Periódicamente, organismos internacionales multilaterales como la OCDE o el FMI alertan de que los sistemas públicos de pensiones están en riesgo y/o son insostenibles. Es una lluvia fina que alimentan también partidos políticos -no siempre de ideología conservadora-, asociaciones con intereses en el negocio y hasta la máxima autoridad bancaria, el Banco de España. Para evitar el riesgo, aconsejan, lo inteligente es contratar un fondo de pensiones privado. Se trata de pasar del sistema actual de pensiones, basado en el reparto, a un sistema de capitalización.

El panorama se oscurece cuando el análisis de los fondos individuales en España muestra que su rentabilidad es escasa, están minados por las comisiones y cada vez apuestan más a la arriesgada carta de la Bolsa para obtener rentabilidad.

Un estudio elaborado por el profesor del IESEPablo Fernández  sobre la evolución de 313 fondos de pensiones entre los años 1999 y 2014 muestra la otra cara de lo que a menudo se presenta como única alternativa razonable para que un ciudadano disponga de ingresos suficientes en el futuro.

Poca rentabilidad

Según el estudio, de los 313 fondos examinados sólo 21 superaron la rentabilidad del índice bursátil Ibex 35índice bursátil Ibex 35 en el periodo (3,28%) y sólo dos -Bestinver Ahorro y Fonditel- superaron la rentabilidad de los bonos del Estado a 15 años (5,83%). La rentabilidad media de los fondos privados fue del 1,2% y 58 de ellos, casi el 19%, registraron una rentabilidad promedio negativa.

Una de las causas -no la única- que explica la más que discreta evolución de la rentabilidad de los fondos de pensiones privados son las comisiones. El estudio recoge la evolución de las comisiones de 2002 a 2008 (entre el 1,5% y el 2,5% del patrimonio gestionado) y concluye que "una parte importante de las mismas se destina a gastos de comercialización. Esto se debe a que en muchos fondos de pensiones, los comerciales tienen retribuciones superiores a las de los gestores".

Las comisiones podrían estar justificadas por la gestión profesional del fondo. Pero el profesor del IESE lo pone en cuestión. "Con los datos que proporcionan la mayoría de los fondos españoles", asegura el informe, "es imposible saber si la gestión activa (de los gestores) ha generado valor para sus partícipes, aunque sí que ha generado valor para los departamentos de Bolsa que realizaron las compras y ventas de valores -cobraron comisiones que pagaron los partícipes-".

Más riesgo bursátil

La relación entre Bolsa y fondos de pensiones privados es crucial para entender lo que sucede en las entrañas del negocio. Con la caída de los tipos de interés y rentabilidades negativas en la deuda pública, los fondos -no sólo los españoles- acuden cada vez más a la Bolsa para obtener más rentabilidad. A cambio, asumen más riesgo, una cuestión delicada tratándose de las pensiones.

La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), en su informe de 2014, detalla la evolución de estructura de la cartera de fondos de pensiones entre los años 2008 y 2014 (estimado) (página 45). La información detalla cómo la inversión en renta variable ha pasado del 17% de 2008 al 20,1% en 2014. Más riesgo para un negocio que no acaba de despegar.

Pese a ello, la patronal Inverco está satisfecha. Los fondos del sistema individual acumulaban un patrimonio en 2014 de 64.145 millones de euros, 6.234 millones más que un año antes. Pero las cifras absolutas no pueden ocultar que el número de partícipes cae. Según Inverco, la caída es de un 0,5%, de 9,99 millones en 2013 a 9,94 en 2014. 

Un curioso experimento

Como historia llamativa sobre los resultados de la gestión "profesional" de fondos, incluidos los fondos de pensiones, el estudio de Pablo Fernández menciona el experimento realizado por otro profesor, Pablo Fernández Acín, y recogido en la monografía Fondos de Inversión y de pensiones en España: poca sensatez de la mayoría de los inversores.

Fernández Acín encuestó a 248 alumnos de entre 6 y 17 años del Colegio Retamar. Una clase de cada curso. Los resultados son de sonrojo. Los alumnos tenían que escribir cinco números, del 1 al 70, sin saber qué significaban los números. Cada número correspondía a una empresa en la que teóricamente hubiese invertido.

El resultado: obtuvieron mayores rendimientos que los profesionales. Así, los menores obtuvieron una rentabilidad media del 105% durante el periodo 2002-2012, por encima de la obtenida por los fondos de inversión y de pensiones de renta variable española, con resultados del 34% y del 71%, respectivamente.

Para Fernández Acín, el experimento demuestra que muchos inversores individuales pueden tener acceso a mejores rentabilidades que invirtiendo a través de un fondo de inversión o de pensiones; tan sólo tienen que invertir la misma cantidad y aleatoriamente en varias empresas. "Si un gestor fuese realmente un experto invertiría su propio dinero y se convertiría en millonario" concluye. Y se trata de una conclusión de calado.

A poco más de un mes de las elecciones municipales y autonómicas, cada gesto tiene su valor. Y su interpretación. En especial cuando se trata del mundo empresarial. Por eso, la reunión prevista para este martes entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el lobby Puente Aéreo -constituido por empresas con intereses en Madrid y Barcelona- tiene significado político y no sólo económico. Más que la reunión en sí, admiten fuentes de algunas de las empresas que acudirán al encuentro convocado en La Moncloa, vale la foto para demostrar que Rajoy aún tiene poder de convocatoria.

El lobby Puente Aéreo, coordinado por el empresario inmobiliario Enrique Lacalle, se ha reunido en los últimos meses con ministros (Jorge Fernández, Luis de Guindos) y dirigentes de la oposición como el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. El grupo, del que forman parte decenas de empresas, algunas de ellas entre las más poderosas del Ibex 35, trata de estar al día de todo aquello que puede afectar a sus posiciones en Madrid y en Barcelona.

Sin objetivo claro

Para la reunión de hoy "no hay un objetivo claro", aseguran desde una de las grandes empresas del sector energético que acudirá al encuentro. "Es más una cuestión de imagen que otra cosa", admiten fuentes de una entidad financiera que también acude a la reunión.

"Va a ser un encuentro de mucha gente" sostiene una de las compañías "madrileñas" del lobby, por lo que no hay una agenda predeterminada. Habrá, eso sí, intercambio de pareceres sobre la marcha de la economía, la solidez de la recuperación y el marco político. Del Puente Aéreo forman parte algunas empresas que también componen el poderoso Consejo Empresarial para la Competitividad.

OHL, Repsol y Telefónica

Forman parte del lobby compañías como OHL, ACS, Acciona, Caixabank, Repsol, Telefónica, Endesa -que no acude al Consejo de la Competitividad porque es filial de la compañía extranjera Enel-, el Grupo Godó -editor de la Vanguardia- y el Grupo Puig, entre otras.

Del grupo no forma parte uno de los primeros espadas del mundo empresarial energético, Ignacio Sánchez Galán -sin negocio en Cataluña-. Así pues, Sánchez Galán, de Iberdrola, no acudirá al encuentro. Tampoco está previsto que lo haga el presidente de Caixabank, Isidro Fainé -cuestiones de agenda, sostienen en el grupo-, aunque sí acudirá alguien del equipo. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, sí estará en La Moncloa, según fuentes de la petrolera.

Mejora de previsiones

Aunque el encuentro tiene más de acto político que económico, las fuentes empresariales consultadas dan por hecho que el presidente del Gobierno no perderá la ocasión de apuntarse en el haber la mejora de las previsiones económicas en vísperas de que el Ejecutivo revise las estimaciones de crecimiento.

El propio presidente del Gobierno ya anunció hace apenas diez días que el Ejecutivo elevará su previsión de crecimiento para 2015, fijado ahora en el 2,4%, y espera la creación de más de 500.000 empleos nuevos durante el año.

Los organismos autónomos de la Administración o mejor, los responsables de los organismos autónomos de la Administración, también lloran. Lo hacen en forma de comunicados, pero no deja de ser llanto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es un ejemplo. El organismo, creado en 2013, se ha quejado porque ha tenido que aplazar el informe preceptivo que está obligado a realizar antes del 15 de abril sobre los planes de control del Gobierno de la deuda y el gasto público (Programa de Estabilidad). La causa es que el Ejecutivo le ignora. Ni el Ministerio de Economía ni el Ministerio de Hacienda han proporcionado al organismo la información necesaria para que dictamine sobre el Programa de Estabilidad actualizado antes de su envío a Bruselas el 30 de abril.

La ley por la que se creó el organismo (Ley Orgánica 6/2013) establece que antes del 15 de abril de cada año, AIRef debe informar del proyecto de Programa de Estabilidad y valorar los compromisos que garanticen el cumplimiento de los objetivos presupuestarios. El de 2015, según fuentes del organismo, iba a ser el primero realizado sobre un Programa de Estabilidad. No ha podido ser. Sencillamente, según el comunicado, no dispone de información completa. 

Sólo borradores

"Tienen borradores [del Programa de Estabilidad]", sostienen fuentes del Ministerio de Economía, "pero no están cerrados". AIReF no los considera suficientes. Fuentes del organismo aseguran que esperan tener toda la información de los ministerios antes del 21 de abril para poder informar sobre el programa antes de que se envíe a la Comisión Europea a finales de mes.

Nadie lo da por seguro. El Gobierno tiene sus prioridades, sostienen fuentes ministeriales, y que AIReF cumpla su calendario no es una de ellas. Tanto la Autoridad Fiscal Independiente como los ministerios coinciden en que si los plazos son ajustados, habrá que cambiar la norma que los fija (artículo 16 de la Ley Orgánica). Según AIReF ya hay conversaciones al respecto, pero ni el Ministerio de Economía ni el Ministerio de Hacienda las confirman.

La displicencia del Gobierno con la AIReF a la hora de someter a examen sus previsiones contrasta con los argumentos que empleó cuando anunció su creación en 2013. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que AIReF gozaría de "plena autonomía e independencia" "plena autonomía y que tendría como principal objetivo garantizar el principio de estabilidad presupuestaria que marca el artículo 135 de la Constitución.

Hijo del artículo 135

Porque ese fue su origen. Aunque fue aprobado hace dos años, AIReF es un organismo autónomo hijo de la reforma constitucional y del artículo 135 que dio prioridad al pago de la deuda pública sobre el resto de obligaciones del Estado en 2011. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, más vehemente en la palabra que Sáenz de Santamaría, calificó el organismo que preside José Luis Escrivá (exdirector del servicio de estudios del BBVA) como "uno de los más avanzados del mundo".

Los halagos públicos no han servido, sin embargo, ni para facilitar la labor fiscalizadora de AIReF ni para pasar por alto algunas de las decisiones del incómodo Escrivá. Una de esas decisiones, muy criticada, fue la reforma  de la nueva sede del organismo, 1.275 metros cuadrados en la madrileña calle de José Abascal. El coste de la reforma previsto es de un 8,5% de los 4,484 millones que maneja el organismo como presupuesto para 2015.

La nueva comisaria de Competencia de la Comisión Europea, la danesa Margrethe Vestager, ha decidido investigar algunas de las decisiones con más calado del Gobierno del PP en los sectores empresarial y financiero. No se trata sólo de las ayudas a la banca mediante créditos fiscales. Bruselas ha abierto un procedimiento para analizar la Ley 3/2013 de 4 de junio, que agrupó en único organismo, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), hasta ocho organismos de supervisión de los mercados, entre ellos la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones( CMT).

La Comisión Europea envió el 27 de febrero una carta de emplazamiento a España en la que se interesa por la nueva supervisión de la competencia. En la carta, confirmada por el Ministerio de Industria, la Comisión recuerda que las directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE de electricidad y gas "exigen total independencia de cualquier interés público o privado, incluida la implicación gubernamental, en el ejercicio de las funciones reguladoras de la ARN (Autoridad Reguladora Nacional)". España, según fuentes al tanto del proceso, ha solicitado tiempo para justificar las medidas y la Comisión ha accedido a alargar el plazo hasta el 27 de mayo.

Una larga polémica

La polémica con Bruselas por el intervencionismo del Gobierno viene de lejos. La excomisaria Neelie Kroes mantuvo con el ministro de Industria, José Manuel Soria, un pulso intenso. Kroes llegó llegó a amenazar con abrir un procedimiento de infracción. Recibida la advertencia, el Ejecutivo suavizó la norma. Eliminó la idea de nombrar los directores de instrucción de los casos que llegaran a la CNMC y renunció a reforzar la discrecionalidad del Gobierno en actuaciones en el mercado de telecomunicaciones. Pero no ha sido suficiente.

Está en cuestión la ley de 2013 que creó el superregulador CNMC. En las disposiciones adicionales 8 y 9 de la norma, se traspasan las funciones de la extinta CNE al Ministerio de Industria y se atribuye al propio ministro de Industria el poder de decisión sobre las operaciones corporativas en el sector energético. Más aún. Los 10 consejeros de la CNMC son nombrados por real decreto a propuesta del Ministerio de Economía. La apariencia de independencia, según demuestra la carta enviada por Bruselas, no es la mejor posible. 

La Comisión respalda de hecho las críticas que ya lanzó en su momento la desaparecida Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sobre el nuevo organismo. Entre otros extremos, la CNC advirtió que la ley del nuevo superregulador podía provocar perjuicios a la seguridad jurídica.

El argumento del ahorro

Además de poner en duda el principal argumento del Ejecutivo para agrupar órganos supervisores –un ahorro de 30 millones de euros– la CNC alertó sobre un "incomprensible sistema de informes preceptivos" entre las salas de supervisión y de regulación que "puede poner en peligro la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia". La polémica sigue porque el poder ejecutivo tiene los medios para capturar al regulador independiente.

Industria rechaza las críticas. El ministerio sostiene que respeta la ley y las directivas comunitarias tanto en la delimitación de competencias como en la imposición de sanciones. 

Algunas organizaciones de consumidores sostienen que el Ejecutivo ya lo ha hecho, lo que provoca falta de competencia en el sector energético, medidas a favor de los monopolios y garantía para sus ingresos. Los altos precios de la energía (gas, electricidad, carburantes) serían, asimismo, una consecuencia de la falta de competencia.

La polémica ha acompañado a la nueva CNMC prácticamente desde su nacimiento. No sólo por el nombramiento como presidente de alquien considerado afín al PP como el exdirectivo de Cepsa y vocal del Banco de España, José María Marín Quemada. Fueron también muy polémicas la promociones en el seno del organismo de una sobrina del ministro de Economía Luis de Guindos –Beatriz de Guindos, que dejó la CNMC por el Banco Mundial– y de una hija del actual comisario europeo y exministro Miguel Arias Cañete.

Los asuntos espinosos

Más allá de los nombramientos, el papel desempeñado por la CNMC en asuntos espinosos, como la supuesta manipulación de las subastas de electricidad –sólo llegó a constatar que hubo "circunstancias atípicas"– o las multas millonarias que quedan en nada, han supuesto un gran desgaste para el organismo, sacudido además por batallas internas.

Pero el dato que ilustra mejor la situación de la competencia entre empresas y los resultados de la supervisión es este: la CNMC tiene pendientes de cobro 700 millones de euros en multas. Algunas fueron impuestas hace seis años por los organismos engullidos. En esa cantidad figuran las multas impuestas al cártel de la basura (100 millones de multa a 39 empresas, entre ellas las grandes constructoras); la multa a Endesa e Iberdrola por el cierre de Garoña en 2012 (18 millones) o la multa a Telefónica (26 millones) por imponer compromisos de permanencia. Todas están recurridas y pendientes de cobro.

Sucederá lo mismo con las polémicas multas de 32 millones a las petroleras. Tanto la petrolera Repsol como Cepsa han recurrido a todas las maniobras posibles, incluida la recusación del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, para evitar la sanción. El último episodio que revela la difícil lucha contra los monopolios es la anulación por la Audiencia Nacional de la mayor multa (61 millones de euros) impuesta a las eléctricas. 

Aunque no gusta al Gobierno, la verdad es que la incipiente recuperación de la economía descansa en dos pilares que no controla: la fuerte caída de los precios del petróleo y las rebajas de tipos de interés del BCE. El ahorro en petróleo se calcula entre 15.000 y 20.000 millones al año, mientras que el descenso en los tipos de interés ha aliviado en 17.000 millones la carga de la deuda desde 2012. Pero el viento favorable puede cambiar. España ha disparado las importaciones de petróleo justo cuando el mercado del crudo da muestras de haber tocado fondo, según señalan firmas de análisis como Morgan Stanley.

Tras registrar un promedio de 110 dólares por barril desde 2011 hasta mediados de 2014, el crudo Brent, de referencia en Europa, cayó por debajo de los 50 dólares en enero. Ahora remonta tímidamente -ronda los 59 dólares- a pesar de que la estrategia del mayor productor de la OPEP, Arabia Saudí es mantener la producción alta y los precios bajos para garantizar que el petróleo no pierde posiciones frente a la producción nueva no convencional de hidrocarburos (fracking).

Problemas a medio plazo

"A medio plazo, el panorama es incierto y preocupante" explica el exdirector del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), Javier García Breva. España importa prácticamente todo el petróleo que consume y la factura es elevada, en torno al 4% del PIB anual. Para un país que depende en un 76% del exterior para cubrir sus necesidades en energía, un cambio en la orientación de los mercados puede ser muy negativo si no se controlan los desequilibrios.

Eso es, precisamente, lo que está sucediendo. Las importaciones de disparan justo cuando el mercado del crudo da síntomas de que puede estar iniciando un nuevo ciclo. Lo dicen los datos de la corporación Cores, encargada de gestionar las reservas. En febrero, según la corporación, las importaciones crecieron un 28,4% respecto al mismo mes de 2014. En los dos primeros meses de 2015, el aumento de las compras fue del 8,5%.

La fiebre importadora en España coincide con una circunstancia que presiona al alza los precios del crudo. Las reservas de las grandes compañías, BP, Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell y Total, se redujeron el año pasado. De 80.000 millones de barriles equivalentes de petróleo (Bep) a 78.600. Es la mayor caída en siete años, según El Periódico de la Energía. Las grandes empresas acumulan menos reservas porque los precios del petróleo no invitan a invertir en exploración y los descubrimientos son menores. No falta petróleo, es que se busca menos.

Reducción de gastos

Martijn Rats(Morgan Stanley) ha destacado en sus informes la rapidez con la que las compañías petroleras han reducido gastos (un 22%) hasta cifras cercanas a las de 1986. Todo encajaría si la demanda permaneciera estable o inlcuso a la baja. Pero si la Agencia Internacional de la Energía no se equivoca, la demanda va a crecer en los próximos años, con lo que será difícil que los precios del barril vuelvan a los niveles de hace unos meses, aunque sin descartar algún episodio de bajada  puntual.

Las petroleras también creen que los precios del petróleo han tocado fondo. Operaciones como la recién anunciada compra de la norteamericana BG por parte de Royal Dutch Shell por 64.000 millones de euros respondería, según fuentes empresariales, a la convicción de que los precios van a remontar.

Otro gigante

Royal Dutch Shell pretende formar con BG un gigante de la energía valorado en más de 200.000 millones de librasgigante de la energía (272.000 millones de euros). La de Shell constituye la mayor operación del sector en una década. Los expertos consideran que sólo es un primer movimiento. Todo apunta una oleada de fusiones y adquisiciones similar a la que hubo en el sector después de la última gran caída del precio del petróleo a finales de los noventa.

La compra de BG supera en más de seis veces la compra de la candiense Talisman por la española Repsol. La adquisión, por 10.000 millones de euros, es la mayor operación internacional realizada por una empresa española en los últimos cinco años. Permitirá a Repsol situarse entre las 15 compañías petroleras privadas más grandes. Pero la pregunta es obvía: una vez abierto el baile de compras y de fusiones ¿Repsol es un objetivo?. Nadie lo descarta. Siempre ha existido la posibilidad, admiten fuentes de la empresa "y nada ha cambiado en ese sentido".

Una multa de 1.400 millones de euros es una multa elevada. Por comparar, es lo que ganó una compañía como Gas Natural en 2014. Pues una multa así es la que está negociando el banco Deutsche Bank con las autoridades de EE UU y de Reino Unido por manipular el índice Líbor (London Interbank Offered Rate) que sirve de referencia en millones de transacciones y contratos. La multa, desvelada por el Financial Times, es posible que marque un récord, pero no parece tan alta si se tiene en cuenta que el índice manipulado es la referencia para activos y derivados financieros valorados en 550 billones de dólares (519 billones de euros). 550 billones de dólares (519 billones de euros).

Las multas que las autoridades estadounidenses y europeas están imponiendo a los grandes bancos por manipular los índices que sirven de referencia en las transacciones financieras y en el mercado hipotecario no guardan relación con el beneficio obtenido. Tambien sucede en España. Esta misma semana, el Boletín Oficial del Estado recoge una sanción por "infracción muy grave" al Banco Invest SA por "ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago" de 10.000 euros.

Un gigante por activos

Salvando las distancias, Deutsche Bank (11 banco del mundo por activos, 2,25 billones de dólares) negocia la multa para salir bien de la investigación emprendida por las autoridades de EE UU y de Reino Unido. La sanción, cuando se concrete, estará muy alejada de los beneficios supuestamente obtenidos con la manipulación de índices, que nadie ha sido capaz de concretar. Hasta ahora, la mayor multa por manipular el tipo interbancario fue pagada por UBS, multado con 1.500 millones por EEUU, Reino Unido y las autoridades suizas.

Deutsche Bank repite en la liga de la manipulación porque en diciembre de 2013 la Comisión Europea multó con 1.700 millones de euros a seis entidades financieras, entra las que figuraba el banco alemán por arreglar el euríbor y el Tibor (el índice de referencia japonés).

Bruselas sancionó entonces por cartel a cinco bancos (Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan y Citigroup) y un broker (JP Martin). Otras dos entidades, Barclays y USB, participaron en la manipulación, pero se libraron de la multa por cooperar en la investigación. El banco alemán fue sancionado con 725 millones de euros.

Los hechos dan la razón a William Cohan, exbanquero en Wall Street y autor de Money and Power, que pronosticó una cascada de acuerdos en EE UU con entidades financieras que han cometido irregularidades y que quieren cerrar el desgaste que supone la vía judicial a cambio de pagar multas.

Rosario de sanciones

El rosario de sanciones e investigaciones sobre la alteración del mercado por parte de la banca -también ha ocurrido con los tipos de cambio de las divisas- demuestra, en opinión de economistas como Julio Rodríguez, "la necesidad de que, de vez en cuando, se analicen los indicadores cuya evolución determinan los beneficios de los operadores en el mercado". Porque da la impresión, asegura "que nos hemos acostumbrado a vivir con instrumentos que no cuestionamos".En

 España, la plataforma Opeuribor pelea contra esa costumbre y ha planteado iniciativas -incluso legales- para quiénes y cómo calculan los índices que son fundamentales en millones de contratos y operaciones financieras. La investigación sobre cómo operan los bancos con los índices ha permitido saber, por ejemplo, el Euríbor es una marca registrada, propiedad de asociaciones internacionales sin ánimo de lucro, radicadas en Bélgica y que tienen como marco una ley de 1919 que les concede personalidad jurídica con un fin científico.

Tras los patrocinadores "sin ánimo de lucro" del Euríbor están realmente los bancos de la Federación Europea de la Banca (EFB) y la Asociación de Mercados Europeos (ACI). Son empresas privadas con vocación de ganar dinero.

Supervisión formal

Formalmente, quien supervisa, controla y calcula el Euríbor con los datos de los asociados es el Instituto Europeo de Mercados de Capitales (EMMI), otra asociación internacional, también sin ánimo de lucro y de derecho belga fundada en 1999 con el lanzamiento del euro. Sus miembros son las asociaciones bancarias nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que participan en la zona euro.

Desde julio, tras el escándalo de las multas y la manipulación, el EMMI ha cambiado de mostrador para publicar el dato diario del Euríbor. Lo hacía la agencia Thomson Reuters y ahora lo hace la australiana GRSS. EMMI, supuestamente, se ajusta al código de conducta que marca la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

La leve mejora de la situación económica gracias a las medidas de estímulo del Banco Central Europeo (BCE) y a la caída del precio del petróleo cubre de un manto de optimismo la realidad en un año electoral. Tanto que a menudo se olvida que España tiene que conseguir en dos años reducir el déficit público en unos 30.000 millones de euros, del 5,7% registrado en 2014 a menos del 3% en 2016. El Gobierno confía en que la dulce coyuntura, con previsiones de crecimiento del PIB de hasta el 3%, permitirá recaudar más y cumplir con todo: con los ajustes, con los acuerdos amarrados en Bruselas y con una clase media empobrecida tras seis años de crisis. Todo, con una reforma fiscal en marcha que tendrá un coste de 9.000 millones en dos años. En ese marco, PP y PSOE, con algunos matices según autonomías, se han lanzado a prometer rebajas de impuestos. La pregunta es: ¿hay margen para ello?

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de Hacienda somos Todos, cree que no. "La crisis fiscal no ha terminado" asegura. En su opinión, recortar impuestos supondría incumplir los objetivos. Especialmente en las Comunidades Autónomas, cuyo desfase entre ingresos y gastos en 2014 llegó al 1,7% cuando en 2016 tiene que ajustarse al 0,7%. "Salvo creyentes acérrimos en la Curva de Laffer (teoría que defiende la relación entre menos impuetsos y más actividad económica)", sostiene de la Torre, "nadie puede creer que caben rebajas de impuestos en este momento". "Hay margen para no subir, pero no para bajar".Más gasto que ingreso

La razón fundamental, apunta De la Torre, está en que "pese a las políticas de austeridad, y pese a que se han subido impuestos como nunca, la Administraciones españolas gastaron 60.537 millones de euros más de lo que ingresaron en 2014". 

La de De la Torre no es una opinión asialada. La Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF) también ha manifestado que el gasto de las Comunidades Autónomas es excesivo. Este hecho, sumado a la bajada de ingresos de la Seguridad Social por el paro y las menores cotizaciones, impedirá que se cumpla el objetivo de déficit del 4,2% impuesto para este año. Tampoco se cumplió el de 2014. Quedó en el 5,7%, dos décimas por encima del objetivo autoimpuesto por el Ejecutivo (5,5%), aunque dentro de lo negociado con la UE (5,8%).

Pero la realidad, en año electoral, cuenta menos que el afán por conseguir votos. Los guiños al bolsillo de los electores son un recurso tradicional. Ahora vuelve. El PP, de cara a las elecciones de mayo, aboga por reducir los tramos autonómicos del IRPF, medidas a favor de los emprendedores (léase autónomos) y recortes en los impuestos de sucesiones y de donaciones. El PSOE, con la presidenta de Andalucía en funciones Susana Díaz al frente, también ondeó la rebaja de impuestos para ganar en las urnas y lo mismo hacen otros barones socialistas, caso del asturiano Javier Fernández o del canditato a la alcaldía de Madrid, Antonio Carmona. Menos impuestos, más votos.

Poco margen

"El margen da sólo para no subir impuestos, quizá para hacer algún ligero retoque y mantener dos años de tranquilidad para aprovechar la bonanza si se mantiene y plantear reformas serias cuando se alcance el objetivo del 3%", asegura el economista José Carlos Díez. "Aunque es cierto que los tipos impositivos en España son altos, salvo en el IVA, hay poca base de recaudación y la situación que arrastramos no es buena. El cierre de ejecución de presupuestos de 2014 muestra que los ingresos (impuestos y SS) se quedaron 15.000 millones por debajo de lo presupuestado y eso lo arrastras a 2015, con una base imponible que no mejora porque el trabajo se reparte y la renta no crece".

Pero una cosa es la política y otra muy distinta los números. Juan Laborda, economista, profesor en la Universidad Carlos III, lo recuerda. "Las promesas de bajadas de impuestos no tienen credibilidad. El PP llegó al poder prometiendo bajadas y los subió". Lo peor, sostiene el profesor, "es que no saben qué hacer, si redistribuir o cambiar de modelo; en realidad carecen de modelo más allá del ladrillo y el consumo".

Laborda se refiere a las decisiones tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy desde su llegada al poder en 2011. Con el escudo de la herencia recibida por delante, el Ejecutivo olvidó el programa con el que ganó las elecciones y en tres ejercicios (40 reformas y 2.000 páginas del BOE) sacó del bolsillo de los ciudadanos, IRPF e IVA mediante, más de 30.000 millones de euros. En el otro lado de la balanza está la reforma ya aprobada y las promesas del año electoral.

Ajuste concentrado

"Todo (el ajuste) se va a concentrar en 2016" advierte Juan Ignacio Crespo, estadístico y analista financiero, para quien creer en las promesas electorales de rebajas impositivas es "un acto de fe" en un contexto económico "más benevolente por parte de la UE" pero que no conviene excesivamente a un país cuya deuda pública supera el 97% del PIB.97% del PIB El mensaje de rebajas de impuestos "no es creíble en absoluto salvo milagro", concluye.

Creíble o no, la rebaja de impuestos es un arma tradicional en la política por más que la Historia esté plagada de ejemplos de que una cosa es decir y otra muy distinta cumplir lo dicho. Ronald Reagan, presidente de EE UU (1981-1989) prometió déficit cero y abandonó el cargo con el desajuste fiscal más alto de la Historia de EE UU, a pesar de que de sus ocho años de gobierno, seis registraron importantes crecimientos de la economía. Pero ganó y se convirtió en símbolo ultraliberal.

Las promesas que afectan a los impuestos, apunta el economista Bruno Estrada (Fundación I de Mayo), son difíciles de creer en un país como España, "con una diferencia en la presión fiscal respecto a los países más desarrollados de Europa de 7 u 8 puntos". Más aún cuando esos países, con más presión fiscal, "son los que mejor han aguantado el embate de la crisis".

Hacienda tiene un problema grave. No se trata únicamente de los agujeros por los que se escurren impuestos. El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado el trabajo que hizo la Agencia Tributaria en los ejercicios 2012 y 2013 para cobrar de forma efectiva –y no sobre el papel– las deudas tributarias y ha concluido (página 89 del informe) que "las cifras ponen de manifesto un grave problema de gestión de la deuda tributaria". Según los datos del documento, la deuda pendiente de cobro pasó de 45.736 millones a principios de 2012 a 50.174 millones a finales de 2013, un aumento del 9,7%.

Lo que el órgano fiscalizador denomina "grave problema de gestión" no es el único borrón del informe, en el que se admite que el trabajo de la Agencia, en general, ha mejorado en resultados y procedimientos. Lo que no impide que se mantengan algunos agujeros como los que se refieren a la gestión de la deuda pendiente de cobro, o datos alarmantes en el sistema de adjudicaciones y subastas de bienes embargados por Hacienda. Ese sistema permitió (página 87 del informe) que un único adjudicatario se beneficiara entre 2012 y 2013 de 46 lotes de la Agencia Tributaria. Pagó por ellos el 14% del valor de tasación inicial: 210.000 euros en lugar de 1,5 millones.

Sin criterios objetivos

"Otro adjudicatario", detalla el documento, "adquirió 26 lotes al 8% de su tasación". Pagó 23.226 euros por bienes tasados en 299.102 euros. El Tribunal de Cuentas no identifica a los beneficiarios. Pero deja muy clara su posición respecto al sistema de adjudicaciones y subastas con el que la Administración Tributaria trata de recuperar deudas.

"Este Tribunal considera que no se aplicaron en los ejercicios 2012 y 2013 unos criteros objetivos y específicos" para filtrar las ofertas en procedimientos de adjudicación directa (a sobre cerrado). Pone ejemplos. Un lote de 2013 "no se adjudicó por insuficiencia de ofertas pese a existir 26 licitadores" y otros cuatro no se adjudicaron pese a existir 17 licitadores.

Para Hacienda, lo más doloroso es que el Tribunal de Cuentas defina como "grave problema de gestión" el trabajo de la Agencia Tributaria con las deudas pendientes. No se trata sólo de contabilizar, viene a decir el Tribunal, sino también de cobrar. "Las actuaciones fiscalizadas no pudieron evitar este incremento continuado de la deuda pendiente, que partía ya de cuantías muy elevadas" señala el informe.

Deuda pendiente

Los datos en los que el Tribunal basa su crítica son contundentes: en diciembre de 2011, la deuda pendiente era de 45.736 millones, al año siguiente 48.764 millones y en 2013 eran ya 50.174 millones. En menos de una década, las deudas pendientes de cobro pasaron de 22.253 millones (año 2005) a los 50.174 de 2013. Con evidente preocupación, el Tribunal detalla que el incremento de las cantidades pendientes de cobro se ha producido a pesar de que en 2013, las nuevas deudas pendientes crecieron en 29.089 millones, menos que en 2012. La conclusión es que lo cobrado –donde se mide la eficacia de la gestión tributaria– no compensó ni de lejos la nueva deuda acumulada.

La Agencia Tributaria no lleva bien la crítica. "Defiende [la Agencia] que la situación que se describe no es [al menos únicamente] un grave problema de gestión tributaria", explica el  informe. La Agencia alega que la acumulación de deuda es el fruto de "multiples actuaciones"; se ajusta a los plazos de cobro establecidos en el ordenamiento jurídíco y está relacionada con la situación de crisis iniciada en 2007 y  con el mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude.

Ninguna de las justificaciones suaviza la calificación de "grave situación" que lanza el Tribunal. Más aún. El órgano fiscalizador insiste en que "los resultados obtenidos ponen de manifiesto el problema que supone la deuda pendiente y su incremento anual y la necesidad de intensificar las actuaciones de gestión recaudatoria dirigidas a lograr el cobro efectivo de la deuda".

Pólvora en salvas

Se trata de no gastar la pólvora en salvas. Como sucede con las actuaciones judiciales contra los morosos. En 2012 y 2013 aumentaron las acciones judiciales ejercitadas en un 43%, pero se redujo la deuda reclamada.

Sucedió lo mismo con alguna de las medidas publicitadas por Hacienda como avances en la lucha contra el fraude. En 2013, la Agencia Tributaria puso en marcha un plan para embargar las cajas de seguridad de deudores a la Hacienda Pública. Pretendía recaudar 319 millones, pero sólo consiguió "arañar" 1,9 millones. Como justificación, Hacienda sostiene que el plan de cajas de seguridad no puede entenderse como un plan cerrado. 

Los bancos españoles han embrazado los escudos para aguantar el embate de las denuncias alentadas contra el sistema financiero de España, Italia, Grecia y Portugal. Las denuncias proceden "de países del Norte de Europa", según coinciden en señalar fuentes de las principales entidades afectadas. En público, los bancos restan importancia a la investigación preliminar abierta por la Comisión Europea para determinar la legalidad de los créditos fiscales de 40.000 millones que el Gobierno aprobó en 2013 para apuntalar sus balances. En voz más queda, reconocen que si la ofensiva tuviera éxito, las consecuencias para el sector podrían ser demoledoras.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde y los consejeros delegados de Caixabank, Gonzalo Cortázar; de Bankia, José Sevilla y del Santander, José Antonio Álvarez, se encargaron de poner buena cara pública al mal tiempo. Lo hicieron en el  XXII Encuentro del sector financiero organizado por Deloitte, Sociedad de Tasación y ABC. Linde aseguró que es "muy pronto" para saber si habrá impacto o no en la banca española por la investigación iniciada por Bruselas sobre los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés). Por su parte, Cortázar aseguró tras su intervención en el acto que la investigación de Bruselas "no le preocupa" puesto que la decisión del Gobierno de avalar 40.000 millones en ayudas fiscales para sostener el sistema financiero en plena crisis "está avalada por la EBA, la autoridad bancaria europea".

Componente político

Sevilla (Bankia) no se quedó atrás. Según afirmó, la investigación de Bruselas puede tener un componente "más político que económico". El consejero delegado del Santander apoyó a Linde y calificó el procedimiento abierto por Bruselas de "embrionario". Mensaje de calma compartido y hasta con apostilla del presidente de Caixabank, Isidro Fainé.

En una comida con periodistas, Fainé aseguró sobre los créditos fiscales que "no se ha hecho nada que no se hubiera hecho previamente en los países centrales del euro, incluida Alemania y más tarde en Francia, Portugal e Italia". "No se ha hecho nada alegal, sino simples ajustes fiscales" remachó.

Pero la procesión va por dentro. Fuentes de Bankia (6.957 millones en créditos fiscales, según datos a 2013 recabados por el economista Carlos Sánchez Mato) destacan que el mercado ha reaccionado con calma ante el anuncio de investigación. Lo que no impide que la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri recuerde que cuando se hizo el cambio legislativo "el Gobierno consultó con las autoridades europeas" antes de aprobarla. La venda ante la posible herida.

La patronal bancaria AEB no ha valorado la decisión de Bruselas, pero algunos de sus asociados coinciden en que el malestar por los "supuestos privilegios" consentidos a los bancos de los países del sur procede "de la Europa del Norte".

Fórmulas equivalentes

Sin embargo, explican en las entidades, Alemania o Francia, utilizaron los créditos fiscales en el pasado como ahora lo hacen España, Portugal, Italia y Grecia. "Francia, Alemania, Holanda, Canadá o EE UU", explican los bancos, "tienen otras fórmulas fiscales equivalentes".

Esas fórmulas (carry back) permiten a las entidades recuperar parte de los impuestos pagados en el pasado en caso de registrar pérdidas en las inversiones. En los países del sur funciona otro mecanismo: en caso de pérdidas acumuladas, se anotan cantidades que se pueden desgravar en impuestos futuros. Con aval del Estado, como aprobó España en 2013, esas cantidades pasan a ser consideradas parte del mejor capital –el más sano– de los bancos. "Con la fórmula de carry back", sostienen fuentes bancarias, "las entidades alemanas o francesas generan menos créditos fiscales, lo que no quiere decir que carezcan de ventajas fiscales".

Así lo explicaba la agencia de calificación Fitch en agosto de 2013, en un informe  titulado Spanish Banks' Deferred Tax Move Largely Cosmetic: “En los regímenes fiscales en Italia, España, Portugal y Grecia, los bancos deben esperar mucho más tiempo que sus homólogos del norte de Europa antes de poder contabilizar sus gastos como deducciones fiscales. Esto significa que los DTA (cr´ditos fiscales) en el sur de Europa son típicamente más altos”, explicaban.

Para largo tiempo

El Gobierno corrigió la situación, pero ahora se vuelve a abrir el melón. "El asunto puede ir para largo", sostienen fuentes en BFA-Bankia. Recuerdan que asuntos tan complejos como estos han llevado hasta seis y siete años de exámenes, informes y debates en Bruselas.

"A las entidades nadie se ha dirigido", asegura una fuente del BBVA (4.373 millones en créditos fiscales). "Es un asunto que compete a Economía", aseguran fuentes consultadas en Hacienda. "No es un caso fácil, la evaluación llevará tiempo", explicó esta semana la portavoz de Competencia de la Comisión Europea, Lucia Caudet. Los escudos están levantados.

La investigación abierta por Bruselas sobre la legalidad de las ayudas fiscales concedidas a la banca por España, Italia, Portugal y Grecia es tan delicada que puede afectar a operaciones de gran calado como la que ultima el banco Sabadell en Reino Unido con la compra del TSB -filial del Grupo Lloyd's- por 2.350 millones de euros. Para afrontar la operación, Sabadell ha aprobado una ampliación de capital de 1.600 millones de euros.

La entidad que preside Josep Oliu fue, junto con Bankia, una de las entidades más beneficiadas por los créditos fiscales que aprobó el Gobierno para evitar el desplome del sistema financiero. Sabadell, según los datos que maneja Carlos Sánchez Mato (Attac), tiene reconocidos créditos fiscales por 4.791 millones de euros tras la adquisición de Banco Cam por un euro en junio de 2012. InfoLibre intentó obtener la opinión del Sabadell sobre la investigación de Bruselas, sin éxito.

Aval del Estado

Los denominados activos fiscales diferidos, avalados por Estado en el proceso de rescate de la gran banca, ascendieron a un total de 40.000 millones de euros. Esa cantidad es la que permitió a las entidades pasar los exámenes de la Autoridad Bancaria Europea (Eba) y del Banco Central Europeo (BCE) y ajustar sus niveles de capital, solvencia y riesgo a las nuevas normas comunitarias (Basilea III). Gracias a los créditos fiscales, con las cuentas abrillantadas gracias a las disposiciones del Gobierno, el Sabadell ha podido salir de compras.

Toda esa fachada puede saltar por los aires si Bruselas decide tumbar las ayudas fiscales en los países del Sur. Para el Sabadell, en pleno cierre de la operación de compra del TSB -está la espera del visto bueno definitivo en Reino Unido- los recelos desvelados por el Financial Times (FT) son una muy mala noticia. La patronal bancaria AEB no valoró la información desvelada por el FT, si bien, fuentes bancarias destacaron que sería "volver al kilómetro cero de la reforma bancaria en la UE, algo impensable".

Reacción de Economía

Quien sí reaccionó fue el Ministerio de Economía. El ministro Luis de Guindos, en pugna con el de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue quien dio forma al decreto que reconoció los activos fiscales diferidos que están bajo observación.

Economía descarta que las garantías concedidas por España a los activos fiscales diferidos de la banca para que esos activos computen como capital de máxima calidad constituyan ayudas públicas ilegales. En su opinión, las garantías no pueden considerarse como ayudas de Estado a la banca al no tratarse de un mecanismo discriminatorio, ya que cualquier empresa puede hacer uso de esta prerrogativa. Además, hicieron hincapié en que casi todos los países miembros de la UE disponen de garantías similares sobre los créditos fiscales diferidos.

El departamento admitió, según Europa Press, que ha recibido una carta de las autoridades de Competencia de la UE solicitando información, pero la valoración de Economía es que se trata de un simple cuestionario que no prejuzga ninguna conclusión.

Para bancos y empresas

Los activos ahora en cuestión son millones que figuran en las cuentas de la banca como activos por impuestos que no tendrán que pagar en los próximos años si obtuvieran beneficios porque en el pasado tuvieron pérdidas. Los anotan bancos (y también empresas) por varias razones: haber tenido pérdidas; haber comprado sociedades que tenían números rojos o haber realizado gastos anticipados que no son deducibles en el impuesto de sociedades (como saneamientos, gastos de reestructuracion o aportaciones a planes de pensiones).

Además de avalar los activos fiscales diferidos, el Gobierno maniobró de forma que la reforma fiscal y la bajada del Impuesto de Sociedades (del 30% al 25% en dos años) no afectara a esos activos reconocidos. Por eso, la rebaja del impuesto no se aplicó a la banca, que hubiera tenido que recalcular los avales convertidos en capital. El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, calculó que el Ejecutivo ahorró a la banca con la medida 6.400 millones.

En 2012 España evitó el hundimiento del sistema financiero con un crédito de 100.000 millones de euros que negoció con la troika  (BCE, Comisión Europea y FMI). Utilizó 41.000 millones.Pero en la zona de penumbra, allí donde se funden la jerga financiera y la jerga fiscal, aderezó otros 41.000 millones avalados por el Estado para reforzar el capital de las principales entidades. Hizo lo mismo que Italia -que no solicitó rescate alguno-, que Portugal y que Grecia. La Comisión Europea recela.

Ahora, esa operación en la penumbra, impulsada por el ministro de Economía Luis de Guindos, está bajo la lupa de Bruselas. Según el Financial Times, las autoridades de Competencia analizan si los denominados activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) pueden ser ayudas de Estado. Si Bruselas concluyera que son ilegales, el rescate bancario quedaría en entredicho y los bancos tendrían que captar capital en el mercado para cumplir con las nuevas reglas de solvencia (Basilea III). Los bancos más afectados serían los más beneficiados. Bankia, Santander, BBVA y Sabadell entre ellos.

La patronal bancaria

La patronal bancaria AEB no hizo comentarios sobre la investigación que lleva a cabo Bruselas. Fuentes del sector, no obstante, precisaron que la contabilización de los activos fiscales diferidos pasó los filtros de la Auroridad Bancaria Europea (EBA) y del BCE, que los incluyeron como parte del capital de las entidades examinadas en las pruebas de solvencia. 

Los activos ahora en cuestión son millones que figuran en las cuentas de la banca como activos por impuestos que no tendrán que pagar en los próximos años si obtuvieran beneficios. porque en el pasado tuvieron pérdidas. Los anotan bancos (y también empresas) por varias razones: haber tenido pérdidas; haber comprado sociedades que tenían números rojos o haber realizado gastos anticipados que no son deducibles en el impuesto de sociedades (como saneamientos, gastos de reestructuracion o aportaciones a planes de pensiones). Una vez avalados por el Estado, se convierten en créditos fiscales.

Un simple préstamo

Para la banca -y para el Gobierno que trató de hacer pasar el rescate del sector como un simple "préstamo en condiciones favorables"- el respaldo a las entidades era fundamental. Por eso realizó auténticas maniobras de prestidigitación incluso con la reforma fiscal. Así, redujo el Impuesto de Sociedades al 25% en dos años para las empresas, excepto para la banca. La medida se presentó como una especie de castigo a los bancos, pero en realidad, suponía otro espaldarazo. Si la rebaja de impuestos hubiera afectado a los bancos, el recálculo de los activos fiscales habría arañado a las entidades 6.400 millones de euros, según cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha.

"Aunque los activos fiscales no se negociaron, formaron parte del rescate del sector financiero" asegura Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de Hacienda somos todos. "Si Bruselas declarara ilegales esos activos, las consecuencias podrían ser dramáticas para la mayoría de los bancos, que tendrían que ampliar capital. Al final, supodría restrición del crédito".

De la Torre, al igual que las fuentes bancarias consultadas, asegura que en el centro de todos los recelos de Bruselas, más que Grecia, más que Portugal y Más que España, está Italia, país en el que las reformas que impulsa Bruselas se aplican con retraso y cuentagotas. 

Un problema serio

Pero incluso aunque España no esté en el centro de las presiones que muestra el Financial Times, sí puede tener un problema serio si las cosas se complican. Carlos Sánchez Mato (ATTAC) considera que, efectivamente, los créditos fiscales que autorizó el Gobierno "son ayudas de Estado con todas las letras" y fueron diseñados "como una chapuza en toda regla".

Para el economista Carmelo Tajadura, los créditos, "algún componente de ayudas de Estado tienen", aunque duda de que Bruselas cuetsione ahora el sistema porque "sería emborronar el sistema bancario".

Una puerta se cierra, una puerta se abre. El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias previas en una querella presentada por Ausbanc Abogados por el cobro indebido de 3.400 millones de euros por parte de las compañías eléctricas entre los años 1998 y 2006. La decisión del juez Ismael Moreno mantiene vivo el caso, denunciado también por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ante la Fiscalía Anticorrupción, que decidió archivarlo al considerar que no existen indicios de delito.

El auto del juez Moreno, con fecha 24 de marzo, responde a la querella presentada el 20 de marzo por la Organización Nacional de Consumidores de España Causa Común (Ausbanc Abogados), en ejercicio de la acción popular, contra Endesa, la eléctrica más beneficiada por las ayudas y contra los responsables del Gobierno socialista que, supuestamente, dejaron de reclamar las cantidades cobradas indebidamente. La querella identifica como esos responsables a la exministra de Economía Elena Salgado (consejera de Chilectra, filial chilena de Endesa hasta hace unos meses), el exministro de Industria Miguel Sebastián y el exsecretario general de Energía Pedro Marín.

Prevaricación y estafa

La querella atribuye a Endesa y a los cargos mencionados los delitos de "prevaricación en comisión por omisión" y "delito de estafa agravada bajo la forma del denominado delito masa al resultar perjudicados millones de usuarios de energía eléctrica". En contra de la opinión de la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional considera que los hechos que relata la querella "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

El juez Moreno remite el expediente a la Fiscalía para que informe sobre  su competencia e interese, en su caso, la práctica de diligencias. La Fiscalía puede decidir el archivo del caso, pero la decisión, según los abogados de la parte denunciante, es recurrible, por lo que el asunto seguirá abierto.

Aunque la querella que tramita la Audiencia Nacional menciona únicamente a Endesa, al ser la empresa que más ayudas cobró (1.562 millones, según detalla la querella), no excluye la responsabilidad "de todas aquellas personas físicas o jurídicas" que pudieran ser responsables de los hechos. Además de Endesa, cobraron ayudas Viesgo, 400 millones; Cantábrico, 150 millones; Fenosa, 270 millones e Iberdrola, 1.100 millones.

Borrador de orden

El Ministerio de Industria llegó a elaborar en mayo de 2008 un borrador de orden ministerial para reclamar a las eléctricas lo cobrado de más a los consumidores durante una década. Pero nunca lo hizo pese a que existían informes favorables de la Abogacía del Estado. El responsable de Industria en la época, Miguel Sebastián, aseguró que no conoció jamás esa orden.

El resultado de todo ello es que las empresas cobraron más de lo previsto en concepto de Costes de Transición a la Competencia  (CTC). Era un dinero que debía garantizar a las empresas recuperar las inversiones que realizaron antes del año 1997, cuando existía otro marco legal (el Marco Legal Estable), que funcionó entre 1988 y 1997.

El acuerdo de los CTC contemplaba que las empresas recibieran la diferencia entre el precio de mercado de la electricidad y un precio de referencia (3,606 céntimos de euro por kilowatio-hora). El máximo a cobrar, hasta el año 2010, era de 1,4 billones de las antiguas pesetas (unos 6.300 millones de euros).

Cuentas que no cuadraron

Pero las cuentas, para alegría de las empresas, no cuadraron. En 2005, mucho antes de lo previsto, las compañías ya habían recibido más dinero del establecido vía precios de mercado. El sistema siguió hasta que los CTC se eliminaron en 2006 (RD 7/2006).

La investigación en la Audiencia Nacional no excluye que la batalla por las ayudas cobradas de más llegue a Bruselas. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, a través del bufete Piet Holtrop,  tiene claros los argumentos. La denuncia iría contra el Reino de España por incumplimiento del derecho de la Unión Europea.  La sobrecompensación que benefició a las grandes compañías, concluyen los abogados de la Plataforma, va más allá del objetivo de cubrir los costes de transición a la competencia y constituye una ayuda de Estado ilegal.

Los datos del paro registrado en marzo, con 60.214 parados menos y 160.579 nuevos afliados a la Seguridad Social, son un gran soporte para la teoría de la recuperación y para quienes defienden las reformas aplicadas en la economía en los últimos tres años. Sin embargo, en la trastienda de números y de porcentajes, hay razones para matizar el optimismo. Se crea empleo y es una buena noticia, pero a costa de la calidad y de la estabilidad de los nuevos puestos de trabajo. En marzo, sólo uno de cada diez contratos fue indefinido. De éstos, el 43% fue para trabajos a tiempo parcial.

Crece la desigualdad y los más golpeados por la crisis no ven mejora por ninguna parte. La tasa de cobertura total del sistema de protección por desempleo ha caído en un año (febrero de 2015 respecto a febrero de 2014) en más de cinco puntos y se sitúa en el 55,72%. En febrero de 2014 cobraban prestación 2.750.074 personas, en febrero de 2015, 2.372.615. Es el nivel más bajo desde el año 2001.

Más afiliados

En el último año, el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido men 536.512 afiliados más. Es un crecimiento interanual de la afiliación del 3,29%. "El empleo crece al ritmo del PIB e incluso por encima" asegura Antonio González (Economistas Frente a la Crisis) "eso no sucede en ningún país. La clave es por qué sucede. Y la respuesta es que se está creando empleo basura, de baja calidad y baja productividad. Hay un espejismo en las cifras y, en contra de lo que pudiera parecer, crear empleo en estas condiciones no es una buena noticia".

Por concretar. En marzo se formalizaron 1.441.775 contratos, un 18,5% más que hace un año. De ellos, 1.297.484 fueron temporales -el 90% de todos los nuevos contratos- y sólo 144.291 fueron indefinidos -un 10%, un porcentaje algo mayor que el registrado en los últimos meses, cuando los estables representaban entre el 7% y el 9% de los nuevos contratos-.

Tanta contratación sostiene José Ignacio Pérez Infante (Asociación Española de Economía del Trabajo) tiene relación con la estacionalidad (Semana Santa celebrada en marzo) y con el impulso para la economía que viene del exterior (BCE, bajada de precio del petróleo, etc). "El empleo mejora porque la situación económica está mejor, no por la reforma laboral, que lo único que ha hecho ha sido aumentar la desigualdad, la devaluación salarial y la inestabilidad en el empleo".

A la búsqueda de empleo

Pérez Infante destaca que "el empleo aumenta 2,7 veces lo que baja el paro, lo que indica que hay gente incorporándose a la búsqueda de empleo y está aumentando la población activa. A futuro, eso indica que si la situación sigue mejorando, el paro no va a mejorar al mismo ritmo que el empleo".

Para Pérez Infante, la reforma laboral aprobada por el Gobierno no ha hecho sino agravar la precaridad, reducir la cobertura a los desempleados y revelar su fracaso. Lo mismo opinan analistas como Lucas Duplá, para quien el resultado más destacable de la reforma es una caída del 7% del poder adquisitivo del trabajador español desde 2010.

"La devaluación salarial ha permitido, por el momento" asegura Duplá "crear empleo a niveles de crecimiento del PIB inferiores a los tradicionalmente necesarios, si bien la casi totalidad de ese empleo es altamente precario y está mal remunerado".

Tiempo completo y parcial

De nuevo, los datos de marzo dan la razón a los críticos. De los 144.291 contratos estables firmados en marzo, 81.960 fueron a tiempo completo (un aumento del 28,8% respecto al año anterior, según destacó el Ministerio de Empleo) y 62.331 lo fueron a tiempo parcial (un 25% más que en marzo de 2014). En suma, los contratos indefinidos a tiempo parcial crecen prácticamente al mismo ritmo que los de jornada completa. Con ese panorama destaca otro aspecto: España es uno de los países europeos con más tasa de trabajo a tiempo parcial indeseada.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Ministerio de Empleo ha celebrado las cifras de marzo. El departamento que dirige Fátima Báñez destacó que el número de parados registrados en los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó en marzo en 4.451.939 personas, tras bajar en 60.214 desempleados respecto al mes anterior. Es el mayor descenso en un mes de marzo desde 2002.

El paro encadena así dos meses de descensos tras haber bajado en febrero en más de 13.500 desempleados. Marzo es un mes en el que suele caer el paro, aunque hay algunas excepciones. La serie, que se inicia en 1996, recoge alzas del desempleo sólo en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, coincidiendo con los ejercicios más duros de la crisis económica. En los últimos seis años, el paro registrado creció en marzo en una media de más de 35.000 personas.

Pero pese al optimismo oficial, los datos muestran que el Gobierno todavía no ha logrado mejorar la herencia que recibió. En noviembre de 2011 había registrados en el Inem 4.420.462 parados (4.451.939 en marzo de 2015), mientras que los afiliados a la Seguridad Social eran 17.248.530 (16.832.801 en marzo de 2015).

La precariedad laboral, el espectacular aumento de la deuda pública hasta el 100% del PIB –290.316 millones más desde 2011–, la devaluación de los salarios para ganar competitividad y el olvido de colectivos como los parados de larga duración colocan a España entre los países de la UE donde más han aumentado las desigualdades.

"El aumento de la desigualdad, no sólo en España, comenzó en los años 80 y se intensificó en los 90", asegura el economista José Carlos Díez. "La inmigración, con salarios bajos, amplificó el problema, que explotó con la crisis económica. Siempre ha habido desigualdad, pero nunca ha llegado, como ahora, a estos niveles, máximos desde la crisis de 1929".

Lejos de la equidad

Las estadísticas de Eurostat muestran una realidad cruda: España, pese a la ligera mejora del año 2013, forma parte del grupo de países en los que crece de la desigualdad, según el índice GINI. El índice mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa.

Las estadísticas de la agencia europea son las que han llevado a la ONG Oxfam Intermon a destacar –y criticar– que España se haya convertido en el segundo país más desigual de Europa tras Letonia. Si se abre el foco a los países de la OCDE, España tampoco mejora en el podium de la igualdad. Business Insider publicó una docena de gráficos, entre ellos el ranking de desigualdad (índice GINI) en la OCDE, que situaba a España en el séptimo lugar por aumento de la desiguldad en una lista encabezada por Chile.

"Si uno analiza las estadísticas en la OCDE, en todas se observa que la desigualdad empezó a crecer en todos los países antes de la crisis", asegura el economista Bruno Estrada (Fundación Primero de Mayo). El origen del problema, sostiene, "es la desregulación del sistema financiero, que ha llevado a exuberancias financieras y crisis continuas como en la Inglaterra del siglo XIX, sin instituciones internacionales capaces de controlar las graves consecuencias de esa situación".

Consecuencias graves

Una de esas graves consecuencias es que en España, más del 10% de los españoles poseen menos que nada. Tienen un patrimonio negativo. Así lo explica el economista Luis Molina Tembury (Economistas Frente a la Crisis). En La imagen de la desigualdad en España 2014, Tembury sostiene que para medir realmente la brecha de la desigualdad no hay que analizar el flujo de rentas sino el patrimonio. "Los patrimonios son el auténtico poder económico", escribe. Tembury sigue la idea del economista Thomas Piketti (El capital en el siglo XXI), que defiende que la forma de medir la desigualdad nunca es neutral.

Con esa idea y el estudio Global Wealth Report 2014 de Credit Suisse, Tembury explica que el 10% de la población española acumula el 56% de la riqueza (patrimonio) del país, estimada en 5,033 billones de dólares (81.126 euros por ciudadano). Más aún. Dentro de ese 10%, el 1% más rico acumula el 27% del patrimonio total. En el otro extremo, el 50% de la población sólo posee el 10% de la riqueza. Y de ese porcentaje, el 30% más pobre apenas controla el 2,3% del patrimonio. "Más de un 10% de los españoles", explica el economista, "poseen menos que nada porque tienen un patrimonio negativo". 

La gran cuestión es cómo corregir la situación de la desigualdad, un problema permanente que va en aumento. La clave, sostiene José Carlos Díez, es "crear empleo". "El 85% de las personas en situación de pobreza ha perdido casa y empleo", por lo que son necesarios planes integrales que aborden la cuestión tanto del paro como de la vivienda.

Falta de sensibilidad

Esa necesidad ha chocado con la falta de sensibilidad con los más golpeados por la crisis. El gasto social ha beneficiado más a los más ricos que a los más desfavorecidos (datos OCDE); el crecimiento no atiende a los colectivos más desamparados (3,3 millones de personas llevan más de un año desempleados) y la recuperación está basada en una devaluación salarial que es más profunda en los niveles más bajos.

Para cerrar la brecha, coinciden los analistas consultados, habría que actuar sobre el sistema educativo, para mejorarlo; mejorar la estabilidad en el trabajo e invertir en políticas activas de empleo y de integración de inmigrantes. No es la política que ha aplicado el PP, seguidor de la "austeridad expansiva" que teorizó Alberto Alesina.

Santiago Niño Becerra, economista, autor de La Economía. Una Historia muy personal, resume, contundente, dónde está la clave de la desigualdad y su difícil solución: el problema de la desigualdad "radica en el reducido tamaño de las rentas bajas y la cuasi imposibilidad de que crezcan, puesto que para que crecieran sería necesario que aumentara la demanda de trabajo, y el crecimiento de las rentas salariales y eso...". Becerra no cierra la frase, pero no hace falta, se entiende.

El viernes 27 de marzo fue un buen día para Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola desde hace nueve años. La compañía celebró junta de accionistas en Bilbao. Se aprobaron todas las propuestas de la dirección, incluida la reelección de Sánchez Galán como consejero ejecutivo por otros cuatro años. Además, Sáchez Galán ingresó un buen pellizco por asistir al acto que presidió. Cobró 34.753 euros brutos –un 44% por encima del salario anual medio en España– como prima de asistencia por los 6,9 millones de acciones que controla en la eléctrica.

La compañía eléctrica es de las pocas del Ibex 35, según detallan los informes del IESE, que sigue la política de incentivar la asistencia de accionistas minoritarios a las juntas con el pago de primas. Una "rara avis", según la definía la escuela de negocios en 2012. Este año, la remuneración a los accionistas por asistir a la junta ha sido de 0,005 euros por título, cinco euros por cada 1.000 acciones. El desembolso total ha sido de 24,9 millones de euros ya que estuvo presente o representado el 78,6% del capital, distribuido entre un total de 6.388 millones de acciones.

Primas al consejo

Los 14 consejeros propietarios de acciones se han repartido 47.787 euros por acudir a una reunión obligada. La distribución de la prima entre los consejeros ha sido desigual, como corresponde al número de acciones que poseen. Tras los 34.753 euros de Sánchéz Galán, se sitúan los 6.114 euros de Íñigo Víctor de Oriol (hijo del expresidente de Iberdrola Íñigo Oriol) por sus 1,2 millones de acciones, y a continuación los 3.167 euros del consejero-director general, José Luis San Pedro (633.510 acciones); los 1.161 euros de Xavier de Irala (232.314 títulos), y los 1.153 euros de Julio de Miguel (230.775 acciones).

El consejero y exministro del PP Ángel Acebes también ha cobrado por asistir a la junta, pero casi una cantidad simbólica: 28 euros por las 5.632 acciones que controla en la compañía, a la que se incorporó en 2012. Menos que Braulio Medel (130 euros); Inés Macho (284 euros) y Santiago Martínez Lage (74 euros), pero más que la consejeras Samantha Barber (8 euros), Helena Antolín (14 euros), Denise Mary Holt (1 euro) o Georgina Kessel (50 céntimos de euro por sus 10 títulos).

Fomento de la participación

La prima de asistencia, según la compañía eléctrica, tiene como fin "fomentar la participación" y así está previsto en la política de gobierno corporativo que sigue la empresa. Pero este año ha habido más. En un espectáculo poco habitual en España, Iberdrola ha gastado entre uno y tres millones de euros –el dato no es público y las fuentes internas de la empresa ofrecen cifras dispares– en el fomento de la participación de los accionistas con actuaciones musicales, entrevistas y presentaciones a cargo de caras conocidas de la televisión.

En el Palacio de Euskalduna, convertido en un bosque verde por el director artístico del Teatro Arriaga de Bilbao, Emilio Sagi, hubo de todo. Entrevistas amables al propio Galán y al director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, por periodistas conocidos de la televisión –María Escario, Carlos del Amor y Edurne Ormazábal–, actuaciones musicales –Marlango, Leiva–, música de la tierra con instrumentos del folklore vasco y toque exótico con la banda de gaiteros de Scottish Power, la filial británica de Iberdrola, traídos expresamente en vuelo privado para su actuación.

El sueldo de Galán

Sánchez Galán cobró en 2014, entre sueldo fijo y bonus, un total de 9,1 millones de euros, un 22% de aumento respecto al salario que percibió en 2013, qure fue de 7,4 millones.

El aumento salarial, en un ejercicio que no fue bueno en resultados, se debió al cobro de 536.259 acciones, valoradas en 2,9 millones, en concepto de bonus por el cumplimiento de objetivos en el periodo 2011-2013.

Iberdrola registró el pasado año un beneficio neto de 2.326,5 millones de euros, lo que supuso un descenso del 9,5 % respecto a 2013. Esa bajada, según la compañía, se debió sobre todo a la mayor carga fiscal.

Un camino se cierra, dos caminos se abren. La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la ampliación de denuncia que presentó la Plataforma por un Nuevo Modelo Energéticoampliación de denuncia por los 3.400 millones de euros cobrados de más por las compañías eléctricas entre los años 1998 y 2006 en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC). El exceso, pagado por todos los consumidores, no fue reclamado a las compañías ni por los Gobiernos del PP ni por los Gobiernos socialistas a pesar de los informes favorables a la reclamación de la Abogacía del Estado. Anticorrupción no ha encontrado indicios de delito.

Pero el caso no está cerrado. La Asamblea de la Plataforma que agrupa a ecologistas y consumidores de 321 organizaciones tiene que decidir ahora entre presentar una querella formal identificando uno por uno a los responsables del exceso –y de la prescripción del caso– o acudir a Bruselas para plantear el asunto como ayudas de Estado cobradas de forma indebida que tendrían que ser devueltas.

El camino más probable

El primer camino es el más probable puesto que plantear la reclamación primero en Bruselas implicaría aceptar la posibilidad de que el exceso cobrado por las empresas pudiera ser recuperado, lo que restaría argumentos a la querella, según fuentes de la Plataforma.

Para entender la importancia de las cantidades liquidadas de más hay que saber en qué consistían los famosos CTC. Era un dinero que debía garantizar a las empresas recuperar las inversiones que realizaron antes de 1997, cuando existía otro marco legal (el Marco Legal Estable), que funcionó entre 1988 y 1997.

El acuerdo de los CTC contemplaba que las empresas recibieran la diferencia entre el precio de mercado de la electricidad y un precio de referencia (3,606 céntimos de euro por kilowatio-hora). El máximo a cobrar, hasta el año 2010, era de 1,4 billones de las antiguas pesetas (unos 6.300 millones de euros).

Cuentas que no cuadraron

Pero las cuentas, para alegría de las empresas, no cuadraron. En 2005, mucho antes de lo previsto, las compañías ya habían recibido más dinero del establecido vía precios de mercado. El sistema siguió hasta que los CTC se eliminaron en 2006 (RD 7/2006)

Industria canceló el pago de los CTC pero no realizó una liquidación definitiva para ver si habían cobrado de más. El equipo del ministro socislista Joan Clos, con Ignasi Nieto como secretario general de Energía, pidió a la Abogacía del Estado un dictamen sobre si podía reclamar ese dinero y a la vez comenzó a redactar una orden ministerial con la fórmula para ver a cuánto ascendía, según reconoció el actual ministro, José Manuel Soria, en el Congreso. Pero nada se hizo.

Con esos datos, la denuncia para su posible presentacióin en Bruselas si lo decide la Plataforma está muy adelantada. El bufete Piet Holtrop  tiene claros los argumentos. La denuncia iría contra el Reino de España por incumplimiento del derecho de la Unión Europea. España, en resumen, sobrecompensó a las empresas beneficiarias (entonces Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico) de los CTC y no exigió la devolución de 3.400 millones de euros cobrados de más a pesar de que la propia abogacía del Estado le advirtió de esta posibilidad en un informe el 5 de marzo de 2008.

Enriquecimiento injusto

La sobrecompensación que benefició a las grandes compañías, concluyen los abogados de la Plataforma, va más allá del objetivo de cubrir los costes de transición a la competencia y constituye una ayuda de Estado ilegal. La denuncia recuerda que la Abogacía del Estado, a la que recurrió el ministro Clos, concluyó que la sobrecompensación podía recuperarse ya que constituía un enriquecimiento injusto. La reclamación podía hacerse, según el abogado del Estado, hasta el 1 de enero de 2010, aunque nadie lo hizo.

No fue solo la Abogacía del Estado. La antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) advirtió año tras año de la necesidad de recuperar las sobrecompensaciones.

Anticorrupción ha decidido el archivo definitivo de la denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético idespués de tomar declaración a varios de los que tuvieron conocimiento de los hechos en aquellos años. A finales de 2014, la Fiscalía llamó a declarar como testigos a Joaquín de Fuentes Bardají, abogado general del Estado entre 2004 y 2012; Fernando Calancha, exabogado del Estado en la secretaría de Estado de Energía, exjefe de gabinete del secretario general de Energía y ahora en PWC; José Ramón Mourenza, actual abogado del Estado jefe del Ministerio de Industria, y el exdirector general de Política Energética Jorge Sanz.

La manga ancha de los sucesivos Gobiernos con las grandes eléctricas provocó y aún provoca fuertes críticas en las organizaciones de usuarios y de empresarios de energías renovables, afectados por los recortes de primas de los últimos años. La Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (Anpier) por ejemplo, sostiene que cada familia española "regaló" 300 euros a las eléctricas por el "despiste" de la Administración al no reclamar 3.400 millones de euros cobrados de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTC).

El sector fotovoltaico atraviesa por un momento crítico. Las asociaciones que representan a 50.000 particulares y empresas que invirtieron en proyectos sostienen que la nueva regulación y el recorte de primas tiene al borde de la quiebra al 90% de las explotaciones.

En el centro del problema está la banca. Los bancos nacionales y extranjeros han prestado 50.000 millones para el desarrollo de proyectos de energía solar, termosolar y parques eólicos. Casi el 50% de esa cantidad (22.000 millones de euros) corresponde a préstamos concedidos a 55.000 inversores en huertos solares. Estos son lo que están más cerca del desplome.

Para evitar el colapso, los inversores están renegociando los plazos de los préstamos y los tipos de interés con los bancos. Pero se encuentran con un frente que no es homogéneo. Fuentes de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) reconocen que mientras los bancos nacionales están aceptando alargar los plazos de amortización y negociando rebajas de tipos de los préstamos, la banca extranjera con intereses en el sector tiene una estrategia muy diferente. Una banca extranjera que controla un 25% de los présamos al sector fotovoltaico, unos 5.000 millones de euros.

Los más activos

Los bancos extranjeros más activos en el sector son cinco, según fuentes de las asociaciones fotovoltaicas. Se trata de Portigon, Dexia, Unicredit, HSH y el alemán LBBW. Con ellos no valen componendas. No aceptan quitas, renegociaciones de plazos y rebajas en los tipos de interés. A diferencia de los bancos nacionales más implicados en el sector de las energías renovables, como son Bankia, BBVA, Caixabank y Santander, las entidades extranjeras no tienen una imagen que mantener.

"No tienen presencia física en el país, ni marca, ni sucursales que mantener", explica una de las asociaciones del sector, "por lo que el impacto en su imagen reputacional no les importa demasiado". Quieren su dinero y lo quieren ya.

Anpier (Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos) resume así la situación: "Los activos fotovoltaicos han perdido más de un 50% de su valor y los productores, asfixiados por los bancos, ni son recibidos por el ministro de Industria, ni se les ofrece ninguna solución que les permita la viabilidad de unas plantas que fueron instaladas por 55.000 familias españolas que, animadas por el Estado, y con la garantía de un Boletín Oficial del Estado, hipotecaron sus propios hogares y ahora sólo gozan de la consideración de los fondos buitres, que pugnan por adquirir las instalaciones por el precio de su deuda".

Un grave problema

Para la banca, especialmente la nacional, los 22.000 millones comprometidos con el sector fotovoltaico son un grave problema. Unef confirmó en su día que los bancos intentan mantener los créditos vivos, refinanciándolos a plazos de 25 años.

La estrategia de las asociaciones del sector para evitar el desplome ha sido informar a las autoridades nacionales y a la Comisión Europea de las consecuencias que tendría para la salud del sistema financiero el derrumbe del sector.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, junto a la asociación empresarial APPA, informó a la Comisión Europea ya en 2013 de la situación del sector. Entonces, las organizaciones precisaron que los bancos no tienen provisionados esos créditos a las plantas fotovoltaicas, lo que podría suponer un grave problema para el saneamiento bancario. 

Recortes polémicos

El tira y afloja con la banca se ha visto salpimentado con la polémica que acompaña a los recortes aprobados por el Ministerio de Industria para el sector renovable: 3.000 millones menos en primas que nadie sabe bien cómo se calcularon. Supuestamente, los recortes se basaron en los informes técnicos de las consultoras Roland Berger y Boston Consulting.

El Tribunal Supremo reclamó a Industria esos informes y la conclusión fue muy polémica. El  informe de la consultora Roland Berger es tres meses posterior a que el recorte se publicara en el Boletín Oficial del Estado. El otro informe, de Boston Consulting Group, ni siquiera se utilizó. El contrato fue resuelto en enero de este año por "los reiterados incumplimientos" de la empresa. En plena negiciación con la banca, la pregunta que se hacen ahora las patronales de renovables es quién y de qué manera decidió el recorte.

La casa por la ventana. El presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán convirtió la junta general de accionistas celebrada en Bilbao en un espectáculo. Músicos, entrevistas conducidas por periodistas de rostro conocido, gaiteros escoceses, música tradicional vasca...todo un espectáculo, novedoso para los usos empresariales habituales, que convirtió el escenario del palacio Euskalduna de Bilbao en un bosque en el que, en lugar de elfos, habitaban los consejeros de la eléctrica. El escenario no impidió, sin embargo, que algunos accionistas criticaran la reelección como consejero del exministro Ángel Acebes, imputado en el caso Bankia.

Galán, que llegó a la junta en un "coche eléctrico enchufable", según detalló a los asistentes, reclamó durante su intervención ante los accionistas, que tras las elecciones se constituyan Gobiernos "estables" que permitan "continuar atrayendo inversiones", necesarias para "seguir por la actual senda de crecimiento y generación de empleo".

No es un mensaje nuevo. Es el mismo que han adelantado algunos de sus colegas en el Consejo de la Competitividad como César Alierta (Telefónica) o Francisco González (BBVA). Galán, a quien el sector de las energías renovables atribuye buena parte de la responsabilidad por el frenazo a esas energías decidido por el Gobierno, alabó en su intervención la situación económica de España y las reformas aplicadas por el Gobierno.

Un guiño al Gobierno

Fue un guiño al Ejecutivo. Con ese guiño, Galán, convertido en mascarón de proa del sector eléctrico tras el repliegue de Enel en Endesa, compensa al menos en parte el choque que mantuvo a principios de 2014 con el Gobierno por una reforma eléctrica en la que Industria no tuvo en cuenta sus opiniones. Entonces, Galán llegó a decir que Iberdrola era "más británica, mexicana o estadounidense que española".

Pelillos a la mar. Galán, presidente del Foro de Energía del exclusivo club de Davos y condecorado por la reina de Inglaterra –según detalló en su intervención en la junta– quiere impresionar a toda costa. La organización de la junta –con un coste que la empresa no detalla– fue la prueba.

En el Palacio de Euskalduna, convertido en un bosque verde por el director artístico del Teatro Arriaga de Bilbao, Emilio Salgi, hubo de todo. Entrevistas amables al propio Galán y al director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, por periodistas conocidos de la televisión –María Escario, Carlos del Amor y Edurne Ormazábal–, actuaciones musicales –Marlango, Leiva–, música de la tierra con instrumentos del folklore vasco y toque exótico con la banda de gaiteros de Scottish Power, la filial británica de Iberdrola, traídos expresamente en vuelo privado para su actuación.

En ese marco novedoso, Galán anunció la intención de proseguir con la internacionalización de la compañía, especialmente en EE UU, donde ha cerrado un acuerdo de joint venture con UiL. La idea es que el mercado norteamericano llegue a aportar hasta un 30% de los beneficios de la compañía, que en 2014 ascendieron  a 2.326,5 millones, un 9,5% menos que en el ejercicio anterior.

Sobre las previsiones de 2015, Ignacio Galán se comprometió a repetir, como mínimo, un dividendo de 0,27 euros por acción. De esta retribución, la eléctrica abonará 0,143 euros por título en julio próximo (ya ha pagado 0,127 euros en diciembre pasado). Además de los 0,005 euros brutos por acción como prima de asistencia a la junta.

La lupa americana

Galán, reelegido consejero junto con Acebes, está bajo la lupa de los inversores internacionales. ISS, la firma más importante en cuestiones de asesoría de voto, ha criticado a Galán por la acumulación de poderes, algo alejado de los usos anglosajones, donde las funciones entre presidente y consejero delegado están más definidas.

El presidente de Iberdrola cobró el pasado año, entre sueldo fijo y bonus, un total de 9,1 millones de euros, según los datos enviados por la compañía a la CNMV. La cifra supone un incremento del 22% respecto al salario que percibió en 2013, de 7,4 millones.

El aumento salarial, en un ejercicio que no fue bueno en resultados, se debe al cobro de 536.259 acciones, valoradas en 2,9 millones, en concepto de bonus por el cumplimiento de objetivos en el periodo 2011-2013.

En enero, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 20.913, un 20% más que en el mismo mes de 2014. Aunque hay más estadísticas -las de los notarios, por ejemplo- y no siempre son coincidentes, las publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran ocho meses consecutivos de incremento en el número de hipotecas. Algunos bancos vuelven a ofrecer ventajas de la época de la burbuja: hipotecas por el 100% del valor de la vivienda y préstamos para la adquisición de suelo.

Pero antes de concluir que el fin de la crisis es una realidad para el sector inmobiliario hay que preguntar quién compra vivienda y por qué. El expresidente del Banco Hipotecario, Julio Rodríguez, lo tiene claro: quienes están empujando la actividad son los fondos de inversión y los ahorradores que, afectados por la caída de los tipos de interés, adquieren viviendas para alquilarlas y obtener rendimientos que ya no son posibles con los depósitos.

"Aunque no hay estadísticas sobre aquellos que compran vivienda por primera vez" asegura Rodríguez "sabemos que el 40% de las ventas se realizan sin hipoteca y sabemos que la vivienda se ha convertido en una alternativa de inversión por la caída en los rendimientos de los depósitos de ahorro". 

Búsqueda de rendimiento

Además de los ahorradores a la búsqueda de rendimientos, las operaciones inmobiliarias tienen como protagonistas a los fondos de inversión especulativos. Las firmas internacionales como Blackstone o Goldman Sachs han demostrado que, con los precios actuales, las operaciones especulativas son posibles y atractivas. 

Blackstone adquirió1.860 viviendas en alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid  y Goldman Sachs -junto a Azora- compró 2.935 pisos al Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima). Fueron operaciones que abrieron camino a otros fondos de menor dimensión pero muy activos.

Compran los inversores no afectados por la crisis -compran en Madrid, Barcelona y zonas costeras muy vinculadas al turismo- y no compran los golpeados por el desplome que comenzó en 2008. Con salarios bajos, la hipoteca es un simple deseo. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el 50% de los contratos el salario no supera los 889 euros mensuales de media. "De ahí el auge del alquiler" señala Rodríguez.

Tiempos precrisis

La mayor actividad en el sector inmobiliario va acompañada de ofertas bancarias que recuerdan los tiempos precrisis.  "Vuelven las hipotecas por el 100% del valor de la vivienda y los préstamos para la compra de suelo" apunta Rodríguez.

La financiación del 100% del valor de la vivienda era algo habitual antes del estallido de la burbuja. A partir de ese momento, lo normal ha sido financiar como mucho el 80%. Pero ya hay entidades que han decidido arriesgar un poco más. Ibercaja y Caja Ingenieros comercializan hipotecas que, según los casos, pueden llegar al 100% del valor de la vivienda.

La reactivación del sector inmobiliario se enfrenta, pese a todo, a un enorme stock de viviendas todavía vacías. ¡Cuántas? Las cifras son diversas, según la fuente. La Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco) estima que a finales del 2014 quedaban en España sin vender ni arrendar un total de 439.617 viviendas, un 36,26% menos que las 689.787 con que contaba en 2009.  Otras cálculos, sin embargo, elevan la cifra por encima de las 600.000 viviendas vacías.

El Ministerio de Hacienda va a dar el primer paso para publicar a finales de año la lista de ciudadanos que deben al fisco más de un millón de euros y de aquellos que han sido condenados en sentencia firme por un delito contra la Hacienda pública. El Consejo de Ministros del viernes aprobará con ese fin el anteproyecto de reforma de la Ley Tributaria (Ley 58/2003) para su envío al Consejo de Estado.

El plan de reforma de la Ley Tributaria fue criticado en septiembre de 2014 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces puso en duda la proporcionalidad de la medida y su compatibilidad con la legislación sobre protección de datos.

La publicación de una lista de morosos y de defraudadores ha sido anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cada mes de diciembre desde que el PP llegó al poder. Tras más de dos años, empieza a dar los pasos que acabarán con la publicación de una lista de morosos en plena efervescencia electoral.

Otra vez a fin de año

Según Hacienda, la lista de morosos y de defraudadores se publicará por primera vez en el cuarto trimestre de este año. Recogerá los deudores "de mayor cuantía", es decir, aquellas personas físicas y jurídicas que deban a la Hacienda pública más de un millón de euros y a los que ya se les hayan pasado los plazos de ingreso en periodo voluntario. La fecha de corte para no figurar en esa lista de grandes morosos es el 31 de julio de este año.

La lista recogerá las sentencias condenatorias firmes por delito fiscal. Se publicarán las que hayan adquirido esa condición de firmes una vez que haya sido aprobada la ley, aunque se deriven de hechos registrados antes de la entrada en vigor de la norma. El objetivo de todo ello, destacan fuentes de Hacienda, es "concienciar a quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales para que paguen y eviten el reproche social".

El camino que emprende Hacienda es polémico. El Consejo General del Poder Judicial examinó el anteproyecto que el Gobierno envió al organismo en agosto de 2014 y encontró varios puntos débiles. "Nos planteamos serias dudas acerca de que esta publicidad resulte compatible con la legislación sobre protección de datos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", señalaron los jueces.

Los jueces piden sosiego

No fue la única crítica. "Se echa de menos", continuaba el informe del pleno "una ponderación reposada y sosegada entre los derechos afectados y el fin perseguido por la norma". La conclusión de los jueces fue que el nuevo artículo propuesto en la norma (95 bis) para facilitar la publicación de la lista de morosos, debería ser retirado.

Sin embargo, y frente a las reticencias de los jueces, Hacienda cuenta en esta ocasión con el apoyo de colectivos que habitualmente critican la getsión de Montoro. El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) considera la publicación de la lista un avance en el camino hacia la transparencia y un medio útil para reducir la evasión fiscal, de la que forma parte quienes defraudan y quienes eluden.

Hacienda cerró el pasado ejercicio con 12.300 millones recaudados en la lucha contra el fraude fiscal, un 12% más que en 2013, aunque se contabilizaron conceptos (rectificación de autoliquidaciones) que no se incluyeron en años anteriores.

Alivio en 2014

Los números de 2014 aliviaron el mal dato registrado un año antes. En el ejercicio 2013, Hacienda ingresó en el combate contra el fraude fiscal 10.479 millones de euros, un 9,01% menos que en 2012. Fue un mal año porque tampoco mejoraron las cifras de persecución del delito fiscal (a partir de 120.000 euros de cuota defraudada).

Las memorias de la Agencia Tributaria muestran una caída continua en las denuncias por delito fiscal. El ministerio atribuye el descenso a la menor actividad económica y a la mejora de controles, mientras que sindicatos y técnicos la achacan a un funcionamiento poco eficaz de la Agencia.

Las memorias de la Agencia Tributaria recogen que, frente a las 1.014 denuncias por delito fiscal registradas en 2011, en 2013 se presentaron 652. Un descenso del 36% en dos años. Frente al dato de denuncias, Hacienda esgrime el aumento de defraudadores en prisión: 182 en enero de 2012 y 252 en 2014, un 37% más.