningún concepto.  

Pero si a muchos de estos ciudadanos la respuesta les ha resultado poco satisfactoria es porque creen echar en falta un elemento completamente fundamental. Porque en la formulación, reiterada en las últimas semanas por destacados responsables del Gobierno, “la Constitución es el marco y el diálogo, el método”, se omitía algo rigurosamente inexcusable, a saber, el objetivo, sin que resulte de recibo, por lo que ya se ha comentado, que puedan ser considerados como tales la convivencia, la concordia o cosas equivalentes. Y si semejante respuesta no resulta aceptable por demasiado genérica (y, en consecuencia, inútil políticamente), tampoco lo sería, en el otro extremo de la argumentación, una respuesta tan excesivamente concreta como la de que el objetivo era que se pudiera formar gobierno para llevar adelante determinadas políticas progresistas.

Es en la línea de especificar dicho objetivo en el que se impone avanzar y me temo que no hacerlo a quienes más perjudica es a quienes se exceden en la prudencia (o en el cálculo). En su momento, el independentismo puso encima de la llamada Mesa del Diálogo entre el gobierno central y el govern de la Generalitat dos puntos que con posterioridad fueron reiterados como condiciones para la negociación de la investidura: amnistía y referéndum de autodeterminación. Buen número de catalanes no independentistas, especialmente los votantes de la izquierda, agradecerían saber cuál era la propuesta alternativa que el gobierno central presentaba en esa misma Mesa (más allá de la vaporosa “agenda del reencuentro”), lo que es como decir qué modelo de cohesión territorial —o qué idea de España: no tendría el menor inconveniente en formularlo también así— se está planteando y, complemento imprescindible, con qué medios se está dispuesto a defender dicho modelo. (Al final presentaré mi propia propuesta).    

Sin la menor duda, ha habido pocos momentos en el pasado reciente en los que resultara más urgente y apremiante dicha clarificación. Una vez que ya conocemos los términos en los que se va a aplicar la amnistía, no hay excusas para seguir sin explicitar el horizonte preciso hacia el que se desea avanzar en tanto que país. Son muchos los ciudadanos que no entenderían que un gobierno de izquierdas, que tan altos peajes ha tenido que pagar, primero para mantener en pie la coalición y, luego, para conseguir reeditarla en una nueva legislatura, no tuviera el coraje político de manifestar qué pasos piensa dar para avanzar hacia el horizonte que se supone que define a su partido mayoritario, que no es otro que el horizonte federal (a diferencia del socio minoritario, que, hasta donde se sabe, parece estar más bien por la confederación). Aunque, de momento, probablemente los mencionados ciudadanos tampoco han terminado de entender la ausencia absoluta de toda referencia al problema catalán en el programa de gobierno pactado por el PSOE y Sumar a finales del pasado octubre.

Como complemento obligado a lo anterior, quienes —sobre todo en Cataluña— más han dado la batalla política a favor de la Constitución agradecerían, ciertamente, que la invocación genérica a su condición de marco irrebasable en cualquier negociación fuera acompañada de alguna medida concreta que garantizara que, en efecto, no se está renunciando a disponer de los instrumentos con los que defenderla de los eventuales ataques que pudiera recibir. La experiencia acumulada en estos años debería resultarnos de utilidad. Situaciones que tiempo atrás eran tenidas por completamente inverosímiles han pasado a ser perfectamente factibles, por no decir repetibles. Se impone reaccionar ante semejante posibilidad y pensar en qué habría que hacer de producirse en el futuro determinados escenarios. Se me permitirá que señale una iniciativa entre muchas que cabría adoptar. Aunque tal vez tuviera algún sentido en el pasado despenalizar el delito de convocatoria de referéndum ilegal (iniciativa de la que gusta alardear el expresidente Zapatero), creo que, en el presente momento y a la vista de todo lo sucedido en Cataluña la pasada década, urge reformar el Código Penal para que ese tipo de convocatorias sea considerado de nuevo un delito. No vaya a resultar, como me permitía advertir hace unos días en este mismo diario, que lo que ocurrió primero como farsa se repita como tragedia.

Soy consciente de no estar presentando una propuesta políticamente muy original (de hecho, el Partido Socialista ya la llevaba en su programa electoral en 2019) ni excesivamente ambiciosa. Desde luego, no cabe esperar de ella que vaya a convertirse en el bálsamo de Fierabrás para todos nuestros males, pero al menos cerraría el paso a cualquier hipotética tentación futura de unilateralidad, de momento tan solo aparcada. Y, puesto que lo prometido es deuda, ahí va mi propuesta para la antes citada Mesa del Diálogo: ¿qué tal si, frente a la reivindicación independentista "amnistía y autodeterminación", los socialistas propusieran de manera abierta y clara "federalismo y Constitución"?

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Fue el primer presidente de la asociación Federalistes d´Esquerres.  

Al día siguiente de conocerse el acuerdo entre el PSOE y Junts, el pasado viernes, 10 de noviembre, José Luis Rodríguez Zapatero irrumpía de nuevo en la escena pública con una extensa entrevista concedida al diario La Vanguardia. Con la cantidad de cosas que se han dicho y escrito desde ese día acerca del acuerdo en cuestión resultaría tedioso, por reiterativo, que intentara yo ahora analizar la particular forma en que el expresidente del Gobierno lo valoraba. 

Pero ello no quita para que haya algún aspecto de sus declaraciones que vale la pena destacar precisamente ahora, una vez que Pedro Sánchez ha obtenido la investidura como presidente del Gobierno. Vale la pena porque, planteando Zapatero afirmaciones atendibles, no estoy seguro de que las desarrolle adecuadamente o hasta sus últimas consecuencias, y entiendo que convendría hacerlo. En contra, por lo pronto, de lo que interpretan otros compañeros en sus mismas filas, él cree ver brotes verdes en “esas cositas que a veces se le escapan a Feijóo”, y alude, en concreto, a sus alusiones a “normalizar la relación con los nacionalistas” o a “respetar a Puigdemont”, lo que le lleva a predecir que una de las mejores consecuencias a las que dará lugar el recién firmado acuerdo es que “el PP empezará a coquetear con Junts”.

Hasta tal punto no le falta razón a Zapatero que incluso podríamos afirmar que un amago de ese coqueteo ya se produjo hace algunas semanas, cuando Esteban González Pons vertió unas opiniones contemporizadoras con el partido de Puigdemont que provocaron casi al instante un notable alboroto en el seno del propio PP. Pero la cuestión que las afirmaciones del expresidente deja sin abordar tiene forma de paradoja o, por decirlo con algo más de exactitud, de doble paradoja. Porque no habría que descartar que fuera precisamente el acuerdo del que venimos hablando el que le despejara el camino a Feijóo para poder pactar en el futuro con Junts sin tener que asumir prácticamente ningún coste político. Porque ese coste lo habría asumido en su totalidad el Partido Socialista, cediendo ante las exigencias independentistas. Con el añadido de que sería este mismo acuerdo el que, al reforzar la figura de Carles Puigdemont —últimamente en franco deterioro, como sus propios resultados electorales habrían acreditado bien a las claras— y, con ello, incrementar las expectativas electorales de la fuerza política que lidera, podría estar perjudicando en mayor medida las expectativas de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. De ser todo ello como estamos describiendo, estaríamos ante una de esas situaciones que ejemplificaría casi a la perfección el viejo dicho “pan para hoy, hambre para mañana”. Aunque no dudo que habrá quien prefiera, para definir semejante resultado, el no menos castizo “hacer un pan con unas tortas”.

Con todo, he de reconocer que, probablemente por deformación profesional (en el supuesto de que eso de la filosofía pueda considerarse en algún sentido una profesión), son otros dos aspectos de sus declaraciones —los menos coyunturales, para entendernos— los que más han llamado mi atención y no me resisto a comentar. Uno es el que hace referencia a la últimamente tan debatida cuestión del derecho del político a cambiar de opinión. Al respecto afirma Zapatero en un momento de la entrevista: “he cambiado muchas veces de opinión a lo largo de mi vida. Quien no cambia de opinión no piensa”. Tal vez tenga razón. Pero, como viene haciendo de un tiempo a esta parte, soslaya, al plantear de este modo las cosas, el elemento fundamental. Porque, por así decirlo, hay opiniones y opiniones. Y lo que resulta merecedor de discusión no son las opiniones que uno pueda albergar en su ámbito más íntimo sino aquellas otras que se presentaron como compromisos ante los ciudadanos, de cuyo incumplimiento, de producirse, corresponde dar cuenta públicamente. Sin que sea de recibo un argumento exculpatorio tan inconsistente como el de que “no he cambiado nunca de valores”. De inmediato, a poco que se analice, se deja ver el carácter puramente retórico del argumento. Porque, vamos a ver, ¿en nombre de qué no se puede sostener que cambiar de valores también es indicativo de estar pensando, y de manera bien radical por cierto? ¿Acaso cuando nuestros adversarios no están dispuestos a reconsiderar los suyos no les acusamos de rígidos dogmáticos? 

El otro aspecto relevante de las consideraciones de Zapatero es el que hace referencia a un argumento de carácter casi filosófico —por no decir de metafísica histórica— que el expresidente plantea con rotundidad, sin tomarse la molestia de desarrollarlo. Y lo grave es que lo plantea cuando le preguntan por una de las cuestiones más relevantes, por preocupantes, que suscita la futura ley de amnistía, que no es otra que la de si, a partir de su entrada en vigor, el Estado no quedaría indefenso ante la eventualidad de que los independentistas volvieran a las andadas. Su respuesta es tan escueta como concluyente: “no va a pasar, porque la historia no se repite”. 

Quizás en abstracto la historia no se repita tal cual, pero lo que sí cabe sostener es que sus protagonistas con mucha frecuencia se empeñan en repetir comportamientos. Y no solo eso, sino que incluso, como en el caso que nos ocupa, proclaman orgullosamente su voluntad de hacerlo (“ho tornarem a fer”, reiteran a la menor ocasión). Por supuesto que si lo que pretendía afirmar Zapatero con sus palabras era que la historia no se repite en la totalidad de sus aspectos y detalles, como si pudieran producirse calcos absolutos de acontecimientos del pasado, nada hay que discutirle, por la sencilla razón de que se trataría de una afirmación trivialmente verdadera. De hecho, veníamos advertidos, entre otros por Marx en El Dieciocho Brumario, que cuando la historia se repite, lo hace cambiando su forma. Él decía, como es sabido, que las tragedias se repetían en forma de farsa. 

Pero no habría que descartar —puestos a seguir la invitación de Zapatero y ser un poco audaces en materia de pensamiento— que también pueda ocurrir que la repetición adopte el signo contrario, y que lo que en un primer momento se produjo como farsa, pueda terminar repitiéndose como tragedia. Tal vez sea precisamente eso lo que ocurre con todas las tentativas fallidas de llevar a cabo proyectos nefastos y que, tras un fracaso inicial, al final terminan por materializarse. Pues bien, si hablamos de lo ocurrido en Cataluña en la década pasada, fue el Tribunal Supremo el que en la sentencia del procés valoró —a mi juicio, no lo voy a ocultar, con un exceso de benevolencia— aquel primer intento insurreccional frustrado con un término no demasiado alejado de “farsa”: lo calificó, se recordará, como “ensoñación”. El problema, llegados a este punto, no es que aquella ensoñación/farsa se pueda volver a repetir de la misma manera, asunto probablemente descartado a estas alturas por sus propios promotores, sino el de qué hacer si idéntico propósito se repite adoptando alguna otra forma (¿con algún apoyo internacional, nunca descartable por completo en las actuales circunstancias geoestratégicas, y sin el menor desorden público susceptible de reproche penal?). Es a dicha cuestión a la que vienen obligados a responder nuestros responsables políticos. Porque es ahí donde se juega algo tan importante como que la farsa evolucione o no hacia peor. Y esto, señor Zapatero, es todo menos metafísica histórica. 

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Autor, entre otros ensayos, de 'El Gran Apagón. El eclipse de la razón en el mundo actual '(Galaxia Gutenberg).

… de la misma manera que ha dejado de haber traidores y ahora, como mucho, hablamos de simples tránsfugas. No parece, desde luego, que sea cuestión únicamente de un cambio en las palabras de las que nos servimos para seguir designando la misma cosa. Como tampoco da la sensación de que nos encontremos ante uno de esos procesos, tan a la orden del día, de mera banalización de lo que antaño se juzgaba como trascendente por completo. 

Si hoy parece haber decaído la acusación de traidor, hasta el punto de que muchos tienden a juzgarla como una exageración retórica por completo anacrónica, con toda probabilidad se deba a que, previamente, habían decaído los principios doctrinales, valores fundamentales o referencias teóricas globales cuyo abandono justificaba tan contundente reproche. Sin duda, repudiar todos aquellos convencimientos, o incluso abrazar los de signo contrario, recibía la más dura de las consideraciones públicas, en justa correspondencia a la importancia que se le atribuía a lo que se abandonaba. La distancia que nos separa de aquellos momentos no puede estar más clara: mal se puede en nuestros días condenar a alguien como traidor a la causa cuando ha dejado de haber causas en sentido fuerte a las que traicionar.  

Aunque hay que decir, en aras a la precisión, que el alejamiento de semejante actitud no fue repentino, sino gradual. Hasta llegar a la situación actual hubo como mínimo un paso intermedio relevante, el de las promesas incumplidas. También acerca de eso hemos ido acumulando una notable experiencia. Incluso ya nos sentimos en condiciones de anticipar el argumento al que recurrirá, con total seguridad, aquel que prometió en falso. A buen seguro nos dirá que si incumple lo prometido en su momento es “por responsabilidad”, un mantra de inspiración weberiana que suele ser de aparente eficacia, al menos para intentar aliviar o cuando menos desviar las críticas (aunque, paradójicamente, haga a quien se sirve de él merecedor de otro reproche no menor, el de irresponsable por haber prometido lo que no debía).   

Sin descartar que pudiera haber otras estaciones intermedias hasta llegar al punto, ciertamente bajo, en el que ahora estamos, parece claro que la estación término en este proceso de devaluación de los compromisos que asumían los representantes públicos ante la ciudadanía viene representado por esos volantazos que hoy se reprochan entre sí todas las formaciones políticas. Porque, efectivamente, a poco que se analice, el reproche parece funcionar en todas direcciones, aunque si hubiera que centrarlo en los dos grandes partidos a nivel nacional, resulta incuestionable que ambos se disparan con idéntica munición. 

Que se disparen con idéntica munición no significa forzosamente que se disparen con idéntica intención. Cuando la izquierda reprocha al líder de la derecha sus volantazos lo hace con el inequívoco propósito de denunciar su inconsistencia, su falta de criterio, su debilidad política o cualquier otra supuesta carencia de parecido tenor. Cuando es la derecha la que reprocha lo mismo al líder de la izquierda lo hace con el claro objetivo de destacar su ambición pura y dura, su apego al cargo, su cinismo político o cualquier otro rasgo que certifique su presunta ansia de poder desnuda. 

Pero si nos hemos referido a los volantazos como el último episodio en un proceso de devaluación es porque, a diferencia de los momentos anteriores, en los que el reproche era la traición a unos valores o principios, o el incumplimiento de unas promesas, ahora lo que está en juego es algo menos importante. El alejamiento de la senda prevista que supone el volantazo es de otra naturaleza que lo comentado hasta aquí. Para desviarse del camino anunciado con anterioridad no hace ya falta presentar poderosísimas razones, desplegar elaborados argumentos o remitir a trascendentales valores. Basta y sobra con apelar a la conveniencia, al interés inmediato o la oportunidad coyuntural. 

Quizá de este proceso lo que más interese destacar sea lo que se ha ido perdiendo por el camino. Porque nada de lo señalado constituye en sí mismo novedad ni, mucho menos, sorpresa. De hecho, ha dejado de atribuírsele la condición de traidor al que abandona una ideología e incluso una fuerza política para abrazar la teoría y la práctica de la hasta ese momento adversaria principal. Hoy son ya bastantes los representantes públicos que han llevado a cabo dicho viaje sin ser objeto de tan grave reproche por parte de sus antiguos camaradas. Y, por supuesto, si tamaña benevolencia se le dispensa al que mudó por completo, nada tiene de extraño la que recibe el que se limitó a cometer el pecado venial de no cumplir lo prometido. 

Ahora bien, si, de acuerdo con lo anterior, por un lado en modo alguno cabe afirmar que estas actitudes les vengan de nuevas a los ciudadanos y, por otro, no hay formación ni líder que escape a los reproches mencionados, la pregunta que parece desprenderse, de manera casi inevitable, de estas dos premisas es: ¿Qué votan exactamente tales ciudadanos cuando se deciden a apoyar una determinada opción política?, ¿unas siglas?, ¿una marca?, ¿un líder que les inspira confianza? Descartados los grandes principios e ideales, desaparecidos por el sumidero de la historia, y generalizado el escepticismo hacia los programas (que solo comprometen a quien se los cree, como decía aquel cínico), apenas se espera que los representantes públicos no añadan, con sus volantazos, más confusión a la ya existente. Igual todo se resume en que en épocas de incertidumbre como la que nos está tocando vivir nada se valora más que la certidumbre, incluso con independencia de su contenido. O, por decir esto mismo apenas con otros términos, para tomar en consideración cualquier propuesta, los ciudadanos reclaman algo tan sencillo como saber a qué atenerse. A tal punto han llegado los niveles de deterioro de la política. 

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Autor del libro 'El Gran Apagón. El eclipse de la razón en el mundo actual' (Galaxia Gutenberg)

Tras las últimas elecciones generales, y a la vista del escaso acierto que tuvieron el grueso de los sondeos, se ha vuelto a hablar bastante acerca de dos conocidas tendencias que, según los especialistas, dificultan la posibilidad de hacer predicciones más ajustadas a lo que terminará siendo el comportamiento real de los votantes. Me refiero a los denominados efecto bandwagon (o efecto arrastre) y efecto underdog (o perro apaleado). Básicamente, como es sabido, el primero consistiría en la tendencia de algunas personas a apoyar las ofertas que se consideran ganadoras (por lo visto hay gente que siente su autoestima muy reforzada sabiéndose parte de un colectivo ganador), mientras que el segundo vendría a ser un reflejo entre compasivo y solidario ante una opción política o un líder al que se considera injustamente atacado o menospreciado.

Sin poner en cuestión la existencia de ambas tendencias, parece claro que cabe un recurso de ellas ad hoc por parte de las empresas demoscópicas para intentar explicar las desviaciones producidas respecto a sus anuncios. Porque resulta de todo punto imposible dilucidar con una mínima precisión qué motivaciones íntimas llevan a los votantes a inclinarse por una determinada opción. Aunque habrá que puntualizar que si en general, estas dos tendencias de signo opuesto libran en cierto modo una batalla, en el caso particular del 23-J está claro cuál de ellas se ha llevado el gato al agua en mayor medida (a la vista está que el efecto arrastre ha arrastrado mucho menos de lo previsto).

Sin embargo, aunque como instrumento predictivo tales categorías dejen mucho que desear, tal vez nos permitan plantear una reflexión sobre una cuestión no menor. Porque parece razonable pensar, respecto a aquellos electores que tomaran su decisión por recurso a uno de los dos efectos, que, o bien eran electores prácticamente desideologizados que no encontraban mejor razón para tomar una decisión que subirse al carro del ganador o darle consoladoras palmaditas en la espalda al presunto perdedor, o bien pertenecían al siempre enigmático universo de los indecisos.

En realidad, probablemente si las categorías mencionadas son de muy dudosa utilidad como instrumentos predictivos es porque solo se podrían dar en estado puro en el aludido tipo de electores desideologizados (los indecisos son, por definición, un misterio). Pero tal vez deberíamos introducir la hipótesis de que aquellas se encuentran presentes –confundidas, mezcladas o articuladas con otras motivaciones– prácticamente en todo el mundo, desde el votante de a pie, al político más relevante o al analista más reputado. Ninguno de ellos escapa, cada uno a su manera y en diferentes momentos (unos solo a la hora de votar, otros con sus decisiones de campaña y los terceros con sus opiniones en plena contienda electoral), a la influencia, en mayor o menor medida, del mismo tipo de motivaciones.

Pues bien, me daba por pensar el otro día, leyendo los análisis postelectorales, la desigual reacción que debieron tener, cuando se vieron sorprendidos por el resultado del pasado 23 de julio, muchos de los que habían votado teniendo muy presente uno de los dos criterios que venimos mencionando. La frustración del que se dejó llevar por el efecto arrastre es fácil de imaginar: tanto dar por descontada la victoria, tanta complacencia en imaginarse entre los ganadores, para al final verse incluido en el triste pelotón de los perdedores. Pero valdría la pena reparar también en aquellos otros que, utilizando el criterio opuesto, se vieron sorprendidos por el resultado (añadamos que no únicamente por haber ganado, sino también por poder desempeñar un papel de relevancia en el futuro inmediato). En contra de lo que apresuradamente se podría creer, no es ni mucho menos seguro que en este momento estén exultantes de alegría. Es posible que bastantes de ellos anden no ya preocupados por cómo sus elegidos vayan a interpretar un apoyo que en buena medida era puramente testimonial, sino temerosos de lo que quienes recibieron su voto vayan a hacer con él.

No hay que descartar, pues, que este segundo tipo de votante también pueda experimentar algún tipo de frustración, aunque sin duda incomparable con el disgusto del primero. De haberla, la frustración del que respaldó al que se anunciaba como seguro perdedor sería en cierto modo paradójica (porque sería paradójica la pesadumbre del que resulta triunfador en la carrera electoral en la que competía), pero tampoco habría que echarla en saco roto. Hace una semana señalaba aquí mismo los que, a mi juicio, constituyen los peligros de hacer gravitar el enfrentamiento político sobre sentimientos contrapuestos, el odio y el miedo (aunque lo propio se podría predicar en relación con cualquier otro sentimiento). A los peligros señalados entonces, de carácter genérico y relacionados sobre todo con el deterioro de la democracia, podría añadírsele otro, mucho más concreto, y que bien podría formularse en términos de pregunta. Porque, a fin de cuentas: ¿qué compromisos específicos viene obligado a cumplir tras las elecciones quien en campaña, haciendo suyo un tipo de registro que hasta el presente parecía estar inscrito únicamente en el ADN de las formaciones nacionalistas, apeló a lo meramente emotivo, sin apenas concreción programática? Poco habría de extraño que hubiera quien ahora temiera que se interpretara su apoyo, en buena medida compasivo y solidario, como si de un cheque en blanco se tratara.

La afirmación, incuestionable por completo, de que la democracia no puede limitarse a que la ciudadanía vote a sus representantes cada cuatro años debería ser de estricta aplicación en estas circunstancias, a la hora de valorar el resultado de las elecciones. Si nuestro sistema democrático, además de deliberativo, es participativo, en la reflexión acerca de dicho resultado deberían tomar parte todos los que, de diferentes maneras, han intervenido en el proceso electoral. Al ciudadano particular, en caso de que experimente una frustración de cualquier orden ante lo sucedido, le cumple examinar su decisión como votante y plantearse si se dejó llevar por las motivaciones adecuadas. Pero a quienes, políticos y periodistas, han estado presentes en el espacio público, configurando las opiniones de amplios sectores de la ciudadanía, les corresponde además la tarea, inexcusable, de rendir cuentas ante aquella por sus opiniones y decisiones, aquilatando adecuadamente tanto sus aciertos como sus errores, sin triunfalismos ni derrotismos, injustificados a la vista de la complejidad en que hemos terminado desembocando.

Y por descontado que si, a la vista del desenlace que se produjo hace un par de semanas, unos y otros no tuvieran más remedio que reconocer equivocaciones (sin olvidar que también los que ganan las pueden haber cometido), no les debería quedar más opción que la de actuar en consecuencia. Muchos políticos están tardando en hacerlo. Tendría su cuajo que en una tesitura como la actual, tan trascendental desde diversos puntos de vista, solo estuvieran dispuestos a asumir su responsabilidad algunos de nuestros mejores periodistas.

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Autor del libro El Gran Apagón. El eclipse de la razón en el mundo actual (Galaxia Gutenberg).

Para algunos nunca es el momento de pararse a pensar. Siempre hay, aguardando, alguna urgencia que aconseja posponer la reflexión y el análisis, especialmente si de ellos pudiera desprenderse alguna forma de autocrítica. Pero resistirse a correr ese riesgo es un camino sin salida o, con mayor exactitud, que tiene como única salida, en el mejor de los casos, alguna variante de dogmatismo y, en el peor, cualquiera de las modalidades del fanatismo. También del resultado de las elecciones del pasado domingo conviene extraer lecciones. Y no ya solo por aquello de que aprender de los errores posibilita (aunque en modo alguno garantice, como la propia historia ha demostrado reiteradamente) no volver a repetirlos, sino porque en ocasiones la victoria de unos equivale a la derrota de todos. Pero mejor descendemos de las afirmaciones generales y nos adentramos en cuestiones de orden más particular.

El enfrentamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez que se libraba en las elecciones del pasado domingo era un combate ciertamente peculiar, por desigual. Por lo pronto, el programa que presentaba el primero constituía poco menos que el secreto mejor guardado, aunque ello no parecía importar gran cosa a sus votantes, a los que se diría que les bastaba con la vaporosa promesa de “derogar el sanchismo”. Una promesa, por cierto, en buena medida retórica, cuya eficacia no residía tanto en su contenido como en el sentimiento que pretendía activar, que no era otro que el del odio. En efecto, la derecha se aplicó, con indiscutible éxito, no ya a deshumanizar a Pedro Sánchez sino a convertirlo, directamente, en un personaje odioso. Por supuesto que quienes participaban de dicho odio aportaban argumentos para justificar su sentimiento, pero no hace falta devanarse mucho los sesos para certificar la desproporción entre ese rechazo, en muchos casos de considerable intensidad, y las presuntas causas del mismo. Pero, sobre todo, llamaba la atención el hecho de que, estando en juego algo tan concreto e importante como el futuro del país en los próximos cuatro años, no desempeñara apenas ningún papel en la toma de posición de estos odiadores la valoración de la gestión del gobierno en la legislatura finalizada, sobre todo en lo tocante a asuntos que afectaban de manera directa a la vida de todos los ciudadanos. Lo expresó con toda claridad Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado: “por primera vez en democracia no se está evaluando la gestión, sino la moral de un presidente”.

Enfrente, en gran medida se siguió una estrategia análoga, en el sentido de hacer recaer sobre un sentimiento el grueso de la campaña. En este caso, como han señalado plumas ilustres inequívocamente progresistas, el sentimiento era el del miedo, cuya presencia en el tramo final resultó abrumadora, especialmente a costa de las iniciativas que en ayuntamientos y comunidades autónomas iban tomando los miembros de Vox que accedían a puestos de responsabilidad. Me apresuro a puntualizar que no estoy pretendiendo relativizar ni quitar importancia a los despropósitos, protagonizados por aquellos, de los que íbamos teniendo puntual noticia a través de los medios de comunicación. Solo pretendo señalar que esta estrategia de campaña, al igual que la de los adversarios, también perseguía hacer descansar la movilización de sus votantes sobre un determinado registro emotivo, y que ello se hacía en perjuicio de otros planteamientos posibles. Pienso, en concreto, en un planteamiento que hubiera puesto en primer plano las propuestas que el partido del gobierno le ofrecía a la ciudadanía, propuestas que con demasiada frecuencia iban quedando subsumidas bajo brumosos y genéricos rótulos como “culminar la tarea emprendida en estos cuatro años”, “completar lo ya iniciado”, “avanzar y desarrollar lo que se puso en marcha”, y similares. Esas medidas que en la abrupta jerga de los profesionales de la política se acostumbra a denominar “propuestas en positivo” apenas hicieron acto de presencia y, cuando lo hicieron, fue con cuentagotas y ya en el ultimísimo tramo de la contienda electoral.

Alguien podría argumentar, y no le faltaría razón, que en cierto modo tales planteamientos resultan perfectamente expresivos del signo de los tiempos. Es conocida la creciente tendencia de los electorados a votar en contra, más que a favor, a la hora de inclinarse por una u otra opción política. Se diría que en la esfera de la política ocurre en nuestros días lo mismo que en tantas otras esferas de la vida, y es que ha terminado por convertirse en normal el que tengamos mucho más claro lo que no queremos bajo ningún concepto que lo que efectivamente queremos. Aquello que probablemente valdría la pena preguntarse es la de qué sector, si el conservador o el progresista, ha sabido rentabilizar mejor esta generalizada perplejidad.

O, si se prefiere, planteémoslo a la inversa, esto es, ¿quién parecía estar renunciando a elementos más valiosos al aceptar semejantes planteamientos? A primera vista, la izquierda. Basta con hacer un repaso superficial a los reproches dirigidos por la derecha a Pedro Sánchez y que conformaban el núcleo argumentativo esencial del llamado “antisanchismo”: la desaparición del delito de secesión, la rebaja del coste penal de la malversación, los indultos a los líderes del procés, la ley del sí es sí, sus “cambios de opinión”, haberse apoyado sistemáticamente en los partidos de izquierda radical y secesionista que impugnaban la Transición…. En todo caso, ni rastro de reproches a la acción de gobierno en esos ámbitos en los que se dilucidan “los problemas que realmente preocupan a la gente”, por decirlo con la expresión habitual en la disputa política. Esta ausencia de reproches constituía, por defecto, un indicador inequívoco de cuál era precisamente el flanco más fuerte de quienes habían estado gobernando hasta ese momento.

La derecha, en cambio, creía estar haciendo un magnífico negocio con este diseño de la situación. Dejando fuera de la conversación pública el tipo de problemas mencionados, evitaba tener que mostrar los aspectos más concretos y, por tanto, más polémicos de su propio programa. Hay quien piensa que, cada vez que Vox tomaba una de sus disparatadas medidas en las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que acababa de acceder a alguna parcela de poder, la dirección del PP se removía, inquieta, en sus asientos. Yo, por el contrario, tiendo a pensar que sonreía, complacida y desdeñosa, al constatar que la izquierda colocaba el foco de su atención preferente sobre las limitaciones impuestas por los representantes del partido de Abascal a la libertad de expresión, limitaciones que dicha izquierda se dedicaba a airear, escandalizada, interpretándolas como un regreso apenas disimulado al franquismo. Solo desde esta desdeñosa actitud se puede comprender, por cierto, la magnitud de los errores cometidos por la dirección del Partido Popular a la hora de llegar a acuerdos con la extrema derecha, especialmente en lo relativo a la selección de personas para cargos de responsabilidad, aceptando, cuando no bendiciendo, unos perfiles negacionistas o machistas de muy difícil digestión por parte de la sociedad española en estos momentos.

Sin embargo, importa resaltar que este enfoque, fuertemente emocional, asumido por la izquierda, no era una opción inevitable. Se podía haber escogido otro, sin la menor duda. De hecho, lo llevado a cabo ya por el gobierno central en la pasada legislatura constituía un formidable aval de credibilidad para presentar propuestas de futuro, pero no está en absoluto claro que ese aval haya sido suficientemente aprovechado en esa dirección. Recuerdo que, hace escasos meses, el presidente del gobierno lanzaba en sus intervenciones públicas un potente mensaje que luego, de manera sorprendente, apenas ha tenido continuidad. Decía: si teniendo que lidiar con una pandemia, un volcán y una guerra hemos sido capaces de hacer lo que hemos hecho, imaginaos de qué seremos capaces cuando tengamos el viento a favor. Pues bien, esta pasada campaña electoral era el momento de dotar de contenido concreto a esa imaginación y mostrar las propuestas programáticas que se pretendía materializar en los próximos años, incluyendo alguna susceptible de ser considerada como propuesta-estrella, por utilizar una expresión hoy casi en desuso. Hemos escuchado, desde luego, alusiones a la reindustrialización, a la transición ecológica, a la digitalización, al avance en derechos y libertades, pero en una forma tan genérica que apenas permitía al ciudadano hacerse una idea concreta acerca de cómo se iba a traducir todo eso en su día a día.  

Por sintetizarlo de una forma un tanto abrupta y simplificadora: en vez de por ilusionar, se optó por atemorizar. La opción, obvio es decirlo, tenía perfecto sentido. La estrategia finalmente escogida respondía a un propósito definido: se trataba de recuperar a los exvotantes de la izquierda que, por una u otra razón, se habían exiliado temporalmente en la abstención. Desde el ventajismo del presente nada más fácil entonces que sostener, con efectos retroactivos, que se adoptó la decisión correcta, y no seré yo quien discuta que se alcanzaron, cuando no se superaron, los objetivos previstos (lo cual es algo que merece una valoración ciertamente positiva).

Ahora bien, ello no debería impedir que nos preguntáramos, sin el menor interés en ejercer de aguafiestas, si, a su vez, la decisión adoptada no puede haber tenido también costes indeseables. Porque, en general, utilizar los datos y los argumentos como meros elementos de refuerzo de lo decidido desde el sentimiento (el odio, el miedo o cualquier otro), tiene una contrapartida que debería preocuparnos. Cuando, por una parte, los argumentos son un mero adorno ad hoc para dar visos de racionalidad a lo sentido y, por otra, los datos y las cifras (por ejemplo, los relativos a la situación económica) se utilizan con la desfachatada desenvoltura con la que, sin ir más lejos, lo estuvo haciendo Feijóo a lo largo de toda la campaña, el horizonte de persuadir al otro se aleja de manera casi irreversible. Ni sentido tiene ya entonces la expectativa de convencer al adversario -o ni tan siquiera al que piensa diferente- porque el diálogo ha pasado a ser, sencillamente, imposible. En semejante escenario, los discursos ya solo cumplen la función de cargar de aparente razón una opción tomada en realidad desde el corazón, las tripas o cualquier otra víscera, según la formación política de la que se trate (ustedes ya me entienden). La polarización queda así convertida en un destino y la crispación en su sombra.

Por eso, puede afirmarse que se equivocaban severamente todos los que, en la década pasada, festejaban como una victoria el hecho de que, según ellos, el miedo hubiera cambiado de bando o quienes, en estos últimos días, han celebrado sin la menor reserva el magnífico rendimiento electoral que ese mismo miedo les ha proporcionado. No se daban cuenta ni los primeros ni los segundos de que lo malo no es el bando en el que se sitúe el miedo, sino el que este pueda llegar a constituirse en el elemento primordial de uno de los bandos, tanto da el que sea. Y, por supuesto, lo propio podría decirse respecto al odio. A esto lleva finalmente el bipartidismo de los sentimientos: a la derrota de la razón, de la política y, finalmente, de la propia posibilidad de acordar entre todos alguna idea, por tentativa y aproximada que sea, de cómo vivir juntos de la mejor manera posible. Quedarse a vivir ahí significaría un fracaso colectivo en toda regla.

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Autor del libro El Gran Apagón. El eclipse de la razón en el mundo actual (Galaxia Gutenberg).

En tiempos como los actuales, en los que algunos de nuestros representantes públicos han tomado por costumbre vivir en precampaña permanente, suele suceder que, cuando llega la campaña electoral de verdad, la ciudadanía fácilmente se siente ya saturada de mensajes políticos grandilocuentes y de pretensión trascendental. Si a ello se añade que la última convocatoria a urnas se produjo literalmente en cuanto se conoció el resultado de unas elecciones autonómicas y municipales, por añadidura planteadas en clave plebiscitaria –como si de unas pre-generales se tratara–, el efecto de saturación, cuando no de hartazgo, entre los ciudadanos se adivina poco menos que inevitable.

El efecto de dicha circunstancia se está dejando notar con claridad en estos días. Se diría que la práctica totalidad de formaciones políticas ya han agotado por completo su munición argumentativa, de tal manera que los pequeños giros que, de semana en semana, van imprimiendo a sus planteamientos, poniendo el acento en una u otra cuestión, en uno u otro presunto punto débil del adversario, son meramente coyunturales. En realidad, se limitan a intentar sacar partido de alguna declaración desafortunada, de algún acuerdo contradictorio con las declaraciones más solemnes de sus líderes nacionales y de otros deslices de parecido tenor. Por decirlo con una terminología importada de otro ámbito, se diría que todos confían más en el error del contrario que en el acierto propio.

Como es natural, ello introduce un elemento añadido de incertidumbre al resultado final. Pero la propia incertidumbre resulta expresiva de las transformaciones que han ido experimentando nuestras sociedades en las últimas décadas. Así, el hecho de que en la pasada, en especial como resultado de los demoledores efectos de la crisis del 2008, pudieran prácticamente desaparecer de la escena pública partidos políticos con una larga historia y profunda implantación social (pienso en algunos de los partidos socialistas europeos más clásicos) resulta indicativo, entre otras cosas, de que un cierto tipo de vínculo, digamos que fuertemente ideológico, entre ciudadanos y formaciones políticas también parece estar desapareciendo. En concreto, es cada vez menos el caso aquel vínculo en el que algunas personas concedían sistemáticamente su voto a una determinada fuerza política, con absoluta independencia de quién ocupara el cartel electoral, porque aquella representaba la aspiración a un determinado modelo de sociedad con el que este votante se identificaba. Como tampoco lo es aquel otro vínculo que establecían quienes, tras mantener su fidelidad a una fuerza durante bastantes elecciones, necesitaban pasar una en la abstención para llevar a cabo una mudanza de voto.

Parece claro que la relación con sus representantes que mantienen hoy en materia de ideas una considerable cantidad de ciudadanos es mucho más ligera, por no decir volátil, que antaño. Se diría que se ha ido imponiendo lo que en la jerga futbolística se denominaría resultadismo por encima de los alineamientos ideológicos más clásicos. Ello explicaría que el signo de algunas de las mudanzas en materia de ideas que venimos constatando desde hace un tiempo pueda tener un carácter tan exageradamente contrastado. Pero, a poco que se piense, no debería extrañarnos tanto. A fin de cuentas, solo a los de mayor edad nos sorprende que en nuestros días no sean pocos los políticos que a lo largo de su trayectoria pública han tenido un compromiso fuerte (sin excluir cargos de alta responsabilidad) con partidos incluso ideológicamente enfrentados.

Habrá quien extraiga de todo ello la conclusión de que no solo las presuntas diferencias entre los alineamientos ideológicos clásicos deben considerarse por completo superadas, sino que incluso la propia contraposición entre derecha e izquierda ha quedado obsoleta. Sin duda no es así, si atendemos a la gestión que, cuando acceden al poder, las diferentes formaciones llevan a cabo en determinados asuntos, relacionados fundamentalmente con la esfera del trabajo, la propiedad y la función del Estado al respecto. Pero una cosa es que la mencionada contraposición en absoluto pueda considerarse superada si pensamos en determinados ámbitos, y otra, ciertamente distinta, que los ciudadanos la perciban con claridad. Sobre todo desde el momento en el que en el debate público han ido ganando peso cuestiones de diferente naturaleza, como, sin ir más lejos, las que se suelen subsumir bajo el rubro de “guerras culturales”.

Los que vivimos en determinadas comunidades autónomas ya tuvimos ocasión de vivir lo que, desde cierto punto de vista, podríamos considerar un ensayo general de esta situación, con la atribución absolutamente injustificada de la condición progresista a quienes defendían una propuesta secesionista. De esta atribución  se desprendía otra, complementaria, consistente en endosar la condición reaccionaria, cuando no directamente autoritaria, a quienes no participábamos de aquella propuesta, por más que la discrepancia estuviera planteada desde  posiciones inequívocamente democráticas (amén de izquierdas en otros ámbitos).  

Pues bien, es probable que en la actualidad puedan experimentar un estupor análogo muchas personas que, considerándose a sí mismas de izquierdas, constatan que no son consideradas como tales por otras, supuestamente de su misma cuerda, por el hecho de no participar de determinados planteamientos en alguno de esos ámbitos denominados, no sin cierta imprecisión, “culturales”. Entrar en el detalle de este asunto, o incluso ejemplificarlo en determinadas figuras públicas (probablemente en la mente de todos), a las que se les ha pretendido desposeer de la condición de progresistas, cayendo en desgracia en determinados sectores por censurar concretas iniciativas legislativas, nos distraería de lo primordial ahora, al fijar la atención sobre los árboles en vez de sobre el bosque. 

El bosque que debería preocuparnos es el de la generalizada percepción de que el viejo anuncio de Daniel Bell acerca del fin de las ideologías parece haberse cumplido en gran medida. Pero repárese en el matiz fundamental, apenas insinuado antes: no tanto porque hayan dejado de dar cuenta del mundo como porque hemos renunciado a servirnos de ellas para hacerlo, prefiriendo otros discursos, de muy diferente naturaleza. Pero del relativo agotamiento de las ideas políticas heredadas no siempre se sigue inexorablemente la necesidad de su abandono; en ocasiones lo que procede es una reconsideración en profundidad de las mismas. 

Probablemente eso explique en gran medida lo que nos está pasando. Porque si, como sabemos, en política la percepción de la realidad forma parte de la realidad, tal vez lo más inquietante en estos momentos sea el hecho de que muchos (en cualquier caso, demasiados) ciudadanos han llegado al equivocado convencimiento de que ya no tiene demasiado sentido hablar en términos de derecha e izquierda (o su equivalente: no saben muy bien por dónde pasa la línea de demarcación que las separaría y eso facilita la volatilidad de sus decisiones electorales) porque buena parte de quienes más obligados venían a reivindicar la diferencia entre ellas, en vez de hacer eso, se han dedicado a hacer ruido. 

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Autor del libro El Gran Apagón. El eclipse de la razón en el mundo actual (Galaxia Gutenberg).