La vivienda ocupa hoy buena parte de la conversación social, aunque los diagnósticos y las soluciones estén lejos de encontrarse. Los debates giran habitualmente sobre cinco grandes ejes: las razones y exclusiones de sus precios siempre al alza o la naturaleza de las desigualdades que genera (¿generacionales, de clase, entre inquilinos y propietarios?); el modelo productivo que condiciona (ladrillo, financiarización de la economía y del ahorro de las familias); las relaciones sociales que perfila (macro y micro rentistas, inquilinos siempre al borde de cambiar de casa, de barrio, de ciudad, y que destinan más de un 60% de sus salarios al pago del alquiler, cuando se estima que no debería ser más de un 30%, hipotecas susceptibles de aumentar con cada nuevo o renovado episodio bélico); la estructura familiar y afectiva que permite o impide (parejas que no se divorcian porque no pueden pagar dos alquileres o hipotecas, jóvenes que no se emancipan nunca y/o que no pueden tampoco explorar formas de familia o convivencia no convencionales, hijos que no se tienen), el tipo de política pública que necesitamos (deducciones fiscales y liberalización de la vivienda protegida o regulación de precios y alquileres turísticos, así como creación de vivienda pública y protegida), y un largo etcétera.

Y, por otro lado, no parece necesario tirar de grandes teorías de la democracia para afirmar que en ausencia de condiciones efectivas para ejercer la libertad —y la vivienda es sin duda una de ellas— la libertad queda reducida a una mera condición formal anulada por la realidad concreta de las condiciones de vida y los estragos que la definen hoy: inseguridad, incapacidad para imaginarse y proyectarse en el tiempo, ruptura de expectativas y horizontes de vida, resentimiento, desafección, frustración y otro largo etcétera.

Con todas estas premisas parecería sencillo concluir que la dimensión política de la crisis de la vivienda es meridiana y que nada debería impedir un consenso social y parlamentario en torno a la necesidad de regularla, abaratarla y convertirla en una —si no la— prioridad de las políticas públicas. Sin embargo, ese consenso no solo está lejos de formarse, sino que no ha sido posible aprobar una medida tan necesaria como aparentemente de cajón, la de impedir que, tras la próxima finalización de los contratos de alquiler firmados bajo los efectos de la pandemia, los precios de cientos de miles de alquileres no suban entre un 30% y un 50% de su valor, expulsando a más de 2,5 millones de personas de sus casas u obligándolas a vivir en el umbral de la pobreza.

Lo que en estas líneas me voy a preguntar es por qué no se produce este consenso social y político, por qué no resulta tan sencillo enfrentar, aunque solo sea en el debate público y mediante medidas parciales como la mencionada, el problema de la vivienda. Adelanto que sus razones no solo tienen que ver con los alineamientos de la derecha con los fondos y lobbys inmobiliarios, sino con que las izquierdas no siempre enfocan bien el problema. Y esto por al menos cuatro razones que paso a enumerar:

En primer lugar, se suele desatender que la propiedad de activos financieros, fundamentalmente la vivienda, lleva tiempo desplazando al salario como forma de aseguración social tanto como vía de acceso a la vida de clase media. Si el ideal regulatorio de las sociedades salidas de la II Guerra Mundial fue el de asegurar mediante el trabajo y el salario las trayectorias de vida (frente a la enfermedad, la pobreza, la vejez, el miedo), tenemos que aceptar que, al menos desde principios de los años 80 del pasado siglo, se produce un paulatino desplazamiento hacia la inversión como forma de asegurar la existencia, esta vez de forma individualizada y no socializada. Pero conviene también recordar que este ideal regulador (la propiedad como forma de progreso y éxito social) se convierte en un potente mecanismo de integración social y deseo colectivo que, precisamente por ello, se democratiza: cada vez más propietarios, cada vez más hipotecas, tanto en España (que venía de altos índices en comparación con su entorno dada la política franquista de anular el conflicto social convirtiendo a proletarios en propietarios) como en el resto de los países occidentales. Este empuje democratizador de la propiedad es, claro, profundamente ambivalente: individualiza las relaciones sociales, sí, pero opera también como referente simbólico y material, como ideal de (acceso a la) ciudadanía.  

Que, en segundo lugar, esa democratización relativa del acceso a la propiedad muestra sus límites o tensiones en la crisis financiera de 2008, pues tiene su origen, precisamente, en el impago de hipotecas por parte de poblaciones marginadas históricamente de la vida de clase media, es decir, fue una crisis de la democratización del acceso de poblaciones marginadas y racializadas a la vivienda en propiedad. El impago de unas hipotecas que habían sido empaquetadas en productos financieros para el rentismo de aquellos que ya se habían asentado en la propiedad décadas atrás (clases medias y altas blancas), arrastra al conjunto de las economías occidentales: impagos, desahucios o, si lo prefieren, límite de la viabilidad social del neoliberalismo. Digo social porque no es un límite económico, sino fundamentalmente político: es el ideal de integración social mediante la propiedad el que deja de ser viable para capas cada vez más amplias de la población, pero no mayoritarias. En Madrid, ciudad desde la que escribo, algo menos de un 70% de su población es propietaria de una vivienda (directamente o por mediación de una hipoteca).

Lo que nos sitúa, en tercer lugar, ante un problema político y cultural de primer orden: la vivienda es hoy lo que impide la formación de un bloque social o ideológico, no aquello que permite crearlo. Y ello por una simple razón, habitualmente descuidada por los análisis de izquierdas: la propiedad inmobiliaria estructura todavía hoy las formas de acceso a la seguridad y a la prosperidad de las clases medias, y es donde tienen depositadas sus esperanzas y sus ahorros. Por tanto, y por más que la propiedad se esté concentrando en cada vez menos manos (fondos de inversión, mutipropietarios, bancos…), sigue habiendo una masa social de propietarios que ven más seguro, simbólica y materialmente, el aumento de los precios que su regulación. Más seguro, no más deseable, no éticamente mejor, no políticamente inevitable. Más seguro.

Pero, en cuarto lugar, esta mayor seguridad no impide hacer de la regulación de la vivienda un campo de batalla político, pero sí advierte de que no lo será por razones materiales, por el interés objetivo de una masa de inquilinos enfrentada a una minoría de propietarios, como si hubiésemos pasado del trabajo a la propiedad en una sin embargo constante y monolítica lucha de clases. Al contrario, si la vivienda puede ser —y sin duda debería ser— un campo de batalla político será porque las luchas ideológicas y las batallas culturales pueden ir contra los intereses materiales asentados de quienes las libran. Pero pueden hacerlo si —y solo si— esas luchas son capaces de articular la demanda (y el derecho) a una vivienda digna con otras demandas, otras visiones del mundo y otros deseos sociales: modelos de ciudad y condiciones de vida, transición energética, justicia intergeneracional, tiempo libre y liberado del trabajo como pilar de la identidad, lucha contra la desigualdad, etc.

La izquierda tiene que aceptar que no estamos ante una renovación de la lucha de clases por otros medios (la propiedad y no el salario); tampoco, qué duda cabe, ante la lucha de unas generaciones con otras (como si no hubiese millennials o zetas con un alto poder adquisitivo), sino ante una lucha que muchas veces se da en el interior mismo de los sujetos: más de la mitad de las generaciones millennial, zeta y boomer, incluidos en esa mitad muchos ciudadanos que tienen hoy series dificultades para pagar un alquiler y/o acceder a una hipoteca, van a heredar antes o después una vivienda. Una herencia que, sin duda, reproducirá y ampliará las desigualdades de clase: un tercio de la población no heredará nada, otro tercio amplio heredará una vivienda, y aproximadamente otro tercio escaso heredará demasiado.

Pero, y ya para concluir, si más de la mitad de la población tendrá dentro de 20, 30 o 40 años una seguridad vital que hoy solo se perfila en un horizonte temporal lejano, entonces estamos ante una lógica afectiva y política inédita y profundamente corrosiva: la de la espera como forma de vida y como sustrato económico y afectivo, es decir, la de una seguridad fantasmática, presente y ausente al mismo tiempo. Es esa espera la que hay hoy que trabajar políticamente. ¿Cómo? Por un lado, haciendo más deseable el aquí y el ahora que la seguridad que muchos tendrán después de décadas de espera, resignación y sufrimiento, y seguramente cuando menos la necesitan. Por otro lado, construyendo un ideal de seguridad que no pase ni por el trabajo ni por la propiedad, sino por la existencia misma, por nuestra condición ciudadana (rentas básicas, políticas redistributivas, reducción del tiempo de trabajo, además de vivienda pública y alquileres regulados, etc.).

Sin entender que lo que está fundamentalmente en disputa es el tiempo, y que éste hoy se reparte entre la espera (a que no te suban el alquiler, a terminar de pagar una hipoteca, a heredar un piso o recibir una herencia en vida que permita empezar a pagarlo) y la búsqueda de seguridad (en un mundo que ya no está ordenado por el trabajo ni puede ordenarse por la propiedad), muchos de los debates que libremos estarán, me temo, perdidos de antemano. 

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Jorge Lago estudió Sociología en Madrid, París y Bruselas. Ha sido investigador en la Complutense y el CNRS francés, y es hoy profesor de Teoría Política Contemporánea en la UC3M, además de editor de Lengua de Trapo. Ha publicado, junto a Pablo Bustinduy, el ensayo 'Política y Ficción. Las ideologías en un mundo sin futuro', editado por Península.

En demasiados análisis de lo que han supuesto las elecciones gallegas se echa en falta una mirada, aunque sea rápida, a los mapas. Por lo menos al mapa electoral del 28 de mayo pasado y, sobre todo, al mapa electoral europeo. No vaya a ser que nos queramos rasgar las vestiduras antes de probarnos el traje. Llueve reacción, dentro y fuera de nuestras fronteras, y aunque el mal de muchos es siempre un magro consuelo, evita hacerse más daño del debido. 

Una contención del daño, al menos del autoinfligido, para recordar una constatación tan obvia como a menudo pasada por alta: lo excepcional no es la derrota de las izquierdas en Galicia, sobre todo de las izquierdas estatales, lo excepcional es la existencia de un gobierno de coalición mínimamente progresista en un Estado europeo. Siendo esta la excepcionalidad, conviene entender, de entrada, qué lugar ocupan las elecciones gallegas en ella (¿amenazan esa excepcionalidad anunciando un cambio de ciclo o se trata, más bien, de lo contrario, de que conquistar y mantener hoy el poder en el centro tiene consecuencias en las mal llamadas periferias?). Y conviene, sobre todo, tener claro no solo qué amenaza esta excepcionalidad, sino qué la ha permitido y qué puede mantenerla, incluso consolidarla y ensancharla. 

Vayamos a lo evidente: esta excepcionalidad es, en buena medida, resultado de dos procesos paralelos que operan como frenos a la reacción. En primer lugar, el fallido ciclo político del cambio, esa ola post 15M que parecía poder asaltar los cielos y acabó en un podcast (además, claro, de en la suma de todo lo que había sido previamente purgado o subalternizado). La paradoja es que la derrota de ese ciclo político tuvo una fuerte dimensión sacrificial: no se ganó, cierto, pero se tuvo la capacidad de forzar una suerte de empate catastrófico entre los intentos de cerrar por arriba la crisis del régimen político del 78 (restauración del bipartidismo y del consenso purificador de la Transición) y aquellos intentos infructuosos de hacer algo con ella por abajo (ese “algo” que las fuerzas políticas y sociales del cambio no supieron —no supimos— muy bien cómo definir o dibujar). 

El caso es que esa derrota sacrificial, con su empate catastrófico y su tensión irresuelta entre la salida por arriba o por abajo (¿cómo?, ¿hacia dónde?) del R78, llevó o forzó al resto de actores políticos a repensarse desde claves relativamente inéditas: Bildu y BNG, por ejemplo, en su conquista de la transversalidad electoral y la frescura discursiva tan del primer Podemos; y el PSOE (ese actor central que tiende siempre a hacer de la necesidad virtud) obligado a reinventarse y acoger (directa o indirectamente) una mutación social y electoral que el 15M expresó pero el ciclo del cambio político no consiguió articular políticamente. 

Así que, en lugar de algún Page de la gran colación que habría conducido a la socialdemocracia española al lugar que ocupa en casi toda Europa (coqueteando con la nada), el PSOE acabó pilotado por un líder no solo capaz de metamorfosearse tantas veces como hiciera falta, sino de hacerlo para incluir en el R78 mucho de lo que históricamente había quedado fuera o en sus márgenes: la izquierda a la izquierda del PSOE e incluso del PCE, el independentismo de Bildu y de ERC, los ecos, ya moderados, de movimientos sociales y culturales… y todo sin perder por el camino a las derechas nacionalistas, bien en sus modalidades tradicionales como la del PNV, o en recomposición nacional postprocés como la de Junts. Y este factor no es menor: lo que quedó a las puertas de los consensos de la Transición empieza, merced a la política de pactos del PSPE, a formar parte de los consensos parlamentarios y sociales actuales. Las derechas más avezadas llaman a esto mutación constitucional (José Antonio Zarzalejos insiste en ello a menudo). Y, aunque por motivos seguramente equivocados, no les falta razón. 

En segundo lugar, la excepcionalidad española de un gobierno (digamos que) progresista en el marco de una Europa —y un mundo— en plena reacción es impensable sin entender que aquí, en España, el Otro no viene de fuera. El Otro es de aquí, de los nuestros. Es un Otro interno, demasiado interno. Y esto es importante, acaso decisivo: mientras la reacción en Europa ha estado en buena medida articulada por un Otro exterior (los migrantes, por ejemplo, pero no solo) que opera como antagonista frente al que proponer una rearticulación política y nacional reaccionaria o postfascista (y en la que a ese Otro exterior se le asocian con facilidad cómplices o traidores internos: feministas, ecologistas, lgftbistas y demás wokeistas); aquí, por nuestra tardía y algo fallida construcción nacional, el Otro es, como decía, fundamentalmente interno: independentistas catalanes y vascos, blidugallegos y demás actores de nuestra propia realidad plurinacional. El caso es que esta singular otredad española no solo vota y cuentan sus votos y escaños (a diferencia de ese Otro de la derecha europea), sino que acaba centrando la disputa y el antagonismo políticos en claves territoriales y plurinacionales (España contra su anti-España). Es decir, se aleja de las lógicas inmunitarias frente a la figura del extranjero, esas bajo las que se ha construido el discurso y el “nosotros” de buena parte de la extrema derecha europea, y que ha arrastrado por el camino a las derechas liberal-conservadoras. 

La excepcionalidad es, pues, consecuencia —al menos en parte— de estos dos frenos sistémicos de la política española: el freno que, con todo, supuso la derrota sacrificial del ciclo político del cambio, y el freno propio a nuestra secular crisis territorial y nacional. Frenos, sí, a la reacción que atraviesa la política europea pero que, como todo freno, no marca el rumbo a seguir, tan solo detiene, o al menos ralentiza, una inercia. 

El primer efecto de estos dos frenos combinados ha sido la emancipación relativa del PSOE para con la hegemonía centralista de la derecha española: esa nación definida siempre como unidad negativa (soy en tanto que no dejo que nadie se vaya). Creo que hemos medido mal la importancia que tiene y va a tener, si se confirma, este giro histórico del PSOE, que no puede ser reducido a la sola necesidad de los siete votos de Junts. Hay, creo, una tímida asunción por parte de la dirigencia socialista del coste que ha supuesto ser rehén de la hegemonía nacional de la derecha, más aún desde que la doble crisis que atravesó el PP en las dos primeras décadas del siglo XXI, la de su corrupción sistémica pero, sobre todo, la de su falta de proyecto tras la crisis, común a todas las derechas continentales, del consenso neoliberal y la consiguiente mutación postfascista a que dio lugar en las derechas.

El PP combatió esta crisis de forma paradójica: exacerbó la polaridad territorial alimentando el conflicto con Catalunya, procés incluido, para sostenerse y contener la hemorragia, toda vez que daba alas a una extrema derecha que se construía más desde el “a por ellos” españolista que en claves populistas y postfascistas. Saber emanciparse, a pesar del coste electoral, de los efectos que ha tenido esta huida hacia adelante del PP ha sido, seguramente, el gesto más audaz de Sánchez. Los indultos primero y la amnistía después implican, sí, algo más que una respuesta instrumental a la aritmética parlamentaria: son la condición de posibilidad para impedir un cierre por arriba de la crisis del régimen del 78. Es decir, subalternizando de nuevo al PSOE al poder (cultural, ideológico, judicial y mediático) de la derecha. 

Es este siempre posible cierre por arriba de la crisis del R78 el que asomó en plena campaña electoral gallega, para sorpresa de todos. Creo que es así como hay que leer las declaraciones en off de Feijóo ante 16 periodistas. ¿Por qué propondría Feijóo en privado lo que llevaba meses negando en público, y a riesgo de que le salpicara en mitad de una campaña en la que parecía todo más o menos atado? ¿Es tan torpe la derecha? ¿Lo es Feijóo? La tentación izquierdista es, claro, responder afirmativamente, siempre buscando el pobre consuelo de la superioridad moral e intelectual con la que tan habitualmente disimula la izquierda su propia impotencia política. Pero no, creo que hay otra lectura de esa comida con periodistas y de ese aparente cambio de guion con respecto a la amnistía, los indultos y el encaje territorial de Catalunya en la institucionalidad española: el de buscar cerrar por arriba la crisis territorial. Igual Feijóo simplemente respondió, a través de 16 periodistas, a Puigdemont, a sus declaraciones de hacía tan solo una semana, en las que, con argumentos del todo plausibles, señaló que si hubiese hecho presidente a Feijóo, o al menos no hubiese permitido la investidura de Sánchez, no tendría causas abiertas por terrorismo. Feijóo organizó una comida con periodistas parar responder rotundo: sí, Carles, efectivamente, no estarías perseguido por terrorismo. 

Lo que supone, lógicamente, una derivada más, la decisiva: si no votas la ley de amnistía, Carles, tengo una salida legal y política para ti, no te preocupes que no tendrás a García Castellón persiguiéndote hasta el día del juicio final, o a cualquier otro juez autoerigido en salvador de la unidad nacional y en vengador de la herida aún abierta que supuso el procés para el narcisismo nacional de nuestra derecha. Feijóo explora así una opción, estratégicamente impecable (por más que el control comunicativo de la comida con periodistas fuese desastroso): evitar que Junts firmase la ley de amnistía y, con ella, los presupuestos generales y la legislatura misma. Hacer caer, antes o después, al Gobierno de coalición y, por el camino, darle una salida por arriba (y gracias al uso y control de jueces y consejos generales del poder judicial afines, aparatos parapoliciales y paramediáticos, leyes quirúrgicas y pactos a puerta cerrada) a la crisis territorial del régimen del 78. Que Feijóo tuviera esto en mente o, simplemente, pretendiera seguir al frente del PP cueste lo que cueste y mediante una estrategia no tan inverosímil es, quizá, lo de menos. Fuera por convicción o por conveniencia, el caso es que puso encima de la mesa la tensión que define el momento presente: o salida por arriba de la crisis territorial y política del R78 o salida por… ¿dónde?

Que no tengamos en mente la respuesta a esta pregunta es, claro, el problema y el desafío. Pues, además de una sin duda justa y necesaria ley de amnistía, ¿qué proponen Sumar y el PSOE para enfrentar la crisis territorial y política del régimen del 78? ¿Cómo articular la plurinacionalidad evidente tanto de nuestra historia cultural y política como de nuestro presente socio-electoral? ¿Avanzamos hacia un Estado federal… por fin? ¿Con qué sistema de financiación, con qué forma y jefatura de Estado? ¿Qué federalismo y cómo?

Creo que mientras estas preguntas no tengan respuesta, y esta respuesta no sea además capaz de componer un horizonte político creíble y movilizador, las izquierdas estatales (lo hagan mejor o peor en las distintas nacionalidades del Estado, dispongan de más o menos democráticas estructuras organizativas, hayan trabajado lentamente o no en la construcción de sus espacios militantes y electorales, tengan candidatos o candidatas largo tiempo trabajando en los barrios y comarcas o vengan nombrados en cada ocasión por Madrid), estarán atravesadas por profundas contradicciones difícilmente resolubles. 

Veamos algunas: mientras las izquierdas estatales alimenten un discurso plurinacional pero no lo aterricen en propuestas y horizontes institucionales, tendrán seguramente más capacidad para alimentar el voto a partidos nacionales o nacionalistas que a sus propias estructuras de partido, amén de que perderán parte de su voto menos nacionalista o soberanista. Y, claro, mientras las izquierdas estatales no tengan resultados suficientes y estructuras sólidas en las nacionalidades históricas y naciones sin Estado, será harto difícil caminar hacia una solución por abajo (ergo federal) a la crisis del R78. De la misma forma, mientras las apuestas federalizantes de las izquierdas estatales no sean creíbles y dispongan de un cierto horizonte compartido, el voto de izquierdas y plurinacional tenderá a decantarse en las elecciones autonómicas por partidos nacionalistas o independentistas, lo que, en ausencia de un marco de sentido federal para el conjunto del Estado, no hará sino reforzar, se pretenda o no, la vieja lógica autonómica de la demanda y la negociación permanente entre centro y periferia, en lugar de una relación horizontal y sin centro entre federaciones. 

Así las cosas, no creo que el debate sustantivo sea el de si Sumar deba o no presentarse a las distintas elecciones autonómicas, o el de si puede (que puede), y debe (que sin duda debe), construirse democrática y autónomamente allí donde se presente, o con las alianzas con las que decida presentarse y siempre desde un acuerdo horizontal con las organizaciones ya consolidadas en las distintas autonomías. Este debate es sensato y necesario, pero quizá lo sea aún más el de cómo pensar y aterrizar un horizonte federal que no solo frene una salida por arriba a la Feijóo, sino que apueste por una salida democrática y por abajo a la crisis del R78. 

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Jorge Lago estudió Sociología en Madrid, París y Bruselas. Ha sido investigador en la Complutense y el CNRS francés, y es hoy profesor de Teoría Política Contemporánea en la UC3M, además de editor de Lengua de Trapo. Acaba de publicar, junto a Pablo Bustinduy, el ensayo 'Política y Ficción. Las ideologías en un mundo sin futuro', editado por Península.

De forma cíclica, seguramente dejando pasar el tiempo suficiente como para que se olvide su última entrega, nos sorprende el debate sobre la dirección y el sentido de nuestro tiempo presente: ¿vivimos mejor que nuestros padres, tenemos la seguridad, la tranquilidad y el bienestar que ellos no tuvieron, o las cosas son justamente al revés y ellos tuvieron vidas más fáciles, seguras o viables? ¿Avanzamos en el tiempo o retrocedemos? ¿Y qué significa avanzar?

Confieso que estos debates me resultan tan estériles como sintomáticos de una desorientación más amplia sobre el sentido de nuestro propio presente y la dificultad que tiene para proyectar un futuro común y compartido. Debates sintomáticos, por tanto, de la muy tentadora tendencia a refugiarnos nostálgicamente en pasados recreados a la carta para proyectar retrospectivamente en ellos nuestros miedos, carencias y angustias actuales. Quizá por eso la mejor manera de enfrentar estos debates sea resituando sus premisas en una dirección más compleja pero políticamente más fértil: cómo superar nuestra profunda incapacidad presente para imaginar un futuro esperanzador. 

El sociólogo alemán Niklas Luhmann propuso hace ya casi medio siglo entender el tiempo como la interpretación de la realidad con respecto a la diferencia entre el pasado y el futuro. La realidad y, por tanto, el presente, cada presente histórico, puede ser así interpretado, sugería Luhmann, desde la relación que establece entre su pasado y su futuro. La modernidad, esa época que parece estar desvaneciéndose constantemente, acechada hoy por distintas cancelaciones (culturales, ecológicas, geopolíticas o económicas) del futuro, podría ser concebida como una forma particular de organizar el tiempo: por un lado, un pasado que ya no puede repetirse y servir de maestro de vida, de guía y gozne para la acción colectiva e individual; por el otro, un futuro que se separa radicalmente del pasado para quedar así abierto y convertido en un continente de posibilidades cuasi ilimitadas, capaz por tanto de acoger las más diversas y enfrentadas proyecciones, esperanzas y deseos, aunque también no pocos miedos y temores; y, entre medias, un presente sacrificial y agónico, a penas sin duración y encargado de operar el vertiginoso cambio que nos lleva (o nos llevaba) sin cesar del pasado al futuro. 

El sentido de los tiempos modernos, como sugirió el gran teórico de la historia moderna, el también alemán Reinhart Koselleck, podía rastrearse desde la diferencia que se abría, a partir de mediados del siglo XVIII, entre el campo de la experiencia y el horizonte de la expectativa. Una ruptura de la continuidad entre el pasado y el futuro que no solo definió una forma subjetiva, cultural y psicológica de experimentar un tiempo acelerado y orientado siempre hacia el mañana, sino que constituyó el objeto mismo de la política moderna: ¿cómo asegurar el futuro individual y colectivo en una sociedad que ya no podía guiarse por la repetición de sus estructuras y enseñanzas pasadas? ¿Cómo integrar el tiempo y traer el futuro —imaginado, proyectado, deseado pero también temido— al presente? 

Cabe subrayar que la separación entre pasado y futuro fue la condición de posibilidad de la idea moderna de libertad, pues liberaba, al menos potencialmente, de la pertenencia y la obediencia debidas a las estructuras y normas heredadas del pasado. Si el futuro se abría al cambio y a la contingencia, entonces era posible —incluso necesario— elegir entre distintos y acaso opuestos cursos de acción. Los sujetos modernos se convertían así en potenciales arquitectos de sí mismos, en escultores de su identidad y su biografía. Pero, claro, esa promesa de un futuro abierto y cargado de posibilidades también significaba el fin de las formas de protección y seguridad tradicionales, de las estructuras comunitarias de sostenimiento colectivo de la vida que conjuraban la incertidumbre, los miedos y los males que acecharon siempre a lo humano. Un futuro abierto y liberado del pasado era también y necesariamente un futuro profundamente incierto y cargado de amenazas que debían ser oportunamente neutralizadas o compensadas en caso de que acontecieran. 

El trabajo y la propiedad, o el salario y el capital, y sin duda la subordinación del conjunto de las energías sociales al despliegue de la producción no solo fueron la condición de posibilidad de la conquista de ese futuro abierto, es decir, la forma de realizar en el presente —¡de trabajar!— las múltiples posibilidades, proyecciones y deseos que contenía. El trabajo y el salario fueron también, para la gran mayoría de los modernos, la vía para conjurar, siquiera parcial y precariamente, la enorme incertidumbre que contenía ese futuro. Los tiempos de la vida, las trayectorias y los horizontes de la mayoría de la población quedaron así progresivamente vinculados y subordinados a los tiempos y los espacios de una producción social desencadenada, vale decir, organizada por un indefinido e irreflexivo crecimiento hacia un futuro sin límite. 

El intercambio que ordenó el conjunto de los vínculos sociales modernos fue por tanto el establecido entre el tiempo y el dinero: pero no solo el tiempo medido por los relojes, ese exceso de horas del día dedicado habitualmente a realizar un trabajo ajeno bajo ritmos, sentidos y beneficios casi siempre ajenos, sino el tiempo de la vida misma, el de la experiencia, la formación y el pasado, ahora acumulados y expresados como currículo profesional, y el de las esperanzas, sueños y proyectos de vida, reducidos demasiadas veces a las solas trayectorias y horizontes profesionales. El tiempo de la vida se comparaba, se medía y se intercambiaba así por dinero; y éste, el dinero, se nos presentaba no solo ni prioritariamente como un medio de cambio sino, más bien, como una forma de traducir y organizar nuestro propio tiempo de vida: asegurar nuestros futuros tanto como valorar nuestros pasados y organizar nuestras trayectorias y expectativas de vida. La ley del valor, la llamó Marx. 

Así las cosas, la segunda mitad del siglo XIX y las primeras tres décadas del XX fueron el escenario de una extraordinaria disputa por definir, organizar y conquistar el tiempo: el del ritmo, la duración, la organización y la seguridad en y del trabajo pero, también, el de un futuro sin trabajo, es decir, el de un horizonte de transformación radical o revolucionaria que funcionaría como el momento de máximo reconocimiento y valoración del trabajo y los trabajadores pero, paradójicamente, también como el advenimiento de una sociedad organizada, por fin, desde el no trabajo (o desde el tiempo de la libertad y no el de la necesidad, como sugirió oportunamente Marx). 

El problema, lo sabemos bien, es que ese horizonte de transformación se hizo esperar y esperar, y mientras no terminaba de llegar iba tomando su lugar una reforma permanente de las relaciones sociales que, sobre todo tras la II Guerra Mundial, adoptó la forma de una sostenida, firme e incluso feroz regulación del tiempo. El fordismo, ese intercambio de seguridad por aburrimiento, como lo nombró irónicamente Mark Fisher, buscó en efecto ritmar y sincronizar la vida entera de las sociedades del norte global, con el objetivo último de hacer coincidir, en dirección y sentido, el tiempo de los sujetos (la mejora de sus condiciones de vida, el ascenso, la movilidad y la seguridad sociolaboral) con el tiempo de la historia (el crecimiento permanente de la producción bajo la fe en un progreso ilimitado). Y mientras esta suerte de arquitectura temporal estable, confiable y abierta al progreso perpetuo se imponía, al menos como ideal regulador y normativo, el sueño de la emancipación, el de un futuro imaginado como la superación de la subordinación de la vida al trabajo y la necesidad, no solo se alejaba sino que, seguramente, se desplazaba desde un ya improbable momento revolucionario al más plausible horizonte de transformación generacional: el sacrifico de los padres podría acaso traducirse en la superación de la condición obrera… de los hijos. 

Pero aquel momento histórico, ese que los franceses bautizaron como los treinta gloriosos —y que en España ni fueron treinta ni fueron desde luego gloriosos— atravesó, a finales de los años 70, el inicio de una severa crisis y una no menos profunda remodelación: los riesgos que habían quedado colectivamente asegurados mediante el Estado fueron progresivamente recayendo bajo la sola responsabilidad individual, dibujando un futuro de inseguridad e incertidumbre para amplias mayorías sociales; al mismo tiempo, se desregularon y, por tanto, desincronizaron las actividades y tiempos sociales, con la consiguiente producción de una endémica y corrosiva sensación de falta de tiempo para la vida misma; por su parte, el solapamiento creciente de los tiempos del trabajo, el ocio, la formación, la vida familiar y personal hizo cada vez más difícil distinguir sus duraciones y sentidos, como si ya todo nuestro tiempo estuviese dedicado de forma directa o indirecta al trabajo: a buscarlo, mantenerlo, mejorarlo, enriquecerlo o, incluso, evitarlo u olvidarlo. Y todas estas transformaciones del tiempo social quedaron coronadas por la sensación de una inédita aceleración social, por un incremento en la velocidad en que se percibían los cambios sociales y personales que, paradójicamente, se acompañó de una inefable percepción de repetición y agotamiento, como si volviéramos una y otra vez sobre formas de vida, estilos culturales y modas ya conocidos, como si el cambio constante de nuestras vidas no produjera ya novedad alguna. 

Con todo, creo que esta inflexión del tiempo histórico, identificada como la transformación o revolución neoliberal, está lejos de haber sido adecuadamente comprendida desde las izquierdas. Algo que no supone tanto un problema intelectual o académico como profundamente político y práctico: sin una adecuada comprensión del auge del neoliberalismo se vuelve extraordinariamente difícil calibrar tanto el alcance de su crisis actual como, sobre todo, las posibilidades políticas que contiene. Creo, en efecto, que hemos estado dominados, al menos en las izquierdas, por dos grandes interpretaciones de la irrupción del neoliberalismo que están teniendo efectos contraproducentes para pensar y enfrentar políticamente su crisis contemporánea. 

La primera interpretación piensa la inflexión neoliberal como resultado de una suerte de necesidad histórica, como la evolución más o menos lineal y lógica de la temporalidad moderna y capitalista, unas corrientes destacando los efectos de la revolución tecnológica, la automatización o la robotización; otras la división internacional del trabajo, con la globalización y la deslocalización como sus corolarios necesarios; algunas más insistiendo en la crisis fiscal de los estados o en la reducción secular de las tasas de ganancia… En fin, distintos acentos que comparten, con todo, un elemento común, el de comprender el cambio social e histórico como resultado de una evolución necesaria o determinista y, por tanto, independiente de cualquier voluntad o deseo colectivos. Este tipo de interpretaciones y lecturas de la historia reducen la política a un mero reflejo condicionado de fuerzas invisibles e inescrutables, imposibles por tanto de enfrentar en el presente. La impotencia se vuelve así inevitable. 

La segunda línea de lectura tiende en cambio a concebir la crisis de las sociedades salidas de la segunda guerra mundial y el auge del neoliberalismo como el resultado de la derrota de las izquierdas frente a una ofensiva política y empresarial que, ese es el problema de esta línea de lectura, parece haber venido de la nada para cambiarlo todo. Una línea de lectura tan habitual como estéril políticamente, pues tiene a reducir la historia a una secular oposición entre las fuerzas del bien y las del mal, entre progresistas y conservadores, izquierdas y derechas, pero es así incapaz de atender a las profundas diferencias y transformaciones históricas que acontecen tanto en el interior de cada uno de estos dos polos enfrentados, como en la relación que mantienen. La historia queda así convertida en un decorado tan inmóvil como inútil para pensar la política más allá de vacías identificaciones morales. 

En las líneas que siguen voy a proponer tres factores habitualmente desatendidos en los relatos de la izquierda y que son, esa es al menos mi hipótesis, decisivos —aunque sin duda no exhaustivos— no solo para dar cuenta de las razones y condiciones de posibilidad de la profunda inflexión histórica que significó el neoliberalismo sino, y quizá más importante aún, para atender al alcance y las consecuencias políticas de su crisis actual, es decir, para la posibilidad misma de imaginarle alternativas políticas consistentes. 

En primer lugar, la victoria del neoliberalismo fue posible porque algo profundo había cambiado en las sociedades occidentales y en su misma relación con el tiempo, algo que no se explica ni desde el mero determinismo económico ni desde la sola ofensiva desde arriba del poder empresarial o ideológico a las sociedades fordistas y sus economías de inspiración keynesiana. Se trata de una mutación previa que operó desde abajo y desde los márgenes de la sociedad. Para dar cuenta de ella conviene recordar que aquel orden del tiempo que el neoliberalismo puso en crisis, ese que es hoy añorado nostálgicamente por distintas formas ideológicas a izquierda y a derecha (o de izquierdas y de derechas simultáneamente) fue cuando menos problemático durante su hegemonía. Lo fue, de entrada, porque estuvo muy lejos de ser universal, es decir, de afectar al conjunto de la población: trabajadores precarios, agrícolas y rurales, migrantes (nacionales o internacionales), mujeres que dependían del salario del cónyuge para subsistir, o que ni siquiera podían contar con esa dependencia, jóvenes precarios de las periferias, disidentes de las normas de género y sexo, incluso disidentes culturales de las normas hegemónicas de integración social, productiva y familiar… Todas estas figuras quedaron excluidas —o autoexcluidas— de la norma social fordista, al tiempo que generaron un poderoso y ambivalente efecto político: si en un primer momento tendieron a reforzar, al reivindicar su inclusión, la deseabilidad de la norma social de la que estaban excluidas, no tardaron, en un segundo momento, en preguntarse por la deseabilidad y virtuosidad de unas normas que necesitaban excluirles para imponerse. Al cabo, fue la propia norma y organización social del tiempo la que empezó a ser interrogada y seriamente cuestionada: ¿hipotecar el tiempo de la vida entera a los tiempos y los ritmos de una producción industrial que, además, estaba profundamente enfrentada tanto al mundo, los sentidos y los tiempos de la reproducción social y cultural como a los de la medioambiental? Feminismos, anti-racismos, nuevos movimientos sociales, ecologismos, contraculturas y modernismos populares, disidencias sexuales… fueron el sujeto heterogéneo y nunca articulado u organizado de un rechazo a la regulación, repetición y seguridad disciplinaria del orden del tiempo fordista hoy idealizado nostálgicamente. 

Conviene también atender a que este sujeto compuesto y plural quedó progresivamente huérfano de representación política en la izquierda, es decir, quedó cada vez más alejado de los imaginarios, las culturas y los programas de unas izquierdas que, por su parte, se replegaban a los imaginarios de un mundo del trabajo en crisis. Es este divorcio entre las nuevas demandas sociales y culturales y los imaginarios laborales de la izquierda el que seguramente explique mejor que cualquier teoría complotista basada en traiciones, trampas o engaños el largo y profundo declive en el que entran las izquierdas occidentales a partir de los años 70 del pasado siglo. Vale decir, su enorme dificultad para responder a una pregunta que quedó desde entonces en el aire, y que hoy nos interpela quizá más que nunca: ¿cómo imaginar y hacer posible un futuro postlaboral en el que las identidades, las aspiraciones y los proyectos de vida de la mayoría de la población no quedasen encerrados y atrapados en los ritmos, las disciplinas, pero también las jerarquías, las exclusiones, las desigualdades y la evidente insostenibilidad de los tiempos productivos?

Así que no, no podemos entender el triunfo de la revolución neoliberal, ni la profunda reorganización del tiempo social que acometió, sin atender a esa previa crisis de las izquierdas, a su dificultad para responder a nuevas formas de deseo que surgían por abajo y por los márgenes de las sociedades occidentales, es decir, a nuevas o renovadas formas de imaginar e incluso codiciar un futuro no capturado por la repetición, la disciplina y la rutina del trabajo, o por la construcción subordinada de la biografía y la identidad a las lógicas productivas. La revolución neoliberal, su apelación reiterada a la autonomía, la libertad, el hacerse e inventarse a sí mismo sin tutelas ni burocracias, toda esta retórica cuasi libertaria fue, al menos en parte, una respuesta —perversa, individualizante, esquizoide y sin duda parcial— a un deseo postlaboral que no encontraba eco en los imaginarios de las izquierdas. 

Pero si esto es así, hay dos conclusiones inmediatas que debemos retener para leer políticamente la crisis actual del neoliberalismo. La primera es que es política, cultural y afectivamente inútil enfrentar la incertidumbre, la desigualdad y el profundo malestar que ha generado el neoliberalismo refugiándonos en la reconstrucción de un pasado de regulación, orden y bienestar vehiculado por el trabajo asalariado que, como acabamos de sugerir, atravesó una profunda contestación y rechazo cuando fue presente. En segundo lugar, quizá sea políticamente más útil y eficaz combatir la actual crisis —al menos de legitimidad— del neoliberalismo desde su incapacidad para responder y cumplir con sus propias promesas. Quiero decir que en lugar de reducirlas desde la izquierda a meras aspiraciones individualistas o narcisistas, habría que subrayar una y mil veces que las demandas que el neoliberalismo ensalza (el deseo de libertad y autonomía, de ser uno el arquitecto de sí mismo, el rechazo a la rutina, la repetición y la subordinación a la burocracia y el Estado) no solo engarzan con un viejo ideal emancipatorio, sino que son incompatibles con su propio programa económico. Y que es precisamente esta incongruencia del neoliberalismo entre los deseos e ideales que enaltece pero que necesariamente frustra la que puede (¡y debe!) ser objeto de politización desde las izquierdas. Es bien posible, además, que sea la única forma de enfrentar y vencer a los Milei, las Ayuso o los Trump: representar con más solidez y viabilidad los ideales de libertad y autonomía que abanderan pero que solo pueden incumplir y frustrar, generando así la propia insatisfacción y malestar que luego aspiran a representar. Politizar, por tanto, ese incumplimiento estructural de la promesa neoliberal para mostrar, de paso, que esos ideales de autonomía necesitan, por supuesto, del Estado y de lo colectivo, de la igualdad y de la redistribución, aunque seguramente no del Estado tal y como lo hemos conocido, ni de las formas de protección, las burocracias o las instituciones democráticas tal y como las hemos conocido. Quizá sea crucial no hacer hoy de la necesidad de seguridad, protección e igualdad colectivas fines en sí mismos ni fetiches incuestionados de los mitos e imaginarios de la izquierda, sino herramientas fundamentales para el ejercicio de la libertad y la autonomía del conjunto de la población.   

Claro que, como ha recordado Melinda Cooper en un ensaño fundamental, el éxito del neoliberalismo no puede explicarse tampoco sin tener en cuenta otro factor decisivo: el de que no triunfa solo, sino gracias a su articulación o alianza con el neoconservadurismo, y que en esta alianza contra natura entre los amorales adalides del mercado y los muy morales y tradicionalistas defensores de los valores familiares, tuvo un papel central el rechazo compartido, por diferentes y acaso opuestas razones, a las demandas, deseos y aspiraciones de todos esos sujetos excluidos de la norma social fordista que acabamos de señalar. Sí, el rechazo y el miedo, por parte del neoliberalismo, al enorme crecimiento del Estado de Bienestar, del gasto público y de la desmercantilización de amplios espacios sociales que resultaría de ampliar la cobertura de derechos a toda esa población hasta los años 70 del pasado siglo invisibilizada y excluida de los programas de protección social (mujeres y madres solteras, trabajadores y, sobre todo, trabajadoras precarias, migrantes, parejas no heterosexuales, por poner solo algunos ejemplos). Y rechazo y miedo de las derechas neoconservadoras no tanto a la ampliación del Estado y del gasto público, sino a que el reconocimiento legal y cultural de todas estas figuras excluidas pusiera en cuestión la hegemonía de los valores familiares que aún sostenían el desigual reparto de tiempos, géneros e identidades entre producción y reproducción, es decir, miedo y rechazo a una efectiva liberación y autonomía de la mujer, a la separación entre maternidad y matrimonio, al resquebrajamiento del binarismo del sistema sexo-género-deseo o a la no menos inaceptable relajación de la moral y la ética del trabajo, por ejemplo. Entre el moralismo comunitarista neoconservador de los valores familiares y el amoral, individualista y mercantil hacerse a sí mismo del neoliberalismo económico se dio, desde Thatcher y Reagan, una inédita y nada evidente alianza que solo se pudo sostener porque tenía enfrente a un mismo adversario: no solo o no tanto a esos nuevos sujetos y esos nuevos movimientos sociales y contraculturales excluidos, sino a la posibilidad no tan remota de que sus demandas políticas e imaginarios culturales pudiesen acabar representando algún tipo de salida progresista o modernizadora a la crisis de la sociedad fordista.

Es además fundamental entender hoy que mientras el neoconservadurismo se apoyaba en la defensa de unas identidades fuertes y de unos valores esenciales (identidades diferenciadas de género, raza y pertenencia nacional, valores y roles familiares tradicionales), el programa económico del neoliberalismo trabajó sistemática y decididamente contra su misma viabilidad histórica. Es decir, el programa neoliberal no solo no garantizaba las condiciones materiales e institucionales para la estabilidad de las identidades y valores tradicionales que decía representar, sino que, mediante privatizaciones, desregulaciones financieras y laborales, deslocalizaciones industriales y recortes públicos… las desestabilizó profundamente. La alianza neoliberal-neoconservadora generó así una espiral autodestructiva por la que cuanto más avanzaba su programa económico, más irrealizable se volvía su programa moral, y cuanto más irrealizable se volvía su programa moral… más se radicalizaba políticamente. Esta imposibilidad estructural es seguramente la raíz de la profunda radicalización contemporánea de las derechas, su sorprendente e insondable doble huida hacia el abismo: una huida hacia adelante bajo una retórica negacionista de cualquier verdad compartida, y una no menos pronunciada huida hacia atrás en lo moral, bajo la forma del resentimiento masculino, racista y nacionalista. Un resentimiento tanto más radicalizado cuanto menos viables se vuelven sus imaginarios y demandas bajo un neoliberalismo con el que sin embargo se hibridan y confunden. 

Esta contradicción autodestructiva de las derechas ha tendido a resolverse mediante la identificación de un enemigo externo: el feminismo, el antirracismo, el ecologismo o la izquierda woke funcionan así como los chivos expiatorios mediante los que sostener una identidad profundamente dañada e inviable. Quizá el problema político que enfrentamos no sea solamente, que no es poco, el del abismo civilizatorio al que conduce esta espiral de radicalización y odio de las derechas, sino también el hecho no menor de que las izquierdas han preferido demasiado a menudo contemplar desde un aire de superioridad moral e intelectual esta reacción de las derechas, antes que enfrentarla y politizar las razones subyacentes de su profundo malestar: no otro que la disolución neoliberal de toda forma estable de vínculo e identidad social. Sin este trabajo de la política, sin traducir, reconducir o rearticular el resentimiento y el profundo malestar contemporáneos que aquejan a las bases sociales de las derechas, las izquierdas correrán siempre el riesgo de acabar funcionando como el mero antagonista que sirve para articular y aglutinar a un adversario mucho más fuerte y numeroso. 

Necesitamos atender a un tercer y último factor, al que el pensador francés Bruno Latour dedicó sus últimos y extraordinarios libros. El hecho decisivo de que, a partir de los años 70, sobre todo con la publicación de Los límites del crecimiento en 1972, ya no se trataba de que fuera más o menos deseable hipotecar los tiempos de la vida a los de una producción infinita y en permanente crecimiento, sino de que no disponíamos de planeta suficiente para hacerlo. Que las imágenes, promesas y deseos proyectados permanentemente en el futuro requerían, para ser realizados, de los recursos de siete planetas Tierra. Que ese futuro abierto de la modernidad, ese continente infinito de lo posible, dejó de ser tan infinito y tan posible. El problema, lo sabemos bien, es que lejos de aceptar esa incómoda incongruencia entre el futuro imaginado de la modernidad y sus condiciones materiales de posibilidad, lejos, en fin, de reintegrar los ritmos de la producción y el crecimiento a los límites biofísicos de un solo planeta, la toma de decisiones políticas y económicas hizo sintomáticamente lo contrario: la huida hacia adelante más productivista y extractivista que nunca de unas élites que, ante la falta de recursos para todos, decidieron privatizarlos y acapararlos, negando la posibilidad misma de proyectar o imaginar un futuro común. 

Así lo resumía el propio Latour: “Las élites han estado tan persuadidas de que no habría vida futura para todo el mundo que decidieron desembarazarse, lo más rápido posible, de todos los lastres de la solidaridad: he ahí la desregulación. Que había que construir una especie de fortaleza dorada para el pequeño porcentaje que lograría estar a salvo: he ahí la explosión de las desigualdades. Y que, para disimular el egoísmo craso de esa fuga del mundo común, había que rechazar de plano su motivación original: he ahí la negación del cambio climático” (Bruno Latour, Dónde Aterrizar, Ed. Taurus, p. 3). 

La imposibilidad de traer al presente las imágenes y deseos del futuro moderno produjo —esta es la tesis de Latour— una acelerada y pronunciada fuga del mundo común: si no había recursos para realizar el futuro de todos, no habría futuro para todos. Quizá el problema, nuestro problema, es que a esta huida hacia adelante en forma de fuga desreguladora neoliberal, las izquierdas ecologistas tuvieron la tendencia o la tentación de contraponerle una fuga hacia atrás de signo puramente contrario: la proyección de mundos premodernos, más o menos idealizados, pero incapaces de dialogar o articularse con una sociedad fundamentalmente moderna. Es decir, se evitó afrontar el desafío, sin duda esencial, que supone la relación entre modernidad y sostenibilidad ecológica, entre un futuro abierto y orientado por el deseo de la emancipación, la libertad y la autonomía, y los límites biofísicos de un planeta profundamente sobrepasado. 

La huida hacia atrás ecologista se expresó unas veces bajo la seguridad de un colapso energético, climático, ecológico del mundo conocido que nos llevaría sin solución de continuidad a premodernas comunidades simplificadas, sostenibles y en armonía, otras bajo la defensa incuestionada de una naturaleza esencializada y mistificada de la que nos habríamos fatalmente alejado. Pero quizá el gran reto del ecologismo hoy esté siendo el de hacer imaginable un futuro tan viable ecológicamente como deseable socialmente. Un futuro capaz, por tanto, que acoger los sueños y deseos de las sociedades modernas pero haciéndolos encajar, ese es el desafío, en los límites biofísicos del planeta. Mientras la profunda desestabilización de nuestro futuro, desencadenada sin duda por la crisis climática y ecológica, no sea enfrentada desde imágenes deseables de un futuro sin embargo finito y sostenible, estaremos habitados por un hiato insalvable entre el deseo social y la necesidad material. Cómo traducir, resignificar o reformular los deseos de forma que compongan un futuro viable es, claro, la piedra de toque de este enorme reto, que pasa necesariamente, una vez más, por una batalla decisiva en torno a la organización social del tiempo: reducción inédita del tiempo productivo y laboral; aumento igualmente inédito de un tiempo libre y no de ese ocio hoy meramente compensatorio de la producción y aquejado de un profundo malestar, amén de una endémica falta de sentido; reorganización del tiempo y el espacio urbano, de los desplazamientos y los hábitat, de las formas de producir y consumir… toda una reorganización del tiempo que deberá redefinir, ya lo está haciendo, el concepto mismo de crecimiento. Sin la proyección de un futuro abierto pero finito, esperanzador pero consciente de las múltiples amenazas que lo acechan, orientado al crecimiento y el decrecimiento paralelos y diferenciados, solo nos queda la reacción y la pulsión nostálgica, vale decir, la radicalización sin objeto del malestar o, claro, la desesperanza que da por descontado hoy el colapso del mañana. 

Escribía hace unos días Guillermo Altares sobre el uso y abuso de la metáfora del nazismo o del holocausto para dar cuenta de la actual violencia en y contra Palestina, ya fuese Netanyahu tildando a Hamás de “nuevos nazis” o Gustavo Petro comparando la destrucción de Gaza con la del gueto de Varsovia en 1943. Es probable que Altares tenga razón, que estas comparaciones y metáforas históricas oculten más de lo que iluminan, y que terminen por difuminar la especificidad histórica, política e incluso moral de lo que pretenden comprender o enjuiciar.

No, no parece que los milicianos de Hamás sean los nuevos nazis ni que, a pesar de todo, Gaza sea hoy una suerte de gueto de Varsovia. Dicho esto, no conviene tampoco ignorar que están siendo no pocos israelíes (académicos, activistas de derechos humanos, periodistas o miembros de la oposición política) los que señalan y denuncian que su Gobierno, su opinión pública y su misma institucionalidad llevan ya bastante tiempo instalados en gramáticas, marcos de legitimación y de acción que no pueden entenderse sin hacer explícita referencia al fascismo.

En un clarificador artículo publicado en la web de la editorial anglosajona Verso, Alberto Toscano daba cuenta hace unos días de muchos de estos explícitos pronunciamientos desde la sociedad política y civil israelí acerca de la íntima relación que su Gobierno mantiene con el fascismo. Por ejemplo, el Partido Comunista de Israel (Maki) y la coalición de izquierdas Hadash, que han responsabilizado "plenamente al gobierno fascista de derechas de la brusca y peligrosa escalada" de la que sería efecto el ataque de Hamás; o el prestigioso periódico Haaretz, una suerte de equivalente israelí de El País, que, ya antes de los atentados, señalaba esta deriva en un editorial titulado "El neofascismo israelí amenaza a israelíes y palestinos por igual", o en otro en el que afirmaba abiertamente que “el sexto gobierno de Netanyahu empieza a parecerse a una caricatura totalitaria. No hay casi ninguna medida asociada al totalitarismo que no haya sido propuesta por uno de sus miembros extremistas y adoptada por el resto de los incompetentes que lo componen, en su competición por ver quién puede ser más plenamente fascista".  

Todo ello sin olvidar la declaración conjunta que hicieran los más de 200 estudiantes israelíes que se negaron a ser reclutados para servir, decían, “a un puñado de colonos fascistas que controlan el gobierno en estos momentos". En cuanto al campo intelectual y académico, Toscano señalaba, entre otros, al gran historiador Zeev Sternhell, uno de los mayores estudiosos israelíes de la historia del fascismo y antiguo director del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien identificó en Israel, poco antes de morir, "un fascismo creciente y un racismo afín al nazismo primitivo". O el caso de Uri Avnery, activista por la paz y diputado de la Knéset entre los años 60 y 80, que escapó con 10 años de la Alemania nazi y declaró, también poco antes de su muerte en 2020, que “la discriminación de los palestinos en prácticamente todas las esferas de la vida puede compararse con el trato que recibieron los judíos en la primera fase de la Alemania nazi.”

Creo que podemos encontrar sin dificultad muchas otras declaraciones de historiadores, activistas, intelectuales y periodistas israelíes coincidentes con las que recoge Alberto Toscano y he reproducido aquí, y que no harían sino reforzar este argumento, emitido desde sectores relativamente minoritarios pero relevantes de la sociedad civil y política israelí, acerca de esta acentuada deriva fascista. Lo que sí podemos debatir es si lo que hoy acontece en Israel es la reproducción ampliada de una constante histórica y, por tanto, de un rasgo estructural de su Estado, de aquello que de una u otra forma siempre estuvo en su germen (recordemos si no la carta que firmaron Hanna Arendt y Albert Einstein denunciando, precisamente, la simetría de Herut —el predecesor del actual Likud— con los partidos fascistas europeos); o si lo que lleva sucedido en Israel estos últimos años responde, más bien, a una diferencia y un salto cualitativo inéditos en su historia política.

Hay, seguramente, argumentos para sostener ambas posibilidades. Para afirmar, por un lado, la existencia de un racismo estructural propio de la dominación colonial israelí, precisamente el que sostiene la excepcionalidad legal, política, territorial y militar aplicada a los palestinos. Pero podemos, por otro lado, interpretar el Gobierno de Netanyahu con las extremas derechas de los colonos como la expresión de una mutación ideológica y política relativamente inédita. Incluso como la expresión de un salto adelante, tan radicalizado como desbocado, de lo que en la normalidad política israelí no es sino un conflicto siempre irresuelto —y siempre desplazado— entre democracia y dominación colonial. Lo propio de la mutación ideológica fascista actual es que afronta este conflicto entre democracia y dominación colonial suspendiendo y negando la propia democracia y, por tanto, cualquier forma de conflicto interno. Al cabo, se configura un discurso y una práctica política que, sin tapujos y a voz en grito, defiende lo que el resto de fuerzas políticas centristas, progresistas o liberales israelíes han tendido históricamente a contener, modular o, incluso, reprimir.

La pregunta que me hago, una vez esbozado este diagnóstico, es doble: por un lado, la de si esta reciente deriva fascista del Gobierno y la sociedad israelíes no es sino el equivalente funcional y regional, con todas sus particularidades, de las expresiones postfascistas y antidemocráticas que estamos conociendo en EEUU, América Latina y Europa. Es decir, una expresión más de esa ola postfascista y antidemocrática que resulta de la hibridación de un racismo identitario con un supremacismo económico y un conservadurismo moral. Esta ola que, en nombre de una libertad siempre amenazada, ora compite y desplaza al viejo liberal conservadurismo occidental, ora se funde con él y lo sustituye. Pero, por otra parte, me pregunto si en el respaldo que la institucionalidad democrática occidental está dando a Israel desde el 7 de octubre no nos estamos jugando algo más (¡y no es poco!) que las consecuencias de la ya conocida hipocresía occidental en materia geopolítica. Pues, además de la enésima suspensión del derecho internacional en favor del puro interés colonial o geoestratégico (capaz incluso de aceptar o ignorar un genocidio), ¿no se está jugando, en este apoyo occidental a Israel, la forma de resolver el dilema del conservadurismo liberal europeo en su relación con las emergentes fuerzas políticas postfascistas y, por tanto, con la democracia misma?

En una suerte de juego de espejos geopolítico, ¿no se está aceptando en Israel aquello que el viejo conservadurismo liberal europeo se resiste mal que bien a acepar dentro de sus fronteras? Además de miles de vidas en Palestina, del derecho de su pueblo a la soberanía y a la autodeterminación, también de un posible conflicto regional de dimensiones incalculables, ¿no nos estamos jugando el futuro mismo de las viejas democracias continentales?

Es fundamental en toda batalla definir los términos que la explican. Israel y sus aliados en Occidente buscan nombrar el conflicto presente en términos de una confrontación eterna entre libertad y terror. Creo que nos jugamos mucho, aquí y allí, en redefinir los términos de ese conflicto bajo la contraposición existencial entre democracia y fascismo.

1. Un sistema político (o régimen, llámenlo como quieran) establece siempre una frontera que separa lo legítimo de lo ilegítimo o lo aceptable de lo inaceptable, incluso lo posible de lo imposible.

2. Esa frontera dibuja, por decirlo de una forma gráfica, lo que queda dentro y lo que queda necesariamente fuera: los actores, las políticas, las demandas e incluso las aspiraciones válidas y aceptables y, claro, aquellas que no lo son y quedan por tanto al margen o, todo lo más, en los márgenes del orden así definido.

3. Dicho con menos palabras: un orden político es, siempre, un sistema de inclusión y exclusión. Así que los consensos sociales que definen y defienden ese orden se sostienen, necesariamente, en aquello que excluyen.

4. Esas fronteras y exclusiones no se refieren principal o prioritariamente a lo legal o ilegal, por más que puedan tener traducción en el derecho (y, sobre todo, en la ausencia de derechos para lo que haya quedado fuera); no, esas fronteras se edifican y apoyan, más bien, en los valores y principios que fundamentan todo orden. 

5. Así, por ejemplo, un orden o régimen político se puede construir frente a un pasado fascista que no solo busca superar, sino convertir en lo otro de sí mismo, en aquello que deja fuera del perímetro de lo legítimo o válido, y frente a lo que se define y se da una identidad: somos demócratas y, por tanto, antifascistas.

6. Pero un orden político puede, también, definir esa frontera y esa identidad, lo sabemos bien, frente al independentismo, el separatismo o toda forma de “extremismo”, considerado así como el afuera no democrático del orden.

7. Estos seis puntos anteriores para llegar a una idea simple y algo evidente pero, con todo, importante: la continuada y pertinaz crisis del sistema político español, esa que arrastra(mos) desde hace ya más de una década, esa que unos observan como la feliz crisis del régimen 78 y otros como el insoportable auge de la polarización política y el final de los consensos, esta crisis puede ser comprendida quizá y por encima de todo como resultado de una profunda desestabilización de la frontera que, desde la Transición, había delimitado el adentro y el afuera del nuestro orden o régimen político, es decir, la que había establecido qué y quién era y quién no legítimo, y, por tanto, cómo y frente a qué se construía la normalidad del orden.

8. Digo desde la Transición pero habría quizá que matizar, pues aunque había gozado de cierta estabilidad desde el 78, esta frontera se alteró de forma notable a finales de los 90, cuando el aznarismo trató con éxito de redefinir la identidad del orden político: ya no se trataba de oponer un presente de modernidad, consenso y acuerdo a un pasado de antagonismos fratricidas felizmente superado (ese pasado al que era inmediatamente asociada cualquier iniciativa política, a izquierda o derecha, no consensual y, por tanto, guerracivilista). No, el aznarismo redefinió esa frontera temporal en favor de una contraposición sin tiempo, eterna: la que oponía a los demócratas y los no demócratas, a los constitucionalistas con… ¡el resto! Todo lo que no estaba en un lado, el de los demócratas, corría así el riesgo de quedar atrapado en el lado malo de la historia, trazándose así una peligrosa e invisible línea de continuidad entre terroristas y nacionalistas, independentistas, movimientos sociales antagonistas, extremas izquierdas alternativas, etc.

9. Conviene quizá no olvidar que, a partir de ese momento, si uno estaba suficientemente en contra de ETA podía ser constitucionalista y demócrata aunque fuese de una derecha un tanto extrema. De aquellos polvos…

10. Tampoco deberíamos olvidar que esa frontera que separa a los demócratas de los no demócratas, o a los constitucionalistas de los no constitucionalistas (una frontera siempre susceptible de ser traducida como la que separa a España de la antiEspaña) acabó convertida en el marco de legitimación para actuar contra la reforma del Estatut, primero, y frente al procés, después.

11. El caso es que la crisis del régimen político actual y de su sistema de partidos, eso que se nombra desde no pocas tribunas como polarización o crisis de los consensos, no es sino el resultado de que aquello que había quedado fuera, al otro lado de la frontera que delimitaba lo aceptable, válido o legítimo, ha acabado irrumpiendo y reclamando un lugar y una legitimidad históricamente cuestionadas, subalternizadas o directamente negadas. Dicho, si se quiere, con menos palabras: lo que estaba fuera está ahora ¿dentro?

12. No, no del todo, porque la irrupción de ese afuera ha desestabilizado profundamente el adentro, es decir, los acuerdos y consensos que lo sostenían. Conocemos bien los momentos de esta irrupción: la impugnación bipartidista del ciclo del cambio, con ese primer Podemos que rechazó decididamente el lugar que el régimen del 78 había destinado a las izquierdas a la izquierda del PSOE (aunque ahora, paradójicamente, parezca querer volver a él, a ese exterior autoafirmativo pero políticamente inerte); el crecimiento electoral y social de Bildu en ausencia de violencia terrorista; la hegemonía de la izquierda nacionalista gallega del BNG; el independentismo democrático de ERC o Junts antes y después del procés, etc.

13. Sin embargo, esta irrupción del afuera en el adentro no se refiere solamente a los partidos y al juego de la representación parlamentaria: movimientos sociales como el feminista, el ecologista o la lucha por la vivienda han salido también de esa exterioridad al orden en la que habían sido relegados (y, en ocasiones, auto relegados), para ocupar una centralidad inédita.

14. Dicho esto, parece también evidente que la irrupción de ese afuera en el adentro está lejos, muy lejos, de estabilizarse y traducirse en alguna forma de orden, es decir, en nuevas coordenadas, nuevos consensos y nuevas fronteras políticas.  

15. Más allá o más acá de esta ausencia, hay algo profundamente paradójico que conviene señalar: ha sido el Partido Popular quien más ha hecho, sin duda a su pesar, por visibilizar y legitimar la potencia política de esta irrupción de lo que estaba fuera del orden político. Sí, porque la derecha planteó las elecciones del 23J como un plebiscito entre, al fin y al cabo, el adentro y el afuera. Y aunque fuera por un estrecho margen, el plebiscito mostró que, a estas alturas del siglo, hay más sociedad fuera que dentro de esa representación del orden político.

16. Más sociedad, sí, pero no necesariamente articulada y afirmada políticamente. Más sociedad pero no un bloque político, social y cultural capaz de sostenerse y sostener un gobierno. No es poco lo que falta.

17. Y llegamos así a la amnistía. De la que podemos estar a favor por muchas razones: porque la encontramos justa, o, simplemente, necesaria para la investidura; porque pensemos que permite encauzar políticamente lo que no debería haberse judicializado o porque nos parezca una buena herramienta para normalizar la convivencia en Cataluña… Son todas razones de peso que, además, comparto.

18. Creo, con todo, que hay una razón más, para mí esencial: si tiene lugar la amnistía (o alguna modulación aceptable porque sea aceptada), significará que el PSOE se ha emancipado del lugar en que voluntaria o involuntariamente quedó atrapado: el de rehén de unos consensos del 78 que, hoy, han acabado hegemonizados por las derechas en una definición estrecha y paralizante de lo que sea España.

19. Sí, el PSOE ha sido históricamente tan responsable como, al cabo, rehén de esos consensos y esas fronteras políticas que, hoy más que ayer, frenan el cambio político tanto como el reconocimiento de todo eso que había quedado fuera, o en los márgenes, del orden político español. La amnistía significa, pues, la emancipación política y simbólica del PSOE con respecto a ese orden de posiciones. Algo que la prensa de derechas más avezada llama mutación constitucional y que algunos representantes del viejo PSOE consideran como pura y simple traición a la Transición. ¡Sí, gracias!

20. Y es que, guste más o guste menos, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay consensos que restaurar o a los que regresar. La disyuntiva política, en España y en Occidente, es cada vez más clara: o alguna forma de neoliberalismo autoritario tan excluyente de la diferencia como profundamente centralista, o alguna forma de profundización democrática que será necesariamente federalizante. Queda poco espacio entre medias, muy poco.

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Jorge Lago estudió Sociología en Madrid, París y Bruselas. Ha sido investigador en la Complutense y el CNRS francés, y es hoy profesor de Teoría Política Contemporánea en la UC3M, además de editor de Lengua de Trapo.

Se ha dicho y escrito tanto y tan bien sobre la doble o triple victoria en el reciente Mundial femenino de fútbol (una contundente victoria deportiva, otra de unas reivindicaciones de igualdad y reconocimiento que, al cabo, han provocado una tercera y poderosísima victoria, la del feminismo frente a unas estructuras de poder –institucionales, mediáticas, empresariales– que parecían hasta la fecha intocables), que huelga quizá añadir una coma más sobre el tema.

Pero queda aún una reflexión que hacer, creo que necesaria, sobre la profunda diferencia que separa y distingue las dos victorias españolas en un Mundial de fútbol, la de 2010 y la de ahora. Una diferencia que, obviamente, no se refiere al género de quienes jugaron entonces y de quienes lo han hecho ahora, o no principalmente, sino a la muy distinta imagen de país que ambas victorias reflejan.

En 2010, la mezcla de euforia y orgullo exhibida tras la victoria del mundial parecía, quizá por encima de todo, expresarse y afirmarse contra una suerte de herida o agravio nacional heredado: España (como selección de futbol pero, claro, como sociedad hasta cierto punto forzada a verse reflejada o representada en esa selección y sus logros) parecía no estar ya abocada necesariamente a la derrota, a ese límite clasificatorio de los cuartos de final que, en no pocos relatos, se presentaba también como un límite moral e incluso como una condición nacional. Un trauma superado que parecía resonar en un sentir más amplio o general. Como si el trauma deportivo conectara con otros traumas nacionales, y como si la superación aparente del primero se hiciera eco de la posibilidad de enfrentar y vencer los segundos.

Con el telón de fondo de una profunda crisis económica llamando a las puertas y a menos de un año del 15M, la victoria de 2010 funcionó seguramente como caja de resonancia de aspiraciones y deseos largamente asentados en los imaginarios colectivos de nuestro cambio de siglo: no solo o no tanto los de poder ganar un mundial, como los de poder ganar a secas. Ganar o, claro, triunfar, romper barreras y techos, ascender y confirmar formas de movilidad y éxito social. Como si el hecho de que España fuera por fin la mejor conectara con un deseo colectivo, pero del todo individualizado, de ser también cada cual el mejor o, al menos, de ser mejor que los que nos precedieron, esas generaciones pasadas que nunca podían del todo. España, como imagen o como relato, aparecía así libre de esa condena a un destino siempre mediocre, siempre insuficiente o escaso. No, a partir de ese momento, España podía. A secas, sin objeto necesario.

Este deseo gaseoso de victoria replicado en el de movilidad y éxito, este deseo convencido quizá de haber superado traumas y derrotas del pasado, este deseo tan propio del final de los 90 y los principios del 2000, tan del auge de las clases medias y las generaciones más y mejor preparadas de nuestra historia, esas que parecían creer que España ya era otra cosa (meritocrática e igualitaria, sin conflictos sociales o territoriales mayores, incluso unificada como nación a través del gol de Iniesta), este deseo se estaba afirmando en el mismo momento en que dejaba de ser posible: en junio de 2010, sí, a las puertas de los efectos devastadores de una profunda crisis económica y financiera que se transfiguró en crisis política, social y cultural.

Esa crisis que, precisamente, arruinaría las expectativas de movilidad, ascenso y éxito que la victoria en el mundial parecía metaforizar. Conviene no olvidar que en ese mismo junio de 2010 se publicó también la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña, quizá para recordar que la imagen de apaciguamiento y olvido de los conflictos y traumas del pasado era, precisamente, una imagen proyectada. Claro que poco menos de un año después de aquella victoria irrumpiría el 15M, convirtiendo en indignación aquel deseo de un futuro ahora quebrado.

En fin, vayamos al 2023, al Mundial femenino y a esta segunda victoria española, porque creo que las representaciones y los imaginarios colectivos que se han puesto en juego, incluso haciendo abstracción del infame caso Rubiales, son profundamente distintos a los de 2010. Y no solo por los evidentes techos de cristal que un grupo de mujeres ha roto en pedazos, ni por el imponente ejemplo de lucha contra el sexismo y por la igualdad que, para miles de niñas, pero también de niños y adultos, supone esta victoria, ni siquiera por los años de luchas y reivindicaciones que la han hecho posible –recomiendo ver el documental Romper el silencio para entender de dónde venía esta selección–. Hay otra diferencia, creo que esencial: la de que la reverberación de esta victoria deportiva en los imaginarios colectivos no ha operado tanto desde el deseo (del país que se aspira a ser, del lugar al que se quiere llegar) como desde el reconocimiento (del país que, con todas sus contradicciones y conflictos, ya es o ya somos).

Me explico: la victoria por parte de un grupo de jugadoras diversas, unas racializadas, otras abiertamente lesbianas, de barrio o de periferias nacionales, feministas, por no hablar de las jugadoras ausentes pero de alguna forma muy presentes, esas que se habían visto obligadas a dejar la selección tras luchar por aquello mismo que ha permitido ahora ganar el mundial… esta victoria no refleja y metaforiza tanto, como en aquel 2010, un deseo social e individual de éxito, una proyección a futuro de lo que cada cual aspira a llegar a ser, como el reconocimiento fáctico de lo que ya se es pero se torna visible y real gracias a la victoria: una selección y, en reflejo, una sociedad mestiza, diversa, plurinacional, feminista, Lgtbi y reivindicativa que, lo diré sin rodeos, se parece mucho a la imagen que salió victoriosa, no sin dificultad, del plebiscito sobre la definición misma de país en que acabaron convertidas las elecciones del 23J.

Las metáforas deportivas están siempre cargadas de un exceso retórico que obliga a una debida prudencia, pero permítanme extenderme un poco más en esta analogía entre la final de fútbol del 20 de agosto y esa suerte de final nacional que fue el 23J. Es claro que en las recientes elecciones generales se acabaron enfrentando, en una suerte de juego de espejos identitario, dos imágenes o representaciones del país. Lo paradójico no fue solo que no ganara la imagen de España de quienes habían planteado las elecciones como un plebiscito entre representaciones enfrentadas de la nación, sino que en su derrota la derecha acabó construyendo como viable e incluso inevitable su imagen contraria.

Al plantear como un plebiscito entre ellos –y su pretendida propiedad monopolista sobre la definición de lo que sea España– y lo otro –el caos, los enemigos de la nación, la misma anti-España–, la derecha acabó, sí, nombrando y articulando a esa otredad, dándole carta de naturaleza. Construyó, sí, a su propio antagonista. Y no porque no existiera antes del 23J una vaga realidad progresista y plurinacional, sino porque nunca se terminó de afirmar y reivindicar como tal hasta que el resultado electoral la hizo tan real como inevitable. Es claro que ni Junts, ni ERC o Bildu, ni tampoco, qué duda cabe, el PSOE, buscaron durante la campaña representar o reivindicar abiertamente esa imagen heterogénea, plurinacional y progresista de país, eso que podríamos denominar un pueblo del Gobierno de coalición y de sus aliados parlamentarios. Pero fue precisamente eso lo que se acabó afirmando la noche misma del 23J.

Encuentro en lo sucedido tras la victoria de la selección femenina de fútbol ante Inglaterra, pero también ante Rubiales, una inquietante similitud. Si el infame Rubiales y el no menos infame Vilda hubiesen adoptado una posición discreta durante las celebraciones de la victoria, si hubiesen tenido la decencia o la astucia de situarse aquel día en un segundo plano, habrían conseguido, al menos durante un tiempo, ganar el relato contra aquellas y aquellos que los habían cuestionado y denunciado desde hacía ya demasiado tiempo, como recordaba Alfredo Pascual hace unos días en Twitter (o X). Serían así los protagonistas de una historia de heroicidad compartida en la victoria de las jugadoras; serían protagonistas, pues, de un relato en el que la lucha por la igualdad en el fútbol femenino, no reñida con otra forma de entender el deporte y la realidad social misma, habrían quedado opacadas por una narrativa nacional de éxito y esfuerzo de todos.  

Pero no, en su infame, violenta aunque cristalina celebración de la victoria, Rubiales, como representación de un mundo que se acaba, no ha hecho sino exhibir la forma de poder desinhibido del varón que ha visto cuestionados sus privilegios y solo sabe reaccionar desde la venganza y el convencimiento de que la realidad, en este caso el futbol, la victoria y las propias jugadoras, le pertenecen. Acaso como otros estaban convencidos hasta hace unas semanas de que era la idea misma de España la que les pertenecía. 

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Jorge Lago estudió Sociología en Madrid, París y Bruselas. Ha sido investigador en la Complutense y el CNRS francés, y es hoy profesor de Teoría Política Contemporánea en la UC3M, además de editor de Lengua de Trapo.

Empiezo estas líneas a tres días del 23J, aunque muy probablemente usted las leerá el propio día 23. Lo hará, pues, a tiempo de ir a votar si aún no lo ha hecho o tiene dudas de hacerlo, así que solo puedo empezar con una súplica, o una invitación: vaya a votar, no dé el resultado por descontado, no le pueda la sensación de derrota, desconfianza o indiferencia, nada está aún cerrado. Vaya usted a votar con alegría o, como señalaba hace unos días Santiago Alba, con tristeza, pero vote a Sumar, al PSOE, a ERC, a Bildu, a cualquier partido que pueda conservar, e incluso hacer avanzar, unos derechos, unas conquistas sociales y unas mínimas condiciones de vida hoy en evidente riesgo. No se deje llevar por la resignación, la decepción con los cercanos o el odio, tampoco por la creencia en la pureza o la particularidad de unas ideas que siente tan personales y únicas que no parecen encontrar respaldo en ninguno de los partidos que este domingo se presentan. Tampoco deje que le invada una perversa atracción, más habitual de lo que muchas veces nos gusta reconocer, por la que se acaba ocultamente deseando que lo imaginable se vuelva real y que, de una vez por todas, suceda lo peor. Evite, sí, la muchas veces inconsciente e inconfesada pulsión de ver realizado el mayor de nuestros temores, como si volviéndolo real, tangible e inmediato pudiéramos relacionarnos mejor con él, o contra él. Eso nunca pasa. Más bien lo contrario.

Así que vote, por favor. Hágalo por todos aquellos que, en caso de victoria de las derechas, tendrán sin duda la vida mucho más difícil. Por los que pagarán más caros sus alquileres o se verán expulsados de sus casas mientras sus salarios decrecen (sí, lo sé, todo esto ya sucede, pero es evidente que puede ir a peor, a mucho peor). Vote por todos aquellos, aquellas y aquelles que quieren expresar libre y públicamente a quiénes aman, cómo desean o se identifican. Por las mujeres que no quieren ver respaldados, reconocidos o encumbrados a todos esos varones que siguen sintiendo la necesidad de afirmar su poder (o, más bien, su ridícula falta de poder) frente a ellas o contra ellas. Por los jubilados y jubiladas que verán sus pensiones crecer muy por debajo de lo que crece el coste de seguir viviendo. Vote, incluso, por esos agricultores que miran con simpatía a VOX o al PP porque les prometen seguir extrayendo agua ilimitada incluso de pozos ilegales, pero a costa de que acabemos en muy poco tiempo, ellos y todos nosotros, sin agua, sin campos, sin vida. Vote por medidas que puedan enfrentar el cambio climático y permitan algún tipo de futuro (¡incluso de presente!) común; medidas que, además, sirven seguramente de pilar para nuevos o renovados modelos productivos, amén de nuevas formas de vida. Vote por una relación de apertura y respeto a la diferencia entre los distintos pueblos e identidades que históricamente han conformado nuestro país o, si lo prefiere, nuestro Estado. Vote si no quiere que nuestra identidad colectiva, también la personal, esté construida desde la oposición, el resentimiento y el odio entre semejantes o vecinos. Vote, también, por su tiempo.

Sí, por su tiempo de vida y su tiempo libre, por reducir el tiempo que le dedicamos a la necesidad y por ampliar el que nos hace libres, por más que sea siempre una libertad condicionada, amenazada y, no pocas veces, amordazada. Vote por que ese tiempo ampliado y liberado pueda expresarse, a su vez, libremente, es decir, por disponer de instituciones públicas y espacios comunes abiertos a la diferencia y la exploración de nuevas ideas, sentidos y afectos… o, lo que es lo mismo, vote por una cultura libre. Vote, también, por que el disfrute y la producción de esa cultura libre sea posible gracias a condiciones de vida aseguradas. Vote, pues, por una comprensión de la libertad asentada en la seguridad material y, por tanto, en la igualdad social. 

Y vote a pesar de que tenga la firme sospecha, y sin duda le asistirán buenas razones para tenerla, de que muchas de estas aspiraciones que vengo de enumerar no se vayan a cumplir, o no del todo. Sí, lo sabemos bien, estas demandas podrán acabar en meras promesas electorales, o traducidas en leyes que, una vez más, se queden cortas. Es posible, pero tenga la certeza de que cuanto más lejos estemos de ver esas aspiraciones reflejadas en las intenciones y las declaraciones de los partidos y los debates parlamentarios, menos posibilidades habrá siquiera de imaginarlas o reivindicarlas. La derrota de aquellos que respaldan, aunque luego traicionen, esas ideas y aspiraciones no abre un espacio virgen a la verdadera alternativa, sino al puro y duro desierto de la reacción. Vote, pues, si aspira a alguna forma de futuro. Y, en el peor de los casos, vote si quiere evitar que gobiernen el resentimiento, el odio y el rencor, pasiones que solo pueden alumbrar un presente atrapado sin retorno en el pasado.

Dicho esto –y lo diré más veces: ¡vote, voten, votad!–, escribo hoy una columna sobre las elecciones que se publicará el día de las elecciones sin, claro, conocer el resultado de las elecciones (capacidad solo al alcance de Narciso Michavila). No es fácil. Pero quizá la dificultad sea, en el fondo, una ventaja: la de no convertir el resultado, una vez sabido, en un dato inevitable, en la consecuencia necesaria de un proceso histórico y, por tanto, el punto de partida indiscutido de todo análisis. Parecerá una obviedad, pero estamos tan acostumbrados, al menos en las izquierdas, a reducir el juego político al reflejo de alguna necesidad (histórica, económica, en cualquier caso estructural), que escribir sobre las elecciones sin conocer su resultado permite pensar la política desde lo que, muy probablemente, mejor la defina: la contingencia, la apertura de lo posible, lo indeterminado. 

Digo esto porque, aunque no pueda anticipar si a partir de mañana nos adentraremos en el lado oscuro de la historia, nos salvaremos por los pelos o quedaremos emplazados a un empate entre bloques y a una eventual repetición electoral, sí puedo imaginar con facilidad lo que, una vez desvelado el misterio, sucederá a continuación en columnas, tweets y artículos expertos: un despliegue de hipótesis con apariencia de tesis sobre la evolución del contexto internacional y las consecuencias del auge y la crisis del neoliberalismo, sobre la concentración de los medios de comunicación españoles o la pesada herencia de la Transición en la patrimonialización que ha hecho la derecha de los poderes del Estado y de sus cloacas… unas tesis que, en caso de derrota, se convertirán en los elementos inequívocos de lo que tenía que pasar. Siempre, claro, desde esa verdad tautológica, porque retrospectiva, que surge de contar la historia sabiendo cómo acaba. 

Así que, en el fondo, quizá no sea tan mala idea preguntarse hoy, desde esta incómoda incertidumbre, qué nos ha podido pasar para que estemos a las puertas (ya veremos si al final no era tan fácil abrirlas) de que unas derechas sin proyecto conocido, asentadas en el más descarnado nihilismo, en el resentimiento y en el odio, puedan ganar las elecciones después de una legislatura que, con sus errores, insuficiencias y torpezas, ha acabado haciendo cierto aquel eslogan, un tanto venido arriba, de que estábamos ante el Gobierno más progresista de la historia.

La estructura de la propiedad de los medios de comunicación españoles, el poder en la sombra que la derecha ejerce en buena parte de las instituciones del Estado desde la Transición, el contexto internacional de una nueva y acrecentada derechización, la crisis de acumulación y crecimiento del capitalismo en su fase neoliberal o la destrucción sistemática de toda estructura social intermediaria (sindicatos, organizaciones colectivas, movimientos sociales, instituciones públicas)… son todas variables, qué duda cabe, fundamentales para explicar el contexto anímico, ideológico y político en el que tienen lugar estas elecciones. Pero ocurre, en primer lugar, que todas estas variables ya estaban operando cuando, hace cuatro años, ganaron las izquierdas, por lo que no pueden explicar o determinar, tan solo condicionar, el resultado que obtengamos hoy. Además, el uso y abuso de estas u otras variables conlleva, en caso de derrota, un riesgo no menor para las izquierdas, el de replegarlas en una impotencia muchas veces exculpatoria: no ganamos porque no se puede ganar, porque el contexto internacional, el capitalismo global, la crisis del neoliberalismo, la estructura de poder del Estado español… lo impiden. Pero, claro, a veces se gana o, al menos, no se pierde del todo. Y la explicación estructural o determinista se queda, claro, corta. O perpleja. 

Así que no, no nos valen, al menos no del todo, estas grandes respuestas. Como alternativa, siempre podemos recurrir a los manuales y a los expertos en comunicación política. Es decir, a esa cosa que últimamente prolifera en Twitter adjetivada como #compol y que nos proporciona ejercicios cada vez más sofisticados de banalidad intelectual. Según esta rama del saber, las elecciones las gana quien sabe plantear, y por tanto responder, la pregunta que ordena y conforma la campaña electoral. Es posible, sí, pero siempre he pensado que la cosa es un poco distinta: igual las elecciones no las gana tanto quien formula LA buena pregunta (avanzar o retroceder, sanchismo o antisanchismo), sino quien acierta en articular un sujeto popular mayoritario capaz de identificarse con el contenido de la respuesta a esa pregunta, que no es lo mismo. Es decir, quien consigue poner en relación un conjunto del todo contradictorio, amén de profundamente heterogéneo, no solo de personas, sino, sobre todo, de lo que las caracteriza: aspiraciones, deseos, necesidades, demandas, intereses, afectos y odios tan contradictorios en cada persona como entre un conjunto amplio o mayoritario de personas. 

Solo la política (no unas necesidades que nunca existen aisladas del deseo y la imaginación, menos unas posiciones sociales que, me temo, están siempre en movimiento y atravesadas por paradojas o tensiones) puede hacer equivalentes, es decir, poner en relación y en común, esa contradictoria amalgama, repito, de aspiraciones, odios, deseos, afectos y demandas que componen las identidades individuales y colectivas. Y lo propio de la política es, claro, hacerlo dibujando una frontera o una división que, al mismo tiempo que estructura el campo mismo de lo político, construye las formas de pertenencia e identificación que lo definen. No hace falta, claro, que esta equivalencia o amalgama que da lugar a un sujeto político popular tenga un contenido positivo (una propuesta sobre el futuro, un proyecto común en un horizonte compartido, incluso un programa), basta con que algunos elementos (discursivos pero bien reales y, por tanto, bien materiales) permitan realizar ese milagro por el que una realidad profundamente heterogénea, contradictoria y necesariamente plural se identifique en, o se sienta representada por, un partido político (o dos), y lo haga de forma lo suficientemente amplia o mayoritaria como para ganar unas elecciones. 

El caso es que, si entendemos la política y, sobre todo, el funcionamiento de las campañas electorales tal y como vengo de sugerir, habrá que concluir que la derecha ha sabido hacer las cosas bastante mejor que las izquierdas. Es más, el evidente giro que ha llevado a cabo el PSOE durante la campaña electoral es, creo, del todo revelador a este respecto: ha dado explicaciones que nunca había dado del todo sobre sus medidas, sus pactos y sus aparentes mentiras o cambios de opinión, ha acudido a medios de derechas que no había visitado nunca, ha recurrido a viejos profetas para defender una historia, una identidad y unos pactos y socios que antes prefería ocultar, es decir, ha decidido enfrentar, seguramente demasiado tarde, esa articulación exitosa de afectos, deseos, odios, malestares y rencores que la derecha ha tejido pacientemente durante toda la legislatura. 

Pero no ha conseguido, seguramente porque ni siquiera ha podido intentarlo, una articulación y un sujeto político alternativos a los de la derecha. Sí, el PSOE ha entendido, aunque cuatro años tarde, que no iba a revalidar el Gobierno enfrentando el relato de la derecha con los datos de la izquierda, sino con “algo más”. Pero ese “algo más” no parecer haber encontrado una forma y un contenido. Y no, no creo que el PSOE se haya refugiado durante toda la legislatura en los buenos datos y los grandes números por una suerte de afinidad izquierdista con lo material, ni por una creencia a todas luces falaz en la potencia del dato sobre el relato, sino porque apostar por ese “algo más” implicaba reconocer sobre qué realidad social, generacional, cultural y territorial se estaba gobernando, y sobre el hecho no menor de que esa realidad social, cultural y territorial era, al menos parcialmente, la que había quedado fuera de los consensos del 78. Y que eso lo cambiaba todo. 

El PSOE no pudo, supo o quiso hacer así de la necesidad (gobernar incorporando al juego parlamentario aquello que siempre quedó fuera de él) una virtud política y electoral. Y, seguramente, hizo de esa necesidad, más bien, una vergüenza. Es muy probable que la tarea histórica de Podemos, que tampoco supo, quiso o pudo realizar, fuera, precisamente, la de permitir ese juego virtuoso, ese tránsito entre los consensos heredados del 78 y la nueva realidad política, social y territorial que se dibujaba a duras penas tras los acuerdos parlamentarios que sostenían el Gobierno de coalición. Pero no, Podemos tuvo mucha más fuerza para construir al adversario (para movilizar y aglutinar ese sujeto popular de las derechas frente al gobierno y sus socios) que para articular junto al PSOE un sujeto popular propio, el del Gobierno de coalición. 

Esa falta es, creo, la que hoy nos sitúa a las puertas del abismo; también, claro, la que nos obliga a salir a votar y, sin duda, la que se perfila como el gran desafío que, pase lo que pase esta noche, tienen que afrontar las izquierdas a partir de mañana. 

Las polémicas declaraciones de Pedro Sánchez ante Carlos Alsina —ya saben, las de ese grupo de amigos incómodo ante la confrontación feminista— mostraron tanta torpeza como una mal enfocada preocupación. Electoralmente legítima —pues el PSOE pierde votantes entre sus bases masculinas más conservadoras tanto como entre mujeres que se identifican con el programa de un feminismo clásico o ilustrado, el de los techos de cristal—, esta preocupación ha acabado sin embargo expresándose desde una indudable y sintomática torpeza comunicativa y política: la apelación indiscutida a los afectos y cuitas de un grupo de amigos en lugar de a las razones sociales y culturales de su incomodidad, sin duda mucho menos relacionadas con el avance del feminismo que con los cambios estructurales que afectan al reparto de poder y de roles en nuestras sociedades, es decir, a la pérdida acelerada del lugar y el reconocimiento —o el privilegio— de sectores sociales más o menos amplios, entre ellos no pocos grupos de varones entre los 40 y los 50.

Es evidente que todo proceso de cambio social (acelerado por transformaciones socioeconómicas tanto como por el empuje de los movimientos sociales) genera incertidumbre o incomodidad, cuando no una reacción afectiva e ideológica de signo contrario. Pero es también obvio que esa reacción puede, muchas veces, ser simplemente inevitable (amén de que clame al cielo que sean grupos de hombres los que se muestren ofendidos por la velocidad y naturaleza de los cambios y no grupos amplios de mujeres por la inmovilidad o la resistencia al cambio… de esos mismos hombres).

Pero que la reacción o el malestar ante procesos acelerados de cambio social sean inevitables no significa que no debamos reconocerlos y trabajarlos política y comunicativamente. No conviene, por tanto, refugiarnos otra vez en el autoafirmativo “ladran luego cabalgamos” tan habitual en las izquierdas, la incomodidad del otro no es el reflejo necesario o la prueba irrefutable de que se están haciendo bien las cosas (acaso porque lo que se busca con los cambios legales y políticos no es tanto incomodar, suceda o no y sea o no inevitable, como ampliar derechos y libertades para el conjunto de los sujetos. Como recordaba hace unos días María Corrales, el feminismo quizá no busque tanto incomodar a los hombres como ampliar los márgenes de libertad o de emancipación colectivas).

Se puede, por tanto, legislar bien o muy bien pero comunicar mal o muy mal (por más que el mantra del “no nos hemos sabido explicar” se convierta demasiado a menudo en un recurso tan autoexculpatorio como inane); es decir, se puede legislar trasladando a la sociedad que los cambios que buscan las leyes aprobadas no solo se asientan en unos valores necesarios o justos, sino también potencialmente emancipadores para amplios sectores de la ciudadanía. Se puede, en fin, comunicar esa ampliación de derechos para unos colectivos sociales como un proceso que no resta derechos al resto, por más que, por el camino, sea necesario cuestionar y desterrar privilegios históricamente asentados.

No tengo duda de que las leyes en materia de igualdad aprobadas durante esta legislatura (con los matices críticos que legítimamente se puedan tener, y de los que dan buena cuenta algunos debates en el seno del feminismo acerca del riesgo de esencializar o naturalizar las identidades trans, o del peligro no menor de limitar la agencia de las mujeres bajo una discutible conceptualización del consentimiento), han sido del todo positivas y necesarias, amén de resultado de un consenso social seguramente mucho mayor que el expresado en el arco parlamentario. Tampoco tengo duda de que no asumir errores (cometidos por todo un Gobierno) en la redacción de una ley no es la mejor de las estrategias políticas, y que hacer de esos errores la oportunidad para emprender una batalla autoafirmativa es, sin duda, una estrategia política nefasta, por más infames que hayan sido los ataques recibidos desde de las derechas políticas, judiciales y mediáticas.

Con todo, haríamos mal en reducir las declaraciones de Sánchez a la mera preocupación por la pérdida de antiguos votantes socialistas más o menos conservadores, o a cómo esa preocupación se traduce en el cliché del varón de clase media ofendido o agraviado, cuando no amenazado por la pérdida de sus privilegios. Las declaraciones de Sánchez son, creo, síntoma de otra cosa más, de otra preocupación o interrogación suplementaria: ¿cómo habiendo sido el Gobierno más progresista que el PSOE recuerda, con las leyes más ambiciosas y avanzadas que han acertado a promulgar —voluntaria o involuntariamente—, se ha acabado movilizando más a la derecha que a la izquierda o, incluso, movilizando a la derecha y desmovilizando a la izquierda? ¿Qué explica esta asimetría socio electoral? ¿Se trata de una reacción a estos avances? ¿Es el contenido, por tanto, de las leyes y medidas el que genera esa movilización desigual a derecha e izquierda? ¿O es cuestión, más bien, de la indignación generada por los compañeros de viaje que han apoyado o permitido estos cambios? ¿Es el contenido de las leyes o la forma de aprobarlas?

Antes quizá de lanzarnos apresuradamente a responder estas preguntas, habituales hoy en columnas o tertulias y, seguramente también, en las sedes de campaña de algunos partidos, conviene quizá empezar por señalar un detalle no menor: que estas preguntas están mal formuladas. Lo están, de entrada, porque parten de una suposición, del todo habitual en los paradigmas de las izquierdas, que consiste en distinguir y separar el contenido de la forma, o lo material de lo simbólico: el contenido o materialidad de las leyes (la potencia de transformación social) de la forma (los pactos, negociaciones o acuerdos…) bajo la que han sido aprobadas (y todo aquello que simbolizan esos pactos y acuerdos). Pero no, forma y contenido no son separables, nunca lo son, y comprender su imbricación (más por instinto de supervivencia que por análisis sosegado) explica el actual crecimiento electoral y el éxito político y comunicativo de las derechas. 

Me temo, sí, que la derecha ha sabido vincular y fundir en una suerte de unidad política el contenido de las leyes del Gobierno de coalición con la forma misma en la que fueron aprobadas. Es más, ha hecho equivalentes la materialidad de esas leyes con la lógica simbólica de los pactos y acuerdos que las han permitido, y en esa equivalencia ha sabido construir un sujeto electoral y político alimentado de múltiples y contradictorias formas de descontento social. La derecha ha nombrado y trazado así una frontera que separa un nosotros (el antisanchismo) de un ellos difuso (el gobierno de coalición y sus socios parlamentarios), de manera que ha convertido las leyes (feministas, medioambientales, laborales, económicas o fiscales) en símbolos mismos de una idea de España (o de la antiEspaña) y, con ella, de toda una realidad social, cultural y política. Vale decir, ha sabido trenzar o articular una identidad o pertenencia con un programa político, precisamente lo que el Gobierno de coalición no ha podido, querido o sabido hacer. Ese es el sentido del sanchismo que pretenden derogar: una forma y un contenido indistinguibles, una identidad o pertenencia (o una traición a la identidad y la pertenencia hoy heridas, agraviadas, insultadas) y un programa de gobierno (o unas leyes que sirven a, y expresan, esa traición, ese agravio o esa disolución de la identidad y la pertenencia). 

Es habitual estos días escuchar en las filas de la izquierda que la derogación del sanchismo es el significante que vela el verdadero programa, entre neoliberal y reaccionario, de la derecha española, aquel por el que se pretende acabar con los avances sociales, económicos, medioambientalistas y feministas que suponen las (más o menos tímidas) leyes aprobadas esta legislatura, una derogación que tendría como meta volver a una lógica económica depredadora que necesita de todo un aparato de justificación para la desigualdad que inevitablemente genera. Que, por tanto, el recurso a los pactos y negociaciones, al quién está detrás de la aprobación de esas leyes tanto como a la realidad simbólica que representa, que esa aparente herida u ofensa identitaria una y mil veces invocada contra Bildu, ERC o Podemos en su relación con el Gobierno del PSOE es, simplemente, un velo ideológico que oculta la verdad de la derecha. Que la forma es, por tanto, el mero recurso retórico y simbólico que sirve para ocultar el contenido material del programa de la derecha. Y que la izquierda, por tanto, no debería sino desvelar esta falacia para mostrar el auténtico rostro y las verdaderas intenciones del adversario. Desvelar la realidad que se oculta tras el recurso retórico del sanchismo.

Entiendo, qué duda cabe, el razonamiento, pero no termino de compartir ni su diagnóstico (deudor de la sempiterna pulsión de la izquierda en separar el mundo entre apariencia y esencia, interés y discurso, materia y forma), ni su única traducción política: desvelar una verdad siempre oculta, y explicársela a un electorado engañado o ignorante. Sé, claro, que podemos identificar sin demasiada dificultad una cierta verdad (material) de la derecha anidando bajo su sempiterno discurso identitario (o simbólico); sé, también, que podemos explicar cómo la policrisis que afrontamos (medioambiental, postpandémica, energética) ha obligado a profundos cambios en los paradigmas políticos y económicos dominantes que han pillado a las derechas, a la española de forma evidente, con el pie cambiado y sin discurso o programa, y sé, por tanto, que resulta tentador concluir que su apelación a lo simbólico, a la identidad nacional herida, al agravio narcisista por la pérdida de un privilegio tan económico como simbólico de parte no desdeñable de los ciudadanos, no hace sino ocultar ese vacío programático para un mundo que la derecha no parece comprender. Sé, incluso, que podemos interpretar las pugnas entre las derechas y extremas derechas españolas, sus dificultades para articular lo que queda de la herencia neoliberal y lo que viene de la reacción postfascista, como un reflejo más o menos directo de los movimientos políticos europeos, de la disputa entre los Manfred Weber y las Ursula von der Leyen, es decir, entre los que parecen dispuestos a combatir el tabú del entendimiento con la extrema derecha al tiempo que recelan de las medidas postkeynesianas para enfrentar la policrisis, y los que parecen haber abandonado el paradigma de la austeridad mientras se reafirman en una tradición liberal incompatible con el postfascismo.

Sé que, cargados de buenas razones, podemos seguir empeñados en desvelar los verdaderos intereses y las verdaderos desafíos políticos que se esconden tras las soflamas identitarias, hacer finos análisis geopolíticos y macroeconómicos que muestren lo que de verdad está en juego, y empeñarnos así en mantener una distinción nítida entre la verdad del contenido discursivo de las derechas y su ornamento simbólico o identitario, pero creo que perderíamos así de vista, una vez más, lo esencial del juego político: que el mantra de la derogación del sanchismo no solo muestra una gran capacidad para articular forma y contenido, sino para hacerlo construyendo un nosotros, es decir, un sujeto (agraviado, revanchista, nostálgico de un orden que nunca fue y que sin duda no podrá ser, incapaz, seguramente porque no le haga falta, de alumbrar un orden futuro, por tanto puramente negativo o destituyente). Me temo que esa articulación del nosotros que ha acertado a componer la derecha no solo es tan electoralmente eficaz como culturalmente sólida, sino que refleja, precisamente, lo que le falta a la izquierda: la articulación entre forma y contenido, entre sus leyes y el conjunto de los electores que han votado a los partidos que las han negociado y aprobado. A la izquierda le falta, sí, afirmar un nosotros del Gobierno de coalición y de sus aliados parlamentarios, es decir, alumbrar una idea y un sentido de pertenencia… federal, plurinacional, contradictoria sin duda, amplia y compleja, pero, con todo, una idea y un sentido reconocible de esa pertenencia o ese nosotros, y no solo un programa de Gobierno. Y solo desde esa pertenencia común es posible representar un horizonte compartido.

Sin esa articulación entre forma y contenido, sin este nosotros complejo pero identificable, seguiremos pensando que los programas (los contenidos) pueden existir sin forma (sin símbolos, sin identidades colectivas, sin sentidos de pertenencia y sin horizontes de futuro compartido). Y sin esa articulación entre forma y contenido seguiremos también sin asumir que, en política, los afectos (como el agravio y el narcisismo herido de esa España de Feijóo y Abascal que quiere retornar a una inexistente normalidad previa al feminismo, a la crisis climática y energética, a las reivindicaciones sociales de igualdad, a la inexorable plurinacionalidad de nuestro país), que los afectos políticos, decía, son tan materiales como la reforma fiscal y la subida del salario mínimo interprofesional, y que solo se pueden combatir desde otros afectos políticos más poderosos. 

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Jorge Lago estudió Sociología en Madrid, París y Bruselas. Ha sido investigador en la Complutense y el CNRS francés, y es hoy profesor de Teoría Política Contemporánea en la UC3M, además de editor de Lengua de Trapo.

Nos hemos reído, cabreado y desesperado, seguramente a partes desiguales, con la propuesta de Díaz Ayuso de una planta en cada balcón como respuesta al cambio climático, pero quizá no nos hemos detenido lo suficiente en lo que significa ni, sobre todo, en aquello de lo que es síntoma.  

Decía Bruno Latour que, al menos desde los años 70 y 80 del pasado siglo, se hizo imposible ignorar que no había ya planeta y recursos suficientes para traer al presente y hacer así reales las imágenes que teníamos del futuro. Que los sueños de la modernización y el progreso que habían gobernado nuestras sociedades tanto como nuestros deseos eran ya irrealizables, incompatibles con los límites biofísicos que le suponíamos al planeta. Pero decía también Latour que la constatación de esta imposibilidad no se tradujo en una adaptación de nuestros deseos y sueños a esa nueva imagen del futuro, tampoco de nuestros modelos de desarrollo y crecimiento. 

Al contrario, a partir de los años 70 y 80 del pasado siglo lo que tuvo lugar fue, más bien, una revolución cultural bajo la forma de una profunda y frenética huida hacia adelante: si no había suelo, espacio y recursos suficientes para realizar los futuros imaginados y deseados por todos, teníamos que renunciar a la idea misma de ese “todos”, es decir, renunciar a toda idea de un futuro compartido. Como si no quedara más remedio, ese era el contenido traumático de la revolución en marcha, que lanzarse a una lucha sin cuartel por la apropiación de los escasos recursos disponibles y, de esta forma, permitir unos planes de vida frente a otros. Una disputa, pues, en la que unas vidas serían posibles a costa, más que nunca, de que otras no lo fueran. Pisar a fondo el acelerador de la historia, por más que todo aconsejase echar el freno de mano.

Esta suerte de guerra hobbesiana sin Leviatán ni futuro compartido que algunos llaman neoliberalismo fue, sin embargo, transformándose a medida que la crisis ecológica dejaba de ser una previsión o anticipación del futuro y se convertía en una experiencia cotidiana: la de las olas de calor y frío, la de las sequías, la de la desaparición acelerada de especies y la consiguiente destrucción de la biodiversidad. Si lo que estaba en juego ya no era un futuro más o menos lejano, sino el mismo y cotidiano presente, se volvía del todo urgente actuar o… ¡negar las causas y las consecuencias mismas de la crisis! Fueron dos las formas que adoptó este trabajo de la negación. 

La primera, llamémosla versión fuerte, pasaba por negar la evidencia misma del cambio climático. El ejemplo claro fue el de Trump, bien retirándose de los acuerdos de París para apostar por un crecimiento extractivista frenético, bien levantando muros para —en una metáfora trágica pero del todo reveladora de que la nueva derecha no estaba dispuesta a compartir el suelo, la tierra y los recursos con “el otro”— impedir la llegada de aquellos que estaban perdiendo una guerra nunca del todo declarada. La segunda forma de negacionismo, llamémosla versión débil, ha operado mediante la negación no ya de la crisis climática o ecológica, sino de toda medida (política, cultural, técnica o económica) capaz de combatirla. 

Volvamos a la planta en todo balcón madrileño que nos propone Díaz Ayuso, pues no parece una mera ocurrencia de campaña u otro cínico desafío al votante progre, por más que contenga algo de ambas posibilidades. La propuesta es, me temo, el fruto de las razones históricas que han llevado a estas dos formas de negacionismo, dos formas, por cierto, en las que Díaz Ayuso se expresa indistintamente, unas veces negando el cambio climático y, otras, cualquier medida necesaria para combatirlo. La planta en cada balcón es, de hecho, una buena síntesis de ambas modalidades de negación: es tan abierta y notoriamente ineficaz para combatir el cambio climático que no hace sino negarlo o, peor, ridiculizarlo. 

Pero es especialmente importante, creo, no olvidar que el negacionismo de Díaz Ayuso tiene una función cultural e ideológica, además de política: como no hay recursos suficientes, como no hay tierra, agua, clima o capacidad pública para responder a las necesidades y los deseos del conjunto de los ciudadanos, no queda más remedio que aceptar un único escenario compartido, el de la lucha abierta por cualquiera de los recursos (educativos, energéticos, económicos, culturales, inmobiliarios, sanitarios, medioambientales). Una lucha sin más reglas que las del más fuerte, bien entre regiones (Madrid contra el resto, incluso contra el propio Partido Popular nacional), bien entre los propios ciudadanos madrileños. Una lucha que solo podemos enfrentar, esta es la cosa, si tenemos y le echamos ganas. Muchas ganas. 

El eslogan de campaña es tan burdo como sutil y efectivo en sus resonancias afectivas y culturales, pues remite a las ganas que cualquiera necesita para enfrentar una batalla sin tregua. Son las ganas que sostienen el deseo en un escenario de competencia y escasez generalizadas; son las ganas, también, que trabajan como único y raquítico sustrato moral en un contexto de lucha sin fin, es decir, las ganas como lo único que queda tras la reducción nihilista de todos los valores morales al puro y duro valor, vale decir, a la fuerza. Como recordaba hace unos días Germán Cano con toda precisión, el eslogan de Ayuso refiere, por encima de todo, al resultado necesario de toda batalla, al hecho incuestionable de que en Madrid unos ganan (dinero, posiciones, oportunidades, recursos, planes de vida) porque otros pierden. 

El eslogan resuena y rima así con una forma de deseo y subjetividad construida siempre frente al otro, o frente al miedo no menor de convertirse en ese otro: el que fracasa o se siente y piensa como víctima, el que vive de paguitas o aspira a vivir de ellas, el que necesita de la protección de un gran Otro (papá Estado) porque no se vale por sí mismo, el otro asistido porque débil y… sin ganas. El otro, en fin, que no gana. 

Hay, sin embargo, que hilar un poco más, pues el éxito de la derecha madrileña, y el de Ayuso como su alumna más aventajada, no ha sido el de identificar en esta figura del perdedor desganado a un adversario o un enemigo (este habría sido el resultado de un darwinismo social seguramente excesivo); no, el éxito discursivo de Ayuso radica, más bien, en haber ganado la representación misma de la izquierda como ese espacio político, afectivo y cultural que, tal y como señaló Javier Franzé en estas mismas páginas hace ya unos años, busca convertir a los ciudadanos en “seres a proteger, más que a liberar”. Una izquierda que necesitaría de sujetos débiles y sin capacidad de darse a sí mismos un futuro, una izquierda que solo piensa desde y para esos perdedores que ninguno aspiramos a ser.

Sí, creo que la derecha madrileña ha ganado desde hace ya mucho tiempo un relato perverso pero extraordinariamente eficaz: por un lado, la desgana, la debilidad y la condición de víctima siempre necesitada de protección y tutela (del poder, de la política, del Estado, de los demás); por el otro, el empuje, la fuerza, el mérito, el éxito y la libertad, es decir, las ganas de los que ganan. Por el camino, son el Estado, lo público y lo común los que quedan refigurados como meras herramientas al servicio de una izquierda paternalista que solo sabe y quiere perpetuar la debilidad, la desgana, la derrota y la tutela. 

Es claro que este marco discursivo no se articula sin más en un solo relato de campaña, al contrario, necesita y bebe de condiciones bien materiales de vida, precisamente las que la derecha lleva construyendo en Madrid desde hace más de tres décadas. De entrada y por ejemplo, ese 40% de ciudadanos madrileños con seguros de sanidad privada o hijos en colegios concertados o directamente privados. O ese modelo de protección y seguridad que no pasa por el Estado sino por la inversión y la herencia (fundamentalmente inmobiliarias). O, en fin, ese tercio largo de la ciudadanía madrileña que no siente la necesidad de lo público ni, por tanto, de pagarlo, y que tampoco se imagina perteneciendo a un espacio común en un territorio compartido. 

Este tercio de la ciudadanía encarna el ideal mismo de esa huida hacia adelante que arrancó en los años setenta y ochenta del siglo pasado y que llegó con algo de retraso a nuestro país. Un tercio privilegiado que sirve, además, para definir por simple oposición tanto a un tercio excluido y abandonado a su suerte, ese que ya ha perdido y es, por tanto, dado por perdido, como a un tercio intermedio que ora aspira a convertirse en parte de esa amplia minoría privilegiada, ora mira con pavor la posibilidad siempre presente de acabar arrastrado hacia el tercio más bajo de la estructura social. 

No cabe duda, tampoco, de que esta Comunidad de los tres tercios (la idea se la escuché a Íñigo Errejón, no es mía), es el resultado de un viejo proyecto político de la derecha española (por más contradicciones que le genere en ocasiones a sus dirigentes nacionales): el de hacer de la Comunidad de Madrid una suerte de Distrito Federal que contenga o bloquee la tendencia federalizante de nuestra realidad plurinacional. Es decir, en hipertrofiar el desarrollo (económico, financiero, urbanístico…) de una región para contener todo crecimiento periférico. Por eso Ayuso construye su identidad política en y contra un marco nacional: contra Sánchez, contra Bildu, contra el independentismo o el nacionalismo catalán, contra todo lo que queda fuera de Madrid.  

Estamos en campaña y quedan muy pocos días; sería presuntuoso, además de inútil, pretender concluir ahora con unas apresuradas lecciones sobre la mejor estrategia para ganar la Comunidad de Madrid. Dudo, además, no solo de saber cómo sería esa estrategia, sino de que pase exclusiva o prioritariamente por lo que puedan hacer las izquierdas en la sola Comunidad de Madrid. Me contento con insistir en que la planta en el balcón no es una ocurrencia o un error de campaña, tampoco una pertinaz muestra de ignorancia o incapacidad políticas. Es un síntoma y un símbolo de una realidad política y cultural, diría que incluso antropológica, contra la que llevamos chocando desde hace ya demasiado tiempo en Madrid.

Se ha señalado estos días que la pasada moción de censura ha tenido como principal virtud delinear con cierta precisión el campo político de cara al próximo ciclo electoral: a un lado, un Partido Popular en desconexión con los aires que vienen de Europa pero con amplio respaldo electoral, y que no puede sino gobernar con, y verse arrastrado y contaminado por, una derecha que, además de radical o extrema, ha pasado a mostrarse como carente de toda estrategia o idea, amén de lugar histórico. Al otro lado, una colación. No unos partidos, que sin duda, sino una coalición de Gobierno con Sánchez y Díaz en tándem presidenciable (valga aquí el lapsus de Patxi López al nombrar en la moción a Yolanda Díaz como presidenta segunda). Creo que, por reductora que sea esta lectura, es esencialmente correcta.

También lo es, me parece, la conclusión a la que llegaba Daniel V. Guisado hace unos días en una muy necesaria columna: “Este diciembre se vota conjunto y no partes. Y más vale cuidar más el primero y obsesionarse menos con lo segundo. Entender y desoír esto sería buscar más la oposición que la gobernanza”.

Ante estas lecturas de la situación, y movidas por razones ideológicas tanto como tristemente partidistas, no han tardado en llegar críticas y objeciones que apuntan a una misma dirección: las fuerzas y sectores que proceden del ciclo del cambio, los herederos del 15M, los que venían a impugnar o superar el régimen del 78, ¿se han convertido de pronto en mera muleta del PSOE? ¿Puro pactismo con la socialdemocracia de siempre? ¿Fin de toda pulsión transformadora? ¿Tan cortas son hoy las ambiciones y sueños políticos?

No, no lo creo. Pues cuando no responden a simples juegos retóricos bajo los que camuflar la sempiterna disputa por el control de las organizaciones políticas, cuando se realizan desde la honestidad intelectual, estas objeciones son, creo, fruto de una mala lectura de la coyuntura, es decir, del momento político que atravesamos en España pero, sobre todo, en Europa. Y ello por una razón quizá obvia, pero no por ello menos central: la más que notable diferencia entre la respuesta de Bruselas a la crisis actual y la que desplegó ante la crisis financiera de 2008 o, más particularmente y como muy bien ha señalado Hibai Arbide en un artículo esencial para entender los límites del ciclo del cambio político, la respuesta que acertó dramáticamente a orquestar la UE en el verano de 2015: humillar al Gobierno de Syriza para enfrenar la ola de indignación europea que cabalgaba el malestar y la crisis de representación política tras cuatro décadas de austeridad y consenso neoliberal. 

Conviene no olvidar hoy que aquella Unión Europea, en aquel verano del 2015, mandó un mensaje claro a los países del sur: no había alternativa a la austeridad, los programas, propuestas o ambiciones de la indignación política organizada en España, Italia, Portugal o Irlanda eran mera fantasía. No cabían en Europa, y Europa no negociaba ni hacía prisioneros. Pero golpeando hasta dejar en la indigencia al Gobierno y el pueblo griegos, que no hacían sino proponer, con referéndum incluido, una salida social y económica sostenible a la crisis de su deuda, Europa no solo estaba mandando un mensaje a esas nuevas formaciones de izquierda (y a los pueblos, sobre todo en el sur de Europa, que las seguían con simpatía), sino, también, a las derechas radicales o extremas: el descontento social, el malestar, la ira o la rabia son vuestros. Vuestra es, pues, la posibilidad de articularlos o representarlos.

El subsiguiente crecimiento electoral de la extrema derecha en Europa y la progresiva y paralela pérdida de apoyo social de los nuevos partidos de izquierdas no se pueden entender cabalmente sin dar cuenta de aquella estrategia de Bruselas en 2015. Hay, por supuesto, más factores explicativos, otras variables nacionales y locales, y muchos, sin duda demasiados, errores no forzados de aquellos nuevos partidos. No es, pues, una explicación unicausal y determinista, por más que no debamos olvidar hoy cuál era el contexto europeo entonces y, por ello, las condiciones de posibilidad y los márgenes de actuación de aquellos nuevos o renovados partidos. Y no deberíamos olvidarlo porque el contexto es hoy otro, bien distinto: desde la pandemia, la crisis energética, la ola inflacionaria y la crisis climática ya imposible de negar, la respuesta de Bruselas está siendo muy distinta. Y esta diferencia marca, necesariamente, cambios en las estrategias políticas tanto como en las alianzas y las coaliciones posibles. Y muy particularmente en la relación con lo que queda de la socialdemocracia.

Es claro que al menos hasta el shock griego de 2015 era tan necesaria como inevitable una impugnación directa a las dos grandes familias ideológicas que habían urdido las últimas cuatro décadas de austeridad y consenso neoliberal. Y es también claro que el ciclo político abierto tras la crisis financiera de 2008 no podía sino construirse frente a conservadores y socialdemócratas por igual (con los antiguos liberales chapoteando en ambas orillas de un mismo estanque), es decir, frente al juego de poder que representaban tanto la Europa post Maastricht como la España bipartidista.

También es claro que, tras el shock griego, el ciclo del cambio político, hasta entonces sumido en una cierta ola de ilusión y confianza en su fuerza y potencia de crecimiento, chocó con un duro principio de realidad: ¿tenía sentido el salto institucional y el juego electoral si, en el remoto caso de que se ganasen unas elecciones o se estuviese en condiciones de gobernar con la socialdemocracia, no habría margen alguno de transformación política? ¿No convenía mejor volver a los movimientos, las calles, abandonar la centralidad que se había dado al salto institucional? ¿Volver acaso a las viejas identidades políticas, a esos partidos asentados en la protesta y aferrados a su identidad ideológica tanto más cuanto más lejos del acceso al poder se situaban? Y, sobre todo, ¿investir o aliarse con una socialdemocracia que, en Europa, había sido cómplice del shock griego tanto como del consenso neoliberal?

Las dificultades no fueron menores, y la torpeza con la que Podemos gestionó su relación con el PSOE durante las negociaciones para la formación de Gobierno en España entre finales de 2015 y buena parte del 2016, con repetición electoral fallida incluida, no dejaba de estar condicionada por ese endiablado contexto político europeo. La desconfianza mutua, la competición electoral y la obsesión por el sorpasso, las escenificaciones electoralistas y los juegos comunicativos para arrinconar al adversario socialdemócrata tenían detrás, qué duda cabe, el peso de aquel momento de bloqueo europeo.

Precisamente por ello, no dejó de ser irónico que aquellos que se habían mostrado más hostiles a cualquier acercamiento a la socialdemocracia durante el ciclo electoral de 2015 y 2016, aquellos que más firmemente apostaron por el sorpasso, la repetición electoral, las referencias a la cal viva y el repliegue a las esencias de la identidad de izquierdas…, fueran precisamente los que, tan solo dos años después (y seguramente guiados por razones de mera supervivencia política y electoral más que por una lectura atenta de las posibilidades estratégicas), acabaran apostándolo todo a un Gobierno de coalición. Bienvenido fuese, en todo caso.

Pero aquella ironía de la historia se torna hoy mero cinismo nihilista cuando son esos mismos actores los que muestran ahora dudas, críticas, objeciones o mofas ante un futuro tándem Pedro & Yolanda para revalidar el Gobierno de coalición. En cualquier caso, y más allá o más acá del cinismo y la ironía, creo que conviene tomarse en serio el análisis de este cambio de escenario y contexto europeos, y por tanto de las posibilidades, también los límites, que tiene para con la acción política. Hay, creo, tres factores centrales en los que detenerse.

El primero: Bruselas ha dejado atrás, al menos en parte y temporalmente, el marco austericida para responder a la policrisis que estamos atravesando (pandémica, climática, energética, inflacionaria). Hoy no son el control del déficit, la bajada de salarios, el control presupuestario o la primacía de lo privado frente a lo público los mantras que gobiernan necesariamente Europa. Estamos, más bien, frente a una posibilidad evanescente de un aumento del gasto social y, por tanto, del sector público; ante tímidos pasos, también, hacia una mutualización de la deuda; y hacia algo parecido a una política industrial que no es del todo ajena a la preocupación por el cambio climático, por más condicionada que esté por grupos de interés, greenwhasing y capitalismos verdes. Hay, pues, un espacio ambivalente para la disputa política, económica y cultural. En España y en Europa, valga la redundancia. Un espacio que puede ampliarse y consolidarse algo más si en España se reedita el Gobierno de coalición. No es poca cosa.

Europa no es el socialismo, no, pero tampoco el consenso de Chicago, y esto abre el juego político más de lo que podíamos imaginar hace apenas tres años. Si en el ciclo político abierto tras 2008 la construcción del sujeto político era necesariamente antagonista, enfrentada desde abajo a Europa, por más que se careciera de una alternativa creíble ante la austeridad o un plan b ante sus embestidas, hoy la cosa es, creo, distinta. Y distintas han de ser las apuestas estratégicas.

Así, y en segundo lugar, no parece que el descontento y el malestar sean patrimonio hoy de la izquierda, aunque solo sea porque durante los últimos años han sido duramente disputados por una extrema derecha en auge, pero sí parece hoy la izquierda capaz de proponer y señalar un espacio de tímidas pero, con todo, importantes reformas sociales y económicas, y de ganar el relato de su necesidad y deseabilidad: la reforma de las pensiones, de la regulación e intervención de mercados estratégicos vía la excepción ibérica, de abrir un debate no perdido de antemano para el control de precios y su extensión a sectores como el de la alimentación o los alquileres, de la extensión de las precarias e insuficientes políticas de ingresos hacia su profundización y universalización, o de la posibilidad misma de mentar el concepto de política industrial pública como horizonte posible de intervención económica. No es poco.

En tercer y último lugar: todo indica que Bruselas ha medido el riesgo de responder a la policrisis, como la llama Adam Tooze, desde los marcos de la austeridad de 2015, es decir, ha medido el riesgo de permitir que el malestar y el sufrimiento fueran capitalizados de nuevo por una extrema derecha europea no solo en auge sino, tras el ejemplo italiano, con su más que probable acceso al poder de varios países de la Unión. Y esto resitúa la relación de antagonismo e impugnación de las fuerzas de izquierda en relación con Bruselas, guste más o guste menos. Lo que tiene, claro, un extraño efecto: la inversión en la hegemonía de los marcos discursivos. En efecto, tras el crecimiento social y electoral de las extremas derechas en toda Europa, el reciente giro neo, post o alterkeynesiano de Bruselas nos sitúa ante algo relativamente insólito: las izquierdas, en España es evidente, están siendo capaces de capitalizar e incluso ganar el marco discursivo de la gestión económica mientras tienen serias dificultades para hacer lo propio en lo que podríamos llamar el espacio de la política identitaria y cultural, capitalizada estos últimos años por un nacionalismo con claro respaldo popular, amén de un discurso securitario y punitivista (lo hemos visto con el pánico moral ante la ley de violencias sexuales) del todo reaccionario.

Es claro que desde la relativa hegemonía en la gestión técnico-económica se pueden ganar posiciones en un sentido común popular que lleva años en retroceso ideológico. Y para eso, el tándem Pedro Sánchez & Yolanda Díaz es, si la lectura de la coyuntura que vengo de hacer no está del todo errada, la mejor garantía de que disponemos. No significa, claro, que esta sea toda la política que hoy podamos y debamos hacer; significa, quizá, que si vamos a apostar por el juego electoral e institucional, conviene hacerlo por las figuras y organizaciones que tienen más probabilidades de éxito. Las críticas a su falta de ambición, reformismo y pragmatismo, sin duda legítimas cuando no buscan mero poder interno, tienen todo el sentido y la oportunidad si se emiten desde y para los movimientos sociales, es decir, desde y para un tipo de movilización y de temporalidad políticas que siempre miran más allá de la coyuntura y fuerzan, cuando tienen fuerza, a la política de partidos más allá de su propia voluntad y capacidad. La otra crítica, la que se trasviste de movimentismo o izquierdimo pero lo hace para pilotar y ocupar espacios de poder orgánicos, no nos la podemos permitir hoy.

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Jorge Lago estudió Sociología en Madrid, París y Bruselas. Ha sido investigador en la Complutense y el CNRS francés, y es hoy profesor de Teoría Política Contemporánea en la UC3M, además de editor de Lengua de Trapo.

Hace menos de cinco años un bestseller sobre la polarización política —entendida como una amenaza letal a las democracias asentadas— recorrió buena parte del mundo académico, intelectual y mediático. Se trataba del ensayo Cómo mueren las democracias, de los profesores de Harvard Daniel Ziblatt y Steven Levitsky, ambos con buenas credenciales académicas y una moderación ideológica firmemente comprometida con la defensa de los valores democráticos (sea esto lo que fuere).

Una lectura superficial de este libro nos situaba hace ya unos años frente a un riesgo inédito: las democracias ya no estarían amenazadas por los clásicos golpes de Estado propios de países periféricos de débil y reciente democratización, sino que serían las propias democracias occidentales, empezando por la estadounidense, las que estarían en peligro de muerte dada una más o menos rápida erosión de sus valores e instituciones fundamentales. Las democracias podrían acabar desde dentro, sin golpes de Estado ni asaltos militares, y podrían hacerlo mediante el uso torticero de sus propios marcos normativos y sus mismas reglas institucionales.

La democracia estaba en peligro en el corazón de los países que primero y mejor la habían conquistado y defendido, y la razón aparente era, claro, la polarización política. La consideración del adversario como un enemigo o, más bien, la incapacidad de transfigurar la sempiterna figura del enemigo en un adversario legítimo al que respetar y con el que transar, pactar y entenderse.

No bastaba, señalaban estos autores, con el mero juego constitucional y sus mecanismos de equilibrio y reparto de poderes, ni con los sistemas republicanos de contrapesos institucionales, para reconducir el antagonismo político hacia un juego agonista de adversarios que se reconocen como legítimos. Es decir, para que los diferentes actores respetasen sin fisuras el juego democrático, aceptasen perder o ganar y fuesen así capaces de ponerse de acuerdo en un marco de respeto o tolerancia mutua por el que, además, contenían sus máximas reivindicaciones en favor de un consenso imprescindible (la contención es, junto a la tolerancia, la piedra de toque del juego consensual democrático para estos autores): "Las normas de tolerancia y contención funcionaban como los guardarraíles de la democracia estadounidense y permitían evitar la lucha partidista a muerte que ha destruido democracias en otras regiones del mundo, incluida la Europa de la década de 1930 y la Sudamérica de las décadas de 1960 y 1970", concluían Levitsky y Ziblatt (página 14).

Cabe preguntarse qué estaría pasando, al menos a juicio de estos ilustres profesores de Harvard, para que la polarización, esa "lucha partidista a muerte", irrumpiera en EEUU y, a través de la figura de Trump, pusiera en peligro casi dos siglos de democracia, tolerancia mutua y contención virtuosa. ¿Era cuestión de un cambio en los sistemas de valores sin aparente explicación estructural? ¿Una anomalía histórica? ¿Bastaba con reclamar nostálgicamente la vuelta de los viejos valores consensuales de respeto, tolerancia y contención para salir del peligro? No, no bastaba. Lo sorprendente de este libro es que sus autores, entre el lamento por la pérdida de los consensos y la exhortación a su necesaria vuelta a escena (y es desde este estrecho marco desde el que han sido habitualmente leídos y citados), deslizaban una pista extraordinaria, además de honesta, sobre las razones y las causas de la polarización. Aunque señalada de pasada más que explorada a fondo, sin sacar de ella, por tanto, todas las consecuencias que contiene, la clave de lectura que insinúan Levitsky y Ziblatt merece la pena ser señalada de nuevo hoy: la exclusión de la cuestión racial como condición de posibilidad del consenso político estadounidense.

Sí, Levitsky y Ziblatt explicaban sin mucho detalle que la posibilidad histórica de esos dos guardarraíles de la democracia norteamericana (la tolerancia mutua entre adversarios legítimos y la contención de sus demandas y exigencias programáticas) tuvo lugar "una vez que el tema de la igualdad racial desapareció de la agenda política" (página 109). Algo que sucedió, por cierto, pocos años después del final de la guerra civil norteamericana. En efecto, gracias al Compromiso de 1877 (un pacto para retirar las tropas federales del sur y devolver el poder a la antigua élite blanca, dejando así desprotegida a la población negra y despojada por tanto de los derechos civiles poco antes reconocidos) y al fracaso deliberado de la Ley de las Elecciones Federales de 1890 de Henry Cabot Lodge (que habría permitido a los federales supervisar las elecciones al Congreso para garantizar el efectivo sufragio de la población negra), la cuestión racial quedó apartada y la población negra excluida del juego democrático.

Fue por tanto esta traumática exclusión la que permitió edificar el consenso (la tolerancia mutua y la contención) entre demócratas y republicanos. No hay, pues, lugar a equívoco: el entendimiento que pone fin a la "lucha a muerte partidista" se sostuvo en una exclusión originaria. Levitsky y Ziblatt lo saben, lo reconocen y lo señalan, aunque no lo exploren a fondo ni saquen de ello las consecuencias que merece:

"Cuesta exagerar la importancia trágica de tales hechos. Puesto que muchos demócratas sureños contemplaban los derechos civiles y el derecho al voto como una amenaza fundamental, el acuerdo entre ambos partidos de aparcar tales temas sirvió de base para restaurar la tolerancia mutua. La privación del voto a los afroamericanos preservó la supremacía blanca y el predominio del Partido Demócrata en el Sur, lo cual contribuyó a mantener la viabilidad nacional de los demócratas. Erradicada la igualdad racial de la agenda, los temores de los demócratas sureños se atenuaron. Y fue entonces cuando la hostilidad entre los partidos empezó a suavizarse. Paradójicamente, las normas que más adelante servirían para cimentar la democracia estadounidense emergieron de un acuerdo profundamente antidemocrático: la exclusión racial y la consolidación del mandato unipartidista en el Sur". (página 109)

Así las cosas, la dramática polarización que estaría amenazando la gran democracia norteamericana (y que sirve de ejemplo a la polarización política de las democracias occidentales) podría fácilmente interpretarse como reacción a un acontecimiento o quiebra histórica previa, aquella que imposibilitaba o dificultaba de forma notable seguir manteniendo ese régimen de exclusión social y política, en este caso en torno a la cuestión racial pero, sin duda también, en torno a tantas otras formas de exclusión con las que se relaciona y refuerza. Que la ola de movilización por los derechos civiles en la década de los años sesenta y setenta del pasado siglo coincidiera en el tiempo con el origen mismo de la quiebra de los consensos entre los dos grandes partidos norteamericanos y, por tanto, con la génesis de la actual polarización política, no hace sino recordarnos hoy que las condiciones históricas que hicieron posible el consenso eran, además de infames, ya políticamente insostenibles. Levitsky y Ziblatt también lo saben y así lo reconocen, aunque, de nuevo, no le dediquen el tiempo y el espacio que merece:

"Hubo que aguardar a 1965 para que la democracia alcanzara su plenitud en Estados Unidos. Y, paradójicamente, ese mismo proceso desencadenó un realineamiento fundamental del electorado estadounidense que polarizó de nuevo acusadamente a los partidos políticos. Tal polarización, más profunda que nunca desde finales de la época de la reconstrucción posterior a la guerra de Secesión, ha desencadenado la epidemia de infracción de las normas que en la actualidad desafía nuestra democracia" (página 178).

Las cosas están, en apariencia, bastante claras: los consensos políticos se asientan en profundas exclusiones originarias. Todo "adentro" definido por el consenso democrático se erige en un "afuera", es decir, en alguna forma de exclusión. Y cuando ese "afuera" excluido irrumpe en el adentro (mediante los movimientos por los derechos civiles de la población negra, pero, también, los movimientos feministas, en favor de los derechos LGTBQIA+, de las personas migrantes, de trabajadores subalternos, de nuevas reclamaciones nacionales o territoriales y de cualesquiera otras minorías excluidas), es todo el juego de equilibrios políticos y sociales el que salta por los aires. Bienvenidos, pues, a la polarización. O a sus razones.

Pero si esto es así, y hay buenas razones para pensarlo, debemos cuidarnos mucho de las simples exhortaciones que, desde el mundo político, académico y mediático se pronuncian desde hace ya unos cuantos años, aquí o en los EEUU, en favor de la vuelta de los consensos, de la necesidad del mutuo entendimiento y de todos esos llamamientos y manifiestos vacuos contra la polarización política y social. Habría que evitar, sí, ese aire de nostalgia con el que se envuelven los viejos buenos tiempos en los que el consenso entre partidos reinaba nuestras viejas (y también nuestras florecientes) democracias.

Habría, en fin y como conclusión a esta columna, que reconocer no solo que esos viejos consensos hoy añorados se sostenían en formas actualmente insostenibles de exclusión social y política (exclusiones raciales, de clase o género, territoriales…), sino que, además, han sido precisamente las luchas de los grupos excluidos (luchas por su inclusión y reconocimiento tanto como por la transformación de las viejas e injustas normas de inclusión) las que, al tiempo que hacían saltar por los aires las bases del consenso, generaban y generan hoy una profunda reordenación de todo el campo político.

Así las cosas, las izquierdas se enfrentan a la ciertamente difícil tarea de articular un sujeto político capaz de integrar a todos estos nuevos actores sin expulsar, al mismo tiempo, a una parte no desdeñable de su electorado tradicional; mientras las derechas se debaten entre reivindicar nostálgicamente los viejos consensos sin (querer) reparar en las injusticias que los sostenían o, claro, reivindicar y afirmar indisimuladamente esas mismas injusticias y exclusiones, es decir, en orientarse hacia una violenta y profundamente antidemocrática reacción conservadora. La de la polarización, sí. La de la gente de bien. 

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Jorge Lago estudió Sociología en Madrid, París y Bruselas. Ha sido investigador en la Complutense y el CNRS francés, y es hoy profesor de Teoría Política Contemporánea en la UC3M, además de editor de Lengua de Trapo.

La inspección de trabajo realizada recientemente en las llamadas Big Four —las grandes empresas del norte de la capital madrileña— es, creo, una fantástica noticia. Lo es por varias razones que intentaré señalar a continuación, pero lo es, también y sobre todo, porque permite reabrir un viejo y fundamental debate de las sociedades modernas o capitalistas: el de qué hacer con el trabajo.

Este viejo debate de la tradición política dispone, creo, de tres, y solo tres, grandes alternativas: la primera piensa en la necesidad de un enriquecimiento, una mejora o una "desalienación" del trabajo, pues lo considera como fuente de realización personal y eje vertebrador del sentido individual y colectivo; la segunda alternativa pasa por regular no el contenido del trabajo sino, más bien, las condiciones de acceso y permanencia en el empleo para permitir vidas viables, horizontes estables, previsibles y confiables, pues considera que el empleo es la vía privilegiada para el acceso a la vida pública y el ejercicio de la ciudadanía; la tercera opción, por su parte, piensa en la necesaria superación o abolición del trabajo asalariado como forma de mediación o vínculo social general, pues el trabajo es aquí considerado la causa necesaria de la explotación, la dominación y la desigualdad estructural de las sociedades modernas.

En el primer caso, se trataría de unir algo que habría quedado artificialmente separado: unir al trabajador con los frutos de su trabajo y hacerle así dueño de las formas, los ritmos y los tiempos en los que lo realiza; en el segundo caso se trataría de unir al ciudadano con el estatuto laboral del que dispone, y por tanto dotarle de seguridad, libertad y estabilidad en sus horizontes de vida, es decir, proporcionarle una vida desplegada y ordenada en torno al trabajo asalariado y a todo aquello a lo que habilita socialmente; y la tercera alternativa busca, en claro contraste con las anteriores, separar, en lugar de unir, al sujeto y al trabajo, de tal forma que la identidad, los horizontes y las perspectivas de vida no dependan ya del tiempo dedicado al trabajo asalariado sino de un tiempo libre en tanto que liberado de él.

No pretendo, en las líneas que siguen, llevar el caso de las Big Four tan lejos, confrontarlo con estas grandes alternativas o adentrarme en las profundidades de este viejo pero sustantivo debate. Creo sin embargo importante hacer mención, para este y para cualquier otro debate en torno al trabajo, de este inevitable telón de fondo, acaso porque cualquier análisis que trate de cuestiones laborales, por concreto y situado que esté, acabará antes o después topándose con una de estas tres alternativas, o con una combinación más o menos virtuosa de las tres. Y algo diré sobre el tema para concluir esta columna. Veamos ahora más de cerca la importancia, creo que innegable, del significado político que puede tener la inspección de trabajo en las Big Four. Lo haré señalando siete elementos de análisis:

Reaparecen así las tres alternativas con las que arrancaba esta columna para responder a la pregunta de qué hacer hoy con el trabajo. ¿Nos guiamos por la necesidad de mejorarlo, enriquecerlo y dotarlo de mayor autonomía y capacidad de autorrealización personal? ¿Buscamos su regulación para el conjunto de la población y lo intentamos mantener como eje estructurante de nuestra biografía e identidad? ¿O tendríamos quizá que ir aceptando que por deseables y necesarias que sean estas dos miradas sobre el trabajo son hoy del todo insuficientes, y que quizá sea más necesario que nunca tomarse en serio aquel viejo ideal que compone la tercera alternativa, la de pensar en una construcción de la identidad y del orden social desde aquello que hacemos, y haremos cada vez más, fuera y más allá de ese reino escaso y cada vez más esquizofrénico en que se han convertido los entornos laborales y productivos? 

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Jorge Lago estudió Sociología en Madrid, París y Bruselas. Ha sido investigador en la Complutense y el CNRS francés, y es hoy profesor de Teoría Política Contemporánea en la UC3M, además de editor de Lengua de Trapo.

Las democracias modernas están asentadas en una relación compleja y habitualmente asimétrica entre dos formas de poder, uno constituyente, que podemos describir como la posibilidad siempre presente de que el cuerpo social se active como sujeto político y afirme unos objetivos y valores compartidos, o redefina, transforme y actualice los que hasta ese momento le definen; y otro constituido, que resulta de cristalizar y estabilizar esos valores u objetivos compartidos en un marco normativo.

Se trata, por supuesto, de una relación necesariamente circular y, precisamente por ello, necesariamente viva: ni el poder ya constituido puede pretender que todo lo que afecta sustantivamente a un cuerpo social está ya decidido y es inalterable, pues amordazaría la posibilidad de que las mutaciones sociales, culturales y generacionales de todo cuerpo social puedan encontrar acomodo en las formas y contenidos del poder constituido; ni el poder constituyente puede pretender existir como puro ejercicio de una voluntad que todo lo decide pero no acierta nunca a darse una forma estabilizada, a reflejar y traducir su voluntad de poder en normas confiables y previsibles, es decir, sin dar lugar a un poder constituido. 

Una circularidad, pues, entre dos formas y dos tiempos del poder que requiere de un cierto virtuosismo para que puedan ser atendidos e incorporados el avance del tiempo histórico y la diferencia (cambios sociales, culturales, territoriales o generacionales) que irremisiblemente separan el pasado de todo momento constituyente del presente cambiante de todo cuerpo social (de todo poder constituyente latente). Una circularidad virtuosa que, en síntesis, obliga a que la ley constituida no pueda anular nunca la potencia democrática de la sociedad, ni esta desbordar todo marco normativo en el que quedar estabilizada hasta nuevo aviso.

Es a todas luces evidente que en el sistema o régimen político español esta necesaria relación circular entre las dos formas del poder es patológica antes que virtuosa: no solo no ha operado nunca del todo (pues no se ha reformado la Constitución en sus 44 años de existencia, salvo en las dos ocasiones que lo requirió un poder superior, el europeo), sino que ha estado definida por una lógica de permanente bloqueo por la que el poder constituido ha actuado más como dique de contención de las transformaciones que han ido conformando al cuerpo social que como su necesario acompañamiento y reflejo institucional. Como si el marco normativo y jurídico salido de la Transición hubiese servido más para contener a la democracia que para profundizarla y hacerla avanzar. Digo “contener” en su doble sentido: darle un lugar a la democracia y al pluralismo, sí, pero al mismo tiempo que se impide su desborde, es decir, que avance, se profundice o redefina. Como si el poder constituido operara contra la posibilidad siempre renovada de la potencia democratizadora del poder constituyente. Un poder contra otro, no con el otro.

Creo que esta ya larga lógica de bloqueo entre la ley instituida y la profundización democrática permite entender las razones e implicaciones de la crisis jurídica e institucional que estamos viviendo estos días con la no renovación del CGPJ y el TC, la insólita usurpación de la capacidad legislativa y deliberativa por parte de un órgano caducado y deslegitimado, y el ya sempiterno uso netamente patrimonialista de los poderes del Estado que hace la derecha política, cultural y jurídica en nuestro país.

El asunto es complejo y requeriría de más espacio del que aquí dispongo, pero permítanme sintetizarlo mediante la identificación de un esquema demasiadas veces repetido (aunque cuyas consecuencias nunca hayan llegado tan lejos como ahora), y que trenza tres elementos fundamentales: en primer lugar, un momento político en el que se agudiza notablemente el choque entre la norma constituyente y la manifestación de demandas (sociales, políticas o territoriales) que empujan hacia una ampliación o redefinición democrática de lo instituido; en segundo lugar, el uso patrimonialista de los poderes del Estado (con órganos sin renovar, interpretaciones abusivas y harto discutibles de la ley, también el uso paralegal o directamente ilegal de los propios poderes del Estado y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) para neutralizar ese empuje democratizador; y, en tercer lugar, todo un trabajo político y discursivo consistente en sustituir en el debate público ese choque entre el poder constituido y la posibilidad de un empuje constituyente por otra forma de confrontación, la sempiterna pugna entre un ente llamado España (como materialización definitiva de lo legítimo, legal, racional e inmutable) y su simple y llana negación (una anti-España que no puede ni debe caber en los marcos normativos ni en la legitimidad de sus propuestas, demandas o alianzas políticas y parlamentarias).

No otra cosa que la activación de esta triple lógica explica lo sucedido, por ejemplo, con la reforma del estatut de Cataluña: en primer lugar, esta reforma empujaba hacia una redefinición federalizante de la estructura territorial española que podría, además, dar respuesta a demandas provenientes de otros espacios territoriales y nacionales más allá de Cataluña, es decir, podía adecuar la forma del Estado a una nueva realidad social y cultural irreductible al centralismo; en segundo lugar, el bloqueo de esta reforma mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, dictada varios años después de su aprobación y con miembros elegidos por la derecha que deberían haber sido renovados meses antes de dictar sentencia; y, en tercer lugar, una sentencia dictada en el momento mismo en que España se adentraba en una profunda crisis económica y social que la derecha acertó a gestionar gracias a reubicar el eje del debate social mediante la mera confrontación entre España y anti-España, es decir, entre demócratas y no demócratas, constitucionalistas e independentistas. 

Sabemos lo que vino después: mientras las consecuencias de la crisis económica y política alumbraban un momento cuasi instituyente en las plazas de todo el Estado, y tras la traducción de este empuje democratizador en la aparición de nuevas formaciones políticas, nuevas demandas sociales y nuevas aspiraciones culturales, la derecha (siempre con la aquiescencia subalterna del PSOE) acertó, una vez más, a desplazar el eje del debate público: ya no era cosa de una disputa en torno a la renovación, modernización o transformación de los marcos normativos instituidos para adecuarlos a esas nuevas demandas y aspiraciones sociales en algunos aspectos mayoritarias, sino de agudizar, procés mediante (es decir, con la inestimable ayuda de un movimiento independentista sin suficiente fuerza social y electoral, y sin una hoja de ruta legal o democrática definida) la confrontación entre España y anti-España. De nuevo, pues, la separación crítica entre el poder constituido y las posibilidades constituyentes de buena parte del cuerpo social quedaba contenida y gestionada mediante ese doble trabajo de desplazamiento, por una parte, a la confrontación nacional y, por la otra, al trabajo de los poderes del Estado patrimonializados por la derecha: judicialización del procés, aplicación de figuras delictivas pertenecientes al siglo XIX, uso relativo de la fuerza y, claro, exacerbación inédita del conflicto territorial y nacional. También, no lo olvidemos, mediante el uso de una policía patriótica en connivencia con grupos mediáticos subvencionados por la derecha. De nuevo, en fin, la posibilidad de que+ las transformaciones del cuerpo social alteraran las formas del poder constituido (ese siempre tímido y latente poder constituyente, esta vez expresado en el 15M tanto como en la precedente reforma cuasi federal del estatut de Cataluña) quedó bloqueada. Y todo ello a costa, qué duda cabe, de enfrentar unos territorios con otros, unas aspiraciones con otras, como si España fuera un juego de suma cero en el que las diferencias necesariamente restan en lugar de sumar.

La situación estos días se aclara, creo, desde este rápido y sin duda parcial marco de lectura que vengo de esbozar. Pero con una profunda diferencia: el PSOE ya no ha quedado atrapado o subalternizado por la derecha en el lado legítimo y central de esa frontera con la que divide secularmente el campo político: en el lado de un poder constituido inmutable y concebido para neutralizar todo avance o transformación democrática, el de la España perenne y los demócratas frente al resto. Y que esto sea así lo cambia, potencialmente, todo. De ahí que la pugna jurídica e institucional haya escalado estos días hasta cotas inimaginables: si el bloque social, político e incluso cultural que, quizá a pesar suyo, está representando y pilotando hoy Sánchez sigue avanzando en la gestión y acompañamiento de demandas políticas, sociales y territoriales secularmente neutralizadas por el binomio derecha/Estado, podrá acaso desbloquear esa relación siempre truncada entre un poder constituyente necesariamente vivo y un poder constituido al que cada vez le cuesta más funcionar como dique de contención de la transformación de nuestra sociedad. Es evidente que la derecha, atrincherada en los poderes intermedios del Estado, no puede permitir que esto sea así, acaso porque la democracia que aceptó en el 78 es, me temo, toda la democracia que estaba y está en condiciones de acepar (incluso en contra de las indudables posibilidades de profundización democrática que la propia Constitución permite). Atrapada quizá en la paradoja de haber convertido en un mito constitutivo de su identidad un momento histórico que nunca le perteneció, aunque solo sea porque no aceptó ni votó en bloque la Constitución que hoy fetichiza, ha acabado confundiendo el conservadurismo consustancial a sus valores con el más trágico inmovilismo político, moral y cultural. 

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Jorge Lago estudió Sociología en Madrid, París y Bruselas. Ha sido investigador en la Complutense y el CNRS francés, y es hoy profesor de Teoría Política Contemporánea en la UC3M, además de editor de Lengua de Trapo.

Empecé esta columna horas antes de que las revisiones de condena imputadas a la ley del sí es sí provocaran el enésimo conflicto político y mediático. Mi intención en esa columna luego truncada era dar cuenta de las (sin)razones de las airadas declaraciones de Pablo Iglesias sobre Yolanda Díaz unos días atrás, y alertar así de lo que nos jugamos todos en neutralizar este tipo de reacciones sin más horizonte político que el rencor y la derrota. Todo indicaba, sin embargo, que tenía que cambiar de tema, no solo porque parecía caducar el de Pablo contra Yolanda, sino porque de repente se volvía más urgente o necesario (siempre presos de la novedad, siempre convencidos de tener que opinarlo todo) clamar contra la dañina estrategia de comunicación que se ha estado siguiendo desde Podemos para responder a las críticas de la Ley del sí es sí. 

Pero tras una debida pausa en la escritura, caí en la cuenta de que, bien mirados, ambos casos tratan de lo mismo. Que tanto en el affaire Pablo contra Yolanda como en la actual reacción de Podemos ante las críticas a la ley están operando exactamente las mismas tres lógicas. Veamos: 

La primera es la de reducir la comunicación política a una lógica identitaria e inmunitaria: no solo se procede a dividir el campo político y mediático entre los que están conmigo o los que están contra mí, sino que se hace bajo una perversa lógica inmunitaria frente a la posibilidad de cualquier contagio con el otro, es decir, de acoger en tu discurso las razones, preocupaciones o intenciones de los otros (la de jueces progresistas, periodistas y votantes de izquierdas —también de derechas o indiferentes a esta distinción ideológica— legítimamente preocupados con lo que hoy sucede, la de feministas críticas con algunos supuestos de la ley o con reducir al código penal la respuesta a un problema social, la de compañeros del espacio político que desconfían de la estrategia utilizada, por ejemplo). Una lógica que hace imposible aceptar como legítimas las diferencias o críticas que el otro expone, por más que las consideres erróneas. El otro, cualquier otro, queda así reducido a una pura expresión de mala fe: dice lo que dice porque es machista, desleal, cobarde o un oportunista que se alinea con el adversario… por poner solo algunos ejemplos extraídos de las calificaciones que pueblan los tuits y las declaraciones recientes de los portavoces de Podemos. Yo o ellos, sin espacios intermedios, sin contagio posible entre uno y otros. Una lógica que, por supuesto, no hace sino estrechar cada vez más el espacio político de lo que cabe en ese yo, y de agrandar hasta la saciedad el espacio del ellos. La dialéctica del amigo y el enemigo, propia seguramente de toda acción política, necesita de tener amigos, no de reducirlos hasta la mínima expresión.

La segunda lógica procede, en estrecha relación con la anterior, a sustituir el debate sobre las decisiones políticas (qué cambios y hacia dónde, qué líneas estratégicas, qué objetivos ideológicos y cómo conseguirlos) por una mera lógica de poder interno (qué me permite resistir y mantener el liderazgo y control del espacio político que pretendo representar). En esta lógica todo actor que adquiera visibilidad y poder social es necesariamente visto como una amenaza, nunca como un activo o una suma deseable dentro de un espacio político plural. Lo que lleva, incluso, a una perversa inversión del sentido de toda estrategia política: la de apelar a diferencias ideológicas para justificar decisiones de política interna, es decir, la de convertir el debate político y la diferencia ideológica en una herramienta instrumental e interesada para mantener el control del poder de un espacio político. 

La tercera línea de continuidad entre un caso y otro es la de emprender batallas comunicativas ignorando (consciente o inconscientemente) el marco político general y las relaciones de fuerza que lo definen, llegando muchas veces a elegir el peor momento posible para dar esas batallas. Por ejemplo, y en el caso de las declaraciones contra Yolanda hace apenas unas semanas, realizadas justo cuando la precaria posibilidad de que el Gobierno de coalición revalide en las próximas elecciones generales parecía adquirir tonos positivos y esperanzadores (en parte por el descenso a lo real de Feijóo, en parte por una buena gestión del Gobierno), y, en el caso de la batalla contra las reacciones a la Ley del sí es sí, justo en el momento en que la derecha, de la mano de Ayuso, mostraba signos inequívocos de debilidad frente a una manifestación masiva contra su política sanitaria. Vale decir dos batallas comunicativas de Podemos que opacan pequeños hitos en una difícil pugna contra un estado de la opinión pública que hace apenas un par de meses parecía tan inamovible como hostil a que las izquierdas pudieran revalidar el Gobierno. Como si la disputa por la identidad (ese yo aguerrido siempre en lucha contra el otro) y la pugna por el poder interno (frente a todo actor que muestre líneas de actuación autónomas) acabara teniendo siempre mucho más peso, y se pusiera en ello mucho más deseo y pasión que, y no es cosa menor, ganar las próximas elecciones generales y revalidar el Gobierno de coalición del que formas parte. Una pulsión autodestructiva que, me temo, proporciona una clave de lectura imprescindible para entender no poco de lo que hoy mueve a algunos líderes de Podemos, y que lleva muchas veces a que nos preguntemos si no se privilegia la disputa por el poder del partido a la del poder político mismo. 

Si aplicamos estas tres lógicas, en primer lugar, a la reciente reacción de Podemos a las revisiones de condena relacionadas con la Ley del sí es sí (luego haré lo propio con el Pablo vs. Yolanda), quizá podamos entender algo mejor el por qué y el para qué de la estrategia de comunicación empleada. Me remontaré para ello al principio, tanto cronológico como político, de esta estrategia: no otro que el de defender la necesidad de la ley como respuesta a una sentencia, la de La Manada, y a la indignación popular que naturalmente despertó. Aquí nos topamos ya con un problema de origen, del que un partido —y un Gobierno— de izquierdas, progresista o feminista, debería haberse cuidado mucho: vincular la necesidad de reformas legales a climas de indignación social y moral, acaso porque en ese contexto solo puede entenderse la reforma de una ley desde la búsqueda de más castigo, más dureza y más penas, precisamente lo que hoy se vuelve contra la propia ley.

Es decir, acabas comunicando que los problemas sociales, políticos y culturales deben tener respuestas fundamental o prioritariamente penales. Precisamente el espacio ideológico y moral en el que solo pueden ganar las derechas —pues les es propio—, y ello a pesar de que el ánimo de la ley vaya, al menos en parte, en la dirección contraria. Pero, ¿por qué se decidió enmarcar la redacción de la ley en un clima de indignación popular contra la sentencia de La Manada en lugar de proceder a una más profunda reflexión sobre las formas de lucha contra las violencias sexuales? Pues porque quizá tuvo más peso, en el origen de la ley, utilizar ese clima de indignación popular para disputar la hegemonía del feminismo frente a otros actores sociales y políticos (entre ellos, claro, el PSOE). Aquí es donde la lógica del privilegio de la disputa política interna sobre la definición estratégica e ideológica irrumpe con toda su tozudez. De forma que, a pesar de los indudables elementos positivos que contiene la ley, que son muchos, faltó desde el principio una más pausada, honesta y clara reflexión sobre la apuesta feminista por la que abogaba la ley. Precisamente el tipo de debate ideológico y social que podría haber permitido explicar hoy cosas tan elementales como que, en determinados casos, la reducción de condenas por revisión de sentencia puede no ser sino un efecto necesario de una buena ley.  

Así las cosas, y por resumir quizá demasiado, podemos identificar en el origen de esta ley un peligroso cruce de caminos entre el clima de indignación y movilización social en contra de una sentencia socialmente inadmisible, la disputa por la hegemonía o la representación del feminismo, y el no menos importante hecho de que esa disputa, siempre más interna que externa, no permitió la imprescindible definición del marco político, ideológico e incluso filosófico por el que, desde dentro del feminismo, apostaban los redactores de esta ley (no entraré en este debate, feministas de probada solvencia lo han hecho antes y mucho mejor de lo que yo pueda hacerlo aquí). Es este cruce de caminos el que permite identificar una carencia originaria que dificulta hoy disponer de la suficiente coherencia comunicativa como para enfrentar los distintos casos de revisión de condenas (y esto con independencia de que se produzcan por un error en la redacción de la ley, por una deficiente o interesada interpretación de la justicia, por ambas posibilidades o, lo que parece más probable, por las consecuencias inevitables de todo proceso de reforma penal, pero no por ello imprevisibles y hasta cierto punto acotables). 

Así que este debate ausente en el origen y definición de la ley, que me temo se explica en buena medida por la lógica que prioriza la disputa política interna (la pugna por hegemonizar el feminismo) sobre la reflexión ideológica y estratégica (qué feminismo, qué horizonte político desde él), nos lleva hoy a preguntarnos qué es lo que se pretendía con esta ley: ¿ampliar libertades sexuales o endurecer los mecanismos de castigo? ¿Impulsar el empoderamiento de las mujeres y su libre deseo o reforzar indirectamente el marco moral y normativo del sujeto pasivo de deseo que debe consentir al sujeto activo del deseo, naturalizando roles de género que la propia ley pretende acaso enfrentar? ¿Derivar a procesos sociales, culturales y pedagógicos las herramientas sustantivas para erradicar o al menos mitigar las violencias sexuales —demostradas por decenas de estudios como las herramientas más eficaces— o enfrentarlos fundamentalmente desde el código penal —cuyo endurecimiento sabemos por esos mismos estudios que no resuelve el problema, por más que pueda gozar de respaldo social y electoral—? ¿Más penas o más política social? ¿Reformar, incluso a la baja, un código penal que es, y sigue siendo, de los más duros de nuestro entorno europeo, o refundir los delitos de abuso y agresión para impedir aberraciones jurídicas como las que llevaron a juzgar como abuso claras agresiones sexuales mediando drogas, y acabar así con la posibilidad de sentencias como las de La Manada?.

Quizá todo ello, pues una ley de este calado es siempre un mecanismo enormemente complejo que ni se basta a sí mismo —y necesita por ello de otras herramientas políticas, pedagógicas y de prevención— ni se reduce a un solo objetivo o voluntad interpretativa. Pero, insisto, en ese origen mismo de la ley, y sobre todo en el debate social y parlamentario que acompañó su redacción, anida una indefinición originaria que dificulta hoy una adecuada comunicación política para enfrentar sus efectos sociales y jurídicos. Que estemos hablando estos días de técnica jurídica, de su uso o abuso patriarcal, y no de las herramientas políticas más eficaces y garantistas para acabar con, o en cualquier caso reducir drásticamente, las diferentes violencias sexuales es, quizá, un trágico síntoma de ello. 

Pero esta dificultad en el origen no marca a fuego la imposibilidad de toda comunicación política eficaz. Se vuelve, cierto, mucho más difícil, pues no se ha trabajado un clima favorable en la opinión pública, pero no puedo dejar de pensar en lo sencillo que hubiese sido responder a las noticias sobre la reducción de algunas condenas de una forma similar a la que sigue: 

a) Se ha hecho una ley para armonizar las penas e impedir, por tanto, casos como el de La Manada; b) pero la ley tiene como objetivo no confiar exclusivamente en el código penal (ni en la dureza de sus penas) para enfrentar un problema social y cultural que se resuelve siempre más eficazmente desde o junto a medidas sociales, culturales y pedagógicas que se están tomando y que van mucho más alla de la lógica jurídica y punitiva; c) que es del todo comprensible que en algunos casos se revisen penas a la baja, como habrá, en casos puntuales y a partir de la aplicación de la ley y para futuros delitos, algunas condenas con penas mayores; d) que instas a la Fiscalía General del Estado por un lado, y al Tribunal Supremo por el otro, a que unifiquen criterios para reducir tanto la posible inseguridad jurídica como los errores de interpretación que se puedan derivar, como sucede con toda reforma legal de calado; c) que, por supuesto, siempre habrá interpretaciones aberrantes de la ley, como las hubo antes, pero que confías en que se tratará de casos cada vez más puntuales, tanto más cuanto más avance este país en formación para sus empleados públicos y en unos cambios del sentido común popular ya irreversibles; d) que pones a disposición de todas las víctimas que hoy puedan sentirse vulneradas o revictimizadas todos los recursos del Estado, desde la fiscalía a las herramientas de la política social, para mitigar un daño que entiendes y del que te haces cargo; e) que estás haciendo avanzar este país en reconocimiento de las víctimas, en la garantía y ampliación de los derechos de todas las mujeres, por más que transitoriamente puedan darse casos de reducción de condenas, algunos comprensibles porque la función de un Gobierno progresista no es la de resolver los problemas sociales con respuestas penales, otros incomprensibles, porque aún queda mucho trabajo por hacer en la formación en igualdad de toda la sociedad, incluidos, claro, algunos jueces; f) que otros casos en que se revisen y se reduzcan las penas se deberán a una interpretación objetiva o correcta de una ley compleja pero cuyo saldo es positivo para este país; f) y que si hay cualquier recoveco en la ley que pueda permitir un uso erróneo o perverso, se estudiará y subsanará. 

Pero no, se optó por una respuesta comunicativa conducida por la triple lógica que antes esbozaba: afirmación identitaria (conmigo o contra mí), sustitución del debate ideológico por la política interna (Podemos contra el PSOE, contra Yolanda, contra todo lo que no representa “su” feminismo), y total indiferencia al clima político general (que iba favoreciendo a unas izquierdas en repliegue desde hacía meses, para volverlas a replegar frente a las derechas). El resultado está siendo, claro, dramático: refuerza una discusión social en torno al castigo e incluso la venganza, el llamado punitivismo, en el que solo podemos perder y la derecha y extrema derecha ganar; desplaza peligrosamente el acto democrático de hacer justicia, de proteger a las víctimas al mismo tiempo que se amplía la libertad sexual de todas y todos, hacia una lógica de alarma social ampliada que acaba representando a la justicia como mucho más insegura, patriarcal y arbitraria de lo que es, ayudando, sin duda involuntariamente, poco o nada a que el acto mismo de denunciar ante la ley se vuelva aún más complejo y traumático; se coquetea con una imagen perversa del feminismo como aquello que sirve para criticar todo lo que no le gusta a la izquierda (ese “no es la ley, es el machismo de los jueces”, sin más matiz o consideración), debilitando su potencia crítica y transformadora; se le pone en bandeja de plata a la reacción (pre)ilustrada de una parte del feminismo del PSOE la posible paralización sine die de la Ley Trans (y si no, al tiempo); y, al acusar de machismo o patriarcalismo judicial toda interpretación de la ley que permita una rebaja de condenas se impide, por un lado, analizar cuáles de estas revisiones a la baja son efectivamente resultado de una errónea, discutible o aberrante interpretación de la ley, cuáles de una sensata revisión de sentencias dada una reforma progresista de un código penal especialmente duro, y cuáles un efecto indeseable pero inevitable de toda reforma penal. Si todo es machismo, se vuelve altamente problemático, cuando no imposible, encapsular para señalar las formas y los jueces que efectivamente lo son, y luchar en condiciones contra su poder social y legal. Por último, se provoca un cierre de filas de la justicia (incluida la asociación Jueces para la democracia, a la que paradójicamente pertenece la secretaria de Estado Vicky Rosell), en lugar, de nuevo, de permitir, o incluso provocar, el aislamiento de aquellos espacios de la judicatura (que haberlos claro que los hay) en pie de guerra contra la ley, el Gobierno de coalición o, directamente, toda política progresista. 

La respuesta política ha quedado así encerrada en una estrategia de conmigo o contra mí que está resultando del todo contraproducente (al menos si se entiende la política como otra cosa que un heroico pero ineficaz resistencialismo de una identidad de partido y unos dirigentes políticos), al tiempo que vuelve imposible aquello que hoy demanda sin tregua Podemos: que la izquierda toda se solidarice con los ataques, indudablemente injustos y, en no pocas ocasiones, aberrantes, que se están dirigiendo contra las representantes del Ministerio de Igualdad. Si no hay más opción que esa polaridad rocosa entre el con ellas o contra ellas, me temo que muchos y muchas, quizá todos los que creemos en una irrenunciable pluralidad de opiniones y posiciones políticas, optaremos por no estar allí donde se nos exige estar. 

Como señalaba al principio de esta ya larga columna, es esta triple lógica que conduce hoy la reacción de Podemos ante las críticas a Ley del sí es sí la que, me temo, explica también las duras declaraciones que hace apenas una semana realizó Pablo Iglesias contra Yolanda Díaz. El tema, claro, viene de lejos y requeriría del espacio de otra columna para desarrollarlo, así que permítanme, para terminar ya, esbozar de forma telegráfica cómo se han entrelazado esas tres dimensiones en la evolución de la relación Pablo/Yolanda. Lo haré ilustrando las que creo son cuatro fases claramente distinguibles en esta relación. Veamos: 

La primera fase, que llega hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2021 en Madrid, responde a un discurso hacia fuera que legitima una crisis interna de Podemos. Hacia fuera el diagnóstico es repetido una y otra vez: “las derechas no pueden ganar, el Gobierno de coalición es la única opción”. Ergo da igual que Podemos tenga 50 que 30 diputados: se legitima así la crisis interna. Es en esta fase que Iglesias tiene, eso sí, que salvar los muebles, vale decir, impedir que Podemos desaparezca de la Comunidad de Madrid devorado por el desleal errejonismo. Un diagnóstico optimista hacia afuera (las derechas, recordemos, no iban a ganar nunca en España), operaba como forma de sostener una crítica situación interna (Podemos se desangraba en cada cita electoral). Es esta lectura interna/externa la que lleva a a Pablo Iglesias nombrar sucesora a la mejor opción que, en el largo plazo, puede contener la sangría electoral, sin dinamitar por ello el partido por dentro, ahora en manos de Ione Belarra. 

Pero la segunda fase de esta historia cambia las cosas: la derrota electoral en Madrid —con sorpasso de Más Madrid a Podemos y al PSOE incluido— y el acto de Yolanda en Valencia con representantes de partidos electoralmente rivales, lleva a Pablo Iglesias a modificar el diagnóstico hacia afuera y su relación con él adentro. Ya no es cosa de que ganen sí o sí las izquierdas, sino de que Pedro Sánchez va a adelantar las elecciones generales, pues serán inequívocamente antes de las municipales de mayo de 2023. Repetido otras mil veces, este diagnóstico contiene un claro deseo performativo: que Yolanda no tenga tiempo para montar una candidatura amplia sin la tutela asfixiante de Podemos. De nuevo el afuera se explica y construye desde el adentro: ganar poder de negociación e impedir en lo posible que la candidata designada tome decisiones con la autonomía política que todo candidato necesita y, claro, exige.

Pero una tercera fase vuelve una vez más caducas las interesadas predicciones realizadas hasta el momento: ahora, dice Iglesias, “las derechas van a gobernar este país”, y esto se plantea como un hecho incuestionable. Recurrentemente repetido en sus intervenciones en La Ser y en La Base, el diagnóstico se acompaña ya, pues esa fue siempre su razón de ser, de cada vez más duras y explícitas críticas a Yolanda. La razón no es difícil de imaginar: por un lado, diferenciarse y distanciarse de una candidata que se prevé perderá y morirá con Sánchez en las próximas elecciones generales (y poder así dirigir desde Podemos los cuarteles de invierno en los que, durante los cuatro años de dura oposición, se atrincherará la izquierda), por otro, atacar una figura que adquiere autonomía, visibilidad y relevancia notables. Poco importa que quede año y medio largo par las elecciones y que nada pueda aún asegurar la derrota de las izquierdas; poco importa que esa ulterior derrota o victoria dependa, y no en una medida desdeñable, de las decisiones estratégicas que tome Podemos; poco importa, en fin, que los dos diagnósticos anteriores profetizaran lo contrario de lo que ahora se anticipa, y que una y otra vez se demuestren erróneos. Importa armar un discurso hacia fuera que legitime acciones emprendidas hacia dentro: Yolanda ya no encaja en en el estrecho “conmigo”, así que igual está “contra mí” y hay que marcarle el paso. 

Hace unas semanas entramos en la cuarta fase: la precipita, precisamente, la mejoría indudable de las opciones de revalidar el Gobierno tras las una y mil torpezas de Feijóo y una cierta voluntad —y acierto— de poder de Sánchez. De repente las predicciones resultan, una vez más, erróneas. Ya no es imposible revalidar el Gobierno, las izquierdas pueden ganar y, además, no parece que se vaya a producir ese adelanto electoral que iba a dejar sin tiempo a Yolanda para adquirir cierta autonomía, ampliar la identidad del espacio político y salir del estrecho “conmigo” en el que ha quedado encerrado. La respuesta de Iglesias es, de nuevo, demasiado conocida: poner a trabajar sin tregua la lógica del conmigo o contra mí en una deriva que ya no solo se enfrenta con todo a Yolanda, sino a todo aquel que pretenda poner en cuestión esa polaridad cada vez más asfixiante entre el yo y el ellos (de ahí la cruzada que se emprende contra todos los periodistas, columnistas o antiguos compañeros de viaje que, ironías de la historia, fueron el sostén de Iglesias durante Vistalegre II). Lo trágico es, de nuevo, el privilegio otorgado a la política interna sobre las posibilidades políticas externas, a controlar el partido en lugar de disputar el poder político, y a sustituir el análisis y el debate sobre los horizontes tácticos y estratégicos (qué políticas, qué reformas y transformaciones, qué conquistas perseguir) por la mera confrontación interna. Y todo ello, precisamente, en el momento en que parecía posible una victoria del Gobierno de coalición en las próximas elecciones generales. Esa condición necesaria, pero sin duda no suficiente, para una política transformadora.  

Termino ya, y lo hago con una conclusión meridiana: desde esta triple lógica que vengo de intentar describir en esta columna, no se puede. Ni se puede negociar, ni se puede pactar, ni se puede gobernar ni, claro, se pueden ganar unas elecciones.

Hace unos días Daniel Innerarity publicó una columna del todo relevante para la reflexión política contemporánea. Su reflexión contenía un diagnóstico tan certero como necesario: la izquierda, el progresismo o la política emancipadora (llámenla como prefieran) está cada vez más tentada a definirse y pensarse desde el daño o el agravio y, por tanto, a orientar desde esa herida unas propuestas políticas que quedan irremediablemente marcadas por la búsqueda del castigo, la prohibición o la sola reivindicación del reconocimiento de una identidad dañada. Estaría la izquierda, una parte de ella o la imagen que toda ella proyecta en una parte no desdeñable de la sociedad, animada por un afecto político atravesado por el lamento más que por la reivindicación del placer, por la expresión de un sufrimiento más que por el deseo de emanciparse de él.

Una izquierda quejosa y, al cabo, mandona, venía a señalar Innerarity, que estaría perdiendo la batalla de un sentido común que termina por pensar que “nos quiere infelices, mientras que la derecha nos dejaría disfrutar haciendo lo que queramos”. La respuesta de Innerarity a este diagnóstico es tan clara como urgente: encomendar a la izquierda la tarea de invertir esta lógica y acertar en representar o encarnar la libertad y no la prohibición, el disfrute y no el daño o el agravio.

Encuentro, sin embargo, en la reflexión de Innerarity una paradoja que es, además, del todo sintomática, pues creo que muestra las mismas dificultades que él identifica en la relación que tiene la izquierda con el deseo, el placer y la libertad. Digo esto porque al tiempo que afirma la necesidad de que la izquierda reivindique y abandere el placer o el libre disfrute de cada cual, creo que Innerarity concluye en la necesidad de imaginar algo así como unos límites para ese placer reivindicado, en apelar a su contención o a su regulación. Como si en el momento mismo en el que se defiende desde la izquierda la necesidad del disfrute y del placer tuviéramos inmediatamente que aclararnos, matizar y medir nuestras palabras: el placer sí, pero con límites. Con un cierto control o una cierta moral: un placer compartido, consensuado con el otro, que le incluye, un placer en común. Una suerte de regulación para el placer que, imagino, impide así su desborde o desquicie. Como si nos habitara un cierto temor por los excesos supuestamente inevitables que todo disfrute o placer conllevarían, incluso todo ejercicio de la libertad.

Esta observación crítica no resta un ápice de potencia al texto de Innerarity ni al impecable diagnóstico que en él despliega, pero sí contiene una duda no menor acerca de la respuesta política que acaba proponiendo. Me explico: tras enunciar que la izquierda corre el riesgo de quedar atrapada en la queja y el agravio, así como en las inevitables respuestas políticas negativas o regresivas (en lugar de liberadoras o progresistas) que se desprenden de estos afectos (prohibiciones, búsqueda de culpas y castigos), Innerarity pasa a identificar en la tradición comunista tanto una imposibilidad como una valiosa —aunque indirecta o paradójica— lección que deberíamos rescatar hoy. La imposibilidad es la de pensar que el daño, la humillación y el dolor alumbren necesariamente un porvenir liberador, es decir, que contengan su potencia política superadora, amén de que ésta tenga necesariamente que realizarse mediante la erradicación de toda forma de propiedad privada (en esa falsa identificación, nos recuerda Innerarity, entre la libertad y el mundo burgués). En cuanto a la valiosa lección que hoy podríamos retener de aquel deseo comunista, se nos sugiere que “no era la vacua pretensión de una propiedad colectiva que es completamente irreal, sino la apelación a un modo diferente de poseer”. ¿Cuál? El que hoy podríamos imaginar como un goce personal que implicaría necesariamente el goce del otro, un placer compartido gracias a un previo consentimiento, un goce vinculado y vinculante. Un placer moralmente aceptable y, en cualquier caso, moralmente deseable. O, como sugirió Julio Martínez Cava al reaccionar en Twitter al texto de Innerarity, un placer regulado. Y aquí pareciera que, al final del recorrido y del diagnóstico, más que la reivindicación de una libertad vuelta hacia el placer, lo que Innerarity acabe reivindicando sea una forma moral (de izquierdas) para el placer, es decir, un ideal que nos oriente acerca de cómo debería ser su ejercicio (y, por tanto, qué formas no debería adoptar porque no son aceptables o permisibles).

El caso es que creo que podemos (¡y debemos!) evitar esta aproximación paradójica al placer o el libre disfrute, esa que tan pronto como los reivindica siente la necesidad de darles un contenido moral y, por tanto, regularlos, limitarlos, dictaminar qué es o no aceptable en su ejercicio y, al cabo, coquetear con las mismas formas moralizantes de la izquierda que pretendíamos superar. Creo, sí, que podemos (o, insisto, debemos) evitar estas paradojas, y que podemos hacerlo rescatando, además, otra valiosa lección de aquel deseo comunista de una propiedad socializada o común. Pues, con independencia de la vacuidad o irrealidad de la propuesta política y económica en que quedó materializado, ese deseo comunista estaba alimentado por la aspiración no tanto a una forma u otra de producción, apropiación y disfrute social, sino a la universalización de su acceso, vale decir, a su democratización. Y es quizá por ello que la socialización de la propiedad sea más interesante por la forma que tenía en el pensamiento marxista (el deseo de un disfrute de y para todos, la erradicación del privilegio) que por el contenido concreto que se le pudiera dar (compartido y moralmente regulado, como creo que acaba proponiendo Innerarity). Y no tanto porque el placer no deba o pueda ser un ejercicio compartido, que sin duda, o porque deba tener una regulación u otra, una expresión u otra (que la tendrá, pues las prácticas sociales libres generan sus propias regulaciones) sino porque igual se trataba, simplemente (¡como si fuera poco!), de garantizar que ese disfrute pudiera ser universal y no el privilegio de unos pocos.

Es bien posible, en fin, que esta democratización no solo sea la mejor garantía para la (auto)regulación social e individual del placer, el disfrute y la libertad misma, sino para ahorrarnos la tediosa necesidad de imaginar una forma u otra, un límite moral u otro, para el ejercicio de un disfrute o una libertad que quizá no deberían tener más límite que su democratización o universalización. Tal y como aspiraba el viejo ideal democrático republicano, del que el marxismo fue su más directo heredero, si la libertad dejaba de ser el privilegio de unos grupos sociales frente a otros, y si el placer o el disfrute dejaba, por tanto, de ser posible para unos en la medida en que no lo era para otros, se podría garantizar su ejercicio: nadie estaría en condiciones de disfrutar a costa de otro o, al menos, ese otro estaría siempre en condiciones de negarse libremente a convertirse en un instrumento para el placer ajeno.

Concuerdo, pues, con Innerarity en los problemas teóricos, prácticos e históricos que llevaron al deseo comunista a pretender erradicar los privilegios mediante una forma de producción y apropiación social que, por el camino, acabó con la libertad y el disfrute (considerados por el marxismo ortodoxo como caprichos burgueses y no como las aspiraciones democráticas y populares que fueron —y son—), pero me cuesta seguirle en esa digamos que sintomática necesidad por adjetivar y contener la forma de ese disfrute. Y esto porque quizá de lo que se trató siempre fue de permitir una práctica libre y democrática del disfrute, de reivindicarla como el corazón mismo de toda política emancipadora, y no tanto pautar o imaginar cómo debería ser realizado o regulado. O, si lo prefieren, y expresado en forma de eslogan, se trata de reivindicar una política que garantice el ejercicio de la libertad pero que no pretenda nunca determinar cuál es su forma o contenido.

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Jorge Lago estudió Sociología en Madrid, París y Bruselas. Ha sido investigador en la Complutense y el CNRS francés, y es hoy profesor de Teoría Política Contemporánea en la UC3M, además de editor de Lengua de Trapo.

En la fascinación, sin duda acompañada de hartazgo e incluso de rechazo, con la que desde toda Europa se ha seguido el ritual por la muerte de Isabel II, habita –creo– una profunda y sintomática mirada nostálgica. No por la probable simpatía que el reinado más mediático de la historia ha tenido y tiene en muchos europeos, ni por la imponente pompa con la que se ordenó y se despidió, ni siquiera por el modo supuestamente virtuoso con el que ejerció un poder presuntamente vacío (quizá la forma de poder más llena que haya, capaz incluso de acoger y opacar una herencia colonial infame). 

Me refiero a otra cosa, a una nostalgia (paradójica, contradictoria pero, con todo, creo que ampliamente compartida) por la desaparición, común en todas las democracias occidentales, de un lugar simbólico –pero con indudables efectos prácticos y materiales– que buscaba representar, y en cierta forma lo lograba, la unidad de las diferencias (sociales, ideológicas, políticas o culturales) de un país. O que permitía, en todo caso, imaginar como posible y deseable esa unidad de lo diferente. Nostalgia, por tanto, de un mundo (el de la reina Isabel II pero, más allá de ella, el de esas democracias europeas salidas de la segunda guerra mundial) que parecía poder encontrar un símbolo, un espacio, un pasado siempre rememorado o una institución en los que quedaran reunidas y armonizadas las múltiples partes de una realidad en conflicto. Una unidad de lo múltiple y heterogéneo que todo indica se ha vuelto hoy irrealizable o inimaginable. Y de ahí, claro, la nostalgia. 

Incluso entre la mirada más descreída o crítica, esa que se sitúa a menudo en lo otro mismo de esas formas de representar la unidad de lo social (la mirada de quien la impugna o la niega, sin duda cargado de razones pero siembre con el riesgo de necesitarla una y otra vez, de recurrir a esas formas de unidad para nombrarse y decirse frente a ellas, contra ellas), incluso en esa identidad antagonista al orden perdura, en un juego de espejos con las más aguerridas miradas monárquicas, constitucionalistas o democráticas de toda la vida, esa nostalgia por un mundo que podía encontrar, nombrar o imaginar la representación de una unidad de lo diferente. Fuese para reivindicarla y celebrarla, o para encontrar en ella el objeto del rechazo que dota de identidad y razón políticas, la representación de una unidad posible de lo social que da orden y estabilidad, que representa así la sociedad y las instituciones políticas como un cuerpo que necesita de todas sus partes, por enfrentadas que parezcan (cuerpo social, cuerpo político), se nos aparece seguramente hoy como una falta, como una ausencia que nos acecha y preocupa. 

Una suerte de presencia fantasmática que inquieta y perturba la tranquilidad de muchos. Otros, claro, celebran esta ausencia, por más que algo de ellos mismos desaparezca también cuando quiebra (eso, precisamente, que les constituía al definirse contra lo que hoy se desvanece). Es habitual nombrar los temores por el final de esas formas de representar la unidad como el de una insoportable polarización social (es decir, la imposible unidad de los contrarios), o como una guerra cultural sin tregua. Como si habitáramos ya un mundo en el que habríamos dejado de compartir un lugar común (un monarca virtuoso, una nación sin divisiones, una constitución ejemplar, un contrato social que nos pacificó, unos consensos o unos pactos fundantes de ese cuerpo político). Y como si, también y en paralelo, hubiésemos dejado de compartir un tiempo (un pasado en el que alguna forma de acuerdo, conquista, victoria o movilización representada como más o menos unitaria permitía imaginar un futuro compartido, esto es, un horizonte común).

Claro que representar o imaginar una unidad de las diferencias no significaba, y esto no es menor, representar o imaginar la unidad de todas las diferencias. Cualquier forma de unidad política se funda siempre sobre exclusiones significativas, sobre lo que se acepta y lo que no, también sobre cursos de acción posibles pero que –esa es muchas veces la virtud perversa del orden que define– quedan imposibilitados y, en este ejercicio de negación y exclusión de posibilidades y alternativas, acaba fundando su legitimidad. Es precisamente por ese juego de inclusiones y exclusiones, de cursos de acción legitimados y otros negados, que hoy podemos hacer de la nostalgia por la unidad perdida de lo social una suerte de celebración, pues con su quiebra podríamos esperar que reapareciera esa posibilidad siembre negada por la construcción excluyente de la unidad. Como si pudiera retornar así lo que siempre había sido reprimido. Pero conviene no ignorar que estas lógicas celebratorias están cargadas de paradojas, pues, ¿acaso disponemos de alternativas a mano para construir otras imágenes, otras relaciones sociales e institucionales u otros símbolos capaces de representar otra unidad de las diferencias sociales? ¿Qué aparece debajo de la rocosa institucionalidad que había estructurado los Estados de derecho europeos y sus formas de representar la unidad? Sin duda, no será fina arena de playa en la que retozar juntos lo que encontremos, como soñaba el mayo del 68 con encontrar bajo los pavés de Saint Germain dès Pres. 

Recordaba hace unos días Pablo Bustinduy que la más que probable (y cuando este artículo se publique me temo que ya confirmada) victoria del posfascismo de Meloni en las elecciones italianas debería preocupar tanto como aquello que la acompaña y explica: el fin de la era antifascista italiana. El fin de un entramado institucional, cultural y político que operaba como unidad de las diferencias, pero que lo hacía, por un lado, para evitar a toda costa la victoria del Partido Comunista, mientras, por otro lado, edificaba ese orden de las diferencias, tal y como recordaba Jónatham Moriche con quirúrgica precisión, en un “compacto e implacable mecanismo de poderes públicos y privados, reglados y también salvajes (entre estos últimos, la mafia en sus distintas expresiones territoriales, los servicios secretos y otras cloacas del Estado italiano y la OTAN, y el terrorismo de extrema derecha, a menudo actuando en repulsiva colusión)”. Un orden tan fallido como fallida, por no decir inexistente, fue la estrategia política que, desde su derrumbe conTangentopoli, pretendió refundarlo. 

No es este el lugar para explicar las razones que llevaron a que el principio del derrumbe de aquella era antifascista tuviera lugar en paralelo a otro derrumbe no menor, el de ese amigo/enemigo interno que fue el Partido Comunista Italiano (y su más que sintomático viacrucis posterior de refundaciones y fugas a la socialdemocracia primero,  para ir después al centro y ahora a la nada), ni su incapacidad para leer los procesos de transformación social y política que supusieron los ciclos de luchas de los años 70, y que supusieron el inicio de su final. Tampoco podemos detenernos en la incapacidad manifiesta del Movimiento 5 Estrellas, en ese momento populista que recorrió como un fantasma la Europa de la crisis financiera de 2008, para articular una alternativa a la deriva autoritaria, tecnocrática y neoliberal de las dos décadas hegemonizadas por Berlusconi. Ni del suicidio asistido, para sí y para la política italiana, que supuso su gobierno con el posfascismo de Salvini, y sus posteriores escarceos con la misma tecnocracia neoliberal que se supone había venido a combatir. 

Baste quizá, para los objetivos de esta columna que se hace ya larga, mostrar aquello que se dibuja en el horizonte, el juego perverso de alternativas que lo define: bien la polonización de Italia, como anticipaba nítidamente Steven Forti hace unos días, que no es sino la superación del neoliberalismo tecnocrático por la vía de la imaginación fascista de la unidad social, a saber, una comunidad política como resultado, precisamente, de negar, anular y perseguir toda diferencia: inmigrantes, mujeres, feministas, sujetos antagonistas, personas lgtbiq+, es decir, de representar la unidad de la comunidad como aquello que está siempre amenazado por el otro, por esa diferencia que debe ser sacrificada; o bien la continuación de una tecnocracia neoliberal que, como analizó Luciana Cadahia en un libro imprescindible, resulta de llevar ese sacrificio de la diferencia, esa erradicación de lo otro, al interior mismo del sujeto, para anular o neutralizar en el sujeto mismo, en todo sujeto, todo aquello (todo deseo, toda pasión, toda contradicción y vínculo con el otro) que, como diferencia inasumible, impida su funcionamiento o su plena realización como una unidad cerrada sobre sí misma, acaso como una mercancía en un mercado sin política, mera agregación de existencias individuales. 

No hay, ya concluyo, manera de evadir la pregunta por las formas de representar una cierta unidad de la diferencia. Su nostalgia actual, esa que identifico en la mezcla de fascinación y rechazo que ha producido el entierro de Isabel II como fin de una era, muestra un vacío que estamos, quizá, obligados a pensar y combatir. Ignorar esta necesidad, o sustituirla por la siempre a mano unidad de la izquierda, nos desarma frente a las dos alternativas que dibujaba, esas que responden perversamente a la pregunta por la unidad: una negando, persiguiendo o anulando a todos aquellos sujetos que representan una diferencia inasumible para una imagen totalitaria del cuerpo social; otra acogiendo la diferencia siempre que quede encerrada sobre sí misma, desgajada del resto, incapaz por tanto de comunicar y, por tanto, de articularse políticamente. 

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Jorge Lago estudió Sociología en Madrid, París y Bruselas. Ha sido investigador en la Complutense y el CNRS francés, y es hoy profesor de Teoría Política Contemporánea en la UC3M, además de editor de Lengua de Trapo.

Permítanme empezar esta columna con una cita:

“… las élites han estado tan persuadidas de que no habría vida futura para todo el mundo que decidieron desembarazarse, lo más rápido posible, de todos los lastres de la solidaridad: he ahí la desregulación. Que había que construir una especie de fortaleza dorada para el pequeño porcentaje que lograría estar a salvo: he ahí la explosión de las desigualdades. Y que, para disimular el egoísmo craso de esa fuga del mundo común, había que rechazar de plano su motivación original: he ahí la negación del cambio climático”.

Extraído de Dónde aterrizar (Taurus, 2019, p. 35), libro de esa hibridación de antropólogo, filósofo y sociólogo francés que es Bruno Latour , la cita condensa una tesis fuerte que, creo, merece la pena tomarse en serio estos días: la íntima relación entre la crisis ecológica, la emergencia neoliberal en sus distintas coincidencias y la quiebra de las creencias compartidas , comenzando por la de un futuro común que, a pesar de las disputas sobre su significado y realización posibles (qué igualdad, qué libertad, qué democracia o qué progreso), dio forma a las sociedades occidentales hasta hace apenas unas décadas.

Una tesis que, por discutible que pueda ser en cuanto a su alcance (quizá excesivamente unicausal) o fundamental (aunque no se la espere en un ensayo sin pretensiones académicas), tiene hoy un indudable interés político. Permítanme sintetizarla al máximo: a principios de los años 70 del pasado siglo (y aquí el momento o ejemplo inaugural es el de la publicación del informe “Los límites del crecimiento” en 1972, escasos meses antes de la crisis del petróleo del 73) se hace cada vez más difícil ignorar la sospecha de que Occidente necesitaría de más de siete planetas Tierra para que el modelo de desarrollo y los futuros que proyectaba y prometía fueran siquiera imaginables. Esta sospecha se tornó en evidencia a principios de los años 90 del siglo pasado, coincidiendo con la caída del Muro de Berlín, ese momento en el que algunos señalan el fin de la historia y Latour ve, más bien, el inicio subrepticio de otra historia, que nos envuelve y define hoy .

Esta sospecha, ya convertida en evidencia, de que no había tierra o planeta para realizar los sueños de la modernización capitalista traía consigo una profunda quiebra, la de la fuente de legitimación misma de la modernización: fe en el progreso, crecimiento ininterrumpido, la historia como el cumplimiento de una suerte de flecha del tiempo que nos alejaba de lo antiguo, atrasado y local para dirigirnos ineluctablemente hacia una suerte de moderna globalidad de abundancia y libertad.

Pero la paradoja, por otra parte, de esta quiebra de la promesa moderna, es decir, de la forma en la que el futuro imaginado gobernaba el presente y nos alejaba de todo lo que era considerado como pasado, es que no dio lugar a una transformación o superación de los modelos productivos y energéticos, tampoco de las formas de cooperación social y ecológica que nos permiten reintegrarnos dentro de unos límites biofísicos muy superados. No, lo que sucedió fue, más bien, lo contrario, y queda bien sintetizado en la cita de Latour con la que arranco esta columna: una suerte de fuga ideológica (económica, política, cultural y epistemológica) que Latour no nombra bajo la etiqueta de neoliberalismo, pero no creo que traicione su texto hacerlo así.

Es interesante, más en estos días de decretos, guerras, necesidades de ahorro energético y respuestas políticas dispares o disparatadas, pensar la crisis ecológica (y el cambio climático como su expresión más palpable) no solo como efecto inevitable de un modelo económico o un modo de produccion capitalista, sino también, y sobre todo, como el desencadenante de una apuesta política, económica y cultural que no es, ni fue, en absoluto inevitable. Es decir, entender las últimas cuatro décadas de desregulación, aumento exponencial de la desigualdad y rechazo decidido del papel del Estado en su capacidad redistributiva como el efecto de una respuesta política (que se impuso frente a otras, o frente a la ausencia de otras capaces de hacerle frente) a las malas noticias que provenían de las sospechas primero, y de las evidencias después, de los límites —tanto biofísicos como del mismo modelo de desarrollo— de los que alertaba la crisis ecológica: si no había espacio, suelo, tierra o Tierra suficiente, se acabó apostando por una apropiación privada (si no hay para todos, que sea para mí o para los míos) y una competencia generalizada por el tiempo (unos tenían que perder su futuro para que otros pocos lo ganaran).

El espacio (el planeta mismo) y el tiempo (el futuro como construcción del sentido en el presente), las coordenadas desde las que se edifica todo orden social, dejaron de ser representables como formas comunes o compartidas. No quiere esto decir que alguna vez lo fueran realmente. Sabemos bien que la desigualdad entre sujetos y territorios, la apropiación privada y la competencia generalizada son elementos inherentes al desarrollo capitalista, pero, con todo, un espacio y un tiempo comunes operaron, en el proyecto moderno, como las coordenadas indispensables de la imaginación política: un futuro común para la humanidad, a pesar de todo. Que esto ya no fuera representable, que quebrara la posibilidad de imaginar un espacio y un tiempo como sustrato común y, por tanto, objeto de toda política, cambiaba realmente todo.

Es en este cambio en y de la historia que Latour agradece la claridad, obviamente no la decisión, con la que Trump niega el cambio climático y se retira, el 1 de junio de 2017, de los acuerdos de París sobre el clima: es el ejemplo perfecto de la forma que adopta en nuestros días aquella fuga de lo común (pero también de la modernización capitalista propia del siglo XX), y ejemplo, también, de la consiguiente apuesta por la apropiación privada de espacio y tiempo: negar el cambio climático, mantener los niveles de vida americanos a cualquier precio —guerras incluidas—, levantar muros antiinmigración que simbolizan el rechazo a compartir el espacio y marcan a fuego los distintos y desiguales futuros que se prometen a las poblaciones, para hacer visible sin vergüenza y sin dobleces aquello que justifica estas y otras decisiones, esto es, que no hay espacio suficiente para todos y que, en lugar de transformar el modelo de desarrollo, es preferible redefinir el nosotros: quiénes merecen y quiénes no un espacio y un tiempo. La fuga ideológica hacia adelante de una modernización salvaje (llamémosla neoliberal) se acompaña ahora de una redefinición postfascista del nosotros (que necesita excluir, por no decir erradicar, a una buena parte de todos los otros). Esta parece ser la originalidad de Trump, y de no pocas de las apuestas políticas que se afianzan estos últimos años a ambos lados del Atlántico.

Pero junto a estas mutaciones ideológicas nos topamos aquí con otra consecuencia esencial, aunque quizá menos evidente, de esta quiebra del espacio-tiempo común: la ruptura de los consensos o verdades compartidas, germen de lo que hoy se nos aparece como guerra cultural, polarización o postverdad. Déjenme simplificar la cosa al máximo: si no hay un espacio y un tiempo compartidos, unas coordenadas comunes, no hay posibilidad alguna, tampoco, de una representación común, esto es, de una creencia o verdad compartidas.

Pero si esto es así, apelar hoy a alguna forma de verdad, sea mediante datos, hechos o consensos (científicos, políticos, históricos) desde la que enfrentar la batalla o guerra cultural en la que estamos inmersos es, me temo, apelar nostálgicamente a un mundo que ya no existe (un mundo que compartía unas mínimas coordenadas espacio temporales). Un mundo periclitado no porque se le haya declarado una guerra (cultural o política), a él o a alguna forma de verdad previa en la que se sostenía, sino porque estas verdades definían un mundo que ha dejado de ser viable. Es común hoy, y no deja de ser una sana pulsión nostálgica carente, sin embargo, de viabilidad política, apelar a aquellos consensos perdidos, a las verdades ignoradas o pisoteadas, a la infamia de la más interesada postverdad en lugar de a los grandes acuerdos que, en contra de la deriva individualizante y competitiva actual, hace unas décadas sostuvieron, mal que bien, a nuestras democracias. Es, con todo, un consuelo sin mayor recorrido: la vuelta atrás a los buenos viejos tiempos de los consensos implicaría volver a un mundo cuyo modelo de desarrollo dejó de ser factible. Así que, frente a la fuga neoliberal, y las mutaciones posfascistas con las que se hibrida en la actualidad, no cabe apelar a un pasado que, cuando era presente, se quedó sin futuro.

Solo cabe disputar, y ganar, una guerra que ya ha sido declarada sin que, por el momento, dispongamos de trincheras y ejércitos claros y suficientes. Sabemos, sí, quién es el adversario, y no es solo el que niega la crisis ecológica o sus efectos sociales, sino también, y sobre todo, aquellos que, aun aceptándola ya como un hecho, niegan sin embargo cualquier política que pueda hacerle frente. Así las cosas, solo en el fragor de esa guerra, y solo si somos capaces de ir ganando algunas batallas decisivas, surgirán nuevos consensos, nuevas verdades compartidas, nuevas formas de un tiempo y un espacio comunes. La alternativa es, claro, que ganen aquellos a los que no les falta espacio ni tiempo, tan solo les sobra gente.

La cuestión es, por supuesto, infinitamente más compleja de la que vengo de sintetizar, pero esto es una columna y ya se está haciendo larga. Permítanme unas líneas más para concluirla. Lo haré aterrizando en España, verano de 2022, decreto de ahorro energético: unos grados arriba o abajo en el aire acondicionado, unas puertas cerradas al despilfarro, unos escaparates apagados no solo a la ostentación, todo como vía para reducir el consumo de gas un 7%, como dicta la Unión Europea. Poca cosa, sí. Pero me sorprende que hayamos (y hablo en una primera persona del plural porque afecta no solo al Gobierno o los partidos que lo sostienen, sino a la sociedad civil organizada y a distintos sujetos con algo de voz pública o capacidad de movilización) dejado pasar este decreto, por tibio que sea, y el escenario en el que se enmarca (un primer decreto tremendamente suave e inofensivo en comparación con lo que vendrá a partir de septiembre), para enfrentar con todo y hasta el final la batalla cultural que, desde la derecha, se está intentando librar (y que les está entrampando en contradicciones del todo significativas). Una parte del Gobierno ha estado, parece, más preocupada estos días por la espada de Bolívar, o por las listas de una futura y todavía no concretada plataforma electoral, que por avanzar posiciones en una batalla cultural que, si no empezamos a ganar con contundencia, nos pasará por encima. La otra parte del Gobierno tampoco ha tenido la capacidad, porque no la ha tenido nunca, de llevar el decreto más allá del ámbito de lo meramente técnico o económico, es decir, de convertirlo en símbolo de una batalla mucho más amplia y respaldada por mayorías más allá de la mera aritmética electoral o parlamentaria. La sociedad civil organizada, por más razón que pueda tener en ver estas medidas como una muestra más del capitalismo verde de siempre, o de un reformismo débil y sin capacidad de transformación real, tampoco parece en disposición de movilizarse y apoyar, todo lo críticamente que se quiera, y para llevarlo siempre más lejos, el decreto del Gobierno. O, claro, proponer otro con mayor radicalidad pero, también, con mayor capacidad de movilización y aceptación social.

Lo sorprendente es que esto suceda tras un verano con las temperaturas más altas registradas, los incendios más devastadores, los precios de la energía más altos y, con ellos, la evidencia de los efectos tan palpables y directos que tienen en nuestra vida cotidiana los movimientos geopolíticos. Y digo esto porque nos encontramos con toda seguridad (y no tengo datos para afirmarlo pero tampoco dudas de que sea así) en el momento en el que está socialmente más extendida la conciencia acerca de los efectos del cambio climático y de la crisis ecológica. Es decir, en condiciones inmejorables no solo para librar esta batalla, por tibia, reformista o del todo insuficiente que pueda resultar, sino de ganarla con un apoyo social lo suficientemente amplio como para, y esto ya no es tan tibio ni reformista, poder disputar en mejores condiciones las batallas que vendrán, que serán muchas y cada vez más decisivas. Es, además, la única forma de evitar la alternativa, que hoy por hoy no es el colapso inmediato del planeta , sino la victoria de unas fuerzas ideológicas, culturales y económicas que harán de la crisis climática el escenario privilegiado para una ampliación aún más dramática de las desigualdades, la exclusión y el sufrimiento.

Ante un caso de guerra sucia mediática orquestado desde un Ministerio del Interior del Partido Popular y que involucra, antes y por encima de La Sexta, a medios de comunicación subvencionados por la derecha, así como a sus espacios (judiciales, policiales) que operan como un poder parademocrático en la sombra, algo mal se está haciendo si la respuesta que se acaba orquestando desde algunos sectores de la izquierda acaba dañando a iniciativas políticas necesarias (Sumar, cuya puesta de largo ha quedado opacada por el affair Villarejo-Ferreras-Iglesias, toda vez que parece tener que prescindir, al menos por un tiempo y en el momento en el que seguramente más lo necesitaba, del altavoz que proporciona La Sexta), a periodistas afines (desde Jordi Évole a Antonio Maestre pasando por toda una lista de profesionales que parecía sensato considerar que estaban del “lado bueno de la historia” y son ahora señalados), a tertulianos políticamente cercanos (politólogos, economistas, expertos varios capaces de contrarrestar el inmediatismo de la apisonadora mediática para abrir pequeños espacios de reflexión crítica y a los que se insiste, en público y en privado, que abandonen los platós) e incluso a medios de comunicación independientes (El Salto prescindiendo, tras una valoración ética y una decisión democrática intachables, de un importante espacio de visibilidad tanto para su medio como para la lectura política o económica que sus periodistas sostienen y tanto necesitamos; o La Marea, viendo como uno de sus responsables, Antonio Maestre, ha decidido dimitir para que los ataques que recibe desde las filas de Podemos no hagan peligrar la viabilidad financiera del medio).

Dicho con menos palabras: si la respuesta que se le consigue dar a un caso más de la larga y prolongada guerra sucia mediática acaba haciéndonos más daño a nosotros que a ellos, entonces igual es que las cosas no se están haciendo bien. Nada bien.

El caso es que no contamos con una correlación de fuerzas lo suficientemente esperanzadora como para permitirnos este tipo de estrategias auto lesivas. Salvo, claro, que se esté asumiendo la derrota de las fuerzas políticas, sociales y electorales que, directa o indirectamente, sostienen al actual Gobierno, y se esté jugando a otra cosa. Pero si esto no es así, si de forma crítica o entusiasta, desde fuera o desde dentro de la política de partidos, intentando tener más o menos peso en alguno de los partidos que la conforman, gracias a una vigilancia crítica en las calles o mediante la mera confianza en la pura representación política, sea como fuere que uno se sitúe y entienda la política hoy, si se apuesta aún por alguna forma de victoria electoral, cultural y política de los distintos actores que sostienen al actual Gobierno, y de las fuerzas electorales, culturales y sociales que lo apoyan con más o menos entusiasmo, entonces no nos podemos permitir iniciativas o estrategias que nos dañan más de lo que nos refuerzan. Toca por tanto parar, hacer balance, retroceder sobre los pasos dados y hacer las cosas, quizá, de otra manera. O toca demandarlo, incluso exigirlo, porque nos va bastante en ello. 

Y esto por más que uno crea tener razón (entre otras cosas porque la razón, en la arena política, te la dan los efectos de tus acciones, no las justificaciones morales que las sostienen), o esté uno más o menos autorizado o justificado moralmente dado el largo historial que arrastra de ataques recibidos (mi caso, mucho más humilde, es el de haber sido portada de medios de derechas en ya demasiadas ocasiones, acusado de haber cobrado un buen puñado de dólares procedentes de un país, Venezuela, que no tengo el privilegio de conocer, y todo con un juez que, con fines supongo que otros que los de hacer justicia, haya decidido no solo darle apariencia de credibilidad a esta información, sino que haya exigido a la UDEF que me investigue… por si este modesto pedigrí me legitima para volcar aquí algunas opiniones a contrapelo de lo que parece imponerse como mantra necesario desde Podemos).

El tema es complejo y toca demasiadas aristas como para tratarlas todas en una columna, pero creo que hay algunas cuestiones que no podemos dejar de recordar:

La primera es que las cloacas llevan existiendo desde la misma Transición, y actuando contra distintas formaciones, movimientos y organizaciones políticas. Además de reconocer este simple hecho (que Podemos no es ni el primero ni el único afectado, y que dentro de Podemos los ataques afectaron a muchos y muchas compañeras), conviene reconocer que la guerra sucia mediática no siempre ha tenido el mismo éxito y eficacia. A veces fallan, qué duda cabe, y no solo porque sean muy “burdos” en su ejecución, sino porque se dispone en ocasiones de buenas estrategias políticas y comunicativas para enfrentarlos. Fue el caso del Podemos entre 2014 y 2015, cuando, a diferencia de lo que me temo sucede hoy, supo desarrollar una estrategia notablemente eficaz frente a la guerra mediática que padecía. Mientras golpeaban, inventaban, fabricaban o exageraban noticias, Podemos intentó durante un tiempo que esos golpes acabaran teniendo un cierto efecto boomerang: que le hiciera más daño al que los daba que al que los recibía. O al menos un daño equiparable. Y ello gracias a que una parte no desdeñable de la sociedad, vale decir, de espectadores, lectores o usuarios de las redes sociales, pero también de sujetos situados en espacios intermedios de la sociedad civil y mediática (periodistas, tertulianos, celebridades varias, incluso otros partidos) acabaran no dándole credibilidad a los ataques, e incluso posicionándose más o menos tímidamente en contra de ellos.

Este efecto boomerang necesitaba, para funcionar, de al menos cuatro elementos. Los enumero porque me temo que los hemos olvidado rápido:

1) Cuanto más atacaban, acusaban, mentían o maquinaban, más transparencia, más ejemplaridad, más virtuosismo democrático y cívico había que mostrar. Y esto por lo que señalaré en el punto 4.

2) Aunque negar los bulos tenía y tiene siempre un indudable sentido, se acertó a interpretar entonces que negarlos directamente ni bastaba ni funcionaba, menos si eso suponía enfrentarse a los medios como un todo (sin distinguir entre ellos y, sobre todo, entre trabajadores y direcciones empresariales). Y esto por dos razones, las siguientes:

3) Podemos entendió que no debía buscar definirse frente a los ataques y convertirlos en una causa justa (“muerden, cabalgamos”, “nos atacan porque tenemos razón”, “ante los ataques hay que enseñar los dientes”) en la que solo cabía posicionarse a favor o en contra del atacado. En Podemos se sabía entonces que esto estrecha siempre todo posible apoyo, estrangula la posibilidad de posiciones tibias o intermedias que, por más que puedan indignar moralmente, son las que permiten ensanchar un espacio inmunitario que sirve tanto de cortafuegos a los ataques como de escudo frente a los siguientes. Es decir, se consideraba imperativo permitir que respondiera por ti la sociedad civil, vale decir, otros periodistas, tertulianos, políticos, tuiteros y opinadores varios, no solo ni fundamentalmente tus líderes, militantes y huestes tuiteras. El riesgo de no hacerlo así era evidente: convertir la respuesta a los ataques en una suerte de frontera que separaba dos bandos puros, “con nosotros” o “contra nosotros”. Y ahí las posibilidades de estrechar cada vez más los apoyos eran evidentes, tanto como quedarte progresivamente solo frente al adversario.

4) Ahora vuelvo sobre el primer punto, y lo desarrollo: al no responder directamente a los ataques mediáticos, sino mediante un rodeo pensado y definido desde una estrategia, lo que se buscaba, también y sobre todo, era evitar entrar una y mil veces en el contenido mismo de los ataques, dándoles espacio y tiempo en los medios. No, se trataba de responder teniendo siempre muy claro aquello que la guerra mediática podía conseguir en la opinión pública. Me explico: al poco de cumplir Podemos un año cobraron especial virulencia los ataques y las noticias falsas, pero lo que estaba en juego entonces en la opinión pública era responder en una dirección u otra a preguntas relativamente sensatas que muchos ciudadanos se hacían: ¿Quiénes son y de dónde vienen estas gentes que hace un año no conocía nadie? ¿Cómo es posible que estén, al año de nacer, primeros en intención de voto si no cuentan con financiación ni apoyos empresariales o internacionales? ¿Qué quieren realmente? ¿Qué ocultan? ¿Tienen una agenda oculta, una financiación inconfesada, unos intereses otros que los que declaran? Este estado de incertidumbre, dudas y temores era inevitable y atravesaba a buena parte del cuerpo electoral español en aquel ciclo 2014-2016, en el momento, precisamente, de mayor dureza de los ataques mediáticos, esos de los que hoy salen a la luz algunas grabaciones. Afectaba de lleno a todo ese 80% de la población española que dijo simpatizar y apoyar el 15M, por más que unos meses después, en noviembre de 2011, votara en más de un 73% al bipartidismo. Era ese 80% al que, pocos años después, le podía sonar bien la música que tocaba Podemos, pero tenía serias dudas sobre sus líderes, su capacidad política, sobre la verdad de sus intenciones reales, su financiación o sus motivaciones.

Las dudas y temores que despertaba Podemos eran así el abono perfecto para que las guerras mediáticas tuvieran efecto. Los ataques iban dirigidos a confirmar y dar respuesta a esos miedos y temores, a ocupar y decantar en una dirección regresiva ese espacio que atravesaba a buena parte de la sociedad española: no se puede, nunca se pudo, al final les financian otros y no una miríada de simpatizantes entusiastas, no son, por tanto, lo que parecen, tienen una agenda oculta, dicen querer más democracia y luchar contra la corrupción o la desigualdad pero son como el resto de partidos o, peor, los socios del chavismo, el comunismo o lo que tuviera a bien inventar cualquier tabloide de extremo centro con ayuda parapolicial.

Así las cosas, la respuesta a la guerra mediática no podía pasar por desmentir sin más los bulos, ni enfrentarlos en un juego de construcción de identidad (“si me atacan es porque tengo razón, porque atento contra sus intereses”), sino por decantar a favor de Podemos esos temores, dudas y miedos de la sociedad española. No se trataba, por tanto, de negar sin más las informaciones para no sufrir un desgaste electoral, sino de ganar un espacio sentimental muy amplio en la sociedad y que podía acabar expresándose en contra, incluso, de sus propios deseos de transformación social.

La forma ideal de responder ante este desafío pasaba, y así se pensó entonces (aunque se lograra realizar muy parcialmente), por mostrar más transparencia, más ejemplaridad en las formas de hacer política (lo que algunos llaman republicanismo cívico), aplacar los temores ciudadanos desde la seguridad que proporciona una buena pedagogía programática (qué se va a hacer, qué no, qué medidas y para qué, qué España se quiere y cómo conseguirla), ocupar cada uno de los platós de televisión para mostrarse y explicarse (qué ironía que hoy se veten algunos), además de responder siempre con más democracia interna y más apertura hacia la sociedad: hacerse cargo de los temores de la sociedad al tiempo que se prefiguraba o representaba desde Podemos, en su forma de actuar, de organizarse y de expresarse, aquello que se demandaba y prometía para el conjunto del país. Insisto, este era el ideal estratégico que guio, siempre a muy buena distancia de la práctica real, la respuesta que se acertó a dar desde Podemos en aquellos primeros años.

El objetivo era claro, conquistar un sentido común popular al tiempo que se intentaba acompañarlo hacia posiciones de ruptura, al menos relativa, con el régimen mediático, institucional y político del 78. Solo así se podía conformar una mayoría social primero, y electoral después, desde la que acometer ulteriores transformaciones, tanto de unas instituciones del Estado atrincheradas en posiciones profundamente reaccionarias y antidemocráticas, como de un marco legal que estaba permitiendo, entre otras cosas, una concentración inédita de la propiedad de los medios de comunicación, por no hablar de unas condiciones de trabajo que hacían del ejercicio de la libertad de expresión un privilegio muchas veces inalcanzable.

Cabe recordar que aquel ideal estratégico funcionó, con sus deficiencias prácticas, con errores incontables, con una enorme distancia entre la realidad y el deseo, pero funcionó. Y generó algo que, creo, tiene indudable interés y conviene quizá recordar estos días: una disonancia cognitiva en buena parte de la sociedad española, que veía o leía en los medios ataques y bulos que, sin embargo, desmentían con cierto éxito tanto el discurso como la forma de hacer de Podemos, de sus militantes, de sus líderes, de sus apuestas organizativas, de sus demandas e iniciativas. Esta disonancia estuvo en la base de un indudable efecto boomerang: los ataques y las mentiras podían volverse en contra del que las realizaba. No siempre se consiguió, algunos ataques hicieron mucho daño, sin duda, pero otros no y algunos, incluso, reforzaron a Podemos.

El caso es que esta estrategia se abandonó, a pesar de que había funcionado razonablemente bien. A partir de 2016 se optó por una forma bien distinta de entender la comunicación política, también la construcción del partido (si bien éste arrastraba desde el principio serios problemas de cesarismo y centralización del poder que no conviene tampoco ignorar). No entraré en las razones que llevaron a aquel cambio de estrategia entre 2015 y 2016, son muchas y complejas, amén de que afectan a las guerras internas del partido tanto como a virajes ideológicos, sin obviar el indudable desgaste que sus líderes sufrieron tras varios años de ataques y confrontación mediática. Pero sí creo necesario mencionar dos dinámicas que, simultáneamente, explicaron y acompañaron el declive electoral de Podemos, y que no podemos ignorar hoy, al menos si no queremos repetir viejos errores:

En primer lugar, aquel efecto boomerang que precariamente se había logrado establecer contra no pocos ataques mediáticos durante el ciclo 2014-2016 acabó cambiando de bando: la pedagogía, la ejemplaridad o la transparencia que se habían exhibido como virtudes propias y carencias del resto de actores (políticos, mediáticos e institucionales), y que habían funcionado como espacio defensivo contra bulos, ataques y guerras mediáticas, todo aquel espacio inmunitario acabó, por su relajamiento o directo incumplimiento sistemático, generando un nuevo efecto boomerang, pero esta vez contra el mismo Podemos: si habías nacido denunciando los viajes en primera y los coches oficiales, ir en avión oficial a un viaje institucional se volvía contra ti. Si los procesos internos del partido, las primarias sin transparencia, las dimisiones forzadas y las purgas, por poner algunos ejemplos, se volvían la norma, también operaban como la quiebra de aquello mismo que permitía neutralizar los bulos, las mentiras y los ataques, pues ahora se volvían, para no poca gente y a pesar de su sistemática falsedad, dramáticamente verosímiles. Tampoco ayudó crear una especie de medio de comunicación propio sin cumplir con un mínimo de profesionalidad y de ética periodística, más pensado para señalar a periodistas y bajar línea en los procesos internos que para informar o abrir un espacio de reflexión interna cada vez más necesaria (estoy pensando en La Última Hora), pues la posibilidad era alta de que este medio acabara operando más como una suerte de juego de espejos con el adversario que como forma de ampliar las bases, los apoyos y la capacidad de comunicar con una sociedad que se alejaba a pasos de gigante. Por no hablar de la disonancia cognitiva que resulta de censurar hoy las prácticas mafiosas de algunos medios de comunicación, pero gracias al altavoz que te proporciona una suerte de medio de información financiado, esta vez, por un empresario de dudoso pasado, con despidos impagados a sus espaldas y trayectoria cuando menos discutible. Jaume Roures, sí.

Son solo algunos momentos, algunas piedras en un camino que condujo a una voladura poco controlada de aquel espacio inmunitario que se había conseguido articular, no sin dificultad y contradicciones, contra las guerras mediáticas tanto como vía para ampliar las bases sociales y electorales del partido. Sin ese lugar de enunciación, sin ese espacio defensivo e inmunitario más o menos ejemplar, se volvía cada vez más difícil parar los golpes, denunciar las maniobras ilegales e ilegítimas del adversario y ganar los debates públicos. Porque desde donde uno habla importa siempre más que lo que uno dice. Y si lo primero falla, lo segundo es inaudible.

Pero, en segundo lugar, en el mismo proceso en el que saltaba en pedazos aquel espacio defensivo, y sin duda como una de sus causas directas, Podemos optó, ya desde 2016, por una lógica comunicativa que invertía, casi punto por punto, la estrategia anterior: los ataques servían ahora para definir una identidad de partido que delineaba, además, una frontera nítida entre un nosotros cada vez más estrecho y un ellos en el que han acabado arrojados periodistas como Antonio Maestre o Jordi Évole, por ejemplo. Un nosotros minúsculo. Los ataques recibidos, además, lejos de desviarse a espacios y lógicas desde las que poder enfrentarlos, se instrumentalizaron, trayéndolos una y otra vez a escena, dándoles una centralidad inédita (e inmerecida) con la finalidad de convertirlos, esta es la cosa, en la razón del declive electoral de Podemos. Cuantos más votos se perdían, cuanto más se bajaba en las encuestas, cuanto más se alejaba el partido de sus bases militantes y electorales, más se recurría a las cloacas como única y exclusiva explicación. No había, así, decisiones tácticas erróneas, cambios de rumbo estratégicos que resultaran en la pérdida de miles de votos, formas de organizar el partido contraproducentes para la ampliación del campo de batalla, no, hubo, había y parece que habrá, única y exclusivamente, cloacas y guerras mediáticas.

Así las cosas, desde esta instrumentalización de las cloacas como forma de borrar cualquier atisbo de responsabilidad propia en la profunda crisis del partido, y en ausencia de un espacio defensivo o inmunitario (social, cultural, comunicativo, organizativo y de alianzas con otros actores políticos y de la sociedad civil), no solo se vuelve imposible luchar contra las guerras sucias mediáticas, sino que hacerlo acaba generando, me temo, más daño dentro que fuera, más a nosotros (sea esto lo que sea hoy) que a ellos.

Hace unos días amanecimos con una de esas columnas provocadoras por las que uno se pregunta si no estarán escritas con el ánimo de despertar la reacción ofuscada de un sector de los lectores antes que con la intención de abrir un debate útil o necesario. Una de esas columnas a las que uno prefiere no responder, seguramente por no dejarse enfrascar en la espiral dañina de la crítica airada y la polémica incendiada, aunque también porque ya hemos ido aprendiendo que estos debates no se ganan en los escaparates de la opinión publicada, menos aún en unas redes sociales en búsqueda insaciable de la autoafirmación y la denigración paralelas. 

Con todo, la columna a la que me refiero conectaba, así lo intentaré mostrar a continuación, con un clima y una forma de argumentación, también con una suerte de afecto político, cada vez más frecuentes y, creo, dañinos. Si esta columna se centraba en la migración, los salarios y el capitalismo o, más precisamente, en la deriva progre y contraproducente ante estos temas, otros objetos de discusión actuales, como la prostitución o la pornografía (pero también el cambio climático y la transición ecológica), están siendo progresivamente abordados desde similares lógicas argumentativas y afectivas. Y esa continuidad o mímesis entre espacios políticos y objetos de debate es la que me parece especialmente preocupante, así que saldré del silencio debido ante polémicas algo forzadas para abordar no tanto la columna de marras cuanto aquello que comparte con otras formas actuales de argumentación. Y sí, se trata de la columna de Ana Iris Simón en El País titulada ¿Fomentar la inmigración es de izquierdas o de derechas?

Sin rubor aparente al emplear una expresión como la de “abrir el grifo de la inmigración”, la autora argumentaba que al ser el capitalismo el responsable de la migración forzada, pues ha arruinado y expoliado a los países del sur, demandar, bendecir o aceptar ingenuamente dentro de nuestras fronteras a estos migrantes acaba, finalmente, haciéndole el juego al capitalismo: no solo arruinados por la lógica de la acumulación desigual capitalista, estos países acabarían también descapitalizados porque desprovistos de una mano de obra esencial para su desarrollo. Esa que, al migrar a nuestros países, acaba precarizando las condiciones de vida de la clase trabajadora autóctona. Ya saben, los migrantes, al aceptar peores salarios, colaborarían en degradar las condiciones laborales de los trabajadores ya residentes en España. 

El texto pretendía así responder a una izquierda ingenua que cree en soluciones morales o humanistas fáciles, ese tontorrón “papeles para todos” que acaba haciéndole el juego a los empresarios de la hostelería. Esos que, en lugar de pagar salarios más altos, buscan, con el beneplácito progre, abrir “el grifo de la inmigración” para poder seguir manteniendo salarios de mierda. En un juego argumentativo harto discutible retóricamente y, como intentaré mostrar más adelante, insostenible políticamente, la tribuna situaba dos opciones contrapuestas: o permitimos y bendecimos la inmigración, bajamos los salarios y degradamos las condiciones de trabajo de los autóctonos al tiempo que colaboramos en el expolio y miseria de los países del sur, o cerramos fronteras, defendemos a los nuestros y… 

… Y, supongo, pues no termina de quedar del todo claro en la columna, esperamos a que esos migrantes que ya no lo serían, porque se quedarían viviendo en sus respectivos países, acaben emprendiendo y desarrollando sus economías para que puedan brotar de ellas las condiciones de vida que buscan aquí. Si esto no sucede, por lo que sea (acaso porque el capitalismo es también eso que no les ha permitido desarrollarse), ¿qué hacer? La columna, claro, no nos dice nada al respecto, aunque uno puede intuir algo parecido a una respuesta en forma de deseo: acabar con el capitalismo. 

Más allá de obvias consideraciones ideológicas, quiero retener algunas ideas. La primera, que la tribuna está cerrada a pensar la política más allá de una simple, estrecha y, al cabo, perversa dicotomía: defender lo nuestro y cerrar fronteras o “abrir el grifo de la inmigración” para precarizarnos todos. Preferencia nacional o moralismo progre aliado con los empresarios. No es posible, al parecer, regularizar en España las condiciones de trabajo y vida de los nacidos aquí y los nacidos allí, por ejemplo. Ni luchar paralelamente contra las leyes de extranjería y las formas de explotación laboral. Tampoco parece que merezca la pena politizar la enorme dificultad que, no solo por razones económicas, sino políticas e ideológicas, implicaría este gesto paralelo. Parece mejor aceptar la imposibilidad (¡es el capitalismo!) que transformar los marcos culturales, económicos e institucionales que nos gobiernan. 

Se trata, con todo, de aceptar esa imposibilidad aquí, en el norte global, pues para el sur la tribuna reserva toda una emocionante posibilidad: que se desarrolle como lo hicimos nosotros. Que esta prescripción obvie, entre otras cosas, algo que la autora subraya de pasada aunque sin aceptar todas sus implicaciones, no parece conducir a ninguna contradicción de peso: que si el desarrollo del norte implica necesariamente el subdesarrollo del sur —como así lo sostiene la autora—, esperar a que esos países se desarrollen sin afectar a nuestras condiciones de vida es, en fin, tan ilusorio como esa moral progre del “papeles para todos” que denuncia. ¿O la mejora de las condiciones de vida de los migrantes afecta a los salarios autóctonos pero el desarrollo de sus países de origen no tendría ningún efecto en nuestras economías y nuestras condiciones de vida? Si, por ejemplo, nacionalizaran sus recursos y aumentaran la distribución de los ingresos entre los suyos, ¿no nos afectaría? ¿No habíamos quedado en que su expolio era nuestra riqueza? ¿O este mantra solo sirve para explicar que debemos cerrar las fronteras?

Tampoco parece que los migrantes puedan sindicarse, exigir las mismas condiciones de trabajo que los autóctonos, forzar que se multipliquen las inspecciones de trabajo y se legisle laboralmente para acabar con las formas actuales de explotación (las de migrantes y no migrantes, dicho sea de paso). Imposible, supongo, generar procesos de transición productiva a modelos económicos algo menos dependientes de la volatilidad y ciclos económicos globales como el de la hostelería y su relación simbiótica con el turismo, amén de su baja productividad y valor añadido. Ni parece que deba ser tenida en cuenta, qué duda cabe, una reforma fiscal que, aunque no vaya a traer el fin del capitalismo, pueda al menos forzar a que las altas fortunas y las grandes empresas autóctonas paguen impuestos suficientes como para transformar las estructuras de la protección social, es decir, para la extensión de derechos más allá del actual reparto desigual según el origen nacional de los sujetos. 

No, el capitalismo no parece permitir nada de eso, es un juego a todo o nada, así que no merece la pena luchar por ampliar derechos ni, ya de paso, luchar también para que los migrantes recuperen en nuestros países parte de la riqueza que históricamente les hemos ido expoliando. Alguna ley de la historia, la economía o el valor debe marcar a fuego la imposibilidad de esta tercera opción, que no es otra que la de hacer política transformadora. Así, y mientras esperamos (y esperamos) la abolición del capitalismo, o su desarrollo en los países del sur (en los del norte no queremos hacerle el juego, ya saben) no nos queda otra que tomar partido: o los de aquí o los de allí. Al cabo, y para no hacerle el juego al capitalismo, parece que es preferible correr un riesgo no menor: hacerle el juego al fascismo.

Señalaba hace ya unos cuantos párrafos que esta alerta sobre la inmigración y la candidez de la izquierda aparecía justo en el momento en el que el debate sobre la prostitución y la pornografía adquiría renovada insistencia, amén de algún giro inesperado. Y sí, aprecio una coincidencia, una estructura argumentativa sintomáticamente compartida, en las posiciones que se han ido tomando por parte de algunos sectores ideológicos en estos distintos debates. Se trata de una coincidencia en la forma de pensar la política que me parece altamente preocupante: la de enfrentar los conflictos sociales desde un maximalismo (moral o ideológico) que resulta, al cabo, no solo políticamente inoperante (o abolición del capitalismo o hacerle el juego al capitalismo mismo; o abolición de la prostitución o hacerle el juego, esta vez, al mismo patriarcado), sino, y como intentaré mostrar, profundamente reaccionario.  

Lo que está en juego bajo estos giros argumentales binarios o dicotómicos es la desaparición misma de un lugar necesario, precisamente el que, situado entre la exigencia moral (la abolición de la explotación capitalismo y del patriarcado, por ejemplo) y las condiciones de vida presentes (la migración forzada y el ejercicio de la prostitución, por seguir con el ejemplo), permite transitar de unas a otras. Este lugar ausente entre el ideal moral y nuestra realidad compartida no es sino el de la política: qué hacer, hoy y ahora, con las distintas formas de sufrimiento presentes. No, no podemos hacer abstracción del sufrimiento (y de las formas posibles de combatirlo) en favor de metas morales o ideales más elevadas (acabar con la prostitución y con la migración forzada; vale decir, acabar con la desigualdad del patriarcado y con la que el capitalismo genera entre el norte y el sur globales). 

Estas formas de maximalismo moral suelen, sin duda, estar animadas por bellas metas que muchos y muchas compartimos (las de acabar con las distintas formas de explotación capitalistas y patriarcales), pero pueden, también, acabar replegadas en una suerte de moral cínica. Pues cabe, en efecto, preguntarse si lo que anima realmente este tipo de argumentaciones es acabar con la desigualdad global del capitalismo y la migración forzada o si no incorporan, en algunas ocasiones, una cierta incomodidad ante la presencia misma de migrantes en nuestros países. O si, para el segundo caso, se  quiere realmente acabar con el ejercicio de la prostitución o lo que opera en ocasiones es, más bien, un profundo rechazo moral a su aceptación social, con independencia de que se pueda o no, al menos hoy y aquí, acabar con ella. 

Cínica o animada por ideales elevados, lo que quiero señalar es que este tipo de argumentación dicotómica acaba anulando las posibilidades mismas de la política, es decir, de ese mientras tanto esencial a todo proceso de transformación social y cultural encaminado a realizar las metas que nos orientan: ¿qué cambios institucionales, culturales y sociales podemos ahora emprender, qué podemos regular ya para mejorar las condiciones de vida (de migrantes o prostitutas) al tiempo que nos dirigimos a metas mayores, sí, pero que no están a la vuelta de la esquina (sea abolir el patriarcado y la prostitución, sea acabar con el capitalismo, la desigualdad norte-sur y la migración forzada)? 

Se me dirá que hay una contradicción posible o insalvable entre ambas dinámicas, entre la mejora de las condiciones de vida (de migrantes o prostitutas, en este caso) y la meta moral y política ulterior (acabar con las razones de la prostitución o de la migración forzada). Sí, la hay o, en cualquier caso, puede haberla. Efectivamente, no siempre aquello que mejora las condiciones inmediatas de vida trabaja en la buena dirección de la historia y los ideales que proyectamos en ella. Pero esas contradicciones hay que afrontarlas, tratar con ellas, asumir su riesgo, no descartarlas. Hacerlo, desertar del conflicto por el riesgo de incurrir en contradicciones insalvables entre el presente posible y el futuro deseado es, me temo, evadir lo político mismo. 

Con cuatro corolarios: uno, quedar inmaculados moralmente pero incapacitados para la acción política, como esas almas bellas que no se manchan con lo real al tiempo que decretan una y mil veces la superioridad moral de unas metas e ideales que, sin embargo, no pueden traer al presente y así realizarlas. Dos, y por efecto de esa deserción de lo político, desplazar el campo de actuación: de la libertad al código penal, es decir, del anhelo de una ampliación de las libertades y derechos a decretar la necesidad de restringirlos. Se buscar así cerrar fronteras y prohibir (la prostitución, la pornografía, el deseo que los anima, la migración o lo que fuere que rechazamos con toda legitimidad), en lugar de ampliar las posibilidades materiales de vida (generar  alternativas reales y preferibles a la prostitución, además de favorecer la regulación de su ejercicio mientras siga existiendo), tanto como las formas culturales que la organizan (trabajar en la educación, por ejemplo, del deseo masculino, ese espacio de lo humano que no puede, porque no sirve, ser legislado, pero sí transformado culturalmente). Tres, enfrentar a unos grupos sociales con otros, a trabajadores de aquí con trabajadores de allí, o a unas mujeres con otras, las que reclaman la prohibición con las que tienen en ella su forma de sustento, en lugar de trazar formas comunes de lucha (ante aquello, precisamente, que pone en común a esos distintos grupos humanos: sea el capitalismo o el patriarcado). Cuatro, acabar transfigurando el moralismo en su mismo contrario, pues sabemos que cerrar fronteras no impide la migración, sino que genera muerte en los pasos fronterizos tanto como miedo y vulnerabilidad en los países de destino; y porque sabemos, también, que prohibir la prostitución no acaba con ella —en ningún país que la ha prohibido lo ha hecho—, sino que sitúa en condiciones de riesgo y enorme vulnerabilidad a quienes la ejercen. 

Son estos corolarios los que me resultan altamente preocupantes, y los que explican un giro en la izquierda, precisamente el que, en nombre de valores morales supuestamente superiores, acaba sustituyendo los derechos por el derecho, la ampliación de libertades por la ampliación del código penal, la universalidad y las metas comunes por el enfrentamiento entre distintos grupos sociales dominados y, en fin, la espera idealizada de un cambio social que, al no llegar, colabora en las formas presentes de sufrimiento. 

Allá por junio de 2014 la abdicación del rey fue sentida y pensada como una pequeña victoria del ciclo de cambio político iniciado el 15 de mayo de 2011 y traducido, interpretado o, por qué no, traicionado (ya saben, traduttori, traditori) por Podemos y las iniciativas municipalistas. Parecía que España ya no podía seguir aceptando tanta corrupción, abusos de poder y podredumbre moral y cívica de las élites gobernantes y los representantes de las instituciones del Estado.

Esa pequeña victoria sentida daba cuenta de límites y de avances indudables. Los límites no se referían solo al moderado alcance del deseo (¿quién no aspiraba a algo más que a una mera abdicación en favor de su vástago?), si no, también, a las propias fuerzas –sociales, culturales y políticas– con que se contaba. Pues, ¿quién tenía en mente la forma –territorial, administrativa, orgánica– que pudiera adoptar ese “más allá” de la mera abdicación? ¿Qué forma de Estado éramos capaces no solo de imaginar, sino de proyectar como aceptable, en el corto o medio plazo, para una mayoría de la población española? Es más, ¿qué república, si era una república lo que se tenía en mente, estaba a la altura de lo deseable y de lo posible? ¿Cómo iba a resolver problemas territoriales, nacionales, históricos tantos años irresueltos? ¿Cómo representar la unidad del Estado en aquel momento, pues es eso, la unidad de las diferencias, lo que representa una jefatura del Estado?

Los avances, sin embargo, no eran despreciables: parecía que el sistema (o régimen) político español no podía permitirse más desgaste, más desafección, no podía seguir alimentando el abismo, sin duda inasumible para una democracia endémicamente incapaz de reformarse a sí misma, que se abría entre las razones de la población y aquellas de sus dirigentes, es decir, entre los sacrificios ampliados que una mayoría social debía realizar tras la crisis financiera y del injusto y precario modelo de desarrollo, y un bloque histórico dirigente conformado por la descomposición de unas élites políticas, culturales, pero también financieras y empresariales que, coronadas, nunca mejor dicho, por el representante simbólico y real de la unidad de las diferencias, parecían haberse emancipado por completo de los mínimos y escasos pactos sociales que, mal que bien, habían forjado los consensos de la transición política.

La abdicación, todo lo limitada que fuera, tanto por la debilidad del régimen político como por la de sus fuerzas críticas o antagonistas, parecía sin embargo indicar un avance en lo que se perfilaba como una mutación social que, sin forma política definida, era con todo capaz de conformar o articular una amplia mayoría social que empezaba a verse reflejada tanto en las distintas formas de representación política como en las nuevas expresiones del sentido común de época. La abdicación se enmarcaba así, y por decirlo con una metáfora usada y ya desgastada entonces, en aquella ventana de oportunidad política que se abría ante nosotros (un momento instituyente, si lo prefieren) y por la que parecía más fácil colarse, procediendo a una más o menos profunda reforma política desde dentro, que aprovechar para ensanchar a martillazos hasta acabar por derrumbar el edificio entero.

Me voy a ahorrar las razones por las que considero que hemos llegado a donde estamos hoy, vale decir, a la quiebra definitiva de ese momento instituyente, al cierre a cal y canto de aquella ventana de oportunidad política. Recorrer estas razones, y hacerlo con un mínimo de detalle, obligaría a reescribir la historia misma de la emergencia y clausura de ese ciclo de cambio político y, sobre todo, a identificar los errores cometidos. Algunos, qué duda cabe, forzados por el adversario, pero otros, me temo que demasiados, fruto y responsabilidad únicas de los actores políticos que habitamos aquel ciclo político. Permítanme por ahora destacar, simplemente, y no es poco, que la vuelta del rey emérito para una regata muestra, me temo, nuestro propio naufragio.

El rey vuelve, sí, pero no lo hace a una casa privada en la que encerrar su memoria y su vergüenza porque el Estado, las instituciones y las relaciones de fuerza sean ya otras que las que regían antes de su abdicación. Tampoco regresa tras cambios legislativos, políticos y normativos que, al menos (y qué menos), sentencien hoy la imposibilidad de que algo similar vuelva, nos vuelva, a suceder. Ni siquiera vuelve el rey, qué triste tener siquiera que señalarlo, tras una pública petición de perdón. El perdón, sí, esa vieja enseñanza moral que, aprendida al menos desde la historia de José y sus hermanos –que tan poco parecen recordar los más aguerridos propagandistas de la moral cristiana–, se nos presenta siempre como condición indispensable para reanudar el tiempo roto por la ofensa, para restañar el daño y permitir así la continuidad de lo que había quedado roto o herido.

Pero no, en nuestra historia política, menos aleccionadora y bastante más chusca que la del Antiguo Testamento, la vuelta del rey trae consigo, en forma de repetición trágica, la herida misma, que se niega a cicatrizar. Y no, no es la de la izquierda, ni la de las clases populares o la de los republicanos cada vez más numerosos, tampoco la de los monárquicos de bien, la herida que vuelve con el rey es la de una estructura de sentimiento, que diría Raymond Williams, por la que acabamos viviendo nuestra propia historia cultural y política como la de una imposibilidad y una derrota permanentes. Una historia en la que parece que nada puede cambiar porque nada es al final posible; una historia, en fin, por la que los momentos de movilización y deseo colectivo de transformación se nos presentan como espejismos que nos devuelven una y otra vez a la casilla de salida. Al final, la vuelta del rey, con toda su obscenidad cínica, nos pone frente a nuestra propia derrota o, como dirían quizá los lacanianos, ante la vuelta de lo real, es decir, frente a ese núcleo traumático de nuestra historia que siempre vuelve.

Vuelve así, para las izquierdas a la izquierda del PSOE, la tentación de la imposibilidad como forma de identidad política, es decir, la pulsión de definirse como oposición a lo existente pero sin capacidad, en fin, de transformarlo. De alejarse así, día tras día, del sentido común de su época y replegarse a posiciones ya transitadas una y mil veces a la espera, como mucho, de otro momento instituyente, de otro 15M en el que, esta vez sí, por fin, se harán las cosas bien. Para las izquierdas de Estado, las de la razón de Estado, esta historia de derrota e imposibilidad recurrentes se encarna en una suerte de resignación sentida o, al menos, vestida de responsabilidad y enfrascada en evitar cualquier intento creíble de democratización del Estado y de sus instituciones, empezando por la jefatura del Estado. Quizá más preocupada por mantener el barco a flote que por definir el rumbo al que dirigirlo, acaba olvidando que si no avanza con decisión la ola reaccionaria le hará naufragar. En cuanto a las derechas –cada vez menos– moderadas, esta derrota es el momento predilecto de su victoria: incapaces de definirse desde alguna imagen, proyecto u horizonte de sentido, acaban buscando confundir su identidad con la de la nación fallida misma, vale decir, diluir su corrupción en la del rey (o viceversa) y sugerir machaconamente que, al fin y al cabo, es cosa de una forma de estar en el mundo que nos define y afecta a todos por igual. Una España irreformable que, por su parte, la extrema derecha da rango de eternidad, cuestión de volver eterno el privilegio.

Este sombrío cuadro costumbrista, acaso catastrofista es, querría equivocarme, lo que percibo que regresa estos días con la vuelta del rey emérito. Y la estructura sentimental que le acompaña es, quizá, nuestro mayor enemigo: la resignación, la frustración y la impotencia como seña más o menos inconsciente de identidad. Es evidente que, frente a ello, no podemos refugiarnos en el deseo imaginado, o en el recuerdo nostálgico, de un momento instituyente o una ventana de oportunidad que nos permita pensarnos más allá de los traumas heredados. Los acontecimientos históricos como el 15M ni se decretan ni se construyen, suceden, advienen inesperadamente, y de poco sirve esperarlos. Tampoco deberíamos ceder a la pulsión de que suceda lo peor (un gobierno de las derechas extremas y no tan extremas) porque lo real presente tan solo nos sirve de comparación lacerante con lo que pudo ser. O porque algunos deseen ocultamente que cuanto peor vayan las cosas, mejor les irá a ellos.

Así las cosas, ¿qué hacer? ¿Resignarnos a unir los pedazos que han quedado a la izquierda de la izquierda para ser la muleta de la izquierda de la razón de Estado y capear unos años más el temporal en espera inevitable de lo peor? No parece, en efecto, un horizonte especialmente deseable, por más que su alternativa lo sea aún menos y que haya momentos históricos en los que las aspiraciones y deseos tengan las patas demasiado cortas. Pero cabe, quizá, hacer de la necesidad virtud y reconocer que nuestra derrota no ha supuesto la victoria del adversario, que el cierre del ciclo político del cambio y la vuelta de las viejas identidades y posiciones políticas, esta vuelta traumática de lo real, no ha traído consigo un cierre de la crisis del régimen político y de su bloque histórico de poder. Pero si nuestra derrota no ha supuesto su victoria, entonces el campo de juego sigue abierto. Y en abrirlo aún más, en ensancharlo todo lo posible (quizá más que en sumar los pedazos aún en pie, por necesario que esto sea), nos jugamos que las condiciones y relaciones de fuerza para hacer política dentro de unos pocos años no nos sean infinitamente más desfavorables. Y esto no es poco.