Hace ahora cincuenta años. Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde murió bendecido por la Iglesia católica, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que lo equiparaba a los santos más grandes de la historia. El panegírico había comenzado con la Cruzada, arreció con fuerza en la posguerra y continuó hasta después de su muerte.

Franco y sus compañeros de armas iniciaron en julio de 1936 un golpe de Estado que provocó una sangrienta guerra civil. Durante esos años y en la posguerra, decenas de miles de “enemigos” fueron eliminados. La paz de Franco destruyó familias enteras e impregnó la vida cotidiana de miedo, coerción y castigo. Su España fue un Estado policial, un omnipresente sistema de control y vigilancia que necesitó en los primeros años el derramamiento de sangre y los pelotones de fusilamiento. Una vez organizada la trama de lealtades, propaganda y miedo, el terror podría dirigirse a grupos pequeños y no amenazaba a la mayoría de los españoles. Eso es lo que decía Franco, que solo se perseguía a delincuentes, comunistas, masones y separatistas. 

Murió rico, con una fortuna millonaria, enriqueció a sus familiares, a quienes permitió un desenfrenado saqueo, y concedió un gratificante retiro a los cientos de colaboradores que ya habían disfrutado en el poder de sinecuras y grandes beneficios. 

Comparado con Mussolini, Hitler o Stalin, Franco no sobresalió como un personaje influyente en la política europea del siglo XX. Pero no fue un dictador débil o menor. Utilizó con habilidad las circunstancias históricas que le permitieron relacionarse con las potencias del Eje y obtener al mismo tiempo un gran rédito de la diplomacia y del espionaje británico, incluidos los sobornos con grandes sumas de dinero a varios de sus generales, para el mantenimiento de la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. 

Tras el derrumbe de los fascismos, Estados Unidos y Europa Occidental consideraron durante un tiempo a Franco un paria, por su sintonía ideológica con Hitler y Mussolini, pero todo cambió a partir del estallido de la guerra en Corea en 1950. Franco, por muy represor y autoritario que fuera, era preferible al comunismo. Logró la aceptación internacional, mientras que incrementaba su poder. Las circunstancias históricas que lo colocaron en la marginación internacional y después en la rehabilitación tuvieron poco que ver con su personalidad o carisma, pero logró sobrevivir y aumentar el culto. La propaganda hizo creer a los españoles que había librado al país de los horrores de la guerra mundial y jaleó los acuerdos de 1953 con la mayor potencia económica y militar del mundo como un triunfo más del Caudillo. En el escenario internacional fue siempre un dictador dependiente. En España mantuvo sus excepcionales poderes hasta el final.

Mientras él vivió, fue imposible acometer transformaciones políticas reales y en las casi cuatro décadas de su mandato no hubo fricciones importantes en los pilares básicos de apoyo. Tuvo tiempo de contemplar cómo desaparecieron sus aliados fascistas, el abrazo del amigo americano, la liberalización de la economía tras años de hambre y pobreza absolutas, el desarrollo de la década de los sesenta y el crecimiento de su amplia familia corrupta. Desde el 1 de octubre de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1975 fue ungido de una autoridad sobrenatural, basada primero en su misión redentora y después en los constantes y continuos logros. Bajo esa aureola mesiánica, el Caudillo fue objeto de obediencia y nunca tuvo necesidad de reconocer sus errores porque creía que sus motivos siempre eran puros y guiados por la providencia.

Ninguno de sus jerarcas y cómplices fue arrestado, encarcelado o procesado. Todos escaparon al castigo. A muchos les costó tiempo y labor resignarse a su muerte, aunque quienes pensaban en labrarse un futuro político sin el Caudillo dejaron de la noche a la mañana el uniforme azul y se pusieron la chaqueta democrática.

Cincuenta años después de su muerte, y casi noventa del final de la guerra, muchos familiares de sus víctimas no saben dónde están los restos de decenas de asesinados, desperdigados por lugares insospechados. 

Frente a ese pasado infame, algunos se han reído de quienes “remueven tierra buscando huesos”, y destacados políticos demócratas han propuesto pasar página, negar el recuerdo, cancelar el pasado. Aznar y Rajoy, voces autorizadas para millones de personas que piensan como ellos, lo repetían siempre que podían: los gobiernos no debían dedicarse a tonterías como la memoria histórica o a la investigación sobre miles de desaparecidos. 

Es la sombra alargada del legado pesado de la dictadura de Franco, que regresa y vuelve con diferentes significados, que actualizan desde la democracia sus herederos, políticos, periodistas o aficionados a la historia, y en los últimos años un partido de ultraderecha cargado de historia de España de tambor y trompeta, de relato cultural ultranacionalista y de construcción de mitos simplificados. Cincuenta años después.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor de 'Franco’ (Crítica, 2025).

Pese a los numerosos ejemplos en la historia de expulsiones de minorías y pueblos sometidos por sus gobernantes y conquistadores, el tipo de limpiezas étnicas y genocidios del siglo XX fue peculiar, tanto por su magnitud como por sus motivaciones políticas e ideológicas. Desde las primeras de los cristianos armenios en 1915, hasta las de los bosnios musulmanes en los años noventa, las eliminaciones nacionales y étnicas evolucionaron, se convirtieron en más sistemáticas y letales, ocupando el centro de la crisis cultural europea. Fue el siglo del terror organizado, de los campos de exterminio, de los gulags, de los asesinatos en masa.

Todas aquellas atrocidades fueron posibles debido a los poderes absolutos otorgados a los perpetradores por los regímenes a los que servían. Los verdugos, asesinos y violadores tenían licencia total para matar, humillar y tratar con crueldad a quienes estaban bajo su dominio. Crearon sus propios rituales de violencia, practicados de forma individual o en grupo, vistos por muchos más, víctimas, testigos y aprendices de criminales. Y pese a que también hubo mujeres verdugos, cómplices y testigos que disfrutaban del espectáculo, la violencia de la mayoría de esos actos fue obra de hombres. Y en muchos casos, las mujeres fueron las víctimas.

La limpieza étnica y el genocidio son formas de violencia política que persiguen a las personas por su raza, religión, nacionalidad o etnicidad y, aunque no siempre coinciden en la dimensión y magnitud de la destrucción, ambos fenómenos aparecieron juntos –en espacio y tiempo– en diferentes períodos, “oleadas de violencia”, de la historia del siglo XX.

La primera de esas fases comenzó en 1912 con la guerra de los Balcanes y finalizó con el Tratado de Lausana en 1923. La segunda coincidió con el período de hegemonía nazi en Europa, desde el Pacto de Múnich de 1938 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y fue también el momento en que la Unión Soviética pasó de la persecución de determinados grupos sociales, especialmente campesinos, a las deportaciones masivas de grupos definidos por su nacionalidad. La tercera, menos mortal pero con mucha más población desplazada, ocurrió en el momento final de la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores. La última oleada de violencia tuvo lugar en la antigua Yugoslavia en los años noventa, cuando se creía que la limpieza étnica y el genocidio eran hechos de una “edad extrema” dejada ya atrás décadas antes. 

Todos esos casos de limpieza étnica, conectados por influencias directas o indirectas, compartían como características esenciales la extrema violencia que los acompañó; el hecho de que ocurrieran durante guerras, lo que legitimó e hizo habitual y aceptable los crímenes; el establecimiento de “frontera inviolables” entre quienes perpetraron la limpieza y las víctimas; la determinación de los “limpiadores” de borrar no solo la huella biológica de la gente, sino también los signos físicos y memoria de sus culturas y civilizaciones; y el carácter de género, manifestado en ataques brutales a las mujeres, como núcleo de la nación, espiritual y cultural, y no solo biológico. El genocidio armenio fue el preludio y espejo en el que después Hitler y otros genocidas se miraron, tuvieron en mente para el desarrollo de sus propias ideologías de destrucción masiva. 

El abogado polaco judío Raphael Lemkin, quien acuñó el término genocidio durante la Segunda Guerra Mundial, ya había propuesto en 1933 a la Liga de las Naciones una definición de “barbarismo” y “vandalismo”. En la primera incluía a quienes “por odio hacia una colectividad racial, religiosa o social” emprendían “una acción punible contra la vida o integridad física, libertad, dignidad o existencia económica” de las personas pertenecientes a esa colectividad; en la segunda añadía las acciones que con vistas al exterminio de esas colectividades destruían su cultura o arte.

Tras huir de los nazis en Polonia en 1940, Lemkin continuó desde Estados Unidos la búsqueda de un ordenamiento legal internacional contra los asesinatos masivos, el exterminio y el “vandalismo”. Y el término que encontró para definir todo eso, en su libro Axis Rule in Occupied Europe (1944) fue “genocidio”: “las prácticas de exterminio de naciones y grupos étnicos”.

Lemkin quitó de su definición en ese escrito los crímenes contra grupos identificados por su orientación política o la procedencia de clase, posiblemente para subrayar la especial maldad del ataque racial nazi sobre los judíos y evitar incluir, en un momento clave de la alianza entre los aliados y la Unión Soviética frente a Hitler, las políticas de persecución del estalinismo contra el campesinado y sus oponentes políticos. Y así se adoptó el 8 de diciembre de 1948 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), creada tres años antes, en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio.

Al precisar como genocidio el intento de destruir “totalmente o en parte” una población determinada por su raza, nacionalidad, religión o etnicidad, los diferentes episodios de exterminio o represión absoluta por motivos políticos, ideológicos o de clase quedaban fuera de esa consideración. Incluso en los juicios de Núremberg, desarrollados en 1945-46, aunque se mencionó el término genocidio en varias ocasiones, no se incluyó en el pronunciamiento final del tribunal.

Lo que ha ocurrido en Gaza desde octubre de 2023, como respuesta a los ataques terroristas de Hamás, ha significado un paso decisivo desde la discriminación y los asesinatos a las políticas genocidas. En dos años han aparecido, y además juntos de nuevo, los elementos básicos que identifican históricamente el genocidio. Por un lado, la búsqueda de la destrucción absoluta del considerado enemigo, con la movilización de los recursos del Estado, la sociedad y la economía. Por otro, la deshumanización de las víctimas y la ejecución de los planes de eliminación sistemática por parte de las instituciones gubernamentales y las fuerzas armadas.

En los últimos años, algunos historiadores comenzamos a situar a las mujeres –y a los niños– en los relatos de las catástrofes provocadas por las guerras, las limpiezas étnicas y los genocidios, donde habrían sufrido más que nadie la arbitrariedad e inseguridad de las ocupaciones, deportaciones, el hambre y las epidemias. Fueron misioneros, diplomáticos y testigos quienes contaron, hace más de cien años, la eliminación sistemática de un millón de armenios. Tenemos ya un conocimiento exhaustivo, fruto de decenas de investigaciones solidas, del Holocausto y los grandes episodios de limpiezas étnicas y genocidios en Europa y otros continentes durante el siglo XX. 

El recuerdo, “recordar para nunca olvidar”, se convirtió en la respuesta adecuada para transmitir esas experiencias tan destructivas y devastadoras, pasados infames y sucios que se manifiestan en la actualidad como una pesadilla persistente en esa pequeña franja de Gaza. La gran paradoja es que muchos de quienes han insistido en el carácter único del genocidio de los judíos como el evento definitorio del siglo XX, el espejo frente al que todas las demás víctimas deberían mirarse, no reconocen ahora la culminación genocida de un largo proceso de acumulación de políticas radicales del ultranacionalismo israelí frente a los palestinos. El “nunca más” ya no ha servido. Y no servirá en el futuro mientras haya políticos que disfruten del poder sobre la vida y la muerte de poblaciones indefensas. Y otros, todavía más poderosos, que conocen esos sufrimientos y las situaciones extremas de agonía, no pongan los medios para pararlos.  

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor de 'Una violencia indómita. El siglo XX europeo' (Crítica, 2020).

El 29 de septiembre de 1938, los jefes de gobierno de las dos principales democracias europeas, Gran Bretaña y Francia, y los dictadores de Alemania e Italia se reunieron en Munich para decidir el destino de Checoslovaquia, donde tres millones de alemanes vivían en las áreas fronterizas de los Sudetes, y buscar una alternativa a los planes de invasión y conquista militar puestos en marcha unos meses antes por Adolf Hitler. Tras más de trece horas de negociaciones, Neville Chamberlain y Edouard Daladier aceptaron las propuestas de Hitler que expuso Benito Mussolini como si fueran suyas. Checoslovaquia entregaría los territorios de los Sudetes a Alemania, que incluían importantes centros industriales y de comunicación, y los alemanes a cambio se comprometían a no atacar al resto del Estado checo y mantener la paz en el futuro.

El acuerdo parecía alejar el fantasma de la guerra y Chamberlain y Daladier fueron recibidos en sus países como héroes que habían frenado las ambiciones expansionistas nazis. El tiempo, corto tiempo, pronto se encargaría de demostrar lo contrario. El sacrificio de Checoslovaquia no salvó la paz.

Aquella foto resumía la política de “apaciguamiento” de Gran Bretaña y Francia frente a la Alemania nazi. La historia nunca se repite, pero casi nueve décadas después los líderes políticos más importantes de Europa han acudido a Washington para acompañar solidariamente al presidente ucraniano Volodímir Zelenski y suplicar a Donald Trump un acuerdo de paz y garantías de seguridad para Ucrania frente a Vladímir Putin. 

Checoslovaquia había nacido el 28 de octubre de 1918 entre las ruinas del imperio austrohúngaro. El nuevo Estado, organizado en torno a Bohemia, Moravia y Eslovaquia, era un rompecabezas étnico y lingüístico en el que resultaba muy difícil acomodar las diversas nacionalidades y salvar las diferencias sociales, culturales y económicas entre esos grupos. Pero al contrario de lo que sucedió con los otros países del este de Europa y de los Balcanes, creados tras la derrota de los imperios autocráticos en la Primera Guerra Mundial, que sucumbieron muy pronto a dictadores con poderes absolutos, Checoslovaquia mantuvo durante esos veinte años de entreguerras una democracia parlamentaria, republicana y de respeto a las libertades individuales.

La coexistencia entre checos, eslovacos y las restantes minorías nacionales fue relativamente pacífica hasta el comienzo de los años treinta, cuando la crisis económica mundial impactó de lleno en las áreas industriales de los Sudetes donde vivían la mayoría de los ciudadanos de habla alemana. Hasta ese momento, los nazis habían contado con poco predicamento en Checoslovaquia, pero, con la subida de Hitler al poder, se organizaron en torno al liderazgo de Honrad Henlein, un profesor de gimnasia que comenzó a reclamar, con bastante éxito entre los alemanes étnicos, la separación de los Sudetes del resto del Estado checoslovaco. 

Hitler creía también que esos tres millones de alemanes debían integrarse en el Reich y, tras la anexión de su Austria natal en marzo de 1938, ordenó a Henlein aumentar la agitación violenta y la intimidación a sus oponentes. Septiembre de ese año fue un mes de declaraciones pomposas, intensos contactos diplomáticos y de viajes de ida y vuelta. Dos veces voló Neville Chamberlain a Alemania a encontrarse con Hitler, para explicarle que  Francia y Gran Bretaña estaban de acuerdo con la cesión de los Sudetes al Reich. Chamberlain y Édouard Daladier culminaban con Checoslovaquia su política de “apaciguamiento”, esa que consistía en evitar una nueva guerra a costa de aceptar las demandas revisionistas de los dictadores fascistas, siempre y cuando no se pusieran en peligro los intereses estratégicos de sus respectivos países. 

En el clímax de la crisis, en los días finales de septiembre, cuando Hitler le comunicó a Chamberlain que con los Sudetes no bastaba y que quería más, toda Checoslovaquia, el primer ministro británico les dijo a sus ciudadanos, en un discurso transmitido por la BBC, que parecía “horrible, fantástico, increíble” que tuvieran que comenzar a cavar trincheras y probar máscaras de gas “a causa de una disputa en un país lejano, entre gente de la que no sabemos nada”. Era el 27 de septiembre. Dos días después, firmaba, junto con Daladier, Hitler y Mussolini, la sentencia de muerte para la única democracia que se mantenía en pie en Europa al este del Rin. Era la victoria del Nuevo Orden nazi sobre los “defensores de una época moribunda”.

Con la invasión de Ucrania en febrero de 2022 Putin provocó una crisis en el sistema internacional, en el orden establecido y en la economía. Puso en marcha lo que fue norma de los dictadores en la Europa entre 1922 y 1945: considerar la guerra como una opción aceptable en política exterior, lograr sus objetivos con acciones militares unilaterales, situar contra las cuerdas a políticos educados en el diálogo y poner en evidencia la incapacidad de las democracias para contrarrestar los instrumentos de terror. 

Más de tres años después, Putin ha logrado en una reunión bilateral con Trump que éste respalde y apadrine un plan de paz sin reproches ni reparaciones por la violenta guerra y ocupación territorial. Una reunión entre Rusia y Estados Unidos, en paridad, superpotencias, para lanzar el mensaje a Europa de que ellas dos pueden decidir el destino de las naciones más pequeñas. Y cuando unos días más tarde Zelenski y los principales líderes europeos se han sentado frente a Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jefe les ha señalado en el mapa que es el momento de llegar a un acuerdo con Putin porque ese territorio ocupado ya no está en poder en Ucrania.

Putin no está buscando solo territorio, desea convertirse en el zar de un reconstruido imperio ruso. Al negar la existencia de un Estado independiente, Putin difunde un sentimiento imperialista, combinado con militarismo y etnonacionalismo, que le sirve de argumento justificativo para sus obsesiones revanchistas. Lo ha dejado muy claro en diferentes escritos, discursos y declaraciones, con mitos generados sobre el pasado: Ucrania no tiene ningún derecho histórico a ser independiente. En su artículo Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos, publicado el 12 de julio de 2021, recordó los “momentos cruciales” de esa trayectoria compartida por rusos, ucranianos y bielorrusos como descendientes de la “antigua Rus”, el Estado europeo “más grande” en el siglo X, unidos por una lengua, vínculos económicos. El gobierno de los príncipes de la dinastía Rurik, y la fe ortodoxa. “Nuestro parentesco”, concluía al final de ese escrito, “se ha transmitido de generación en generación. Está en los corazones y en la memoria de las personas que viven en la Rusia y Ucrania modernas, en los lazos de sangre que unen a millones de nuestras familias. Juntos hemos sido siempre y seremos muchas veces más fuertes y exitosos. Porque somos un solo pueblo”. Un mismo espacio “histórico y espiritual”.

Con Trump y Putin juntos ha vuelto la geopolítica que, como los fascismos en los años treinta, desprecia la ley internacional y rediseña fronteras para marcar el destino de millones de personas. Hacer grandes a América y Rusia por la vía autoritaria y el culto a la personalidad. Y poner de rodillas a quienes no se plieguen a su reinado. La historia no se repite, pero los ecos y rimas del pasado ayudan a comprender el Nuevo Orden presente.  

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza

La violenta derrota del militarismo y de los fascismos en 1945 allanó el camino para una alternativa que había aparecido en el horizonte de Europa Occidental antes de 1914, pero que no se había podido estabilizar después de 1918. Era el modelo de una sociedad democrática, basada en una combinación de representación con sufragio universal, masculino y femenino, Estado de bienestar, con amplias prestaciones sociales, libre mercado, progreso y consumismo. Estados Unidos había avanzado antes de 1939, con el New Deal, por ese camino, aunque con fuertes desigualdades sociales y la ausencia completa de derechos civiles para las minorías negras.

Una nueva época comenzó para esa Europa Occidental tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Surgió un nuevo sistema económico y político internacional, en el que Europa ya no era el centro del mundo. La democracia se consolidó tras la profunda crisis de las tres décadas anteriores. El camino por el que resucitó Europa a partir de 1945 fue de modernización conservadora –que recuperaba y restauraba modelos de vida familiar prebélicos, valores religiosos y estabilidad social–, pero al mismo tiempo los partidos de izquierda promovieron profundas reformas sociales y aceptaron un sistema político y parlamentario más estable que el que había permitido el ascenso del autoritarismo desde los años veinte. Muchas cosas que eran comunes y familiares para los ciudadanos europeos en 1945 desaparecieron, y otras que hoy damos por sentadas fueron introducidas en la segunda mitad del siglo XX.

El paradigma europeo posbélico se basó en tres pilares: Estado de bienestar y seguridad económica que superara los conflictos de clase y las divisiones que habían generado el desastre en los años treinta; una solución al problema alemán a través de la integración europea bajo el liderazgo de Francia y de Alemania Occidental; y lazos de seguridad más estrechos entre Europa y Estados Unidos. Los dos primeros eran intrínsecos al “modelo europeo”; el tercero, una consecuencia de la Guerra Fría.

Desde finales de los años cincuenta, Europa Occidental experimentó un largo período único de crecimiento, de oportunidades para los trabajadores, incluidas por primera vez las mujeres, en las fábricas, en la sociedad y en la educación. Los sindicatos alcanzaron su apogeo de influencia, a la vez que los conflictos de clases se difuminaban ante el avance del consumismo, los cambios de valores y la secularización. Millones de inmigrantes acudieron desde los países periféricos de Europa a los más industrializados. La descolonización ocasionó también un importante movimiento de población pobre a las antiguas metrópolis.

Las democracias que salieron de la victoria sobre el nazismo edificaron un sistema de inclusión social, de Estado de bienestar, de mayor protección e igualdad, que tras años de sufrimiento y sacrificio se convirtió en el modelo inequívocamente europeo. Tras la catastrófica primera mitad del siglo XX, muchos intelectuales y políticos soñaron con recuperar una benigna versión de la modernidad que otorgara abundantes beneficios en vez de causar muertes y destrucción. Se trataba también de reducir los peligros de las versiones más extremas del nacionalismo, militarismo y autoritarismo.

Esas tendencias autoritarias y militaristas no desaparecieron del todo y permanecieron durante décadas en Portugal, España, Grecia y en los países del bloque comunista, pero la transición desde la violencia brutal, el militarismo y los criminales de guerra a una era estable de constitucionalismo político hicieron comprender a muchos ciudadanos europeos que si los fascismos hubieran ganado, el curso posterior de la historia hubiera sido diferente. Las estructuras sociopolíticas que permitieron y estimularon la acción violenta como fenómeno central de Europa entre 1912 y 1945 desaparecieron. La distribución más justa de recursos, el acceso universal a la educación y la criminalización de la política de odio y exclusión funcionaron como antídotos de las utopías salvadoras y bloquearon la posibilidad de que los “hombres de la violencia”, los responsables de millones de muertes, ganaran posiciones dominantes de nuevo. Todos querían participar de esa edad de oro del capitalismo, de la democracia y del Estado del bienestar.

Porque si algo caracterizó las democracias europeas que se consolidaron tras la Segunda Guerra Mundial, fue el compromiso de extender a través del Estado los servicios sociales a la mayoría de los ciudadanos, de distribuir de forma más equitativa la renta. Superar el atraso en equipamientos colectivos, infraestructuras y sistemas asistenciales fue uno de los grandes desafíos de los países que, como Grecia, Portugal o España, se engancharon a ese carro durante el último cuarto de siglo. Los nuevos grupos políticos establecidos a partir de 1989 en el centro y Este de Europa dejaron muy clara su intención de enterrar el sistema comunista. Era el triunfo de la ciudadanía, de los derechos civiles y sociales, tras década de sinuosos destinos, paradojas y contrastes.

Nada de eso parece funcionar hoy. En esa segunda mitad del siglo XX, el descontento y las protestas, que las hubo, y muchas, se expresaban en las democracias –también en España a partir de la muerte del dictador– a través de los sindicatos, las negociaciones entre los partidos políticos y el pluralismo de ideas y posiciones ideológicas. 

En la actualidad domina, sin embargo, una agitada y buscada polarización que se manifiesta en la desilusión y rechazo con la democracia y en un creciente reclamo del autoritarismo. Una buena parte de las elites políticas y económicas no han sabido responder a los retos planteados acerca de la distribución de la riqueza, concentrada cada vez en menos manos, la inmigración, el acceso a la vivienda y la seguridad. Es el alimento idóneo para el resentimiento, convencer a muchos de que todo es responsabilidad de unos pocos, lo que supone una quiebra de la sociedad civil, y socavar la confianza en la democracia. 

Resulta difícil y complejo comprender por qué las democracias, tras un larga y sostenida consolidación, parecen abocarse sin remedio hacia su declive. Como, según el discurso populista y autoritario, ya no se puede confiar en los partidos, sindicatos y asociaciones, encargados antes de la resolución de conflictos, lo que reaparece son los fragmentos más negros de la historia del siglo XX, cuando la cultura del enfrentamiento se abrió paso en medio de la falta de apoyo popular a la democracia y la violencia se impuso a la razón. Un grupo de criminales que consideraba la guerra como una opción aceptable en política exterior se hizo con el poder y puso contra las cuerdas a los políticos parlamentarios educados en el diálogo y la negociación. 

Esa historia la conocemos bien los historiadores especialistas en el siglo XX. La recuerdan muchos de los descendientes de las víctimas que los diferentes asesinos dejaron a su paso. La manipulan quienes banalizan sus devastadoras consecuencias. El discurso del pueblo puro frente a las elites corruptas no va a solucionar la creciente marginalización que sienten amplias capas de las clases medias y trabajadoras. Cuando fallan los pilares de la cohesión social y de los valores cívicos compartidos, los bárbaros se imponen. La historia avisa. Y ahora rima.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

Nadie ha condicionado tanto la historia contemporánea de España como Francisco Franco Bahamonde. A pesar de su omnipresencia –de las monedas a las aulas, del NODO al actual debate público—, el dictador sigue siendo un desconocido, oculto tras una maraña de maniqueísmos y de mentiras. El profesor Julián Casanova, el mejor historiador de su generación y también columnista de infoLibre, nos ofrece una biografía reveladora sobre la persona y el personaje que determinó el destino de España durante cuatro décadas.

Cincuenta años después de la muerte del dictador, Julián Casanova revela en su nueva obra aspectos desconocidos por sus coetáneos y traza, para las nuevas generaciones, el retrato definitivo del dictador. Para ello ha indagado en decenas de testimonios, libros y documentos que, con el poso de toda una trayectoria académica y de investigación, le permiten una aproximación precisa y novedosa.

infoLibre ofrece a continuación un extracto de la obra. El libro, editado por Crítica, llega este miércoles a las librerías:

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La política social de «limpieza» de los años cuarenta dio paso desde 1953, con la ejecución de los últimos maquis, a la violencia controlada bajo la apariencia de legalidad. La jurisdicción civil dejó gradualmente de ejecutar y a partir de los años sesenta las condenas a muerte fueron emitidas por consejos de guerra. La creación del Tribunal de Orden Público redujo las atribuciones de la jurisdicción militar. El extraordinario incremento de los conflictos sociales a finales de los años sesenta provocó, sin embargo, un endurecimiento del castigo, de las penas contra delitos de carácter político, terrorismo y «atentados contra el orden público», tipificados en el decreto ley de agosto de 1968 «sobre la represión del bandidaje y terrorismo», juzgados por tribunales de guerra.

En ese escenario se desarrolló el proceso de Burgos, fomentado por el sector más ultra, que encontró en la VI Región Militar a los ejecutores adecuados, el capitán general Tomás García Rebull, el coronel auditor Fernando Suárez de la Dehesa y el capitán, vocal ponente, del Cuerpo Jurídico Militar Antonio Troncoso de Castro. El ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella, hermano del consiliario del Opus Dei en España, intentó sobornar a Troncoso a través de Carlos Rojas, alto funcionario de la Dirección Nacional de Prensa. A cambio de no condenar a ninguno de los acusados a la pena de muerte le ofrecieron la vicepresidencia del Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Agrícola o el de Crédito de la Construcción. Troncoso rechazó el soborno, «las penas que se pongan han de ser serias, dada la gravedad de los hechos», pero después, en febrero de 1971, la Auditoría de Guerra le abrió un sumario. En el interrogatorio acusó a Sánchez Bella, aunque el proceso no siguió adelante.

Los años que siguieron fueron los más agitados de la dictadura. ETA salió fortalecida al incorporar a centenares de jóvenes, muchos de ellos del PNV, atraídos por la imagen de una organización que respondía con violencia a la persecución del «pueblo vasco». Los conflictos se extendieron por todas las grandes ciudades y se radicalizaron por la dura represión de los cuerpos policiales, cuyos disparos dejaban a menudo muertos y heridos en las huelgas y manifestaciones. La violencia policial llegó también a las universidades, donde crecían las protestas y se multiplicaban las minúsculas organizaciones de extrema izquierda. La respuesta de las autoridades, con Carrero Blanco al frente, fue siempre mano dura y una confianza inquebrantable en las fuerzas armadas para controlar la situación. Para que no apareciera siempre el Gobierno como actor de la violencia, desde el servicio de inteligencia de Carrero se organizaron, con la ayuda de su amigo Blas Piñar, bandas parapoliciales, matones a sueldo y policías fuera de servicio, que aterrorizaban con impunidad y complicidad de las autoridades a sacerdotes progresistas, dirigentes sindicales y estudiantiles y libreros «rojos». La fiebre conspiranoica contra la subversión se apoderó de autoridades y jerarcas del Movimiento en aquellos años de quiebra de la paz de Franco.

El Caudillo estaba cada vez más alejado de los complejos y variados asuntos que esa década de desarrollo había provocado en la administración, en la economía y en la sociedad. La corrupción quiebra de la paz salió de nuevo a la luz a finales de marzo de 1972 y en esa ocasión el escándalo salpicó a su hermano Nicolás. La Comisión de Abastecimiento y Transportes (CAT) denunció la desaparición de cuatro millones de kilos de aceite de oliva almacenados como reserva estatal en los depósitos de la empresa Reace (Refinerías del Noroeste de Aceites y Grasas, S. A.) en Guixar, Vigo. La CAT había alquilado esos depósitos para guardar toneladas de aceite e intervenir de esa forma en el mercado y los precios de los productos básicos. Los responsables de la empresa, fundada en 1956 en Redondela, negociaban con el aceite a espaldas de los organismos públicos. Nicolás Franco era desde 1964 uno de los principales accionistas del consejo de administración. En el curso de las investigaciones judiciales aparecieron seis personas muertas. Los libros de contabilidad habían desaparecido y cuando se celebró el juicio, en octubre de 1974, presidido por Mariano Rajoy Sobredo, se anunció que el sumario se había perdido a causa de las reformas en la Audiencia de Pontevedra. Para que no se aireara el escándalo como en el caso Matesa, se dispuso por parte de los funcionarios de Información y Turismo una operación de control de la prensa y de encubrimiento para silenciar la relación de Nicolás Franco con los acusados del fraude. El juez no llamó a declarar al hermano del Caudillo.

Unos días antes de estallar ese escándalo, la familia Franco Martínez-Bordiú había vivido un momento extraordinario de felicidad, un regreso a aquella época de usos aristocráticos que tanto habían complacido a doña Carmen. En la tarde del 8 de marzo de 1972, se había celebrado en la capilla de El Pardo el enlace matrimonial de María del Carmen Martínez-Bordiú Franco con Alfonso de Borbón y Dampierre, primogénito de don Jaime y primo de Juan Carlos. En las invitaciones de boda y en la crónica del NODO de unos días después lo llamaban «Su Alteza Real», un título que no ostentaba. Franco entró a la celebración del brazo de su nieta, vestida por Balenciaga, el modista preferido en El Pardo; el novio, del de su madre, Emanuela de Dampierre, duquesa de Segovia; el príncipe Juan Carlos, con doña Carmen; y Sofía, con el 364 franco infante Jaime de Borbón. Ofició la ceremonia el cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Asistieron dos mil invitados, con representantes de las realezas europeas, entre ellos los príncipes de Mónaco, y la primera dama de Filipinas, Imelda Marcos, amiga de los Martínez-Bordiú.

Los novios fueron de luna de miel a las Bahamas y doña Carmen dio instrucciones a los sirvientes para que su nieta fuera tratada como una princesa, «Alteza», y le hicieran la reverencia. En las maquinaciones de la camarilla de El Pardo, Alfonso de Borbón había intentado que Franco le diera un título equiparable al de Juan Carlos, príncipe de Borbón, y tener derecho así a ser tratado de Alteza Real. Don Juan de Borbón, jefe de la familia real, se opuso y accedió a que se le concediera el título de duque de Cádiz. Doña Carmen y el marqués de Villaverde vieron en ese enlace la posibilidad de que hubiera una dinastía real dentro de la familia, de que Franco pudiera cambiar su elección del monarca sucesor. No lo consiguieron, pero trabajaron de firme para desprestigiar a Juan Carlos y a los ministros tecnócratas que lo apoyaban.

Franco cumplió ochenta años el 4 de diciembre, en medio de un creciente declive mental y físico. En junio del año anterior, el embajador de Estados Unidos, Robert C. Hill, le había comunicado a Nixon: «Recientemente ha empezado a tener ataques en los que le dan arcadas, su digestión falla y empieza a vomitar». Pasaba horas delante del televisor. Mostraba todos los síntomas externos del párkinson: inexpresividad facial, temblor de las manos, mirada fija, voz débil y monótona y rigidez corporal. Un anciano frágil, que contrastaba con aquellos años en que se destacaba su inagotable capacidad para el trabajo. En la grabación del último mensaje del año 1972 le pidieron repetir varias veces porque se equivocaba. Estuvieron presentes el ministro de Información, Sánchez Bella, y el director general de radio y TVE, Adolfo Suárez. En diferido, apareció ante la cámara de pie, decrépito, y finalizó con la habitual declaración de que seguiría «de servicio a España y a los españoles [...] el tiempo que Dios quiera».

La salud del Caudillo preocupaba a muchos y los amigos y amigas de doña Carmen le presionaban para que el Gobierno solucionara las tensiones políticas y sociales con mano dura. Creían que el ministro de Gobernación, Garicano Goñi, y el de Asuntos Exteriores, López-Bravo, eran débiles y desleales. En febrero de 1973, la Señora le dijo a Carrero que debería actuar frente a ellos. Garicano se oponía a las «medidas extremas e indiscriminadas» que reclamaban falangistas y generales «azules» como Tomás García Rebull y Carlos Iniesta Cano. La ruptura entre Garicano y el director de la Guardia Civil comenzó a fraguarse por las críticas de este al Gobierno por imponer «una conducta de paciencia y debilidad a nuestras fuerzas de orden público» que ocasionaba que «las masas llegan a agredir y desarmar a los guardias, seguras de que estos tienen instrucciones de no comportarse con energía».

El 2 de mayo, Garicano dimitió. En la carta de renuncia que envió al Caudillo se quejó de la protección que algunos ministros y militares daban a los Guerrilleros de Cristo Rey. Al día siguiente, Franco le pidió a Carrero que comenzara a formar la lista de ministros porque le iba a nombrar presidente del Gobierno. Las jefaturas de Estado y Gobierno se separaron por una ley que Franco firmó el 8 de junio. López-Bravo fue destituido y López Rodó perdió su poder e influencia en la política interior, pese a su incondicional fidelidad al Caudillo, y pasó al Ministerio de Asuntos Exteriores. También tuvo que abandonar el cargo Sánchez Bella, nombrado presidente del Banco Hipotecario, el lugar que le había ofrecido al capitán Troncoso en el intento de soborno en el proceso de Burgos. Carlos Arias Navarro sustituyó a Garicano en Gobernación y entraron también como nuevos ministros dos falangistas de línea dura cercanos a Girón, José Utrera Molina en Vivienda y Francisco Ruiz-Jarabo en Justicia. La influencia de los ultras de la que se había quejado Garicano se había impuesto. Carrero Blanco, que llevaba mucho tiempo controlando los asuntos cotidianos, no tenía ningún interés en introducir reformas.

Carrero era el preferido de Nixon y de la administración estadounidense, el hombre que garantizaba en España el orden y la estabilidad que tanto deseaban. Henry Kissinger se reunió con Carrero el 19 de diciembre en Madrid. La entrevista duró una hora, en presencia de López Rodó y del teniente general Manuel Díez-Alegría, jefe del Alto Estado Mayor. El nuevo secretario de Estado consideraba a la dictadura española menos represiva que las comunistas de los países de Europa Central y del Este y quería que la España de después de Franco fuera admitida en la OTAN.

El orden público fue una preocupación constante de Carrero desde el mismo momento en que se convirtió en consejero de Franco, un desvelo que creció en los años finales, cuando la proliferación de los incidentes violentos deterioró la imagen creada de un régimen pacífico que siempre lo mantenía. El día que lo asesinaron, Carrero Blanco iba a presentar un documento en la reunión de ministros en el que mostraba su obsesión por los grandes demonios de su amado Franco: el comunismo y la masonería. Eran, como se había repetido machaconamente desde la victoria en la guerra, los principales enemigos de España, infiltrados, tras el desarrollo y la modernización, en la Iglesia y en las universidades, en las clases trabajadoras y en los medios de información.

Frente a ellos, siempre quedaría «el espíritu de nuestro Movimiento, la virilidad, el patriotismo, el honor, la decencia...». Y la receta que ofrecía para atajar la infiltración del comunismo en la enseñanza se parecía mucho a la que ya habían aplicado con éxito los militares rebeldes y las autoridades franquistas durante la guerra y posguerra: «Hay que borrar de los cuadros del profesorado de la Enseñanza General Básica y de la Universidad a todos los enemigos del régimen y hay que separar de la Universidad a todos los alumnos que son instrumentos de subversión».

La respuesta era la represión, afrontar «una situación de guerra» con «moral de guerra». Hora de tomar medidas. Esa mentalidad de asedio, de resistencia a ultranza, murió el 20 de diciembre de 1973.

Todos los países europeos tienen historias infames en el siglo XX y una parte de sus sociedades se resiste a recordarlas o prefiere el olvido. Al contrario que las luchas heroicas, los triunfos militares o las celebraciones de la grandeza nacional, los pasados traumáticos o sucios no se prestan a relatos fáciles o de autobombo. En la España de la transición y de las dos primeras décadas de la democracia se evitó una confrontación directa con los crímenes de la dictadura de Franco.

Algunos historiadores aceptamos el reto: investigar, sacar las partes ocultas del pasado, llevarlas a los centros de enseñanza y diferenciar entre conocimiento documentado y propaganda o manipulación. En esos años de apertura de archivos y de renovación historiográfica tuvimos también un sueño noble: esas terribles historias de sufrimiento deberían ser estudiadas y conocidas por las generaciones futuras.

La indagación, evaluación y contraste de las fuentes documentales, los debates historiográficos y la escritura y enseñanza de esa historia ofrecieron a un público amplio un conocimiento detallado del pasado de dictaduras, revoluciones, fascismos y violencia. Europa había dejado atrás ese sinuoso y cruel destino y las democracias mostraban un claro compromiso de extender a través del Estado los servicios sociales a la mayoría de los ciudadanos y de distribuir de forma más equitativa la riqueza.

Había un claro contraste y enormes diferencias entre las democracias y el terror de los asesinatos y las políticas de exclusión y venganza. Los españoles y otros países con dictaduras longevas tardamos en saberlo, pero toda Europa, occidental y oriental, confluyó en la última década del siglo XX en esa ruta. Era el triunfo de la ciudadanía, de los derechos civiles y sociales, tras décadas de sinuosos y turbulentos destinos.

Todo ha cambiado en los últimos años. En la mayoría de los países de la Unión Europea algunos políticos, historiadores y propagandistas en las redes sociales comenzaron a convertir a aquellos tiranos y criminales de guerra en modernizadores y santos, con un mensaje nuevo: entre las dictaduras y las actuales democracias no hay grandes diferencias y a veces el autoritarismo trae más beneficios que la libertad.

Esa ola de revisionismo, que estaba ya presente en algunos debates académicos, coincide ahora con un momento en que las democracias europeas, y otras muchas en el mundo, se están volviendo más frágiles, la política democrática sufre un profundo desprestigio, impulsado por el crecimiento de organizaciones de extrema derecha, neofascismos y ultranacionalismos. Reaparecen los fragmentos más negros de una historia que parecía superada y las generaciones más jóvenes se alejan de las ideas y proyectos que, a través de la soberanía nacional, las libertades y derechos individuales, ayudaron a consolidar esa edad de oro de la democracia y del Estado del bienestar.

Han pasado cinco décadas desde la muerte de Franco y esa dictadura forma parte de la historia, un tema de estudio consolidado en los proyectos de investigación universitarios, en congresos y publicaciones científicas, difundida en decenas de libros, aunque encuentra más dificultades para colarse en la práctica docente de muchos centros escolares. Es normal que sea también objeto de controversia y ruido político. Porque, con memorias divididas, esa historia de atrocidad moral ha proyectado su larga sombra sobre el presente. Lo extraordinario, sin embargo, es que en 2025, cincuenta años después de la muerte de Franco, tras varias décadas de democracia con un amplio conjunto de derechos y libertades ciudadanas, la propaganda y mentiras de quienes se consideran sus herederos quieran impedir el recuerdo y la difusión del conocimiento histórico con el argumento de que todo responde a una manipulación de Pedro Sánchez y de su Gobierno.

El olvido no hará desaparecer el recuerdo de las ejecuciones, las cárceles, la tortura, el miedo y la sumisión, porque nadie ha encontrado todavía la fórmula para borrar los pasados sucios, que vuelven a la superficie una y otra vez. Las sociedades democráticas deben transmitir esas experiencias de violencia política y de violación de los derechos humanos a los jóvenes y a quienes no formaron parte de esa historia. Necesitamos educación, enseñar ese pasado con libertad, democracias que luchen contra la corrupción y redistribuyan mejor los bienes y servicios. Y políticos más comprometidos con los más débiles, con el diálogo y con la negociación, con el ideal de una Europa libre y justa, antes de que el neofascismo y la hostilidad al sistema democrático nos sitúen de nuevo al borde del abismo. La historia ofrece lecciones y es un buen antídoto para los bulos, la manipulación y el desprecio del conocimiento. Cincuenta años después.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

“Muchos me dicen que Dios salvó mi vida por una razón: y la razón era salvar a nuestro país y restaurar la grandeza de América”. Son palabras de Donald Trump en el primer discurso a sus seguidores tras la victoria en las elecciones. 

Cuando en febrero de 1929 quedó sellada la alianza entre el Vaticano y el régimen fascista de Mussolini en los pactos firmados en el Palacio de Letrán, el papa Pío XI definió al Duce como “el hombre que nos ha enviado la Providencia”. Miklós Horthy, quien estableció en 1920 en Hungría la primera dictadura de corte ultraderechista en Europa, adoptó, a imitación de Mussolini, el título de Vezér («Líder», en húngaro), y estaba convencido de que la providencia le había designado para ser el dirigente del Estado totalitario en su país. Pocos días después de la sublevación militar de julio de 1936 en España, el general Ioannis Metaxás dio un golpe de Estado el 4 de agosto en Grecia y se presentó también como un salvador de la patria. A Francisco Franco, nombrado Generalísimo por sus compañeros de armas tras aquella insurrección, apologetas y eclesiásticos le recordaban la misión divina que la providencia le había asignado como cruzado del catolicismo. “Voy siguiendo con la seguridad de un sonámbulo el camino que trazó para mí la Providencia”, declaró Adolf Hitler tres días después de que el presidente alemán Paul von Hindenburg le diera el poder a comienzos de 1933. 

Todos aquellos dictadores europeos, y muchos más en otros continentes, que sembraron sus países de guerra, destrucción y políticas de exterminio, se presentaron como enviados de Dios para poner orden en la ciudad terrenal. Al invocar a Dios, Trump, décadas después y desde la democracia más poderosa del mundo, recuerda a sus ciudadanos que posee la legitimidad plena para saltarse la ley. Dios arriba, el pueblo abajo, y él de mediador.

“Hoy será recordado como el día en que el pueblo americano recuperó el control del país”, les dijo también en ese discurso. Dejando a Dios como mera referencia, lo importante es que es el pueblo, el honrado, el auténtico, el que le ha elegido para quitar de en medio al anti-pueblo, la casta del Partido Demócrata, causa de todos los males desde que le robaron la presidencia en las elecciones de noviembre de 2020. Para sus seguidores es el líder guiado por unos principios políticos y morales intachables. Nadie puede llamar antidemócrata al auténtico gobierno del pueblo. 

El 6 de enero de 2021 Trump incitó al auténtico pueblo a invadir el Capitolio: violencia cívica para anular un resultado electoral y derrocar al ganador. Aquello, más que al populismo, recordaba al modelo fascista. Los Proud Boys imitando a las SA de los nazis y a los squadristi de Mussolini. Robert Paxton, uno de los historiadores estadounidenses más cualificado por sus estudios sobre el fascismo, se había resistido a aplicar la etiqueta de fascista a Trump, porque la América de 2016, cuando llegó por primera vez a la Casa Blanca, mostraba grandes diferencias con la Italia y Alemania de los años veinte y treinta del pasado siglo. Pero aquel asalto e invasión del Congreso cambió su opinión: la etiqueta parecía “no solo aceptable, sino necesaria”. No se trataba solo de una etiqueta para uso político, que servía para identificar a un líder, sino de un movimiento desde abajo, un fenómeno de masas que afloraba en Estados Unidos como lo habían hecho los fascismos originales en Europa. 

Salvador, populista o fascista, lo importante es que millones de ciudadanos estadounidenses han elegido por segunda vez a un presidente que, en esta ocasión, estaba ya condenado por delitos graves, que apoya masivas deportaciones de inmigrantes y que propaga una retórica autoritaria seguida en el mundo por numerosos gobernantes. Se declara anti-elitista, abanderado de que el poder retorne al pueblo, pero le molestan las cortapisas a su poder absoluto y no respeta los resultados electorales cuando no le son favorables. Trata de convencer a la gente de que detrás de él no hay ideología ni programa concreto, porque hacer grande a América es aspiración tan absoluta e importante que no cabe en unos folios. Ausencia de cortapisas, poder del pueblo, acción en vez de palabrería… son caminos abiertos a la tiranía. 

De que todos esos dogmas lleguen a la gente se encargará Elon Musk, cuya presencia en la administración de Trump será uno de los grandes cambios, hecho diferencial, respecto a su primeros cuatro años. El poder de Musk para diseminar bulos y mentiras, y para silenciar a los disidentes, es infinitamente mayor que el que tenía Joseph Goebbels en el partido nazi. No necesitará organizar los rituales de manifestaciones y mítines ni tomar el control de la maquinaria propagandística. La idea de Trump es nombrarlo “ministro de reducción de costes”, porque, en sus propias palabras, Musk “sabe hacerlo sin afectar a nadie”. 

Trump se ha presentado tres veces a las elecciones. Ganó las dos que competía con una mujer y perdió cuando tuvo enfrente a un hombre. Es probable que el Partido Demócrata tarde en presentar de nuevo a una candidata a las elecciones en Estados Unidos. No crean que es una mera casualidad. El género, y la raza, importan, y mucho. 

Dejemos por ahora las especulaciones sobre qué pasará en Ucrania, en Gaza y con la guerra comercial en China. Demasiado complejo todo, dirán algunos. Quedémonos con lo sustancial: Dios salvó a Trump y el poder ha retornado al pueblo. Habrá que esperar para averiguar a dónde nos llevará la versión Trump 2/Elon Musk. Ya saben: la historia no se repite, pero rima.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y Visiting Professor en la Central European University de Viena.

En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba, en palabras de Winston Churchill, “en la cima del mundo”. Era sin duda la primera potencia militar, pero lo que llamaba realmente la atención era su fortaleza económica, la riqueza material que inundaba a millones de hogares y la paz y armonía que reinaban tras más de quince años de depresión y guerra. Muchos observadores celebraban que todo eso ocurriera en una sociedad democrática, sin clases, solía decirse, y sin las tradicionales divisiones ideológicas y políticas que impregnaban al continente europeo. Había algo excepcional, sin embargo, que ponía en duda esa celebración de la abundancia: el racismo que prevalecía tanto en el norte como en el sur, el hecho de que millones de norteamericanos de otras razas diferentes a la blanca se toparan en la vida cotidiana con una aguda discriminación en el trabajo, en la educación, en la política y en la concesión de los derechos legales.

La batalla por los derechos civiles, dura y violenta en ocasiones, cosechó en los años sesenta frutos extraordinarios. La Civil Right Act de 1964, bajo el gobierno del demócrata Lyndon Johnson, prohibió la discriminación en el trabajo por motivos de raza o género y los trabajadores negros y las mujeres comenzaron a rechazar el tratamiento de segunda clase que se les daba en muchas industrias y servicios. A finales de esa década, miles de negros habían sido elegidos en el sur como alcaldes, sheriffs o legisladores de los diferentes estados. El programa Great Society de Johnson, y su guerra contra la pobreza, dobló el presupuesto de la nación destinado a las prestaciones sociales, a lo que entonces ya se llamaba en todos los países más avanzados el Estado de bienestar. 

Fueron años de conflictos masivos, de desobediencia civil, en los que las iglesias sustituyeron en muchas ocasiones a los sindicatos como organizadores de las protestas. Inspiradas por las victorias logradas por los negros, a la lucha se sumaron con ardor cientos de miles de mujeres que articularon un nuevo lenguaje para describir la opresión que padecían, reclamaron el fin de la discriminación por sexo y traspasaron lo que hasta entonces parecían problemas personales al ámbito de la política. La campaña por la legalización del aborto fue el mejor ejemplo. Antes de 1970, el aborto era ilegal prácticamente en todos los estados. En 1973, tras agrias disputas y movilizaciones, una decisión del Tribunal Supremo garantizó el acceso de las mujeres al aborto en las primeras fases del embarazo (un derecho que tumbó, por cierto, en junio de 2022 el Tribunal Supremo, símbolo de los nuevos tiempos).

Los conflictos raciales y los grandes temas morales planteados por el feminismo y las luchas de las mujeres empujaron a muchos votantes a la derecha y al abstencionismo. En su campaña para la reelección de 1972, Richard Nixon, que había subido al poder con una estrecha victoria en 1968, señaló a los radicales, hippies, activistas negros y a las “madres del Estado del bienestar” como las causas de los problemas de Estados Unidos. Comenzó a configurarse una nueva derecha, que movilizó a quienes se sentían amenazados por los grandes cambios de los sesenta y percibían que los viejos valores –la familia, la religión y el patriotismo- estaban en peligro. La raza, el género, el feminismo, el aborto y la negativa a que los impuestos se utilizaran en grandes gastos sociales fueron sus principales caballos de batalla. Ronald Reagan ganó en 1980 el sur, donde habían basado su poder los demócratas, desde Franklin Delano Roosevelt a Johnson, pasando por John Fitzgerald Kennedy, y su abrumadora victoria acabó con más de una generación de control demócrata del Senado.

La raza y el género han importado e importan y mucho en Estados Unidos, en la sociedad y en la política. Todos sus presidentes, desde George Washington hasta que salió elegido Barack Obama, cuarenta y tres en más de doscientos años, fueron hombres y blancos. La elección de Obama el 4 de noviembre de 2008, sin embargo, no dejó atrás la parte más oscura del legado racista. Donald Trump derrotó en 2016 a Hillary Clinton y ahora busca volver al poder, envalentonado, revanchista y con una buena parte de la sociedad arrodillada ante su egolatría y burricie. Como enfrente tiene a una candidata, mujer y negra, exhibe ante ella todos sus prejuicios y fobias contra la raza, las luchas políticas y sociales de mujeres y la inmigración. 

La libertad y la dignidad para millones de mujeres y negros no pudieron ganarse sin un desafío fundamental a la distribución existente del poder. A Trump lo que le importa es negar la legitimidad electoral de su oponente, utilizar la mentira y el poder para poder gobernar sin límites, a caballo entre el posfascismo y el populismo demagógico. 

Hay quienes creen entre nosotros que da igual que sea presidente Trump que Harris. Como ha demostrado en diferentes ocasiones la historia del siglo XX y la más reciente, por ese camino relativista –“todo da igual”– se desmoviliza a una parte de la población, en ocasiones a la más indefensa y manipulable, y las democracias pueden convertirse en dictaduras plenas. Las elecciones desaparecen y la voluntad del líder se encarna en la del pueblo (del que ya no forman parte negros, seres inferiores, inmigrantes, disidentes o resistentes). La historia rima.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y Visiting Professor en la Central European University de Viena.

Hace 80 años. El 11 de enero de 1944, los ilustres fascistas Galeazzo Ciano, Giovanni Marinelli, el mariscal Emilio de Bono, Luciano Gottardi y Carlo Pareschi fueron ejecutados en Verona por orden de Benito Mussolini. 

Galeazzo Ciano, nacido en 1903, se había casado con Edda, la hija mayor del Duce, en abril de 1930 y, tras ser jefe de prensa de Mussolini y ministro de Proganda, pasó a ser el jefe de la diplomacia italiana el 11 de junio de 1936, cuando sólo tenía 33 años, una edad inusual para manejar la política exterior de una potencia europea. Ciano pertenecía a una nueva generación de líderes fascistas que no lucharon en la Primera Guerra Mundial, pero acompañó al Duce en su aventura imperial. Entre 1935 y 1939, Italia se metió en tres guerras sucesivas, en Etiopía, España y Albania. 

Ciano fue el máximo responsable, junto con su suegro, de las decisiones fundamentales que el régimen fascista tomó en esos años.  En julio de 1936, Mussolini atendió a la llamada urgente del general Franco para que le prestara ayuda aérea para pasar sus tropas desde el norte de África a la Península y poder continuar así la guerra causada por la insurrección militar contra el Gobierno de la República. La ambición de una expansión en el Mediterráneo a costa de Francia y la animadversión a los gobiernos de Frente Popular español y francés, llevaron a Italia a una guerra en la que empleó más de 70.000 hombres y una cantidad de recursos, armas y municiones que agravaron sus deficiencias militares y le reportaron escasas recompensas. La intervención en España, además, significó el primer paso de lo que iba a ser una fatal amistad con la Alemania nazi, que también ayudó a los militares rebeldes, sellada oficialmente en el pacto del Eje en octubre de 1936.

Cuando acabó la guerra en España, la situación internacional amenazaba con otra gran guerra para la que ni Italia, ni su población ni su ejército, como reconocía la cúpula dirigente fascista, estaban preparadas. Y así se lo hizo saber en varias ocasiones Mussolini a Adolf Hitler. 

Italia se mantuvo al principio al margen de la Segunda Guerra Mundial, que se inició en la mañana del 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por las tropas nazis, pero cuando los ejércitos alemanes avanzaron inexorablemente por los Países Bajos y Francia en la primavera de 1940, Mussolini le comunicó al general Pietro Badoglio, jefe del Estado Mayor, que la guerra la ganaría pronto Hitler y que Italia necesitaba “unos cuantos miles de muertos para poder asistir a la conferencia de paz como beligerante”. El 10 de junio entró en la guerra, una decisión a la que pocos ponían objeciones en ese momento.

La guerra resultó un absoluto desastre para Italia y, dos años después, todos los sectores de la vieja elite prefascista, que habían mantenido su poderosa presencia durante la dictadura, desde el rey al Vaticano, pasando por el ejército, temerosos de la derrota, prepararon la caída de Mussolini. Los mismos que le habían aupado al poder buscaban desde comienzos de 1943 la mejor forma de sacar a Italia de su aventura desastrosa en la Segunda Guerra Mundial y de poner fin a la fatal alianza con la Alemania de Hitler. Pocos dirigentes fascistas y compañeros de viaje de Mussolini creían ya en la victoria alemana y en la grandeza que esa victoria proporcionaría a Italia. La mayoría de ellos habían perdido el respeto al Duce, al dictador antes infalible, y tramaban la mejor forma de derrocarlo. El desembarco de las fuerzas aliadas en Sicilia, el 9 de julio de 1943, forzó el desenlace de la crisis.

Unos días después, en la noche del 24 al 25 de julio, se reunió el Gran Consejo, el principal órgano de decisión política del partido fascista que Mussolini había controlado siempre a su gusto. Un grupo de dirigentes, encabezados por Dino Grandi, Galeazzo Ciano y Guiseppe Bottai, querían romper con Alemania y propusieron devolver el mando militar al rey, Víctor Manuel III, lo que en la práctica significaba echar a Mussolini. Diecinueve miembros del Gran Consejo votaron a favor, siete en contra, uno se abstuvo y Roberto Farinacci defendió por su cuenta una alianza más estrecha con Alemania y la radicalización del fascismo italiano siguiendo el modelo alemán. “Caballeros, han abierto ustedes la crisis del régimen”, les dijo Mussolini tras conocer el resultado de la votación.

Informado de la decisión del Gran Consejo, el rey ordenó arrestar a Mussolini y lo sustituyó por un general de su confianza, Badoglio. Movilizados la policía y el ejército, los principales líderes fascistas aconsejaron a sus militantes obedecer al rey. En unas pocas horas, se había desmoronado una dictadura de veinte años. Con Mussolini detenido, el rey y el gobierno del general Badoglio acordaron la rendición con los negociadores aliados, hecha oficial el 8 de septiembre. Al día siguiente, huyeron de Roma, antes de que pudieran ser arrestados por los nazis. Los aliados invadieron Italia desde el sur y los alemanes ocuparon el centro y el norte del país. Durante los meses siguientes, hasta abril de 1945, el suelo italiano fue el escenario de dos guerras: una internacional entre los aliados y los alemanes y otra civil, entre los fascistas que apoyaban a los nazis y la resistencia antifascista que se extendió como la pólvora desde la caída del Duce.

Pero Mussolini no estaba muerto y la historia todavía le reservaba un papel protagonista en el final de aquel drama. Un comando de paracaidistas alemanes, liderado por Otto Skorzeny, lo liberó el 12 de septiembre de la prisión en la que se encontraba, en el monte Gran Sasso, a poco más cien kilómetros al nordeste de Roma, y lo trasladó en avión a Munich. Desde esa ciudad alemana, tras un breve encuentro con Hitler, anunció su decisión de castigar al rey y a los traidores del 25 de julio y proclamó la creación de un nuevo régimen fascista, la República Social Italiana, conocida también como la República de Salò, la pequeña ciudad del norte de Italia donde se instaló parte de su administración. 

De los diecinueve dirigentes fascistas que votaron la destitución de Mussolini, solo pudieron detener a seis. A Ciano lo entregaron a su suegro los alemanes, pero otros, los que realmente habían provocado la destitución de Mussolini, como Dino Grandi, Giuseppe Bottai y Luigi Federzoni, lograron escapar y sobrevivieron a la derrota del fascismo en 1945. 

Los seis capturados fueron juzgados en un proceso que comenzó en Verona el 8 de enero de 1944 y solo duró dos días. El tribunal condenó a cinco a la pena de muerte por delito de traición y a treinta años a Tulio Cianetti, quien había enviado una carta a Mussolini arrepintiéndose de su voto. Emilio de Bono, uno de los que habían encabezado la marcha sobre Roma, fascista y militar, jefe de policía en el momento del asesinato del diputado Giacomo Matteotti, ministro de Colonias entre 1929 y 1935, artífice, junto con Mussolini, de la invasión de Etiopía, estaba a punto de cumplir 78 años, pero eso no fue suficiente para cambiar la condena a muerte. Tampoco a Ciano pudo liberarle la relación familiar con Mussolini, la intercesión de Edda ante su padre, porque los alemanes pidieron la cabeza del hombre que ya decía públicamente, nada más empezar la guerra, que ojalá la ganara Inglaterra, lo cual significaría “la hegemonía del golf, el whisky y el confort”, y porque así lo pidió también su suegra Rachele, la esposa del Duce. 

Mussolini era entonces un dictador títere, al servicio de los nazis, que iba perdiendo poco a poco el control sobre el territorio italiano que supuestamente dominaba. La República de Salò ya no tenía el apoyo de los industriales, de la Iglesia, ni de la monarquía. Tampoco tenía ejército, ni países que la reconocieran. En marzo y abril de 1945, mientras los nazis llevaban a cabo negociaciones secretas con los aliados para la rendición, Mussolini buscaba infructuosamente establecer contactos con los británicos a través de la Iglesia católica. El 27 de abril de 1945 se unió a un convoy de soldados nazis que escapaban del avance aliado. Cuando los camiones fueron detenidos por un grupo de partisanos, descubrieron a Mussolini envuelto en una manta y disfrazado con uniforme alemán. El 28 fue ejecutado junto con su última amante, Clara Petacci, y al día siguiente sus cadáveres y los de otros célebres fascistas, como Roberto Farinacci o Achille Starace, fueron colgados cabeza abajo en la Piazzale Loreto de Milán.

El derrumbe del fascismo en Italia fue estrepitoso y antes de que Mussolini y miles de fascistas fueran asesinados durante los días de la liberación por las tropas aliadas y la resistencia, algunos ilustres dirigentes habían sido ya ejecutados por orden del Duce. Fueron fusilados de espaldas al pelotón, compuesto por voluntarios de la policía fascista de Verona, en el polígono de tiro de la fortaleza de San Procolo. La ejecución fue como “una matanza de cerdos”, según un testigo alemán, con los prisioneros agonizando tras varios disparos y el capitán de la ejecución, Nino Furlotti, rematándolos con tiros en la sien. Traición, venganza, muertes, así se fue del mundo aquel amplio grupo de despiadados que había liderado el Duce.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

Hubo un tiempo en que “mundo trastornado”, o “al revés”, tal y como lo utilizó el historiador Christopher Hill en uno de sus libros sobre la revolución inglesa del siglo XVII, significaba la subversión de la sociedad existente y de sus valores, un grito y deseo de que las cosas podían ser de otra forma, que el orden de los poderosos no era eterno y que existía, como sueño o utopía, otra alternativa.

El mundo, o los mundos en que vivimos, sin embargo, lo ha trastornado en la actualidad gente poderosa e influyente que trata de convencer a millones de ciudadanos de la bondad de sus intenciones. Y si se atiende a los resultados, parece que lo están consiguiendo.

Comencemos por arriba, por el todavía gran imperio. Tras cuatro años como presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump perdió las elecciones en noviembre de 2020, aunque no admitió la derrota, con el argumento de que los demócratas habían ganado gracias a un fraude electoral, y alentó a sus seguidores a participar en una insurrección que los llevó al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, un acto de rebeldía armada impensable en cualquier democracia. 

Desde entonces, Trump trató de convencer a quienes quisieran escucharlo, una gran multitud, de que el corrupto Joe Biden está apoyado por “lunáticos de extrema izquierda”, dispuestos a violar la Constitución y destruir Estados Unidos. Biden es una amenaza para la democracia, como lo es, según repiten sus más notables partidarios una y otra vez, toda la “progresía woke” —negros, feministas, intelectuales e izquierdistas— que está subvirtiendo el orden. Ya ven, el mundo al revés.

Hace unos días, la congresista republicana Elise Stefanik puso contra las cuerdas a las rectoras, tres mujeres, de las universidades de Pensilvania, Harvard y del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en una comparecencia en el Congreso. Allí tuvieron que escuchar que sus universidades, tres de las más prestigiosas del mundo por la calidad de la investigación y la docencia, están llenas de profesores “liberal”, es decir, izquierdistas, y Stefanik les acusó de ser cómplices de los estudiantes que llamaban en sus campus a “cometer un genocidio contra el pueblo judío”.

Las tres condenaron sin paliativos el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre, pero, ante la amenaza y realidad de que acaudalados donantes de esas instituciones académicas retiraran su millonaria financiación, la rectora de la Universidad de Pensilvania tuvo que dimitir y las otras dos continúan bajo presiones y acoso. Por el contrario, los crímenes de guerra cometidos por Israel contra los palestinos y los bombardeos y sitio de Gaza, que han desplazado a toda la población y matado y herido a miles, la mayoría mujeres y niños, se legitima como reacción justa al terrorismo. El mundo al revés.

Desde Estados Unidos comienza la correa de transmisión de la cultura de enfrentamiento que se abre paso por el mundo en medio de críticas, y falta de apoyo, a la democracia. En esa cruzada, desde Hungría a Argentina, pasando por Italia, Holanda o España, participan grupos neofascistas que no siempre son capaces de consolidar partidos políticos y nuevas organizaciones populistas y de ultraderecha. Centran sus discursos y acciones en una exaltación de la nación que excluye a inmigrantes y en una defensa de los valores familiares y religiosos, cristianos y occidentales, frente a feministas y la izquierda “adoctrinadora”.

No hay exaltación nacional sin reinvención de la historia. Para eso hay que recordar las luchas heroicas, los triunfos militares y las celebraciones de la grandeza nacional y dejar fuera de la enseñanza los pasados infames, sucios o que no se prestan a relatos fáciles. Putin es un gran maestro a la hora de invocar una historia fabricada y distorsionada, de mitos, y esas son las ideas que le permitieron iniciar una invasión y guerra en Ucrania, que dura ya casi dos años, con efectos devastadores. Ya no aparece a diario en los medios, pero la persecución, masacres, expulsiones y desplazamientos forzosos y masivos de población no han cesado.

En España, los historiadores que investigamos sobre la República, la guerra civil y la dictadura de Franco escuchamos y leemos a menudo que todos los relatos del pasado son subjetivos e igualmente válidos, estén basados solo en opiniones o en indagaciones detalladas y profundas que requieren de oficio y formación permanente.

Asistimos a una crisis de fe en el conocimiento. Y la derecha y la ultraderecha venden muy bien eso en diferentes países. Todo lo que trastoca las ideas consolidadas en su orden, procedan de la investigación histórica o del presente, hay que combatirlo. Controlan el poder económico y social, pero les molesta que otros accedan al gobierno, al poder político público que ofrece la democracia a través de las urnas. El mundo al revés.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

A la Guerra Civil española le siguió una larga paz incivil. La dictadura de Franco fue la única en Europa que emergió de una guerra civil, estableció un Estado represivo sobre las cenizas de esa guerra, persiguió sin respiro a sus oponentes y administró un cruel y amargo castigo a los vencidos hasta el final. Hubo otras dictaduras, fascistas o no, pero ninguna salió de una guerra civil. Y hubo otras guerras civiles, pero ninguna resultó de un golpe de Estado y ninguna provocó una salida reaccionaria tan violenta y duradera.

En la larga y sangrienta dictadura reside, en definitiva, la gran excepcionalidad de la historia de España del siglo xx si se compara con otros países europeos capitalistas. Es verdad que España, al contrario que en Finlandia y Grecia, países que sufrieron también guerras civiles en esa primera mitad del siglo, nunca pudo gozar del beneficio de una intervención democrática internacional que bloqueara la salida autoritaria tras el final de la guerra civil. Pero conviene destacar por encima de cualquier consideración el compromiso de los vencedores con la venganza, con la negación del perdón y la reconciliación, así como la voluntad de retener hasta el último momento posible el poder que les otorgaron las armas. Los militares, la Iglesia católica y Franco pusieron bastante difícil durante décadas la convivencia. Sus actitudes, y la de cientos de miles de personas que les apoyaron, hicieron de España, en efecto, un país diferente.

Los vencedores de la guerra decidieron durante años y años la suerte de los vencidos. El exterminio del contrario en la guerra dio paso a la centralización y control de la violencia por parte de la autoridad militar, un terror institucionalizado y amparado por la legislación represiva del nuevo Estado. Ese Estado de terror, continuación del Estado de guerra, transformó la sociedad española, destruyó familias enteras e inundó la vida cotidiana de prácticas coercitivas y de castigo. Como hemos demostrado en  diferentes investigaciones, la violencia fue la médula espinal de la dictadura de Franco.

Cayeron los fascismos y Franco siguió, aunque su dictadura tuvo que vivir unos años de ostracismo internacional. El 19 de junio de 1945, la conferencia fundacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), celebrada en San Francisco, aprobó una propuesta mexicana que vetaba expresamente el ingreso de España en el nuevo organismo. A ese veto siguieron diferentes condenas, el cierre de la frontera francesa o la retirada de embajadores, pero nunca llegaría lo que esperaban muchos republicanos en el exilio y en la propia España: que las potencias democráticas expulsaran a Franco por ser un sangriento dictador, elevado al poder con la ayuda de las armas de la Alemania nazi y de la Italia fascista.

En realidad, la España de Franco no tenía, ni podía tener, un papel central en la política internacional en esos años y, según Enrique Moradiellos, «las potencias democráticas, ante la alternativa de soportar a un Franco inofensivo o provocar en España una desestabilización política de incierto desenlace, resolvieron aguantar su presencia como mal menor e inevitable».

Además, por muy democráticas que fueran esas naciones, la dictadura de Franco siempre contó en el mundo con la simpatía y apoyo de amplios sectores católicos y conservadores. Luis Carrero Blanco, subsecretario de Presidencia, estaba convencido de que las grandes potencias occidentales capitalistas no tomarían ninguna medida enérgica, militar o económica contra una España católica y anticomunista. Se lo dijo a Franco en uno de los informes que le enviaba a menudo en aquellas difíciles fechas: «La única fórmula para nosotros no puede ser otra que: orden, unidad y aguantar». Treinta años más duró esa fórmula.

A la Segunda Guerra Mundial le sucedió pronto la «Guerra Fría», la confrontación no armada entre la Unión Soviética y Estados Unidos con sus respectivos aliados. El anticomunismo de Franco le hizo ganar enteros entre los militares norteamericanos, un reconocimiento plasmado en el Pacto de Madrid, firmado el 26 de septiembre de 1953, punto de partida de la notable ayuda económica y militar que Estados Unidos iba a proporcionar a España en los años siguientes.

Un mes antes, el Gobierno de Franco había conseguido firmar un nuevo Concordato con el Vaticano. Franco se apresuró a describir a España como «una de las grandes reservas espirituales del mundo». Con los militares, el apoyo de Estados Unidos y la bendición de la Santa Sede, la dictadura no peligraba. 

Quienes la habían resistido con las armas, los maquis o guerrilleros, habían sido derrotados, por si no lo estaban ya bastante antes de comenzar a luchar. El aparato de poder de la dictadura se mantuvo intacto, pese a que sufrió importantes desafíos desde comienzos de los años sesenta. La emigración interior, decisiva para el desarrollo de la economía española, llevó a las ciudades a varios millones de campesinos y jornaleros durante esa década. Con la industrialización y el crecimiento de las ciudades, las clases trabajadoras recuperaron, o refundaron, la huelga y la organización, los dos instrumentos de combate desterrados y eliminados por la victoria de 1939. El hambre y las condiciones miserables cedieron paso poco a poco a salarios mejorados por convenios colectivos y a la exigencia de libertades. Los cambios dentro del orden presidieron aquellos años dorados de Franco y de sus servidores.

El régimen de Franco, que cultivó el anticomunismo como ningún otro, apareció más atractivo a los ojos occidentales. Tras más de una década de miseria económica, a la dictadura se le ofreció su reinserción en el sistema capitalista occidental. Porque España constituía en esos años un campo perfectamente abonado para la penetración del capital extranjero. Con una clase obrera sometida y con una población mantenida bajo constante vigilancia política por Falange y por las fuerzas represivas, no resulta tan sorprendente que la economía española, estimulada por los créditos norteamericanos y por la fuerte expansión de la economía europea, comenzara a despegar de nuevo y alcanzara cotas de crecimiento hasta entonces desconocidas.

La profunda transformación de España en esa década de desarrollo de los sesenta generó la aparición de altos niveles de conflictividad que quebraban la tan elogiada paz de Franco. En 1973 el aumento de los conflictos fue espectacular, con la provincia de Barcelona a la cabeza de las huelgas, como en casi todo ese período. En realidad, desde 1971 hasta la muerte de Franco, los conflictos se extendieron por todas las grandes ciudades y se radicalizaron por la intervención represiva de los cuerpos policiales, cuyos disparos dejaban a menudo muertos y heridos en las huelgas y manifestaciones. La violencia policial llegaba también a las universidades, donde crecían las protestas y se multiplicaban las minúsculas organizaciones de extrema izquierda. La respuesta de las autoridades franquistas, con Carrero Blanco a la cabeza, fue siempre mano dura, represión y una confianza inquebrantable en las fuerzas armadas para controlar la situación.

El orden público fue una preocupación constante de Carrero Blanco desde el mismo momento en que se convirtió en consejero de Franco, aunque esa preocupación creció en los años finales cuando la proliferación de incidentes violentos deterioró la imagen creada de un régimen pacífico que mantenía siempre el orden. El día en que lo mataron, 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco iba a presentar un documento en la reunión de ministros en el que mostraba su obsesión por los grandes demonios de la España franquista, el comunismo y la masonería. Eran, como se había repetido machaconamente desde la victoria en la Guerra Civil, los grandes enemigos de España, infiltrados ahora, tras el desarrollo y la modernización, en la Iglesia y en las universidades, en las clases trabajadoras y en los medios de información. 

El asesinato de Carrero Blanco, presidente del Gobierno desde junio de ese año de 1973, aceleró la crisis interna de la dictadura. Cuando Franco murió, su dictadura se desmoronaba. La desbandada de los llamados reformistas o «aperturistas» en busca de una nueva identidad política era ya general. Muchos franquistas de siempre, poderosos o no, se convirtieron de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida. La mayoría de las encuestas realizadas en los últimos años de la dictadura mostraban un creciente apoyo a la democracia, aunque nada iba a ser fácil después de la dosis de autoritarismo que había impregnado la sociedad española durante tanto tiempo. 

Porque Franco aguantó administrando las rentas de esa inversión duradera que fue la represión, con leyes que mantuvieron los órganos jurisdiccionales especiales, con un ejército que, unido en torno a él, no presentaba fisuras, con la máscara que la Iglesia le proporcionó como refugio de su tiranía y crueldad y con el apoyo de amplios sectores sociales, desde los terratenientes e industriales a los propietarios rurales más pobres. Después llegarían los grandes desafíos generados por los cambios socioeconómicos y la racionalización del Estado y de la Administración, pero el aparato del poder político de la dictadura se mantuvo intacto, garantizados el orden y la unidad. Una Victoria de casi cuatro décadas.

Para decenas de miles de víctimas, la victoria de Franco en 1939 significó prisión, tortura, ejecuciones, campos de concentración y exilio. La ciencia y la cultura fueron destruidas o puestas al servicio de sus intereses y objetivos. Silenciando todo eso, el discurso de Vox insiste en que Franco fue el gran modernizador del país en el siglo XX, el campeón del desarrollismo. 

Son numerosas las pruebas existentes, evaluadas y contrastadas, de que toda esa modernización y desarrollo de la dictadura, con militares, falangistas y la Iglesia católica generando un culto sagrado a la personalidad de Franco, fueron obtenidas a un horroroso precio de sufrimiento humano y de costes sociales y culturales.  

Pero las mentiras y propaganda dicen otra cosa. En un pleno del Congreso de los Diputados el 14 de julio de 2022 en el que se debatía la Ley de Memoria Democrática, el diputado de Vox Francisco José Contreras declaró que durante la dictadura de Franco “hubo una verdadera reconciliación con gestos de concordia” como “el restablecimiento de los derechos a los vencidos” o la celebración de los 25 años de paz en 1964 “que no enfatizaba la victoria o la guerra”.

Da igual que historiadores, economistas y sociólogos hayan presentado sólidas y rigurosas pruebas de lo contrario, de que la guerra civil la provocó un violento golpe de Estado contra la República y de que esa guerra y la posterior dictadura fueron desastrosas para nuestra historia y para nuestra convivencia. No se trata, para Vox y los propagandistas que le suministran la materia prima de su discurso, de explicar la historia sino de enfrentar dos diferentes pasados de nuevo, dos formas de gritar sobre él, recordando unas cosas y olvidando otras, sacando a pasear otra vez las verdades franquistas, que son, como los mejores especialistas sobre ese período han demostrado, grandes mentiras históricas.

Cada vez que se ha tratado de gestionar desde la democracia ese pasado de violencia, represión y políticas de exclusión, el Partido Popular ha encontrado su excusa, desde Fraga y Aznar a Feijóo: “el ansiado olvido”. En ese terreno no compite con Vox ni contradice su versión. Para ellos, el pasado de la dictadura es incómodo y para quitárselo de encima, por si a otros les resulta sucio o infame, apelan al terror rojo durante la guerra o a que fue la República la que causó la guerra.  Por eso están tan interesados en que las políticas de gestión de historia y memoria de ese período desaparezcan, en derogar las leyes de memoria democrática, construir mitos simplificados a mayor gloria del poder y tierra y olvido para el resto.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

En 1973 la dictadura de Franco agonizaba, el salazarismo se consumía en Portugal con costosas guerras coloniales y Grecia vivía desde abril de 1967 el régimen de los Coroneles, un brutal período de persecución política, encarcelamientos y terror. 

Las de España y Portugal eran las dos únicas dictaduras en Europa que, nacidas durante la era del fascismo, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, fueron apoyadas por las democracias occidentales durante la Guerra Fría. Se perpetuaron desde finales de los años treinta como dictaduras represivas, criminales y torturadoras que incumplían las normas más elementales del llamado “derecho internacional”.

La revolución de abril de 1974 en Portugal; la caída, tres meses después, de la dictadura de los Coroneles en Grecia y la proximidad de la muerte de Franco obligaron a cambiar la retórica y la estrategia internacional de los países democráticos que habían apoyado durante décadas las políticas autoritarias en el Sur de Europa. Portugal y España –y en menor medida Grecia– habían constituido una anomalía fundamental, muy útil en la lucha y alianza contra el comunismo, aunque muy alejada de la supuesta superioridad política occidental.

Casi al mismo tiempo, sin embargo, tres golpes militares en el Cono Sur –27 de junio de 1973 en Uruguay; 11 de septiembre del mismo año en Chile; y 24 de marzo de 1976 en Argentina– inauguraron un período de terrorismo de Estado puro y duro, respaldado por la administración de Estados Unidos y con protagonismo destacado de la CIA, sin precedentes en la historia de intervencionismo militar tan persistente en América Latina. 

El golpe de Pinochet del 11 de septiembre de 1973 inició una dictadura de diecisiete años. Las Fuerzas Armadas se apropiaron del Estado y en una acción planificada de exterminio sembraron el país de asesinatos masivos, con decenas de miles de detenciones clandestinas. El proyecto socialista de Salvador Allende quedó arrasado. Además de todos los dirigentes del gobierno de Unidad Popular y de las organizaciones de izquierda, entre los asesinados y desaparecidos había obreros, estudiantes, intelectuales, profesionales, personas conocidas por su militancia política y social, pero también familiares, gente señalada por otros o mencionada en las largas sesiones de tortura en improvisados campos de concentración.

A esa dictadura, como a otras muchas, más o menos sangrientas, no le faltaron apoyos. Algunos de ellos naturales y previstos, como el del poder económico y financiero o el de la jerarquía de la Iglesia católica, que, salvo excepciones, como pasaría también en Argentina, bendijo la represión, la santificó y obtuvo a cambio importantes beneficios corporativos. Pero esos episodios de brutalización y barbarismo no hubieran sido posibles sin la adhesión y conformidad de amplios sectores de la población. Se instaló el miedo, silencio, complicidad y también una convicción de que el orden de la dictadura era preferible al “caos” y violencia anterior.

Pinochet aprendió muchas cosas de Franco. El dictador chileno, como antes había hecho el español, intentó imponer una visión histórica que legitimara la necesidad del golpe de Estado y lo presentara como salvador de la nación. Durante el largo período de su omnímodo poder, Pinochet festejó el 11 de septiembre en Chile como un mito fundacional de “salvación nacional” frente a la revolución marxista, al igual que Franco hizo con el 18 de julio. Esa versión oficial, establecida a partir del control de la educación, de la censura y de la persecución a quien se oponía públicamente, generó políticas de desinformación y de manipulación de la historia, muy difíciles de combatir durante la posterior transición a la democracia.

Después de miles de asesinatos y de la violación masiva de los derechos humanos, Pinochet gozó de amplios apoyos entre sus ciudadanos. Sobrevivió dieciséis años a su gobierno autoritario y su arresto en Londres, en octubre de 1998, abrió en Chile una profunda discusión sobre el pasado, en la que afloraron con toda su crudeza las historias y memorias enfrentadas de militares y de familiares de los desaparecidos y víctimas de la represión.

Decía el embajador estadounidense en Chile, en un cable confidencial enviado a Washington a comienzos de 2007, poco después de la muerte de Pinochet, que los chilenos miraban con menos rencor al pasado, a su dictadura, que los españoles a la de Franco. El comentario, aunque superficial y bastante inexacto, puede servir para introducir algunas observaciones sobre la forma en que son recordadas.

El legado de los crímenes de las dos dictaduras se abordó de forma muy diferente en los dos países. En España, tras la Ley de Amnistía aprobada el 15 de octubre de 1977, el Estado renunciaba a abrir en el futuro cualquier investigación judicial o a exigir responsabilidades contra “los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Bajo el recuerdo traumático de la guerra, interpretada como una especie de locura colectiva, con crímenes reprobables en los dos bandos, y el del miedo impuesto por la dictadura, nadie habló entonces de crear comisiones de la verdad que investigaran los miles de asesinatos y la sistemática violación de los derechos humanos practicada hasta el final por Franco y sus fuerzas armadas. 

En Chile, por el contrario, y pese a que la democracia –bajo la vigilancia y el corsé impuesto por el tirano todavía vivo– no pudo derogar la amnistía que se habían concedido los propios militares con la Ley de 1978, el primer presidente democrático, Patricio Aylwin, decidió establecer una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. No se podía llegar a la reconciliación nacional, pensó Aylwin, sin antes conocer y reconocer a los desaparecidos y víctimas de la violencia de las fuerzas armadas. Formada, bajo la presidencia del prestigioso jurista Raúl Rettig, por expertos en derechos humanos, pero también por partidarios de la dictadura como el historiador Gonzalo Vial Correa, la Comisión entregó su informe, de 1.350 páginas, el 8 de febrero de 1991, menos de un año después del encargo oficial.

El informe Rettig, interpretado por los militares chilenos como un ataque a su honor y dignidad, fue un hito en el proceso de reconstrucción de la democracia y de la memoria colectiva. En España, durante la transición y en la larga década posterior de Gobiernos socialistas, no hubo políticas de reparación, jurídica y moral, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. No sólo no se exigieron responsabilidades a los supuestos verdugos, tal y como marcaba la Ley de Amnistía, sino que tampoco se hizo nada por honrar a las víctimas y encontrar sus restos.

Existen numerosas pruebas incontrovertibles frente a aquellas políticas de exterminio. Y los cincuenta años del inicio de la dictadura de Pinochet nos lo vuelven a recordar. Y nos advierten de nuevo que, frente al olvido e indiferencia hacia los terrores organizados, solo caben políticas públicas de memoria basadas en archivos, museos y educación. Enseñar esa historia reciente y transmitir a los más jóvenes valores de tolerancia y libertad.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

El 15 de junio de 1977 dieciocho millones y medio de españoles mayores de 21 años, el 78,7 por ciento del censo, acudieron a votar en libertad. Muy pocos recordaban haberlo hecho antes. Habían pasado más de cuarenta años desde las últimas elecciones generales, las de febrero de 1936. De la treintena de partidos políticos que entonces habían obtenido escaños, sólo cuatro estarían representados en las Cortes de 1977: PSOE, PCE, PNV y Esquerra Republicana. 

La sociedad española de 1977 tenía muy poco que ver con la que existía antes de la guerra civil, aunque la memoria impuesta por el franquismo sobre aquel conflicto nunca dejó de estar presente en los años de la transición. Y la sociedad actual tampoco es heredera directa de aquel período de cambio, pero conviene recordar los resultados electorales de 1977 porque a partir de ellos comenzó a configurarse el sistema de partidos de la democracia y pueden sacarse enseñanzas importantes para el presente.

El triunfo en porcentaje de votos, 34,4 por ciento, y en número de escaños, 165, correspondió a la Unión de Centro Democrático (UCD), presidida por Adolfo Suárez. En realidad, era un «partido-archipiélago» constituido cinco semanas antes de las elecciones por quince organizaciones diferentes que, entre todas, no pasaban de los dos millares de afiliados, y por políticos de origen muy distinto, la mayoría procedentes de la dictadura. Los votos de la UCD procedían sobre todo de las zonas rurales y de las clases medias urbanas, del espacio que podía estar representado por el «franquismo sociológico». Suárez contó con el dominio de Televisión Española, que tan bien conocía, y con el control de los gobiernos civiles, las diputaciones y los ayuntamientos. Pero era el político mejor valorado en todas las encuestas de opinión pública, muchos le consideraban el hombre del Rey y le avalaba, en su deseo de ocupar el centro político, la trayectoria reformista y moderada de su Gobierno que había comenzado en julio de 1976.

En segundo lugar quedó el PSOE, con el 29,3 por ciento de los votos y 119 diputados. En diciembre de 1976, cuando celebró su XXVII Congreso, era un partido que no llegaba a los diez mil militantes, que no podía presumir de haber estado en la primera fila de la lucha antifranquista y que mantenía un programa marxista, anticapitalista y republicano. Sin embargo, más allá de las expresiones ideológicas y doctrinales, la actuación práctica de sus dirigentes, en especial de Felipe González, tuvo la habilidad y flexibilidad necesarias para adaptarse a las iniciativas reformistas del Gobierno, obtener respaldo internacional, absorber a otros grupos socialistas y conseguir el apoyo de la mayor parte de los electores de los núcleos urbanos e industriales que identificaban sus siglas con la apuesta por la libertad y las transformaciones sociales.

A la izquierda del PSOE, el PCE obtuvo el 9,3 por ciento de los votos y 19 escaños, unos pobres resultados si se tienen en cuenta sus expectativas de partida, con una clara hegemonía en el mundo sindical y universitario, y que habrían sido mucho peores todavía de no ser por la sólida implantación del PSUC en Cataluña. Frente a la imagen renovadora que ofrecían los jóvenes dirigentes socialistas, sin vinculación con la generación de la Guerra Civil, la veterana dirección comunista parecía anclada en el pasado, sin un programa realista basado en los problemas generales de la sociedad, cada vez más alejada de las preocupaciones y los intereses de sus bases sociales, de los militantes de calle.

A la derecha de la UCD quedó Alianza Popular, el partido fundado por Fraga para agrupar a las figuras más caracterizadas del régimen franquista. AP consiguió el 8,8 por ciento de los sufragios y 16 diputados. De ellos, 13 habían sido ministros de Franco. El propio Arias Navarro fue presentado como candidato al Senado por Madrid. Era la imagen del pasado, que conjugaba mal con las expectativas democráticas despertadas durante la campaña electoral, un lastre demasiado pesado para que el talante temperamental de Fraga pudiera competir con la imagen moderna y abierta que ofrecía Suárez.

Las elecciones barrieron al resto de las siglas políticas, la famosa sopa de letras, incluidas todas las organizaciones de extrema izquierda que acudieron por separado, con la salvedad de los nacionalistas catalanes y vascos. El Pacte Democràtic per Catalunya de Jordi Puyol consiguió el 2,8 por ciento de los votos y 11 diputados, y el PNV alcanzó el 1,7 por ciento de los votos y 8 diputados. El problema más importante para el Gobierno iba a ser la situación del País Vasco. En Cataluña, aunque la UCD era sólo la cuarta fuerza política, podía pensar en futuros acuerdos con sectores moderados amplios como los que representaba Pujol y con una figura como Tarradellas, que tenía en sus manos la legitimidad histórica de la presidencia de la Generalitat en el exilio. Sin embargo, en el País Vasco la UCD no pudo presentar una candidatura en Guipúzcoa, y pagó el error político de Suárez de no haber querido legalizar la ikurriña ni restituir los conciertos forales de Vizcaya y Guipúzcoa. Ferran Gallego ha señalado con acierto que el problema vasco se «enquistó» desde el inicio mismo de la transición. El único problema no era el terrorismo de ETA, que cometió 28 asesinatos a lo largo de 1977. El Gobierno de Suárez perdió la iniciativa en un escenario de movilizaciones sociales permanentes, reivindicaciones laborales, demandas de amnistía y autonomía y episodios de brutalidad de las fuerzas del orden, y ya no volvería a recuperarla. 

La notable presencia en las Cortes de los partidos nacionalistas se debió en parte al sistema electoral, que sobrerrepresentaba los votos concentrados en una misma circunscripción. Pero los partidos más beneficiados fueron, sin duda, la UCD y el PSOE, que con el 63 por ciento de los votos populares acumularon el 86 por ciento de los escaños, una acusada desviación debida a los severos mecanismos de corrección del criterio de proporcionalidad. Una parte muy importante del apoyo social obtenido por el resto de los partidos de ámbito nacional que consiguieron escaños, el PCE, AP y el PSP, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, quedó sin representación por no obtener el porcentaje provincial mínimo necesario. 

Los diputados asignados a cada circunscripción privilegiaban el voto de las provincias pequeñas —para ser diputado en Barcelona o en Madrid había que tener cien mil votos más que en Soria, por ejemplo— y el sistema de recuento D’Hont favorecía la formación de mayorías. Las medidas electorales adoptadas entonces con carácter provisional tomaron cuerpo y se asentaron como normas inamovibles que ayudaban claramente a los grandes partidos, bien estructurados y financiados y disciplinados en torno a las listas cerradas. 

Las elecciones generales celebradas en marzo de 1979 no variaron en lo esencial el mapa político español. La UCD volvió a ganar, Suárez formó un nuevo Gabinete sin mayoría absoluta en las Cortes y el PSOE, reforzado por la absorción del PSP, se afianzó como la fuerza principal de la oposición y la única alternativa de gobierno. Tampoco hubo sorpresas en las elecciones municipales del mes de abril, las primeras en España desde la Segunda República, que renovaron las elites políticas locales y permitieron el acceso al poder de la izquierda en las grandes ciudades gracias a los pactos de socialistas y comunistas. 

La transición comenzó, y se consolidó en la democracia, con una cultura política heredada del franquismo, que había impuesto la desconfianza hacia las luchas partidistas y el descrédito de las instituciones. El sistema de representación que se puso en marcha estaba basado en partidos de estructuras rígidas y listas cerradas que ayudaban poco a la afiliación y a la participación de la sociedad civil. 

A ese modelo de «bipartidismo imperfecto» hemos vuelto en la actualidad. Los grupos a la izquierda del PSOE no tienen otra opción que ir a las urnas unidos en coalición. Y el PP, como le pasó a UCD, tendrá muy difícil gobernar como un partido nacional/español si mantiene su actual escasa presencia en Cataluña y el País Vasco. Enseñanzas de la historia.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y autor, junto a Carlos Gil Andrés, de Historia de España en el siglo XX.

La Segunda República llegó en abril de 1931 de forma pacífica, con celebraciones populares en la calle y un ambiente festivo donde se combinaban esperanzas revolucionarias con deseos de reforma y cambio. 

No hay una respuesta simple a la pregunta de por qué del clima de euforia y de esperanza de 1931 se pasó a la guerra cruel y de extermino de 1936. Los historiadores hemos indagado en los hechos más relevantes, hemos sacado a la luz fuentes inéditas e historias ocultas, hemos proporcionado una lectura caleidoscópica de aquellos años, confirmada en investigaciones, revisiones y debates historiográficos. 

Pero ese conocimiento sólido es despreciado una y otra vez en un país en el que la propaganda y la opinión sobre la Segunda República siempre han pesado más que las enseñanzas en las escuelas. Vivimos un proceso de invención y apropiación del pasado donde se recurre sistemáticamente a la mentira, la distorsión o el falseamiento. Las mentiras, una vez instaladas, son fáciles de creer y reproducir, aunque puedan contrarrestarse desde los archivos, la investigación, la erudición, el análisis y la divulgación precisa de los conocimientos. 

Estas son tres de las más grandes e influyentes falsedades:

En realidad…

En poco más de un año, el período que corrió desde la caída del dictador Miguel Primo de Rivera, 26 de enero de 1930, a la salida del rey, 14 de abril de 1931, la hostilidad frente a la Monarquía se extendió como un huracán imparable por mítines y manifestaciones por toda España.

Según Miguel Maura, “la Monarquía se había suicidado” y por eso él, hijo de Antonio Maura, antiguo líder de los conservadores monárquicos, había decidido “incorporarse” a la República casi un año antes de su proclamación, tal y como anunció en una conferencia en el Ateneo de San Sebastián el 20 de febrero de 1930. A Maura le acompañaron otros ilustres monárquicos, que percibieron que era mejor defender dentro de la República “los principios conservadores legítimos”, antes que dejar el “campo libre” a los partidos de izquierda y a las organizaciones obreras. 1930 fue un año de abandonos sonados, de distanciamiento de políticos hasta entonces fieles a la Corona. José Sánchez Guerra, antiguo jefe del Partido Conservador, dio ese paso también en febrero, unos días después de Miguel Maura. Niceto Alcalá Zamora, ex ministro liberal con Alfonso XIII, lo hizo en abril.

La convocatoria de elecciones municipales para el 12 de abril de 1931 cogió a la derecha conservadora y liberal, a los partidos de siempre, completamente desorganizados y a la extrema derecha, a los fieles al dictador caído, en proceso de rearme y sin capacidad para movilizar todavía a las fuerzas contrarrevolucionarias, aunque lo intentaron con la creación en julio de 1930 de Unión Monárquica Nacional, un remedo de la Unión Patriótica de la Dictadura, en el que estaban algunos ex ministros, como el conde de Guadalhorce o José Calvo Sotelo, el intelectual Ramiro de Maeztu y hasta el propio hijo del dictador, José Antonio Primo de Rivera. La vieja política agonizaba y el nuevo autoritarismo no encontraba todavía su lugar.

Los monárquicos pensaron hasta el último momento que iban a ganar las elecciones, confiados en el manejo de la maquinaria gubernamental. Por eso mostraron su “consternación” y “sorpresa” cuando muy pronto supieron que los republicanos habían vencido en la mayoría de las capitales de provincia, en 41 de 50. Sólo Juan de la Cierva propuso recurrir a las armas para evitar la quiebra de la Monarquía. Pero los demás ministros, encabezados por Romanones, reconocieron la derrota. Aznar dimitió la noche del 13. Al día siguiente, muchos municipios proclamaron la República. Alcalá Zamora exigió al rey que abandonara el país. Lo hizo desde Cartagena y cuando llegó a París declaró que la República era “una tormenta que pasará rápidamente”.

A la Monarquía española no la derrumbó una guerra, como a los grandes imperios monárquicos derrotados en 1918, sino su incapacidad para ofrecer a los españoles una transición desde un régimen oligárquico y caciquil a otro reformista y democrático. La caída de la Dictadura de Primo de Rivera generó un proceso de radicalización política y un auge del republicanismo. En esa movilización por la República confluyeron viejos conservadores que decidieron abandonar al rey, republicanos de toda la vida, republicanos nuevos, socialistas convencidos de que tenían que influir en el movimiento desde dentro y destacados intelectuales. Todos juntos sellaron el compromiso de preparar el fin de la Monarquía y de traer la República en un momento en el que al rey le fallaron todos sus apoyos sociales e institucionales.

En realidad….

Se suele repetir a menudo que los gobiernos de la República fueron débiles y, siguiendo las cuentas y el argumento que estableció hace ya años Juan Linz, que hubo cambios de gobiernos cada 101 días. Pero esa valoración no se ajusta a la realidad por lo que respecta al primer bienio. Azaña formó su primer Gobierno constitucional, con republicanos de izquierda y socialistas, el 15 de diciembre de 1931, que duró, sin ninguna crisis, hasta el 8 de junio de 1933 y, tras volver a la presidencia cuatro días después, se mantuvo en el cargo hasta el 8 de septiembre de ese mismo año. Los gobiernos que presidió el Partido Radical tras las elecciones de 1933 no llegaron a tres meses de promedio de vida y desde septiembre de 1933 a diciembre de 1935 hubo doce gobiernos y se turnaron cinco presidentes con 58 ministros.

Frente a las reformas republicanas y frente al lenguaje y prácticas revolucionarias, el antirrepublicanismo, las posiciones antidemocráticas y la contrarrevolución crecieron a palmos y no sólo entre los sectores más influyentes de la sociedad como los hombres de negocios, los industriales, los terratenientes, la Iglesia o el Ejército. 

Caída la Monarquía, tras los primeros meses de desorganización de las fuerzas de la derecha, el catolicismo político irrumpió como un vendaval en el escenario republicano. El estrecho vínculo entre religión y propiedad se manifestó en la movilización de cientos de miles de labradores católicos, de propietarios pobres y “muy pobres” y en el control casi absoluto por parte de los terratenientes de organizaciones que se suponían creadas para mejorar los intereses de esos labradores.

Dominada por grandes terratenientes, sectores profesionales urbanos y muchos ex carlistas que habían evolucionado hacia el “accidentalismo”, la CEDA, el primer partido de masas de la historia de la derecha española, se propuso defender la “civilización cristiana”, combatir la legislación “sectaria” de la República y “revisar” la Constitución. 

Cuando esa “revisión” de la República en un sentido corporativo y autoritario no fue posible efectuarla a través de la conquista del poder por medios parlamentarios, sus dirigentes, afiliados y votantes comenzaron a pensar en métodos violentos. Sus juventudes y los partidos monárquicos ya habían emprendido la vía de la fascistización bastante antes. A partir de la derrota electoral de febrero de 1936, todos captaron el mensaje, sumaron sus esfuerzos para conseguir la desestabilización de la República y se apresuraron a adherirse al golpe militar. 

El hundimiento del Partido Radical tras el escándalo del estraperlo dejó a la República sin centro político. No había derecha liberal y no se podía contar con las masas católicas para las reformas, por muy moderadas que esas fueran. Lo intentó Giménez Fernández con la política agraria y sólo duro medio año en el Ministerio de Agricultura, acusado por sus propios compañeros de partido “bolchevique blanco”. El año que la CEDA estuvo en el Gobierno, con esa coalición de republicanos de centro y derecha no republicana, es decir, de clases medias, burguesía terrateniente y campesinos propietarios, fue el más inestable de la República. Y eso que la mayoría de los sindicatos obreros estaban cerrados y una buena parte de la oposición socialista y de republicanos de izquierda en la cárcel. La República, por lo tanto, no pudo consolidarse desde arriba, fundamentalmente porque esos grupos no creían en ella y la coalición de Gobierno del segundo bienio se desintegró. En los primeros meses de 1936, el espacio político de la CEDA lo comenzaron a ocupar las fuerzas extraparlamentarias y antisistema de la extrema derecha.

En realidad….

Lo que ocurrió en Asturias en octubre de 1934 fue un auténtico conato de revolución social. La insurrección comenzó en la noche del 5 al 6 de octubre cuando varios miles de militantes de las organizaciones sindicales ocuparon los puestos de la Guardia Civil de la cuenca minera, controlaron Avilés y Gijón, se apoderaron de la fábrica de cañones de Trubia y llegaron a ocupar el centro de Oviedo. Allí hubo enconadas luchas entre las fuerzas del orden y los revolucionarios en torno al Gobierno Civil, la Telefónica y la catedral. El comité regional de la Alianza obrera, dirigido por el socialista Ramón González Peña, coordinó a los numerosos comités locales que surgían en los diferentes pueblos y trató de dirigir el “orden revolucionario”. Se puso en marcha un rápido control de los servicios públicos y del transporte, de abastecimientos de las localidades sitiadas, se llegó en algunos sitios a suprimir la moneda oficial y aparecieron las primeras manifestaciones de violencia contra propietarios, gente de orden y el clero.

Para sofocar la rebelión, el Gobierno tuvo que recurrir a la Legión y a las tropas de Regulares de Marruecos. El ministro de la Guerra, el radical Diego Hidalgo, prescindió del jefe del Estado Mayor Central, el general Carlos Masquelet, y escogió al general Franco, con quien había asistido recientemente a unas maniobras militares en León, para coordinar las operaciones militares y la represión, lo cual convirtió a Franco durante unos días en el auténtico ministro de la Guerra.

Frente a la violencia revolucionaria, hubo también ejecuciones sumarias bajo la ley marcial. El balance más aproximado de víctimas da 1.100 muertos entre los que apoyaron la insurrección, unos 2.000 heridos y unos 300 muertos de las fuerzas de seguridad y del Ejército. En la represión inmediata, cientos de prisioneros fueron sometidos a palizas y torturas, un método en el que destacó el comandante de la Guardia Civil Lisardo Doval, quien impuso un auténtico terror policial hasta que fue destituido en diciembre.

Con esa insurrección, los socialistas demostraron idéntico repudio del sistema institucional representativo que habían practicado los anarquistas en los años anteriores. El mismo anuncio de la revolución, condicionado a la entrada de la CEDA en el Gobierno, fue un método de coacción contra la legítima autoridad política establecida. Los socialistas, independientemente de las circunstancias que se aduzcan para su radicalización, rompieron con el proceso democrático y con el sistema parlamentario como método de presión para reconducir la política.

Plantear, sin embargo, que con la insurrección de octubre se rompió cualquier posibilidad de convivencia constitucional en España, “preludio” o “primera batalla” de la guerra civil, es situar a una insurrección obrera, derrotada y reprimida por el orden republicano, en el mismo plano que una sublevación militar ejecutada por las fuerzas armadas del Estado. La República siempre reprimió las insurrecciones e impuso el orden legítimo frente a ellas. Tanto anarquistas como socialistas abandonaron después de octubre de 1934 la vía insurreccional y las posibilidades de volver a intentarlo en 1936 eran prácticamente nulas, con sus organizaciones escindidas y muy debilitadas. A la derecha no republicana, sin embargo, octubre de 1934 le enseñó el camino. Siempre le quedaba el Ejército, la “columna vertebral de la Patria”, como la llamó por esos días José Calvo Sotelo.

Esa grave alteración del orden, como lo habían sido las insurrecciones anarquistas de 1932 y 1933 y la rebelión del general Sanjurjo en agosto de 1932, hicieron mucho más difícil la supervivencia de la República y del sistema parlamentario, demostraron que hubo un recurso habitual a la violencia por parte de algunos sectores de la izquierda, de los militares y de los guardianes del orden tradicional, pero no causaron el final de la República ni mucho menos el inicio de la guerra civil. Porque mientras las fuerzas armadas y de seguridad de la República se mantuvieron unidas y fieles al régimen, los movimientos insurreccionales acabaron sofocados fácilmente, aunque fuera con un coste alto de sangre. 

En los primeros meses de 1936, la vía insurreccional de la izquierda, tanto anarquista como socialista, estaba agotada, como había ocurrido también en otros países, y las organizaciones sindicales estaban más lejos de poder promover una revolución que en 1934. Había habido elecciones en febrero, en las que la CEDA, como los demás partidos, puso todos sus medios, que eran muchos, para ganarlas y existía un Gobierno que emprendía de nuevo el camino de las reformas, con una sociedad, eso sí, más fragmentada y con la convivencia más deteriorada. El sistema político, por supuesto, no estaba consolidado y, como pasaba en todos los países europeos, posiblemente con la excepción de Gran Bretaña, el rechazo de la democracia liberal a favor del autoritarismo avanzaba a pasos agigantados. 

Nada de eso, sin embargo, conducía necesariamente a una guerra civil. Ésta empezó porque una sublevación militar debilitó y socavó la capacidad del Estado y del Gobierno republicano para mantener el orden. El golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro, desde el propio seno de sus mecanismos de defensa, los grupos militares que rompieron el juramento de lealtad a ese régimen en julio de 1936. La división del Ejército y de las fuerzas de seguridad impidió el triunfo de la rebelión, el logro de su principal objetivo: hacerse rápidamente con el poder. Pero al minar decisivamente la capacidad del Gobierno para mantener el orden, ese golpe de Estado dio paso a la violencia abierta, sin precedentes, de los grupos que lo apoyaron y de los que se oponían. En ese momento, y no en octubre de 1934 o en la primavera de 1936, comenzó la guerra civil.

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Julián Casanova, historiador, es actualmente distinguished professor en el Weiser Center for Europe and Eurasia de la University of Michigan.

Escribo con frecuencia —en el ámbito académico, en medios de comunicación y en redes sociales— sobre la violencia durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco y sobre las diferentes manifestaciones violencia en la Europa del siglo XX. Son los conocimientos que he adquirido como consecuencia de la investigación sobre esos temas durante las últimas cuatro décadas.

Al difundir esos conocimientos me encuentro a menudo con respuestas que me recuerdan, venga o no a cuento, el anticlericalismo, la matanza del clero y sobre todo las violaciones de monjas durante la Guerra Civil. Como si fuera un fenómeno oculto, que los historiadores evitamos transmitir, cuando en realidad hemos escrito y hablado de él sin cesar.

Una cosa parece indiscutible, confirmada por todas las investigaciones: el clero y las cosas sagradas constituyeron el primer objetivo de las iras populares, de quienes participaron en la derrota de los sublevados y de quienes protagonizaron la "limpieza" emprendida en el verano de 1936. No hubo que esperar órdenes de nadie para lanzarse a la acción.

El castigo fue de dimensiones ingentes, devastador, en aquellas comarcas donde la derrota del golpe militar abrió un proceso revolucionario súbito y destructor. No hay que dar muchas vueltas para hacer balance: más de 6.800 eclesiásticos, del clero secular y regular, fueron asesinados; una buena parte de las iglesias, ermitas, santuarios fueron incendiados o sufrieron saqueos y profanaciones, con sus objetos de arte y culto destruidos total o parcialmente. Tampoco se libraron de la acción anticlerical los cementerios y lugares de enterramiento, donde abundaron la profanación de tumbas de sacerdotes y la exhumación de restos óseos de frailes y monjas.

A los clérigos se les representaba siempre en los grabados de la prensa anticlerical gordos y lustrosos, rodeados de sacos de dinero que escondían mientras pedían limosna. Y ya en la Guerra Civil, en la arremetida anticlerical del verano de 1936, los mismos milicianos y grupos armados que se llevaban a los obispos para asesinarlos, asaltaban sus palacios episcopales en busca de las grandes fortunas que se suponía tenían en ellos ocultas.

Pero el tema preferido de los periódicos y revistas anticlericales, como ya mostró hace tiempo José Alvárez Junco, era la vida sexual de los clérigos, a quienes se atribuía una conducta "antinatural", unas veces por defecto, que les llevaba a todo tipo de "aberraciones", o la mayoría de ellas por exceso.

La cosa podrá sorprender hoy a muchos, de difícil comprensión si sólo se interpreta el anticlericalismo como un ataque al poder político e influencia social del clero. La historia dice, sin embargo, que en los asaltos a los conventos durante la Semana Trágica y casi treinta años después, durante la Guerra Civil, la muchedumbre mostraba una morbosa curiosidad por las tumbas de frailes y monjas, donde seguro que ocultaban, según se suponía, fetos o sofisticados artilugios pornográficos.

La virginidad de por vida, libremente escogida, era un fenómeno peculiar del catolicismo, tanto para las mujeres como para los hombres, aunque muchas más mujeres que hombres elegían ese camino. Pese a que las cifras de las diferentes fuentes no coinciden, había en España en 1931 unos 115.000 clérigos, en una población que no llegaba a los 23 millones. De ellos, casi 60.000 eran religiosas, 35.000 sacerdotes diocesanos y 15.000 religiosos. En cualquier caso, el número de monjas era tres veces superior al de religiosos y superior también a la suma de religiosos y sacerdotes diocesanos.

La hostilidad hacia las monjas se plasmaba en el mismo terreno que la crítica al clero en general, empezando por el control de la enseñanza como poderoso instrumento de reproducción cultural del catolicismo, pero se subrayaba todavía más en ellas ese elemento "antinatural" de renuncia al sexo y a la maternidad.

Tenía que haber algo de engaño y coacción para que jovencitas de catorce o quince años entrasen como prenovicias en los conventos. Ese era el mensaje de Electra, la pieza teatral de Benito Pérez Galdós, cuya representación provocó importantes manifestaciones en algunas ciudades españolas en 1901. Electra estaba basada además en un caso legal contemporáneo en el que los padres de una joven que había entrado en un convento denunciaban que no podía tratarse de una elección libre. Y sintonizaba perfectamente con la noción popular de que el celibato no era normal.

De ahí también el éxito del famoso artículo de Lerroux escrito en 1906, con su famosa y repetida frase: "alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres".

El ritual de desenterrar cuerpos de monjas se repitió abundantemente en las jornadas de violencia anticlerical y revolucionaria del verano de 1936. Pero el número de monjas asesinadas fue infinitamente menor que el de frailes y sacerdotes. Y pese a todos los tópicos e imágenes convencionales sobre el asunto, la incitación a violar mojas que Lerroux había hecho treinta años antes no tuvo en 1936 seguidores.

Según el estudio que el obispo Antonio Montero Moreno publicó en 1961, principal referente de autoridad por lo que respecta a las cifras, fueron asesinadas en toda España 283 monjas. Muchas, si de lo que se trata es de argumentar que no hubiera tenido que haber ninguna que sufriera ese martirio. Pero muy pocas si se compara con los 4.184 sacerdotes diocesanos y los 2.365 religiosos que corrieron esa fatal suerte. Todo eso a partir de la sublevación militar de julio de 1936, porque no se había asesinado a ningún miembro del clero en la Semana Trágica de Barcelona de 1909 o en la quema de conventos de mayo de 1931. Y en la revolución de 1934 en Asturias, donde 34 seminaristas y sacerdotes fueron asesinados, tampoco había ninguna monja entre las víctimas.

Hay datos sorprendentes en todo ese asunto. Por ejemplo, en las zonas de dominio anarquista dejaron casi siempre vivas a las monjas, aunque se las obligó a abandonar los conventos y los hábitos, destinándolas a la asistencia social o a la servidumbre. El caso de la diócesis de Barbastro, tierra de paso de las milicias anarquistas procedentes de Cataluña, es harto elocuente. De los 140 curas incardinados en esa diócesis, 123 (nada menos que el 87,8 por ciento) fueron asesinados. Igual destino sufrieron 51 claretianos, 18 benedictinos y 9 escolapios, cifras que colocan a la diócesis de Barbastro como la más castigada de España si se pone en relación el clero incardinado con el asesinado. A ninguna religiosa se le infligió el mismo castigo.

En Cataluña, donde tanto abundaron las matanzas colectivas de frailes, asesinaron a 50 religiosas. Para encontrar a monjas asesinadas en grupos hay que viajar al País Valenciano y sobre todo a Madrid y en ambos casos los asesinatos en masa ocurrieron en noviembre de 1936, cuando en el resto de la España republicana había ya cesado el terror "caliente" contra el clero. La matanza más numerosa, según la investigación de Antonio Montero, ocurrió en la madrugada del 10 de noviembre de 1936, cuando 23 religiosas adoratrices fueron fusiladas junto a las tapias del cementerio madrileño del Este.

Da la impresión, por lo tanto, de que había razones específicas para respetar más la vida de las monjas que la de los frailes o curas. Estaría, en primer lugar, esa sospecha de que las mujeres jóvenes ingresaban en los conventos bajo coacción, presionadas por los confesores, hombres, jesuitas decía Lerroux, que en verdad eran quienes tenían la capacidad de manejar el poder político y conectar con los grupos oligárquicos de influencia económica y social. En el "imaginario colectivo" anticlerical, y en la realidad, las monjas estaban menos politizadas que los clérigos varones. Ellas no eran "culpables"; los curas y frailes, sí.

La sociedad española del primer tercio del siglo XX ofrecía muy pocas oportunidades a las mujeres en el plano profesional y familiar y las órdenes religiosas acabaron siendo también, pese a sus restricciones sexuales y sociales, una alternativa a la marginación en la vida diaria. El crecimiento mayor de las congregaciones femeninas respecto a las masculinas ocurría además, como indica Frances Lannon, "en las comunidades activas más que en las contemplativas, de manera que la Iglesia podía apelar a miles de monjas que eran profesoras, enfermeras y trabajadoras sociales, para formar parte de sus redes en la sociedad española". No parece casualidad carente de significado que las Hermanitas de los Pobres salieran ilesas de la persecución y que lo que se criticaba de las monjas en las publicaciones anticlericales era que quitaran esa labor social, asistencial y educativa a mujeres obreras "normales", que sí sabían "lo que es cariño de madre".

Liberar a las monjas, matar a los curas y frailes y prender fuego a los edificios religiosos. Eso es lo que se hizo en el verano de 1936, cuando la explosión revolucionaria puso en representación única y definitiva lo que en oleadas anticlericales anteriores se había ensayado.

La religión católica y el anticlericalismo se sumaron con ardor a la batalla que sobre temas fundamentales relacionados con la organización de la sociedad y del Estado se estaba librando en territorio español. La religión fue desde el principio muy útil para la causa internacional de Franco. Para muchas personas, incluidas las incrédulas, significó una profunda conmoción en sus hábitos y en su percepción del orden social.

El anticlericalismo violento que estalló con la sublevación militar no aportó, sin embargo, beneficio alguno a la causa republicana. Esas manifestaciones de anticlericalismo fueron narradas y difundidas, en España y más allá de los Pirineos y de los mares, con todo lujo de detalles, ilustradas a menudo con fotografías macabras y espeluznantes, constituyendo el símbolo por excelencia del "terror rojo".

La Guerra Civil adquirió así una dimensión religiosa que condenó al anticlericalismo a pasar a la historia como una ideología y práctica negativas y no como un importante fenómeno de la historia cultural, con su visión particular de la verdad, de la sociedad y de la libertad humanas. Todos los partidarios de la República derrotada se vieron obligados a ponerse a la defensiva en el tema religioso, aunque sabían lo importante que había sido la batalla por la enseñanza, por la creación de una burocracia laica y por someter a las órdenes religiosas a la legislación de asociaciones civiles. Todo se lo engulló el saldo mortal que el anticlericalismo había dejado, los 6.832 clérigos asesinados, quienes tuvieron un recuerdo constante de su martirio, en decenas de lugares de memoria.

La Iglesia católica, para justificar su implicación en la violenta represión de los militares, falangistas y Franco durante la guerra y la posguerra, necesitó mucha retórica, la construcción de varios mitos y el constante recuerdo del martirio sufrido por el clero. El tópico de las matanzas y violaciones de monjas es el más repetido por quienes nunca han leído una investigación sería sobre ese asunto. Y de paso que se enteren las feministas, suelen decir.

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Julián Casanova, historiador, Distinguished Professor en el Weiser Center for Europe and Eurasia de la University of Michigan.

Cuando António de Oliveira Salazar y Francisco Franco llevaban ya décadas en el poder como únicos ejemplos de dictaduras derechistas anticomunistas en Europa, un golpe de Estado en Grecia, en abril de 1967, inauguró un brutal período de siete años de persecución política, encarcelamientos y terror. Sus jefes eran los coroneles Georgios Papadopoulos, Nikolaos Makarezos y el general de brigada Stilianos Pattakos.

A esa dictadura se la llamó la Junta o el Régimen de los Coroneles. Sus principales miembros fueron oficiales procedentes de familias de clase baja que habían conseguido ascender a través de las fuerzas armadas. Muchos de ellos habían servido o eran en ese momento colaboradores activos de los servicios de inteligencia y algunos habían recibido entrenamiento en Estados Unidos. Y lo que parece más importante para comprender los resultados violentos de su asalto al poder, la mayoría de los golpistas habían participado en acciones derechistas paraestatales.

Papadopoulos, cabeza visible de la insurrección, había sido el líder de la Unión de Jóvenes Oficiales, un grupo nacionalista, anticomunista y antidemocrático. Varios grupos dentro del ejército —incluido el general Giorgios Spandakis— estaban conspirando con el rey Constantino II para echar abajo el sistema parlamentario democrático. Los coroneles formaban parte de ese grupo y, temerosos de perder el puesto si era descubierta su conspiración, golpearon ellos primero.

Tras el final de la última fase de la guerra civil y el levantamiento de la ley marcial, en Grecia se celebraron elecciones en marzo de 1952, donde incluso los socialistas tuvieron oportunidad de participar. La Grecia de posguerra se basó en una fuerte Monarquía, una Iglesia nacional respetada, un arcaico sistema educativo y una negación sistemática del comunismo. Sin embargo, la existencia de un sistema parlamentario “restringido” o un régimen “cuasiparlamentario”, como lo denomina Nicos P. Mouzelis, permitió al Partido Comunista Griego, aunque bajo acoso policial, bajo el nombre de Izquierda Democrática Unida, participar en elecciones parlamentarias desde 1951 e incluso obtener algunos diputados.

Podía ser una democracia incierta, insegura, pero las diferencias con Portugal y España eran importantes. La Constitución de enero de 1952 garantizó las libertades democráticas básicas, entre ellas el derecho al voto a las mujeres, y permitió la estabilidad política necesaria para la reconstrucción posbélica, con la conmutación de casi todas las sentencias de muerte, la reducción de penas o el perdón de muchos de los 20.000 prisioneros condenados por subversión. Aun así, la legislación represiva de emergencia aprobada en los años de la guerra civil se mantuvo y fue usada sin titubeo para hostigar a izquierdistas y comunistas. Dos meses después de aprobada la Constitución, Nikos Beloyannis, condenado por organizar un grupo de espías comunistas, fue ejecutado.

Impedir la inminente toma del poder comunista fue la excusa con la que los coroneles justificaron su golpe de Estado, anticipándose también a unas elecciones generales que debían celebrarse el 28 de mayo. En la primera hora de la mañana del 21 de abril de 1967, los tanques salieron por las calles de Atenas, algunos de ellos desde la plaza Sintagma apuntaron al parlamento y cerraron las principales arterias de la ciudad. Los golpistas decretaron la ley marcial y suspendieron las garantías constitucionales. En unas horas, todas las principales figuras políticas habían sido detenidas y las Fuerzas de Ataque Helenas, entrenadas por la CIA, tomaron los principales centros militares y de defensa.

Aunque el rey Constantino II, en el trono desde marzo de 1964, no firmó el decreto de ley marcial, emitido en su nombre, rechazó la insistente petición del jefe de Gobierno, Panagiotis Kanellopoulos, de resistir a los insurrectos. Por el contario, consintió la puesta en marcha de la dictadura y facilitó de esa forma la posición de los aliados democráticos occidentales de Grecia, que no retiraron a los embajadores con el argumento de que estaban acreditados ante el rey y no ante el gobierno.

Constantino intentó un contragolpe en diciembre de 1967, con algunos de los miembros de las fuerzas armadas leales a la corona, pero, mal organizado, fracasó y se fue con su familia a Roma y después a Londres. El 1 de junio de 1973, Papadopoulos, jefe de Gobierno y regente, lo destituyó, acusándolo de estar detrás de una conspiración abortada. Tras el final de la dictadura, el 69 por ciento de la población votó en un referéndum, el 8 de diciembre de 1974, contra la restauración de la monarquía. Fue el sexto referéndum en la historia de Grecia del siglo XX en el que se decidía sobre Monarquía o República.

El régimen de los Coroneles consolidó su poder desde el principio a través de la intimidación y el terror, activados fundamentalmente por la brutalidad de la policía militar (ESA) y de seguridad (Asphaleia). Las víctimas de la tortura fueron sobre todo estudiantes entre 18 y 25 años de edad y hubo numerosos casos de violencia y asaltos sexuales. Muchos izquierdistas fueron llevados al campo de prisión de la isla de Giaros para ser “reeducados” en el discurso de la continuidad nacional y cultural con el pasado heroico griego. Numerosos funcionarios y profesores de escuela y universidades fueron destituidos. Las reformas educativas de George Papandreu fueron desmanteladas y los libros de texto reescritos para reflejar la visión ideológica de la ultraderecha.

Los gobiernos de algunos países nórdicos europeos, ante las denuncias de tortura de los exiliados y las que procedían del interior de Grecia, elevaron quejas ante el Consejo de Europa, pero la dictadura recibió el apoyo de Estados Unidos, sobre todo desde la elección de Richard Nixon y de su vicepresidente Spiro Agnew, hijo de emigrantes griegos, que mantenía estrechos lazos de amistad con la poderosa comunidad de negocios greco-estadounidense. Grecia era también en esos años un lugar geoestratégico muy importante para Estados Unidos y la OTAN —organización en la que había sido admitida en 1951—, sobre todo tras la conquista del poder por parte de Muammar el Gadhafi en Libia en septiembre de 1969, el continuo conflicto árabe-israelí y la creciente presencia naval soviética en la región.

Pese a ese apoyo, la represión, la ausencia de una amplia base popular y la ineptitud de la Junta causaron su caída. En enero de 1973 los estudiantes universitarios comenzaron a desafiar a la autoridad de los Coroneles, organizaron manifestaciones masivas y, cuando ocuparon la Universidad Politécnica de Atenas, en noviembre, los militares aplastaron el movimiento con tanques y causaron al menos cuarenta víctimas mortales en la noche del 17. La protesta coincidió con la crisis económica internacional que sumergió a Grecia en una creciente agitación social y con un grave conflicto con Chipre, utilizado por la Junta como recurso nacionalista para atraer a la población.

Tras la masacre estudiantil, Papadopoulos fue derrocado por un golpe del sector más ultraderechista de su régimen. La Junta entró en bancarrota. Su sustituto, Dimitrios Ioannides, ex jefe de la policía secreta, se vio involucrado en el intento de asesinato de Makarios, Primado de la Iglesia Ortodoxa y presidente de Chipre. Cinco días después, el 20 de julio de 1974, Turquía invadió Chipre. Ioannides llamó a una movilización militar general, pero los jefes del ejército no respondieron. Ahí acabaron siete años de dictadura brutal e ineficaz.

Las publicaciones disidentes y de la oposición desde el exilio compararon al régimen de los Coroneles con el del general Ioannis Metaxas (1936-1941), para mostrar el cordón umbilical con el fascismo, o utilizaron la noción de “neofascismo” para subrayar el apoyo del imperialismo estadounidense, la actividad paraestatal y la conexión con las oligarquías económicas locales. Frente a ese argumento, se impuso desde el otro lado la visión de la Junta como un baluarte contra el comunismo y la expansión soviética. En ese momento crucial de la Guerra Fría, Occidente, Estados Unidos y la OTAN necesitaban a Grecia de forma especial para extender sus fuerzas en esa región caliente del Mediterráneo.

Lo cual nos conduce al tema fundamental de la persistencia de dictaduras originadas durante la era del fascismo y apoyadas por las democracias occidentales durante la Guerra Fría. Muertos Hitler y Mussolini, a las potencias democráticas vencedoras les importó muy poco que en los límites meridionales de la Europa libre, en dos países que poco contaban en la política exterior de aquellos años, se perpetuaran dictaduras represivas, criminales y torturadoras que incumplían las normas más elementales del llamado derecho internacional.

La revolución de abril de 1974 en Portugal, la caída, tres meses después de la dictadura de los Coroneles en Grecia y la proximidad de la muerte de Franco obligaron a cambiar la retórica y la estrategia internacional de los países democráticos que habían apoyado durante décadas las políticas autoritarias en el Sur de Europa. Portugal y España —y en menor medida Grecia— habían constituido una anomalía fundamental, muy útil en la lucha y alianza contra el comunismo, pero alejada de la supuesta superioridad política occidental. También los historiadores de esos países democráticos se olvidaron de la anomalía, porque durante mucho tiempo Portugal y España no fueron tenidas en cuenta en las explicaciones históricas de la posguerra en el continente.

La tiranía de los Coroneles, breve comparada con la de Franco, cayó a finales de julio de 1974, el 17 de noviembre hubo elecciones y el 8 de diciembre un referéndum sobre el futuro de la monarquía. En Portugal, donde el régimen dictatorial y colonial fue derribado el 25 de abril de 1974 por jóvenes e inexpertos oficiales, sin apenas un solo disparo, la Constitución se aprobó dos años después, poniendo fin a un período de aguda inestabilidad y conflictos sociales. En España, la construcción de una monarquía parlamentaria basada en una Constitución democrática tardó tres años, pero para consolidarse tuvo que superar, entre otros graves conflictos y tensiones, un golpe de Estado en febrero de 1981.

He repasado las crónicas de la muerte de Constantino II el pasado 10 de enero de 2023 y de su funeral, con la asistencia, entre más de 1.500 ilustres invitados, del rey Felipe VI, la reina Leticia y los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, hermana de Constantino.

La mayoría de esas crónicas podría perfectamente representar a la prensa rosa o a las secciones ecos de sociedad. Lo cual muestra una vez más lo difícil que resulta para la mayoría de los medios de comunicación recordar los pasados traumáticos e infames, especialmente si en ellos están implicados reyes o reinas.

Es así como se alimentan los mitos y se sigue ocultando ese pasado a las generaciones más jóvenes, quienes, sin embargo, podrán seguir con todo detalle en esas crónicas el árbol genealógico de las familias reales europeas, las gestas de Constantino como deportista y sus romances. Descanse en paz.

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Julián Casanova, historiador, Distinguished Professor en el Weiser Center for Europe and Eurasia de la University of Michigan.

Aunque oficialmente duró cuatro años y tres meses, la Primera Guerra Mundial no acabó en noviembre de 1918, con el Armisticio, y fue seguida de una oleada de violencia paramilitar, de “brutalización” de la política y de glorificación de las armas, de la violencia y de la masculinidad. Las experiencias de millones de soldados “brutalizados” en el frente y en las trincheras continuaron después del Armisticio con la derrota, los disturbios y el miedo a la revolución, y la desintegración del control del Estado sobre la sociedad civil.

Hacia 1923, esos niveles de violencia habían disminuido significativamente en el continente europeo. Por un lado, el Tratado de Riga del 18 de marzo de 1921 entre los gobiernos de la Unión Soviética y de Polonia significó el final real de la Primera Guerra Mundial en Europa del Este, después de más de seis años de conflicto y destrucción.

El Tratado de Lausana, por otro lado, firmado el 24 de julio de 1923, puso fin de forma oficial a la violenta guerra en Anatolia entre Grecia y la nueva República de Turquía, donde fuerzas paramilitares fueron utilizadas para masacrar civiles que estaban detrás de los ejércitos convencionales. En un intento de crear dos naciones-estado étnicamente homogéneas, aproximadamente 1.300.000 griegos otomanos y 400.000 griegos/turcos —ambos grupos definidos más por la religión que por la lengua o identidad cultural— fueron reasentados por la fuerza, los primeros en Grecia y los segundos en Turquía.

El intercambio fue duro y cruel. Muchos, especialmente griegos, murieron en el traslado. Ese cambio obligatorio de población marcó un punto de inflexión en la historia del Mediterráneo oriental y sirvió como precedente para quienes posteriormente buscaron solucionar “problemas étnicos” mediante desplazamientos forzosos de población.

Esos tratados, el final de la guerra civil irlandesa en 1923 y el final de la ocupación franco-belga del Ruhr, parecían una indicación de que el ciclo de violencia iniciado en los Balcanes en 1912 daba paso a la paz y a cierta estabilidad económica y política. La República de Weimar, la primera democracia de la historia de Alemania, nacida a comienzos de 1919 como consecuencia de la derrota militar del Imperio en la Primera Guerra Mundial y del hundimiento del orden monárquico existente, pasó, tras los primeros momentos convulsos, una fase de relativa estabilidad (1924-1929), en la que pudo consolidarse un amplio sistema de beneficios sociales.

Pero el paramilitarismo, la retórica de la violencia, el deseo de destruir completamente al enemigo, los desfiles uniformados y los combates callejeros continuaron siendo un distintivo fundamental de la cultura política europea, persistiendo en movimientos como las SA alemanas, los legionarios de la Guardia de Hierro en Rumanía, la Cruz Flechada en Hungría, La Utasha croata, el Rexismo de Léon Degrelle en Bélgica o la Croix de Feu en Francia. Poco después de subir al poder, Benito Mussolini comenzó la destrucción del Estado liberal con la creación, el 12 de enero de 1923, de la Milizia Voluntaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN), que proporcionó una base legal para la organización militar del Partido Fascista.

Aunque España fue neutral, la Gran Guerra tuvo un notable impacto económico y social, al que se sumaron los problemas derivados del corporativismo del Ejército, la deriva autoritaria de la Corona, el recrudecimiento del conflicto colonial marroquí, la intensidad de la movilización sindical y las protestas populares, con el eco de la revolución rusa, el pistolerismo anarquista y de la patronal, las reivindicaciones nacionalistas y la defección de los sectores conservadores, las asociaciones católicas y los grupos empresariales, cada vez más proclives hacia soluciones antiparlamentarias.

Desde 1919 a 1923 cayeron acribillados patronos, autoridades, sindicalistas revolucionarios y del Libre. El último ilustre en caer fue Salvador Seguí, el anarcosindicalista más influyente del momento, a quien tirotearon el 10 de marzo de 1923, pocos meses antes de que la dictadura del general Primo de Rivera pusiera fin a ese terrorismo multicolor.

El sistema político de la Restauración era entonces un régimen en ruinas, atacado desde fuera y minado desde dentro, al que nadie defendió cuando el general Miguel Primo de Rivera lo derribó en septiembre de 1923, poniendo fin a la larga experiencia constitucional iniciada en 1876.

Esa dictadura no fue un hecho único, una salida original a la crisis del sistema liberal o un acontecimiento peculiar de la historia contemporánea de España, sino uno más de los regímenes militares o semimilitares de corte autoritario surgidos en Europa en aquellos años. Ante el descrédito de los partidos tradicionales y la falta de capacidad o de voluntad política de las élites para propiciar ese cambio, el Ejército y la burocracia, con el apoyo de la Monarquía, fueron las instituciones capaces de tomar el poder y salvaguardar el orden social amenazado por el fantasma de la revolución obrera.

1923 parecía el inicio de un período de estabilidad en Europa. El orden internacional creado por la paz de Versalles sobrevivía. Todo cambió, sin embargo, con la crisis económica de 1929, el surgimiento de la Unión Soviética como un poder militar e industrial bajo Joseph Stalin y la designación de Adolf Hitler como canciller alemán en enero de 1933. La incapacidad del orden capitalista liberal para evitar el desastre económico hizo crecer el extremismo político, el nacionalismo violento y la hostilidad al sistema parlamentario.

Los datos que muestran el retroceso democrático y el camino hacia la dictadura resultan concluyentes. En 1920, de los veintiocho Estados europeos, todos menos dos (la Rusia Bolchevique y la Hungría del dictador derechista Nicolás Horthy) podían clasificarse como democracias (con sistemas parlamentarios y gobiernos elegidos, presencia de partidos políticos y mínimas garantías de derechos individuales) o sistemas parlamentarios restringidos. A comienzos de 1939, más de la mitad, incluida España, habían sucumbido ante dictadores con poderes absolutos. Siete de las democracias que quedaban fueron desmanteladas entre 1939 y 1940, tras ser invadidas por el ejército alemán e incorporadas al nuevo orden nazi, con Francia, Holanda o Bélgica como ejemplos más significativos. A finales de 1940, sólo seis democracias permanecían intactas: el Reino Unido, Irlanda, Suecia, Finlandia, Islandia y Suiza.

La creación de sistemas de partido único, donde ya no cabía la lucha parlamentaria, llevó a la exaltación del líder. En Alemania, el “mito del Führer” configuró la imagen de Hitler como un hombre destinado a superar las debilidades del sistema democrático. Stalin fue festejado por la propaganda de los años treinta como el salvador de la revolución de Lenin. En España, ya en plena guerra civil, obispos, sacerdotes y religiosos comenzaron a tratar a Franco como un enviado de Dios para poner orden en la “ciudad terrenal”. Franco manejó magistralmente ese culto a su persona y trató de demostrar, como Hitler también lo había hecho, que él estaba más allá de los conflictos cotidianos y muy alejado de los aspectos más “impopulares” de su dictadura, empezando por el terror. El culto a esos líderes fue aceptado por una parte importante de la población, que veía en ellos seguridad frente al desorden y el acoso del enemigo.

Vistas en perspectiva histórica, las dos primeras décadas de este siglo XXI de crisis económica, guerras, terrorismo, neofascismos y pandemias han causado muchos menos estragos que las del XX.

La historia nunca es una calle de una sola dirección. No se repite, pero rima, nos transmite ecos para que los escuchemos. Y haríamos bien en conocerla y aprender de ella. Cuando el liberalismo y la democracia parecían estabilizarse años después de la Primera Guerra Mundial, un grupo de criminales que consideraba la guerra como una opción aceptable en política exterior se hizo con el poder y puso contra las cuerdas a los políticos parlamentarios educados en el diálogo y la negociación.

Hoy reaparecen también los fragmentos más negros de ese pasado. Las democracias se vuelven frágiles. Los Estados encuentran muchas dificultades para redistribuir bienes y servicios. Las políticas de exclusión —e incluso de eliminación en nombre de la nación, la religión o la raza— avanzan en muchos países. Por eso necesitamos políticos y sociedades civiles comprometidos frente a la violencia y la hostilidad al sistema democrático. Más allá de los buenos deseos y propósitos para el nuevo año.

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Julián Casanova, historiador, Distinguished Professor en el Weiser Center for Europe and Eurasia de la University of Michigan.

Hace años que se repite: los jóvenes no saben nada de historia. Como si los mayores, así, en general, supieran mucho.

La tradición pesa y hay todavía mucha gente, que se considera culta, que cree que la historia es un relato, ordenado de forma cronológica, de las acciones de las élites y de los grupos dirigentes, de los grandes personajes y del poder. Por otro lado, cuando se elaboran los programas de historia, tanto desde la administración como desde los despachos de muchos profesores, se pone énfasis en la exactitud factual, en el dominio de los hechos. Siguiendo ese camino, muchos estudiantes, al tener que aprender en poco tiempo un cúmulo de acontecimientos que en los libros de texto se consideran únicos o relevantes, creen, como algo ya asumido, difícil de cambiar, que la asignatura de historia es pesada, aburrida, un rollo.

Pero la historia que se capta, o se ignora, por parte de la mayoría de ciudadanos no depende solo de lo que se estudia en las aulas. Las celebraciones oficiales, las conmemoraciones y la reproducción de hechos históricos en fiestas y tradiciones populares suelen utilizar el pasado para justificar el presente. Políticos y periodistas que transmiten sus ideas lo hacen a menudo: deforman la historia para adaptarla a sus propios fines. Y lo pueden hacer escogiendo mitos o lugares comunes que explican sus argumentos o distorsionando las pruebas para llegar al fin deseado. La aproximación que hacen es todo menos histórica, pura invención.

Esas declaraciones interesadas sobre la historia, ampliamente difundidas en los medios de comunicación y en las redes sociales, contribuyen a articular una memoria popular sobre determinados hechos del pasado, hitos de la historia, que tiene poco que ver con el estudio cuidadoso de las pruebas disponibles, entendidas en el contexto en que se produjeron. Planteada de esa forma, la historia rescata tradiciones inventadas desde el presente y proporciona lecciones morales.

Quienes se consideran sensatos, y creen que los demás son partidistas, quieren construir y transmitir “una historia de consenso”, una gran historia de España “auténtica”, que sirva para reorientar las tradiciones que vinculan el pasado con el presente. Es una historia triunfalista, construida desde arriba, con grandes reyes y próceres de la Patria, casi siempre hombres, con la idea de resaltar lo que supuestamente nos une y ocultar, o despreciar como no español, lo que es divisivo o perjudicial para la imagen oficial o para la mitología nacional. Luchas heroicas, triunfos militares y celebraciones de la grandeza nacional frente a pasados traumáticos o infames. Recuerde usted la España imperial o la guerra de la Independencia, por ejemplo, y deje de remover el pasado reciente de víctimas y verdugos.

Lograr eso, sin embargo, no resulta fácil. Porque frente a las historias triunfalistas construidas desde arriba, con reyes, batallas, "tambores y trompetas", otros enfoques comenzaron a subrayar desde hace tiempo las divisiones sociales, étnicas, lingüísticas, nacionales, religiosas y de género. Frente a la historia apologética del poder, utilizada para generar una mayor lealtad de los ciudadanos a los dirigentes de los Estados, surgió una historia social, enriquecida con los hallazgos de antropólogos, economistas y sociólogos, que escuchaba los ecos de todas las voces marginadas por la historia tradicional.

El estudio de ese complejo pasado requiere una visión crítica que se lleva mal con una historia que resalte solo los posibles puntos comunes. El consenso y la cultura común los pueden estimular los políticos y gobernantes, seleccionando los acontecimientos y experiencias del pasado, ocultando lo que no les gusta y resaltando los triunfos. Pero la historia es otra cosa. Y por eso las miradas a ese pasado incómodo, que en España suele centrarse en la República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco, dividen tanto y provocan más disputas y ruido que debates y luz. No son solo los jóvenes quienes no saben nada de historia.

Las visiones históricas están sujetas a revisión y cambios con el tiempo, porque la historia no es una mera narración de hechos, vacía de interpretación, sino un análisis del pasado fundamentado en las pruebas disponibles. Aunque el conocimiento del pasado está limitado por las disputas entre historiadores, por los diferentes puntos de vista, por la tensión entre subjetividad y objetividad, lo que debe siempre evitarse es buscar los hechos más convenientes para apoyar las ideas favoritas.

Los historiadores podemos, y deberíamos en mi opinión, contribuir a transmitir nuestras investigaciones más allá de las aulas, a difundirlas con precisión a través de conferencias, medios de comunicación y redes sociales. Pero no podemos prestarnos a construir visiones del pasado por encargo, renunciar al análisis riguroso de lo que otros quieren ocultar u olvidar. El pasado persiste, como persisten asimismo sus principales tradiciones políticas que orientan de muchas formas nuestras actuaciones.

No situar los hechos en su contexto histórico apropiado conduce a perspectivas ahistóricas y a leer el pasado con los ojos del presente. Promover una buena educación sobre la historia requiere lecturas críticas, basadas en el conocimiento que proporciona el estudio y la investigación, presentar alternativas a los relatos míticos, simplificados para consumo popular.

El conocimiento del pasado también puede servir para mostrar que las cosas no tienen por qué ser de la manera que son ahora, que en tiempos difíciles la gente puede encontrar caminos de resistencia, que hay alternativas y que algunos avances del pasado ocurrieron a través de la lucha y el conflicto.

Muchos de los libros de historia están concebidos como obras de referencia para otros especialistas y no para que los lea un público más amplio. Que eso sea así es inevitable en algunos casos, pero no hay ninguna razón que impida un mayor cuidado formal y literario a la hora de transmitir los conocimientos. No hay una única historia de España, sino múltiples historias que se superponen y se entrecruzan una con otra.

Más que buscar consenso en cómo enseñarla, debemos ajustar las piezas de ese enorme mosaico que nos han proporcionado miles de documentos y libros. Para eso hay que leer, conocer los avances de las investigaciones más recientes, comunicarlo a los estudiantes con precisión. Esa es nuestra labor como historiadores y profesores. Los mitos, las mentiras y la propaganda son otra cosa.

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Julián Casanova, historiador, Distinguished Professor en el Weiser Center for Europe and Eurasia de la University of Michigan.

Al año siguiente de subir al trono murió Iósif Stalin. Cuando el primer hombre pisó la luna llevaba ya 17 años reinando. Presidió el declive del gran imperio británico. Desapareció la Unión Soviética y todavía le quedaban 33 años de vida. Desde Harry S. Truman a Joe Biden, estrechó la mano de 13 de los últimos 14 presidentes de Estados Unidos (solo Lyndon Johnson no tuvo ese honor). 14 primeros ministros, comenzando por Winston Churchill, sirvieron bajo su reinado y dos días antes de morir bendijo la llegada de Liss Truss al Gobierno. En setenta años pasan muchas cosas en la historia.

Su bisabuela, la reina Victoria, ocupó el trono durante más de 63 años. Eran otros tiempos, de privilegios, lujo y poder que persistían en Europa, pese a la modernización y los avances industriales. A Victoria entre la gente de la realeza y la aristocracia la llamaban la abuela de Europa. Su amplia familia, de 9 hijos, 36 nietos y 37 bisnietos, estaba representada en casi todas las cortes europeas. Además del emperador alemán, cinco de sus nietas eran reinas consortes a comienzos del siglo XX: la zarina Alejandra de Rusia; la reina Victoria Eugenia de España; Maud de Noruega; Sofía de Grecia; y María de Rumanía. A diferencia del reinado de su abuela, de continuidad y estabilidad, todas ellas vivieron épocas de disturbios y tragedias a partir de 1914. Victoria Eugenia y Sofía murieron en el exilio. Alejandra fue brutalmente asesinada junto con su familia.

La reina Isabel II, por el contrario, vivió la edad de oro de la democracia británica. El sistema parlamentario en Gran Bretaña había podido sobrevivir los ataques de los fascismos entre 1939 y 1941 y tras la victoria en la guerra fue el primer país en establecer un amplio sistema de servicios sociales para asistir a los ciudadanos “de la cuna a la sepultura”.

Desde finales de los años cincuenta Gran Bretaña y Europa Occidental experimentaron un largo período único de crecimiento, de oportunidades para los trabajadores, incluidas por primera vez las mujeres, en las fábricas, en la sociedad y en la educación. Los sindicatos alcanzaron su apogeo de influencia, a la vez que los conflictos de clases se difuminaban ante el avance del consumismo, los cambios de valores y la secularización. Millones de inmigrantes acudieron desde los países periféricos de Europa a los más industrializados. La descolonización ocasionó también un importante movimiento de población pobre a las antiguas metrópolis.

Las democracias que salieron de la victoria sobre el nazismo edificaron un sistema de inclusión social, de estado de bienestar, de mayor protección e igualdad, que, tras años de sufrimiento y sacrificio, se convirtió en el modelo inequívocamente europeo. Tras la catastrófica primera mitad del siglo XX, muchos intelectuales y políticos soñaron con recuperar una nueva y más benigna versión de la modernidad que otorgara abundantes beneficios en vez de causar muertes y destrucción. Se trataba también de reducir los peligros de las versiones más extremas del nacionalismo, militarismo y autoritarismo.

Las necrológicas y relatos del reinado de Isabel II van a situar el foco en la grandeza de la monarquía, en las relaciones de poder, en la estabilidad y continuidad, prestando escasa atención a las partes más ocultas por los relatos oficiales.

Para detener el declive acelerado de sus poderes coloniales, esos Estados democráticos, incluido el que presidía Isabel, movilizaron a decenas de miles de ciudadanos, utilizaron importantes recursos militares y económicos y perdieron la legitimidad y la autoridad moral que ideólogos y ultranacionalistas habían forjado desde el último tercio del siglo XIX. Persistentes delirios de grandeza llevaron a estadistas europeos a librar guerras en ultramar, en la Indonesia holandesa, en la Indochina y Argelia francesas y en las colonias británicas de Malasia y Kenia. Fueron guerras “sucias”, que rompieron las reglas de las Convenciones de Ginebra que esos poderes habían firmado, con abundantes episodios de tortura y violación. En Kenia, entre 1952 y 1960, 20.000 miembros de las guerrillas Mau Mau murieron en expediciones de castigo por parte de las tropas británicas y en campos de concentración.

En Irlanda del Norte, el nacionalismo, junto con mitos, símbolos y memorias del pasado, fue utilizado para movilizar y legitimar la violencia política. El IRA (Irish Republican Army) resurgió como parte de un movimiento más amplio de protesta de la clase obrera y estudiante católicos frente al dominio protestante y la discriminación en Irlanda del Norte. Desde finales de los años sesenta hasta el Acuerdo del Viernes Santo de 1998, hubo 3.636 asesinatos.

Pero frente a lo que había pasado en largos períodos de la historia de Europa en la primera mitad del siglo XX, a partir de 1949 la cultura dominante en la política y en la sociedad rechazó la violencia. Pasó a ser extraordinario que los políticos de Europa Occidental se identificaran con la violencia, defendieran el paramilitarismo, proclamaran su solidaridad con los terroristas o apoyaran sus acciones criminales. El monopolio de la violencia por parte de los Estados reguló la posesión privada de armas y bloqueó la aparición de grupos armados alternativos.

El uso estatal de la violencia frente a sus propios ciudadanos se redujo considerablemente, sobre todo con la desaparición, salvo en casos aislados y en las guerras coloniales, de la tortura y de la pena de muerte. Las experiencias negativas de las dos guerras mundiales y sus consecuencias devastadoras cambiaron las percepciones de muchos ciudadanos sobre la violencia y las ventajas de la paz, la negociación y la reconciliación. Fueron cambios políticos, socioeconómicos y culturales muy importantes que no pueden atribuirse solo a los grandes personajes, a las elites o clases dirigentes.

Los titulares dicen que la muerte de Isabel II es el final de una época. A su funeral asistirán en primera fila reyes, reinas, gobernantes, aristócratas y una parte del pueblo británico llorará. Cuando ya descanse al lado de su querido Felipe, comenzará un nuevo camino para Carlos III, mucho menos largo y posiblemente más complicado que el que tuvo su madre. Las biografías venderán durante un tiempo la grandeza y humildad de Isabel. Todo lo que venga a partir de ahora será analizado con detalle en comparación con lo que ella hizo y legó. El país tampoco está en su mejor momento y no hay que descartar una ruptura traumática con algunos de los valores dominantes hasta ahora en el palacio de Buckingham. Dios salve al Rey.

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Julián Casanova es Distinguished Professor en el Weiser Center for Europe and Eurasia de la University of Michigan

Hasta finales del siglo XIX, muchas ejecuciones en los países occidentales de Europa fueron efectuadas en público, a menudo ante multitudes que acudían en masa a los lugares de ajusticiamiento. Eran acontecimientos importantes escenificados en teatros de horror o crueldad. La multitud se reunía para el entretenimiento, en momentos en que los Estados no tenían todavía sistemas eficaces de policía, pero las ejecuciones públicas reforzaban el poder del Estado y disuadían el crimen. Eran exhibiciones de autoridad civil y religiosa y de orden.

En Europa occidental la abolición de las ejecuciones públicas fue un proceso lento que concluyó a finales del siglo XIX, resultado del establecimiento de los estados-nación modernos y de la extensión de sus estructuras burocráticas a la sociedad. Hubo primero una búsqueda de reformas legales y penales que comenzaron con la Ilustración, seguidas del nacimiento del sistema penitenciario. Fue un proceso que reflejaba un cambio de sensibilidad desde las clases medias hacia las ejecuciones públicas, la violencia punitiva, la tortura y la esclavitud.

Diferentes reformadores decimonónicos hicieron campaña para el cese de las ejecuciones públicas y mostraron preocupación por la conducta de muchedumbres irracionales e incivilizadas, especialmente en Gran Bretaña. Concepción Arenal escribió en 1867 que ",la multitud que se agolpa en el camino del patíbulo ha de ser un obstáculo al recogimiento, al silencio que debe imponer a las cosas humanas el hombre que va a morir. Desde el momento en que el suplicio se convierte en espectáculo, se hace del reo un actor”. Y concluía que, para servir de ejemplo y escarmiento, las ejecuciones no necesitaban exhibirse en la plaza pública y deberían realizarse en los presidios.

Las campañas surtieron efecto y las prácticas de las ejecuciones en espacios públicos desaparecieron gradualmente en el continente europeo durante la segunda mitad del siglo XIX. En Austria e Inglaterra en 1868. En la mayoría de los estados alemanes las ejecuciones tuvieron lugar dentro de las prisiones desde los años cincuenta. En Holanda la última ejecución tuvo lugar en 1860 y la pena de muerte se abolió diez años después. En España desaparecieron en 1900. En Francia, sin embargo, las ejecuciones públicas continuaron atrayendo abundante gente a comienzos del siglo XX y la última, de un criminal, tuvo lugar en Versalles en junio de 1939, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Pero esa guerra y su posguerra inauguraron una última oleada de ejecuciones públicas. Primero en la Europa ocupada por la Wehrmacht, donde se ejecutó a muchos enemigos del “Nuevo Orden” de Hitler para intimidar a los ciudadanos de las naciones ocupadas; después, numerosas ejecuciones en espacios públicos fueron llevadas a cabo contra los nazis, fascistas y sus colaboradores, sobre todo en el este de Europa. Arthur Greiser, ex gobernador nazi del Warthegau, en Polonia occidental, fue colgado en julio de 1946 “por crímenes contra la humanidad” entre las ruinas de la ciudadela de Poznam ante una multitud de quince mil polacos. Según el relato de un testigo, los espectadores vieron la ejecución en “intenso silencio” y se imprimieron entradas para las filas delanteras, cerca del cadalso. Había niños y se vendieron helados, bebidas y dulces. Tras la ejecución, la gente riñó por coger un trozo de la cuerda del ahorcado.

Algunos intelectuales y representantes de la Iglesia católica protestaron a las autoridades. Tras esas protestas, la última ejecución pública en Polonia, pero con mucho menos público, alrededor de cien personas, fue la de Rudolf Hoess, comandante de Auschwitz-Birkenau, el 16 de abril de 1947. Hoess había sido capturado por la policía militar británica el 11 de marzo de 1946 en Flensburgo, donde se hacía pasar por un bracero agrícola. Fue entregado a las autoridades polacas poco después. Su juicio comenzó el 11 de marzo de 1947, en el auditorio de la Unión de Maestros Polacos, ante unas quinientas personas, la mayoría sobrevivientes de Auschwitz.

El tribunal sentenció a muerte en la horca a Hoess el 2 de abril de 1947. Al día siguiente del veredicto, ex prisioneros solicitaron que la ejecución tuviera lugar en el terreno del campo de concentración donde Hoess había dirigido el exterminio y cuyo procedimiento dejó escrito con todo detalle mientras esperaba el juicio. La ejecución fue programada para el 14 de abril, pero se pospuso por miedo a que los residentes de Auschwitz intentaran linchar a Hoess en el momento del traslado al lugar. Prisioneros de guerra de los alemanes levantaron el patíbulo de noche y no se descarta que fueran ellos también los verdugos. No se admitió a nadie sin un pase especial. La ejecución fue en la calle principal del campo. Un sacerdote, cuya presencia había requerido el reo, se acercó cuando el fiscal leyó la sentencia y rezó una oración en el momento en que se abrió la trampa dejando a Hoess colgando. Sus restos posiblemente fueron incinerados.

También las ejecuciones publicas volvieron en España durante la guerra civil en la zona ocupada por los militares sublevados a partir de julio de 1936 y en ocasiones era aconsejable asistir a ellas para subir el escalafón en esa Falange inundada de “camisas nuevas” o para evitar sospechas o denuncias. En Zaragoza, el padre Gumersindo de Estella reprendió a más de uno que «pretendía acreditarse derechista y que quería conseguirlo a costa de los reos». Cuanto más famoso era el personaje, más gente iba al espectáculo. Como cuando pasaron por las armas al general Domingo Batet Martínez el l8 de febrero de 1937 en Burgos. Eran las siete y media de la mañana y según un despacho de la agencia Logos, «el fusilamiento fue presenciado por unas quinientas personas”

Muchos de los que se acercaban a esas horas de la madrugada a presenciar las ejecuciones eran católicos. En Valladolid iban tantos «que se instalaron puestos de churros y café para que pudieran comer y beber mientras miraban». Si creemos a Julián Zugazagoitia, en la masacre de la plaza de toros de Badajoz, en agosto de 1936, se distribuyeron invitaciones para ver el espectáculo. Unos días después, en aquel tórrido agosto de 1936, hubo también espectáculo en la Plaza del Torico de Teruel cuando espectadores voluntarios y forzados asistieron al asesinato a sangre fría de 13 presos sacados del Seminario, entre los que se encontraba José Soler, director de la Escuela Normal. Un barrendero municipal limpió la sangre con una manguera y después una banda de música dio un concierto.

La literatura y el cine han difundido mucho la imagen de los juicios llevados a cabo por el Tribunal de Núremberg. En el primero de esos procesos, desde el 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946, se juzgó a algunos de los más importantes dirigentes del régimen nazi y se sentenció a muerte, entre otros, a Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores durante la Segunda Guerra Mundial, Julius Streicher, un fanático antisemita que ya había acompañado a Hitler en el putsch de 1923, o Hermann Göring, el más influyente de esos líderes tras Hitler, quien pudo suicidarse ingiriendo una cápsula de cianuro antes de su ejecución. No estuvieron allí presentes, porque se habían suicidado en abril y mayo de 1945, Adolf Hitler, Joseph Goebbels y Heinrich Himmler.

Ese espectáculo tan bien organizado en una única sala de juicio, con gente bien vestida, defensores y acusados, era muy diferente al de los numerosos tribunales montados en barracones de otras ciudades europeas en ruinas. En Budapest, por ejemplo, en el juicio en el que se sentenció a antiguos jefes de Gobierno, el jurado, los abogados defensores, los acusados y espectadores comían, durante los descansos, la misma sopa ofrecida por el ejército soviético de ocupación, protegidos por abrigos, bufandas y guantes para combatir el frío.

También llama la atención el contraste entre las ejecuciones sin público, en patios de prisiones o fortalezas, en el silencio de la noche —como la de Vialkun Quisling, ministro presidente de Noruega bajo la ocupación nazi, fusilado el 24 de octubre de 1945— y las que tuvieron lugar con ritos establecidos ante cientos y hasta miles de personas.

Todo era posible en aquella Europa de guerras, limpiezas étnicas y genocidios, con un amplio catálogo de sistemas de persecución, linchamientos y sentencias de muerte, cuando la cultura dominante en la política y en la sociedad aceptó la violencia en el frente y en la retaguardia, en situaciones extraordinarias y de forma cotidiana.