La personalización de la política y la consiguiente centralidad de los liderazgos es una de las características que hoy comparten todas las democracias del mundo. Los liderazgos son tan antiguos como la propia política. Lo que es más reciente es que los líderes políticos —todos, tanto los grandes y duraderos como los cutres y efímeros— constituyan el tema preferido de la conversación política. Desde finales de los años 90, en los medios, en las calles y después en las redes hemos sustituido la conversación sobre las políticas por otra mucho más liviana sobre los políticos. Hablamos más sobre cómo nos caen y menos de lo que proponen; hablamos más de cómo se llevan y menos de lo que aprueban; hablamos más de la pinta que tienen y menos de las medidas que están planeando; hablamos más de sus familias, sus vacaciones o sus perros que de las consecuencias de su gestión.

En 2001, Silvio Berlusconi refundó el sentido del liderazgo poniendo fin a toda la tradición del siglo XX desarrollada, primero en Europa y, después, en el norte y el sur de América. Buzoneando todo el país con Una Storia Italiana abrió paso a una nueva forma de personalización de la política que, al estilo Hola, presentaba su biografía ante el electorado como un producto de entretenimiento, carente de cualquier épica moralizante al estilo Perón o JFK. Casi de forma simultánea al nacimiento de Il Cavaliere como líder fundador del politaiment, 7.500 kilómetros al oeste de Roma, las prácticas sexuales del presidente Clinton se encargaron de hacer el resto. Desde entonces, la deriva se ha vuelto planetaria y hoy constituye el pan de cada día. Lo sabemos todas: lo saben los periodistas, lo sabe la ciudadanía y, por supuesto, lo saben las y los políticos cuya apariencia, gestualidad y estilo de vida son escrutadas a todas horas, en todas partes, por todo el mundo. Hace algo más de diez años, algunos investigadores británicos se tomaron la molestia de intentar cuantificar el fenómeno y, aunque sea tentativamente, lo lograron. Analizando las noticias publicadas en The Times sobre el primer ministro, constataron que en 1945 las informaciones relativas a su vida privada representaban apenas un 1% de las informaciones publicadas sobre él. Cinco décadas después, durante el último mandato de Tony Blair, esa proporción había crecido hasta el 8% y la tendencia se mantuvo al alza con la apertura de la etapa Cameron (A.I. Langer, 2012). Esto en The Times.

Pero ojo: una cosa es hablar y otra cosa distinta votar. Que la conversación política se centre cada día más en los líderes, su estilo de vida o su ropa no quiere decir que nuestro voto sea una derivada lineal de nuestra opinión sobre esos líderes, sus vidas o su ropa. Si somos completamente sinceras, la pregunta ‘cuánto influye el liderazgo en el voto’ sólo tiene una respuesta: depende. Y vaya por delante que no lo digo por galeguidade sino por honestidad metodológica.

En las últimas semanas se ha instalado en la conversación mediática española la valoración media de algunos líderes políticos y sus eventuales consecuencias. Es un ruido que comenzó en las cabeceras de la prensa reaccionaria a finales del mes de julio, cuando el barómetro del CIS situó la nota media de la vicepresidenta Díaz por encima de la del presidente Sánchez. Ambos estaban suspensos, pero Díaz con una décima más que el presidente y, sobre todo, un punto largo más que su predecesor. Con todo, la intensificación del tema no llegó hasta septiembre, cuando arrancando el curso político Yolanda Díaz anunció que ponía en marcha una gira por España de “escucha activa” al objeto de conocer “qué respira la gente” antes de tomar la decisión de liderar la candidatura del espacio electoral de Unidas Podemos y sus vecinos en unas lejanas elecciones generales.

Tres semanas después, un Iván Redondo decidido a explicarle a España que su salida de Moncloa no había sido idea suya, señaló públicamente a Yolanda Díaz como la mejor candidata de la izquierda española y apostó reiteradamente por ella como futura presidenta del gobierno. En boca de quien ha sido hasta el mes de julio jefe de gabinete del actual presidente, esta afirmación no podía ser accidental ni menos aún pasar desapercibida. La cosa se dijo a conciencia, con Lo de Évole mediante, y la consiguiente tourné de entrevistas en el circuito matutino en el que se construye la agenda político-mediática semanal: Onda Cero, Espejo Público, etc. Vamos, que Iván Redondo se encargó de que se le oyera mucho y bien. Y así fue.

El penúltimo hito se produjo el pasado fin de semana en Valencia, con el encuentro de Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica Oltra, Mónica García y Fátima Hacmed Hossain. En boca de la vicepresidenta Oltra, se trató de un encuentro de “líderes políticas que trascienden sus siglas y que han generado una corriente social muy fuerte.” Mientras los medios insistían en interpretar el acto como la base sobre la que construir una nueva plataforma electoral liderada por Yolanda Díaz, las lideresas reiteraban que la cita era estrictamente lo que parecía: un encuentro para empatizar. Mi impresión es que, sea una cosa o la otra, lo cierto es que esto empezó en verano con la vicepresidenta superando la valoración media del presidente y, apenas tres meses después, estamos hablando de la creación de una plataforma electoral en torno al liderazgo de Yolanda Díaz en unas elecciones generales que ni están ni se las espera. Con independencia de la potencial eficacia de la propuesta, hay un problema de fondo en la cadena de inferencias que no debería obviarse: la diferencia entre la valoración de los líderes y la intención de voto.

El margen con el que la valoración media de Yolanda Díaz supera la de Pedro Sánchez hoy es casi el mismo con el que la valoración media de Alfredo Pérez Rubalcaba (4.5) superaba la valoración media de Mariano Rajoy (4.4) en los prolegómenos de las elecciones generales de 2011. Y seguro que no hace falta recordar que en aquellos comicios el PP cosechó el segundo mayor éxito electoral de toda la historia de la democracia y M. Rajoy fue investido presidente con el respaldo de sus 186 diputados (CIS ES2915. Encuesta pre-electoral. Octubre 2011). En 2015 y 2016 los desajustes entre la valoración de los líderes y los resultados electorales de los partidos fueron aún más acusados. En ambas ocasiones, Albert Rivera y Alberto Garzón encabezaban la lista de políticos mejor valorados. A. Rivera logró incluso cosechar un aprobado como nota media. Sin embargo, seguro que tanto el líder de Ciudadanos como el de IU hubieran preferido el suspenso del ganador si con él hubieran obtenido el mismo número de diputados que el PP. O incluso la mitad. En nuestra historia abundan los momentos en los que el líder mejor valorado y el líder del partido ganador no coinciden, pero sólo M. Rajoy ha logrado hacer de este desajuste un arte. En 2015 y 2016, M. Rajoy ganó ambas elecciones siendo el líder peor valorado de todo el elenco nacional, que ya es difícil. Dame de comer y llámame parvo. Por el contrario, en esas mismas elecciones, los líderes mejor valorados fueron con los que cosecharon peores resultados.

En 2019 las cosas cambiaron un poco. Pero sólo un poco. En ambos comicios, el líder mejor valorado y el número uno del partido más votado se reencontraron. Pedro Sánchez fue el mejor valorado en abril y octubre. Es verdad que los candidatos suelen mejorar su valoración tras ser investidos presidentes, como les ocurrió a F. González, J. M. Aznar o J. L. Rodríguez Zapatero. Pero esto es sólo una tendencia. Las puntuaciones medias de M. Rajoy a lo largo de sus mandatos demuestran hasta qué punto en este asunto todo es pantanoso. Con todo, probablemente lo más llamativo es que, de nuevo, los líderes que comparativamente obtuvieron las mejores puntuaciones fueron también quienes cosecharon resultados electorales más pobres: A. Garzón y A. Rivera.

¿Qué nos pasa? ¿Por qué no votamos a los líderes que más nos gustan? No hace falta ser un gran analista para darse cuenta de las razones por las que se producen estos desajustes entre la puntuación de los líderes y los porcentajes de voto de sus respectivos partidos. Basta con repasar mentalmente el tipo de cálculo sobre el que se construye una media aritmética, revisar los criterios con los que puntuamos a los líderes y hacer introspección durante unos segundos.

Empecemos por el principio. La media aritmética es un cálculo muy básico, pero quizá convenga repasar sus bases. La media es el resultado de dividir el total de las puntuaciones que las personas entrevistadas han expresado entre el número de personas que han respondido a la pregunta. La media es, por consiguiente, un valor agregado y abstracto. Es agregado porque resulta de la agregación de las respuestas de todas las personas entrevistadas y abstracto porque ninguna de las personas entrevistadas ha puntuado a un líder con la nota media, salvo por casualidad. Repasemos ahora los mecanismos emocionales o racionales que desplegamos cuando valoramos a un líder en escala de 1 a 10. Gracias a los estudios cualitativos (y a la introspección), sabemos que las personas tendemos a atribuir puntuaciones más extremas (positivas o negativas) a aquellos líderes que nos caen mejor o peor, pero no sólo. Tendemos a consignar 1s o 10s a los líderes que consideramos tienen mayor capacidad para incidir positiva o negativamente en el rumbo político del país. Así, con frecuencia, los líderes fuertes cosechan notas medias muy bajas porque son valorados con muchos 10s por los suyos (que difícilmente serán más del 20% de la población) y con muchos 1s por los votantes de otros partidos o los abstencionistas (que rondarán el 80% de la población). Así, con toda probabilidad su nota media será baja, pero ese indicador nos dice muy poco sobre las expectativas electorales de la formación que lidera. En un sentido inverso, tendemos a consignar puntuaciones intermedias (4s, 5s, 6s) a aquellos líderes que toleramos porque los consideramos inocuos para la dinámica política, aunque nunca pensemos votarles. ¿Ocurre así en todos los casos? No. ¿Ocurre así con mucha frecuencia? Sí. Y conviene no perder esta dimensión cualitativa porque sin ella el listado de líderes españoles mejor y peor valorados a lo largo de los últimos 30 años resulta sencillamente incomprensible.

Creo profundamente en la fuerza de los liderazgos, de los grandes liderazgos. Pero conviene no confundir el liderazgo con la personalización de la política, fenómenos completamente distintos en un sentido político e histórico. Y desde este punto de vista, echando un vistazo a la historia, es fácil ver cómo los grandes liderazgos lo han sido por su capacidad para representar a las grandes mayorías, más que por su capacidad para gustar a todo el mundo. A menudo, quizá por convicción democrática, quizá por condescendencia, expresamos nuestra tolerancia a lo que consideramos relativamente inocuo con puntuaciones intermedias; a la contra, censuramos con notas deficientes lo que nos resulta amenazante y premiamos con sobresalientes lo que nos representa. Y, lamentablemente, hoy tenemos en España pocos sobresalientes. Porque una cosa es lo que nos gusta y otra lo que nos representa.

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Carolina Bescansa es profesora de Sociología y Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid.

En España hay dos caminos por los que llegar al republicanismo. El primero arranca de la asunción de los principios democráticos como fundamento de lo común y pasa por el conocimiento de nuestra propia historia y la historia de Europa. Es la senda que han recorrido activistas como Emilio Silva, Ariel Jerez, Belén Guerra, asociaciones como la ARMH o historiadores como Ian Gibson. Es un camino largo y lleno de ejemplos sobre los que construirse y personas a las que honrar. Desde su nacimiento, una parte de los esfuerzos realizados por el movimiento para la recuperación de la memoria histórica se ha dedicado a resituar las narrativas sobre la II República en las coordenadas del rigor y la verdad históricas. Noventa años después de aquel abril del 31, por fin es posible encontrar una historiografía rigurosa, digna y con perspectiva crítica junto a los centenares de panfletos disfrazados de textos de historia que los palmeros de la dictadura han venido escribiendo desde el 36 hasta la fecha. Hoy en España, las bases republicanas de largo aliento son conocedoras de su propia historia y están orgullosas de nuestro pasado. Y aunque minoritarias, crecen. Por lo que sabemos a través de las escasas encuestas existentes, son ya entre el 30% y el 40% del país (Plataforma de Medios Independientes: Encuesta sobre la Monarquía. Instituto 40dB. n 2000. Sept-Oct 2020).

Pero lo cierto es que España ha hecho esfuerzos ingentes para diezmar esa mayoría republicana que lleva dentro desde las Cortes de Cádiz. El siglo XIX necesitó una restauración absolutista, media docena de golpes de Estado, miles de fusilamientos, tres guerras civiles en el norte y miles de hectáreas de caciquismo para doblegar a las grandes bases populares, liberales primero y libertarias después. El siglo XX no se quedó manco: dos dictaduras militares, décadas de masacres de obreros y jornaleros, 600.000 muertos en la guerra, más de 50.000 represaliados después, cientos de miles de exiliados, 300.000 bebés robados, el mantenimiento de una Ley de Sucesión en la jefatura del Estado por la que Santo Tomás de Aquino calificaría al rey Juan Carlos como “tirano por usurpación” y muchas toneladas de cinismo felipista para inventar el juancarlismo, esa gran trituradora ideológica con la que el PSOE logró, a principios de los 80, hacer añicos al republicanismo y desplazar sus astillas a las periferias culturales del país. Guste más o menos, en lo que va de siglo XXI frenarle los pies a la emancipación republicana ha costado mucho menos: apenas un pacto de silencio de los poderes económicos con los grandes medios de comunicación sobre la información relativa a la familia real y toneladas de papel couché. Comparado con lo que han vivido las generaciones precedentes, no es nada.

Y sin embargo, frente a la resistencia de los poderosos y sus aliados, España ha seguido ensanchando otra senda republicana: la que ha desbrozado la propia monarquía desde su restauración en el 75. Eso sí, para transitarla ha habido que esperar a que la jueza Lamela ordenase la entrada en prisión de Villarejo en 2017. Un empujoncito imprescindible para que el comisario decidiera encender el alumbrado público sobre el viaducto juancarlista a la III República. La cuestión es que la alcantarilla monárquica tiene una corriente de fango tan fuerte que no es que te abra el paso hacia la alameda republicana, es que te caes en ella de golpe. Si las cadenas de TV generalista dedicasen tres o cuatro meses a explicar con cierto detalle el contenido de los artículos publicados por Carlos Bayo (@tableroglobal) sobre el amasado de la fortuna del rey Juan Carlos desde la muerte de Franco hasta su abdicación en el 14, el estado de la cuestión sobre la monarquía en España cambiaría sustancialmente. No sólo en la opinión pública, también en el Congreso de los Diputados. No es casual que quien nos ha explicado cómo ha funcionado el Ministerio del Interior, cómo se financiaba el PP, cómo se destruía la reputación de los dirigentes de Podemos, ERC y CIU y cómo se gobernaba el BBVA, nos esté explicando también cómo se hizo rica la familia real. Villarejo lo sabe todo porque durante décadas ha trabajado para todos o contra todos, dependiendo del momento y de la cantidad de dinero. Pero hoy no toca hablar de los jefes de obra de la fosa séptica; toca hablar de sus promotores y sus usuarios.

Gracias a que existe un periodismo como el de Carlos Bayo, hoy sabemos que la fortuna de la familia real española comienza a gestarse en los años 70 gracias a la muy lucrativa y mutuamente beneficiosa asociación del rey Juan Carlos con Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo, socio y testaferro de su majestad. Ambos, uno a la luz y otro en la sombra, montan al 50% una sociedad hispano-saudí con otros dos socios que también tenían su luz, Adnan Khashoggi, y su sombra, el príncipe saudí Fahd. La empresa se constituye el 7 de julio de 1978 en Londres, el mismo día que el Congreso de los Diputados debatía la aprobación de la Constitución del 78. Cada uno estaba a lo que estaba: el pueblo español a ver si lograba poner en pie una democracia y el jefe del Estado echando los papeles para registrar una empresa cuyo objeto era llevarse comisiones millonarias mediando en la venta de armamento español a las dictaduras árabes más sanguinarias. Hoy, cuarenta años después, sabemos que ambos consiguieron sus objetivos: el pueblo español puso en pie su democracia y el rey se llevó 1.500 millones de pesetas de comisión sólo por mediar en la venta de 7 aviones de combate a Hassan II, rey de Marruecos. Por poner un ejemplo. Después vendrían las corbetas a Egipto, los blindados, los camiones Pegaso, etc. Como si de una broma del destino se tratase, el nombre con el que el rey Juan Carlos designó su empresa pantalla es el mismo que los guionistas de Cuéntame eligieron para la familia que ha narrado a varias generaciones de españoles la historia de la transición. ¡Quién sabe! Quizá algún día RTVE vuelva a hacer una serie protagonizada por los Alcántara, pero esta vez los de Alkantara Iberian Export.

Así comenzó a crecer la fortuna del rey Juan Carlos. Pero como la impunidad de la corona no es extensible a sus testaferros, a mediados de los 90 el rey tuvo que cambiar de socios porque a Manuel Prado y Colón de Carvajal las cosas se le estaban poniendo difíciles en los juzgados. Sus nuevos amigos, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, le gestionaron los paquetes de acciones de ENCE, Abengoa, Endesa y Telefónica que el gobierno de J.M. Aznar le regaló a su majestad en el momento en el que se inició la privatización de las empresas públicas, allá por el año 98. Poco después, en 2003, el rey Juan Carlos les devolvió el favor: utilizó toda su influencia para que el británico Barclays comprase el Banco Zaragozano por 1.100 millones de euros, un precio muy por encima de su valor, y del que cada Alberto se llevó más de 225 millones de euros de comisión y su campechana majestad 52. Para guardar tanto dinero negro, el rey hizo lo que cualquier otro españolito de a pie: llamar a un primo suyo. En este caso, Álvaro de Orleans, persona de pocos recursos en ese ambiente y con quien casi no tenía relación. El primo montó una fundación pantalla en Liechtenstein llamada Zagatka y los 52 millones de la campechana comisión por la venta fraudulenta del Zaragozano a Barclays fueron a parar allí. Cinco años después, en 2008, el rey impulsó la creación de otra fundación pantalla: Lucum. En apenas unos días, la cuenta de Lucum recibió 65 millones de euros del saudí rey Abdulá. A fecha de hoy no está claro el porqué de esa transferencia, pero parece descartado que sea la mordida del rey en la adjudicación del AVE a la Meca a las empresas españolas y buenas amigas de su majestad, OHL y Copasa. No porque esa comisión no existiera, sino porque ese contrato no se firmó hasta 2011 y ni siquiera Corinna Larsen sería capaz de lograr que le pagasen la mordida de Juan Carlos con tres años de antelación.

Y además de lo evidente, ¿qué tienen en común las fundaciones Zagatka y Lucum? Dos cosas muy importantes. En primer lugar, ambas son fundaciones que utilizan al mismo testaferro, Álvaro de Orleans, y los mismos gestores para el blanqueo: Ramón Blanco Balín y Arturo Gianfranco Fassana, personajes también clave en la estructura de blanqueo de la caja B del PP. Y, en segundo lugar, tienen como beneficiarios al rey Felipe VI en el caso de Lucum, y al rey Felipe VI y sus hermanas Elena y Cristina en el caso de Zagatka; y por supuesto al rey Juan Carlos. Si alguien quiere recordar el modus operandi de Urdangarín con la fundación Noos, este es el momento.

Todo esto y muchas otras cosas (las amenazas del jefe del CNI a Corinna Larsen en Londres, las presiones del rey Juan Carlos al presidente del Tribunal Constitucional para evitar la entrada en prisión de los Albertos, etc.), están sobre la mesa del fiscal suizo Yves Bertossa desde el año 2017, o quizá antes. El pasado mes de febrero, es decir, casi cinco años después de que Bertossa iniciase su investigación en Ginebra, un fiscal de nuestro Tribunal Supremo ha considerado que correspondía pedir información sobre el rey Juan Carlos a la fiscalía suiza, no fuese a ser que su majestad hubiese cometido algún delito en España. Y cuando esta comisión rogatoria ha trascendido a la opinión pública a través de una filtración al periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta –qué casualidades, madre mía–, se incendian las tertulias de todos los debates televisivos del país porque … ¡el texto remitido por la fiscalía española pone en cuestión la presunción de inocencia del rey Juan Carlos! No se arma un escándalo porque la justicia española no haya iniciado ella misma sus propias investigaciones tras décadas de informaciones periodísticas y secretos a voces; tampoco se desata una ola de indignación porque la fiscalía española solicite información a los suizos cinco años después del inicio de la investigación. ¡El escándalo estalla porque el texto del requerimiento remitido por el fiscal Juan Ignacio Campos al fiscal Ives Bertossa inquiere sobre el papel del rey Juan Carlos como mediador y posible comisionista de grandes negocios internacionales! Pero la cosa no termina ahí. Unas horas después de que Urreiztieta filtrase el requerimiento del Supremo a los suizos y que el rey Juan Carlos, abogado mediante, saliese a acusar a la fiscalía del Tribunal Supremo de estar atentando contra su honor, la fiscalía española emite un comunicado explicando que "no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación".

En la segunda mitad del siglo XVI, las guerras de religión en Francia dieron lugar al nacimiento de una corriente de pensamiento conocida como la de los monarcómacos. Los monarcómacos centraron su reflexión en un tema clásico de la filosofía política: qué hacer si un rey se convierte en tirano. Sus principales autores sostenían que era responsabilidad del pueblo derrocar a aquellos reyes que se convertían en tiranos no respetando el bien común, no respetando las leyes fundamentales del reino o persiguiendo a los verdaderos cristianos, es decir, los protestantes. En tales circunstancias, sostenían los monarcómacos, no cabe más opción que la de que el pueblo derroque al tirano porque sólo quienes tienen el poder de crear un rey, tienen también el poder de deponerlo. Poco tiempo después, cuando los católicos franceses terminaron asesinando a los reyes también católicos Enrique III y Enrique IV, los monárquicos sólo encontraron un camino para seguir legitimando la institución: afirmar que el poder del rey proviene de dios. Y así fue como, contra todo pronóstico, las tesis monarcómacas de impulso protestante terminaron siendo utilizadas para fundamentar el nacimiento de la monarquía absoluta en Francia.

Hoy en España, la monarquía no puede ser una opción. Es una institución ilegítima por su origen franquista, antidemocrática en su fundamentación teórica y corrupta en su práctica política. Así que, o bien asumimos como pueblo que la monarquía española es un castigo que dios nos ha enviado y no nos queda otra que cargar con ella a lo largo de los siglos, o nos librarnos de una vez de esta forma de Estado indefendible y de esta familia de presuntos corruptos. No veo más alternativa para quienes respaldamos, más que ninguna otra cosa, el estado de derecho y la democracia.

François Dubois: La matanza de San Bartolomé, 1572. Museo Cantonal de Bellas Artes de Lausana.

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Carolina Bescansa es profesora de Sociología y Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid

Desde 1978, España ha conocido únicamente dos etapas en términos jurídico-institucionales. La primera atraviesa toda la década de 1980 y coloca los cimientos de las instituciones centrales del sistema a través de las grandes leyes orgánicas. La segunda arranca en la década de 1990 y se mantiene hasta hoy. En ella, el sistema político aborda la mayoría de sus proyectos (y sus problemas) con herramientas jurídico-normativas de rango medio. Así ha sido durante décadas, con independencia de la magnitud de los problemas que los gobiernos de España hayan tenido que afrontar o hayan querido impulsar. Lo que hemos visto a lo largo de este año y medio de pandemia ha llevado al paroxismo este modus operandi.

Son de la década de 1980 la mayoría de los marcos jurídicos que alumbraron las estructuras orgánicas de las grandes instituciones del Estado (ley del Poder Judicial en sus aspectos más estructurales relativos al CGPJ o al Tribunal Supremo, ley del Tribunal de Cuentas) y buena parte de los principios que constituyen los marcos jurídicos esenciales del Estado (ley del régimen electoral general, ley del reglamento del Congreso de los Diputados). En aquellos años, el sistema llevaba casi una década funcionando a partir de dinámicas negociadoras entre partidos políticos, agentes sociales y fuerzas vivas de todo tipo. Como explicaba Vázquez Montalbán, los últimos años de la década de 1970 alumbraron una democracia construida sobre una correlación de debilidades más que sobre una correlación de fuerzas.

Con esa mirada, la Constitución de 1978 estableció mayorías cualificadas de tres quintos o de dos tercios para forzar a las Cortes a alcanzar acuerdos similares a los de la Transición en decisiones tan delicadas y cruciales como la elección de las y los integrantes de las grandes instituciones jurídico-políticas del Estado o para acometer la reforma de la Constitución cuando fuese necesaria. El planteamiento era similar al de la mayoría de las constituciones de las democracias parlamentarias de los países de nuestro entorno y coherente con la situación del momento: exigir acuerdos amplios del poder legislativo –que impliquen a más partidos que al partido de gobierno– para tomar decisiones relativas al Poder Judicial, a la justicia constitucional o a la modificación de la Carta Magna. Hasta aquí, todo normal.

Sin embargo, la cualidad del sistema de partidos del país cambió en 1982. El modelo, concebido para operar en un sistema de partidos pluralista y fragmentado como el existente en 1977 y 1979, se topó de bruces en 1982 con un sistema de partido predominante, en el que un solo partido estaba llamado a obtener una mayoría absolutísima durante tres o más legislaturas, dejando al segundo partido a una distancia de más de 10 puntos, es decir, en el arroyo, tal y como explicaba el descreído G. Sartori. Así, el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra se vio con las manos libres para sacar adelante las grandes leyes orgánicas del país sin necesidad de acordar con Alianza Popular (AP) o con cualquier otro partido ni todo ni parte de sus contenidos. En ese contexto político se puso en pie en 1985 la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de cuyas injusticias electorales todavía no hemos logrado deshacernos, o la primera y decisiva versión de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, retorciéndole el brazo al artículo 122.3 de la Constitución y con la explícita bendición del Tribunal Constitucional, dejó en manos del Congreso (202 diputados del PSOE en aquel momento) y el Senado (134 senadores de 208) la elección de la totalidad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Todo lo que vino después sólo han sido matices, de mayor o menor hondura, pero matices que no han alterado en el fondo lo establecido en 1985: la elección de las y los 20 integrantes del CGPJ por el Congreso y el Senado, frente a los 8 que le atribuía la Constitución en una lectura literal o naif, depende de cómo queramos calificarla.

Casi 40 años después, la práctica totalidad de los cuerpos institucionales que requieren mayorías absolutas para su renovación han vencido su mandato. El caso más grave y escandaloso es el CGPJ, cuyo mandato terminó hace ya casi tres años y cuya falta de contención en su interinidad ha revelado hasta qué punto su presidente, Carlos Lesmes, ha seguido operando como alto cargo del PP, pero por otros medios. Se suman la no renovación por falta de acuerdo de cuatro de las y los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo y, desde hace apenas unos días, los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas, cuyo papel de mamporreros frente al indulto a los presos del procés todavía hace sentir sus efectos sobre la crisis territorial española.

En paralelo, no hay atisbo de reforma constitucional alguna para hacer frente a los gravísimos problemas que la arquitectura constitucional española ha ido padeciendo a lo largo de estas cuatro décadas. Ya lo dijo Mendoza: sin noticias de Gurb. A lo largo de los años, la descentralización de la gestión de las grandes políticas sociales ha terminado edificando un país profundamente desigual en lo que se refiere a la calidad de la sanidad, la educación, la vivienda o las prestaciones sociales, y la Constitución no ha ofrecido ni un solo asidero desde el que poder construir igualdad social. Con lo fácil que habría resultado hacerlo echando un vistazo al constitucionalismo de otros países amigos.

Lo mismo cabe decir de la corrupción. España ha alcanzado cotas de corrupción en todos los niveles de gobierno que en otros países darían por si mismas para abrir un proceso constituyente. Sin embargo, aquí lo único que hemos tenido como respuesta política han sido iniciativas legislativas de rango medio e intervenciones vergonzantes de los sucesivos gobiernos para controlar el nombramiento de los jueces de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado o las interinidades de los instructores de la Audiencia Nacional.

El estallido catalán de la crisis territorial española habría dado lugar en cualquier otro país a una reflexión profunda sobre nuestra estructura territorial y la necesidad de revisar las enormes grietas que generó la arquitectura constitucional del 78. No es un ajuste de cuentas, es puro sentido común. Y sin embargo, el 1 de octubre sólo ha servido para judicializar la política hasta extremos vergonzantes, dinamitar puentes y animar a independentistas y constitucionalistas a ceñirse cinco centímetros más en cada sisa los odiosos trajes que cada bloque se ha confeccionado con sus respectivas banderas. Ni una palabra sobre la reforma constitucional. Sin noticias de Gurb.

La gestión de esta pandemia ha venido a convertirse en el último ejemplo de esta desoladora relación. Ni siquiera una emergencia sanitaria del calibre que tenemos sobre la mesa parece estar abriendo paso a propuestas que aboguen por una reforma del Senado, una redefinición de la naturaleza y el estatuto de los Consejos Interterritoriales o de la ingeniosa y al mismo tiempo inane Conferencia de Presidentes. Nada. Ni de un lado ni de otro se escucha una sola propuesta que extraiga conclusiones estructurales de nuestras experiencias. Todo nace, crece y muere en la coyuntura. Nada de política: sólo comunicación.

Habrá quien diga que no hay agua en la piscina para reformar la Constitución. Es falso. El agua la pone la gente y desde hace años sabemos que en España hay una mayoría superior al 65% que está a favor del reformar la Constitución. Alguien podría objetar a este dato que se trata de una posición genérica y que en realidad no existe un acuerdo sobre qué materias se deben reformar. Falso también. Los datos cosechados por el CIS en 2018 repiten lo que conocíamos a través de otros estudios: las grandes mayorías quieren una reforma constitucional que garantice la igualdad social, nos proteja contra la corrupción, resuelva nuestros problemas territoriales y haga que el voto de todas las personas cuente con el mismo peso.

Atendiendo a su causa directa, el bloqueo en la renovación del CGPJ, el TC, el Tribunal de Cuentas o la Defensoría del Pueblo, pero también la crisis territorial, la inutilidad del Senado, la desigualdad de los derechos sociales de la gente dependiendo de la comunidad autónoma en la que se vive o la desproporción del sistema electoral son, en realidad, el mismo problema: la consecuencia institucional o política de haber cimentado los pilares del Estado con leyes orgánicas aprobadas en un contexto de partido predominante. Durante los diez primeros años de vida del sistema consolidado, las Cortes no generaron fricción legislativa alguna a la acción del gobierno. Fue entonces, entre 1982 y 1993, cuando se normalizó una forma de hacer política en la que cada cual sólo hace aquello que puede hacer en solitario. Y así se naturalizó que si para hacer algo –reformar la Constitución, modificar la LOREG, etc.– era necesario contar con otros, la primera opción y la mejor era siempre la misma: no hacer nada. Muchos años después, M.Rajoy convirtió esta forma de hacer política en política a secas. Y así es como en España ni se reforma la Constitución ni se renueva el CGPJ. No porque no sea imprescindible ni porque no haya un acuerdo social para hacerlo, sino porque nadie parece dispuesto a asumir la responsabilidad de solucionar los problemas y no sus efectos. Esto ya no va del software: va de hardware.

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Carolina Bescansa es profesora de Sociología y Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid.

Hace más de una década, los grandes expertos en comunicación estadounidenses generalizaron el uso del término infotaiment infotaiment. Se trataba de un neologismo compuesto por dos palabras: information and entertaiment. Su traducción sería algo así como infoentretenimiento. El término describe una forma de hacer periodismo —fundamentalmente televisiva— consistente en convertir en entretenimiento contenidos tradicionalmente informativos. En los últimos quince años, este estilo periodístico ha transformado la comunicación en prácticamente todos los ámbitos de interés. La política es uno de ellos, el más importante, y quizá por ello recibió su propia acuñación: politaiment. Pero no fue el único afectado: el fútbol y los deportes más populares corrieron una suerte similar. Aquí sólo me ocuparé del politaiment y sus derivadas.

No es fácil saber quién empezó primero: si los políticos acudiendo a los programas de entretenimiento con el objetivo de recabar la atención del público políticamente más apático o los periodistas de esos espacios tratando de ganar audiencia a través de contenidos sorpresa. En 1991, Henry Kissinger abrió la veda presentándose por un día como hombre del tiempo en el informativo meteorológico de la CBS. Desde entonces puede decirse que los políticos entraron por centenares de programas de televisión de todo tipo y su presencia en los espacios de entretenimiento dejó de ser una excepción. Con o sin campaña electoral, se convirtieron en invitados frecuentes. Como ocurre siempre, lo formal y lo sustantivo resultaron ser la misma cosa y, en esos platós, los contenidos de sus discursos se vieron obligados a mutar. Los nuevos formatos bloqueaban los planteamientos estructurales; en los talk shows, realities y programas de entretenimiento sólo había espacio para contenidos blandos, básicamente referidos a las cualidades de los candidatos, sus estilos de vida o sus biografías. Había nacido la política pop.política pop

Hard politics, soft politics

Esta nueva etapa de la comunicación escindió el campo de la información política en dos grandes bloques que algunos analistas empezaron a denominar hard politics y soft politics. La información política clásica había estado protagonizada casi de forma exclusiva por las hard politics. hard politicsSus espacios televisivos se articulaban, por un lado, en torno a la comunicación institucional, partidista o administrativa y, por otro lado, dando voz a protagonistas o representantes de los grandes problemas colectivos (empleo, vivienda, educación, sanidad, seguridad, justicia, etc.). La información política se ocupaba de los problemas políticos, las opciones para tratar de resolverlos y las controversias derivadas del enfrentamiento entre los actores a la hora de defender unas u otras opciones. Hard politics. Por supuesto, siempre ha existido información clasificable como soft politics porque los líderes y las lideresas siempre han sido objeto de información de sociedad. Pero una cosa es ser “objeto de” soft politics y otra cosa muy distinta es producir soft politics.soft politics

En términos globales, probablemente el punto de inflexión se produjo en 1998 con el —machistamente denominado—caso Lewinsky.caso Lewinsky Aquel escándalo sexual de abuso de poder ocupó los telediarios de todo el mundo durante más de tres años. Tras la investigación periodística, política y judicial, el presidente Clinton fue objeto de un impeachment por mentir al Congreso y al pueblo americano al negar reiteradamente que hubiese mantenido relaciones sexuales con la entonces becaria en la Casa Blanca, Monica Lewinsky, de apenas 22 años. El escándalo arrancaba del ámbito de las soft politics (el comportamiento sexual de Clinton) y desencadenaba una tormenta de consecuencias en el ámbito institucional norteamericano: hard politics.

Con todo, es un fenómeno difícil de datar porque los cambios no se produjeron de manera simultánea en todo nuestro mundo. Es algo que ocurrió a lo largo de los años 90 en algunos canales de televisión de EEUU e Italia. Y aunque su extensión ha sido desigual, España participó desde un primer momento de esta mutación y, en paralelo con Italia, los contenidos y las prácticas propias del politaiment fueron acaparando cada vez más espacio en la programación televisiva.

Primero, Soraya Saénz de Santamaría baila en El Hormiguero. Después, el chalet de Pablo IglesiasEl Hormiguero.

Esta mutación de la información política desde las hard politics hacia las soft politics ha tenido lugar en dos etapas bien diferenciadas. En la primera, los programas de entretenimiento dieron entrada a políticos de todo signo en tanto que celebrities capaces de despertar el interés de las audiencias. Los y las políticas ofrecieron, en contrapartida, información sobre sus vidas privadas o desplegaron rasgos de su personalidad reprimidos en el ámbito de la comunicación política convencional (Mi casa es la tuya, Bertín Osborne, 2010). Poco a poco, ellos mismos comenzaron a generar contenidos para los espacios de entretenimiento (llamada telefónica de Pedro Sánchez al presentador de Sálvame a raíz del Toro de la Vega, 2014). La normalización de estas apariciones llevó a las direcciones de los programas de televisión a intensificar el ablandamiento de los contenidos, forzando la transformación de las y los políticos en cuasi-concursantes, sometiéndolos a pruebas de habilidad o atrevimiento como vía para garantizar la atención del público (Soraya Saénz de Santamaría en El Hormiguero, 2015, bailando la misma canción de Michelle Obama en el show de Ellen DeGeneres unos meses antes).

En una segunda etapa, los espacios tradicionalmente destinados a las hard politics (informativos y programas de debate político) abrieron sus parrillas a los contenidos políticamente blandos, centrados en lo accidental, lo banal y lo superfluo, especialmente si estaba referido a la vida privada de los protagonistas. Así, mientras en un primer momento se trataba de incorporar políticos a los programas de entretenimiento como celebrities, en esta segunda etapa la información banal y/o personal colonizó los espacios hasta entonces ocupados por la política institucional o conflicto partidista. Las soft politics comenzaron a desplazar a las hard politics en todas partes. soft politicshard politicsInformativos y grandes programas de debate fueron incorporando contenidos blandos, noticias ad personen, chascarrillos o anécdotas.

Twitter ha jugado, en este sentido, un papel fundamental. Se ha constituido como el principal espacio en el que se producen y difunden contenidos soft susceptibles de ser pantallizados, sin necesidad de que los y las periodistas, para armar su pieza, hagan más esfuerzo que abrir la aplicación. Si en una primera fase, las y los políticos colonizaron los programas de entretenimiento, en la segunda fueron los contenidos de entretenimiento quienes colonizaron los programas de información. Sólo así es posible entender la trascendencia mediática y política de una noticia como la de la compra de un chalet por parte de Pablo Iglesias, ejemplo español más destacado de esta deriva. Más allá de las críticas legítimas sobre lo adecuado o inadecuado de esta compra, lo cierto es que la tormenta de consecuencias que tuvo fue, para sus protagonistas y para su partido, homologable a la de la trama Gürtel para el PP o los ERE andaluces para el PSOE. Cuando la información política soft coloniza los programas de información política hard, su capacidad performativa sobre la opinión del público es mucho mayor que la de la información convencional.

Rocío Carrasco y la política

Si todo esto fuera un tablero del juego de la oca, diríamos que en la primera casilla los políticos ocuparon los programas de entretenimiento; y poco a poco, las direcciones de esos programas les fueron exigiendo a los políticos cada vez más y más espectáculo. Esta primera casilla resultó ser el puente del 6 y llevó la política a la casilla 12. En ella, los afectados fueron los informativos y los programas netamente políticos. Los contenidos blandos comenzaron a competir y desplazar a los contenidos políticos duros, cuya presencia y centralidad se ha ido empequeñeciendo paulatinamente. La (desaparecida) información internacional es el mejor ejemplo. Pero hay cientos. La boda de Rivera con Malú interesó más que la mochila austríaca. En la campaña electoral de 2015 explica X. Paitiby que lo más buscado en Google sobre Pedro Sánchez fue, primero, “Pedro Sánchez”; segundo “Pedro Sánchez mujer”; y tercero “Pedro Sánchez paquete”, como consecuencia de unas imágenes del entonces candidato escalando con un arnés alrededor de las ingles.

En esta senda de mutaciones de la comunicación política, cada vez que hemos cambiado de casilla hemos perdido algo. Primero, una cantidad significativa de respeto y confianza en la competencia profesional de un buen número de políticos. Después algo más importante: la comprensión de la naturaleza social de la política, su razón de ser como disciplina. La colonización de los espacios de información política con infotaiment está expulsando a los problemas sociales de las agendas mediáticas. Lo real social cada vez interesa menos a representantes políticos y periodistas de los informativos. Esta “política” no habla de lo que le pasa a la gente, sólo habla de sí misma: de las discusiones entre partidos, del mejor o peor funcionamiento de las instituciones o de la vida privada de sus líderes. Eso es todo.

Pero como bien han demostrado todas las crisis de representación que hemos vivido (o quizá sea siempre la misma crisis que no se resuelve nunca), lo real social nunca desaparece. De una forma o de otra, siempre (re)emerge. Una y otra vez. No importa cuántos ni durante cuánto tiempo traten de enterrarlo. Lo real social y el humano interés por cambiarlo, es decir, la política, siempre vuelven. real socialLa gran novedad es que esta vez han sido los productores de programas de entretenimiento quienes han descubierto el enorme interés de la política, esa política de lo real hoy arrinconada en las esquinas de los informativos. No de los políticos como celebrities. Los productores de realities han descubierto el enorme interés que suscita la política como herramienta para resolver problemas importantes que afectan a mucha gente. Rocío, contar la verdad para seguir viva es el último movimiento hacia una nueva casilla. En un contexto comunicativo en el que los políticos prefieren estar con Ana Rosa que en las ruedas de prensa; en la que los informativos prefieren hablar del baile de Ada Colau que de la franja de Gaza, la política, la de lo real, ha ido a refugiarse a los realities. lo realrealitiesSabíamos que a menudo la información de sucesos contenía más política que las crónicas parlamentarias. Pero en estos últimos tres meses se ha producido una mutación inesperada. En apenas diez programas, Rocío Carrasco ha sabido explicar mejor lo que es la violencia machista, el maltrato, lo que ocurre cuando una mujer denuncia y la importancia de pedir ayuda frente al agresor que todas las campañas desplegadas por las instituciones desde hace décadas. La política, la que trata de intervenir sobre lo social real para cambiarlo, ha terminado expresándose mejor por boca de los protagonistas de la farándula que en las comisiones parlamentarias. No es buena señal, estoy de acuerdo. Pero demuestra hasta qué punto nuestro sistema de representación política está agotado; demuestra las ineludibles urgencias de lo real social; demuestra la necesidad de la política; y demuestra, en definitiva, que los sistemas políticos cuando se resisten a cambiar no se hacen más fuertes: colapsan y a veces incluso revientan.

De corazón, gracias, Rocío.

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Carolina Bescansa es profesora de Sociología y Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid.

El estallido de la pandemia hace poco más de un año parece estar abriendo lo que algunos historiadores denominan cambio epocal: una transición global desde un tipo de sociedad que entra en crisis hacia otro tipo de sociedad nueva e incierta. Los cambios de época son algo más que revoluciones tecnológicas o culturales. Son cambios totales que atraviesan el conjunto de las esferas de la vida política, económica, social, familiar y personal.

En España, la gran desgracia del covid-19 sobrevino en un contexto de inestabilidad e incertidumbre extensas e intensas. Las peores consecuencias sociales, económicas y políticas de la crisis financiera de 2008 estaban lejos de haberse superado y el virus infectó un país ya gravemente enfermo de desigualdad social, precariedad laboral, conflictividad territorial, corrupción e inestabilidad política. Sin embargo, la virulencia con la que se instaló la enfermedad en las primeras semanas abrió la puerta al despliegue de decenas de iniciativas ciudadanas que por su transversalidad parecían germen de un nuevo patriotismo cívico. En abril de 2020, el 58% de las y los españoles consideraba que las medidas que estaba adoptando el Gobierno eran suficientes para combatir el virus y una aplastante mayoría del 94% de la población entendía que, como sociedad, estábamos dando un ejemplo de civismo y solidaridad a través de la forma en la que afrontábamos las medidas contra la Covid-19 (CIS ES3279, p.4 y p.11). Hoy, un año después de las movilizaciones ciudadanas para la confección masiva de mascarillas, la asistencia a las personas dependientes o la expresión de gratitud al personal sanitario del país a través de las citas puntuales a todos los balcones de España, ya no queda rastro de aquellos embrionarios cimientos sobre los que construir una nueva identidad nacional democrática y cívica. La incapacidad política para liderar la gestión de la crisis, la inmediata partidización de todas las propuestas y la descentralización autonómica de la gestión sanitaria como requisito sine qua non para sostener el marco jurídico del Estado de alarma han terminado por demoler lo que podrían haber sido un gran hito cívico español, tan necesario desde el punto de vista moral e histórico. Mientras en Francia, dos meses después del estallido de la crisis, el gobierno planteaba un debate sobre las consecuencias de la deslocalización hacia China de la fabricación de productos esenciales, en la España de mayo de 2020 la amplia mayoría de los partidos políticos de oposición exigían al gobierno la inmediata descentralización hacia las Comunidades Autónomas de la gestión de la crisis como condición de posibilidad para poder mantener jurídicamente el confinamiento domiciliario. Un espectáculo vergonzante que, lejos de saldarse con un golpe de mano –o de audacia– capaz de abrir la puerta a la transformación de la estructura institucional que sigue permitiendo estas miserias, se resolvió improvisando la activación de un Consejo Interterritorial de Salud que carece de capacidad jurídica efectiva y convocando la Conferencia de Presidentes, órgano que nunca ha poseído estatuto jurídico de tipo alguno. Desde entonces ya sabemos cuál ha sido el argumento de casi todos los que estaban llamados a liderar la salida de la crisis: yo no he sido porque no tengo la competencia. Pregúntele Ud. a quien sí la tiene. Ese famoso jingle que el pujolismo político enseñó a entonar a prácticamente todos los gobiernos autonómicos y que en esta crisis del Covid hemos visto tararear al Gobierno de España por primera vez en nuestra historia.

Esta deriva política no logró doblegar la curva de contagios y fallecimientos, pero sí la de la construcción de un sentimiento compartido de orgullo por lo común e identificación solidaria. La inhibición del Gobierno de España para acometer las reformas estructurales que le habrían permitido desplegar una estrategia de país frente a la pandemia ha tenido, como efecto secundario, el doblegamiento de la curva del sentimiento cívico nacido en las primeras semanas de la crisis y la destrucción de la épica que brotaba a borbotones de todos los balcones del país entre los meses de abril y junio de 2020.

Y así, la otra curva, la de nuestros sentimientos frente a esta desgracia, no ha dejado de empeorar. La preocupación por la propia salud y por las consecuencias económicas de la pandemia no ha disminuido a lo largo de este año y nuestros miedos se han disparado.

En febrero de este año, el CIS elaboró un estudio destinado a explorar la salud mental de la sociedad española tras casi un año en esta situación. Las conclusiones de la encuesta han entrado a formar parte del debate político-partidista, pero pareciera que sus resultados han sido menos visibles que las reacciones que ha desencadenado. Muchos de los datos que ahora conocemos estaban implícitos en indicadores presentes en los barómetros del verano y el otoño de 2020, pero la fuerza de algunas de las preguntas formuladas en febrero nos obliga a atender a esta otra curva cuya evolución no mejorará necesariamente con la caída de los contagios.

A diferencia de lo que ocurría hace un año, hoy la mayoría de la sociedad española reclama medidas más exigentes o más eficaces en la lucha contra la Covid (CIS, ES3313, marzo 2021). A su vez, y en contra de la narrativa que protagoniza gran parte de los informativos de las cadenas de televisión generalista, la inmensa mayoría de la gente cumple las normas dictadas por las autoridades sanitarias y en torno a un persistente 30% de la población va más allá y ha decidido autoconfinarse, independientemente de que se suavicen o se endurezcan las restricciones. No es una posición testimonial ni un comportamiento que vincule exclusivamente a la gente mayor. El autoconfinamiento tiene presencia significativa en todos los grupos de edad y expresa no sólo el temor a la enfermedad; también nos habla de la desconfianza y los problemas de credibilidad de quienes nos comunican las decisiones que adoptan los responsables políticos de la lucha contra la pandemia.

Así, conforme desaparece la percepción de estar enfrentándonos colectivamente a un problema común, las mayorías sociales nos individualizamos y nos deprimimos en soledad, condenadas a privatizar nuestro miedo y nuestra incertidumbre a la hora de tomar decisiones frente a las consecuencias de la pandemia sobre nuestra salud y la de los nuestros, pero también sobre nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras familias y nuestro entorno social. Los datos del estudio de febrero nos dicen que el 35% de la gente ha llorado en algún momento como consecuencia de la situación en la que estamos, un 16% de la población ha sufrido uno o más ataques de ansiedad a lo largo de esta crisis y un 24% de la población duerme menos que antes (CIS, ES3312. p.14.a, p.10 y p.16). Una de cada cuatro personas ha cambiado sus costumbres relativas a sus cuidados personales; en su mayoría han dejado de arreglarse todos los días o ponen menos esmero en hacerlo (CIS, ES3312. p.19). Hay una España grande que lleva meses en ropa de casa y zapatillas, preocupada, asustada y sin saber bien en quién o en qué confiar.

Hay una España que se está deprimiendo. Nos estamos deprimiendo. A lo largo de estos meses, la mayoría de los y las españolas nos hemos visto en algún momento sin interés o placer por hacer cosas, hemos perdido la esperanza o nos ha sobrevenido la ansiedad. Y al contrario de lo que parece ocurrir con la curva de los contagios por covid-19, esta otra curva dibuja un escenario en el que los síntomas de depresión estarían afectando en mayor medida a las personas con niveles de estudios más altos, normalmente en posiciones de clase más supraordinadas. Serán necesarias otras investigaciones para explicarnos el por qué de esta distribución desigual, pero bien podría ser una consecuencia cuidadosamente obviada del teletrabajo.

El escenario que describen los datos es desolador. No puedo evitar preguntarme si esta tristeza que se respira en todos los ambientes no podría haberse contrarrestado con la ilusión que genera cualquier gran proyecto colectivo cuando se afronta con honestidad y compromiso. Seguramente ya no es posible dar respuesta a esta pregunta. Pero entre tanto, la extensión del proceso de vacunación, aunque carezca de épica, sí está modificando las expectativas. En febrero, apenas el 17% de la población consideraba que lo peor de esta crisis había pasado. Un mes después, la proporción se disparó hasta el 45% (CIS, ES3312 y CIS, ES3313. p.4). No es un asunto menor. La superación de una crisis, como casi todo en la vida, es también una cuestión de expectativas.

A lo largo de este año hemos visto errores y aciertos; gente honesta y oportunistas; personas muy capacitadas y personajes indocumentados. Hemos visto mucho y estoy segura de que nos queda mucho por ver. Pero lo que parece que ya no veremos es la posibilidad de transformar todo el caudal de solidaridad social que desató la pandemia en orgullo cívico e identidad nacional. Una oportunidad más que se pierde.

Con la falta que nos hace (desde hace siglos).

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Carolina Bescansa, socióloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid.