Hay muchas dimensiones a las que atender a la hora de hacer balance del papado de Jorge Bergoglio, el papa Francisco. Otros analizarán la vertiente teológica, la eclesial o la institucional. En todo caso, apuntaré que, en mi opinión, este papa no ha revolucionado las estructuras de la iglesia católica, ni su corpus teológico doctrinal en sus aspectos más importantes. Por ejemplo, en el papel de las mujeres, aunque haya hecho algún nombramiento simbólico de importancia. El Código de Derecho Canónico, hoy por hoy, sigue prohibiendo el acceso al sacerdocio a quien no tenga la condición de varón bautizado (canon 1024). No digamos a la condición episcopal, a diferencia de otras iglesias cristianas. Pero es verdad, por ejemplo, que entendió la gravedad moral de las políticas antisociales o antiecológicas, llegando a calificarlas como pecados mortales.

Sí advertiré que no comparto el calificativo de “vendaval institucional” que he leído en algún periódico. Francisco llegó en un momento clave de la enorme, muy profunda crisis de la milenaria institución, afectada sobre todo por la gravísima lacra de la pederastia y de su encubrimiento, una violación directa del más duro de los mensajes de Jesús, que condenó sin matiz alguno lo que consideró el peor escándalo, el daño a los niños. Francisco se sumó a esa condena y actuó hasta donde pudo, pero no logró una respuesta firme y unánime por parte del clero católico y menos aún del sector más reaccionario, muy poderoso en su iglesia, que desató muy pronto una lucha feroz contra él, llegando a rezar por su muerte y difundiendo todo tipo de infundios, comenzando por el subrayado de su carácter peronista, hasta calificarlo incluso de comunista y ateo.

Pero en estas apresuradas líneas, quiero centrarme en lo que me parece su mejor legado, la denuncia en cierto modo profética –teológica, social, política– de la indiferencia y la crueldad con los inmigrantes y refugiados. 

Me permito una apreciación personal: llevo unos cuarenta años estudiando las políticas migratorias y de asilo y el Derecho de extranjería en España y en la UE. Salvo una corta etapa del gobierno canadiense (el programa Inmigration for Cittizenship era el emblema), no conozco gobierno que pueda poner como ejemplo de políticas dignas en estas materias y, como saben aquellos que se han tomado la molestia de leerme, he criticado a la derecha y a la izquierda, incluso al partido por el que fui senador y en el que milito, y al gobierno de coalición. Pues bien, tengo por única autoridad moral relevante en este ámbito al papa Francisco, por la claridad, coherencia y contundencia de su mensaje en los casi doce años de pontificado.

Su mensaje, sí, es una denuncia. Pero no la de los profetas del viejo testamento, la del Yahveh airado e implacable que arrasa con los pecadores con plagas y castigo, a cual más terrible: alguna vez he puesto como ejemplo de ello la expulsión de Adán y Eva del Paraíso, que hace de ellos los primeros refugiados. Incluso, Yahveh dispone a las puertas del jardín del Edèn –que había sido su casa– a un ángel flamígero, mucho peor que Frontex, para que no puedan volver. 

No. La denuncia de las políticas migratorias y de asilo por parte de Francisco es la del profeta evangélico que es Jesús. Un mensaje de amor, piedad y perdón que, a mi juicio, es el eje de su tarea como Papa, y que recupera la idea profunda de caridad cristiana –nada paternalista, nada que se confunda con la limosna–, que es la mejor herencia de Cristo: el amor a todos, una fraternidad universal que supera la barrera veterotestamentaria de la tradición judía del pueblo elegido, la distinción entre fieles e infieles y que enuncia la importancia del perdón y la piedad universales. Una opción por construir puentes (labor de pontifex) y no muros. Porque quien opta por lo segundo en lugar de por lo primero, no es cristiano, advirtió este papa.

Es el mensaje que resonó inequívocamente con la elección de su primer viaje, a Lampedusa el 8 de julio de 2013, cuando clamó contra la “globalización de la indiferencia” ante las muertes de inmigrantes en el Mediterráneo y luego, en repetidas visitas a Lesbos. Lampedusa y Lesbos, lugares ignominiosos de la política migratoria y de asilo europea.

Casi doce años después, este mismo domingo, se cerró el círculo de este mensaje, aunque no leído por él, con la denuncia de la crueldad y violencia de las políticas contra inmigrantes y refugiados. En el bien entendido de que este no es sólo, como se ha dicho, un mensaje contra Trump, al que ha fustigado en más de una ocasión, sino que afecta a muchos más. Alcanza a países como Australia, y a buena parte de los gobiernos europeos: las tentativas de Meloni, las reformas de Macron y, no digamos, las políticas de Hungría, Polonia o Eslovaquia, o las del nuevo gobierno alemán de coalición. Este mensaje pone en entredicho a la democristiana Von der Leyen y a la UE, porque es un alegato contra su vergonzoso pacto de migración y asilo de 2024, lamentablemente impulsado y respaldado por la presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2024, con el torpísimo mensaje de frenar a la extrema derecha copiando sus recetas. Un pacto que, como hemos criticado muchos de nosotros, es un verdadero Waterloo moral y político europeo.

El pontificado de Francisco ha sido, en buena medida y desde el punto de vista de lo que se denomina geopolítica global, una apuesta coherente con el mandado evangélico que obliga a entender como prioridad la dignidad humana y la paz. En ese sentido, su mensaje acerca de inmigrantes y refugiados rescata la universabilidad de los derechos humanos, porque sostiene que a todos los seres humanos ha de reconocérseles igual dignidad, una igualdad sin la que la universalidad es un predicado vacío. No hay seres humanos menos dignos, por su condición de extranjeros, por su identidad étnica, religiosa, sexual. No hay seres humanos a los que el reconocimiento de derechos se haya de condicionar a su utilidad como trabajadores necesarios. Este es un mensaje radicalmente opuesto al de la necropolítica (Mbembé), esa política que usa de los inmigrantes como una industria del desecho humano (Bauman), que quiere acabar con ese primer testimonio de civilización que es el derecho de asilo, un modelo al que parece haberse rendido la Unión Europea, con el aplauso de los Vance, Trump, Bukele, Milei, Orban, Abascal y tuttiquanti.

El sufrimiento de los niños, la enfermedad y el hambre que azotan endémicamente a cientos de millones de seres humanos, son razones que me impiden pensar como verosímil la hipótesis de un Dios misericordioso, un Dios del amor, como el que predicaba este papa. Pero si lo hubiera, estoy seguro de que acogería en su seno a Francisco. Nosotros, los que carecemos de esa fe, tenemos para él la memoria de nuestro agradecimiento.

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

La invasión rusa de Ucrania y el genocidio de Gaza han contribuido a acelerar la transición a una nueva era geopolítica que, en rigor, comenzó a erigirse tras el 11S, pero que ha recibido un impulso decisivo en los primeros meses de la segunda presidencia de Trump, con la ruptura de la alianza transatlántica llamada Occidente y la política de mano tendida al régimen putinista. 

El viejo mundo que no acababa de morir ha quedado sepultado, finalmente, por el nuevo orden global dominado aún por Estados Unidos, pero en el que se consolida el papel dominante de una China cada vez más fuerte, junto a la emergencia de Brasil y, en particular, de dos potencias como India y Arabia Saudí, gobernadas por líderes autocráticos, con ansias expansionistas. Rusia, China, Arabia Saudí e India sostienen valores contrarios a los que la Unión Europea proclama como propios –los de las democracias liberales–, pese a que en el último cuarto de siglo ésta ha actuado contra ellos o al margen de ellos, como lo muestra emblemáticamente su indecente y sistemática política contra inmigrantes y refugiados. 

Desde hace casi dos décadas, la UE naufraga en una decadencia ética que está en el origen de la crisis de legitimidad que arrastra para buena parte de la ciudadanía europea. Una decadencia que encuentra su epítome en el incondicional apoyo de las instituciones de la UE y de buena parte de sus gobiernos al Estado de Israel. Una alianza que se remonta a las décadas previas de ocupación, régimen de apartheid y masacres periódicas contra palestinos y libaneses, pero que se ha mostrado con toda crudeza durante el genocidio perpetrado por el gobierno de Netanyahu contra la población de Gaza desde los atentados terroristas de Hamas, el 7 de octubre.

En ese contexto, en el que crece un fuerte cuestionamiento de las instituciones europeas por parte de quienes seguimos creyendo en los pilares sobre los que se construyó la Unión Europea –derechos humanos, cooperación, multilateralismo y desmilitarización–, los ataques del presidente Trump la han dejado en tierra de nadie y consciente de su vulnerabilidad, resultado de décadas de sumisión política y geoestratégica y de dependencia comercial, militar e, incluso, cultural al imperio estadounidense. Bruselas se había acomodado tanto a su rol de apéndice de Washington que, mientras intenta adaptarse al nuevo contexto, apenas puede salir de un estado de shock, en el que –en no pocos casos– se advierte un trasfondo del viejo supremacismo blanco: este desprecio que demuestra ahora Estados Unidos hacia Europa es lo mismo que lleva décadas practicando en buena parte de países del Sur Global con la aquiescencia europea; cuando no, con su cooperación directa. Estábamos colonizados y, en nuestro racismo estructural, nos creíamos vecinos de escalera. 

La Unión Europea emprende ahora un proceso de emancipación que, dado el grado de penetración alcanzado por Estados Unidos, tiene tintes de refundación, lo que debería aprovecharse para recuperar el espíritu inicial de la federación europea y actualizarlo con los valores que nos protejan de la era de la crueldad en la que nos adentramos. Por eso, precisamente, necesitamos una nueva doctrina de defensa y seguridad que blinde el genuino proyecto europeo que, paradójicamente, muchos de sus Estados miembros llevan años amenazando: un territorio de paz, regido por los derechos humanos, en la que los Estados de bienestar garanticen no solo unas condiciones de vida dignas, sino que prometan un horizonte de mejora –la mejor coraza para las democracias liberales– y el mayor de los respetos a los derechos y libertades; una Unión Europea que garantice el derecho a la libre circulación de todas las personas que buscan oportunidades en nuestros países y de todas aquellas que requieren asilo y protección internacional; un espacio en el que la lucha contra el cambio climático y la mitigación de sus efectos sea una máxima prioridad. Son todos ellos elementos imprescindibles para configurar un territorio seguro para sus habitantes y de defensa de la democracia. Asimismo, todo ello hay que protegerlo, también, de las nuevas amenazas exteriores. 

Ha tenido que ser el propio Donald Trump el que, al dar la espalda a la Unión Europea, la ha forzado a salir de la parálisis en la que llevaba años inmersa desde el shock de la crisis de 2008, del Brexit, del auge de los nacionalistas antieuropeístas, ultraderechistas y neofascistas, y de la desafección de una ciudadanía que ha dejado de ver Bruselas como la promesa de una vida más próspera. Una Unión Europea tecnocrática, gobernada por partidos políticos que, para preservar su preeminencia, han asumido postulados reaccionarios. Y ello se muestra en particular en la que, por desgracia, ha sido lo más parecido a una política común de defensa, la política migratoria, concebida y justificada como una política militarizada de cierre de fronteras. Una verdadera necropolítica, pues ha costado la vida de no menos de 31.000 personas en los últimos diez años en el Mediterráneo. Una política basada en la ideología de la securitización que durante décadas ha presentado a las personas migrantes como amenaza a combatir, alentando así desde las instituciones el miedo al otro, la xenofobia y el racismo en el que las ultraderechas han encontrado su terreno más fértil.

En este contexto de crisis de credibilidad, la UE se ha visto obligada a diseñar su propia política de defensa de manera precipitada y sin hacer partícipe a la ciudadanía de los por qué, los cómo y los cuándo de esa política. Sólo ha compartido el cuánto: 800.000 millones de euros, una cifra que en vista a las pocas explicaciones dadas podría haber sido otra, cien mil millones arriba, cien mil millones abajo. 

Pero veamos lo que sabemos. Si sumamos los presupuestos y los efectivos de los ejércitos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, esta conformaría la segunda potencia militar del mundo. Pero no lo es, porque lo que tenemos son 27 ejércitos y 27 presupuestos que no solo persiguen objetivos nacionales, sino que, a menudo, se han pensado para defenderse de otros países europeos con los que comparten fronteras. Al mismo tiempo, no es sólo que la mayor parte de las armas hayan sido producidas por Estados Unidos –cuyos contratos de compra incluyen, en muchos casos, cláusulas que dan la potestad a su productor de determinar contra quiénes se pueden usar y contra quiénes no–, sino que parte del accionariado de la industria armamentística europea es estadounidense, por lo que tardaríamos años en poder contar con un arsenal realmente autóctono.

Resulta igualmente pasmoso que se hable de construir una autonomía estratégica en el ámbito de la defensa sin abordar cuál va a ser la nueva relación de poder entre la UE y la OTAN. Dado que su salida ni siquiera se valora, sí urge saber qué nuevo rol va a jugar Europa en la Alianza Atlántica en términos de gobernanza y capacidad de decisión, cómo va a gestionar las 275 bases militares y emplazamientos estadounidenses que hay en suelo europeo, así como qué nuevas normas van a regir la presencia de los más de 80.000 soldados estadounidenses que hay desplegados en Europa. Y, desde luego, falta por saber lo decisivo: cómo va a ser a partir de ahora la relación entre la OTAN y las Fuerzas Armadas de la Unión Europea.

Pero la primera conclusión que se impone, como ha mostrado entre otros Sami Naïr, es que la UE no podrá hacer frente a estos desafíos sin un avance decidido en la integración, que tendría que incluir superar el criterio de unanimidad y sustituirlo por mayorías reforzadas en asuntos en los que la UE se juega su futuro.

En un mundo multipolar, en el que los pocos organismos multilaterales de toma de decisiones se encuentran muy debilitados y en el que las pocas reglas que nos habíamos dado han sido pisoteadas –en gran medida por el doble rasero occidental y por el ahora zarpazo de la alianza trumpista-putinista– nos vemos abocados a mayores dificultades para negociar, resolver conflictos y alcanzar acuerdos mínimos. Por ello, la Unión Europea necesita una política de defensa y seguridad común que además de blindar la convivencia interna, nos proteja de las crecientes autocracias. Y no se puede construir sin ahondar en la integración europea y romper con los sesgos nacionalistas, no sólo para abordar los grandes desafíos globales como son la crisis climática o el auge de la ultraderecha y del neofascismo, sino para desarrollar una nueva doctrina europea de la seguridad humana, en el que sea prioritaria la educación en una cultura de paz, la protección de los derechos humanos y del Estado del Bienestar, los servicios públicos de calidad, las ayudas sociales y que incluya entre las amenazas frente a las que erigir garantías, la privatización de los mismos, su infrafinanciación y las políticas neoliberales que agudizan la desigualdad y la precarización, dos de las grandes amenazas de nuestro tiempo. Frente a gravísimas amenazas para nuestra seguridad, como son la retracción de las democracias y el auge de los regímenes autoritarios, el abandono por parte de las grandes potencias de los compromisos para el control de las armas, las desautorizaciones a organismos supranacionales como las Naciones Unidas, el Tribunal Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional y el pisoteo del derecho internacional, la Unión Europea tiene la responsabilidad de organizar su política de seguridad y defensa. Pero, como ya han recordado voces autorizadas, el rearme no debería ser un principio, sino una consecuencia final. Antes toca definirlo, analizar los recursos con los que contamos y los que faltan, crear controles no solo para que en el caso de necesitar armas se produzcan en suelo europeo, sino para garantizar que los fondos multimillonarios que se destinarían a ello no terminen asignados de manera corrupta y a las pocas empresas que se han enriquecido gracias a las políticas fronterizas criminales, causando dolor y muerte durante décadas de manera impune. 

Somos conscientes de que, a veces, para preservar la paz son necesarias las armas: la Carta de la ONU no renuncia al uso de la fuerza: lo que hace es someterla a reglas estrictas en su capítulo VII para que sea legítima. Lo entendemos bien cuando se trata de pueblos oprimidos, ocupados o amenazados, y reivindicamos para ellos el derecho a la defensa y a la resistencia, incluida la lucha armada. Pero nos cuesta más aceptarlo cuando se trata de nuestro territorio porque, sin olvidar en absoluto las dos guerras mundiales del siglo XX, recordamos bien que Europa las ha empleado para dominar, explotar y expoliar a sus colonias durante el pasado siglo y a países como Irak durante la invasión ilegal de 2003. Precisamente porque Europa debería promover otra visión de la resolución de los conflictos, debería dotarse de recursos comunes de disuasión, a la vez que destinar los mismos esfuerzos y presupuestos a diplomacia, a la negociación, a la construcción de nuevas alianzas y al refuerzo de las organizaciones supranacionales. De lo contrario, sólo estaremos impulsando el estado de guerra y la industria armamentística. Y ambas, solo alientan la respuesta mediante la violencia y la perpetuación de los conflictos.

Dicho todo esto, no nos hagamos trampas al solitario: la diplomacia por sí sola no basta para frenar a mandatarios como Putin, Jinping, Netanyahu, Salman o Trump. Sostenerlo sería mancillar la memoria de los cientos de miles de personas masacradas por los bombardeos rusos en Siria, Chechenia y en Ucrania, de los uigures asesinados y encarcelados en campos de concentración –como tantos otros opositores– en China, de los taiwaneses que viven con el permanente temor a una invasión, de las decenas de miles de vidas palestinas masacradas por Israel ya antes del genocidio, del periodista Jamal Khasshoggi descuartizado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, de las decenas de vidas exterminadas por sus bombardeos en Yemen, o de todo lo que está destruyendo Trump desde su retorno a la presidencia estadounidense.

Resulta difícil creer que la Unión Europea, con un peso creciente de las fuerzas políticas nacionalistas y reaccionarias, pueda construir una política de defensa respetuosa con los derechos humanos, que no vaya a aumentar la vigilancia, el control y la represión contra su propia ciudadanía y, especialmente, de aquellos grupos que son percibidos como sospechosos, como son las personas migrantes, racializadas, las activistas y participantes de movimientos sociales y, desde luego, los contrarios a la militarización de nuestras sociedades. Como hemos comprobado desde el 11S, y posteriormente con los atentados yihadistas en distintos países europeos, cuanta mayor ha sido la militarización de nuestras sociedades, mayores los recortes de derechos y libertades, y mayor la criminalización de la movilización social, cuyo epíteto ha sido la persecución de las protestas contra el genocidio de Gaza en países como Alemania.

Y, sin embargo, de nuevo, esos riesgos no significan que no sea necesario dotarnos de nuevos mecanismos para defendernos de amenazas tales como la estrategia de desinformación que lleva años alentando Rusia con el fin de sembrar el caos y la desafección política en las democracias occidentales  –la misma que China desarrolla en países de su entorno–, y desarrollar respuestas a otras formas de guerras híbridas, proteger infraestructuras estratégicas como los cables submarinos, dotarnos de tecnología capaz de hacer frente a nuevas armas como las autónomas y las supersónicas, formar a profesionales en su uso para que actúen como una fuerza de disuasión para un mundo totalmente distinto del que configuró la geopolítica de la segunda mitad del siglo XX.

Lo más importante es que nada de todo ello se puede hacer sin la participación de la ciudadanía. Decisiones de tamaño calado, que afectan a los pilares de nuestras sociedades, al destino de ingentes cantidades presupuestarias y, sobre todo, a la orientación política, social, ética e, incluso, filosófica de nuestras sociedades, deben ser adoptadas tras procesos de detallada información pública, de concienzudas coberturas periodísticas desde todos sus prismas y, finalmente, tras un debate serio en cada uno de los Parlamentos nacionales y en el europeo. La nueva doctrina de seguridad y defensa europea no se puede adoptar por decreto, a pesar de que cueste creer que en estos tiempos sean posibles los debates políticos serenos y maduros. La mayor amenaza para nuestras democracias sigue siendo su desconexión de la ciudadanía y no hay mejor solución que hacerla partícipe de su defensa poniendo en el centro una cultura de derechos humanos y de paz.

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Patricia Simón, periodista especializada en derechos humanos, y Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho.

Migraciones: La política es un libro divulgativo que forma parte de la colección Ágora, que publica la editorial Tirant. El escrito analiza las distintas políticas de asilo en España y la Unión Europea. Su autor, el catedrático valenciano Javier de Lucas, ha dedicado media vida a estudiar las migraciones desde la perspectiva de los derechos humanos de los migrantes. De Lucas –colaborador también de infoLibre– ha participado en la formación específica de jueces, abogados, magistrados y policías y ha formado a un buen número de investigadores y docentes en este campo, en el que ha dirigido numerosos proyectos de investigación y tesis doctorales. 

A continuación, infoLibre publica un fragmento de la introducción del libro:

… El lector no encontrará en estas páginas una exposición descriptiva de las migraciones. En este libro no se recurre al acopio de datos y su sistematización, propio de una perspectiva sociológica, ni demográfica, como el que pueden aportar también los estudios que las abordan desde la perspectiva de la geografía humana. Tampoco, de los que optan por la de la antropología cultural. Este es un ensayo que toma partido por la perspectiva normativa que, a su vez, comporta una opción ideológica. Conste que no hablo de opción ideológica en el sentido peyorativo, sino en el más noble: la elección de una concepción que se entiende razonablemente más justificada y por ello, pasa por la crítica intelectual, por los argumentos. A mi juicio, como se verá, esa opción, esos argumentos, conducen a entender las migraciones como una cuestión radicalmente política. 

La razón del enfoque que propongo es que, en mi opinión, comprender las migraciones exige abandonar la pretensión de ofrecer una mirada meramente descriptiva, y en consecuencia crear una suerte de mapa de conceptos que se corresponda con una realidad objetiva. No es así. Nuestra mirada, nuestra representación de las migraciones, parte de lo que se llama una comprensión previa, un juicio previo que, claro, es un prejuicio. Por eso, lo que propongo ofrecer al lector no es un retrato supuestamente fidedigno de este fenómeno, sino otra visión, otro análisis que nos permita entender los porqués de esa representación habitual - sería más adecuado hablar de la representación dominante —, las más de las veces simplificadora, acerca de algo tan complejo como las diferentes manifestaciones de. la movilidad humana. 

Ese punto de partida puede explicarse también con un tópico aportado por Habermas a la metodología filosófica y también a las ciencias sociales, con el que vino a sacudir la proverbial neutralidad valorativa propuesta por Weber. Se trata del argumento desarrollado en su influyente monografía de 1968, Conocimiento e interés que, frente al precepto weberiano de la wertfreiheit, nos exige la labor de esclarecer el interés que guía esa representación, esa epistemología de las migraciones que hemos construido unilateralmente. Y coincide con lo que también advirtieron Berger y Luckman en su muy relevante ensayo del mismo año 1968, sobre los procesos de construcción social de la realidad: es imprescindible desvelar la existencia de medios hegemónicos que garantizan imponer esa construcción, esto es, una versión determinada de la realidad social. Hoy, esto se vulgariza bajo el término narrativas o relato que, como señalaré, son la base de la percepción social dominante acerca de la inmigración.

Por esa razón, en estas páginas huiré conscientemente de la pretensión de un discurso objetivo que sugiera al lector la ilusión de creer que, tras la lectura, ha conseguido dominar la cuestión. Hablo de ilusión, porque ese pretendido retrato fiel del fenómeno oculta que este es un asunto que, en gran medida, va de procesos de dominación. Y por eso, como vengo sosteniendo desde hace tiempo, para entender las migraciones lo más importante es comprender que son ante todo res politica. Incluso, diré, la cuestión migratoria junto a la crisis ecológica son los dos asuntos que afectan de modo más radical a la comprensión tradicional de qué es la política, esto es, de cómo debemos organizar nuestro quehacer social. 

Lo que quiero señalar al lector es que las políticas migratorias y de asilo no parten de unos conceptos científicos de lo que son las migraciones, de lo que son los migrantes o los refugiados. Los conceptos de inmigrante y refugiado que aceptamos como bien definidos, los que acepta mayoritariamente la opinión pública, son una construcción normativa, que se explica por la función que se les quiere atribuir, por el objetivo que deben desempeñar aquí y ahora en las sociedades que los reciben. Son esas funciones que se persiguen, las que construyen tales conceptos. Es decir, son los intereses que mueven esas políticas los que construyen unas categorías como las de inmigrante o refugiado que, en realidad, resultan funcionales al objetivo de las mismas. 

Dicho más concretamente, no se puede desconocer la existencia de instrumentos jurídicos que están en la base de las políticas migratorias y de asilo, en el plano nacional (las leyes de inmigración y extranjería), en el regional propio de la UE (como el complejo conjunto de reglamentos que componen el reciente pacto europeo de migración y asilo aprobado en 2024), o en el ámbito global. Es importante recordar que, en este plano internacional global, existen normas jurídicas vinculantes para los Estados parte, tanto en el caso de los inmigrantes (como la Convención de la ONU de derechos de los trabajadores inmigrantes y de sus familias de 1990, o el Convenio 97 de la OIT sobre trabajadores migrantes), como muy claramente en el caso de los refugiados, en el que existe un sistema de Derecho internacional de los refugiados compuesto por el Convenio de Ginebra de estatuto de los Refugiados, de 1951 y el protocolo de Nueva York de 1966 que completa ese estatuto y lo extiende. Un cuerpo normativo que supone el reconocimiento del derecho de asilo o de la protección subsidiaria. 

Pues bien, esas normas jurídicas son un poderoso medio a través del cual —y a despecho del desprecio que sostienen ciertos politólogos y sociólogos sobre la capacidad de conformación social de la dimensión normativa— se envía a la comunidad que vive bajo ese orden jurídico y político (es decir, a los ciudadanos, que son los verdaderos destinatarios de esas normas, más que los propios inmigrantes o quienes buscan refugio) el mensaje de quién y por qué, en qué condiciones, debe ser reconocido como un verdadero y buen inmigrante. Quién y por qué debe ser reconocido como un refugiado. 

Lo que trato de explicar es, en buena medida, la lección que ofrece Humpty Dumpty a la ingenua realista Alicia, cuando ésta pone de manifiesto que es preciso esclarecer el significado de las palabras para poder afrontar el desconcierto que causan las decisiones arbitrarias de la reina y aquél le responde terminante: lo importante no es lo que significan las palabras; lo importante es saber quién manda. Alicia ha de entender, sostiene Lewis Carroll, que la facultad soberana del poder consiste en eso, en imponer el sentido del lenguaje. 

Las normas, las decisiones jurídicas, contribuyen tan poderosamente como los medios de comunicación a la creación de nuestra representación sobre los protagonistas de la movilidad humana, a nuestra mirada sobre el fenómeno de la movilidad. Hoy, junto a los tradicionales medios de comunicación, es preciso añadir el poder de representación de la realidad que tienen las redes sociales, siempre que entendamos que éstas no son la comunidad de comunicación libre, sino instrumentos en manos de las grandes empresas tecnológicas y también de potencias políticas. En definitiva, esa mirada responde al objetivo político de gestionar las migraciones para obtener unos réditos determinados, y es lo que construye nuestra noción de migraciones: qué debemos entender por inmigrantes y, en particular, por inmigrantes aceptables.

Por lo demás, hablar de la dimensión radicalmente política de las migraciones me lleva a señalar que la gestión de las migraciones —la política migratoria y de asilo— es un test muy relevante para valorar la calidad del Estado de Derecho y de la democracia en cada país y en las propias relaciones internacionales. En realidad, creo que ese juicio se queda corto: la manera en que construimos nuestra mirada sobre las migraciones y las gestionamos es un test civilizatorio, global. 

Lo que quiero hacer ver es que precisamente la dimensión global de las migraciones obliga a una reflexión que desborda la dimensión estatal de las democracias, para alcanzar el rango de una exigencia que afecta a los cimientos mismos de un orden internacional, si no justo, al menos decente. Como tendré ocasión de argumentar más adelante, uso esa expresión —sociedad decente— siguiendo una tesis cuyas raíces se remontan a los clásicos grecolatinos (de los estoicos griegos, a Horacio y Séneca), que son reformulados por el humanismo y la Ilustración, hasta alcanzar la mejor y más sintética formulación, la que acuña Péguy y reiterarán Margalit o Honneth. 

En definitiva, creo que la gestión o respuesta ante los movimientos migratorios es muy relevante en términos de la legitimidad de nuestras democracias y, en particular, la manera en que respondemos ante esa manifestación específica de la movilidad humana forzada que son los refugiados constituye un test de esa calidad democrática. Los refugiados son el arquetipo de personas que se ven obligadas a abandonar su hogar en busca de una vida digna, huyendo de la persecución y la muerte. Para entender en qué consiste ser un refugiado —en realidad, es más adecuado hablar de asylum seeker, alguien que busca refugio— no hay fórmula más real y sintética que la que ofreciera quien fue Alto Comisionado de Refugiados de la ONU, el jordano Zaid Ra’ad Al Hussein: “refugiados son personas con la muerte a su espalda y un muro ante su rostro”. Pues bien, el inicio de nuestra civilización está ligado al deber de acoger a esos que huyen de la persecución y la muerte: ofrecerle un lugar seguro. Esa es la tradición del principio de hospitalidad, que constituye la piedra maestra del sistema jurídico internacional del asilo y la protección internacional subsidiaria, esto es, el principio de non refoulement, que impone la prohibición de retornarlos al país del que huyen o de enviarlos a un país no seguro. Desgraciadamente, esa noble tradición del refugio es algo que se encuentra en entredicho hoy entre los gobiernos europeos, hasta el punto de que no pocas voces críticas hablan de un proceso de vaciamiento del derecho de asilo y protección internacional para quienes aspiran a ser reconocidos como refugiados.

Desde esos presupuestos y con los propósitos que he avanzado, dedicaré buena parte de estas páginas al análisis de los argumentos que ayuden a entender por qué nuestra representación de la movilidad migratoria tropieza una y otra vez en los mismos errores y por qué, por tanto, las migraciones suponen un problema aparentemente irresoluble, un laberinto de disyuntivas en el que nos perdemos una y otra vez, porque no hemos seguido la pista de quienes así lo construyen y ocultan el hilo de Ariadna que nos permitiría salir de él, a salvo. Todos: nosotros y quienes emprenden el viaje migratorio. Una disyuntiva que es una construcción social, porque cualquier nosotros con el que nos representamos y autoafirmamos es siempre heredero de ese viaje, más o menos lejano, aunque nos lo ocultemos a nosotros mismos o tratemos de olvidarlo.

Resumo para el lector la secuencia expositiva de lo que sigue: comenzaré por un capítulo en el que propondré una aproximación a lo que significan las migraciones como hecho social, una afirmación llena de matices, que empieza por situar la comprensión de esa movilidad humana como mascarón de proa del actual proceso de globalización tecnoeconómica, en el que han alcanzado una posición dominante las grandes empresas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sobre las que el presidente Biden, en su último discurso a la nación, llamó la atención como graves riesgos para la democracia, en una analogía evidente con el famoso discurso del presidente Eisenhower sobre el complejo militar industrial. Con la diferencia de que hoy esas amenazas alcanzan una dimensión mundial. 

Las migraciones, en su sentido amplio, constituyen un hecho social institucional (no un mero dato empírico), de carácter global, holista y plural. Y, sobre todo, son una constante histórica desde los orígenes de la humanidad. Un hecho que se manifiesta como un proceso social, que experimenta muy distintas manifestaciones, diversas etapas, diferentes protagonistas. 

Es aquí donde —sin renunciar a la perspectiva que he expuesto, esto es, denunciar el error de reducir las migraciones a cifras y cuadros estadísticos— recordaré algunos datos proporcionados por la Organización Internacional de las Migraciones de la Organización de las Naciones Unidas (OIM) y también por el Alto Comisionado para los Refugiados, de la misma ONU (ACNUR). Baste ahora mencionar que, en sus informes de 2024 (Informe sobre las Migraciones en el Mundo y Mind-year Trends 2024, respectivamente), ambas organizaciones especializadas señalan que hay casi 300 millones de inmigrantes en todo el mundo (en todo caso, una cifra superior a los 281 millones censados en 2020), es decir, personas que han abandonado su país para tratar de vivir en otro (sin hacer distinción de los diferentes procesos, voluntarios o forzados), esto es, algo menos del 4% de la población mundial.

Al mismo tiempo, tanto la OIM como el ACNUR constatan que crece imparablemente el número de personas que se ven obligadas a desplazarse, bien dentro de su propio país (desplazados internos), bien a otros países (generalmente, contra la creencia dominante en Europa, a países vecinos, esto es, en el eje Sur-Sur, que concentra muchos más desplazamientos que el eje Sur-Norte), debido a situaciones de conflicto, violencia, inestabilidad política o económica y, cada vez más, como consecuencia del impacto de hambrunas o desastres naturales vinculados al cambio climático. Para el año 2024, la cifra de quienes entrarían en esa categoría de desplazados forzosos que vinculamos a la noción de refugiados (si sumamos a los 36 millones de refugiados en sentido estricto, los millones que solicitan protección internacional subsidiaria y los desplazados internos, que no salen de las fronteras de su país) estaría por encima de los 120 millones de personas, lo que supone un incremento del 5% respecto a 2023. 

Eso exige un análisis del contraste entre hechos y narrativas migratorias, relatos que, por cierto, se remontan a los primeros testimonios culturales, a los cimientos de la cultura occidental (y no sólo de ella): de la Biblia (con la referencia a esa migración forzada original, la de la expulsión de Adán y Eva del Paraíso, a la historia paradigmática de la diáspora causada por el castigo a la ambición de la Torre de Babel, la primera gran diáspora masiva, o el libro de Ruth), a Homero y Virgilio, que nos ofrecen los viajes de dos migrantes forzados a causa del destino, Ulises y Eneas. Y con ello, también aparecerán las manifestaciones de una constante que acompaña a la representación de las migraciones, lo que he llamado en otras ocasiones su narrativa tóxica, que hoy es el mensaje dominante. 

Todo ello nos llevará a un estudio de la construcción de los modelos de gestión de las migraciones, es decir, de políticas migratorias, que son tributarios, insisto, de las miradas que arrojamos sobre las migraciones y de su evolución. Ese análisis, que ocupa los capítulos segundo y tercero, nos mostrará un contraste evidente y doloroso con lo que se supone que son las exigencias básicas del Estado de Derecho y de la democracia, y que concretaré en lo que denomino la lógica jurídica y política migratoria y de asilo propia de los países del norte (buena parte de los de la UE, EEUU, Canadá, pero también México) que son receptores de esos movimientos. Lo cierto es que, sin ignorar la posibilidad de que en algunos casos esos flujos migratorios masivos sean inducidos como un recurso de guerra híbrida para la desestabilización de esas sociedades, (así lo han denunciado Polonia y Hungría frente a llegadas masivas que serían organizadas desde Bielorrusia y Rusia), en la inmensa mayoría de los casos se trata de procesos migratorios forzados, de los que, sin duda, se sirven para hacer negocio las mafias de tráfico de personas, pero también, digámoslo ya, las empresas que trafican con el negocio del control de fronteras y, desde luego, quienes se lucran explotando a quienes llegan en condiciones precarias para emplearlos en términos de esclavitud laboral.

Esta lógica ha permitido a algunos ensayistas hablar de las políticas migratorias como industria del desecho humano (Bauman), necropolítica (Mbembé) o institucionalización de la lógica de excepción (Agamben, Lochak). Me parece difícil negar, en efecto, que nuestras políticas migratorias se construyen en buena medida desde la naturalización de una lógica del estado de excepción, que las hace difícilmente compatible con las exigencias básicas de la legitimidad democrática. Y, desde luego, esto es particularmente visible en la evolución —en el retroceso aparentemente imparable—que se vive en torno a una de las manifestaciones de esa movilidad humana, la que constituyen los refugiados, a la que prestaré una atención especial. 

Cuando alguien me pregunta por qué la izquierda no ha construido una verdadera alternativa a ese modelo de política migratoria y de asilo que se difunde desde la extrema derecha y que en este año de la vuelta al poder del presidente Trump parece destinado a imponerse también en Europa, con el avance del relato migratorio que propone la extrema derecha y que la derecha liberal parece haberse resignado a abrazar, para no perder el poder, mi respuesta es clara. De un lado, la izquierda ha abandonado la pretensión de construir una política migratoria y, en aras de la realpolitik, acaba aceptando jugar a hacer política partidista con la inmigración. Con ello, en segundo lugar, renuncia a una gestión de los movimientos migratorios que ponga como condición necesaria el reconocimiento y garantía de la igual libertad —de los mismos derechos— para todos los que residen y construyen el mismo espacio público, incluidos, por tanto, los inmigrantes. La realpolitik impone así el sofisma, santo y seña de los gabinetes electorales de todos los partidos, según el cual hablar de derechos de los inmigrantes tiene el coste de perder el poder.

Quiero dejar claro que, a mi juicio, hay dos condiciones de legitimidad y eficacia -sí, eficacia- de las políticas migratorias. 

Como he dicho, condicionar el reconocimiento y garantía de los derechos de los inmigrantes y sus familias al beneficio que produzcan, es una lógica perversa. Incurren en ella -malgré soi- quienes defienden una cierta mirada “positiva” sobre las migraciones, insistiendo en el argumento de que necesitamos inmigrantes: eso convierte todo el razonamiento en instrumental, porque si dejamos de necesitarlos, o si la necesidad de mano de obra tiene un coste que no queremos admitir, se impone la lógica de contención a toda costa y expulsión de los que no producen beneficios o pueden ser sustituidos por otros con menos coste. Además, al aceptar ese condicionamiento de los derechos al beneficio, emprendemos una pendiente resbaladiza que, antes o después, afectará a nuestros propios derechos, como se demuestra con la deriva discriminatoria del edadismo.

Muy al contrario, es muy importante dejar claro que el reconocimiento y garantía de los derechos de los inmigrantes no es la guinda del pastel que ofrecemos al buen inmigrante, sino la condición de legitimidad de toda política migratoria y de una convivencia sin exclusiones inaceptables conforme a la lógica del Estado de Derecho y de la democracia. 

La segunda condición, en la que ha insistido siempre Sami Naïr, una autoridad de referencia en la materia, es que hay que conseguir que los actores del fenómeno migratorio, esto es, los propios inmigrantes, las sociedades de origen y las de destino, sepan transformar sus respectivas necesidades en mutuo beneficio, lo que a mi entender tiene dos claves: reconocimiento de derechos e incentivación de la democracia, el desarrollo humano y los derechos en los países de origen y tránsito y la igualdad de derechos y de deberes en los países de acogida.

Por todo ello, estoy convencido de que no debemos aceptar con resignación la mirada, la construcción dominante sobre las migraciones. En el cuarto y último capítulo, propondré algunos de los elementos sobre los que puede asentarse otra visión de las migraciones y, por tanto, otra política migratoria y de asilo. Queda para el lector la tarea de tomar posición a partir de esos mimbres que le presento.

La lectura de la proposición de ley sobre delegación de competencias a la Generalitat de Cataluña en política migratoria, anunciada tras el pacto entre Junts y el PSOE, permite un juicio más completo que el que se podía avanzar a partir del texto de ese pacto.

Digamos ante todo que se trata de un modus operandi que guarda no poca simetría con el seguido en otros acuerdos y, en particular, con el que condujo a la ley de amnistía: primero se acuerda un texto en el que el PSOE asume buena parte de la retórica independentista de Junts. Así, la fabulación sobre los siglos de agresión de España contra Cataluña, en el primer caso, o ahora la tesis de que una nación como Cataluña tiene el derecho –si no la necesidad–, por razón de su supervivencia, a formular su propia política migratoria, diferenciada de la de “España”. Pero luego, el texto normativo en que se concreta el acuerdo de Bruselas o Ginebra presenta una versión muy descafeinada de los logros que el partido de Puigdemont anuncia que ha impuesto “al Estado”.

En todo caso, conviene insistir en que esta valoración de la proposición de ley presentada en el Congreso por los grupos parlamentarios del PSOE y Junts no tiene un carácter definitivo: hablamos de lo que es sólo un primer paso en un iter parlamentario que no parece nada fácil.

A mi juicio, la primera cuestión de carácter jurídico, esto es, la constitucionalidad de la denominada “delegación de competencias”, no está bien resuelta.

Comenzaré por sostener que ni el preámbulo, ni el contenido del breve articulado, justifican que se hable de competencia integral de la Generalitat de Cataluña en política migratoria, como pretende Junts, para apuntarse un importante tanto político. No hay tal. El resultado que ofrece el articulado a ese respecto es bien magro, salvo la explicitación de la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los Mossos de Escuadra en fronteras internacionales (se supone que en la frontera con Francia) y sus funciones en el control fronterizo de puertos y aeropuertos. Otra cosa es la coherencia jurídico constitucional de la “delegación” de competencias migratorias, más allá de las que ya le venían atribuidas por la legislación vigente, en particular por el Estatut de Catalunya, en materia de gestión de la acogida e integración (si se quiere mantener ese término) de los inmigrantes que son vecinos en ellas, ámbitos en los que las Comunidades Autónomas y, sobre todo, los Ayuntamientos, cargan con el peso de atención y servicios y, por tanto, deben tener recursos y competencias. O sea, para que quede claro: no se encontrará aquí una oposición a que las CCAA y los Ayuntamientos tengan competencias en la gestión de la política migratoria, dentro del marco constitucional. La coordinación de todas las administraciones (la central del Estado, la de las CCAA y la municipal), junto a los agentes sociales, es una exigencia imprescindible para la legitimidad y la eficacia de esas políticas.

Diré en primer lugar que me habría parecido más limpio, jurídicamente hablando, presentar un proyecto de ley orgánica, lo que habría dado cabida a la intervención consultiva de dictámenes o informes por parte del CGPJ y del Consejo de Estado. Un asunto de la importancia de la política migratoria así lo aconsejaría, tal y como señaló la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en el apartado IV, punto 26, a propósito del iter parlamentario de la ley de amnistía.

Sobre la coherencia jurídico constitucional del proyecto, en punto a la delegación de competencias en política migratoria, a mi juicio es más que cuestionable el argumento que repite el Gobierno y en particular la ministra Saiz, quien asegura –como si fuera un dogma jurídico– lo que, en todo caso, parece una interpretación discutible, esto es, que la cobertura inequívocamente constitucional la presta lo que dispone el artículo 150.2 de la Constitución. A mi entender, el artículo 150.2 no puede relativizar la exclusividad de la que habla el artículo 149.1.1. Siento decir que, en mi opinión, esta ministra (pese a su condición de licenciada en Derecho) y sus asesores, muestran una y otra vez un desconocimiento e incompetencia insólitos en materia migratoria, y no digamos en asuntos jurídicos. El argumento que invoca el Gobierno es que esta “delegación” –que no cesión ni transferencia de competencias– es una muestra de la profundización en el Estado de las autonomías, en el sentido federal. Una muestra que viene de lejos, pues el primer intento formal de llevarlo a sede legislativa se concretó en enero de 2024. Pero ya en ese momento, algunos adelantamos que aquel proyecto no era ni necesario, ni oportuno y, sobre todo, que en sentido jurídico estricto, era más el ruido que las nueces, es decir, no añadía nada sustancial.

Seguramente será el Tribunal Constitucional el que habrá de pronunciarse sobre la interpretación que sostienen el Gobierno y el PSOE. Parece claro, como he avanzado, que la cuestión a discutir versa sobre la interpretación de la delegación de competencias en materia migratoria a una Comunidad Autonóma, competencias que cabe sostener que no son ni transferibles ni delegables, en función de lo que establece como reserva exclusiva competencial de la administración central del Estado el artículo 149.1.1, y coincido en ello, por una vez, con lo que sostuvo en sede parlamentaria el ministro Grande Marlaska.

Una primera consecuencia sería la problemática coherencia constitucional de la regulación del control de puertos y aeropuertos que consagra la proposición de ley. Puede darse una cierta incongruencia entre lo señalado en el apartado 1 del artículo 9 y lo que se establece en los tres apartados del artículo 8. En efecto, en el artículo 8 se deja en manos exclusivas de la Generalitat al definir a los Mossos de Escuadra como “policía integral” en esos puntos, a diferencia de los que se dispone en el artículo 9, en el que sí se habla de coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado respecto a la expulsión y rechazo en frontera. Además, hay que advertir que puede existir contradicción entre los dos párrafos del apartado 1 del propio  artículo 9, pues el primero atribuye a los Mossos como policía integral la competencia de “control de frontera relativas a la ejecución de la normativa del Estado en materia de devolución de personas extranjeras en el territorio de su comunidad autónoma”, aunque en el segundo se indica que “actuarán en los puestos habilitados para el acceso de personas extranjeras en puertos y aeropuertos, en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo a los criterios que se establezcan en la Junta de Seguridad regulada en el artículo 164.4 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio presidida por la Presidencia de la Generalitat de Catalunya”.

Dicho lo anterior, creo que el articulado no comporta novedades problemáticas en lo que se refiere al régimen jurídico contemplado. Quizá la omisión que me preocupa más es que debería haberse incluido la referencia a que las sanciones (artículo 6) y en su caso las expulsiones (artículo 9) sean siempre bajo reserva del derecho a defensa y de la actuación de los tribunales. Y, sobre todo, el hecho de que la cuestión del reparto solidario de menores no acompañados queda silenciada y ese vacío permitiría que la Generalitat se opusiera a recibir menores acompañados cuya presencia, según sostiene en este momento no sólo Junts sino el propio gobierno Illa, desborda las posibilidades de gestión del gobierno de Canarias y, puntualmente, de Ceuta y Melilla. La Generalitat se blindaría, anteponiendo así su conveniencia al principio jurídico básico, impostergable, de la prioridad del interés del menor.

En todo caso, las cuestiones básicas a plantear sobre la justificación de un cambio de modelo legal como el que supone esta proposición de ley se pueden formular en estos términos: ¿Beneficia esta modificación legal a los primeros destinatarios, los inmigrantes? ¿Mejora la garantía de sus derechos? ¿Mejoran los servicios que se deben prestar a los inmigrantes y a los ciudadanos? ¿Contribuye a una política migratoria más justa y eficaz?

A mi entender, las respuestas que ofrece el articulado de la proposición de ley no presentan avances sustantivos y satisfactorios para los inmigrantes, ni para los ciudadanos. Y si acudimos a la pragmática fórmula jurídica acerca del interés al que se orienta la norma, la pregunta cui prodest?, la respuesta es igualmente pragmática y dura: quien obtiene beneficio de esto no son los inmigrantes, ni los ciudadanos, sino la retórica de Junts.

En efecto, si vamos más allá del análisis técnico jurídico, lo que a mi juicio resulta preocupante no son tanto ese tipo de cuestiones e interpretaciones jurídicas, que llegarán al Tribunal Constitucional, sino la dimensión política del acuerdo entre Junts y el PSOE, concretado en la proposición de ley. 

Me refiero a lo que ya se incluía en el acuerdo y ahora queda trasladado en el preámbulo, porque contiene elementos alarmantes sobre el proyecto que sostiene Junts en esta materia y que intentará concretar en el Parlament de Catalunya, como ha anunciado reiteradamente. Porque no podemos olvidar que lo que Junts tiene como prioridad es su hegemonía política en Catalunya y, a ese respecto, su principal preocupación es el ascenso de la ultraxenófoba Aliança Catalana, lo que le mueve a tratar de ganar los votos de una parte del electorado catalán próximo al partido de la alcaldesa de Ripoll. Es elocuente que Junts se desmarcara del acuerdo para la moción de censura a la alcaldesa Silvia Orriols, líder de la ultraderecha nacionalista, inequívocamente xenófoba, supremacista, racista.

Es imposible negar que las explicaciones de Puigdemont, Nogueras y Turull sobre el pacto y la proposición de ley evidencian una ideología xenófoba y supremacista. La preocupación por esa ideología subyacente ha sido muy bien sintetizada por una reconocida experta, Gemma Pinyol, al indicar que algunos párrafos del acuerdo, así como otros del preámbulo de la proposición de ley y, con mucha claridad, las declaraciones de los tres líderes de Junts, "suponen aceptar la narrativa de la inmigración como problema y validar un enfoque que solo beneficia a la extrema derecha”, es decir, como sostiene Angel Munárriz, benefician los términos en los que Aliança Catalana y Vox quieren plantear el debate migratorio. Así hay que entender cuanto se dice sobre el peligro que representa una inmigración “masiva” como la que según esos textos ha recibido Cataluña, para la catalanidad y la cohesión de la nación catalana. Y es muy preocupante su planteamiento de la lengua, no como un bien a adquirir, sino como una condición sine qua non para vivir en Cataluña, para "tener papeles", desmintiendo así la aseveración de que “es catalán todo el que vive y trabaja en Catalunya”. Ese condicionamiento desbordaría a todas luces el marco legal y constitucional vigente.

Me parece una triste ironía, por cierto, que fuerzas conservadoras que han coqueteado continuamente con planteamientos xenófobos e incluso racistas a propósito de la inmigración (el PP y los medios de la derecha, desde ABCa a La Razón o El Mundo) se lamenten ahora y denuncien el riesgo xenófobo. Ojalá fueran coherentes con esas denuncias, que me parecen puramente tácticas, aunque propiciadas por lo que insisto en considerar un grave error del PSOE en la negociación con Junts.

A la luz de todo ello, siento mucho tener que decir que, a mi juicio, este pacto y esta proposición de ley no tienen una razón de ser “federal”, sino que obedecen al interés de Junts por imponerse en el espacio político en Cataluña y, en particular, por atajar la sangría de votos que supone para el independentismo de derechas la presencia de Aliança Catalana. Eso es lo contrario de lo que un gobierno progresista debe defender. Por eso, tengo que reconocer que me parece más correcta la posición explicitada por Compromis y Podemos, al sostener que hay que poner pie en pared ante el riesgo de un uso xenófobo, supremacista, racista de esta norma y el consiguiente riesgo para los derechos fundamentales. Todo ello sin perjuicio de que considero probable que finalmente Podemos (a diferencia de lo que creo que hará Compromis), que hoy se ha pronunciado tan tajante en contra de la proposición de ley, pacte finalmente su voto a favor, a cambio de algo simbólico, pero carente de efectos vinculantes, como la propuesta de regularización. No olvidemos que lo que más peso tiene en el juego parlamentario actual, en todas las fuerzas que sostuvieron la investidura del Gobierno de coalición, es evitar la caída del Gobierno, que propiciaría muy probablemente la llegada de PP y Vox al ejecutivo. 

Y para concluir, diré que no me tranquiliza el argumento de que no hay riesgo en esta delegación de competencias, porque la Generalitat esté gobernada ahora por el PSC. Por si alguien no se ha dado cuenta, señalaré que el PSC y el honorable president Illa, que se sepa, han sido testigos de piedra de esta negociación. Y el problema es, precisamente, que se pone en manos de un hipotético gobierno independentista, próximo a la extrema derecha, un proyecto que puede lesionar derechos e imponer un modelo social excluyente. Baste pensar en que, si se aprueba esta proposición de ley, es más que probable que Junts plantee de inmediato en el Parlament de Catalunya una iniciativa para concretar esos elementos supremacistas que condicionarían, por ejemplo, la obtención y renovación de permisos de residencia o los informes sobre expulsión a signos identitarios. Veremos si la discusión parlamentaria en el Congreso, y la que se produciría en su caso en el Parlament de Catalunya en desarrollo de esta proposición de ley, si se aprueba, permiten solventar ese riesgo.

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

Ha sido muy comentado el discurso del vicepresidente de los EEUU, J.D. Vance, en la cumbre de seguridad en Munich, el pasado 14 de febrero (el texto completo fue publicado por la revista Grand Continent). Fue una intervención en la que lanzó un inequívoco mensaje crítico al papel de la UE y a la OTAN e impugnó el modelo de democracia que prima hoy en la UE, porque –a su entender– los europeos (salvo los buenos, como los populistas amigos de Trump en Europa) habríamos abandonado los valores comunes que teníamos con la democracia americana.

Vance dejó claro en qué consiste y quién dirige el nuevo orden internacional que persigue la administración Trump, un orden en el que ni la OTAN ni la UE tienen un papel relevante, comenzando por la solución que proponen para finiquitar la guerra en Ucrania. Para muestra, esta perla: “hay un nuevo sheriff en la ciudad”. La conclusión obvia es que los europeos estamos solos para nuestra defensa y no somos actores relevantes en ese nuevo orden internacional, si es que podemos hablar de orden con un mínimo sentido jurídico y no de meras relaciones de fuerza. Cabe añadir que el manifiesto abandono de la OTAN enunciado por Vance, encontró inmediata y vehemente repuesta por parte de la Alta Representante de la UE, la estonia y rusófoba Kallas, y también del ministro de defensa alemán.

Además, Vance se pronunció sobre lo que considera el gran peligro de las democracias europeas (salvo las de orientación conservadora o incluso reaccionaria) que, a su juicio, no son Rusia ni China, sino el enemigo interno, esto es, el declive de la libertad de expresión y de la democracia, a la vista de que en la UE se niega el pan y la sal a las posiciones ultraconservadoras que obedecen a la voluntad de millones de ciudadanos europeos, negando así la legitimidad de la voluntad del pueblo o de una parte importante de él. De esta forma, Vance se opuso claramente al cordón sanitario (Firewall, Brandmauer) frente a los partidos de extrema derecha en lo que ha sido denunciado por el canciller Scholz como una clara injerencia electoral. Y lo cierto es que el discurso fue jaleado en las redes, casi simultáneamente a su emisión, por Alice Weidel, la líder del AfD, lo que hace pensar que disponía del texto previamente. Junto a ello, Vance sostuvo que el gran riesgo que afronta Europa es la invasión migratoria, dando alas así a la inmigración como caballo de batalla electoral, más incluso que político.

Claro, que hable de calidad democrática alguien que secunda a quien animó a sus seguidores al golpe de Estado en el Capitolio el 6 de enero de 2021 parece poco coherente, por más que Vance insista en que la legitimidad democrática ampara las críticas a los resultados electorales, también las más feroces, que no se detienen cuando las más altas autoridades electorales y judiciales las validan y han dictado el ostracismo contra el exvicepresidente Mike Pence, que se enfrentó al propio Trump y cumplió con la dignidad institucional de su cargo.

Pues bien, contra el ninguneo y las críticas de que ha sido objeto por los medios europeos, creo que la caricatura que se hace de Vance es un error y por ello conviene tomar en serio y analizar bien sus intervenciones. Sostengo que Vance es una de las personas que pueden tener más peso en la dimensión ideológica del proyecto de presidencia imperial de Trump, sin perjuicio de que la guía de ese proyecto sea básicamente tecnoempresarial. Por eso, me parece una equivocación menospreciar el peligro que comporta este vicepresidente y confieso la irritación que me produce la displicente superioridad con la que, por desgracia, suelen pronunciarse voceros y tertulianos e incluso pretendidos analistas, todos fieles creyentes de la ortodoxia soi-dissant progresista, que reducen a Vance a la caricatura de un paleto supremacista e integrista blanco (otro red-neck), con una pretensión desmesurada de intelectual.

Recordaré al lector que Vance adquirió cierta notoriedad debido a su conocido Hillbilly Elegy: a Memoir of a Family and Culture in Crisis (2016), un ensayo que entró a formar parte de los libros de referencia de la revolución conservadora norteamericana y le valió la etiqueta de portavoz del “cinturón de óxido” (Rus Belt, la región manufacturera muy afectada por la crisis de desindustrialización). El libro fue llevado a la pantalla en 2020 por Ron Howard, con Glen Close, Amy Adams y Gabriel Basso como protagonistas. Eso fue bastante antes de que su autor se convirtiera en el candidato de Trump a la vicepresidencia en las elecciones de 2024 y ello pese a que Vance no había ahorrado críticas al empresario durante las elecciones que le condujeron a su primer mandato. Vance (que tomó el apellido de sus abuelos y vivió una difícil infancia y adolescencia) reúne una biografía corta pero intensa, que incluye una experiencia breve como marine en Irak, su formación en ciencia política y filosofía en la Universidad de Ohio y luego en la escuela de Derecho de Yale, a la que siguió un período como empresario y escritor para ejercer finalmente dos años como senador por Ohio, antes de formar ticket ganador con Trump. Destacaré también la influencia que ejerce en él la obra del gran ensayista conservador Leo Strauss. Para un paleto yanqui, como gustamos caricaturizar los europeos, pas mal…

Completo este esbozo haciendo referencia a la polémica que enfrentó a Vance –quien ahora se declara católico– con el papa Francisco, a propósito de un tópico de la teología política, en el que encuentro la huella de Strauss. Me refiero a la interpretación del conocido argumento agustiniano del ordo amoris, que, a juicio de Vance, justificaría el lema trumpista del America First, ahora parafraseado de modo entusiasta por nuestro Abascal y los susodichos “patriotas europeos" que difunden un engañoso Make Europa first again que no puede ocultar su servilismo al emperador norteamericano y su dimensión hipernacionalista y antieuropea. En una entrevista ampliamente difundida, Vance sostuvo que la política migratoria de la administración Trump es coherente con esa tesis agustiniana y, por tanto, tiene un fundamento cristiano, lo que sin duda es un mensaje dirigido a buena parte de su base electoral: “Amas a tu familia, luego amas a tu prójimo, luego amas a tu comunidad, luego amas a tus conciudadanos en tu propio país, y luego de eso puedes concentrarte y priorizar el resto del mundo”.

Afirmar que San Agustín es el referente de una interpretación teológico-política conservadora no será una sorpresa para nadie, imagino. Su ordo amoris sitúa en primer lugar los deberes con el ámbito más próximo y, paradójicamente para la dimensión universal del mensaje cristiano (católico, sí), la familia y los nuestros son lo primero, frente a los más lejanos y, no digamos, los diferentes. Una tesis, por cierto, considerablemente argumentada por alguien tan lejano a esas fuentes ideológicas como R.Rorty, con su tesis sobre los círculos de solidaridad.

En contra de ello, el papa Francisco, en una carta dirigida el 10 de febrero a los obispos católicos norteamericanos, sostuvo que el amor cristiano “no es una expansión concéntrica de intereses que poco a poco se amplían a otras personas y grupos… El verdadero ordo amoris que es preciso promover es el que descubrimos meditando constantemente en la parábola del “buen samaritano” (cf. Lc 10,25-37), es decir, meditando en el amor que construye una fraternidad abierta a todos, sin excepción” y por eso se opuso a ese “cierre del corazón” que identificó con la política migratoria de la administración Trump, que considera, además, contraria a las exigencias elementales del Estado de Derecho.

Huelga decir que esta interpretación del tópico agustiniano choca no sólo con el universalismo del mensaje cristiano sino también con el universalismo ejemplificado por los humanistas como Montesquieu, que escribió en sus Cahiers: “Si supiera algo que me fuese útil, pero que fuese perjudicial a mi familia, lo desterraría de mi espíritu; si supiera algo útil para mi familia pero que no lo fuese para mi patria, intentaría olvidarlo; si supiese algo útil para mi patria pero que fuese perjudicial para Europa, o bien fuese útil para Europa y perjudicial para el género humano, lo consideraría un crimen y jamás lo revelaría… soy humano por naturaleza, y francés sólo por casualidad”.

En lugar de lamentarnos por nuestra situación, creo que los europeos deberíamos pensar que, precisamente porque nos encontramos ante lo que se ha calificado como la gran crisis existencial europea (así se pronunciaba Dudan Sijdanski en un artículo en 2018), esta crisis, en la mejor tradición de Monet, constituye sobre todo una gran oportunidad. Una oportunidad para avanzar en el genuino proyecto europeo, para dar el salto a una UE centrada en una Europa social y en un proyecto de integración realmente político, un proyecto colectivo que vaya más allá de las cuatro libertades fundacionales y de la prioridad casi exclusiva de un modelo económico que cada vez más aparece bajo el primado del dogma del libre mercado y cada vez menos atento a las necesidades concretas de los ciudadanos: del paro a la vivienda, por ejemplo.

Se puede hablar, pues, de oportunidad, en el sentido del argumento de Hölderlin: donde se encuentra el mayor peligro, ahí está la salvación. Como se ha dicho, en las difíciles circunstancias que vivimos, Europa no es una opción, es una necesidad. 

Para entender qué tareas debemos acometer para hacer posible lo necesario, sugiero leer con detenimiento las propuestas formuladas a ese respecto por Sami Naïr en las páginas de la octava parte de su ensayo Europa encadenada: desde la reforma de los Tratados, la convergencia en el desarrollo de los países del sur y del norte de la UE, el establecimiento del gobierno político de la zona euro y la creación de un sector público europeo eficaz.

Es hora de que los europeos alcancemos la mayoría de edad y dejemos de ampararnos bajo las faldas de la nanny norteamericana, que hoy tiene todas las trazas de madrastra. Sin duda, lo deseable sería tener a los EEUU como socio y aliado leal, algo que no parece garantizado con la segunda administración Trump. Sin duda, hay que reconocer nuestra deuda con los EEUU: nuestro particular "primo de zumosol" pagó un alto precio para defender la libertad y la democracia, junto a los europeos, en las dos guerras mundiales. Y es verdad que el escudo de la OTAN nos ha amparado a los europeos durante el largo período de la guerra fría. Pero no es menos cierto que esa protección ha tenido un alto precio y no sólo económico.

El precio excesivo que hemos pagado, es, sí, económico: la supeditación a la industria norteamericana del armamento y a sus tests en diferentes guerras, en las que han conseguido cierto seguidismo europeo. Pero el coste mayor es el de la autonomía –la soberanía– europea. Lo es, evidentemente, en política de defensa y en las relaciones internacionales. Así lo hemos comprobado con ocasión de la inexistente respuesta de la UE ante la desaforada reacción de Netanyahu frente a los execrables ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023. Es evidente que la legítima defensa inicial por parte de Israel se reveló enseguida como una excusa para una estrategia de destrucción a sangre y fuego de un pueblo, el de los palestinos gazatíes, con la complicidad muy activa de los EEUU y por omisión de la UE. Eso sí, en honor a la verdad con muy dignas excepciones, como la corajuda posición del Alto Representante Borrell y de los gobiernos de España e Irlanda.

Ese alto precio que hemos pagado los europeos incluye la supeditación de la OTAN a los intereses geoestratégicos norteamericanos y a una lógica de enfrentamiento con Rusia que, en el fondo, ha acabado siendo una coartada para el proyecto imperialista de Putin. Ahora, Trump y Putin coinciden en la brutalidad de su negación del derecho internacional y de las instituciones del sistema de la ONU. Como ha escrito Robert Reich, Trump es el arquetipo de los presidentes norteamericanos que podríamos considerar lawless. Lo es con toda propiedad: no es que quiera burlar la ley (de una u otra manera, salvo quizá Carter, todos los presidentes norteamericanos contemporáneos lo han hecho para afirmar sus intereses), es que quiere destruir el imperio del Derecho.

Ahí es por donde hay que comenzar por poner pie en pared. Se trata de reafirmar con decisiones y hechos la voluntad política de mantener que el núcleo de la UE, incluso por encima de los intereses económicos comunes, es el respeto al Estado de Derecho y a sus instituciones, en el orden interno y en el internacional, esto es, la legalidad internacional. Lo que incluye el pacta sunt servanda, el respeto a la obligatoriedad de los convenios internacionales, comenzando por los de derechos humanos –y ahí la UE está fallando gravemente, por ejemplo, en materia de inmigración y asilo–, la solución pacífica de los conflictos, la multilateralidad y la lucha contra la impunidad a través de tribunales internacionales de justicia, cuyo funcionamiento y decisiones deben ser respetados activamente.

En segundo lugar, hay que librar la batalla de la UE como proyecto político, lo que al menos significa un proyecto federal y eso tiene consecuencias muy prácticas, como la reformulación de instituciones capitales que adolecen de un déficit democrático elemental. Lo es, por ejemplo, la relación de poder entre el Paramento y la Comisión Europea y el Consejo Europeo, aunque se hayan dado tímidos avances para que el Parlamento, que ciertamente es elegido por los ciudadanos europeos, con un complejo mecanismo de representación, juegue el papel que le correspondería en un sistema democrático tout court. Lo es el Banco Central europeo, un organismo con inmenso poder, cuyos miembros son designados sin ningún control democrático, en algo demasiado parecido a un proceso de cooptación en el que son determinantes multinacionales como Goldman Sachs.

Un requisito muy importante para que la UE pueda ser un proyecto político es la necesidad de reforzar el presupuesto europeo y, obviamente, su control. Como recuerda Sami Naïr y ha insistido Draghi, un proyecto político como el que debe ser la UE no puede sostenerse con unos Presupuestos tan exiguos como los que tiene hoy la propia UE. Una Unión de 450 millones de ciudadanos, con un PIB que supera anualmente los 17 billones de euros, cuenta con unos presupuestos plurianuales que apenas alcanzan cada año el 1% del PIB europeo total, apenas tres veces el presupuesto de un Estado como Túnez.

No son las menores de las dificultades de ese reto para un proyecto político europeo, las que debemos enfrentar a propósito de la autonomía europea como sujeto en las relaciones internacionales y también en un ámbito clave para la soberanía como es la política de defensa. Dejo de lado en este momento la primera cuestión, que nos obliga a redefinir nuestras relaciones con el Sur global, con los países emergentes en el seno de los BRIC y también, inevitablemente, con China.

En lo que toca a la autonomía europea en defensa, el primer dilema es inmediato. Necesitamos propuestas claras sobre qué debe sostener la UE como solución a la guerra en Ucrania. Y la respuesta me parece que debe contener algunos elementos irrenunciables: ninguna paz ni armisticio se debe decretar sin el acuerdo de Ucrania. Además, la UE debe estar presente en esas negociaciones de paz. Y, en tercer lugar, las concesiones mutuas (que se harán, porque toda negociación es concesión) deben guardar un equilibrio que no premie lo que comenzó como un acto de agresión. A ello hay que añadir que, por el propio interés de la UE y no sólo de los Estados fronterizos con Rusia y Bielorrusia, la UE debe ser garante de esos acuerdos y contemplar una agilización del proceso de integración de Ucrania en la UE.

La cuestión de fondo es el modelo de política de defensa europea. En el contexto geopolítico global, una política de defensa europea que disponga de los medios para proteger nuestros valores e intereses es simplemente imprescindible. Creo que, a ese respecto, hay que descartar las posiciones que no son ya pacifistas sino, a mi juicio, irreal e irresponsablemente irenistas. Tenemos que descartar también una perspectiva belicista que todo lo cifra en incrementar la propia industria de armamento y aumentar los presupuestos de defensa en términos inalcanzables (el famoso 5% del PIB, que no cumplen ni de lejos los propios EEUU) e incompatibles con prioridades del bienestar inmediato de los ciudadanos que no podemos dejar de lado. Me remito a los análisis de un experto como Jesús Núñez Villaverde, quien sostiene que no necesitamos gastar más en defensa, sino hacer que sea comunitario, realmente europeo, los que ahora son gastos nacionales: baste pensar, como señala, que la suma del gasto en defensa de los 27 supera los 320.000 millones de euros, lo que multiplica por cuatro el gasto de Rusia y nos situaría como la segunda potencia mundial al respecto. Los trabajos de Núñez Villaverde muestran muy razonablemente que el dogma del 2% del PIB para política de defensa debe ser relativizado, y sobre todo, que no se trata de gastar más sino de gastar mejor, de superar las orejeras nacionalistas para “incrementar las capacidades comunes… acudiendo a una estrategia de división del trabajo, tanto en el ámbito industrial, como en el de los medios y recursos”.

Por lo demás, como se ha insistido, las peores amenazas, los riesgos más graves para la seguridad y bienestar de nuestros ciudadanos, no tienen tratamiento en clave militar. Baste pensar en las consecuencias de la crisis climática, en las pandemias, en los riesgos derivados del oligopolio en las TIC, o incluso en el terrorismo internacional. Por eso me parece acertado su diagnóstico: “No se trata de renunciar a dotarnos de capacidades de defensa creíbles en todo el espectro de posibles amenazas de naturaleza militar, sino de convencernos de que las armas no sirven para todo y de entender que las posiciones nacionalistas han quedado definitivamente trasnochadas”.

Termino con un pronóstico bastante fácil: la cumbre convocada por Macron en París no servirá para relanzar el proyecto europeo. Con un Scholz que está a una semana de terminar su mandato; Rutte que es secretario general de una OTAN que se arriesga a perder a su mayor contribuyente; Meloni, que no va a abandonar su papel de interlocutora con Trump y la presencia de Starmer como decorado, a la que hay que sumar las dificultades del gobierno de coalición español para incrementar su gasto en defensa cuando su socio se opone y no hay presupuestos, ¿qué puede ir bien? Pues eso, la operación de imagen de Macron para aparentar que está a las riendas, sin caballo.

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

Escuchado el mensaje de Navidad, no puedo evitar recordar aquel "Sosegaos, sosegaos y decid", una frase que se atribuye a otro rey Felipe —esto es, a Felipe II—, ante la queja desconsolada de una mujer que acudió a él.

No está mal pedir sosiego en la conversación pública, como en la privada (basta pensar en tantas reuniones en estos días festivos). Es siempre un consejo oportuno y, si cabe, hoy, más que oportuno, necesario. Y no sólo para los políticos enzarzados tantas veces en un griterío que tiene poco que ver con su deber de ofrecer soluciones a los ciudadanos, ante quienes tienen que responder, porque para eso los elegimos. Es un aviso necesario también para nosotros, los ciudadanos. Pero hay dos matices importantes.

El primero es que los tiempos, por fortuna, han cambiado. Hoy ya no somos súbditos que esperemos gracias de un rey o de un valido. Aun así, creo que la apelación al sosiego está justificada. Pero ahí viene el segundo matiz: lo está, siempre que la apelación sea completa, en el sentido de la cita de aquel rey. Recordemos, sosiego no para callar, sino para decir, para tomar la palabra a la que tenemos derecho. Que eso no es un privilegio de la clase política ni de los profesionales de los medios de comunicación, por imprescindibles que sean —lo son— en la conversación pública que debiera ser la democracia.

Por eso, cuando oímos llamadas al sosiego, no debemos entenderlo sólo como petición de que se rebajen los decibelios y la agresividad en las Cámaras y en los gabinetes de comunicación de los partidos. Menos aún debemos entenderlo como una invocación para que los ciudadanos guardemos silencio, para que nos sometamos o nos resignemos. Esa apelación al sosiego tiene sentido si lo es como punto de partida para tomar la voz e intervenir desde la calma y la reflexión. A intervenir, insisto: una llamada a mejor "decir", para exigir lo que entendemos como justo y denunciar lo que creemos que no lo es. 

Afortunadamente y aun con las imperfecciones de nuestro sistema político y de tantos de quienes lo encarnan institucionalmente, vivimos en un Estado de Derecho en el que nuestra palabra no busca la benevolencia de un rey, sino que se cumpla el sentido del Derecho y se restablezca ahí donde haya quebrado. Con el establecimiento de las responsabilidades y, en su caso, de las sanciones. Pero no es una tarea de la que seamos espectadores: somos nosotros los soberanos de ese Derecho y debemos luchar por que no retroceda: tomar la voz para exigir que se nos garanticen de forma efectiva y a todos, sin excepción, nuestros derechos, comenzando por el de obtener respuesta de las administraciones y en su caso, de los tribunales de justicia. Que así sea, en Navidad y después.

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

Ya ha pasado un mes. Pero una gran parte de los afectados sigue viviendo en el momento cero, en el año cero y en la zona cero, como ha escrito Raquel Ejerique. Por eso, a mi juicio, cada día que pasa aumenta entre ellos (y entre buena parte de la ciudadanía) un mal mortal para la convivencia: la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones, comenzando por las de gobierno y representación.

Aumenta, creo, la sensación de que, desde Madrid, no se acaba de entender la envergadura de lo que sucede. Y ello, pese a las indiscutibles y cuantiosas iniciativas positivas del gobierno central a favor de las víctimas de la descomunal riada (algunas particularmente eficaces, como la reconstrucción en tiempo récord de buena parte de las infraestructuras de movilidad que dependen del Estado, o el papel de las fuerzas armadas y de seguridad que también dependen de él). Esa sensación da pie a la indignación, colmada de desesperación, por parte de quienes no encuentran razones para hablar de "recuperar la normalidad". Dicho sea de paso, creo que no es el juicio que recibe la actuación de la Delegación del Gobierno, con la señora Bernabé al frente, que no ha dejado de pisar el terreno incansablemente desde el primer momento y afrontar directamente, en primera persona, las críticas de quienes están, insisto, desesperados.

Si esto es así, ¿qué decir de las muestras de incompetencia y ceguera (que en no pocos casos parece voluntaria) del gobierno valenciano? Creo que hay un consenso muy superior entre la opinión pública acerca del pronóstico de que el president Mazón, su Consell y el PP de Valencia no pueden recuperar la confianza política perdida y que van a pasar por un calvario insufrible, si no dimite y se convocan elecciones. No de inmediato, pero sí pronto, en cuanto las consecuencias más graves del desastre hayan podido ser paliadas. Y, en todo caso, que es inexcusable, políticamente hablando, que se lleve a cabo un verdadero debate en el parlamento de los valencianos acerca de lo que debe hacerse. Un debate que, como luego añadiré, tiene como mejor vía la presentación de una moción de censura.

La sensación es que el gobierno valenciano muestra una y otra vez su torpeza e incompetencia, comenzando por el desastre de su política de comunicación, a la hora de tratar de ofrecer respuestas convincentes a los afectados que viven en esa permanente hora cero. Pero también a todos los valencianos. La disyuntiva es ésta: o no han entendido, o no quieren reconocer la gravedad de lo que sucede tras la riada. Ofreceré tres botones de muestra:

Primero: la huida de explicación verosímil y de asunción de responsabilidad por parte de quien es el primer responsable político valenciano, el propio president Mazón, entregado hoy por hoy al "y tú, más" respecto al gobierno Sánchez y a cualquier institución vinculada a él, mientras es obviamente incapaz de hacer frente a los ciudadanos afectados. Lo prueba la indigna reacción de parapetarse en el Palau (él mismo y el conseller de Educación, el señor Rovira), tras la muerte de un trabajador por derrumbe en el porche de un centro educativo de Massanasa, que está relacionado con la falta de diligencia de la Consellería a la hora de adoptar medidas de seguridad en los centros escolares (aún hay millares de niños sin escuela). Lo prueba el hecho de que en su visita a Utiel, el President evite el centro urbano y recorra caminos para supervisar infraestructuras.

Segundo: la mala gestión del escudo militar con el que se ha tratado de proteger (comenzando por el bochornoso episodio del incremento de salario en el momento menos oportuno) y la incapacidad del president Mazón para acercarse a los ciudadanos, sumada a la ausencia de empatía que demuestra que, precisamente al cumplirse el primer mes del desastre, no haya tenido una muestra de reconocimiento institucional de solidaridad y de petición de perdón, como han hecho buena parte de los alcaldes que, al fin y al cabo, están todos los días en la brecha.

Tercero: lo que pretenden que dé sentido al resto de legislatura, esto es, la "reconstrucción", encomendada al vicepresidente Gan Pampols (hay que referirse ya a él en esos términos), va a ser cosa de años, sin duda, y desde el punto de vista de la responsabilidad política, tiene algunos elementos que hacen pensar en un intento de desviar la exigencia de responsabilidades a quienes estaban al mando –o debían estarlo– el día 29 y en los días siguientes. No digo que esa prioridad para la legislatura carezca de justificación. Sí diré que pienso, como ha señalado la profesora de economía de la Universitat de València Matilde Mas, que hablar de reconstrucción es un error, porque supondría seguir manteniendo todo lo que se ha demostrado que incrementa el riesgo de pérdidas de vidas humanas y daños materiales enormes, cuando es obvio que se trata de corregir todo eso: se trata de incentivar el traslado de casas y empresas a zonas no inundables, subraya. Eso implica levantar la vivienda social, una eficaz red de transporte público y simplificar e incrementar el dinero de las ayudas. Por lo demás, añade, la reconstrucción en Valencia no es la misma que en Afganistán: exige gestionar los recursos de la administración pública y eso no es fácil para quien no tenga experiencia en ello. Y exige transparencia, para evitar todo asomo de corrupción, y también ese escenario reprochable de quienes quieren lucrarse con las tareas de reconstrucción.

En todo caso, cuanto he recordado hasta aquí no obsta, sino más bien al contrario, a la tesis que quiero proponer en este artículo, esto es, la necesidad de que se afronte una prioridad genuinamente política. Quiero decir que, junto a la respuesta material, también tiene carácter prioritario la exigencia política de dignidad y transparencia, que es requisito para la confianza política de los ciudadanos en las instituciones. Por eso creo necesario e inaplazable plantear una moción de censura en las Corts, tal y como proponía al comienzo de estas líneas. Sabemos que es una moción que fracasará, por muchas dificultades (entre otras, Vox no la apoyaría, aunque me temo que este partido, que cultiva la demagogia antisistema, saldría beneficiado en una repetición electoral). Pero insistir, como hace la líder del PSPV y ministra Diana Morant, en la vía de que Feijóo deje caer a Mazón, es –a mi juicio– un grave error: no sólo porque es evidente que el PP no lo va a hacer, sino también y sobre todo porque, insisto, las prioridades no son sólo materiales, sino asimismo, como digo, de carácter político en el genuino sentido de la palabra, que no es el de la lucha partidista y tacticista por el poder. Por eso, hay que dar una respuesta que ofrezca satisfacción a los ciudadanos –no sólo a los afectados– en términos de asunción de responsabilidades, de saber en qué se falló (y reconoceré que todos los que fallaron antes, en y después del 29 son Estado, desde luego: desde la administración municipal a la autonómica y a la administración central del Estado) y debatir sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Esa, creo, es una prioridad política, pública, para todos los valencianos y debe tener lugar en su lugar legítimo, Les Corts.

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

Para terminar, quiero referirme a la cuestión del establecimiento de responsabilidades en relación con las catástrofes.

Por supuesto, es clara la diferencia entre la responsabilidad moral, la política y la jurídica. Respecto a esta última, es evidente que se pueden y se deben ejercer acciones de responsabilidad patrimonial frente a la Administración, para obtener el resarcimiento por los daños y perjuicios de carácter no personal. Ya se han presentado algunas y vendrán más, incluso en vía contencioso-administrativa. Probablemente se ejercerán también acciones en la jurisdicción laboral, por incumplimiento de lo establecido en la ley de prevención de riesgos laborales, en particular en los artículos 20 y 21 sobre situaciones de emergencia. Otra cosa es la exigencia de responsabilidades penales. Como ha expuesto el profesor Quintero, conviene ser muy prudentes cuando se habla de plantear acusaciones o denuncias por delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, incluso de prevaricación omisiva, como es el caso de varias denuncias y querellas presentadas ya ante el Tribunal Supremo, contra autoridades aforadas.

Aunque a primera vista pueda parecer razonable el argumento de conexión entre las (malas) decisiones e incluso la ausencia de decisiones por parte de responsables políticos de toda laya (salvo, seguramente, los alcaldes y concejales de los pueblos afectados) y una parte importante de los fallecimientos que causó la riada, ese vínculo de imputación penal, como argumenta el mismo profesor, tiene una difícil fundamentación jurídica en nuestro ordenamiento. Y ello porque, como explica, para hablar de homicidio imprudente se requiere poder establecer una imputación objetiva que, a su vez, supone necesariamente identificar una conducta contraria a un mandato jurídico. Y añade: “en las situaciones en las que, como sucedió en la que motiva estas líneas, se acumulan procesos causales y decisorios que pueden no estar ni siquiera concatenados… es precisamente cuando es fundamental fijar el momento en que se infringió una norma de cuidado concretamente destinada a evitar los resultados que se podían producir. Esas normas de cuidado nacen tanto de leyes y reglamentos de prevención de riesgos como de la experiencia cultural sobre la posible materialización de esos riesgos. A la obligación de respetar esas normas se une el deber personal de cuidado, que se mide en función de las especiales condiciones del sujeto y su capacidad de previsión y de control de los riesgos posibles”. Además, y esto es capital, “Es consubstancial al delito imprudente el que el resultado se pueda prever, con independencia de que el sujeto concreto lo haya previsto o no. Esa previsibilidad se ha de poder apreciar objetivamente y ex ante de la realización de la acción u omisión”. Por eso, concluye, “el resultado (las muertes) ha de derivarse de la acción del autor o autores. Cierto que no se trata de una derivación físico-causal, sino normativa, y eso exige poder establecer una relación que llamaremos de “imputación”, entre actuaciones de los autores, infractoras de concretas normas de cuidado, desbordando el marco del riesgo aceptado y siendo posible prever el resultado de muerte”.

Como decía, este tipo de responsabilidad es bien distinta de la responsabilidad moral (ligada a la identificación del mal moral) y de la política. Me referiré ahora a esta última.

La exigencia de responsabilidad política, la accountability, es consustancial a la democracia. Inicialmente, se intenta acotar la puesta en práctica de esa exigencia a mecanismos parlamentarios de depuración de responsabilidades (comisiones de investigación, mociones de reprobación) o, en todo caso, a la capacidad que tienen el titular de la soberanía, esto es, los ciudadanos, de modificar su voto en las elecciones cuando se ha acreditado tal (ir)responsabilidad. Poco a poco se ha generalizado también la praxis de que, sin esperar al siguiente momento electoral, una vez acreditada la responsabilidad política, ésta ha de asumirse por el gobierno correspondiente o por el partido que lo sostiene en forma de dimisiones o ceses de quienes se identifiquen como titulares de esa responsabilidad, lo que suele obligar a escalar sucesivamente en la jerarquía política, en la que se intenta que algunos cargos de menor rango actúen como fusibles de los responsables últimos. Y, por supuesto, siempre existe la posibilidad de ejercer mociones de censura o confianza, cuando el establecimiento de responsabilidades políticas está suficientemente acreditado. Sólo en algunos sistemas electorales se prevén mecanismos intermedios de censura, o procesos deconstituyentes. Esta ausencia de mecanismos eficaces de rendición de cuentas políticas ignora la advertencia que señalara tantas veces mal atribuida a Lichtenberg y cuyo autor fue el cardenal de Retz, en sus Mémoires (1765): “quand ceux qui commandent ont perdu la honte…ceux qui obéissent perdent le respect; et c’est dans ce même moment où l’on revient de la léthargie, mais par des convulsions», lo que podría traducirse libremente así: “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”.

Cuando se produce una quiebra tan palmaria y masiva de la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, como la que resulta evidente en el caso que comento a propósito de la quiebra de confianza de una parte muy importante de los valencianos en las autoridades autonómicas (sin que ello excluya que haya también una quiebra de la confianza en las del gobierno central, aunque no se haya expresado de forma tan masiva y constante, ni tampoco signifique minusvalorar la rabia expresada indiscriminadamente contra todas las autoridades en Paiporta, ante la visita oficial de los reyes, el presidente del gobierno y el de la Generalitat), se destruye lo que llamamos “legitimidad de ejercicio”, que es muy distinta de la legitimidad de origen: nadie niega la legitimidad democrática, de origen, de las autoridades de la Generalitat. Esa pérdida de legitimidad en el ejercicio de la tarea de gobierno deriva, no ya de que no hubiera protocolos de actuación, sino de hechos que muestran que se actuó rematadamente mal: en primer lugar, por la inexplicada ausencia del President de la Generalitat durante varias horas de la tarde del 29, cuando se tenía constancia de que el agua anegaba ya varias poblaciones; además, por la ineficiencia de la cadena de mando de la Generalitat, reunida en el Centro de Coordinación preventiva de la emergencia (CECOPI) y, también, a mi juicio, porque el Gobierno central no debió escudarse en el problema técnico de la competencia según el grado de emergencia y debería haber respondido de inmediato, aunque es necesario reconocer que la pronta respuesta de la UME en Utiel fue un factor positivo. En todo caso, a mi juicio, la pérdida masiva de confianza en el President de la Generalitat y su Consell, expresada por decenas de miles de valencianos que llenaron las calles de Valencia el 10 de noviembre de 2024, obliga a asumir la responsabilidad política y de una forma muy concreta: dimisión (o cese) y, en un tiempo prudente, cuando se haya consolidado suficientemente el proceso de reconstrucción, convocatoria de nuevas elecciones para que los ciudadano certifiquen a quién otorgan su confianza.

Es importante subrayar, en todo caso, que el efecto de indignación ante actos en los que se hace evidente la responsabilidad política por falta de previsión o por incompetencia en la gestión de catástrofes tiene un riesgo evidente, el de la manipulación de la rabia y la frustración, que conduce a lo que Canetti, en su famoso ensayo de 1960, Masa y Poder, denominara “masa de acoso”.

La indignación, el sentimiento de lo injusto, como sabemos, es un motor poderoso de la lucha por el Derecho, cuyos antecedentes se remontan a la antigüedad clásica, como demuestra la Antígona de Sófocles. Lo explicó muy bien Jhering, en su imprescindible ensayo La lucha por el Derecho y también ahondó en las razones, las buenas razones políticas para la indignación, Stephen Hessel en un panfleto de enorme éxito, publicado en 2010 (Indignez vous!), que precedió a los movimientos populares como Occupy Wall Street, o a los del 15M en España, de los que surgió Podemos. Pero el mismo Jhering explicó también lo que podríamos llamar una manifestación patológica de la indignación jurídica, acudiendo al famoso relato de von Kleist, Michael Kohlhass, como una variante perversa de esa lucha por el Derecho que, a partir de una evidente afrenta injusta, acaba convirtiéndose en el ejercicio desbocado de tomar la justicia por la propia mano.

En momentos de catástrofes, con la conmoción que provocan y las emociones de frustración y rabia, que acompañan a la necesidad de encontrar responsables, cuando no culpables, no podemos ignorar el riesgo que afronta la democracia liberal: convertirse en una democracia de sentimientos y pasiones, en la que la apelación a las emociones o la sustitución de las razones por los slogans simplistas y las fake news, los bulos, que caracterizan en buena medida hoy a las poderosas redes sociales, a su vez manipuladas sin límite, acaben arruinando los elementos básicos de la democracia. 

Una parte de ese riesgo se ha manifestado en forma de polémica acerca del fracaso del Estado y del slogan “sólo el pueblo salva al pueblo”, que llama una vez más a la desconfianza de “la política” y la demonización de “los políticos”, estigmatizados como una casta corrupta, alejada de los intereses y necesidades del “pueblo”. Los más avisados esperan poder aplicar la pauta descrita por Naomi Klein en su ensayo La doctrina del shock, sobre la propuesta difundida por ideólogos como Friedman y sus adláteres: acontecimientos como éste son una oportunidad para hacer negocio, mediante la privatización de lo público, porque tras la demonización de "la política", de "lo público", surge su devaluación y así sale beneficioso privatizar enormes sectores que se adquieren por derribo y son sustituidos por pujantes empresas que explotan en definitiva ese viejo motor: el miedo., junto al horror vacui. Miedo a la incertidumbre, al desamparo. Miedo al vacío que deja el Estado, previamente desmantelado.

Con independencia de la encomiable labor espontánea de los miles de voluntarios llegados de todas partes y en gran medida jóvenes –que han desmontado así el estereotipo de una “generación de cristal”, apática y ajena a los interese generales–, lo cierto es que ha habido una indiscutible deficiencia e incompetencia en los primeros días después del desastre, por parte de no pocos de los responsables políticos concernidos en las diferentes administraciones (sobre todo la autonómica y también la administración general del Estado y el propio Gobierno central. Pero, como escribía el profesor Juan Romero, sonroja tener que recordar que, por ejemplo, los Ayuntamientos son tan Estado como el gobierno autonómico, el central y la administración general del Estado. Y ese Estado respondió desde el principio: no sólo los alcaldes y Ayuntamientos, no sólo los directamente afectados –que trabajaron incansablemente desde el primer momento– sino también los que de inmediato pusieron todos sus medios a disposición. Como también es Estado y actuó eficazmente la Agencia Estatal de Meteorología. Estado son las Universidades públicas, como la de Valencia que, con sus prudentes decisiones de suspender desde el mismo día 29 de octubre por la mañana toda actividad docente y enviar a sus trabajadores a casa, salvaron sin duda muchas vidas, en contraste con la propia administración autonómica –salvo la Diputación de Valencia– y con una parte de las empresas, que no aplicaron lo que disponen los artículos 20 y 21 de la ley de prevención de riesgos laborales. 

Más penoso es tener que subrayar obviedades como que, sin lo que llamamos Estado, y en concreto, sin un modelo como el del Estado social, serían muy difíciles buena parte de los avances en ciencia ni investigación (por ejemplo, los que no están al servicio de intereses empresariales, que son legítimos en principio, claro), no habría agencias de investigación como el CSIC, ni entidades científicas como AEMET, ni habría salud pública, ni educación pública, ni sistema de pensiones, ni seguridad social. No habría defensa (no habría Ejército), ni seguridad (cuerpos nacionales de policía o Guardia Civil, algo muy distinto de los servicios de seguridad que se pueden pagar los ricos). Es decir: sí, el pueblo salva al pueblo, pero sobre todo lo hace a través de sus instrumentos institucionales y gracias a los impuestos. 

Por consiguiente, la solución no puede consistir en reducir el Estado a su mínima expresión, sino en estudiar cómo corregir, a fondo si es preciso, cuestiones tan concretas como importantes relacionadas con la respuesta de los poderes públicos (en coordinación, sí, con los agentes privados) al cambio climático y con sus consecuencias. Por ejemplo, se trata de revisar la adecuación del marco normativo, comenzando por la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil (LSNPC) y con ello, la ejecución de los sistemas de prevención y alerta. Han de revisarse a fondo los protocolos de colaboración institucional entre los agentes del Estado, las diferentes administraciones, aunque probablemente en este caso no fallaron tanto esos protocolos como algunas de las personas que debían ejecutarlos coordinadamente. 

Eso pone de manifiesto, como ha advertido, entre otros, la profesora Carmona, que el desastre ocurrido el 29 de octubre de 2024 nos deja ante la evidencia de serias disfunciones en la configuración del Estado autonómico, por no decir, en su lejanía de un modelo federal que merezca ese nombre, comenzando por los principios de lealtad institucional y cooperación entre las diferentes administraciones. Como escribe, se trata de revisar los mecanismos que garanticen “un sistema de poder compartido, basado en la corresponsabilidad, la cooperación y la confianza recíproca entre el centro y la periferia. Un sistema que, en definitivas cuentas, debería anteponer el interés general al mero tacticismo partidista”. 

Y, en particular, si queremos emprender una respuesta eficaz ante unas catástrofes que, desgraciadamente, se van a repetir según todas las previsiones de quienes analizan la evolución del cambio climático, hemos de tratar de corregir, en lo posible, las aberraciones urbanísticas que hemos cometido, contra las enseñanzas básicas de la ciencia (geógrafos, geólogos, climatólogos, por ejemplo). Porque otra relevante y elemental lección que nos recuerda de nuevo esta catástrofe de octubre de 2024 es la necesidad de que la acción de los poderes públicos y de las instituciones y agentes privados tenga en cuenta la guía que ofrecen la educación, la investigación y la ciencia.

[Puedes leer aquí y aquí las anteriores entregas de esta serie de análisis]

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

No pretendo sostener que los seres humanos estamos en disposición de dominar las catástrofes y acabar con ellas. Por supuesto que, más bien, parece que –siguiendo la advertencia de Rousseau en su carta a Voltaire– los seres humanos estamos contribuyendo a que se desencadenen catástrofes más intensas o incluso nuevas catástrofes que perturban las fuerzas de la naturaleza. A fin de cuentas, es a eso a lo que llamamos Antropoceno. Bajo el impacto del cambio climático, se intensifican los rasgos que permiten definir a las nuestras como “sociedades de riesgo”. Sabemos que hay fenómenos naturales catastróficos que es imposible eliminar, como lo que antes denominábamos gota fría y ahora Dana. 

Pero no es menos cierto que hoy contamos con capacidad científica y tecnológica que nos permitirían otro tipo de respuesta. De un lado, nos permitirían atajar el rumbo de incremento del cambio climático, o, al menos, establecer medidas para prever cómo anticiparse y así reducir las consecuencias de esos desastres: el ejemplo es la riada que siguió a la Dana en la provincia de Valencia. Porque las catástrofes, como la de Valencia, no deben ser entendidas como producto inevitable y exclusivo del azar, sino más bien como un fallo sistémico (tal y como definió la Dana de Valencia el director del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, Iñigo Losada, en una entrevista reciente), que es en gran medida el resultado de la ausencia de políticas preventivas que tengan en cuenta los avisos de la ciencia, frente a un modelo de crecimiento y explotación ilimitada de los recursos naturales, aún decimonónico, que explota sin freno la naturaleza, espoleado por la lógica del beneficio. Y, por supuesto, se agravan en función de la arrogancia insensata y de la ignorancia frente a los avisos de la ciencia, por parte de quienes han de anticiparse a ellas para poder gestionarlas y tomar decisiones que salven vidas y reduzcan daños.

Insisto: ya no podemos seguir sosteniendo esa concepción del azar desgraciado, la impotencia del hombre ante los fenómenos naturales. Los conocemos y sabemos bien las posibilidades de ser previsores, de acuerdo con el principio de prudencia y así, aunque no podamos evitar que se produzcan, anticipar la prevención para poder responder mejor a ellos. Pero el problema es que nos falta la voluntad política para actuar decididamente ante aquello que nos enseña la ciencia. Y esa falta de voluntad política tiene mucho que ver con una lógica (la del fundamentalismo neoliberal de mercado, en su afán desregulador) que prima el beneficio de algunos frente a los derechos de los más, comenzando por los más vulnerables, aquellos que necesitan la protección del Derecho y del modelo del Estado social. Es una dolorosa paradoja: si bien, de un lado, ya no aceptamos que el hombre no puede intervenir para prevenir o minimizar los efectos de las fuerzas de la naturaleza, de otro lado, no actuamos en consecuencia. Y por eso, aunque ya no vale aquello de que no hay responsabilidad humana: moral, política e incluso jurídica, porque la hay, por arrogancia e ignorancia ante los avisos de la ciencia y por incompetencia en la gestión de las catástrofes, algunos rasgos de nuestro sistema jurídico y político, como apuntaré en el tercer apartado, complican considerablemente el ejercicio real de la exigencia de responsabilidades políticas y acrecientan entre la ciudadanía la impresión de impunidad de los responsables políticos que no han sabido gestionar el desastre. Eso es letal para el vínculo de confianza entre los ciudadanos y sus gobernantes. 

Pues bien –como he anticipado más arriba–, por todo ello me parece de todo punto necesario plantear el interés de una cuestión conectada al debate sobre las catástrofes, que es la de la necesidad de revisar las relaciones entre ciencia, técnica y política, sobre todo ante las catástrofes y no sólo ante las calamidades. 

Si aceptamos que vivimos en sociedades de riesgo global, en las que está más claro que nunca que, sin una presunción de fiabilidad, la vida en estas sociedades se desmoronaría, parece evidente la necesidad de obtener esas referencias fiables que nos proporcionan la ciencia y la tecnología, como es el caso de los sistemas expertos, tal y como expuso Anthony Giddens. Mediante ellos, que requieren un uso extensivo de la tecnología de las comunicaciones, hemos alcanzado la presunción de cierta eficiencia y capacidad de reducción de riesgos, que hemos incorporado a nuestra vida cotidiana a cambio de convertir nuestros datos personales en mercancía de ese nuevo y próspero mercado de los sistemas de comunicación tecnológica y la inteligencia artificial y de correr riesgos de fraudes. Como decía Giddens, se trata de “compromisos anónimos sobre los que se sostiene la fe en el manejo de un conocimiento del que una persona profana es en gran parte ignorante”. Cada vez que acudimos a un hospital, consultamos nuestras cuentas bancarias o hacemos gestiones con ellas, preparamos online un viaje, o, desde luego, cada vez que los gestores públicos quieren prevenir o gestionar emergencias, acudimos a esos sistemas expertos, y aunque no conozcamos a quienes responden a nuestras gestiones o interrogantes, en hospitales, bancos o agencias de viajes, depositamos nuestra confianza en esos sistemas. 

El problema, a efectos de las catástrofes, no es tanto el fallo de esos sistemas, sino –como señala Ernesto Garzón– la arrogancia insensata, la ignorancia injustificable y la incompetencia de quienes deben adoptar decisiones políticas basándose en los análisis de la ciencia y no lo hacen, por alguno de esos motivos. Y es un problema porque no sólo contribuyen a la magnitud de la catástrofe, sino que fomentan muchas veces un populismo basado en la desconfianza ante la ciencia, tal y como ha explicado Richard Seymour en su Disaster Nationalism. The Downfall of the Liberal Civilisation. Porque creo que la gestión política de esta catástrofe se relaciona con la ignorancia que Garzón Valdés llama “presuntuosa”, pero también con la “ignorancia querida”. 

El profesor Garzón Valdés se inspira en Jonathan Glover para definir los dos requisitos que concurrirían en la primera: que sea fácilmente superable y, al mismo tiempo, que esa superación tenga efectos desagradables. Me parece evidente que, en el caso del que hablamos, era muy fácil superar la ignorancia de los gestores políticos, acudiendo a los avisos de la ciencia, mucho antes, inmediatamente antes y durante el desencadenamiento de la Dana. Y no hace falta hablar de los efectos desagradables: es evidente que esos mismos responsables han tratado de negar tener conocimiento de esos avisos o incluso restarles importancia hasta el límite del negacionismo. Para ilustrar lo que llama “ignorancia querida”, que entiende como una forma de autoengaño, Garzón Valdés se apoya en Strawson: en nuestra vida cotidiana, al adoptar continuamente decisiones, preferimos “no saber” algunas cosas, o fingir que no están a nuestro alcance (lo que estaría paradójicamente cerca de la ignorancia presuntuosa): ese tipo de ignorancia “nos envuelve en una niebla protectora de la que no podemos prescindir mientras seamos como somos, es decir, seres vulnerables a las reacciones de los demás y a la verdad desnuda que no pocas veces nos ofende”. Ni qué decir tiene que, en una vida política como la nuestra, convertida en demasiada medida en espectáculo, esa niebla protectora puede parecerle al responsable político un escudo benéfico, pero lo cierto es que se trata de la evidencia de la incompetencia. 

Lo que quiero señalar es que, con frecuencia, las catástrofes son desencadenadas por fenómenos naturales, pero no estrictamente causadas sólo por ellos y, sobre todo, sus consecuencias tienen mucho que ver con las decisiones de políticas públicas. Desde luego, creo que es el caso de esa riada que ha destrozado las vidas de una buena parte de casi un millón de ciudadanos que viven en esas comarcas próximas a la capital, que consiguió salvarse gracias a lo que conocemos como “Plan Sur”, el reencauzamiento del río Turia, una obra de enormes proporciones que se emprendió tras la gran riada de 1957 en la ciudad. No era mucho esperar que el sistema de emergencias valenciano y español (con piezas fiables científicamente, como la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET), con el conocimiento y los medios informáticos y de comunicación que permiten monitorizar en tiempo real los episodios meteorológicos, y con el marco normativo jurídico que los toma como referencia, pudiera responder en términos de prevención y de reducción de las consecuencias de la riada. Pero es evidente que se producen y se han producido en este caso disonancias importantes entre las aportaciones de la ciencia y la tecnología de un lado, y las decisiones políticas, de otro. Aun teniendo esos datos en la mano, ni la administración autonómica ni el Gobierno central emprendieron acciones de prevención suficientes a lo largo de los últimos diez años por las que, por ejemplo, se preguntaba al Ministerio de Transición Ecológica en una pregunta parlamentaria de 28 de julio de 2018, poniendo de manifiesto los riesgos que padecían poblaciones como Torrent, Picanya, Massanassa, Catarroja y Paiporta. 

Tenemos un grado suficiente de conocimiento científico sobre las amenazas que comporta el cambio climático. Baste pensar en los informes científicos que explican su evolución y que están transformando en alto grado las condiciones ambientales, como los impulsados por las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial, que fundaron el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, para proporcionar actualizaciones periódicas sobre la evidencia científica sobre el calentamiento global. Basta echar una ojeada, por ejemplo, al informe United in Science, de septiembre de 2019. Esos informes muestran que en Europa hay dos puntos particularmente sensibles: el cambio de las corrientes del Atlántico Norte y la transformación del Mediterráneo en zona cero. Por supuesto, sabemos de la existencia de mapas de zona inundables, de “manchas de inundación” sobre el mapa de territorios habitados, en las que se ha construido sin cesar y sin tomar prevenciones, desechando los estudios como el informe de la OCDE de 2018, sobre infraestructuras resilientes al clima, o iniciativas mixtas de I+D, como el proyecto Adaptare, emprendido en 2022 por Ferrovial y el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, que trata de identificar y evaluar los riesgos a corto, medio y largo plazo, para prevenir y adaptar infraestructuras que puedan resistir a los riesgos del cambio climático, en vertiginosa evolución. La cartografía permite establecer con precisión los mapas de zonas de riesgo, de zonas inundables. Ya en 2003 se estableció un Plan de Acción Territorial sobre prevención de riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana: Patricova, que se revisó diez años después y cuya filosofía se incorporó en 2014 a la nueva ley de ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana que textualmente señala: “Se ubicarán espacios libres de edificación junto al dominio público hidráulico, a lo largo de toda su extensión y en las zonas con elevada peligrosidad por inundaciones”. En el mismo 2013, se creó el Sistema nacional de Cartografía de zonas inundables, resultado de una directiva europea de 2007 sobre prevención de inundaciones: es tan sencillo como consultar la web del Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico, que  alberga el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). 

Lamentablemente, todos estos análisis no se tuvieron en cuenta para introducir modificaciones legislativas, por ejemplo, en la ley del suelo, ni en las ordenanzas municipales sobre construcción, que se aceleró en los últimos años, no sólo en la costa del Mediterráneo, sino en particular en esas comarcas que han sufrido el desastre. Ni las autoridades autonómicas ni las del gobierno central ejecutaron con diligencia las actuaciones que se venían exigiendo desde esas instancias científicas.

Continuará

(Aquí puede ver la primera entrega de esta serie de tres artículos).

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

La catástrofe causada por una descomunal riada que arrasó el día 29 de octubre más de 70 municipios de varias comarcas de la provincia de Valencia, especialmente en l’Horta Sud y La Ribera (más de un 30% del territorio de esa provincia), es, probablemente, el mayor desastre de origen natural que se ha vivido en España en casi cien años. Los datos de la tragedia, comenzando por las víctimas humanas, son aterradores para un país como el nuestro. A pesar de que apenas han transcurrido unas semanas, creo que vale la pena tratar de apuntar algunas pistas para una reflexión sobre esta catástrofe, desde una perspectiva que trata de evitar la discusión partidista y los debates marcados por la polarización sin freno, pues quiere centrarse en exponer algunos argumentos sobre cómo debemos enjuiciar nuestra respuesta ante ese tipo de acontecimientos y, en su caso, el establecimiento de responsabilidades.

En el intento de entender cómo reaccionar ante el desastre que nos ha sacudido a los valencianos, muchos de nosotros hemos acudido a algunas lecturas. En mi caso, he releído la polémica entre Voltaire y Rousseau a propósito del terremoto de Lisboa de 1755. También, un texto imprescindible de Camus, La peste (1947), que tantos releímos durante la epidemia del COVID. Pero, como hilo conductor de mi reflexión, he recurrido sobre todo a un ensayo de Ernesto Garzón Valdés, Calamidades (2004). En el trasfondo de esas referencias está un asunto de calado filosófico (teológico, según otros planteamientos): la vieja cuestión del mal. Pero, como he prometido, no abrumaré al lector con esa inacabable discusión, sino que trataré de llamar su atención sobre otras, bastante más terrenales.

Ernesto Garzón, que parte de la noción kantiana de mal moral, ofrece una distinción conceptual entre dos tipos de desastres, las catástrofes y las calamidades, pues considera que las primeras son el resultado de causas naturales y las segundas, producto de la intencionalidad humana: “…aquella desgracia, desastre o miseria que resulta de acciones humanas intencionales, es decir, excluiré los casos que pueden caer bajo la denominación general de individual o colectiva, o que son consecuencia de actos voluntarios no intencionales…, la desgracia, el desastre o la miseria provocados por causas naturales que escapan al control humano” . Es interesante anotar que relaciona las calamidades con lo que denomina “arrogancia insensata” y con la “ignorancia”, aunque no así las catástrofes.

Hoy, la mayoría de nosotros tenemos claro que ya no vivimos en los tiempos en los que dominaba la visión que subrayaba el azar desgraciado como causa de las catástrofes. Esa mirada es la que propuso Voltaire en su largo poema de 234 versos “Poème sur le désastre de Lisbonne, ou examen de cet axiome, tout est bien” (Sobre el desastre de Lisboa, o un examen del axioma todo está bien), publicado en 1756. Su origen fue la carta que dirigió Voltaire desde Ginebra a su amigo Jean Robert Tronchin, el 24 de noviembre de 1755, cuando tuvo noticia del desastre acaecido el 1 de noviembre. En ese poema, tras poner de relieve la fragilidad de la vida humana, lamenta la muerte de “cien mil a quienes la tierra devora” y nos recuerda lo cerca que estamos todos de la muerte por “crueldades del destino”; pero, sobre todo, se rebela contra las tesis del mejor de los mundos posibles, que minimiza la existencia del mal (la posición de Leibniz, ejemplificada en un poema de Pope, que Rousseau cita en su carta a Voltaire), y también contra el quietismo de quienes aceptan una resignación impotente, desde la convicción de que se trata de “las leyes de hierro que encadenan la voluntad de Dios”. 

La tesis de Voltaire tuvo una respuesta terminante por parte de Rousseau, en una carta que le dirigió el 18 de agosto de 1756 (aunque no se publicó hasta 1759). No pocos sostienen que el Candide de Voltaire fue, a su vez, una réplica de Voltaire para reafirmar sus argumentos, frente a Leibniz y Rousseau. Pero lo que me parece más interesante es la crítica de Rousseau. Este adopta una perspectiva que subraya el papel de la acción del hombre en detrimento de la naturaleza (“por doquier observo que los males que nos produce la naturaleza son menos crueles que los que nosotros le producimos a ella…es constante nuestro abuso hacia la vida, que recargamos de un peso que no le corresponde”) y critica con contundencia la tesis del “azar desgraciado”: “…creo haber demostrado que, a excepción de la muerte, que no es un mal, más que en los momentos que la preceden, la mayor parte de nuestros males físicos son obra de nosotros mismos. En cuanto a lo sucedido en Lisboa, convenga usted que la naturaleza no construyó las 20 mil casas de seis y siete pisos, y que, si los habitantes de esta gran ciudad hubieran vivido menos hacinados, con mayor igualdad y modestia, los estragos del terremoto hubieran sido menores, o quizá inexistentes…¡Cuántos desgraciados perecieron por querer rescatar, unos sus vestidos, otros sus papeles, otros su dinero! ¿No se habrá convertido la persona de cada hombre en su parte menos importante, al grado de no valer la pena salvarla cuando se ha perdido todo lo demás?”.

En La Peste, de Camus, encontramos la visión de las catástrofes asociada a la tesis existencialista de la ausencia de sentido. Su protagonista, el doctor Rieux, cuando se enfrenta a ese mal terrible que azota Orán, se agarra a la ciencia y sobre todo a la solidaridad, pero insiste en el peso de la ignorancia y la arrogancia insensatas por parte de muchos de nosotros, y en particular, de los responsables públicos: “el mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad, sin clarividencia, puede ocasionar tantos desastres como la maldad”. A mi entender, lo más interesante es que, pese a que Camus subraya el absurdo de buscar sentido a un azote como el de la peste, señala que estas catástrofes tienen la capacidad de rehumanizar, pues pueden ser el detonante de la fraternidad, de la solidaridad: frente al mal, inevitable –tanto si hablamos de desastres naturales o epidemias, como si nos referimos al mal moral que subyace a las calamidades, de acuerdo con la propuesta de Ernesto Garzón–, lo importante es nuestra actitud: cómo responder, cómo rebelarse, y la medida es desechar el “sálvese quien pueda” y tratar de hacer el bien a los otros, comenzando por las víctimas. Creo que eso plantea de nuevo un debate sobre el que intervino el propio Garzón Valdés y sobre el que hemos debatido ampliamente: el de los deberes de solidaridad que, más allá de la solidaridad espontánea, del voluntariado, remite a lo que podríamos calificar de “solidaridad institucionalizada”, como respuesta propia de lo que denominamos Estado social, consecuencia de la concepción política que entiende que la necesaria respuesta solidaria no se puede dejar sólo en manos de la espontaneidad de la sociedad civil.

Pues bien, según creo, el problema de la distinción entre calamidades y catástrofes propuesta por Garzón Valdés es el mismo de tantas propuestas dicotómicas y tiene que ver con el hecho de que, como advirtiera Weber, se trata en todo caso de tipos ideales, que sufren al confrontarse con la realidad, que es histórica, plural y cambiante y difícilmente se deja atrapar en categorías conceptuales abstractas. Y es que hablar de esos desastres que denominamos catástrofes en términos de acontecimientos naturales, ajenos a la mano del hombre, tal y como nos propone Ernesto Garzón, en línea de continuidad con el argumento del “azar desgraciado”, que vimos en Voltaire (“la desgracia, el desastre o la miseria provocados por causas naturales que escapan al control humano), tropieza con la evidencia de que existe una suerte de zona gris entre ambas categorías, tal y como le señaló Rousseau a Voltaire. Es algo que se advierte incluso entre quienes han recurrido al ensayo de Ernesto Garzón para sostener, paradójicamente, pues contradice la tesis de ese ensayo, que el caso de lo sucedido en Valencia nos encontraríamos ante una calamidad (así, por ejemplo, Norbert Bilbeny). Lo hacen, evidentemente, porque quieren subrayar la importancia que tiene en esos desastres naturales la intervención humana, en dos dimensiones: activa, porque actúa como factor acelerador del cambio climático y por omisión, esto es, por incumplimiento de tareas de prevención y respuesta. A mi juicio es un error: ninguna de esas dos características anula la distinción básica. Nos encontramos ante una catástrofe, ante un desastre natural, porque la causa directa es un fenómeno de la naturaleza (una dana) asociado al cambio climático. Lo que sucede es que ese tipo de desastres naturales incrementan sus consecuencias cuando concurren las dos dimensiones antes referidas y que vinculan las consecuencias -los efectos terribles de la riada- a la intervención humana que, en el ensayo que comento, no entra en la caracterización de las catástrofes.

Lo que trato de explicar es que ya no podemos decir sin más que los desastres naturales escapan al control humano. No, desde luego, en cuanto a la capacidad de prevención de los mismos, gracias precisamente a los avances de la ciencia y la tecnología. Tampoco, desde luego, en lo que se refiere a la gestión de las consecuencias de esos desastres naturales. Todo ello abre otras perspectivas acerca del establecimiento de responsabilidad: moral, política y jurídica, como abordaré en el tercer apartado.

De cualquier modo y a mi juicio, el problema de esa distinción entre catástrofes y calamidades es que choca con un argumento que, también a mi parecer, no está suficientemente presente entre los asuntos de filosofía moral, jurídica y política a los que dedicó su brillante inteligencia Garzón Valdés ni, reconozcámoslo, tampoco en nuestra generación, con algunas excepciones. Me refiero a la dimensión ecológica de justicia, que integra las exigencias de justicia social y la perspectiva de las respuestas ante la gran transformación que deriva de la crisis ecológica. Pese a su necesidad, aún más, a su urgencia, la filosofía moral, jurídica y política no ha proporcionado suficientemente propuestas sobre ello, salvo excepciones como los ensayos de filósofos como Hans Jonas, Bruno Latour o Michel Serres, o los de juristas como Michelle Delmas-Marty o Luigi Ferrajoli. 

La consecuencia más relevante de esa necesidad de matizar la distinción entre catástrofes y calamidades es que cabe sostener que aquéllas también nos plantean asuntos de relevancia moral, política y jurídica. Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de replantear un modelo civilizatorio que ha conducido al Antropoceno. Pero también creo que remiten a cuestiones más específicas, como la influencia que tiene la desigualdad ante las catástrofes naturales de enorme magnitud, según hablemos de países con alto grado de desarrollo (pienso en los sismos en Japón, en los huracanes y tornados en los EEUU), por contraste con lo que acaece con los monzones en buena parte del sureste asiático o con los terremotos en el Magreb o incluso en zonas deprimidas de Turquía), o también en la diferencia de impacto entre clases acomodadas y clases más vulnerables en un mismo territorio. Las catástrofes, como decía, nos plantean asimismo el debate sobre el papel del voluntariado y el del Estado en relación con la solidaridad. Y, desde luego, la relación entre la ciencia y las decisiones políticas que, como se ve en el caso de Oppenheimer, descrito como un Prometeo americano en la biografía que publicaron en 2005 Kai Bird y Martin J. Sherwin -en la que se inspira a su vez la conocida película de Nolan (Oppenheimer, 2023)-, tiene su cara y su cruz: el proyecto Manhattan no se entiende sin un ambicioso proyecto puesto en marcha por el presidente Roosevelt que inicialmente sí tenía que ver con la Defensa (el National Research Defense Committee, 1940) devino en la creación de una agencia científica de asesoramiento al gobierno (Office of Scientific Research and Developpment, 1941), con fines mucho más amplios, relacionados con la salud y bienestar, como se lee en la carta que el mismo presidente dirigió a esa Agencia y que fue el origen del famoso informe Science, the endless Frontier, de 1944. Finalmente, en este breve repaso de cuestiones de relevancia social y política, las catástrofes exigen hoy replantear la cuestión de la responsabilidad política. En la apertura de la COP 29, en Baku, el presidente del gobierno español advirtió: “el cambio climático, mata”, evocando expresamente la tragedia ocurrida en Valencia. En esa misma cumbre, la Unión por el Mediterráneo y la red de científicos ambientales y climáticos euromediterráneos, MedECC presentaron un detallado informe, “Cambio climático y ambiental en la cuenca mediterránea: situación actual y riesgos para el futuro. Primer informe de evaluación del Mediterráneo” (MAR1) que analiza el avance imparable del cambio climático en el Mediterráneo y sus consecuencias, si no se adoptan medidas: precisamente el informe contiene un “Resumen para los responsables de políticas”, en diferentes idiomas. Porque el problema es ese: la ausencia de voluntad política. El cambio climático, mata, en efecto. Pero mata, sobre todo, porque quienes han de poner en marcha las acciones que lo contrarresten arrastran los pies.

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1.- Este artículo tiene su origen en mi contribución al homenaje al profesor Ernesto Garzón Valdés, celebrado en la Fundación Coloquio Jurídico, en noviembre de 2024. Agradezco a mi compañero, el profesor Rodríguez Uribes, sus observaciones sobre la polémica entre Voltaire y Rousseau.

2.- Al cumplirse dos semanas del desastre, la pérdida más importante son las víctimas mortales y desaparecidos aún por localizar, en una cifra que supera las 220 personas. En las poblaciones afectadas (la mayoría de la comarca de l’horta Sud, una zona de la conurbación de la metrópolis de Valencia) viven cerca de 850000 personas. Los cálculos más fiables permiten hablar de 400000 personas afectadas directamente, casi 100000 hogares gravemente dañados, con más de 350000 trabajadores, buena parte de los cuales se han quedado sin puestos de trabajo o en precario, y más de 30000 empresas seriamente perjudicadas. Un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IVIE cifra las pérdidas en 28.000 millones de euros, y subraya que los 70 municipios que han salido más golpeados por la DANA generan el 34,5% del PIB provincial y el 22% del PIB regional (más de lo que producen en un año las comunidades de Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja o Navarra). El desastre ha dañado gravemente a infraestructuras, incluidas la comunicación, que impactan directamente sobre la movilidad de toda esa población e incluso sobre las comunicaciones de Valencia con otros territorios, a través de carretera y ferrocarril. Por su parte, el Departamento de geografía de la Universitat de València ha cartografiado el mapa del desastre y cifra el área afectada en 562,7Km2, de los que casi 60 constituyen área urbana y están ocupados por viviendas familiares (21km2 son zonas residenciales) y empresas (33 km2 son superficies industriales). El estudio permite identificar las zonas definidas como inundables, en las que se cebó la catástrofe, una de las razones de su magnitud, más que previsible en ese sentido.

Continuará

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

La gestión del espantoso desastre de la dana, en las ciudades y pedanías de comarcas de Valencia y en Letur (Albacete), las poblaciones más afectadas, ha dado lugar a mensajes tan aparentemente obvios y convincentes en su simplicidad, como –a mi juicio– engañosos, cuando no ejemplos de manipulación.

Uno de los más efectivos es el que apela a la contraposición entre el pueblo –siempre adornado de todas las bondades– y el Estado, con frecuencia presentado como una bestia insaciable, caricatura en la que coinciden los neoliberales iletrados pero poderosos (Milei o Trump son algunos de esos analfabetos funcionales y exitosos políticos) y de otros enemigos del sistema que, por el contrario, son ilustrados pero nada poderosos, como les sucede a buena parte de la tipología de los anarcas y anarquistas (Jünger nos enseñó la diferencia).

En lo que se refiere a la dana en Valencia, se puede ejemplificar esa tentación mediante el contraste entre las imágenes de miles de ciudadanos que dedican su tiempo y sus recursos, altruistamente, a tratar de ayudar a los damnificados (los ríos de gente que cruzan el “puente de la solidaridad” que une el casco de Valencia con un barro periférico fuertemente afectado, el de La Torre, quedarán en nuestra memoria para siempre) y las quejas por el abandono que viven esas poblaciones, denunciadas por alcaldes de todo signo político y por sus habitantes y sintetizadas en la frase “en estos días aquí no hemos visto ningún uniforme” (militar, bomberos, policía, guardia civil), con la que se proclama la ausencia del Estado, denunciada también por personas que influyen en la vida pública pero que no parecen conocer la situación, como el habitualmente ponderado Antonio Banderas, que proclamaba en un tuit su indignación por no ver al ejército en las calles de esos pueblos. Para opinar, conviene hacerlo desde la base de un mínimo conocimiento de la realidad de este desastre y también, del marco normativo y competencial de situaciones de emergencia que, por supuesto, también ha dado para la disputa partidista.

Lo que trato de señalar es que hay no poco que matizar sobre el buen pueblo. Soy de los que ha aprendido acerca de lo que significa que el pueblo es el sujeto de la política, leyendo por ejemplo a Ranciére, que enseña que la democracia es ante todo lucha por la democracia, por el poder de las gentes reunidas como pueblo (y hoy, más allá de la condición de nacimiento o pasaporte), porque los sistemas políticos tienen como hilo común, en no poca medida, el miedo al poder del pueblo. Como también he aprendido de Thoreau, Fromm, Zinn o Chomsky, la necesidad democrática de la desobediencia civil: la indignación, la frustración ante la incompetencia de sus gobernantes, no digamos la rabia, es una buena razón para la protesta. Pero si uno ha leído a Canetti, o ha visto películas como La jauría humana, Matar a un ruiseñor o Grupo salvaje, sabe bien que el pueblo es tantas veces también masa, moldeable por demagogos de toda laya, de Hitler, Stalin o Mussolini, a Milei, Bolsonaro o Trump. Y que, en situaciones extremas, sale lo mejor y lo peor de todos nosotros: altruistas y saqueadores. Bien es verdad que, afortunadamente, como hemos visto en Valencia, aquellos son muchos más que éstos. En cualquier caso, bueno es que todos aquellos que se dediquen a la política tengan bien presente la advertencia de las Mémoires de un contemporáneo de Mazarino, el cardenal de Retz (tantas veces mal atribuida a Lichtenberg), escritas en 1675: “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”.

Y también hay que matizar, y mucho, sobre la pretendida ausencia del Estado. Para empezar, sobre la eficaz falacia de que todos los políticos son incompetentes, cuando no ladrones. Por ejemplo, he leído en estos días a un ilustre hispanista sostener la afirmación, tan atractiva como –a mi juicio– tramposa, de que la corrupción e incompetencia de nuestra clase política hoy, es la misma –sin solución de continuidad– que denunciara Valle Inclán en Luces de Bohemia. Queda muy bien, pero es una falsedad colosal. Que el poder político corrompe, como sentenciara Lord Acton, y casi siempre a manos de los poderes de facto, no significa que no se haya avanzado nada, también en España, para controlar al corrompido (aunque sea a posteriori) y también –menos, la verdad– al corruptor. En un Estado de Derecho que funcione, y el nuestro, con todos sus defectos, lo es, la actividad de la administración pública está sometida hoy a controles normativos (por ejemplo, la Ley de Contratos del Sector Público), de diferentes instituciones (como el Tribunal de Cuentas) y al contraste ante los tribunales de justicia, que establecen responsabilidades y sanciones: económicas, administrativas y, si es preciso, penales. Nada que se pueda comparar a las denuncias de Larra o Valle.

Como escribía el profesor Juan Romero, sonroja tener que recordar que tan Estado son las Autonomías y los Ayuntamientos, como el gobierno y la administración pública central. Más penoso es tener que subrayar obviedades como que, sin lo que llamamos Estado, y en concreto, sin un modelo como el del Estado social, serían muy difíciles buena parte de los avances en ciencia ni investigación (por ejemplo, los que no están al servicio de intereses empresariales, que son legítimos en principio, claro), ni habría salud pública, ni educación pública, ni sistema de pensiones, ni seguridad social.

Si queremos sacar de verdad lecciones, la cuestión no puede centrarse en reiterar lugares tan comunes como falsos. No vamos a mejorar si nos quedamos en la apología del pueblo (al fin y al cabo, sí, el soberano) y la execración del malvado Estado. Mejor sería estudiar cómo corregir, a fondo si es preciso, cuestiones tan concretas como importantes en relación con la respuesta al cambio climático, tal que el marco normativo y la ejecución de los sistemas de prevención y alerta y, más aún, los protocolos de colaboración institucional entre los agentes del Estado, las diferentes administraciones. Corregir en lo posible las aberraciones urbanísticas que hemos cometido, contra las enseñanzas básicas de la ciencia (geógrafos, geólogos, climatólogos, por ejemplo), por no decir los cinco puntos de la agenda que propone el profesor Romero en el artículo que he citado.

No podemos perder de vista que el sentido de la acción del Estado, de la acción política, es, desde luego, el mejor servicio a los ciudadanos, algo que no parece haber entendido la todavía hoy (a mi juicio, inexplicablemente) consellera de turismo de la Comunitat Valenciana, la señora Nuria Montes, que trata a las familias de los muertos y desaparecidos con la misma displicencia con la que imagino trataba a sus subordinados en su empresa hotelera. Quizá porque no ha entendido que su función como consellera de turismo no es defender los legítimos intereses de esa patronal, sino los de los valencianos, sea cual fuere su relación con los establecimientos de hostelería.

Debemos reconstruir. Pero con sentido común y con la guía de la prudencia, lo que significa la guía de la ciencia. Sin arrojar al niño con el agua sucia, pero limpiando todas las cloacas que podamos, ahora que aún podemos.

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

Corren tiempos en los que se acostumbra a ensalzar la osadía, la resistencia y el sentido del espectáculo (la apariencia), como cualidades que hacen triunfar al político. Todo ello tiene bastante que ver con la noción de virtú, que Maquiavelo aconseja al príncipe. Bastante menos buena prensa parece tener la prudencia, aunque, la verdad, no hace falta estrujarse el cerebro para entender que esta es asimismo una condición indispensable para quien se dedica a la política.

Algunos tacharán de ingenua esta mención de la prudencia en política, entendida como virtud, tal y como la explica Aristóteles cuando habla de la frónesis en el libro VI de su Ética a Nicómaco. Ahí la propone no ya como virtud, sino compendio de virtudes: suma de buen juicio, el arte de la medida y de la oportunidad en el obrar, que implica valor, templanza, justicia y sabiduría práctica. Pero lo cierto es que en su ética también aparece una dimensión de la prudencia más humana y aun se diría que pragmática, muy en consonancia con la tarea del político: la virtud propia de aquellos cuyo saber “está ordenado a la búsqueda de los bienes humanos” y así reconocen “lo que es beneficioso y conveniente para ellos”. Esa dimensión pragmática de la prudencia es un hilo conductor de un subgénero literario multisecular, el de los libros de “instrucciones de príncipes” (speculum principis) que, desde la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, alcanza su culmen, probablemente, en el Barroco. Seguramente no pocos lectores recordarán a este propósito las obras emblemáticas del murciano Saavedra Fajardo y el aragonés Baltasar Gracián (Oráculo manual y arte de prudencia, 1647), pero también el Breviario de políticos (1684) del cardenal Mazarino y las Memorias (1675-1677) de su adversario, el cardenal de Retz. Confieso que no consigo entender por qué en un contexto como el nuestro, en el que la apariencia es la reina en política –más allá de la virtud o del Derecho– los gabinetes políticos y de comunicación parecen prestar tan poca atención a las lecciones que nos dejaron esos escritores del barroco, la corriente que enfatiza la engañosa apariencia frente a la oculta realidad.  

De modo que, ya sea virtud exigente o práctica utilitaria, parece claro que el político no debe dejar de tener presentes las exigencias de la prudencia. Añadiré un matiz que no carece de interés, creo: la prudencia es también una virtud, o, si se prefiere, un requisito exigible no sólo a los políticos, sino a todos aquellos que son agentes del espacio público y cuyas decisiones afectan a los ciudadanos. También en las actuaciones de jueces y magistrados, en correlación a la responsabilidad que sus decisiones comportan.

La importancia de la prudencia me parece evidente en un caso que ocupa la actualidad. Me refiero a lo que se conoce como caso Begoña Gómez (en realidad, buena parte de quienes lo han alimentado desde el principio apenas ocultan su designio de que sea caso Pedro Sánchez, aunque también los hay que hablan de caso Peinado), en el que informaciones supuestamente periodísticas sobre actuaciones de la esposa del presidente, parecen la trama para sostener que estaríamos ante un ejemplo de prácticas corruptas, delictivas, en el seno de La Moncloa. Se trata de actuaciones que, hasta donde se sabe por ahora (porque el procedimiento que instruye el juez Peinado, que parece interminable, suma cada día nuevos elementos y resulta como mínimo muy poco ortodoxo en lo que se refiere a la observancia de criterios procesales), tienen todo el aspecto de libelos urdidos en buena medida por actores vinculados a la ultraderecha, por más que existan aspectos que han llevado a la Audiencia Provincial de Madrid y a la Fiscalía Europea a autorizar y emprender investigaciones, respectivamente. Y recordemos que las decisiones del juez titular del juzgado 41 de plaza de Castilla, el Sr. Peinado, son susceptibles de recurso y revisión.

Huelga decir que la utilización de bulos y medias verdades que afectan a familiares de políticos, para atacar al personaje político que se quiere derribar, es rechazable en todos los casos. Este que, evidentemente, tiene como objetivo al presidente Sánchez, no es el primero y los ha habido respecto a políticos de diverso signo. Recordaré, por ejemplo, entre los más recientes, las informaciones maliciosas y bulos sobre el político de CiU y Junts, el exalcalde Trias, o la deleznable campaña interna en ERC contra los Maragall. Es verdad que hay asuntos más graves, de los que se viene hablando varios años y de los que parecen emerger pruebas fehacientes en estos días: me refiero a las informaciones que parecen confirmar que se ha buscado la destrucción del adversario político por medios delictivos que implican a las cloacas del Estado, a propósito de políticos de Podemos y del espectro independentista. Esperemos que se nos informe fehacientemente a todos los ciudadanos acerca de esa barbaridad. Y que sus responsables sean castigados como corresponde.

Dicho esto, volviendo al caso que afecta a la esposa del presidente, se impondrían a mi juicio un par de consideraciones que tienen que ver con la prudencia y con el respeto a reglas elementales que dicta esta virtud o condición exigible al político.

Todos recordarán que la tradición republicana romana acuñó ese dictum sobre la necesidad de que el entorno familiar del gobernante observe una apariencia honrada (parece que la frase, “Mulier Caesaris non fit suspecta etiam suspicione vacare debet” es atribuible a Plutarco, más que al propio César). A mi juicio y por lo que sabemos hasta ahora, la conducta de la esposa del presidente no ha sido ilegal, es decir, no ha incurrido en delito alguno. Es verdad que esta afirmación ha de ser enunciada con prudencia, porque hay un procedimiento judicial en curso. Aunque algunos consideren que su proceso es un ejemplo de lawfare, y tomando pie de la peculiarísima instrucción del procedimiento que está llevando a cabo el juez Peinado hayan trazado incluso un perfil que lo presenta como cómplice de la estrategia de la extrema derecha, lo cierto es que la Audiencia Provincial de Madrid ha validado una parte del procedimiento y que la Fiscalía Europea ha iniciado investigaciones que tienen que ver con ello. Por tanto, conviene no pronunciarse categóricamente pues, pese a los argumentos de la defensa de la señora Gómez, que entiende que se trata de una suerte de “causa general” partidista, que encubre un vacío jurídico, creo que no disponemos de todos los elementos de juicio.

Debo decir, en todo caso y a propósito de las reglas de conducta que aconseja la prudencia política, que creo que la señora Gómez no ha sido lo prudente que debiera: por ejemplo, a mi juicio, no debió escribir cartas de recomendación para un empresario amigo y colaborador, que licitaba ante la administración. No son ilegales, en absoluto, pero no queda bien que la esposa del presidente avale a alguien que licita por fondos públicos y que es socio de ella en algunos proyectos. Por razones de prudencia, asimismo, tampoco debió convocarlo ni recibirlo en reuniones en La Moncloa para tratar sobre negocios o proyectos lícitos, sí, pero que debían haber sido objeto de conversaciones y negociaciones fuera del recinto presidencial. Y la prudencia política habría aconsejado no convocar ni recibir en La Moncloa a las autoridades universitarias de las que pretendía obtener una resolución favorable a su proyecto de cátedra de mecenazgo. Añadiré que me parece que puede aceptarse, por razón de educación y cortesía, que el presidente, si estaba en La Moncloa, saludara a quienes se han reunido con su esposa en esas ocasiones. Otra cosa sería que hubiera participado en tales reuniones: confío en que no haya sido así. Y, en cualquier caso, quizá debía haber aconsejado a su esposa que no realizara esas reuniones en La Moncloa, para evitar lo que ha pasado después, todos los bulos e infundios que están arrojando sobre él y la señora Gómez. 

Subrayaré que, en mi opinión, parece que han sido muy poco prudentes el empresario en cuestión y aún menos las autoridades universitarias de la Complutense, al aceptar acudir a La Moncloa para mantener esas reuniones y negociaciones. Creo que hay dudas acerca de si ha sido prudente el procedimiento seguido para conceder una cátedra de mecenazgo a una persona que, al margen de su inteligencia y capacidades, de las que no dudo, no tiene titulación universitaria adecuada para esas tareas y, además, es la esposa del presidente del Gobierno. Por cierto, no me resisto a subrayar la deriva a la que están llegando las denominadas cátedras de mecenazgo, algo que, como profesor universitario, me parece muy de lamentar. Que un rector declare que no se requiere titulación universitaria alguna para desempeñar cátedras de ese tipo es un verdadero disparate.

De cualquier modo, me parece que, si hay reuniones de negocios de la esposa del presidente en La Moncloa, es lógico que la prensa quiera informar y que los ciudadanos sepamos de qué se trató. La señora Begoña Gómez tiene, sin la menor duda, todo el derecho a trabajar en lo que le parezca, y a desarrollar su carrera profesional, pero desde la prudencia a la que le obliga su condición de esposa del presidente, que no es un dato que carezca de relevancia pública.

La segunda consideración se refiere a otra cuestión que atañe también a la prudencia política y a la dignidad institucional en el ejercicio de cargos tan importantes como el de ministro de un gobierno. Porque, a mi entender, es sumamente discutible la pertinencia y profusión de las intervenciones de ministros del Gobierno en defensa de la esposa del presidente. También me parece un error, aunque de otro calibre, muy distinto, que líderes y cuadros del partido socialista hayan hecho bandera de la defensa de la esposa del presidente. Empecemos por esto último.

Es verdad que, en el fragor de las campañas electorales, no se atiende demasiado a consideraciones de prudencia. Pero es que en la campaña de las recientes europeas pudimos asistir –por mi parte, lo reconozco, con verdadero estupor– a la presencia de la señora Gómez como gancho electoral en mítines y a la movilización del partido en su defensa, con el slogan electoral “todos con Begoña”. Insisto, ¡en unas elecciones europeas! Es decir, la estrategia se centró en la conducta de la señora Gómez. Bien es verdad que la iniciativa de usarla como arma electoral se la apuntó la derecha, para presentar la acusación de “corrupción en el seno de La Moncloa” y así exigir una vez más la dimisión del presidente. Pero es que, a su vez y como respuesta, los estrategas electorales del partido socialista aceptaron el envite y se recurrió al nombre de la esposa del presidente como un arma con rédito electoral, para ilustrar el fango de la extrema derecha y suscitar una emoción de adhesión a quien sufre un acoso injusto y desmedido. Y así este asunto pasó a primer plano en la campaña, en detrimento del debate sobre asuntos de política europea relevantes como la política migratoria y de asilo, la política medioambiental, la autonomía energética y de defensa, o la toma de posición ante la guerra a sangre y fuego de Putin en Ucrania y de Netanyahu en Gaza.

Puedo entender que militantes y aun dirigentes del partido se crean en la obligación de la defensa del presidente del Gobierno y secretario general del partido. Hablo, por cierto, de un partido –en este caso el PSPV-PSOE– en el que milito y he tenido el honor y el orgullo de que me incluyera en sus listas electorales al Senado, y de desempeñarme como senador en la XIII y XIV legislaturas. Lo hago constar por si algún lector no lo sabe y me malinterpreta. Lo reitero: me parece lógico y comprensible que en el seno del partido se crea necesaria la defensa del honor y la integridad del secretario del partido y presidente del gobierno, y puedo comprender que se haga incluso más allá de lo prudente.

Pero lo que me parece contrario a exigencias elementales de la prudencia política es que ministros del Gobierno incurran en el error de erigirse en defensores en la causa seguida contra la señora Gómez, esposa del presidente. Y aún peor, que se multipliquen sin ninguna contención (imprudentemente) en expresiones de auténtico hooliganismo, del populismo más simplón, como lo hace la vicepresidenta primera del Gobierno al incurrir en ese nada infrecuente desdoblamiento de personalidad que le lleva a actuar demasiadas veces como una suerte de groupie, ajena a la dignidad institucional del importante cargo que desempeña. No hablo del ministro que ejerce como tuitero de guardia, el señor Puente, que está para eso según parece. Pero me parece poco compatible con la dignidad institucional de miembro del Gobierno y con la necesidad de diferenciar lo privado y lo público el hecho de que se multipliquen las intervenciones de diferentes ministros que se arrogan el papel de defensores de la señora Gómez, desde La Moncloa y en rueda de prensa del consejo de ministros, o en actos oficiales, aunque reconozcamos, insisto, que el argumento de fondo es la defensa del propio presidente. Añadiré que me desconcierta en particular el hecho de que el ministro de Justicia –de Justicia– entre de continuo en la descalificación de la actuación del juez Peinado. Tenga la opinión que tenga sobre el juez y sobre el procedimiento, es ministro de Justicia: no puede ni debe comentar las actuaciones judiciales.

Insisto en que entiendo que al propio presidente del Gobierno le indigne y le duela cómo están usando el nombre de su esposa con tal de denigrarle a él (aunque no me pareció acertada la estrategia del silencio de cinco días y la famosa carta) y entiendo que a los miembros del Gobierno les parezca necesario defender al presidente. Pero la esposa del presidente es autónoma, es mayor de edad, es una persona con evidente capacidad para defenderse ella sola y, en su caso, como ahora, mediante su abogado. Tiene derecho a la presunción de inocencia y a guardar silencio en juicio, los mismos que asisten a todos los ciudadanos; faltaría más. Personalmente, espero y confío que doña Begoña Gómez salga indemne de este procedimiento judicial. De lo que ya no sale indemne es de la “pena de telediario”.  Pero reconozcamos también que hemos llegado a un punto en que intentar cortocircuitar toda información sobre ese procedimiento parece poco compatible con usos democráticos básicos. La libertad de prensa es pieza indispensable de la democracia. Los ciudadanos tenemos derecho a una información veraz y plural. 

En todo caso, creo que todos los partidos deberían renunciar a servirse del ámbito de lo privado –si se trata de lo privado, claro– para ganar terreno en la contienda electoral. Por mucho que se repita el tópico, ni en la guerra, ni en el amor, ni tampoco en la política, todo vale. A todos nos hace falta la prudencia que aconseja reflexionar antes de hablar, medir el efecto que pueden causar nuestras acciones y contar hasta cien, antes de dar rienda suelta a la indignación frente al otro.

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

El día mundial de los refugiados que se celebra cada 20 de junio exige este año, aún más, una clara denuncia del aparentemente imparable proceso de degradación de un derecho que Arendt consideró la llave para reconocer derechos a quienes no tienen ninguno, porque se ven obligados a abandonar su país, los que denominamos refugiados. El informe 2024 de ACNUR, Global Trends Forced Displacements 2023, habla de un total de 120 millones de personas que se han visto forzadas a desplazarse. Más de una de cada 70 personas en el mundo, es decir, el 1,5% de la población mundial. De ellos, casi 7 millones son demandantes de asilo y casi 32 millones se encuentran bajo el mandato de ACNUR. El 75% son recibidos en países con renta muy baja o media. El porcentaje de niños es terrible, más de un 30%: cerca de 37 millones (casi 14 millones refugiados y casi 23 millones desplazados internos).

La primera contradicción de esta celebración es que, conforme al artículo 1 de la Convención de Ginebra (ratificada por todos los Estados de la UE), llamamos refugiados a millones de personas que en todo el mundo huyen de sus países, lo que propicia que entendamos que ya gozan de protección, pero en rigor no lo son: son sólo asylum seekers, personas que huyen y buscan protección en otro país, lo que supone que, en un porcentaje cada vez mayor, permanecen mucho tiempo a la espera de poder obtenerla.

Recordaré lo elemental sobre qué quiere decir ser un refugiado. De acuerdo con el Derecho internacional de refugiados que compone la Convención de Ginebra de 1951, concretamente su artículo primero y el Protocolo de Nueva York de 1966 (que eliminó los límites geográficos y temporales enunciados en la Convención, que tenía en cuenta casi exclusivamente la situación de grupos de desplazados europeos tras la segunda guerra mundial), podemos definir como refugiado a “toda persona que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opciones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país, o regresar a él a causa de dichos temores”. 

Ese marco definitorio fue ampliado en los instrumentos jurídicos de dos ámbitos regionales diferentes, el africano y el latinoamericano. Así, la Convención de la OUA de 1969 que atiende a los problemas de los refugiados en África, entiende por refugiado “toda persona que, debido a agresiones externas, ocupación, dominación extranjera u otros eventos que alteren gravemente el orden público en una parte o en la totalidad del territorio del país de su origen o nacionalidad, se vea obligada a huir del lugar donde habitualmente reside”. Por su parte, la conocida como Declaración de Cartagena considera refugiados a “las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. 

Pero lo cierto es que cada vez ponemos más difícil a las personas que necesitan de esta protección internacional el llegar a ser refugiados, comenzando porque cada vez ponemos más obstáculos para que puedan siquiera plantear formalmente su solicitud de asilo o de la protección internacional subsidiaria y, por tanto, alcanzar la condición formal de refugiados. Y además, porque cada vez más se multiplica la casuística de los motivos de persecución y la propia noción de persecución resulta restrictiva para comprender a una categoría reciente de personas que se ven obligadas a huir de sus países de origen por otros motivos: es el caso de los denominados refugiados o desplazados climáticos o medioambientales.

Ante todo, es necesario reiterar una precisión, frente al tópico: como demuestran machaconamente las estadísticas del ACNUR, la inmensa mayoría de los que huyen no llegan a los países europeos, porque se quedan en los países limítrofes a los suyos de origen, o en los más próximos: los cinco principales países de destino, según los datos de 2023, son Irán (3,4 millones), Colombia (2,5 millones) y Pakistán (1,5 millones); sólo uno es europeo (Alemania, 2 millones). 

Pero además cada vez resulta más evidente el empeño de una parte de los países hacia los que huyen estos millones de personas por impedir que alcancen su territorio o conseguir expulsarlos rápidamente de él. Me refiero a los países occidentales: además del caso extremo de Australia, habría que incluir en este grupo a los Estados de la UE, así como Estados Unidos y México.

Es imposible dejar de constatar la creciente voluntad política de dejarlos fuera, de alejarlos de nuestro territorio, mientras esperan el proceso de selección y la respuesta a sus demandas de protección. Sin duda, las fuerzas políticas de ultraderecha que han obtenido importantes avances en las recientes elecciones europeas han conseguido contagiar de su lógica a buena parte de la derecha conservadora. Hasta el punto de revertir el elemento básico del derecho internacional de refugiados, el principio de non refoulement, enunciado en el apartado 1 del artículo 33 de la misma Convención de Ginebra de 1951, mediante una interpretación cada vez más discrecional de lo que dispone el apartado 2: 

La última prueba de este proceso de deterioro en el ámbito de la Unión Europea nos la ofrecen dos referencias que conviene recordar en vísperas de la constitución de la nueva legislatura del Europarlamento y la renovación de los más importantes cargos institucionales en la UE 

De un lado, el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), aprobado el 10 de abril de 2024 por el Parlamento Europeo, después de que en diciembre de 2023 el Consejo de la UE (Consejo Europeo), bajo la presidencia española, alcanzara in extremis un acuerdo. A juicio de muchos de nosotros, el pacto supone una nueva vuelta de tuerca en el estrechamiento del derecho de asilo y de la protección internacional subsidiaria, porque pensamos que amenaza principios básicos del Derecho internacional de asilo y propicia una lógica jurídica discriminatoria. En todo caso, está aún lejos del proyecto de un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA).

Pero no conviene generalizar: hay que tener en cuenta que el PEMA es un acuerdo muy complejo, que se despliega en una decena de instrumentos jurídicos. Entre ellos, en punto a la regulación del derecho de asilo y protección internacional subsidiaria, hay seis reglamentos a tener en cuenta, de los que dos son clave: el Reglamento sobre los Procedimientos de Asilo (APR, por sus siglas en inglés) y el Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración (RAMM). A ellos, como digo, hay que añadir el Reglamento de control previo a la entrada (screening), el Reglamento de Crisis y Fuerza mayor (donde se recoge el principio de solidaridad “a la carta”), el Reglamento sobre Procedimiento Fronterizo de Retorno y el Reglamento Eorodac. 

La crítica formulada por ONGs con experiencia en asilo, como ECRE, CEAR, el SJM, ACCEM, y otras como Save the Children, Caritas, o PICUM, subraya por ejemplo que se ha renunciado a garantizar la asistencia legal gratuita en todas las fases del procedimiento de asilo, así como también a la reubicación obligatoria como modelo de solidaridad de todos los países europeos respecto a la acogida de refugiados (en su lugar, se ha optado por la solidaridad a la carta, que permite el rechazo de refugiados a cambio de una especie de multas), o un sistema de acceso al procedimiento que se parece demasiado a un laberinto burocrático, con plazos dilatados y con una rebaja en las garantías para personas en situación de especial vulnerabilidad, al tiempo que se priorizan procesos acelerados de deportación, lo que implica el debilitamiento de la defensa jurídica en los procedimientos administrativos en las fronteras, junto a la posibilidad de ser deportadas mientras se resuelve el recurso de expulsión. 

En todo caso, resulta desoladora la escasísima atención que han prestado a la garantía de los derechos de los refugiados los programas electorales de los partidos que han competido en las recientes elecciones europeas. No digamos nada de la ausencia de propuestas concretas, a propósito de los problemas a los que trata de responder (a mi juicio, de forma muy equivocada) el PEMA. El Gobierno, por cierto, ha sacado pecho de la aprobación del plan, sin rectificar los problemas que afectan al laberinto burocrático de los demandantes de asilo en nuestro país, o al doble rasero entre la rápida y muy positiva solución prestada a los refugiados ucranianos frente a los que huyen de otros conflictos bélicos o de situaciones de extrema necesidad (Sudán, por ejemplo).

La segunda señal de alarma es el avance de la lógica de externalización en el ámbito del procedimiento de refugio y asilo. Se pretende crear un sistema de selección mediante centros o campos (hotspots) en países terceros, a los que se enviaría a los demandantes de esa protección internacional, a la espera de resolución. No ya países limítrofes (como lo fuera Turquía, o como pretende ahora el gobierno de Meloni con Albania), sino incluso fuera del círculo de vecindad (Mauritania, Marruecos, Libia) o, directamente, muy alejados (Ruanda), como fue objetivo del proyecto inicial del gobierno danés, que el gobierno de Sunak consiguió recientemente convertir en ley. Es cierto que el Reino Unido no forma parte de la UE, pero la lógica de la ley Sunak inspira, a todas luces, la iniciativa eufemísticamente denominada “diplomacia de la migración”, suscrita por 15 Estados miembros de la UE (Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumania y Finlandia), que entregaron el pasado 15 de mayo una carta a la Comisión Europea en la que proponían centros de selección para la petición de asilo en países terceros, donde se debería trasladar a todos los inmigrantes y potenciales solicitantes de asilo rescatados en el mar. Subrayaré que esa iniciativa coincidió en el tiempo con la propuesta asumida en el Manifiesto electoral del Partido Popular Europeo para las elecciones europeas celebradas el 9 de junio, “Nuestra Europa: un hogar seguro y bueno para nuestros ciudadanos”, según la cual “cualquier persona que solicite asilo en la UE también podría ser trasladada a un tercer país seguro y someterse allí al proceso de asilo”. Resultó, insisto, desoladora la ausencia de propuestas relativas a la garantía del derecho de asilo en el PEMA en la inmensa mayoría de los programas electorales que concurrieron el 9 de junio.

La hipocresía es insoportable, además, porque se disfraza de cooperación bilateral e incluso multilateral lo que, hablando claro, es un descarado proyecto de quitarse el problema de encima, a base de la complicidad con gobiernos tan poco fiables en términos de estándares de democracia y derechos humanos como los de Marruecos, Túnez, Mauritania o Nigeria. Gobiernos corruptos, que no revertirán en sus ciudadanos las ayudas que les enviamos como contrapartida a nuestra exigencia de que desempeñen el papel de poli malo. Y así, les corrompemos más, al tiempo que no ayudamos a la mejora de los derechos humanos y de las expectativas de calidad de vida de esos ciudadanos. Ya ni siquiera disimulamos con la supeditación de esas ayudas a cláusulas de contraste de sus índices de desarrollo humano. 

Esos reglamentos del PEMA, estas iniciativas, parecen inspirarse en el cinismo descarnado que profesan quienes entienden que los derechos humanos y sus garantías son algo opcional o, a lo sumo, un desiderátum buenista, que debe ceder ante las exigencias que impone el realismo político. Un eufemismo para disfrazar la enésima utilización del miedo al otro como principal y recurrente argumento electoral, por parte de quienes no tienen programas de mejoras concretas para los problemas de garantía universal del derecho a la salud, y a la educación, del derecho de jóvenes y dependientes a una vivienda digna, del derecho de todos a alimentación saludable, a una política energética sostenible, o medidas eficaces para afrontar el invierno demográfico europeo.

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

A la espera de su publicación en el BOE, la ley de amnistía, cuya denominación oficial es "Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña", ha sido definitivamente aprobada por el Congreso, que levantó el veto del Senado en la votación celebrada el pasado 30 de mayo de 2024 (en el sitio web del Congreso de los Diputados se pueden seguir todos los documentos de su tramitación parlamentaria). Tras el veto en el Senado al texto aprobado por el Congreso, la ley obtuvo el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso. Un respaldo no abrumador, sino estrecho (177 a favor; 172 en contra y ninguna abstención), pero en todo caso suficiente y, por tanto, desde el punto de vista de la lógica parlamentaria, la ley cuenta con legitimidad irreprochable.

Eso no quiere decir que la única cuestión pendiente sea su aplicación por los tribunales de justicia, un trámite que, según todos los indicios, no será sencillo. Frente a ciertas interpretaciones paleoformalistas (y aquí la paradoja es interesante: los más férreos defensores de la necesidad de superar el formalismo jurídico, antes de la ley, es decir, los partidos independentistas, se han transformado ahora, una vez aprobada la ley, en férreos formalistas que reiteran el mantra "la ley es la ley"), lo cierto es que los jueces, que están vinculados obligatoriamente al cumplimiento de la legalidad vigente, fuente de su legitimidad, no se limitan a aplicar mecánicamente la ley. No hay tal: ni en ésta, ni en ninguna otra ley. La actividad judicial es siempre interpretativa y la interpretación jurídica, lo sabemos muy bien hoy, no es un trámite mecánico que lleven a cabo los jueces como autómatas. Pero esta vexata quaestio no es cuestión a la que quiera dedicar mi comentario: sugiero que vayan a las aulas o estudien algo quienes sostengan un modelo de interpretación jurídica propio de concepciones jurídicas del XIX, como la escuela de la exégesis (un modelo en todo similar al teológico, como supo denunciar eficazmente Kant en su opúsculo El conflicto de las Facultades).

La posibilidad de recursos de constitucionalidad y, sobre todo, el planteamiento desde los tribunales de cuestiones de constitucionalidad ante nuestro Tribunal Constitucional, o de cuestiones prejudiciales ante las instancias europeas (el tribunal de la UE, de Luxemburgo), pueden llevar a modificaciones, incluso de envergadura, en el texto aprobado. Por muchas proclamaciones retóricas de los defensores del texto legal (algunos, incluso pretendieron desde el principio que se trataba de una ley impecable desde el punto de vista constitucional, para luego decir que sobre la constitucionalidad ya hablaría del Tribunal Constitucional, lo que parece más adecuado) ,y de sus detractores (para los cuales se trata de una modificación constitucional encubierta, una ley groseramente anticonstitucional), el primer test, pero no el único, será el de su refrendo por el Tribunal Constitucional, al que corresponde ese juicio de forma exclusiva. Su fallo determinará la validez constitucional o no de la ley.

Por lo demás, conviene recordar que, aun aprobada la ley, cabe todo tipo de análisis y pronunciamientos doctrinales sobre el particular. Y desde luego, no han faltado, incluso antes de que se conociera el texto de la ley. En su tramitación parlamentaria, es un texto que ha sido sometido a importantes cambios, incluso a un primer rechazo en la votación en el pleno del Congreso. Esos cambios han sido sobre todo resultado de la negociación de Junts con el PSOE: no olvidemos que se trata de una proposición de ley orgánica presentada por el grupo parlamentario socialista, en solitario, pero siempre como resultado de una intensa –y por momentos muy tensa– negociación con los representantes de Puigdemont, que han acabado imponiendo sus exigencias al PSOE. Hasta el punto de que los negociadores y dirigentes del PSOE han tenido que desdecirse de no pocas de las líneas rojas que habían presentado sobre el particular: los votos de Junts, necesarios para la continuidad de la legislatura, mandan. Y, por cierto, esa de los votos es la lógica de la negociación política: la fuerza parlamentaria de cada parte. Otra cosa es que las negociaciones deberían tener unas reglas de juego fijas, que las partes se comprometan a no quebrar, lo que obliga a romper la negociación en caso de tal ruptura. Pero no parece que haya sido así en la negociación entre Junts y el PSOE sobre esta ley.

Volvamos a la justificación de la ley. La justificación de una norma jurídica, en un sistema democrático, tiene un primer criterio: su conformidad con la legalidad vigente. Las leyes que se han dictado conforme a los criterios de competencia y procedimiento gozan de una presunción a favor de su justificación. Tal justificación remite implícitamente –es decir, que en la mayoría de los casos no se plantea– a la conformidad constitucional. Sin embargo, en algunos casos resulta necesario que se haga expresa tal conformidad, es decir, remitir a un examen del criterio de conformidad constitucional que, a su vez, reenvía a la interpretación (ponderación, se dice) de lo que podríamos entender como válvulas abiertas de la Constitución. Abiertas, porque remiten a criterios no estrictamente técnico-jurídicos, sino políticos, de oportunidad, e incluso morales –de moralidad pública, eso sí–. Es lo que conocemos como justificación de segundo orden. En el caso de esta ley, como trataré de argumentar (y en ello no discrepo de tesis sostenidas por los promotores de la ley) los criterios de oportunidad política, esto es, la concordia, la convivencia, la "normalización institucional, política y social en Cataluña", como reza el título de la ley, que son el elemento fundamental de juicio, son el test a demostrar. Todo ello, insisto, sin perjuicio del debate sobre su constitucionalidad (en el que me parece que no carece de argumentos la posición que niega su ajuste constitucional, como también pueden aducirse argumentos que justifican su conformidad) y sin perjuicio del debate técnico-jurídico que muestra, en mi opinión, argumentos a favor, pero también considerables déficits de la ley.

Quizá uno de los graves errores que subyacen a esta ley sea que no resuelve la ambigüedad subyacente a un relato que no sólo es parcial (de parte), sino manifiestamente falso: me refiero a lo que recogió el acuerdo de base entre Junts y el PSOE, suscrito el 9 de noviembre de 2023, en su apartado I (Antecedentes), que puede leerse aquí. Que los negociadores socialistas aceptaran esa versión, a mi juicio, fue un grave error. La historia de Cataluña y de su encaje en España no es la versión monocromática que transmiten los defensores del independentismo, del mismo modo que por muy catalanes que sean quienes sostienen la pretensión legítima de una Cataluña independiente, no lo son más que quienes de forma también legítima sostienen lo contrario. Los ciudadanos de Cataluña y, con ello, Cataluña misma, son una realidad plural y el secuestro que realizan los independentistas arrogándose la representación única –verdadera– del pueblo catalán, para presentar un enfrentamiento entre "Cataluña y España", es una falacia lógica muy conocida –la de tomar la parte por el todo– y reiterada por todo nacionalismo que se precie: el catalán, el español, o el que sea.

El segundo déficit, a mi juicio muy importante, es el que señaló la Comisión de Venecia (ver el texto aquí), en un informe cuyo borrador fue objeto de filtraciones interesadas por los partidarios y detractores de la ley, sin esperar al texto definitivo del mismo, algo que puede aceptarse en términos periodísticos por el prurito del scoop (siempre que se advirtiera que no era el texto definitivo), pero que, a mi juicio, no resulta de recibo por parte de juristas ni de políticos responsables. Me parece difícil negar que ese informe ha sido objeto de manipulación, tanto por los apologetas de la ley, cuando sostienen que "Europa bendijo la ley", como por sus detractores, que pretendían que la Comisión consideró que la ley vulneraba elementos clave del Estado de Derecho, núcleo del modelo europeo. Desde luego, el informe definitivo de la Comisión no encontró en la ley ninguna violación a las reglas de juego del Estado de Derecho que Europa (no sólo la UE: la Comisión de Venecia se inserta en el marco institucional del Consejo de Europa) consagra como suyas y afirmó la legitimidad del objetivo de reconciliación política, si bien precisó que ese objetivo se puede garantizar también con otras herramientas legales como los procedimientos de justicia restaurativa. En todo caso, la Comisión expresó su seria objeción al procedimiento de urgencia seguido en su tramitación y, sobre todo, a la ausencia de un consenso suficiente. Esta segunda observación pone de manifiesto un problema político, más que jurídico. Difícilmente se puede hablar de superar un contexto divisivo si la propuesta que se formula sigue dividiendo a los ciudadanos en dos grandes bloques.

La ley de amnistía se justificó como una solución política para un problema que, sin duda, tiene ese carácter: no sólo social, sino también institucional, político. Así se asegura literalmente en el preámbulo: “Con la aprobación de esta ley, lo que el legislador pretende es excepcionar la aplicación de las normas vigentes a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista catalán en aras del interés general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de Derecho y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político”.

En ese sentido, creo que se puede considerar razonable sostener que la solución al conflicto, en efecto, debía ser social y política, esto es, que no se debió reconducir exclusivamente al pronunciamiento de los tribunales de justicia, ni sólo a la lógica penal. Enfatizo los adverbios –exclusivamente, sólo– porque son el importante matiz que yo considero necesario respecto al leit motiv de desjudicializar lo sucedido en Cataluña en 2017 y “devolver a la política lo que es de la política”. La política democrática no se puede realizar al margen de las exigencias del Estado de Derecho, del imperio de la ley que significa que el depositario de la soberanía popular es el Parlamento (y por tanto que no cabe un gobierno de los jueces), pero también de la separación de poderes, de la independencia judicial. 

Para que quede clara mi opinión: sostengo que ha habido y hay un conflicto social y político en Cataluña, y de una parte de Cataluña frente a España (que no de toda Cataluña). Un conflicto que no es nuevo, ni siquiera en el marco de la experiencia democrática española: baste recordar los debates en la segunda república y las posiciones de Ortega y Azaña al respecto. Pero sostengo también que en relación con los acontecimientos del procés, es ilegítima, democráticamente hablando, la pretensión de que los tribunales debían mantenerse al margen, porque, muy al contrario, los tribunales no podían dejar de actuar si había indicios de que, en ese momento álgido al que condujeron las movilizaciones promovidas y en parte organizadas por los protagonistas del procés (los políticos y los de algunos movimientos sociales), en octubre de 2017, se produjeron actuaciones contrarias a la ley, sobre todo si esas actuaciones causaron daños relevantes a derechos de terceros. Y soy de los que piensan que hubo no pocas actuaciones contrarias a la ley y lesivas de bienes jurídicos relevantes, tanto de los ciudadanos individuales (la vida, la integridad física, la libertad de movimiento), como para el bien común. Correspondía a los tribunales, en buena lógica jurídica propia del Estado de Derecho, el juicio sobre esas conductas con arreglo a los tipos penales vigentes (desórdenes públicos, desobediencia, malversación, sedición o incluso terrorismo, de un lado, y agresión y abuso de poder, de otro) y establecer las correspondientes responsabilidades. Nadie puede pretender impunidad, ni estar por encima de la ley. Otra cosa son, a posteriori, las medidas de gracia que se puedan acordar: los indultos, o incluso una amnistía. Pero esas medidas de gracia, como toda ley, deben estar sometidas a su vez a justificación.

Por tanto, me gustaría que quedase claro que sostengo que los indultos y la amnistía son, ante todo, una medida de gracia. Ya me pronuncié en su momento sobre la justificación de la medida de los indultos, una decisión que apoyé públicamente, en un artículo en el número 29/2021 de la revista Teoría y Derecho. Lo cierto, en mi opinión, es que la amnistía se define también como medida de gracia, aunque tenga unas características diferentes de los indultos. Como tal, y pese a los alegatos de los diputados Rufián y Nogueras, la amnistía no supone dar la vuelta, revertir el orden legal vigente (“derrotar al régimen de 1978”), sino excepcionar su aplicación por razones de interés general. Es una forma de ejercicio del derecho de gracia, de perdón, que, como señala la RAE, "tiene naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario, como el término de una guerra civil o un período de excepción". Otra cosa es que en la negociación de esa medida de gracia acabaran primando las exigencias de una de las partes, que es lo que a todas luces sucedió con esta ley, para asegurar el sostén de Junts a la investidura. Creo que hay margen para discutir, por ejemplo, la inclusión de los delitos de terrorismo en la ley (me parece desafortunada la fórmula finalmente aceptada, que excluye sólo los delitos de terrorismo que supongan violaciones graves de derechos humanos, como si las violaciones de los derechos humanos pudieran ser leves), o la reformulación de los delitos de sedición y sobre todo, de malversación. Pero ello no invalida que pueda existir una justificación política de carácter extraordinario para adoptar la ley de amnistía. Esa es la cuestión que ahora podemos y debemos verificar.

Y es que, una vez aprobada la ley y a la espera de esas incidencias, el verdadero test que la ley debe superar se presenta en estos términos: verificar si la ley consigue la reconciliación, concordia o convivencia estables, en términos sociales y políticos. Esa reconciliación, desde luego, no puede consistir en que los independentistas renuncien a su objetivo político, que es su razón de ser: la independencia de Cataluña. En una democracia no militante, como la nuestra, el pluralismo político alberga también a quienes pretenden la independencia, aunque eso suponga romper el marco constitucional, si tal pretensión no se `propone al margen de los cauces constitucionales. Pero sí resulta incompatible plantearla de modo unilateral –no digamos, con violencia–. 

Como hemos visto que recoge el propio preámbulo de la ley, la amnistía se justificó por parte del Gobierno y de los partidos que constituyen la coalición de gobierno (aunque sólo el grupo parlamentario del PSOE firmó la proposición de ley orgánica), como la solución para gestionar un conflicto político, el que existe dentro de Cataluña y, además, entre Cataluña y España. Una solución que se basa, como ha sostenido el propio presidente del Gobierno, en la superior eficacia del perdón para restablecer la convivencia. Un argumento que comparto si se acuerda que hay un objetivo superior, la paz social, la convivencia. En este punto, hay que destacar una primera dificultad: los partidos independentistas catalanes con representación en la Cámara (Junts, ERC, CUP) aborrecen de la presentación de esa medida en términos de perdón, porque sostienen que todo cuanto sucedió en octubre de 2017 fue en ejercicio de derechos legítimos –libertad de expresión, de reunión, de manifestación y aun el derecho de autodeterminación– frente a los cuales la respuesta penal era ilegítima, como lo era, a su juicio, la medida constitucional prevista en el artículo 155 de la Constitución, adoptada por iniciativa del gobierno Rajoy, con el respaldo parlamentario de los grupos del PP y del PSOE en el Senado. Este posicionamiento –que es ideológicamente legítimo, como es obvio–, parece chocar con la condición exigible para asegurar el fin compartido que legitima la ley de amnistía, la resolución del conflicto. Esa condición es renunciar a la vía de imposición unilateral de la propia pretensión. No se le pide a esa parte que renuncien a su objetivo de independencia. Se les pide, y me parece exigible, que renuncien al proyecto de imponerla unilateralmente. Y eso hay que demostrarlo con hechos. Los gestos, los alegatos contrarios, por mucho que respondan a una retórica de consumo interno en la contienda entre los independentistas por alzarse con la hegemonía en el sector social que da respaldo a tal pretensión en Cataluña, no son anecdóticos. Y a mi juicio, las primeras declaraciones de los independentistas son relevantes y parecen evidenciar que no se acepta tal condición, aunque desde luego hay que situarlos en la estrategia por configurar la investidura en Cataluña.

Hay una parte del test, la que se refiere al final o, al menos, al apaciguamiento de la lógica divisiva en España, que arroja un resultado poco positivo: parece difícil negar que la ley ha sembrado e incluso incrementado una fuerte división en el resto de la sociedad española, fuera de Cataluña. Todas las encuestas que conocemos (y es increíble que el CIS no haya preguntado jamás por la cuestión en todo este tiempo) arrojan un resultado inequívocamente contrario y mayoritario a la ley, por parte de los ciudadanos del resto de España: es más, se ha acrecentado una opinión de rechazo frente a Cataluña (otro error de sinécdoque) en no pocas regiones. El anuncio de iniciativas de diferentes Comunidades Autónomas, (incluida la que preside el dirigente socialista García Page) para presentar recursos de constitucionalidad frente a la ley, siendo sin duda una respuesta legítima, (habrá que ver si se ajustan a la legalidad y si se llegan a cursar), no parece que vaya a contribuir a corto y medio plazo a acabar con el clima divisivo.

Pero, además, en lo que se refiere a la parte del test que se centra en la convivencia en Cataluña, la verificación quedaría dificultada no tanto por la utilización de la ley de amnistía en la campaña electoral europea (sobre todo por parte de la derecha y de la ultraderecha), cuanto por lo que puede deparar la estrategia en Cataluña de los partidos independentistas en las próximas semanas, que no es del todo previsible. Hasta que veamos cómo se compone la mesa del Parlament y si venimos abocados a unas nuevas elecciones autonómicas, no podremos verificar los efectos benéficos en la convivencia, por más que las encuestas reflejen un enfriamiento del clima social de polarización en la sociedad civil catalana. Más allá de las inaceptables intervenciones e insultos de diputados de Vox en el pleno del Congreso celebrado el día 22 de mayo y que verosímilmente buscaban dinamitar el pleno, creo que las intervenciones parlamentarias de los portavoces de Junts y ERC en el mismo debate no parecen abonar la hipótesis de una renuncia a la estrategia de polarización, como tampoco las proclamas del inane eurodiputado Comín, exigiendo que el PSC apoye la investidura de Puigdemont, so pena de mandar al traste la legislatura en Madrid. Antes de que acabe el verano tendremos elementos de juicio sobre lo que suceda en Cataluña. Si vamos a una repetición de elecciones, me temo que el argumento de la concordia, el objetivo que legitima esta ley, no se sostendrá.

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

Estamos acostumbrados a imaginar a Kant como el pensador ilustrado que pone las bases de la emancipación mediante la razón, la crítica, como el filósofo que asienta principios básicos de una ética universal y racional, aspectos abundantemente glosados con ocasión del tercer centenario de su nacimiento, que se cumple hoy, 22 de abril de 2024.

Quiero proponer al lector que considere otro aspecto menos trillado de la obra de Kant, el que sugería Jean Lacroix cuando le definió como “un hombre de Derecho”. Créanme, nada más cierto, ni más pertinente en este momento. Porque es precisamente su preocupación por garantizar la libertad y la paz a través del Derecho (el aspecto de su legado que recogió en buena medida el gran jurista Kelsen), lo que hace rabiosamente actual a Kant. Lo es, en un contexto tan dilemático y atribulado como el nuestro, marcado por el retorno a un discurso belicista que subraya la ineficacia de una comunidad y de un orden internacional como el onusiano (heredero de las propuestas kantianas), incapaz de encontrar una voluntad política común que ofrezca respuesta eficaz a lo que parece el eterno retorno de la guerra. Esa incapacidad, ese sentimiento de impotencia ante la imágenes de destrucción en Ucrania y Gaza, ha dado alas a un pragmatismo bajo el que resurge, más o menos descarnado o encubierto, una nueva ola de belicismo.

Por eso, aunque siempre hay muchas buenas razones para volver a leer a Kant, la que propongo es la actualidad del propósito que preside la última etapa de su obra, de carácter marcadamente filosófico jurídico y político. En efecto, en sus últimos años reivindica el papel central del Derecho para garantizar esos dos objetivos que consideraba fundamentales, la libertad y la paz. Es lo que desarrolla en dos trabajos capitales de esa última etapa: el panfleto sobre La paz perpetua (1795), en el que explora las soluciones para superar la guerra, y la Metafísica de las Costumbres (1797), cuya primera parte está dedicada a la Doctrina del Derecho, una indagación de carácter filosófico jurídico, nada abstracta, muy vinculada a los cambios trascendentales que se vivían en las últimas décadas del XVIII, marcadas por las revoluciones americana y francesa y también, claro, por la omnipresencia de la guerra. 

Es evidente el peso que tienen en nuestra visión del mundo dos guerras, las que se libran en Ucrania y Gaza. Ambas, dominadas por esa niebla de la guerra de la que se sirven cada vez más los contendientes para manipular la realidad, mucho más allá de lo que teorizó Von Clausevitz cuando acuñó la expresión. 

Un ejemplo de ello, a mi juicio, es cómo se ha presentado el lanzamiento de drones y misiles desde la república fundamentalista islámica de Irán contra territorio de Israel, información que en la mayoría de los medios apenas hace referencia a que se trata de una respuesta del régimen totalitario de los ayatollah frente a la destrucción por Israel de su consulado en Damasco, que causó la muerte de trece personas, entre ellos su cónsul y el jefe del servicio de inteligencia y otros altos mandos de la Guardia revolucionaria iraní que asesoran al régimen sirio. Un ataque de ese tipo, evidentemente, constituye una agresión a los principios básicos de soberanía y respeto a las sedes diplomáticas, mucho más grave que la entrada de la policía en la embajada de México en Quito, que suscitó con toda justicia la prácticamente unánime condena internacional. Pero es interesante pensar en las características y consecuencias del ataque iraní –quizá también prevista por el gobierno israelí, cuando destruyó el consulado de Damasco–, neutralizado eficazmente por los sistemas israelís de defensa, con colaboración, entre otros, de los EEUU y Jordania. Lo cierto es que, pese a la enorme dimensión cuantitaviva del ataque, quizá fue en realidad una respuesta calculada, pensando más en la imagen de fuerza del régimen y no tanto en causar daños relevantes (lo que sería una prueba del realismo de ese régimen, como ha argumentado Sami Nair). En todo caso, lo que parece evidente es que la respuesta de Irán ha devuelto al gobierno de Israel un apoyo internacional que perdía a chorros y ha actuado como pantalla para continuar con su programa de destrucción implacable en Gaza y su horrible coste para la población civil palestina. Y todo ello mientras asistimos casi indiferentes a las otras guerras, que no afectan tan directamente a nuestros bolsillos.

Vuelvo al interés de leer a Kant en nuestro contexto inmediato. Parecería que estas dos guerras en Ucrania y Gaza han vuelto a decantar el delicado equilibrio entre principios y pragmatismo en las relaciones internacionales del lado del belicismo, una versión radical de la tradicional reivindicación del pragmatismo (“realismo”) como condición del buen gobernante: me refiero a la concepción expresada en la metáfora admonitoria, atribuida a Bismarck, sobre la necesidad de evitar el idealismo propio del político que sólo se pertrecha de principios para realizar su tarea, a quien el canciller de hierro compara con el ingenuo que se adentra en un bosque infestado de ladrones, con un palillo entre los dientes. Una versión radical que inspiraba, por cierto, la pragmática concepción de Kissinger –continuada por la muy influyente Madeleine Allbright– acerca de la prioridad de disponer de una posición de fuerza en las relaciones internacionales y ejecutarla, al precio que fuere.

Los partidarios del nuevo pragmatismo nos dicen que debemos abandonar el wishfull thinking y reconocer que, a la hora de la verdad, ni la diplomacia, ni las normas del Derecho internacional, ni ninguna autoridad superior (esto es, la fuerza de la razón jurídica y política, la fuerza del Derecho) nos protegerán frente a la razón de la fuerza. Sólo ser capaces de oponer una fuerza mayor –la amenaza verosímil de recurrir a ella– nos ofrece esa garantía. Ergo, ante las amenazas de Putin, sólo cabría confiar en la existencia de esa amenaza mayor, una capacidad de respuesta bélica superior a la de Putin (sobre ello). Hoy, buena parte de los gobernantes europeos (de Donald Tusk y Kaja Kallas, a Von der Leyen y, en alguna medida, el propio Borrell) multiplican las advertencias a los ciudadanos europeos para que seamos conscientes de que vivimos en situación prebélica y debemos armarnos para poder esgrimir esa amenaza. Cuanto más, mejor.

¿Y qué tiene que ver todo esto con leer a Kant? Pues resulta que, en el marco de este regreso a la guerra como horizonte existencial, hay quien ha hablado de una nueva victoria del momento hobbesiano sobre el kantiano, acudiendo a lo que, a mi juicio, es una tan fácil como simplista contraposición entre estos dos gigantes del pensamiento. En efecto, suele presentarse a Kant como el gran contrapunto de Hobbes, precisamente a propósito de la guerra y de la paz. Con la crítica al idealismo kantiano, los pragmáticos se cobrarían una nueva victoria sobre los ingenuos pacifistas.

A mi juicio, hay que empezar por leer con un poco de detenimiento, más allá de los tópicos. Kant no es en absoluto un ingenuo idealista encerrado en su torre de marfil: el gran filósofo alemán , un voraz lector de las noticias de todo el mundo, no se aleja en realidad del modo de concebir la guerra como nuestro horizonte existencial que propone Hobbes, sino que la comparte, aunque llegado un momento se pone a la tarea de ofrecer una respuesta a esa realidad muy distinta de la de Hobbes (el gran Leviathan): la necesidad de superar ese destino fatal, mediante el Derecho y la federación de Estados, en aras de otra manera de entender la paz.

Kant, como Hobbes, explica que, si se atiende a lo que podríamos llamar la experiencia histórica de los pueblos, la guerra es algo natural, un recurso de la naturaleza para obtener sus fines, o incluso un instrumento de progreso cultural de la humanidad (no tan lejos de lo que luego sostendrá Hegel). Esas tesis se encuentran en su ensayo de 1784, Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, o en el de 1786, Probable inicio de la historia humana. Pero Kant, como decía, era un ávido lector y observador de cuanto acontecía en el mundo. Por eso, como han explicado muy bien entre otros los profesores Roberto Rodríguez Aramayo y Teresa Aguado, su concepción de la guerra experimenta una profunda transformación cuando, siempre atento a la realidad internacional, tiene noticia de los acontecimientos que abocan a la Paz de Basilea de 1795: me refiero a los dos tratados firmados en esa ciudad suiza por la recién nacida República francesa y el reino de España, que ponen fin a la denominada “guerra de la Convención”, el frente pirenaico de la coalición de las monarquías europeas contra el régimen revolucionario francés, un acuerdo forzado en buena medida por la ruina económica que causaba en la monarquía española. Es cuando Kant decide escribir La paz perpetua. Un diseño filosófico, el trascendental opúsculo en el que sentará las bases de su proyecto jurídico y político con el que trata de transformar ese horizonte inevitable de la guerra. La guerra, sostendrá Kant, es un grave obstáculo para el progreso moral de la humanidad. Por eso, propone su prohibición, como un imperativo de la razón práctica: debemos prohibir el recurso a la guerra porque, de no hacerlo, estaríamos yendo en contra de nuestra propia condición de humanos.

Ese es el legado de Kant que me interesa subrayar. Tal y como argumenta la profesora Aguado, Kant sienta así las bases jurídicas, éticas y políticas para una filosofía cosmopolita de las relaciones internacionales, que se resumen en una nueva formulación del derecho de gentes y una teoría de la gestión de relaciones pacíficas entre los Estados, a través de un federalismo internacional. Sus ejes son la garantía de la paz y del respeto de los derechos humanos, en el marco de lo que con Habermas podríamos denominar una esfera pública y, junto a ellos, la propuesta de una sociedad civil global, garantizada por un Derecho cosmopolita. Por eso, para Kant, lo que podríamos llamar un Estado cosmopolita de Derecho, aunque sería más exacto denominarlo Federación cosmopolita de Repúblicas, que es lo que imagina Kant, no puede no ser sino un Estado de paz, en el que ninguna guerra debe ser permitida. De ahí que, como se ha escrito, el núcleo de las tesis de Kant sobre guerra y Derecho se puede resumir en estos términos: donde impera el Derecho no puede haber ninguna guerra y donde hay guerra no cabe el imperio del Derecho. Kant, por cierto, nunca llegó a imaginar el Derecho internacional humanitario, que trata de autodisciplinar la guerra.

Un matiz: espero que cuando sostengo la validez de las propuestas kantianas sobre la exigencia prioritaria de la paz a través del Derecho y del modelo de negociación multilateral para tratar los conflictos, en el marco de una federación de Estados, se me conceda desde el lado de los pragmáticos que no postulo la estupidez de prescindir de la política de defensa. Mi reflexión se encamina a una prudente interpretación del manido lema de los Epitoma rei militaris de Vegetius, un clásico de los estudios militares que, frente a la interpretación habitual, no ordena taxativamente prepararse para la guerra si uno quiere la paz (si vis pacem, para bellum). Su apotegma es bastante menos asertivo: igitur, qui desiderat pacem, praeparet bellum, esto es, “por tanto, quien deseara la paz, debería prepararse para la guerra”.

Lo que propongo, con Kant y con el kantiano Kelsen que escribe La paz a través del Derecho, pero también, desde luego, con Gandhi y con el Mandela que sale de la cárcel tras haber sostenido la lucha armada y se transforma en defensor de la negociación con el enemigo, no es la simpleza de prescindir de la política de defensa y transformar en arados las espadas. Se trata más bien de recordar que armarse hasta los dientes, amenazar con guerra sin cuartel, no es la vía aúrea para la paz: hay que entender el manido lema de Gandhi según el cual la paz es el único camino. A mi juicio, su significado es que, para lograr la paz, lo prioritario no es tanto amenazar al enemigo con un arsenal mayor, sino trabajar en las condiciones de la negociación, del arreglo pacífico sometido a las reglas de esa concreción de lo que Kant llamaba Derecho cosmopolita que son las normas y la jurisprudencia propias de la legalidad internacional. Y que ello no obsta para exigir responsabilidades a quienes violen las normas del Derecho internacional humanitario en el curso de la guerra.

Pues bien, ese Derecho cosmopolita que propone Kant encuentra su armazón teórica en la referida Doctrina del Derecho, a la que, como he recordado, dedica la primera parte de su gran obra final, la Metafísica de las Costumbres. Y aquí viene mi recomendación al lector, que no es otra que sugerir que lea las penetrantes páginas del ensayo con el que Manuel Jiménez Redondo introduce la magnífica edición de la Metafísica de las costumbres que se acaba de publicar en castellano, traducida por él mismo, y que lea asimismo el sustancioso prólogo escrito para esa edición por nuestro añorado Tomás Vives.

El profesor Jiménez Redondo, en efecto, explica cómo en este ensayo, centrado en la discusión sobre las relaciones entre Derecho y ética y en el que Kant rehace los conceptos y principios de su filosofía jurídica, ética y política, Kant está profundamente marcado por el impacto que en él ha provocado la revolución de 1789, cuyos acontecimientos sigue con muchísima atención y muy concretamente por el debate en torno a los principios que inspiran la "Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano". De manera tan brillante como convincente, Jiménez Redondo hace ver que la Doctrina del Derecho no es otra cosa sino un análisis de esa Declaración de derechos de 1789, a la que convierte en una teoría del Derecho perfectamente articulada, basada en la libertad.

El Derecho que nos presenta Kant es un orden esencialmente tripartito, que parece particularmente adecuado en este momento de nuestra existencia marcado por la experiencia de la globalidad, por la conciencia de que formamos parte de una casa común, la Tierra y, por tanto, por la conciencia creciente acerca de que la interrelación, la interdependencia de esa morada y todos los que la habitan –no sólo los seres humanos, añadimos hoy– exige la garantía de un orden efectivo de Derecho. Un orden compuesto por el Derecho de los Estados de Derecho, el Derecho que ha de regular las relaciones entre los Estados de Derecho y el Derecho que exige la red cada vez más densa e inextricable de relaciones cosmopolitas; "si falla una de estas tres partes, necesariamente tienen que fallar las otras dos”, escribe Kant.

El siglo XXI parecía haber dejado atrás la catástrofe de un orden internacional como sistema de Estados conformado con arreglo a la relación amigo-enemigo, como proclamó también el fin de la historia, al entender derrotado el modelo de socialismo de Estado, y el final del orden de la posguerra. Pero lo cierto es que pronto hemos comprobado que no se ha abierto un orden multilateral basado en la negociación y el imperio de la legalidad internacional.

Para salir del atolladero en el que nos encontramos, creo que el Kant radicalmente ilustrado de la Doctrina del Derecho y de La paz perpetua vuelve a aparecer hoy como referente ineludible. Como lo ha sido para los principales teóricos del último tercio del siglo XX, que buscan asentar las bases de un orden justo en las relaciones internacionales, como Rawls o Habermas. Más en concreto, si pretendemos un orden internacional que no renuncie a ser justo por ser eficaz, me parecen irrenunciables las tres propuestas de Kant, en parte matizadas por Kelsen, como ha explicado mi compañera, la profesora Cristina García Pascual: un Derecho cosmopolita dotado de Tribunales de justicia con capacidad sancionadora, un orden multilateral bajo la forma de federación de Estados (no de un Estado o imperio mundial), y la paz como valor superior, tal y como enunciara la Carta de las Naciones Unidas.

Quiero concluir. Como muestra de esa actualidad de Kant, no me resisto a transcribir un rasgo de la aportación de Kant sobre el que escribe Tomás Vives en su prólogo: “Kant postula un derecho de ciudadanía mundial del que se desprende como mínimo el derecho de hospitalidad”. Y cita a Kant: “No se trata aquí de un derecho por el cual el recién llegado pueda exigir el trato de huésped –que para ello sería preciso un convenio especial benéfico que diera al extranjero la consideración y el trato de un amigo o convidado–, sino simplemente de un derecho de visitante, que a todos los hombres asiste: el derecho a presentarse en una sociedad”. Por eso, concluye Vives: “Ese derecho se funda en la común posesión del suelo de la tierra. Estas ideas van ya mucho más allá de los postulados actuales de los Estados liberales de Derecho y contrastan con el inaceptable trato que recibe la emigración. Lo que sigue a ese punto de partida es la igualdad postulada de todos los pueblos en el marco de un Derecho público universal. Es decir, en el marco de un Derecho público cosmopolita común a todos y aceptado por todos como garantía de la paz perpetua. Ese objetivo está muy lejos; pero el día que se lograse, el mundo se hallaría en una situación mucho mejor que la actual para todos los individuos y se habría asegurado la paz perpetua. Tender a ese objetivo, por dificultoso que sea, es para Kant una obligación”. A pocos días del, a mi juicio, fallido pacto europeo de inmigración y asilo, estas palabras continúan siendo un aldabonazo.

Por eso, si queremos celebrar a Kant, si queremos entender por qué vale la pena leerlo, sugiero comenzar por leer esas páginas introductorias de los profesores Vives y Jiménez Redondo sobre el gran proyecto de Kant, el Derecho cosmopolita, al servicio de la libertad y de la paz. Creo que, si algún lector me hace caso, me lo agradecerá.

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

Pido al lector mil excusas por la autocita: en el año 2015, con motivo de los peores naufragios de barcazas de inmigrantes y demandantes de refugio registrados en las costas europeas, concretamente en Lampedusa, que provocaron el inolvidable reproche de su alcalde, Giusi Nicolini, a los mandatarios europeos que acudieron al funeral colectivo con sus lágrimas de cocodrilo (“sólo espero de Vds que me digan cuánto tengo que ampliar nuestro cementerio”), escribí un libro con el título Mediterráneo: el naufragio de Europa, porque entendía que, en esas tragedias  que viven miles de personas que tratan de llegar a Europa, no sólo naufragan ellos, sino también nosotros, los europeos. Es verdad que podría haber utilizado otras metáforas, como la que encabeza este artículo, que tomé en su día de la que usó la ecologista y exministra Cécile Duflot para pedir al presidente Hollande que hiciera frente a lo que ella consideraba el “Waterloo moral” que se cernía sobre Francia y toda Europa a propósito de la inmigración. Un Waterloo moral, jurídico y político, que puede concretarse en las próximas elecciones europeas.

Pues bien, lo que trato de argumentar es por qué el nuevo pacto europeo de migración y asilo, a juicio de muchos de nosotros, nos acerca un paso más a ese riesgo de naufragio del Estado de Derecho, de la solidaridad, del sentido común que, frente a la miopía del cálculo electoralista, nos hace ver que lo que hacemos a esos otros se volverá contra nosotros, a medio, antes que a largo plazo, haciendo verdad el lema de Horacio que usó Marx para advertir a los lectores alemanes de El capital que no vieran sus reflexiones como limitadas a los obreros ingleses: quid rides? mutato nomine, de te fabula narratur. No pienses que esto va de la historia de otros: esto te afectará a ti, más bien antes que después. 

Hay que recordar que el pacto europeo, frente a lo que puede inducir a error por esa denominación genérica, es un conjunto muy complejo de instrumentos normativos, que vienen debatiéndose desde 2020. Se trata de nueve reglamentos: las nuevas normas que rigen las situaciones de crisis migratoria y de fuerza mayor, el reglamento de gestión de asilo e inmigración (que es una renovación –que no una sustitución– del reglamento de Dublín), el nuevo reglamento de control de las personas que intenten entrar en la UE, el procedimiento común de asilo, las normas uniformes para el asilo, el nuevo marco de asentamiento de refugiados, las condiciones de acogida de los refugiados, la nueva agencia europea de asilo y la actualización de las bases de datos europeas de huellas dactilares. Una tarea, pues, de enorme dificultad, pues hay que añadir la diversidad de intereses de los diferentes Estados europeos a la hora de gestionar los diversos flujos migratorios que reciben.

A partir del segundo semestre de 2023, en que la obtención del Pacto quedó fijado como uno de los objetivos prioritarios de la presidencia española del Consejo de la UE, fuimos muchos los que ya señalamos los riesgos y dificultades, siguiendo los nefastos precedentes sentados por el gobierno danés o el del Reino Unido (por ejemplo). Con motivo de la aprobación del pacto, in extremis, por el Consejo de la UE, en diciembre de 2023, las críticas se centraron en los riesgos para las garantías de derechos de los migrantes y, en grueso, para el derecho mismo de asilo, como por ejemplo en este llamamiento de ACCEM, en el comunicado de Save the Children, que subrayaba los riesgos del pacto para los derechos de los menores inmigrantes y refugiados, o este de Cáritas.

Luego, en el primer trimestre de 2024, durante el proceso de discusión en el Parlamento que culminó con su aprobación en la votación celebrada el día 10, más de un centenar de ONGS europeas, entre las que se encuentran las más importantes en el campo de migraciones y asilo, publicaron un manifiesto subrayando sus déficits y solicitando que se corrigieran, bajo el lema común de exigir “Un pacto con derechos”.

Un objetivo que, a mi entender, se ha visto truncado, aunque, para ser rigurosos, aún falta una etapa muy relevante y nada fácil, la aprobación por cada uno de los Estados miembros, algo que no es sencillo a la vista del rechazo a elementos clave de ese pacto manifestado por algunos gobiernos, como los de Polonia y Hungría.

Hay que insistir siempre en que nada perjudica más al debate público sobre las políticas migratorias y de asilo que repetir estereotipos que simplifican una cuestión que, como he reconocido, tiene una extraordinaria dificultad. Máxime en un contexto tan polarizado ideológicamente como el europeo, el mundial, en realidad, aunque se haya producido algún dato esperanzador, como la muy mayoritaria admisión a trámite (que, ni de lejos, es su aprobación) de la iniciativa legislativa popular para la regularización de inmigrantes, alcanzada en el Congreso el pasado 9 de abril.

Por eso, conviene evitar hipérboles y dramatizaciones: ni la conspiración del “reemplazo demográfico” y el apocalipsis de la delincuencia imparable que traería consigo la inmigración, ni tampoco la ingenuidad o el buenismo irresponsable que ignoran la dificultad de los retos que plantea la gestión de la movilidad humana. 

Pues bien, desde el realismo, sí, pero con tanto rigor en los datos (empezando por los demográficos, que acreditan la tesis del envejecimiento europeo y la dificultad de sostener nuestro modelo de Estado de bienestar) como con claridad y firmeza en los principios, creo que es preciso insistir en las razones por las que muchos de nosotros pensamos que este no es un buen pacto. No lo es en términos jurídicos y políticos. Pero es que ni siquiera es un pacto realista y, aún peor, va a desempeñar un papel nefasto de cara a las elecciones europeas de este mes de junio, en las que todos nos jugamos tanto en términos de la política que nos importa de verdad, aunque algunos prefieran seguir reduciendo la política al intercambio de tuits sobre el "y tú más" de carácter doméstico y a su escenificación teatral en las sesiones de control en el Parlamento.

No cansaré al lector con la enumeración de los ejemplos que acreditan que los cinco reglamentos que componen el núcleo del pacto ponen en riesgo derechos humanos básicos. Le remito a los análisis que puede encontrar en los sitios web de las principales organizaciones con experiencia e independencia probadas en materia de migración y asilo: así, el informe final sobre el pacto, publicado por el European Council on Refugees and Exile (ECRE), el de la red europea del servicio de jesuitas sobre refugiados (JRS), o, en España, el de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Lo que deja claro cuál es el aspecto más preocupante del pacto: la obsesión por priorizar el argumento del control de fronteras y optimizar la política de expulsiones de lo que ya hace muchos años Antonio Izquierdo calificó como “inmigración indeseada” y Bauman denominó los desechables, al explicar su crítica de la “industria del desecho humano”, en que a su juicio se había convertido la política migratoria. El pacto propicia la renuncia a mantener garantías elementales sin las que el Estado de Derecho se revela como un privilegio al alcance de los que se lo pueden pagar: el derecho a defensa, el derecho a un juez y a un proceso debido y, desde luego, el derecho de asilo, que parece precipitarse hacia su vaciamiento. Se desdeñan así las muy prudentes recomendaciones de los pactos globales sobre migración y asilo, aprobados por la ONU en diciembre de 2018 tras los acuerdos de Marrakesh, que subrayaban la necesidad de lo que es un acuerdo básico de todos los agentes implicados: la necesidad de garantizar vías legales y seguras para quienes se arriesgan en sus proyectos migratorios o huyen en busca de refugio. Y quedan claras sus consecuencias.

La más obvia es la del recurso, una vez más, a la vieja política de externalización de la carga del control migratorio, a toda costa, aunque los socios de esa política sean gobiernos que desdeñan los más elementales derechos humanos (Libia, Túnez, Mauritania, y, sí, Marruecos…), a los que se compra, a base de acuerdos económicos que sólo benefician a sus élites corruptas, a las que contribuimos a corromper más aún, en lugar de a sus poblaciones. 

Se insiste en la falacia de la distinción entre la llegada física y la llegada jurídica de los emigrantes y refugiados a territorios de soberanía europea, algo propiciado por la nefasta decisión de la Corte de Estrasburgo que dio cobertura legal (aunque no irrestricta) a la práctica de las devoluciones en caliente. Esto es una estratagema jurídica que contribuye a convertir a las fronteras en espacios de inseguridad jurídica, con un recurso arbitrario a las detenciones y expulsiones sin garantías elementales de derechos. Se privilegia un sistema carcelario (el arquetipo de los CIES) que además se pretende externalizar a terceros países, según el modelo de Dinamarca y el Reino Unido, y se refuerza con la profundización en la lógica de la malhadada directiva de retorno: todo por la expulsión.

Y por terminar con este resumen: el mecanismo de solidaridad a la carta vacía la solidaridad y establece dobles raseros en torno a ese principio europeo, como los que comprobamos a propósito de la puesta en práctica por primera vez de la directiva de protección temporal para los desplazados de la guerra de Ucrania, una medida que no se ha extendido a los desplazados por ningún otro conflicto (claro: no son vecinos europeos). Se desdibuja así tanto la solidaridad hacia los no europeos, como la solidaridad entre los Estados europeos a la hora de distribuir las indiscutibles cargas de una respuesta coherente con la legalidad internacional en materia de asilo y protección internacional subsidiaria que, recordemos, es norma obligada para todos los Estados miembros. Ante la reiterada resistencia de no pocos socios comunitarios, se ha decidido que los gobiernos europeos podrán elegir entre cumplir con su obligación conforme a la legalidad internacional en materia de asilo, o burlarla, mediante un pago.

Por todo ello, este no es nuestro pacto. No es un pacto digno de los ciudadanos europeos, de los principios en los que creemos y por los que apoyamos el proyecto de la Unión Europea. No es un pacto digno de lo que debemos ofrecer –reconocer, negociar– con los migrantes que tratan de llegar a Europa y que son un indiscutible factor de complejidad, pero no menos indiscutible elemento de prosperidad para todos: ellos y nosotros, los europeos. No es un pacto que nos sirva ante la confrontación que nos imponen las elecciones europeas, una disputa que se diría –más incluso que electoral, entre opciones políticas– civilizatoria, porque nos jugamos el alma de Europa.

En términos políticos, el peor de los riesgos de este pacto es que, aunque se presente como un logro de lo posible, que permite una barrera frente a la extrema derecha (que, es cierto, ha votado en su contra), en realidad es la confesión de nuestra derrota, ante su mensaje simplificador sobre la respuesta a la inmigración y a la demanda de asilo, un mensaje no sólo discriminatorio, xenófobo y racista, sino que niega los más elementales deberes y derechos propios de la legalidad internacional y europea, y de las constituciones de la inmensa mayoría de los Estados miembros. Un mensaje que ha comenzado a contaminar a buena parte de las filas conservadoras y liberales europeas y ante el que parecen claudicar también los partidos de la socialdemocracia. Todo ello en aras de asegurar réditos electorales, por la supuesta sangría de votos que producen los mensajes de defensa de derechos de los inmigrantes y refugiados. Una falacia que ignora que el elector siempre acaba prefiriendo el original al sucedáneo, como se ha demostrado reiteradamente. Si se trata de “firmeza” ante la inmigración, siempre son más coherentes las propuestas del Rassemblement National, que las del Rennaissance (ex En marche!) de Macron, o los restos de los socialistas franceses, por poner un ejemplo.

Creo que en esas elecciones está en juego, en más de un sentido, una disputa por el alma europea, por utilizar la paráfrasis del lema al que recurrió la campaña de Biden frente a Trump. 

Por esa razón, estoy de acuerdo con los propósitos de la campaña de movilización para las elecciones al Parlamento Europeo lanzada por la red ECRE y que se concretaría en cuatro compromisos que deberíamos exigir a quienes pretendan nuestro voto:

Se trata de no limitarse a manifestar nuestro rechazo al pacto. La cuestión va mucho más allá, como corremos el riesgo de comprobar si los ciudadanos europeos no nos movilizamos en torno a la defensa del Estado de Derecho, de la garantía de los derechos humanos, de la igual libertad en los derechos humanos y del pluralismo, que son el alma de la Unión. Ojalá me equivoque.

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

Más de una semana después de que el acuerdo entre el Gobierno (al menos, el grupo parlamentario del PSOE) y Junts sobre la delegación de la política de inmigración en la Generalitat de Catalunya permitiera que en el último minuto del pleno del Congreso celebrado el día 10 de enero se desbloqueara la negativa de los de Puigdemont a apoyar tres decretos del gobierno, es posible hacer un balance de lo sucedido. 

Un primer argumento debe tenerse en cuenta: gracias a este acuerdo se pudieron aprobar dos de los tres decretos que componen el núcleo del escudo social que es el más ambicioso de los objetivos del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos más afectados por la crisis social y económica. Pero, sin duda, es fundamental plantear un segundo debate: preguntarse si esta es una forma adecuada de plantear la gestión de la política de inmigración y asilo. 

Puedo resumir mi propia opinión al respecto en tres elementos de juicio: en primer lugar, creo que hemos asistido a una escenificación fallida (o tramposa) del acuerdo, porque se presenta como acuerdo lo que cada una de las dos partes interpreta a su manera y, por cierto, de forma difícilmente conciliable. En segundo término, el ruido sobre el acuerdo (incentivado desde Junts, pero también por PP y Vox) no se corresponde con lo magro de su contenido: como explicaré, a la espera de esa hipotética ley orgánica anunciada, poco parece añadir este acuerdo a lo que ya existe en materia de gestión autonómica de la política migratoria, de conformidad con la interpretación que hizo el TC en su STC 31/2010 recaída en el recurso del PP contra el Estatut de Catalunya y en particular sobre la interpretación del artículo 138 del Estatut, en relación con los artículos 149.1.2 y 150.2 de la Constitución. 

En todo caso, y en tercer lugar, creo que lo más preocupante es que de nuevo se ha recurrido a la política migratoria como arma arrojadiza en el fuego cruzado partidista con una mirada electoralista de corto alcance, que es la que en realidad explica la estrategia seguida por Junts, cuyo planteamiento habría aceptado implícitamente, al menos por omisión, el Gobierno: en Cataluña y en España.

En Cataluña, porque no podemos perder de vista que la motivación casi exclusiva de la estrategia de Junts parece ser sobre todo la competencia electoral. Una competencia en primer lugar con ERC, pero también —y aquí se ha mostrado la capacidad de contaminación de la ideología supremacista— con Aliança Catalana, tal y como lo ejemplifica una de sus líderes, la alcaldesa de Ripoll. Y en España, lo cierto es que vemos cómo se extiende como una mancha el planteamiento de Vox sobre el debate migratorio, en los clásicos términos de la extrema derecha (la supuesta invasión migratoria que desvirtuaría la identidad española y la cohesión nacional, la amenaza de orden público que supondría la inmigración presentada como el agente principal del incremento de la delincuencia, el supuesto desgaste de los servicios como educación y sanidad por culpa de los inmigrantes y, consecuentemente, la centralidad de la política de control de fronteras, la estigmatización del foco en los derechos). Un planteamiento simplista, maniqueo y xenófobo, que ha arrastrado al PP. 

Frente a ello, aunque hay un firme rechazo de cualquier ideología xenófoba y racista por parte de la izquierda y de los políticos de la derecha liberal que aún existe (desde luego, el PNV), asistimos a una respuesta por parte del Gobierno que, a mi juicio, yerra al aceptar ese marco para el debate, en lugar de proponer una alternativa coherente que haga frente de modo eficaz a los planteamientos supremacistas, racistas y xenófobos que se propagan en Europa y que, con toda seguridad, veremos escenificados de modo particularmente agudo con motivo de las próximas elecciones europeas. la enorme rentabilidad política de la manipulación partidista del fenómeno migratorio en términos electorales, sobre todo si el discurso político es, como suele, a muy corto plazo –hasta la próxima cita electoral– y simplista, como sucede en todo discurso populista, es decir nada de argumentos complejos, ni de contextualización: blanco o negro. 

A mi juicio, la izquierda, sobre todo la izquierda que ha gobernado en Europa, debe hacer una profunda autocrítica, porque no se ha atrevido a mantener un discurso universalista e igualitario, que priorice la garantía de derechos humanos y la democracia inclusiva, y afrontar la dificultad que ello supone, una dificultad que empieza por la labor de pedagogía civil que supone explicar la complejidad sin ceder a fáciles estereotipos. Sus gabinetes electorales han dado por inamovible el tópico de que quien hace un discurso abierto sobre gestión migratoria pierde votos a chorros. Y claro, lo que sucede es que, si el marco de discusión sobre la gestión migratoria se construye en términos del más ralo pragmatismo, quien tiene todas las de ganar es el discurso extremista; no ya de la derecha conservadora, sino de la extrema derecha. Eso viene siendo así desde hace decenios y por tanto no deberíamos ahora llevarnos las manos a la cabeza por el avance electoral de fuerzas que propugnan esa visión demagógica y simplista que incide en el manido tópico de que la culpa de lo que nos pasa la tienen los otros. La capitulación del supuesto liberal Macron en el vergonzoso episodio de su ley de migración es la última muestra de la fuerza contaminante de esa estrategia de extrema derecha.

La consecuencia de esas condiciones que acabo de exponer es que la gestión de la política migratoria en cualquier Estado de la Unión Europea se presenta siempre en términos de una tensión entre lo que parece una exigencia de sentido común –la cooperación multinivel de todas las administraciones implicadas, en función de los diferentes momentos y contextos del proceso migratorio– y la aparentemente irresistible tentación de todo gobierno que se precie, desde Bruselas a cualquier ayuntamiento, pasando por Estados y regiones, de utilizar el vector migratorio como una herramienta electoral. De donde la resistencia impenitente de todos los Estados miembros a lo que debería ser una exigencia obvia, la comunitarización de los elementos básicos de la política migratoria, que se queda sólo en el objetivo del control policial de la gestión de fronteras.

Todo ello, por no hablar de la manipulación del denominado pilar internacional de la política migratoria. Porque lo que es de sentido común, esto es, que las políticas migratorias para ser eficaces y también ganar legitimidad deben integrar la colaboración con los Estados de origen y tránsito de los movimientos migratorios, se convierten en la práctica en instrumentos para obligar a los gobiernos de esos países a aceptar un papel subordinado en las políticas de control de fronteras (tanto de salida como de expulsión de los inmigrantes no deseables), amén de su subordinación a los intereses geoestratégicos y económicos de los Estados que “donan” ayuda, a cambio de que esos gobiernos que la reciben consientan los beneficios unilaterales de las empresas de los países donantes. Esto deviene casi inevitablemente en circuitos de corrupción de las élites, sin que se produzca el efecto virtuoso de la gestión de la política migratoria, esto es, que sus beneficios alcancen a todos los actores reales: las sociedades de origen, las de llegada y los propios inmigrantes y sus familias. 

Reitero mi opinión: la respuesta a esos planteamientos de política migratoria, que en la práctica se han constituido en el marco hegemónico del debate (también en la opinión pública) no puede, no debe ser, meramente reactiva. La alternativa a esa visión y a esas políticas no debería consistir, en mi opinión, en aquello de lo que parece presumirse, esto es, una mirada “humanista”, que aparenta primar un cierto paternalismo compatible con la política basada en la prioridad del control de fronteras frente a la “invasión” irregular (que es lo que a mi juicio prima en la gestión propia del ministerio del Interior en la primera legislatura de gobierno de coalición). No. Se trata de sostener de modo inequívoco el reconocimiento y garantía de los derechos como prioridad de toda política migratoria, junto a políticas públicas de inclusión de los inmigrantes, (como ha tratado de impulsar el ministerio de Inclusión y Migraciones, por ejemplo, con la reforma del reglamento de extranjería).

En otro lugar (puede consultarse aquí) he adelantado en detalle mi análisis sobre el complejo curso de los acontecimientos que condujeron a un acuerdo que como mínimo habría que calificar de equívoco, habida cuenta de las discrepancias en la interpretación, y sobre lo que considero condiciones de un enfoque adecuado de la política migratoria. Ahora, me centraré en las razones por las que entiendo que el tan traído acuerdo es poco más que la reiteración de lo que ya existe, por mucho que ello desmienta las pretensiones de Junts de haber forzado un nuevo modelo que entrega a la Generalitat (obviamente, no a Junts) la gestión integral de la política migratoria. En segundo lugar, recordaré algunas propuestas que tratan de concretar vías de mejora en la gestión multinivel (europea, estatal, autonómica, municipal) de la política migratoria y de asilo.

Como saben los lectores, hace unos día conocimos a través del periódico El País lo que parece el tenor literal del acuerdo, al que se había referido sin mayores precisiones el ministro Bolaños, esto es, la elaboración de una ley orgánica para establecer los términos de la delegación de competencias de política migratoria en la Generalitat: “Se acuerda una ley orgánica de delegación de competencias y recursos para que Catalunya pueda hacer una gestión integral de la inmigración conforme al artículo 150.2 de la Constitución”.

El problema es que, a falta claro está de lo que pueda dar de sí la promesa de una ley orgánica a cuyo texto habrá que esperar para comprobar si hay algún cambio sustancial, la delegación pretendidamente “integral” no parece tal, si se enmarca coherentemente en lo dispuesto en los artículos 149 y 150 de la Constitución y, sobre todo, no parece que añada nada nuevo a lo que está en vigor.

Es sabido que el marco municipal y autonómico son los más adecuados para gestionar cuestiones como la autorización inicial de empleo y, sobre todo, las denominadas políticas de integración (salud, educación, vivienda). Y a ese respecto, cabe recordar lo que ya establece el artículo 138 del Estatut de Catalunya, que atribuye a la Administración de la Generalitat la competencia exclusiva en materia de primera acogida, desarrollo de las políticas de integración o establecimiento del marco normativo para acogida e integración, así como la autorización de trabajo a los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña. El Estatut subraya asimismo la participación de la Generalitat en las decisiones del Estado sobre políticas de inmigración, “con especial trascendencia para Cataluña y, en particular, la participación preceptiva previa en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros”.

Pues bien, la interpretación de esa competencia debe ajustarse a lo que dispuso el Tribunal Constitucional en su STC 31/2010, recaída en el recurso presentado por el PP y, concretamente en lo que nos interesa aquí, frente al mencionado artículo 138, sobre el que se planteaba una vulneración de lo dispuesto en el artículo 149.1.2. de la Constitución. En esa sentencia, el TC validó la constitucionalidad del artículo 138 del Estatut, aunque dejó clara la necesidad de descartar una posible interpretación contraria a la Constitución al indicar que “es evidente que la inmigración es una materia que ha sido reservada con carácter exclusivo al Estado, de modo que el artículo 138.1 sería claramente inconstitucional si, como parece deducirse de su enunciado, pretendiera atribuir a la comunidad autónoma competencias en dicha materia”. Lo que sucede es que, al mismo tiempo, el TC validó la constitucionalidad del precepto estatutario sobre la base de que la referencia a la inmigración en el artículo 138.1 del Estatut no se correspondía con la materia exclusiva de competencia del Estado en inmigración fijada en el artículo 149.1.2 de la Constitución, “sino con otras materias sobre las que puede asumir competencias la comunidad autónoma”. Por ejemplo, las de carácter asistencial y social, esto es, lo relativo a la “integración social y económica de los inmigrantes”, en las que son claves las prestaciones de servicios sociales y las correspondientes políticas públicas (sanidad, educación, asistencia social, vivienda, etc) que son títulos competenciales de las comunidades autónomas.

Hablando claro: la delegación supuestamente integral de competencias no puede ir más allá de lo que ya se viene haciendo, de acuerdo con esa interpretación constitucional. Y de acuerdo también con una perspectiva que hay que integrar, la europea, habida cuenta de la competencia multinivel en materia migratoria. Por eso, conviene tener muy en cuenta las recomendaciones de la propia UE sobre políticas e indicadores de integración de la inmigración de la UE, que se pueden encontrar por ejemplo en los principios básicos comunes para las políticas de integración de los inmigrantes en la UE, en diferentes Comunicaciones de la Comisión y del Consejo, y en declaraciones y acuerdos del Parlamento Europeo que no enumeraré. Todos ellos se basan a su vez en el análisis proporcionado por los informes periódicos publicados en el Migrant Integration Policy Index (MIPEX), y en las numerosas evaluaciones y recomendaciones de la Comisión y del Parlamento europeos, que recomiendan apostar por un apoyo financiero al trabajo de las administraciones municipales y autonómicas en la gestión de la acogida e integración.

En resumidas cuentas, lo que cabe esperar es poco más que lo que ya existe. Y me sitúo en ello en línea con análisis como los expuestos por un reconocido especialista, el profesor Rojo Torrecilla, en una publicación en su blog con el expresivo título Cataluña. Pacto político en materia de inmigración: los deseos (de algunos) por una parte, la realidad jurídica, por otra, cuando sostiene que, para juzgar sobre un cambio relevante en las competencias migratorias de la Generalitat, hay que dejar de especular y esperar al texto del proyecto de ley orgánica.

La prioridad de las administraciones autonómica y municipal en la gestión de las políticas de integración (acogida y presencia) de los inmigrantes ha sido subrayada por la mayoría de los expertos: véanse, por ejemplo, los informes y trabajos de Gemma Pinyol (cfr. por ejemplo su El marco multinivel de las políticas de inclusión e integración, 2021, Fundación Begirune, cuaderno 7), o Lorenzo Cachón (cf. El plan estratégico de ciudadanía e integración 2007-2010, Anuario CIDOB, 2007).

Precisamente eso, la colaboración de las administraciones europea y estatal con las autonómicas y municipales, se instrumentalizó a través de la puesta en marcha por Ayuntamientos y Comunidades autónomas de planes de gestión de la inmigración  (por ejemplo, los planes del País Vasco y la propia Cataluña) y, sobre todo, a partir de la creación en 2005 del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los inmigrantes, que luego se subsumió en la iniciativa que puso en marcha el gobierno de Rodríguez Zapatero, el denominado Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 (PECI), siguiendo las recomendaciones europeas. Un plan que contó con un presupuesto total de 2005 millones de euros, de los que el 75% se destinaba a las partidas de acogida, educación y empleo. En lo que se refiere a las CCAA y ayuntamientos, la financiación aportada desde el PECI se centraba en dos áreas, Acogida e Integración de un lado, y Refuerzo Educativo de otro, y suponía una contribución superior a los 300 millones de euros. La continuidad del PECI y sobre todo, la financiación, fue eliminada por el gobierno de Rajoy como una de sus primeras medidas.

En todo caso, la lección es que conviene desarrollar el marco competencial ya reconocido a las CCAA en materia de acogida e integración, y aún más específicamente reforzar los medios a disposición de los ayuntamientos, que son la Administración en la que recaen las tareas inmediatas en esas materias. Como he dejado dicho, en coincidencia con el profesor Rojo, es posible sostener que eso se pueda llevar a cabo mediante una ley orgánica, pues al fin y al cabo el legislativo tiene competencia para hacerlo, en el marco de la interpretación constitucional.

Otra cosa es que a mí no me parece aconsejable que tal concreción se limite, en su caso, a las competencias de la Generalitat de Cataluña, a diferencia del resto de comunidades autónomas que puedan reivindicar estatutariamente ese marco competencial. Mientras tanto, creo que retomar el PECI y centrar el apoyo en los recursos financieros a disposición de los ayuntamientos sería bastante más eficaz y evitaría que, una vez más, nos enfangáramos en una discusión partidista que trata de rentabilizar electoralmente los fantasmas sobre la inmigración, en lugar de poner el esfuerzo en contribuir a afrontar de forma multisectorial y multinivel la compleja gestión de la política migratoria.

Termino con la recomendación de que, en lo relativo al ámbito de la gestión municipal de la inmigración, se tenga en cuenta que existe un cúmulo de experiencias de buenas prácticas que pueden ser compartidas. Así lo han recordado en un artículo reciente, titulado “Asylum and Inmigration: a positive alternative Policy”, la política del SPD Gesine Schwan y Robin Wilson, asesor del Consejo de Europa sobre política intercultural y editor de Social Europe. Schwan y Wilson, basándose en el principio de orientar la gestión migratoria en términos del mutuo beneficio, esto es, en la creación y desarrollo de intereses comunes a todas las partes que intervienen en el proceso migratorio (las sociedades de origen, los inmigrantes como actores protagonistas y también las sociedades de recepción, tal y como ha sostenido a lo largo de su obra un experto de referencia internacional, Sami Naïr), postulan entre otras cosas la creación de un "Fondo Europeo para el Desarrollo y la Integración Municipales", y la extensión de las buenas prácticas de políticas interculturales municipales que viene realizando la red de ciudades interculturales (ICC). Una red impulsada por el Consejo de Europa desde 2007 y que agrupa a más de 160 ayuntamientos europeos, para compartir buenas prácticas en la gestión inclusiva de la diversidad cultural que tiene como uno de sus factores decisivos la creciente presencia de inmigrantes asentados entre nosotros y que tiene una red española. 

Iniciativas como, por ejemplo, la estrategia anti-rumores, puesta a punto desde el Ayuntamiento de Barcelona, o la Carta Empresarial del Ayuntamiento de Oslo (OXLO, 2013), que ofrece buenas prácticas que muestren cómo la diversidad es una oportunidad para los negocios, como la ICC rating Diversity business, o las propuestas de la Declaración de Lisboa de 2017 sobre políticas municipales para la integración inclusiva de los inmigrantes y la gestión de la diversidad. Otras prácticas relevantes son las relativas al desarrollo de procesos participativos (de los inmigrantes en la administración municipal, pero también de los ciudadanos y de los ayuntamientos en la gestión de la acogida y de las políticas de inclusión). Se ha avanzado no poco también en la formulación de planes municipales (y también autonómicos) de integración en sentido inclusivo, aunque ha de reconocerse que también se han producido retrocesos. Pero la conclusión, insisto, es la necesidad de apoyar financieramente el esfuerzo de los Ayuntamientos y reforzar la cooperación de las administraciones.

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

Franz Kafka falleció el 3 de junio de 1924, en Klosterneuburg (Austria), a los cuarenta años, a causa de una tuberculosis. En 2024 se cumple, pues, el centenario de la desaparición física del escritor nacido en Praga, una de las cumbres de la literatura europea y universal. Quien quiera conocer a fondo su biografía debe remitirse a los trabajos de Reiner Stach, comenzando por la exhaustiva biografía que abarca tres volúmenes, publicados entre 2002 y 2014, con más de 2000 páginas (hay una magnífica edición en castellano, publicada en 2016 en Acantilado, con traducción de Carlos Fortea, Kafka. Los primeros años. Los años de las decisiones. Los años del conocimiento). Sin olvidar que Adorno, Benjamin, Canetti o Camus ofrecieron páginas imprescindibles sobre el gran escritor checo.

De su relevancia, es buena prueba que nos haya quedado un adjetivo vinculado a su nombre: kafkiano. El Diccionario de la Real Academia (DRAE) ofrece como tercera de sus acepciones ésta: se dice de una situación “absurda, angustiosa”. El problema, como señaló Frederick R. Karl en su Franz Kafka. The representative Man (1991), es que se ha generalizado y banalizado un uso incorrecto del término, de modo que el calificativo kafkiano ha perdido en buena medida su fuerza. Por eso, a casi nadie le llamará la atención afirmar que este de 2024 ofrece no pocos argumentos para que pueda llegar a ser calificado de esa manera. Casi cualquier cosa lo parece.

Sin embargo, es imposible negar que el absurdo y la angustia, rasgos que Kafka contribuyó a imaginar como condiciones de nuestra existencia, anticipando así de forma moderna —y como lo hiciera Dostoyevski— una de las corrientes filosóficas contemporáneas, el existencialismo, que ejemplificarán Sartre y Camus, conforman la realidad en la que viven buena parte de los seres humanos hoy, pese a los indiscutibles avances científicos y tecnológicos. Baste pensar en que nos parece irremediable pronosticar que millones de personas en Gaza, Ucrania, Yemen o Sudán, por citar sólo cuatro ejemplos, se mantendrán en 2024 en condiciones absurdas y angustiosas, ante la impotencia de la comunidad internacional. Y estoy seguro de que millones de argentinos calificarían así lo que les espera en los próximos meses de gestión de Milei. Por no decir que, si Trump se impone en las elecciones de noviembre, es más que previsible pensar que el mundo entero se acercará al absurdo y a la angustia… Eso parece dar razón al crítico literario Harold Bloom cuando escribió que la nuestra es sobre todo la época de Kafka. Permítame el lector apuntar un par de consideraciones sobre aspectos menores de la obra de Kafka: su relación con el Derecho y con el cine.

Aunque Kafka cursó estudios de química, filología e historia del arte, la presión paterna le obligó a realizar la licenciatura en Derecho e incluso llegó a doctorarse en leyes, bajo la dirección de Alfred Weber, el hermano del gran sociólogo alemán. Eso no significa que lo hiciera con entusiasmo. Se cita siempre un pasaje de su Carta al padre en el que Kafka lamenta que, en esos años de estudios de leyes, “mi espíritu se alimentaba literalmente del serrín que, por añadidura, habían masticado mil bocas antes que yo”. 

En todo caso, como han explicado sus principales biógrafos —y en particular el profesor Bodo Pieroth que, en su ensayo Recht und Literatur, nos da noticia detallada sobre los estudios jurídicos de Kafka—, parece difícilmente discutible que su obra debe mucho a esos estudios y sobre todo a su trabajo en contacto con una determinada práctica jurídica: en efecto, tras un año escaso como pasante, Kafka se desempeñó primero en la compañía Assicurazioni Generali y, desde 1908 a 1922, en el Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo del Reino de Bohemia en Praga (Arbeiter-Unfallversicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen in Prag), dedicado sobre todo a evaluar las compensaciones por accidentes laborales: tuvo así ocasión de confrontar los laberintos burocráticos en los que consiste en buena medida el ejercicio del poder a través de las normas e instituciones jurídicas sobre los que escribió con tanta clarividencia. 

Algunos compañeros y amigos que compartimos el interés por esa mirada de Kafka sobre el Derecho, nos hemos propuesto promover algunas conversaciones y debates en torno a las agudas reflexiones que podemos encontrar en obras como El Proceso, El Castillo, y en cuentos como El juicio, En la colonia penitenciaria, o en fragmentos como Ante la ley o Sobre la cuestión de las leyes, textos que conocemos gracias a la “traición” de su amigo y albacea Max Brod, que no cumplió con el deseo expreso de Kafka de que se quemaran. Seguro que entre las publicaciones que verán la luz en este año destacará el ensayo cuya inminente aparición nos avanzó uno de sus más conocidos estudiosos entre nosotros, el escritor y abogado Lorenzo Silva —autor de una pequeña monografía con el título El Derecho en la obra de Kafka, que data de 1989 (revisada y publicada en 2008)—, con motivo de una reciente intervención en el aula de literatura de la Universitat de València que dirige la profesora Cristina García Pascual. 

En todo caso, mi intención en estas líneas, hoy, es más sencilla. Quiero unirme a quienes propondrán aprovechar la conmemoración de su muerte para hacer de 2024 un año kafkiano en la acepción propia. Esto es, para disfrutar y aprender de la lectura de algunos de los ensayos y narraciones de Kafka. Pero también, por qué no, para adentrarse en las relaciones entre Kafka y el cine. 

Hanns Zischler, en su muy recomendable ensayo Kafka va al cine (2008), supo mostrar a Kafka como un cinéfilo adelantado, de primera hora, muchas veces junto a su amigo Max Brod, con quien frecuentó algunas de las primeras salas de cine en Praga, Berlín, París, Milán o Munich. Por su parte, Javier Quirce (https://www.cultugrafia.com/huella-kafka-cine-literatura) ha sabido encontrar una fórmula que me parece insuperable para explorar el otro lado de esa relación, la influencia de Kafka en el cine y, en particular, en el expresionismo Murnau, Lang): “sombras que tomaron Europa”. Pero la huella de Kafka, como muestran Zischler y Quirce, se prolonga más allá, por ejemplo, en Hitchcock, Laughton, o el genial Orson Welles. Fue éste quien dirigió en 1962 una adaptación de El Proceso, con Anthony Perkins encarnando a Joseph K, acompañado nada menos que por Jeanne Moreau, Romy Schneider, Elsa Martinelli y Akim Tamiroff, y que incluye un prólogo directamente basado en el fragmento “Ante la ley”. Se trata, desde luego, de una versión muy superior al remake que dirigió David Jones en 1993.

A destacar también dos versiones de El castillo, la dirigida por Rudolph Noelte en 1968, protagonizada por Maximilian Schell, y el, a mi juicio, muy superior remake que dirigió Michael Hanecke en 1997, con Ulrich Muhe como protagonista. Como curiosidad, cabe señalar la versión cinematográfica del relato La colonia penitenciaria, dirigida por el chileno Raúl Ruiz en 1970 y la adaptación del Informe para la Academia que dirigió Carles Mira en 1975, con el gran Jose Luis Gómez como protagonista.

Pero, sobre todo, como es obvio, hay que releer a Kafka. Como una pequeña muestra de cuanto podemos aprender en sus páginas, permítame el lector que recomiende una de sus breves y más impactantes narraciones. Me refiero a Informe para la Academia, publicado en la revista Der Jude, en 1917 y posteriormente incluido en la colección de relatos Un médico rural (1919). En mi opinión, hay pocos textos literarios que cuenten con un incipit que atrape tanto como éste:

“Ilustrísimos señores académicos: es para mí un honor que me hayan invitado ustedes a presentar a esta Academia un informe sobre mi anterior vida de simio”.

En este discurso que dirige el protagonista, Peter el rojo, a los académicos, se muestra el mono capturado en Guinea y domesticado hasta el extremo de no pertenecer a ninguno de los dos mundos. Al parecer, la inspiración para este cuento le vino a Kafka tras la lectura de una crónica del diario Prager Tagblatt, que describía la actuación de un simio, conocido como ”cónsul Peter”, en un cabaret de Praga, entre 1908 y 1909. Kafka nos ofrece la historia de quién fué simio, pero no es reconocido como hombre, pese a su enorme esfuerzo de asimilación, y consigue así dar una vuelta de tuerca al recurso que utilizaron Shakespeare con el judío Shylock, o Montesquieu con el persa Usbek e incluso respecto a su más conocido relato, La Metamorfosis: porque se trata de dar voz al otro, para que nos hable no tanto o no sólo de él cuanto de nosotros mismos y de las contradicciones en la dialéctica del reconocimiento y la igualdad. Un otro que no es sólo la minoría —el judío—, sino que supera la barrera de la especie. Son ideas que necesitamos repensar con urgencia hoy. Buena lectura…

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

En la última semana hemos leído no pocos comentarios que negaban razón para celebrar el 75 aniversario de Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH): no, mientras continúa sin esperanza el recuento de decenas de miles de civiles palestinos muertos por la guerra sin cuartel desatada por el gobierno Netanyahu tras los asesinatos y torturas a más de mil civiles israelíes víctimas de Hamás. No, mientras las niñas y mujeres afganas pierden toda esperanza de una mínima dignidad, como no parece haber esperanza tampoco para las poblaciones de Haití, de Mali o Yemen, o los centenares de miles de indígenas en todo el continente americano, de Canadá a Chile. No, cuando según los datos del Banco Mundial, 1300 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza (con menos de 2,15 dólares al día) y 700 millones en la pobreza extrema (con menos de 1,90 dólares al día).

Ya en el momento de la Declaración de Derechos de 1789, Bentham criticó la idea de derechos naturales de los seres humanos como un “disparate con zancos” (non sense upon stilts), una más de las falacias que denunció, porque entendía que la noción de derechos carecía de sentido a no ser que fueran legalmente exigibles: en caso contrario, como le parecía respecto a la idea de derechos naturales o a los derechos proclamados en 1789, se trataba de una proclamación retórica carente de utilidad real y, por tanto, frustrante. 

Ese escepticismo sobre lo que a tantos les parece una ingenuidad, un ejemplo de retórica idealista, subyace a muchos de los alegatos que, con motivo del aniversario de la DUDH que se ha cumplido esta semana, invitaban a rechazar la celebración. La mayoría han invocado las gravísimas y continuas violaciones de la DUDH, como las que he recogido, unidas a la falta de voluntad política para garantizarlos a todos (desde luego, a quienes no son los propios ciudadanos), para afrontar su castigo y para hacer frente a los nuevos desafíos que afrontan los derechos humanos: los contenidos en la DUDH y los “nuevos” derechos, aquellos que tienen que ver con la amenaza al medio ambiente y a la vida, o con los riesgos que acompañan al desarrollo de la inteligencia artificial o de las biotecnologías. 

Pues bien, mi respuesta, sin ninguna ingenuidad ni voluntarismo, es inequívocamente, sí. Por varias razones, entre las que trataré de recordar brevemente tres, que considero muy claras. 

La primera es que la DUDH supone un salto cualitativo, de dimensión, a mi juicio, civilizatoria. No es nueva la proclamación de derechos de todos los seres humanos. Es sabido que se trata de un ideal que podemos rastrear en los orígenes de la cultura occidental, desde la afirmación por los estoicos de la existencia de una comunidad del género humano y, más tarde, por la escuela española del derecho de gentes en el XVI. Una idea que recibió también el impulso del núcleo más novedoso del mensaje de Jesús, que proclama a todos los seres humanos como iguales hijos de Dios, más allá de la pertenencia a un pueblo elegido que afirmaba el judaísmo. Una idea que se refuerza desde una fundamentación laica y racionalista en la Ilustración y cobra forma en la ética kantiana, sobre todo en su formulación de un Derecho cosmopolita.

Si hablamos de un salto cualitativo, es porque la DUDH afirma ese carácter universal de los derechos con el respaldo, por primera vez, de una comunidad internacional institucionalizada, aunque fuera en el estado embrionario que supuso, en 1945, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. En efecto, aunque carente de valor normativo, la DUDH, aprobada por la Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de la ONU, en París, el 10 de diciembre de 1948, es el cimiento de la arquitectura del Derecho internacional de los derechos humanos, que empiezan a desplegarse con los Pactos de derechos humanos de 1966 que, por encima de constantes incumplimientos, y violaciones, ha cambiado el mundo a mejor. 

El reconocimiento de la igualdad de derechos de las mujeres

Un segundo argumento, a mi juicio fundamental sobre el balance positivo de la DUDH, es el del avance en los derechos de las mujeres. La Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana que en 1791 planteó de forma crítica Olimpe de Gouges frente a la Declaración de 1789, se convirtió en un instrumento normativo de primer orden, en ese sistema onusiano de derechos, gracias a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), adoptada por la Resolución 34/1980 de la Asamblea General de la ONU, el 18 de diciembre de 1979. Por supuesto, eso no habría sido posible sin la ayuda decisiva de la revolución impulsada por el desarrollo del movimiento feminista, sin la lucha conducida por millones de mujeres en todo el mundo. Y por supuesto que queda muchísimo por hacer, como lo muestra la lucha de las mujeres por sus derechos frente al régimen fundamentalista iraní (el lema “mujer, vida, libertad), pero ello no impide reconocer que esa Convención ha cambiado nuestro mundo, porque ha ayudado a mejorar la vida cotidiana de las mujeres (véase por ejemplo este website)

Dejó escrito De la Rouchefoucauld que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Y, en no pocos sentidos, éste es un tercer argumento a favor de celebrar hoy el 75 aniversario de la DUDH. 

Más allá de las argumentaciones doctrinales que han explicado cómo y por qué la DUDH es la concreción histórica del difuso ideal de justicia, lo importante es que se ha convertido en parte de nuestro sentido común. Y lo prueba el hecho de que no hay político ni gobierno que no se apreste a proclamar como cosa sabida y asumida la defensa de los derechos proclamados en la DUDH, lo que nos permite ejercer el control y la denuncia crítica cuando sus acciones desmienten tales declaraciones. Es decir, nos permite concretar razones de ilegitimidad (al menos de ejercicio, si no de origen) y, en países donde existe el Estado de Derecho y un sistema democrático, revisar sus actuaciones e incluso echarlos del poder en las elecciones. 

Bueno, hasta ahora. Porque hoy conmociona la aparición de fuerzas políticas –y de políticos con la etiqueta de salvadore– que niegan que esos derechos tengan carácter universal, porque enfatizan el nosotros primero, común a los populismos reaccionarios de los Trump, Orban, Le Pen, Salvini, Netanyahu o Milei. O, de forma aún más grave, impugnan el orden internacional basado en esos derechos, proponiendo otro alternativo, como lo hacen los regímenes y movimientos fundamentalistas islámicos (también los hay evangélicos o budistas) y, lo que es más peligroso, la nueva gran potencia, la China de Xi Jinping, secundada en ello por el proyecto de gran Rusia de Putin.

Lo más importante, en todo caso, es que la DUDH debe ser entendida sobre todo en términos de acicate, de exigencia. Por eso, la manera de celebrar estos 75 años de la DUDH no es la autocomplacencia, sino la que conocemos desde Jhering: luchar por ellos. Porque, como casi todo en la vida, si no hacemos avanzar de continuo los derechos, si no asumimos la responsabilidad de luchar por ellos, estarán continuamente amenazados en su reconocimiento y garantía para todos. Porque el envés de la universalidad de los derechos, el test de nuestra convicción sobre ellos, es que la negación o el retroceso en los derechos de algunas personas o grupos, so capa de su particularidad, nos amenaza a todos. 

No son pocos los desafíos que encara la tarea comprometida en la lucha por realizar y garantizar el ideal de derechos propuesto en la DUDH. Quizá el reto más importante hoy, en términos de la universalidad de los derechos, es el que nos presentan los nuevos derechos que parece que acabemos de descubrir. Me refiero a los bienes comunes de todos nosotros, bienes fundamentales que nos hacen posible vivir en este precioso tesoro que es la casa común de nuestra especie y de las demás, la vida del planeta, la vida de la que formamos parte y hemos puesto gravemente en riesgo. Como en tantas otras ocasiones, hemos tomado conciencia de ellos cuando percibimos que están seriamente amenazados y las consecuencias que comporta esa amenaza: hay mucho y muy importante por lo que luchar.

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos humanos de la Universitat de València.

Son malos tiempos para mis colegas los profesores de Derecho Internacional y, en particular, para los de Derecho internacional Humanitario (DIH). Me los imagino en el aula, explicando ante unos estudiantes saturados por las escenas espantosas de los atentados terroristas de Hamás, del sufrimiento de los rehenes israelíes (y extranjeros) y sus familias y, desde luego de las masacres y del atroz sufrimiento de millares de civiles palestinos en Gaza, como consecuencia de una respuesta absolutamente desproporcionada por parte del gobierno presidido por Netanyahu. Me los imagino, digo, tratando de explicarles los instrumentos de Derecho internacional de los derechos humanos, o el proceso de positivación de ese mismo DIH, a esos estudiantes que escucharán entre el asombro y la irrisión sus disquisiciones sobre cómo Henri Dunant quedó anonadado por la crueldad de la batalla de Solferino y emprendió la tarea de tratar de poner reglas al horror de la guerra mediante un nuevo Derecho. Eso es el DIH, que pretende nada menos que poner reglas al horror de la guerra, un ius in bello, que decimos los juristas.

Se trata de un salto cualitativo en la historia jurídica y política, que hasta entonces sólo había hablado del derecho a hacer la guerra y de su justificación, el ius ad bellum, el derecho a hacer la guerra, un derecho cuyo tramposo corolario es la noción de guerra justa, que unos y otros alegan cuando les conviene. Una falacia que sólo quedó jurídicamente al desnudo cuando la Carta fundacional de la ONU negó que hubiera justificación alguna para el recurso a ese jinete del Apocalipsis, que definió como flagelo de la humanidad y que se propuso erradicar, o, al menos, expulsarlo como institución jurídicamente aceptable.

Pienso en el mismo estupor o irrisión que recibirán probablemente estos días los profesores de Filosofía y Teoría del Derecho, cuando traten de explicar a su público el proyecto de una paz a través de un Derecho cosmopolita y del modelo de una federación mundial de Estados, tal y como lo formulara Kant o, un poco más tarde, la idea de paz a través de los tribunales internacionales, que preconizara Kelsen. Lo mismo les pasará a quienes traten en el aula la evolución del ideal de un Derecho de gentes, desde los estoicos a Vitoria y la escuela española del XVI frente al pragmatismo de Grocio y los defensores de las compañías comerciales que dominaron la primera globalización obra de los europeos, para llegar a contemporáneos como Rawls o Ferrajoli.

Sí. En estos días se acumulan los testimonios de los siempre avisados realistas que nos hacen ver la pertinencia de aquello que ya escribiera Hegel: “Entre los Estados, no hay pretor” y por eso es indefectible el recurso a la guerra. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no ha pasado prácticamente un día sin guerra en diferentes puntos del planeta. Deséngañense: la guerra, nos dicen los polemólogos tertulianos que hoy rebrotan como setas al calor del espanto de la agresión rusa en Ucrania y del enfrentamiento entre Israel y Hamás, es un fenómeno permanente en la historia de la Humanidad.

En el fondo, se trata de repetir los argumentos sobre la justicia como la ley del más fuerte que ya encontramos formulados por Trasímaco, en el libro I de la República de Platón y por Calicles en el Gorgias. Argumentos presentes también en la obra de Tucídides sobre la guerra que se estudia en las academias militares, la Historia de la guerra del Peloponeso, que para muchos sigue hoy vigente. Por ejemplo, cuando sostiene la inevitabilidad del recurso a la guerra frente a la justicia y la negociación (“la justicia sólo se plantea entre fuerzas iguales”). Es, a la postre, el pesimismo antropológico de Hobbes (por cierto, traductor de Tucídides, como ha recordado Jaime Siles).

Aún más, hoy los expertos (como Gresh, Atkins o Moyn) hablan no ya de nuevas guerras, sino de una suerte de guerra permanente, perpetua. Un juego macabro del que participan también las democracias, frente al tópico que asegura que donde hay Estado de Derecho y democracia se rechaza la guerra. Y si no lo creen, miren alrededor. Cuando no las practican tan directa como cínicamente (¿hablamos de los EEUU, del Reino Unido o de Francia, por ejemplo?), sí intervienen por tercero interpuesto y además se encuentran entre los primeros beneficiarios de la industria del armamento, que siempre está presta para encontrar ocasiones de reciclar y ensanchar su mercado. No digamos ya los regímenes autoritarios, que no respetan los derechos de los otros, ni de sus propios ciudadanos, a los que tratan como carne de cañón y usan las guerras para distraer de sus innobles prácticas internas.

La triste consecuencia es que se incrementa el coro de quienes se dicen tan conmovidos como llamados al escepticismo ante el espanto sin remedio que vemos en Israel y Gaza. Son los que hoy denuncian muy realistamente la inutilidad de la ONU, de las agencias internacionales, de las ONGs que trabajan por la paz, y desprecian por irrelevante el DIH o incluso el Derecho internacional. Y encima, con la vitola de que esa es la posición propia de quienes miran con inteligencia y realismo estos horribles acontecimientos, sin ingenuidad buenista ni lágrimas de cocodrilo que sólo sirven para acallar las buenas conciencias, nos dicen. La pregunta es: ¿y qué nos proponen como alternativa? ¿Hacer la guerra para combatir la guerra?

El mínimo de decencia exige precisamente lo contrario: combatir los hechos crueles e inhumanos, como las guerras, y desenmascarar a quienes negocian y se benefician con ellas. Por eso, el único partido posible es el de optar por esa empresa tan inacabable como imprescindible que es la defensa de los derechos, el establecimiento de reglas de negociación pacífica de conflictos y de sanción de quienes los violan, de quienes hacen la guerra pisoteando esos derechos. Pues bien: eso es precisamente el propósito de la ONU, de su arquitectura de convenios internacionales, de la existencia de Tribunales internacionales como el de La Haya y del Tratado de Roma que dio lugar al Tribunal Penal internacional. Esa es la razón de ser del DIH, del Comité internacional de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Diamante Rojo.

Podemos optar por el escepticismo elegante, tan propio de quienes nos creemos a salvo de cualquier guerra y formulamos críticas sin salir de nuestros cafés y terrazas, o por situarnos del lado de quienes, precisamente por no ser ciegos al horror de esa realidad, trabajan por poner límites a la crueldad y la violencia, al horror de la guerra.

Una vez más, se trata de ponerse del lado de Camus. Del Camus que escribió “Usted acepta silenciar un terror para luchar mejor contra otro. Y algunos de nosotros no queremos silenciar nada”. El mismo Camus que nos recuerda: “cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe que no podrá hacerlo. Pero su tarea es aún mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga”. Para eso, vale la pena luchar por la resistencia de los derechos, por ese ideal de Derecho que hace de él un instrumento civilizatorio. Aunque sólo sea, como decía nuestro Vives, “para sujetar las manos y la ira".

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos humanos de la Universitat de València.