Hay un tipo de desinformación cotidiana que no provoca alarma social ni sesudos artículos de politólogos. Supone un caudal informativo enorme en periódicos, televisiones y radios que ofrecen, en ocasiones, una información de baja calidad. Se trata de una desinformación de grado ligero que resulta más o menos sutil, en parte engañosa o desenfocada, incompleta al reflejar los datos, interesada o sesgada, claramente partidista y, por tanto, carente de la exigible veracidad e independencia al dar o analizar la noticia. 

Hay una encuesta reciente que me lleva a la reflexión. El porcentaje de audiencia de diarios digitales y en papel, controlados en España por la derecha o grupos ultras, se dispara por encima del 80%. Es también muy significativa en el caso de la audiencia de las televisiones en manos de las derechas y algo más equilibrada en la elección y seguimiento de las radios. Desde luego esos repartos no se corresponden con la sociología electoral. 

Son muchos años en España, como en otros países, bebiendo de las fuentes de una abrumadora mayoría mediática en manos de la derecha. Y, lo que es grave, de la caverna. En realidad, todos actúan en coherencia con los intereses de la propiedad del medio, un dato importante pero todavía desconocido por parte de la ciudadanía y de sus propios clientes. 

Esto aún sucede aunque el Reglamento de la UE sobre la libertad e independencia de los medios de comunicación (2024) obliga a dar transparencia a los nombres de los titulares de la propiedad, los accionistas y los importes anuales de fondos públicos que reciben de las diferentes autoridades para campañas de publicidad.

No estoy hablando de contenidos y comportamientos informativos que puedan compararse con aquella otra desinformación que utiliza noticias falsas y bulos de gravedad, que engaña y manipula con premeditación, que provoca un riesgo sistémico, que incita al odio, que busca desestabilizar o atacar la soberanía de un Estado o romper la libre convivencia. Pero en ocasiones sí llegan a bordear esos comportamientos límite que podemos atribuir a una práctica de desinformación gruesa o de gravedad, cuyos contenidos abundan en las redes sociales y plataformas de las grandes corporaciones tecnológicas, en los periódicos digitales ultras y en los singulares boletines de influencers. 

Porque sí hay otra desinformación que necesita ser objeto de una tipificación de los casos y de una regulación y sanción precisas. Hablo de la desinformación ilegal que conlleva un delito y que podría regularse, según la UE, por medio de una ley nacional, una tarea legislativa compleja y delicada. Una regulación que debiera abordarse desde la búsqueda del consenso entre los partidos, en línea con el artículo 20 de la Constitución y el respeto a la libertad editorial y de expresión. 

Sin embargo, la habitual información partidista que obedece a una línea editorial o al interés de un gobierno, que cae en la tentación de manipular la información para influir o crear un estado de opinión, la seguiremos sufriendo porque es una clase de desinformación legal. Aquí se impone promover la autorregulación de la mano del código ético de conducta de los periodistas y de los consejos deontológicos de la profesión. 

No será fácil para una parte de la audiencia, acostumbrada a un medio concreto y desconocedora de que sus contenidos no son muy rigurosos, alejarse de aquellos medios del ecosistema que trabajan para los intereses de sus dueños y que no dudarían, en ocasiones y coyunturas determinadas, en funcionar al margen de los principios y valores de una Democracia en crisis.

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Odón Elorza es ex diputado del PSOE por Gipuzkoa.

La democracia liberal está mutando pero no en la dirección de su perfeccionamiento; acumula desviaciones y vicios que le restan autoridad  moral y le merman la credibilidad como señalan todos los estudios. Por otra  parte, los nuevos modelos de democracia que construyen Milei, Meloni, Orbán, Maduro, Trump, entre otros, o incluso Ayuso, nos hacen temer que la pérdida de elementos esenciales de la democracia se acelerará.  

Si bien los ultras, los trumpistas, el populismo o la desinformación quieren desnaturalizar o acabar con la democracia formal homologada, los partidos tradicionales de poder, en especial en Europa y América, han contribuido con sus errores al deterioro del sistema, alimentando así la desafección ciudadana hacia la política. ¿Qué hacer?  

La democracia necesita un proceso urgente de regeneración que incluya: su adaptación a los retos que presenta la era tecnológica y de la comunicación  digital; mejorar las fórmulas de elección y representación, hoy desfasadas; así como respuestas a las incertidumbres que surgen en sociedades muy complejas y que han sembrado la inquietud en amplios sectores de la  población. Incertidumbres que son consecuencia de los desafíos que nos plantean tanto la crisis climática con sus efectos como una presión migratoria que no cesará a causa del incremento del hambre, las guerras y los desastres  naturales.  

Repensar la democracia requiere un trabajo de reflexión e interacción entre aquellos agentes políticos, sociales y culturales que sienten la democracia en peligro. Más aún tras el triunfo de Trump con su gobierno de multimillonarios y sus conocidas políticas de motosierra. Las políticas iliberales y negacionistas, el rechazo a lo público con el debilitamiento del Estado y las formas autoritarias quieren ser las nuevas compañeras de viaje de una democracia débil, en  detrimento de los valores éticos y del interés general.  

Mientras la revolución tecnológica continúa avanzando a gran velocidad, la democracia parece inmovilizada y con escasa capacidad de evolución. La responsabilidad de repensar y de actuar con una estrategia común, en favor de su profundización, es de los líderes y organizaciones cívicas que defienden democracias homologadas y que buscan, con ella, garantizar el Estado de  Derecho, la redistribución de la riqueza y una mayor justicia social.

El futuro de la humanidad lo estamos escribiendo hoy con renglones torcidos bajo la presión de una deriva ultraliberal que busca eliminar todas las garantías  propias de un Estado social y de derecho. Para colmo, una parte cada vez mayor de la ciudadanía, especialmente adolescentes y jóvenes, accede a la información política solo a través de unas plataformas digitales carentes de rigor profesional y empeñadas en difundir bulos para fomentar la antipolítica. 

La manipulación y la desinformación se producen desde unas herramientas tecnológicas de la comunicación que pertenecen a poderosas corporaciones que representan un capitalismo digital con forma de oligopolio y que no admiten regulaciones. Y junto al uso de sistemas de IA que ellas poseen, los autócratas disponen de armas con las que nos quieren abocar a una sociedad distópica totalitaria que podemos identificar como tecnofascismo.  

No sabemos hasta qué extremo va a pervertir Trump el sistema democrático en EEUU, pero sí intuimos la contaminación reaccionaria que provocará en Europa. Tampoco sabemos cómo será una gobernanza en la que intervenga la IA que, en sus manos, supone una amenaza para el empoderamiento democrático y la capacidad de libre decisión ciudadana. Ambas pueden verse sustituidas por un gobierno de los algoritmos y de sistemas inteligentes automatizados, ofreciéndonos a cambio “decisiones tecnológicas más eficientes”, un modelo alternativo a la democracia que ya aparece en el horizonte.  

En lo inmediato, con Musk en la Casa Blanca, democratizar las redes sociales y acabar con los discursos de odio será imposible. Por ello, las sociedades que  aman las libertades y la convivencia en paz, deben ejercer la Resistencia y recuperar la función original de internet para que esté, realmente, al servicio de las necesidades de la humanidad. Me gustaría poder ser optimista y soñar con nuevas utopías; como la pendiente declaración de los Derechos Digitales  universales.

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Odón Elorza es exdiputado del PSOE.

Las redes sociales no pueden funcionar conforme a la ley de la selva, como hasta ahora, con un escenario digital fuera de control. La ciudadanía no debería tener que soportar la toxicidad de las redes sociales por culpa de contenidos ilegales, injurias, bulos racistas o xenófobos, fake news y amenazas ultras con sus cuentas falsas, anónimas, haters y bots.

Las principales herramientas de internet están en manos de grandes corporaciones de ideología neoliberal. Esas plataformas digitales se ven invadidas por grupos ultras que han encontrado en las redes y sus aplicaciones a su mejor aliado y la vía más fácil para hacer penetrar sus ideas entre la población. De ahí que en ellas se prodiguen los discursos populistas, la distopía y los relatos alternativos o la posverdad.

Las redes sociales no deben servir para amenazar la democracia sino para atender las necesidades vitales de la sociedad y de las personas. Pero los gigantes tecnológicos son ajenos a la ética digital y a los principios de una sociedad democrática. De modo que la UE y los Estados miembros tendrán que garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos digitales para poder informarse con rigor, comunicar, debatir con libertad sus opiniones en las redes sociales y aplicaciones o hacer compras de bienes y productos con seguridad. La ciudadanía tampoco ha de ser objeto de manipulaciones informativas por parte de oscuros intereses políticos.

Ni Musk, uno de los principales financiadores de Trump y defensor de sus proclamas, ni las demás corporaciones tecnológicas —que actúan como el cuarto poder— están dispuestas a proteger el interés general en el mercado digital ni a ejercer una autorregulación responsable en la gestión de los contenidos ilegales y de aquellos otros que contravienen las propias normas de las plataformas en línea.

Los gigantes tecnológicos rechazan el Código de Conducta contra la desinformación y el paquete de Leyes de la UE sobre Mercados, Servicios Digitales (DSA) y Libertad de Expresión en Medios de Comunicación. En ellas se recoge una amplia regulación para garantizar la defensa de la libertad de expresión con los límites propios del Estado de Derecho, el respeto a los derechos fundamentales de las personas y la seguridad pública, la transparencia y otras obligaciones de las plataformas, los derechos de los consumidores y de los usuarios digitales, así como la protección del honor de las personas y de los derechos de la infancia.

Las plataformas tecnológicas ostentan un tecnopoder superior al de muchos Estados gracias a la nueva economía de los datos que aportamos cada día los usuarios de las redes. Esas macroempresas del capitalismo digital hacen con nuestros datos un oscuro e inmenso negocio sin control.

La prioridad de las grandes corporaciones es mantener la soberanía digital, sin aceptar obligaciones ni una regulación legislativa global. Esas empresas multinacionales siguen reglas de funcionamiento que responden a una situación de oligopolio, fomentan un consumo enfermizo de aplicaciones, hacen un inmenso negocio con el big data y aplican sesgos y algoritmos para fomentar tendencias en la opinión pública y direccionar la información.

Sin embargo, las redes ofrecen grandes ventajas en el tiempo de la revolución tecnológica y debemos recuperar su papel y sentido iniciales. La cuestión es qué hacer y cómo acertar en un escenario digital tan complejo, en un planeta tan polarizado y crispado, a la hora de controlar e intervenir desde los poderes públicos para lograr una gobernanza democrática de las redes.

Lo cierto es que hay distintas sensibilidades de cara a alcanzar un equilibrio regulatorio entre el ejercicio de una libertad individual plena y la primacía del interés general. Era necesario disponer de una regulación justa, ética y eficaz de las redes y otras plataformas digitales por parte de la Unión Europea. Con la regulación aprobada (ley DSA) se pueden sancionar contenidos ilegales que recojan discursos de incitación al odio, a la violencia y al terrorismo, la desestabilización de un país en momentos electorales o de graves crisis, la vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía y la práctica de la desinformación continuada junto a las fake news.

Detrás de esas actitudes asoma la estrategia de la desinformación viral por parte de quienes ocupan las redes y actúan desde el ciberpopulismo o el tecnofascismo. En la actualidad, las redes se han convertido en poderosos sectores estratégicos que son utilizados para amenazar al sistema democrático.

Contamos, desde 2023, con la DSA, que es una ley europea reguladora muy prudente y especialmente garantista a la hora de fijar el procedimiento sobre las sanciones a las plataformas, restricciones a usuarios y la atención a reclamaciones. De modo que su aplicación se ha convertido en un gran reto para los Estados de la UE de cara a cumplir sus mandatos.

Para que la DSA resulte eficaz, se debe aplicar esta regulación sin demoras, extender las medidas de autorregulación y automoderación de las propias plataformas digitales e intervención decidida de las autoridades de los Estados. Este escenario nos empuja a los demócratas y a los movimientos cívicos de la sociedad a reflexionar, también, sobre cómo promover y configurar la idea de unas redes sociales que sean alternativas al actual modelo privado, que aporten confianza digital, funcionen con criterios de responsabilidad ética y estén dispuestas a cumplir las normas de regulación.

Necesitamos avanzar en un proceso de ejecución de las medidas contempladas en la ley DSA para democratizar el sistema de redes sociales, de modo que no estén presididas por la doctrina y visión neoliberales, sino que se gestionen conforme al interés general de la ciudadanía. Existe para ello una doble alternativa:

Por otra parte, se plantea el objetivo de impedir la difusión de contenidos ilícitos desde el anonimato y una supuesta impunidad. Próximamente, los Estados de la UE crearán una Cartera de Identidad Digital Europea, almacenada en el móvil, que podría ser de utilidad para lograr una identificación más directa de los autores de contenidos en las redes que infringen la legalidad. De momento, la DSA establece que la orden de las autoridades a las plataformas prestatarias de los servicios digitales, recabando información para actuar contra los responsables de contenidos ilícitos, exige una respuesta sin dilación porque esas empresas ya conocen la IP o identificador del dispositivo desde donde ha actuado el infractor.

Además, la ley señala que la Comisión Europea fomentará la elaboración consensuada de Códigos de autorregulación que formen parte de las normas generales internas de las plataformas digitales. Servirán para aplicar mejor la DSA y actuar con certeza contra contenidos ilícitos y para reducir riesgos sistémicos.

Si no actuamos con coherencia y convencimiento en la aplicación de la DSA para transformar y democratizar el actual modelo de redes, los enemigos de la democracia seguirán utilizando internet como arma. Y tienen todas las de ganar para favorecer la llegada de falsas democracias y de dictaduras tecnofascistas. De momento, ya han plantado en las redes sus nuevos cuarteles con milicias digitales.

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Odón Elorza es exdiputado del PSOE.

Tras el crispado debate sobre el Plan para la regeneración de la democracia en España, celebrado en el reciente Pleno del Congreso, la sociedad española tiene que participar e implicarse. Se trata de alimentar un debate público necesario con propuestas sensatas que puedan ser estudiadas y, en su caso, asumidas por la inmensa mayoría parlamentaria. La situación lo requiere.  

Como aportación a las medidas en favor de la regeneración de una democracia que llaman “plena”, según el informe sobre el índice de calidad de la democracia que publica anualmente el semanario británico The Economist, quiero insistir en la idea de contar con un OBSERVATORIO independiente. El Observatorio de la Democracia actuaría como un centro de estudio e  investigación académica a partir de los comportamientos políticos y de las percepciones de la opinión pública, formulando recomendaciones y propuestas, precisamente, al Parlamento.  

El vínculo y relación contractual del Observatorio ha de ser con el Congreso. Y tras el correspondiente concurso para su selección, el Observatorio se encargará de redactar un informe público anual dictaminando el estado y evolución de nuestra democracia. En él se expondrían los problemas y deficiencias detectadas en el funcionamiento de la gobernanza democrática en los diferentes ámbitos y sectores, los incumplimientos por parte de las diferentes administraciones e instituciones y las carencias legislativas.  

Para ello, Las Cortes tendrían que conveniar con una entidad, Ong o universidad que sea independiente, apartidista y que acredite experiencia en trabajos sobre la calidad y profundización de la democracia. Su cometido es la realización de las funciones de observación, análisis, valoración, producción de conocimiento y libre proposición.  

Vivimos un tiempo en el que se ha puesto de manifiesto el deterioro de la democracia por las deficiencias estructurales y por los vicios del sistema político, así como las amenazas crecientes a la democracia. Son demasiadas las cuestiones que nos preocupan referidas a las temáticas de transparencia, separación efectiva de poderes, corrupción, régimen electoral, límites de la representación y la participación, desafección ciudadana hacia la política y los  políticos, ejercicio de derechos y libertades, desinformación e incidencia de las fakes news en las redes, o discursos de odio y violencia política, entre otras.  

El Observatorio estaría en condiciones de crear sinergias y promover colaboraciones con otras organizaciones públicas y privadas, utilizar herramientas de evaluación así como monitorizar los nuevos fenómenos que han surgido en el ámbito planetario y que constituyen un reto o una amenaza para el sistema democrático; es el caso de la IA o la falta de regulación sobre  el poder de las grandes plataformas tecnológicas. 

El documento, que debiera contar con un capítulo final de recomendaciones y propuestas, sería remitido al Gobierno y presentado en el Congreso para su reposado estudio en Comisión y posterior debate en un Pleno monográfico.  Por tanto, tenemos la oportunidad de poner sobre la mesa iniciativas que respondan al interés general y ayuden a fortalecer los valores sobre los que se asienta la Democracia y el Estado de Derecho.

Odón Elorza es miembro del Comité Federal del PSOE.

La publicidad institucional siempre ha sido una vía efectiva para financiar a medios de comunicación afines a un partido político. Y una vez “comprados” es muy fácil promover desde ahí un tratamiento informativo a su favor y activar campañas contra los adversarios. De ahí la importancia de la transparencia ante la sociedad sobre la propiedad de todos los medios, sus vías de financiación y las campañas de publicidad institucional que reciben. 

Con el paso del tiempo y la llegada de la era digital, esa realidad se ha multiplicado ante la proliferación de medios informativos digitales. Algunos de ellos, con el apoyo y la retroalimentación de las redes y de WhatsApp, utilizan la estrategia de la desinformación, con la proliferación de bulos, fake news e informaciones insidiosas. Asistimos a la erosión del Estado de Derecho y de la democracia desde medios y plataformas digitales que nada tienen que ver ni con la profesionalidad del periodismo ni con el ejercicio de la libertad de prensa, recogida con sus límites en el artículo 20 de la Constitución. 

Un artículo que consagra el derecho a la libertad de expresión y opinión, recogiendo también el derecho a recibir una información veraz. En realidad, la libertad de expresión e información nunca es absoluta, por cuanto que dicho artículo señala que “estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

En favor de la calidad de los contenidos informativos y del derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz citando fuentes, es preciso conocer el alcance de las aportaciones económicas de empresas privadas así como las ayudas de instituciones y empresas públicas. No es admisible que se alimenten, con una financiación opaca y discriminatoria, la desinformación y las estrategias de manipulación de la opinión pública.

Esta situación adquiere mayor gravedad, en el marco de un clima político de polarización y hostilidad, si el medio de comunicación es público y dependiente de la financiación del Gobierno del Estado, de las CCAA, de los Ayuntamientos o de empresas del sector público. 

La prensa es un pilar de la democracia y para fortalecer el Estado de Derecho resulta imprescindible que mantenga los valores de la independencia, libertad de opinión, veracidad, integridad y rigor editorial en un contexto de respeto al pluralismo informativo. Por eso necesitamos un marco regulatorio democrático. 

Al hilo de la reflexión expresada por Pedro Sánchez, y reconociendo que vamos con retraso en el objetivo de lograr la regeneración de la política en distintos frentes, debemos dotar a nuestra democracia de las herramientas precisas para combatir la desinformación y garantizar la transparencia sobre la propiedad y financiación de los medios y plataformas on line. La ciudadanía debe saber quién posee o controla los medios y qué intereses influyen en la información.

La reflexión sobre cómo defender la democracia casi coincide con la aprobación por el Europarlamento, en marzo de 2024, del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. En esa ley se abordan las injerencias políticas, la defensa del pluralismo informativo, la libertad de prensa, la salvaguarda de la independencia de los medios, la transparencia financiera y los riesgos de la desinformación. Pero este aspecto se recoge de manera muy limitada.

Por tanto, es necesaria la transposición y desarrollo de ese Reglamento en España, una tarea parlamentaria que exigirá la búsqueda del dificil consenso sobre la desinformación, un concepto complejo de definir y resbaladizo. Se trata de posibilitar el seguimiento, evaluación, adopción de dictámenes, medidas normativas y administrativas –siempre justificadas y proporcionadas para no afectar a la libertad de prensa– por parte de las autoridades y organismos reguladores competentes ante los infracciones que se produzcan.

También se debe plantear la creación de un Consejo de Medios de Comunicación que sea independiente del poder político y que esté formado por representantes de los colegios profesionales de periodistas y de los propios medios, expertos y representantes de la sociedad civil. El Consejo, desde su función deontológica profesional, actuaría como organismo regulador de la actividad de los medios desde una perspectiva ética y velaría por el cumplimiento de la normativa europea y española y los valores antes señalados. 

La experiencia europea nos señala, además, la conveniencia de promover la existencia de un Código de Buenas Practicas, como medida de autorregulación por parte del sector de los medios de comunicación.

Ante la desinformación que muchas veces no sabemos distinguir, hay que favorecer desde los poderes públicos el acceso de la ciudadanía a las plataformas que se dedican al contraste y verificación de noticias. De ese modo se facilitará la capacitación y alfabetización mediática de la población, cooperando el Estado con dichas entidades con el objetivo de poner freno a la manipulación informativa. 

A día de hoy, estamos asistiendo a una ceremonia de la confusión ante la  creación, en paralelo, de dos comisiones de investigación en el Congreso y  Senado sobre casos de contrataciones irregulares de material sanitario durante  la pandemia. La absurda situación puede llevar a la ciudadanía a pensar que se  pretenden utilizar de una forma partidista.  

El PSOE ha promovido y aprobado en el Congreso una comisión de  investigación para analizar los casos de irregularidades y posibles delitos de  corrupción que se pudieron producir en el conjunto de administraciones  públicas con ocasión de los contratos excepcionales realizados en la situación  de emergencia que sobrevino con la pandemia de la COVID. Bien, pero cabe  apuntar que se pudo hacer antes.  

Por cierto, a cambio del apoyo de los grupos nacionalistas catalanes para lograr  la mayoría en la Mesa del Congreso, el PSOE se comprometió a crear otras tres  comisiones de investigación (!) sobre la “Operación Catalunya” atribuida al  Gobierno de Rajoy, el espionaje de Pegasus y los atentados yihadistas de  Barcelona y Cambrils.

Por su parte, el PP ha puesto en marcha en el Senado otra comisión que se centra únicamente en las adjudicaciones de contratos que realizaran, con  implicación de la trama del caso Koldo, algunos ministerios y gobiernos  autonómicos en manos del PSOE. Se trata de un nuevo capítulo del  enfrentamiento entre el PSOE y el PP llevado al terreno de la crispación política  y la confrontación institucional, en este caso entre las dos Cámaras del  Parlamento. Una estrategia iniciada tiempo atrás por el PP y que ha llegado al  límite ante la tramitación de la Ley de Amnistía.  

Considero que no deberían desarrollarse a la vez dos comisiones de investigación sobre el mismo tema aunque con distinto foco. Nos encontramos  en un escenario que dice poco de nuestra cultura democrática. Su creación viene precedida de pronunciamientos previos partidistas y da la impresión de  que asistimos a estrategias de contraprogramación por lo que sus trabajos  podrían resultar inútiles y sus conclusiones carentes de credibilidad.  

De momento, el balance sobre los trabajos de la mayoría de las comisiones de  investigación es insatisfactorio al no obtener un resultado razonablemente ágil,  efectivo y riguroso. Por tanto, es lógico que se extienda una sensación de pesimismo y escepticismo ante la falta de condiciones y de voluntad política  por parte de los grupos en favor de perfeccionar el funcionamiento de esas  comisiones. 

De ahí la conveniencia de no retrasar por más tiempo las reformas normativas  sobre el procedimiento a seguir en las comisiones de investigación en lo que se  refiere a la solicitud de creación, acuerdo de puesta en marcha,  comparecencias, criterios de dirección y funcionamiento, aprobación de  conclusiones, etc.  

Llama la atención que ni siquiera se haya planteado la creación de una comisión de investigación CONJUNTA entre Congreso y Senado para investigar  un asunto de tanta relevancia como el de las mascarillas. Su regulación exige  la reforma de los respectivos Reglamentos de ambas Cámaras para forzar a  que las Mesas del Congreso y Senado se tengan que poner de acuerdo a la  hora de investigar un mismo asunto. Puede parecer un ejercicio voluntarista  pero la democracia no puede permitirse el descrédito de dichas comisiones y  del Parlamento.  

Es indiscutible que el Parlamento ha de garantizar un mejor funcionamiento de esas comisiones para la determinación, en su caso, de responsabilidades  políticas tras un trabajo de investigación riguroso que permita la sanción  política. También para corregir y prevenir comportamientos políticos que  posibiliten irregularidades o delitos.  

La experiencia que viví como diputado me lleva a insistir en que son claves la  objetividad e imparcialidad en el desarrollo de los trabajos de investigación. De  lo contrario, esas comisiones, necesarias en democracia, no podrán obtener  conclusiones rigurosas que sean válidas y ayuden a fortalecer el papel del  Parlamento. Porque si resultan fallidas solo servirán para que crezca la  desafección ciudadana hacia la política y los políticos.

La estrategia del “y tú más” retumbó esta semana en el Congreso entre aplausos fervorosos de los más cafeteros y los movimientos de cabeza afirmativos hacia el líder correspondiente que se efectúan desde los escaños, sobre todo cuando se está en el tiro de cámara.

Para un demócrata, más allá del fervor partidario, es obligado preguntarse por los efectos del espectáculo ofrecido de intercambio de golpes, acusaciones y difamaciones en la sede de la democracia. En mi opinión fue vomitivo, en especial la actitud de Feijóo. Más aún porque estos episodios significan quitar tiempo y protagonismo a los debates sobre los problemas que sufre la gente y los retos que deben afrontar España y el planeta. 

Esta bronca tiene su público partidario y hay quienes consideran que rebajar el tono o el argumentario más duro en la respuesta a las provocaciones de las derechas es un gesto de debilidad. Lo compruebo cuando hago estas reflexiones en las redes; lo más triste es que enseguida me llegan las acusaciones de blando, ingenuo o incluso traidor por una supuesta actitud de equidistancia. Hemos llegado a un nivel de polarización tan extrema que para un número creciente de demócratas el clima político resulta asfixiante. 

No propongo callar sino responder con inteligencia y desde los valores democráticos, planteando nuevas medidas contra la corrupción y para prestigiar las funciones del Congreso. No podemos caer en el juego sucio de los trumpistas que buscan la degradación del papel del Parlamento. He sido diputado socialista durante once años, hasta que renuncié en enero de 2023. Me fui decepcionado. Y sigo pensando que la izquierda gobernante debería ser consciente de que a la actual derecha le importa poco y no le afecta que se extienda la idea de que todos los políticos somos iguales y corruptos. Tenemos que combatir esa falsedad. Pero no con las tripas.

Solo quienes vivan en una burbuja o lleven su partidismo al extremo podrían excusar lo acontecido en la sesión de control al Gobierno. Mi gobierno. Por eso y como demócrata me duele que podamos contribuir al desprestigio del Parlamento hasta convertirlo en un foro de permanente confrontación y arrinconamiento del diálogo.

Vivimos tiempos de acoso a la democracia por parte de los populismos trumpistas y los ultras iliberales. Están en la cresta de la ola y aprovechan las contradicciones del sistema, el crecimiento de las desigualdades, la excitación patriótica y las incertidumbres que soporta la ciudadanía. Las incertidumbres de vida que nos provocan las guerras, los retos de la crisis climática y la revolución descontrolada de la Inteligencia Artificial. 

Quienes no compartimos los comportamientos y códigos políticos de esta derecha queremos y necesitamos que la izquierda y los grupos progresistas proyecten en el Parlamento valores éticos y discursos en defensa de la democracia. Defenderla conlleva trabajar por su perfeccionamiento porque la democracia no es compatible con la creciente desconfianza hacia la política y el hastío de la ciudadanía. Dejemos de ser espectadores de la bronca y hagamos algo.

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Odón Elorza es exdiputado del PSOE y miembro del Comité Federal.

El discurso del nacionalismo supremacista y las políticas neoliberales han avanzado de manera rotunda en diferentes Estados de la UE durante 2023. Son avances ideológicos, políticos e incluso de poder gubernamental que se visualizan en Alemania, Italia, Gran Bretaña, Holanda, Suecia, Hungría o incluso Francia. Los de Trump están ganando la partida. 

En España se frenó la amenaza de un gobierno trumpista gracias a una compleja negociación para la investidura de Sánchez que incluye acuerdos problemáticos entre las fuerzas de izquierda y los grupos independentistas. Nadie en Europa está hoy libre de una extrema derecha que adopta la fórmula del nacionalpopulismo y que considera amenazada la identidad europea. Su bandera principal es el rechazo a los inmigrantes y la afirmación de la patria en un sentido excluyente. Pero lo peor es el efecto contagio que provoca en la derecha tradicional que va camino de convertirse en aliada de los ultras. 

Superadas las diferencias iniciales entre los socios de la UE ante la invasión de Rusia a Ucrania, Europa ha vuelto a mostrar que no es un bloque con una estrategia propia en defensa del multilateralismo y la cooperación global. Su tibieza a la hora de condenar los crímenes contra la humanidad en Gaza, una intervención que Netanyahu justifica como un derecho a la defensa propia, ha dejado en evidencia la crisis política de la UE y su desnudez moral.

Europa ha renunciado a la coherencia a la hora de defender los derechos humanos porque lo que le importa es no disgustar a Israel y al amigo americano. El liderazgo que le quedaba a Europa sobre los valores democráticos ha resultado herido de muerte. Y eso nos pasará factura. 

Por cierto, aquí en España hemos asistido a un mensaje del rey nada navideño en el que no se hacía ninguna mención a las víctimas civiles de las guerras y a la crisis humanitaria que suponen las migraciones. Lamentable actitud de un jefe de Estado a quien solo parecen preocupar las intrigas de una corte crispada y no la realidad política que vive el planeta. El silencio de Felipe VI choca de modo estruendoso con la posición del presidente Pedro Sánchez alineado con la ONU en favor de un alto el fuego inmediato en Gaza. 

Los conflictos bélicos internacionales o regionales, la crisis climática y la hambruna incrementarán los movimientos migratorios hacia el falso paraíso europeo. No es casual que finalmente se haya aprobado un nuevo Pacto sobre Migraciones y Asilo por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE para tratar de controlar y restringir la llegada de inmigrantes. Lo acordado incluye mecanismos para hacer más efectivas las deportaciones y expulsiones en caliente de los migrantes irregulares. La polémica está servida.

Sin embargo, el flujo migratoria no cesará e influirá en el resultado de las elecciones a celebrar en junio de 2024 para el Parlamento Europeo; también en Estados de Alemania, EEUU y quizás Gran Bretaña. La ultraderecha se verá favorecida por el incremento del clima de inseguridad y el miedo entre la ciudadanía ante el fenómeno terrorista, que adquirirá mayor protagonismo en occidente como respuesta a la brutal intervención de Israel en los Territorios Palestinos. El miedo crece y vota; no importa si surge frente al yihadismo, Rusia, China, la IA, un virus o las pateras de personas migrantes. 

¡Ojalá lo anterior fuera solo una especulación de los responsables de seguridad en los Estados Europeos! La propaganda y las llamadas a la acción por parte del yihadismo global desde las redes de internet son la mejor herramienta para el reclutamiento. Además, la brutal intervención de Israel en Gaza  –provocada por Hamás pero que resulta genocida por su desproporción– actuará como otro detonante. De modo que, cuando convenga a la estrategia del terrorismo islamista, se prevé que vuelvan a activarse las células y los lobos solitarios que viven en la UE. 

En un escenario de alerta ante los atentados terroristas y unido al desafecto por la política, la crisis de la democracia representativa, el rechazo a las élites y las desigualdades económicas y territoriales, pesará el voto del miedo. Así, las elecciones al Parlamento Europeo pueden significar un triunfo de la extrema derecha trumpista, con la consiguiente crisis de dirección en la Comunidad. 

2023 ha sido un mal año para la democracia. También ha dejado claro el poder incontrolado de los grandes imperios que representan las corporaciones tecnológicas y que han jugado un papel decisivo en las guerras, en las campañas electorales y en la marcha de la economía global. En el marco de la globalización, estos poderes tecno-económicos actúan y toman decisiones de gran trascendencia al margen de las reglas democráticas, en contra de los intereses generales y por encima de la soberanía de los Estados. 2024 nos acerca a la distopía y a la idea de que las migraciones tienen repercusión social interna e impacto en nuestras democracias.

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Odón Elorza es exdiputado y miembro del Comité Federal del PSOE.

Depende de cada uno de los actores políticos contribuir a dignificar la política. Sin embargo, parece que nos empeñamos en lo contrario. En el ejercicio de la política, más aún en el desempeño del poder, no se puede olvidar su función pedagógica, desarrollando ante la ciudadanía la práctica de los valores de una democracia.

Con mayor motivo cuando esta se ve debilitada. Si no lo hacen los líderes institucionales, a quienes se les supone una mayor responsabilidad, se embrutece la política. Sin embargo, en el camino de la investidura, Feijóo y el PP han cometido, de entrada, un grave error que desprecia una regla elemental de la democracia al promover el voto tránsfuga o de traición en los escaños del PSOE. Buscan diputados socialistas “buenos” que pudieran favorecer su investidura.

Esta derecha, que evidencia grandes contradicciones en sus propuestas y en la relación con la extrema derecha y que se aleja de las posiciones del liberalismo democrático, anda tan perdida que no es consciente de que ya no será posible un Tamayazo. Ni tampoco se repetirán las incomprensibles abstenciones de la polémica investidura de M. Rajoy, el 29 de octubre de 2016, con el voto en contra de un pequeño grupo de diputados del PSOE que luego tuvimos que sufrir las consecuencias.

No soy nada sospechoso de simpatizar con Feijóo. Sin embargo, me llama la atención la excesiva displicencia y tensión en el tono de los portavoces de Ferraz y Moncloa al comentar la reunión en el Congreso de Feijóo con Sánchez. En democracia, las formas son importantes. Mucho más en un tiempo en el que la crispación y los discursos de polarización asfixian la política y congelan la Constitución.

La pregunta es obligada: ¿hasta dónde podrán aguantar las costuras de nuestro sistema democrático de convivencia con esta escalada de la confrontación? ¿Cómo afrontar los grandes desafíos del siglo XXI sin que medien acuerdos transversales?

Feijóo se presenta a la investidura tras haber ganado el 23J y contar hoy con más apoyos en el Congreso. Por tanto, la decisión del rey es correcta. Otra cosa es que el candidato de la derecha lo haga, también, para reforzar su liderazgo en el PP ante la amenaza de Ayuso y para mostrar su rechazo a las políticas públicas y a la configuración plurinacional de España.

Considero que la estrategia más inteligente para el PSOE es aquella que trate de suavizar tensiones en el doble proceso de investidura y de crear las condiciones más favorables de cara a una posible repetición electoral. No es una cuestión de ingenuidad sino de audacia. Porque, precisamente, este complejo escenario de la investidura es una oportunidad para hacer política de altura, apoyada en el diálogo, el razonamiento, la prudencia y la aceptación del pluralismo. Es preciso dejar a un lado los discursos de propaganda dirigida solo a los más fieles.

Vivimos en España y en el conjunto del planeta un peligroso ciclo político que en realidad es una repetición de episodios ultranacionalistas del reciente pasado. Es una etapa de incertidumbres en la que va creciendo el neoliberalismo autoritario y el odio entre bloques. Por ello, la izquierda debe entender que el avance del populismo trumpista y su acoso a la democracia se frenarán con más democracia, más justicia social en favor de la igualdad y pleno respeto a los principios del Estado de Derecho, entre ellos la separación de poderes.

Como socialista que quiere lo mejor para este país y la formación de un gobierno de progreso y libertad, creo que todos deberíamos contribuir a rebajar la crispación actuando con tranquilidad de ánimo e inteligencia. Sería, desde luego, el mejor escenario para que Pedro Sánchez gane de modo transparente la endiablada investidura y afronte lo que viene después.

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Odón Elorza es exdiputado y miembro del Comité Federal del PSOE.

En las elecciones del 23J fallaron al final las encuestas porque, 'in extremis' y gracias a los errores y mentiras de Feijóo, hubo una movilización del electorado progresista que impidió una mayoría absoluta del trumpismo españolista representado por el PP y Vox. Fue el primer match ball que se superó.

Ganó el PP con 137 escaños que sumados a los Vox, UPN y CC alcanza 172. El PSOE obtuvo 121 y sumados a sus socios de coalición y a otros grupos con los que sostuvo el Gobierno llega a 171. Sin menospreciar los votos de cada grupo progresista, los siete escaños independentistas radicales de Junts jugarán un papel decisivo. Es patente el equilibrio de fuerzas en un escenario que no favorecerá que se rebaje el nivel de crispación, la polarización y, lo que es peor, el odio.

Con ocasión de la formación de la Mesa del Congreso se repite la historia y se supera otro match ball. Pero la incertidumbre sobre el proceso de investidura que viene va a continuar. Aunque me sorprenden algunas reacciones de euforia, en ciertos medios y en las redes, tras evitar que la Presidencia del Congreso cayera en manos de Cuca Gamarra, alineada con Ayuso y Sarah Palin.

Debemos ser conscientes de que esta especial competición democrática, en el mejor de los casos para Pedro Sánchez, aún nos hará vivir episodios de angustia. Superar un match ball significa que el partido continúa y que habrá más situaciones límite para reeditar un Gobierno de progreso mediante una investidura de encaje de bolillos o tras una repetición electoral en diciembre. Una repetición que, de celebrarse, no doy por perdida si las cosas se hacen bien y los datos y variables socioeconómicas, nacionales e internacionales, favorecen.

En ambas situaciones, es muy conveniente que Feijóo cumpla su palabra y se someta al proceso de investidura. Ayudará a clarificar posiciones con la transparencia que da un largo debate en el Congreso y reducirá la capacidad de manipulación trumpista del PP. Tampoco ocultaré que su desgaste en el debate y previsible fracaso en la votación provocará una crisis de liderazgo en el PP.

En el caso del Presidente en funciones, y si fuera investido tras una negociación de encaje de bolillos, no se le acabará el partido. Porque, con un Senado en contra y las tensiones producto de las estrategias propias de las fuerzas de apoyo a Sanchez, llegarán momentos de duras negociaciones, episodios de crisis y deslealtades. Y cada proceso presupuestario, lo mismo que la tramitación de leyes de calado, supondrán nuevas bolas de partido.

Mientras, los partidos del Gobierno han de seguir gestionando con prudencia la dulce derrota del 23J. Les interesa complementar el relato del freno a la involución con una estrategia que apueste decididamente por cuidar, al máximo, las formas democráticas y emplear un discurso alejado de la crispación. Ante la alta tensión de la vida política, nada mejor que un Presidente –en funciones– muy institucional que gestione un tiempo para la distensión con calma, diálogo y humildad.

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Odón Elorza es exdiputado y miembro del Comité Federal del PSOE.

La sociedad española sufre el riesgo de una ruptura de la convivencia democrática. Así lo percibí desde casa y frente al televisor cuando oí el grito “que te vote Txapote” lanzado por la militancia ayusista del PP bajo el púlpito de Génova en la noche electoral. Después, siguiendo en el túnel del tiempo, escuché el grito “no pasarán” por parte de la militancia del PSOE ante la sede de Ferraz.

La campaña electoral, sucia y mentirosa, ha sido un reflejo de estos cinco años de tensiones y polarización. Los resultados del 23J nos dejan una sociedad dividida, con ausencia de diálogo político transversal y contaminada por un discurso extendido de odio. No soy equidistante y considero que el PP y VOX son los principales creadores de este escenario y responsables de la crisis de Estado.

España tiene pendientes reformas claves y medidas estructurales que exigen Pactos de Estado. Y la pregunta obligada para la izquierda desde una posición autocrítica es: ¿adónde nos lleva este escenario político de confrontación que oculta la necesidad de diálogo y acuerdos para afrontar con garantías los retos propios y los desafíos globales que afectan al planeta? Necesitamos abrir ya un tiempo para la distensión.

No resultará tarea fácil. Pero no intentarlo sería una grave irresponsabilidad. Los grandes desafíos globales del siglo XXI, como son la lucha por la inclusión, la transición ecológica o la revolución tecnológica y sus efectos, así como las migraciones, requieren grandes acuerdos. Y no se resolverán desde una actitud sectaria sino dignificando la acción política en democracia.

El PP ha ganado las elecciones aunque se quedó lejos de las expectativas fabricadas en sus encuestas. Conviene diferenciar entre el deseo y la compleja realidad de una fragmentación electoral que representa a la España plural de la diversidad. Se trata de racionalizar las expectativas de gobernar que generan las frías matemáticas del nuevo Congreso, sin olvidar el resultado de un Senado azul.

En el terreno de las cábalas, Feijóo ha de presentarse a la investidura como ganador del 23J. Es su oportunidad y debiera activar la liturgia de la democracia y el debate parlamentario. No puede hacer otra espantada, como la del debate a cuatro en TVE. Nos habla de bloqueo olvidando que han estado cinco años tratando de bloquear la acción de gobierno. Clama por el respeto a la lista más votada cuando no la respeta en comunidades autónomas y ayuntamientos.

Si Feijóo no se presenta o fracasa, Pedro Sánchez ha de intentarlo. Si Junts y otros partidos independentistas moderan sus condiciones, habrá Gobierno de progreso, muy complejo pero “experimentado” y –ojalá– más dialogante y prudente. Si mantienen un precio inconstitucional se rompe la negociación y Sánchez ganará credibilidad de cara a una segunda vuelta electoral en diciembre. Porque es muy posible que los malos resultados de ERC y Junts –en pelea entre ellos y con las elecciones catalanas próximas– les lleven a la tentación de desestabilizar el proceso de investidura por no importarles ni convenirles la gobernabilidad de España. Incluida la de Cataluña.

De aquí a diciembre pueden pasar muchas cosas e incidirán variables internas y acontecimientos internacionales. Unas cuantas se nos escapan, otras no. Por ejemplo: ¿Cómo evolucionarán los datos de la inflación y del empleo? ¿En qué situación estará la guerra en Ucrania con las bombas de racimo y la exportación de cereales? ¿Hasta dónde llegará la pérdida de crédito de Feijóo? ¿Qué incidencia tendría un cambio de estrategia por parte de Pedro Sánchez? ¿Cómo de reforzado saldría Sánchez de un fallido proceso de investidura tras romper una negociación imposible con Junts, entre otros? ¿Planteará Sánchez Pactos de Estado de cara a la próxima campaña? ¿Qué ocurrirá en las instituciones en las que gobierna el PP con Vox? ¿Aparecerá alguna “letra pequeña” para la recepción de más Fondos Europeos?

Los analistas y tertulianos dirán lo que consideren. A mí me parece muy difícil vaticinar qué sucedería en una repetición de elecciones. La situación exige que el Gobierno en funciones no se precipite en estos meses y actúe con prudencia tras una derrota dulce. Ha de pensar que las campañas no se ganan con un debate y en una semana y que ahora dispondría de cuatro meses. Del PP no espero nada que no sea una mayor radicalización trumpista.

Este Gobierno necesita complementar su relato con una estrategia que apueste decididamente por las formas democráticas y un tono nada crispado. Lo digo, también, pensando en la repetición de las elecciones. Algo que veo inevitable. Ahora, más que nunca, el país necesita un presidente –en funciones– que gestione un tiempo para la distensión con calma, diálogo y humildad, que actúe de manera institucional y que proyecte confianza ante la ciudadanía y la UE. Saldrían reforzados Sánchez y la democracia.

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Odón Elorza es exdiputado del PSOE y miembro del Comité Federal.

Me gusta con locura jugar al ajedrez contra una de esas computadoras chinas programadas con Inteligencia Artificial que admite tres niveles de competición. Estaba ayer perdiendo la partida cuando vi la oportunidad de lanzar un jaque al rey casi a la desesperada. Fue entonces cuando me pasó por la cabeza la idea de que el Presidente Pedro Sánchez pudo haber urdido una audaz jugada la noche del 28M tras conocer los malos resultados.

Pongamos la imaginación a funcionar. En este caso no analizaré la variable —para nada imposible— de una buena suma inicial de diputados entre PSOE y Sumar que con el apoyo de otras fuerzas permitiera ganar la investidura y mantener el Gobierno de progreso.

Mi elucubración se centra en el movimiento de Sánchez ante la hipótesis de no alcanzar la mayoría absoluta por un pinchazo de SUMAR, para salir el 23 de julio como el partido más votado y con más diputados, superando al PP. Es un resultado que se puede producir con independencia de que las fuerzas a su izquierda concurran juntas o por separado a las generales.

Este escenario requeriría un crecimiento de voto del PSOE a costa de Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Hablando claro: el presidente podría conseguir atraer y concentrar el voto útil progresista. No es un escenario descabellado a la vista de dos circunstancias que se complementan: la amenaza de retroceso que representan los anuncios de PP y Vox y los errores que se han acumulado en el proceso negociador para acordar las listas de SUMAR que dejarán una huella negativa y de enfado en sectores de la izquierda.

Por tanto, si Pedro Sánchez consiguiera el objetivo de ser la lista más votada desnudaría absolutamente el discurso y las mentiras de Feijóo, también las de Ayuso, la dama en el tablero. Feijóo iría en las peores condiciones a un pacto de investidura y gobierno con Vox —las torres armadas— en plena Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Obtener el voto útil para ser la fuerza más votada tiene una enorme importancia para el círculo de Presidencia en Moncloa. Podría obligar, con mayor razón, a una repetición de las elecciones si Feijóo, como segunda fuerza, no encontrara además de VOX aliados de investidura en el PNV o en algún otro pequeño partido. Y, por supuesto, permite a Sánchez, en cualquier caso, recalcar que no ha perdido las elecciones, reforzar su posición dándole un relato para afrontar cuatro años, o seguramente menos tiempo, con una sólida estrategia de oposición en el Congreso y en la calle, liderando al conjunto de la izquierda.

De entrada, el líder del PSOE ya ha formado sin problemas las listas con peones de lujo, gentes fieles de Moncloa e incluso miembros de aparatos del partido que actuaron como adversarios sin piedad en las dramáticas primarias de 2017. Cuenta con el escudo de los datos de mejoría de la inflación, del empleo y la previsión de crecimiento, así como de una subida de las pensiones para que los mayores no olviden lo que se juegan el 23J y vayan a votar. Todo ello le hará sudar a Feijóo en los debates.

Pero además, Sánchez intentará en campaña quitarse lastres e hipotecas con algunas declaraciones —muy estudiadas— sobre sus compromisos en materia de alianzas y apoyos para gobernar. Por ello marcará distancias que aparecerán durante los debates electorales en las televisiones.

En ajedrez hay movimientos en principio extraños que cobran sentido al final de la partida. Lo que no haré aquí es desvelar cómo acabó la mía contra esa computadora que, a diferencia de Feijóo, no puede hacerme trampas ni movimientos equivocados; aunque, eso sí, acumula miles de datos sobre partidas; más que el CIS.

Ahora bien, cuando me gana —lo cual sucede casi siempre— no puede crecerse ni sonreír. Algo que le podría ocurrir a Pedro aunque perdiese la Presidencia en Moncloa.

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Odón Elorza es exdiputado del PSOE por Gipuzkoa.

Las elecciones del 28M permiten afrontar el desafío de una regeneración del sistema institucional para ensanchar los límites de la democracia representativa. Al ser los Ayuntamientos la institución más próxima a la gente, la democracia avanzará si las Alcaldías y los Gobiernos Locales promueven, mediante procesos innovadores, una democracia de participación y consulta ciudadana.

Hablo de desarrollar una gobernanza cívica compartida e inclusiva hacia los agentes ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Hablo de un liderazgo local basado en la ética pública, del ejercicio de la transparencia con un acceso fácil a una información desde la web municipal tratada y plural y de una rendición periódica de cuentas para posibilitar el control de la gestión.

Aunque los partidos inmovilistas y conservadores no quieran verlo, ha pasado el tiempo de la simplificación de una democracia basada en el voto cada cuatro años y la mera representación de los electores. Se acabó el viejo modelo de gobernar de espaldas a la gente, con simulacros de participación, y de adoptar decisiones unilaterales. La coproducción de las políticas públicas significa la búsqueda de la implicación ciudadana y una forma de relación y colaboración entre instituciones públicas y otros actores con el objetivo de producir mejores soluciones a los problemas colectivos del municipio.

De entrada, es imprescindible que las candidaturas de izquierda a las Alcaldías hayan realizado, desde hace semanas, un proceso participativo de cara a la elaboración del Programa Electoral, desarrollando un calendario de encuentros para escuchar la opinión de entidades, colectivos y organizaciones locales sobre el diagnóstico del municipio.  

En campaña debiera explicitarse el compromiso de formalizar tras las elecciones un contrato de legislatura con la ciudadanía que recoja las prioridades del mandato. Esto supondría abrir, tras la formación del gobierno local, un proceso de 2-3 meses de duración máxima, con reuniones entre el gobierno local y las entidades y agentes ciudadanos para tratar de acordar las áreas temáticas o problemas que han de exigir una atención prioritaria en los 4 años de mandato.

A la vez, ese procedimiento servirá para acordar los objetivos y proyectos de inversión más importantes a incluir en el Programa de Gobierno para su ejecución desde los presupuestos municipales. Todo ello puede conformar el Plan de Acción Municipal (PAM) a cuatro años, en un ejercicio responsable de coproducción de las políticas públicas.

Las estructuras estables de participación, como el consejo social de ciudad o los consejos sectoriales y territoriales, han de ser representativos, autónomos y no burocratizados. Servirán para hacer propuestas, deliberar y realizar el seguimiento y un control cívico de los compromisos del contrato con la ciudadanía; esto es, controlar la aplicación de las prioridades del PAM o Programa de Gobierno y de los Presupuestos Municipales.

Los sistemas de participación han de incluir diferentes modelos de reuniones deliberativas del gobierno local con los consejos, las asociaciones y la ciudadanía a nivel individual. Pueden adquirir la forma de audiencias públicas, foros de trabajo, consultas municipales regladas sobre proyectos (sin las actuales tutelas de la ley y que puedan llegar a ser vinculantes en función del tema consultado y de si se obtiene un alto nivel de participación) y asambleas territoriales o sectoriales para informar de actuaciones y para debatir propuestas ciudadanas.

Pero el espíritu de una mayor participación, diálogo y transparencia ha de ampliarse también al funcionamiento interno del Ayuntamiento. En concreto, a las relaciones entre gobierno y oposición para garantizar la calidad de la democracia local y el control sobre la gestión del gobierno. En esta línea surgen medidas como la consecución de un pacto sobre el Reglamento de organización y funcionamiento del Ayuntamiento.

Pero no es posible afianzar la democracia y hacer avanzar la participación sin garantizar una información municipal objetiva, tratada y accesible, utilizando desde los formatos más clásicos hasta las aplicaciones más audaces en internet. Mediante programas y herramientas digitales en la web del Ayuntamiento se ha de facilitar la presentación de peticiones, quejas e iniciativas ciudadanas para la obtención garantizada de respuestas, así como para la realización de consultas y encuestas.

Estas iniciativas de más democracia están contrastadas, aunque algunas pudieran parecer complejas o muy audaces. Y tienen que venir de la mano de Alcaldías capaces de liderar estrategias de empoderamiento e implicación ciudadana, transformaciones en clave de sostenibilidad y políticas que cuenten con la mayor legitimidad.

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Odón Elorza es exalcalde de San Sebastián (1991-2011).

Ni amor ni cariño ni finalmente un mínimo respeto. Estamos dando la razón a quienes piensan que ha sido —aún es— una relación de conveniencia mutua para gobernar, detrás de la cual no existía una predisposición favorable. Tampoco se han aprovechado estos años para crear una cultura del pacto y fortalecerlo de cara al futuro inmediato ante el avance de una derecha cada día más reaccionaria y trumpista.

Carecemos de una cultura de pacto con ideas a compartir y metodología de trabajo, en el Gobierno y en el Parlamento, pensada para fortalecer una experiencia democrática inédita de un gobierno de las izquierdas en España. Algo tan necesario para afrontar con ilusión las próximas elecciones, municipales, autonómicas y generales, pero que hoy parece imposible de repetir.

Todos mis lamentos y reflexiones en las redes sociales ante una relación tormentosa, plagada ahora de descalificaciones entre las que destacan las más gruesas e impertinentes de UP, solo han servido para ganarme la acusación de “equidistancia”. También de blando con UP o de cómplice de un PSOE traidor. Es imperdonable esta forma de jugar al suicidio político de la fórmula de gobierno de coalición. Y me resulta un ejercicio de irresponsabilidad que pagarán la ciudadanía progresista y los sectores de población más perjudicados por la crisis.

Estoy llegando a la conclusión, y ojalá me equivoque, de que este comportamiento de confrontar abiertamente entre socialistas y podemitas, desde las tripas y a modo de un desahogo brutal, una respuesta contenida en el tiempo, es algo deseado por sectores de ambas organizaciones.

Da la impresión de que Pablo Iglesias está buscando ahora una ruptura del Gobierno para coger desprevenida y sin los deberes hechos a Yolanda Díaz. Sería como frustrar su intento de organizar la plataforma electoral Sumar, otra más, en la que UP no se encontraría a gusto. Cuestión de reparto de puestos en las listas y de control de la dirección de la estrategia de la izquierda alternativa.

No deberíamos olvidar que la última encuesta de El País le daba cierta subida y eso podría mover a Iglesias y Montero a acelerar la ruptura con el PSOE. La cuestión clave es escenificar “con acierto” quién rompe y de qué manera para que la culpa y el coste se lo lleve la otra parte.

En este escenario, me temo que cada cual esté buscando motivar a su electorado. Sin embargo, considero que esta bronca no favorece ni motiva al conjunto de la gente. No ilusiona a quienes quieren y defienden políticas públicas, más medidas en favor de la igualdad y fortalecer nuestra economía de la mano de políticas fiscales más justas, un reparto de los beneficios empresariales y un mayor esfuerzo colectivo para aprovechar los fondos europeos de regeneración económica y transición ecológica.

La confrontación en el seno de las izquierdas, evidenciada en víspera de la fecha emblemática del 8M y con motivo del debate en el Congreso de la necesaria reforma de la ley estrella del Gobierno —solo sí es sí—, podrá satisfacer a los más cafeteros o a los hooligans respectivos. Pero a gran parte de la sociedad progresista y en general a quienes viven con temor el discurrir de las crisis y las incertidumbres globales, esta situación les lleva al desánimo y a la desorientación.

Lo recogía la encuesta antes citada. En el caso del PSOE, los datos destacan el grave problema de la desmovilización y desorientación del votante socialista, con un 60,6 % que irían a votar, frente al 68,3 % del PP y un 72% de UP. La bronca interna del Gobierno nos hace mucho daño e insisto en que debemos centrar el trabajo y el discurso en la economía de las personas y su dignidad de vida. También es imprescindible actuar con mayor sensibilidad democrática en todos los frentes, en especial en el Parlamento.

Lo cierto es que hemos entrado en un ciclo en el que las respuestas —y por supuesto las descalificaciones— se hacen desde las tripas y la búsqueda del desahogo; nunca desde la reflexión política serena. El “y tú más” tampoco ayuda.

La desconfianza entre UP y PSOE, que viene de atrás, ha vuelto a explotar y cada cual cree tener toda la razón. Grave error. El pacto de Gobierno nació de la nada. Llegó de repente la misma noche de la repetición electoral en noviembre de 2019 y no se ha alimentado el entendimiento y la confianza entre ambas partes, en estos años, con dinámicas de un mayor diálogo y empatía. Reconociendo grandes logros en políticas sociales, a pesar de la pandemia y la guerra, cuestiono el trabajo de Moncloa en aquella dirección. El resultado fallido de la coalición salta a la vista.

¡Qué espectáculo estamos dando!

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Odón Elorza es ex diputado del PSOE y licenciado en Derecho. 

Si España aspira a convertirse en vanguardia en la aplicación del principio democrático de la rendición de cuentas con un ejercicio práctico y transparente, por parte de todos los cargos públicos, han de tomarse decisiones. Con medidas que sean innovadoras y pioneras en el ámbito de las democracias más avanzadas.  

Se trata, por tanto, de adoptar nuevas herramientas de acción política alineadas con los valores de la democracia y el derecho fundamental a la participación política que establece la Constitución (artículo 23.1) y la Unión Europea. 

Por otra parte, la necesidad de dar continuidad a un proceso de regeneración democrática en España implica directamente a las instituciones. Entre ellas, el Parlamento juega un papel fundamental en el fortalecimiento de la credibilidad del sistema democrático.  

Por su repercusión, la rendición de cuentas de los diputados requiere acordar la aplicación de buenas prácticas políticas que ayudarán a mejorar la calidad de nuestra democracia. Permitirá enriquecer la democracia representativa y disminuir la desconfianza de una parte de la sociedad hacia los políticos, los partidos y las instituciones.  

El Gobierno de España viene desarrollando desde 2020 un Plan de Rendición de Cuentas sobre la acción de gobierno. Es tiempo de que los Diputados rindan cuentas del trabajo que realizan; como mínimo una vez al año. Por tanto, es exigible, en un ejercicio de responsabilidad política, que quienes componen el Congreso practiquen la rendición de cuentas de manera continuada y accesible para la ciudadanía.  

La potencialidad de las tecnologías de la información hace posible, gracias a herramientas como las páginas web, una rendición de cuentas online. Es una forma muy accesible de dar cuenta del trabajo efectuado por los diputados y de posibilitar el control público de la ciudadanía sobre su gestión de cara a poder formarse una opinión para la siguiente convocatoria electoral.

Sin embargo, los hábitos de funcionamiento del Congreso no se cambian con facilidad. Se precisa incorporar a su Reglamento nuevos compromisos coherentes con el Código de Conducta. Con ese objetivo y en la idea de avanzar hacia un Parlamento Abierto, he presentado como diputado una Proposición de Ley para reformar el Reglamento e incorporar el deber de todos los miembros de la Cámara de disponer de su propia página web. Ellos y ellas tendrán que alimentarla, de forma rigurosa, con contenidos relacionados con su actividad parlamentaria.  

La resolución del Congreso Federal del PSOE recoge este deber para los cargos públicos. Pero no plantea una fórmula concreta. La solución que he presentado para hacer una rendición de cuentas accesible trata de responder a la cuestión. De hecho la utilizo desde hace 10 años en la web odonelorza.com.

La reforma del Reglamento consistiría en añadir al capítulo “De los deberes de los Diputados” un nuevo artículo —el 16 bis— con la siguiente redacción: 

“1. Los Diputados están obligados, durante el primer trimestre del inicio de legislatura, a habilitar una página web personal a su costa, cuya denominación se corresponderá con su nombre y apellido y que estará publicitada en la web oficial del Congreso. Su finalidad es la de ejercer la rendición de cuentas online ante el electorado por parte de cada Diputada y Diputado, así como favorecer la transparencia, la participación ciudadana, el control público y la comunicación y diálogo con la ciudadanía.

2. La página web que instale cada Diputado deberá recoger, entre otros contenidos: la biografía, declaración de bienes e intereses económicos, las actividades externas compatibles y la actividad parlamentaria que desarrolle en relación con las iniciativas y propuestas que presente, intervenciones, estudios y agenda pública de reuniones y de actos en su circunscripción. Dispondrá, además, de un enlace que permita interactuar a la ciudadanía con el Diputado“.

Será una medida complementaria e imprescindible a las funciones de la web oficial del Congreso que tiene que informar con objetividad y claridad de la actividad que desarrolla y de los acuerdos adoptados. Todo ello en el marco de una democracia parlamentaria que apuesta por un modelo institucional de gobernanza participativa y transparente.

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 Odón Elorza es diputado del PSOE por Gipuzkoa. 

¿Sabéis objetivamente a quién puede convenir el descrédito de los partidos y quién podría aprovechar una confrontación entre poderes institucionales para poner en valor su papel moderador?

¿Sabéis quién podría salir reforzado en esta crisis de Estado o a quién puede hacer bueno, sin mancharse en la solución del problema, y ayudar a que la opinión pública olvide “otras historias”? 

¿Recordáis quién no se examina ante la ciudadanía cada 4 años ni debe rendir cuentas de lo que hace o no hace ante el Parlamento en favor de la calidad de la democracia ni someterse a la justicia?

¿Quién podría mejorar su imagen ante la opinión pública sin hacer NADA —todo lo más un discurso distante— ni correr riesgos, aun figurando como jefe de Estado con las funciones del artículo 56.1 de la Constitución, mientras otras instituciones se desgastan, degradan y debilitan? 

¿Quién sobrevive en cualquier régimen y seguirá a flote pase lo que pase en esta crisis de Estado? 

La monarquía española lleva un tiempo sufriendo el descrédito en boca de casi todos y ahora contempla cómo la vergüenza la sufren otras instituciones y la propia democracia. Es muy consciente de que lo más importante, por encima de todo, es preservar la institución de la Corona.

Así que, visto el contenido del mensaje real de Navidad… pensadlo bien o mejor pensad mal para acertar en las respuestas. 2023 puede ser el año del resurgir de la monarquía parlamentaria, con una población confusa y con miedo ante tanta crisis. Aun a costa del vigor de la Democracia y de la coherencia de las izquierdas.

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Odón Elorza es diputado del PSOE por Gipuzkoa 

Es muy previsible que el rey introduzca en su mensaje de Nochebuena alguna referencia a la grave crisis de Estado que atravesamos y que degrada nuestra democracia y debilita el Estado de Derecho. La confrontación entre los diferentes poderes guarda relación, de manera especial pero no exclusiva, con el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional y el CGPJ.

Ahora bien, lo que algunos no entenderíamos es que Felipe VI lanzara una reprimenda habiendo permanecido ajeno a este deterioro de la vida política en España. Dicho de forma clara, sin haber realizado la función que le asigna el artículo 56.1 de la Constitución que señala: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, ...”

Soy un diputado republicano pero la crisis de Estado ha llegado estos días a un nivel objetivamente muy peligroso para la democracia y busco desesperadamente salidas. Esto me lleva a reflexionar sobre la posibilidad de algún tipo de mediación del jefe del Estado en defensa de la democracia y del normal funcionamiento de las instituciones. Por tanto, y subrayando que carece de un poder real de actuación vinculante y que su labor es simbólica, se trata de evaluar una actuación audaz que no sea tachada de anticonstitucional ni de inoportuna.

Es cierto que se trataría de una intervención del rey en un terreno resbaladizo y que debiera ceñirse a una tarea respetuosa con el carácter de imparcialidad que se asigna a la monarquia parlamentaria. La lectura de los estudios jurídicos e interpretaciones del artículo 56.1 que he podido consultar de expertos constitucionalistas como Jose María Gil-Robles, Miguel Herrero de Miñón, Manuel Aragón, Antonio Torres del Moral o Perez Royo, me llevan a formular tres consideraciones:

Hay otras opiniones que consideran que las funciones de la corona, recogidas con notable indefinición en el artículo 56.1, no superan lo estrictamente simbólico o lo literario, por lo que no puede intervenir en ningún conflicto político. Bien porque no le corresponde o bien para preservar —digamos—su “prestigio e imagen”.

Sin embargo, existen ejemplos de intervenciones del rey que han tenido que ir más allá de discursos enfáticos en relación con la pandemia del coronavirus, la crisis económica o la energética. Nos podemos encontrar ante el deber de hacer actuaciones por parte del rey en coyunturas excepcionales; como ocurrió ante el intento del golpe de Estado en 1981 para restablecer el orden constitucional o tras el referéndum ilegal del 3 de octubre de 2017 sobre la declaración de independencia de Cataluña.

Y ahora ... ¿a qué espera el rey? Porque asistimos a unos acontecimientos nunca imaginados y si no arbitra y modera para proteger la democracia podría ser acusado de irresponsabilidad y resultar prescindible.

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Odón Elorza es diputado y portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional.

Denuncio un expediente escandaloso cuya responsabilidad es de la Comisión Europea. Se trata de un contrato que no solo mantiene una falta de transparencia sino que, además, su opacidad provoca sospechas sobre posibles irregularidades en su tramitación. Veamos los hechos. 

El contrato directo con Pfizer fue muy relevante, tanto en términos de volumen, 1.800 millones de dosis de vacunas para una población en la UE inferior a 450 millones de personas, como por el precio estimado a pagar. Por los datos filtrados, cada dosis se pagó, al principio, a 15,50 euros, y luego el precio subió un 25% hasta los 19,50 euros, según el Financial Times. Otra cosa sería el coste real de producción. Aplicado al nuevo contrato de suministro de 1.800 millones de dosis, supondría un pago estimado a la farmacéutica Pfizer de 35.000 millones de euros.

El día 24 de abril de 2021 se conoció, por informaciones de la prensa, que la Comisión Europea estaba negociando otro contrato con el grupo farmacéutico Pfizer/BioNTech. Poco después, el 20 de mayo, los medios se hacían eco de una escueta nota oficial de la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, según la cual “el acuerdo de adquisición anticipada” se concretaba en “un contrato que contempla 900 millones de dosis garantizadas de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer, así como otros 900 millones 'opcionales' para su distribución entre 2021 y 2023. Seguirán otros contratos y otras tecnologías de vacunas", añadía la nota sin más precisiones.

Aquella noticia representó, sin duda, un alivio para la ciudadanía de la UE temerosa de la amenaza de la pandemia. Pero, a la vez, puso sobre la mesa un buen número de preguntas: sobre el proceso negociador del contrato, sus contenidos y sobre la falta de transparencia. Se iniciaba así la controversia en torno al tercer contrato de la Comisión para la vacuna de ARNm de Pfizer/ BioNTech. Los dos anteriores habían asegurado el suministro de un total de 600 millones de dosis.

El acuerdo se produjo en un momento álgido de la pandemia, poco después de que los problemas de producción y distribución del competidor AstraZeneca dejaran a la UE por detrás de EEUU y el Reino Unido en la carrera por adquirir vacunas. Fue en medio de esta crisis cuando la presidenta, Úrsula von der Leyen, intervino. The New York Times, en abril de 2021, ya había informado que la líder de la UE había intercambiado mensajes de texto con Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, en el período previo al acuerdo.  

El Tribunal Europeo de Cuentas ha censurado a la Comisión Europea por negarse a entregar y publicar detalles sobre cómo se negoció el mayor contrato de vacunas con la poderosa farmacéutica estadounidense Pfizer. Se habla de posibles desviaciones producidas durante unas negociaciones que no siguieron el procedimiento fijado en el reglamento comunitario. 

En aplicación del principio democrático de Transparencia debe conocerse el procedimiento negociador, el importe de esa compra preventiva, así como otras cuestiones relacionadas con las entregas y las características de unas vacunas que contemplasen su adaptación a las variantes del virus surgidas del covid-19 a lo largo de los veinte meses transcurridos. 

También interesa conocer si el contrato recoge cláusulas de condiciones a Pfizer para lograr un aumento de la producción deslocalizada de vacunas en países del sur. Cláusulas que obligasen a Pfizer a concesiones de licencias voluntarias no exclusivas a terceras empresas de países del sur que conlleven una transferencia de conocimientos y tecnologías, permiso de exportación a otros Estados y un precio justo. Todo ello para facilitar la producción masiva de vacunas, pensando en los países más pobres, ahora y de cara a futuras pandemias que llegarán. 

El pasado 10 de octubre de 2022, la farmacéutica Pfizer tenía que comparecer en la audiencia de la Comisión Especial COVID-19 del Parlamento Europeo para responder a las preguntas de sus miembros. Sin embargo, la ausencia del director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, causó sorpresa y levantó críticas. En su lugar, la representante de la farmacéutica, Jannine Small, solo aportó comentarios evasivos e imprecisos.

Con tal motivo, el Grupo Socialista del Parlamento Europeo (S&D) señaló su sorpresa por la decisión de Albert Bourla de cancelar su asistencia a la reunión de la Comisión Especial del EuroParlamento sobre la evolución de la Covid-19. Para este grupo, “la transparencia es fundamental cuando se trata de la utilización de dinero público”. 

El contrato de vacuna ARNm de Pfizer/BioNTech es un ejemplo de incumplimiento de la obligación de transparencia. Aun comprendiendo las dificultades de una operación acelerada por la existencia de una pandemia, no se puede justificar, de nuevo, la opacidad de los contratos con farmacéuticas, desoyendo las preguntas del Parlamento Europeo y de la opinión pública.

Por último, el 15 de octubre de 2022 se ha conocido que la Fiscalía de la UE (la EPPO es un organismo independiente) ha abierto una investigación sobre las compras de vacunas por parte de la Comisión Europea. Un anuncio que volverá a centrar la atención en el papel jugado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En el tiempo transcurrido, las claves del megacontrato entre la Comisión Europea y Pfizer no han sido desveladas. Así lo han afirmado el Tribunal de Cuentas Europeo, la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, la Fiscalía, diferentes grupos del EuroParlamento en la Comisión Especial, expertos en la materia y medios de comunicación que han investigado sobre la opacidad del contrato.

La Comisión Europea debe rendir cuentas y someterse a una evaluación parlamentaria sobre la eficacia y la eficiencia de su gestión ante la pandemia. La transparencia ha de guiar la acción de la Comisión porque es una obligación democrática y aportaría credibilidad a las instituciones europeas ante la ciudadanía. 

La petición de conocer el elevado coste de la campaña de vacunación contra el covid-19 no puede ser rechazada como si se tratara de una información confidencial, como alegan las partes. La farmacéutica Pfizer sigue obteniendo un inmenso beneficio económico gracias a la pandemia. Inmoral.  

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Odón Elorza es diputado por Gipuzkoa del PSE-PSOE

“En la vida política hay derrotas que dignifican actitudes y convicciones y victorias que las empobrecen”.

Las Primarias son un cauce de participación, abierto a la militancia de los partidos, para perfeccionar los mecanismos de democracia interna en la elección de sus candidatos para cargos públicos y orgánicos. No son frecuentes y plantean algunos riesgos que son superables si los procesos de Primarias cumplen los requisitos de igualdad de oportunidades, transparencia e imparcialidad de los aparatos de dirección de los partidos. Contaré mi reciente experiencia.

Fue una decisión difícil, pues sabía que mis posibilidades de ganar eran escasas. Y así lo expresé a quienes se atrevieron a apoyar mi candidatura en las Primarias del PSOE para la elección del próximo candidato a la alcaldía de San Sebastián. Sin embargo, decidí intentarlo ante la mediocre gestión de los intereses generales de la ciudad que provoca la pasividad y autocomplacencia de su alcalde. Tengo la percepción de que la ciudadanía no aprecia la gravedad de la situación de los temas de fondo, más allá de las torpezas en los cambios de tráfico o de ciertas molestias causadas por la ola turística. Era necesario “mover la cazuela del guiso donostiarra” antes de que se pegue.

También di el paso por considerar que había que abrir un debate democrático de ideas en el PSE-EE sobre el modelo de ciudad de los socialistas y sobre cómo recuperar la ambición de ganar la alcaldía en vez de resignarse a tener que revalidar la opción de un nuevo gobierno de coalición con el PNV en una posición cada vez más subsidiaria.

Quería denunciar lo que está pasando en un San Sebastián que puede “morir de éxito” por el crecimiento económico del turismo y por las compras de edificios por los fondos de inversión inmobiliaria. Mientras, se condena a la expulsión a la juventud y a familias ante la ausencia de una oferta razonable de vivienda pública y de pisos a precio tasado. Faltan proyectos compartidos en materias de cultura, inclusión, defensa del patrimonio, sostenibilidad y de consolidación de sectores económicos. No veo un modelo de ciudad innovadora para afrontar con éxito en su territorio la crisis económica y de supervivencia que padece el planeta.

Reconocí en los medios que, por mis dificultades al carecer del censo de afiliados y por maniobras internas, me estaba costando recoger los avales de la militancia. Llegué a la votación final del 9 de octubre y la perdí. No me arrepiento ni siento ninguna vergüenza por ello. El resultado de la votación fue claro en favor de la candidata oficial que contó con el apoyo público del aparato. Aunque no busco excusas ni trato de maquillar la falta de apoyo, de buena parte de la militancia, a una propuesta de gobernanza cívica y transformadora. Acepto con humildad y espíritu democrático la voluntad de la afiliación donostiarra.

Pero no sería honesto si diera por buenas las declaraciones de dirigentes socialistas en Gipuzkoa que hablan de unas Primarias ejemplares y respetuosas con el principio de imparcialidad por parte de la dirección del partido. No fue así. He asistido a una estrategia de acciones para orientar y mediatizar el voto, en contra de lo previsto en los Estatutos (art 5.1.b) que exigen igualdad de oportunidades, libertad, transparencia e imparcialidad de la dirección de la organización a lo largo del proceso.

Sé que camino sobre una cuerda muy fina y que, por afirmar lo anterior, habrá quienes digan que no sé perder o que miento. No me importa. En el escrito que he remitido a la Comisión de Ética y Garantías Electorales en Euskadi, documento alegaciones sobre hechos nada ejemplares que deben llevarnos a mejorar el Reglamento de las Primarias.

Veremos el resultado. Pido sinceras disculpas a cuantas personas he podido defraudar como candidato socialista y a quienes les hice creer en unas expectativas que no he sido capaz de cumplir. Pero sigo dispuesto a colaborar y hacer propuestas, desde nuevos espacios y foros, para contribuir a que Donostia avance en la superación de sus retos.

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Odón Elorza es Diputado del PSOE por Gipuzkoa.

Los poderes del Estado deben garantizar el valor constitucional de la libre competencia en el marco de una economía de mercado, con la defensa de la concurrencia y la competencia entre empresas en las licitaciones públicas y mediante la aplicación vigilante de la normativa. Son inadmisibles las prácticas fraudulentas realizadas por empresas en los procesos de licitación y contratación pública.

Pues bien, la CNMC, como culminación de un largo expediente, ha impuesto multas por un total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas: Acciona (29,4), Dragados (57,1), FCC (40,4), Ferrovial (38,5), Obrascón Huarte Lain (21,5) y Sacyr (16,7). La razón es haber alterado, en el periodo de 1992 a 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Las conductas y modus operandi de las grandes constructoras se resumen en que se reunían semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. Las empresas intercambiaban información comercial sensible; por ejemplo, su intención de concurrir o no a licitaciones, la intención de formar UTE (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían o quienes compartirían una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas para las licitaciones. Los trabajos se encargaban conjuntamente a empresas o consultoras externas.

A lo largo de los 25 años la CNMC ha constatado que nos enfrentamos a malas prácticas continuadas por parte de empresas que operan en obras de fomento, como la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras. Estas constructoras actuaron poniéndose de acuerdo para no respetar las normas y procedimientos que defienden la libre competencia y burlar la ley. Su objetivo es obtener el máximo de adjudicaciones de obras en las licitaciones de las Administraciones Públicas. Sus efectos han sido especialmente dañinos para el funcionamiento de una sociedad democrática, ya que afectaron y contaminaron miles de concursos públicos convocados por las Administraciones Públicas.

Además, se han producido otras resoluciones similares de la CNMC. Por ejemplo, el 20 de agosto de 2021 comunicó que había desmantelado un cártel de 12 empresas (Acciona, Aceinsa, Alvac, ACS, Elecnor, Copasa, Elsamex, Elsan, Ferrovial, Copcisa, FCC y Sacyr) que alteraba el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado. El cártel consiguió 71 de las 101 licitaciones del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018 con adjudicaciones por importe de 530 Millones. El total de las multas ascendió a 61,28 millones de euros y se activó la prohibición de contratar con la Administración.

La CNMC impuso, el 1 de octubre de 2021, una multa de 127,8 millones a las principales empresas de sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones para la red ferroviaria convencional y de alta velocidad. Durante 15 años formaron un cártel que repartió de forma fraudulenta 82 licitaciones convocadas por Adif con un valor de más de 4.142 millones de euros. Este fraude impactó de lleno en el erario público ya que las empresas encarecieron el precio a pagar por Adif en este tipo de contratos. Según la CNMC, las prácticas de este cártel (Alstom, Bombardier, Cafs, Cobra, Nokia, Siemens Rail, Siemens S.A. y Thales) han sido especialmente dañinas ya que, en algunos casos, los efectos del fraude se prolongan hasta 2040 por el periodo de vigencia de algunas de las licitaciones adjudicadas.

Por otra parte, se da el caso de las 15 empresas del denominado cartel del AVE que en marzo de 2019 fueron sancionadas por la CNMC con 118 millones de euros. Se repartieron, durante 14 años, los concursos públicos para obras de electrificación y electromecánica, tanto de la red del AVE como de las líneas convencionales. Este otro grupo de empresas (Cobra, Elecnor, Siemens, Semi, Inabensa, Alstom, Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Neopul, Telice, Eym y Citracc) actuó de común acuerdo para obtener de forma fraudulenta 200 proyectos ferroviarios por valor de 1.000 millones de euros en obras cofinanciadas con fondos europeos.

Los acuerdos colusorios sancionados han supuesto una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas al producir efectos negativos sobre las empresas competidoras que concurrieron a las licitaciones en desventaja frente a las empresas del grupo, ya que tuvieron que acometer un mayor coste para la preparación de las proposiciones técnicas y no disponer de la misma información estratégica que las empresas agrupadas.

El Gobierno ha de rechazar el comportamiento de todas las empresas cuyas prácticas fraudulentas han sido sancionadas por la CNMC. Actitudes que representan una grave infracción a la libre competencia empresarial, al erario público por los sobrecostes que genera y a la necesaria integridad empresarial. De ahí que el Gobierno disponga de la capacidad de aplicar la sanción de la prohibición de contratar, una vez que haya sentencia firme y de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público.

La presidenta de la CNMC, Cani Fernandez, en su comparecencia ante el Congreso, en marzo de 2022, advirtió que “la detección de cárteles para evitar la manipulación de licitaciones en la contratación pública es una prioridad para la CNMC. Si en condiciones normales la contratación pública supera el 10% del PIB, con la gestión de los fondos europeos para la recuperación económica (Next Generation), este porcentaje se verá fuertemente incrementado. Conscientes de los retos que afrontamos, la CNMC ha intensificado la persecución de las prácticas restrictivas de la competencia”.

El Congreso tiene que apoyar a la CNMC en su trabajo como organismo regulador que desarrolla una acción compleja contra las prácticas colusorias de empresas. Una tarea dirigida no solo a mejorar las condiciones de libre competencia del mercado sino también a aligerar el coste de dichas contrataciones para los presupuestos de las administraciones. Por ello, la CNMC ha de contar con los recursos necesarios para que su función inspectora y sus procedimientos sancionadores sean efectivos y garantistas.

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Odón Elorza es Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa.