A los veinte años de la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, La democracia y sus derechos (Editorial Península) es un repaso a las leyes que definieron su gobierno y cambiaron España. Su nombramiento como presidente en 2004 marcó el comienzo de un ejecutivo que transformó el país y lo hizo pionero en materia de derechos sociales. En la presente obra, los autores, todos ellos juristas, analizan el legado legislativo del gobierno de Zapatero, que permitió avances en materias como la igualdad, la identidad sexual, la protección jurídica de las familias, el reconocimiento de las víctimas de la violencia política o la protección de las personas dependientes. Unas leyes que supusieron una profunda disrupción en un contexto social todavía anclado a los imperativos conservadores del pasado y que pusieron el foco, por primera vez, en temáticas que todavía hoy están en disputa.

Ante el avance de discursos políticos que abogan por un retroceso en los derechos conquistados, este libro es la reivindicación de una mejor política, la que prioriza el bienestar de los ciudadanos y los protege contra la discriminación, la intolerancia y la precariedad. Además del prólogo introductorio del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y del epílogo de la socióloga Belén Barreiro -que adelanta infoLibre en exclusiva-, el libro cuenta con la participación de doce reconocidos juristas y políticos: María Ángeles Alcalá Díaz, Luis Arroyo Zapatero, Juan María Bilbao Ubillos, Francisco Caamaño Domínguez, Ana Carmona Contreras, Marina Echebarría Sáenz, Juan Fernando López Aguilar, Paz Mercedes de la Cuesta Aguado, Fernando Rey Martínez, Ana Ruiz Legazpi, María Esther Seijas Villadangos y María Solanas Cardín.

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Epílogo - «Cómo hemos cambiado...»

Belén Barreiro, fundadora y CEO de 40dB, expresidenta del CIS

Un legado para la sociedad. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganó las elecciones de marzo de 2004 con un programa que mostraba un claro cambio de prioridades con respecto al pasado: si en los años de Felipe González el énfasis se había puesto fundamentalmente en la modernización económica del país, con Rodríguez Zapatero fueron los/as propios/as ciudadanos/as los/as que adquirieron el máximo protagonismo y vieron cómo sus derechos y libertades se ensanchaban en muy poco tiempo. Así, mientras que entre 1982 y 1996 la única reforma que se abordó en materia de derechos fue la del aborto, con una ley moderada que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo en supuestos puntuales, entre 2004 y 2011, se hicieron reformas de gran calado sobre los derechos de las minorías sexuales y la igualdad de género.

La agenda del Gobierno de Rodríguez Zapatero, con la clara impronta del republicanismo cívico (inspirado en el filósofo Philip Pettit), representaba también una renovación de la socialdemocracia con respecto a los proyectos que otros líderes progresistas de los países más avanzados habían tratado de poner en marcha desde finales de los años noventa, como Tony Blair en Gran Bretaña, Gerhard Schröeder en Alemania o Bill Clinton en Estados Unidos. Más que encarnar una Tercera Vía, como el laborismo británico, el socialismo del nuevo presidente español se construía sobre una noción fuerte de ciudadanía.

Las leyes de derechos y libertades aprobadas en aquellos años, prácticamente durante la primera legislatura, antes de que la Gran Recesión absorbiese la casi totalidad de los esfuerzos del Gobierno, formaban parte del programa electoral con el que el Partido Socialista había concurrido a los comicios de 2004. Como ahora, el contexto político tampoco era entonces favorable: en aquellos años, el Partido Popular (PP) dedicó todos sus esfuerzos a poner en práctica una estrategia de crispación basada en la crítica exacerbada de la política territorial, de la política antiterrorista (que culminaría con la derrota de ETA), y de la memoria histórica, los tres asuntos que, junto con la expansión de derechos y libertades, dotaron de contenido aquellos cuatro años. Pese al clima de crispación, el Gobierno logró centrar gran parte de sus esfuerzos en sacar adelante las leyes prometidas en campaña.

La labor legislativa del nuevo ejecutivo se inauguró con la Ley integral sobre violencia de género (LO de 1/2004, de 28 de diciembre), un «poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal», como afirmó entonces el propio Rodríguez Zapatero. La ley trazaba un plan integral de actuación contra la violencia de género, que incluía medidas de sensibilización, prevención, detección, atención a las víctimas y tipificación penal de los delitos cometidos. Su aprobación se hizo por unanimidad, con los 320 diputados presentes en la sesión parlamentaria, incluidos los del Partido Popular. Pocos meses antes, en marzo de 2004, una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) había revelado que el 91 por ciento de la ciudadanía creía que, en España, los malos tratos hacia las mujeres en el entorno familiar estaban muy o bastante extendidos. Un año después, el 92 por ciento manifestaba que la violencia doméstica hacia las mujeres era totalmente inaceptable. En aquellos años, la sociedad ya estaba ampliamente sensibilizada con este asunto. Y fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero el primero que supo detectar cuán profunda era la preocupación social por la violencia hacia las mujeres, al margen del género, de la generación a la que se perteneciese e incluso de la ideología que se profesase. El país entero, sin fisuras, quería plantarle cara al «machismo criminal».

En esa misma legislatura, se aprobó también la llamada Ley de Igualdad, una norma que según defendió el propio Rodríguez Zapatero «hace justicia a las mujeres» (LO 3/2007 de 22 de marzo), pues aspiraba a eliminar los obstáculos que imposibilitaban la igualdad real entre géneros. La ley creaba el permiso de paternidad (de 2 semanas), extendía el permiso de maternidad, obligaba a las grandes empresas (de más de 250 trabajadores) a diseñar planes de igualdad en sus plantillas, abordaba el acoso sexual y la discriminación, y abogaba por un aumento gradual de las mujeres en los consejos de administración y en las listas electorales. La apuesta por la paridad también se vería reflejada en la composición de los Gobiernos de aquellos años, con porcentajes de ministras siempre por encima del 40 por ciento e incluso en algunos momentos alcanzando el 50 por ciento. En este aspecto, el socialismo del nuevo siglo también se revelaba muy distinto al de los años ochenta y noventa: no fue hasta julio de 1988, casi seis años después de la primera victoria socialista, que Felipe González incorporaría a dos mujeres en su gabinete (junto con 17 hombres). En 1996, su mandato vería su fin con tan solo tres ministras.

La sociedad española, tan sensibilizada con la violencia machista, era igualmente consciente de la difícil condición de la mujer en España, pese a las mejoras que había traído la propia democracia. En marzo de 2005, según el CIS, el 64 por ciento de la ciudadanía creía que las desigualdades entre hombres y mujeres eran muy o bastante grandes, aunque tres cuartas partes pensaba que se habían reducido con respecto a diez años atrás. El único ámbito en el que se reconocía que había igualdad entre mujeres y hombres era en el acceso a la educación, mientras que la mayoría pensaba que seguía habiendo desigualdad en los salarios, en las perspectivas de promoción profesional, en las oportunidades para encontrar un empleo, en la estabilidad en el puesto de trabajo, en la capacidad para conciliar la vida laboral y familiar y en el acceso a puestos de responsabilidad en las empresas y en la política.

Aunque la práctica totalidad de la población (el 89 por ciento) se mostraba a favor de que el Gobierno estableciese medidas que garantizasen la igualdad entre hombres y mujeres, no todas las normas que contemplaba la ley de igualdad recibían un respaldo tan abrumador. La ciudadanía era ampliamente partidaria del permiso paternal (81 por ciento), pero la paridad en las listas electorales, la garantía de equilibrio de género en los altos cargos públicos o la presencia de mujeres en los puestos de dirección de las empresas, si bien lograban el respaldo de la mayoría, no alcanzaban en ningún caso porcentajes de apoyo por encima del 67 por ciento. Entre los votantes conservadores, una mayoría muy ajustada respaldaba las medidas de discriminación positiva: a diferencia de la ley de violencia de género, la de igualdad sí recibió críticas por parte del PP, que se abstendría en la votación y que interpondría un recurso parcial de inconstitucionalidad con respecto a la paridad en las listas. Llama la atención la evolución de la opinión pública en estos ámbitos: así como el apoyo al permiso paternal no hizo más que crecer, hasta alcanzar el 90 por ciento en 2011, la presencia de mujeres en los puestos políticos y directivos fue en descenso. En el caso, por ejemplo, de la garantía por ley de presencia de mujeres en los puestos de dirección de las empresas, la menos popular de todas las medidas, el porcentaje de personas a favor pasó del 58 por ciento al 51 por ciento en apenas seis años. La posición crítica del PP, por tanto, terminó haciendo mella entre sus propios votantes.

Con todo, a ojos de la ciudadanía, la Ley de Igualdad permitió mejorar la situación de las mujeres en España: en lo que respecta al acceso a puestos de responsabilidad política, desde luego, pero también en general con respecto a la visión de la desigualdad entre hombres y mujeres. Así, si en marzo de 2005, el 64 por ciento consideraba que las desigualdades eran muy o bastante grandes, en 2008 lo pensaba el 52 por ciento. En 2017, sin embargo, cuando el CIS vuelve a preguntar a los/las españoles/las, el porcentaje había vuelto a aumentar muy considerablemente. La ciudadanía, por tanto, se mostraba muy sensible a la acción política: bajo Gobiernos progresistas con políticas feministas, hay más optimismo con respecto a la situación de las mujeres en España que bajo Gobiernos conservadores.

Entre la ley sobre violencia de género y la de igualdad, poco más de un año después de la victoria electoral socialista, el 1 de julio de 2005, el Gobierno aprobó la Ley de Matrimonio homosexual con la que, según las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, «los gais dejaban de ser ciudadanos de segunda». España se convertía en el cuarto país del mundo en equiparar los derechos matrimoniales de las parejas homosexuales y heterosexuales, tras Holanda, Bélgica y Canadá, que lo habían hecho poco antes, en 2001, 2003 y 2004, respectivamente. Más tarde lo harían otras democracias como Suecia (2009), Portugal (2010), Francia (2013), Reino Unido (2014), Estados Unidos (2015) o Alemania (2017). Que España otorgase un derecho tan fundamental una década antes de que lo hiciesen los dos países anglosajones cuna de la democracia liberal, es, cuando menos, sorprendente. Por primera vez en su historia, España, un país de fuerte tradición católica y con una corta tradición democrática, se colocaba a la vanguardia.

Como con las políticas de igualdad, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero mostraba de nuevo una importante capacidad para interpretar la sociedad, para entender sus valores más profundos, sus prioridades y sus preocupaciones. En 1998, siete años antes de que se aprobase el matrimonio homosexual en nuestro país, España ya tenía una actitud de mayor tolerancia hacia los derechos de la comunidad LGTBI que otros países. En una encuesta mundial del International Social Survey Programme (ISSP), un consorcio fundado en 1984 que incluye en sus estudios hasta 58 países del mundo, el 50 por ciento de los/as españoles/as afirmaba que el sexo entre adultos del mismo género nunca es reprobable. El porcentaje medio para el conjunto de países era entonces del 29 por ciento, esto es, 21 puntos porcentuales menos. Datos del CIS de los años noventa muestran cifras similares: en 1994, el 53 por ciento creía que las parejas homosexuales debían tener los mismos derechos que las heterosexuales, aunque cuando se preguntaba específicamente por la posibilidad de contraer matrimonio civil, el porcentaje caía hasta el 46 por ciento. En junio de 2004, sin embargo, el apoyo al matrimonio homosexual había crecido ya hasta el 66 por ciento.

En este asunto, a diferencia de lo que sucedía en algunas de las políticas de igualdad de género, la opinión pública mostraba menos consenso: los votantes del PP estaban internamente divididos, entre un 44,3 por ciento por ciento a favor y un 46,9 por ciento en contra. Llama la atención, con todo, que los detractores solo superasen a los partidarios por 2,6 puntos porcentuales. Igualmente, es llamativo comprobar que los electores de los partidos conservadores nacionalistas apoyasen ampliamente el matrimonio homosexual. En este sentido, aunque había una cierta división ideológica, la fractura más importante era generacional. Entre las personas de 18 a 34 años, el 85 por ciento aprobaba la norma, mientras que, entre los mayores de 64, solo lo hacía el 32 por ciento. Era una ley, por tanto, que conectaba con los jóvenes, con las nuevas generaciones y que, en este sentido, miraba hacia el futuro, anticipando el apoyo social tan extenso que tendría este asunto años después.

La ciudadanía, sin embargo, se mostraba más conservadora con respecto a la adopción por parte de parejas del mismo sexo: aunque eran más los partidarios (48 por ciento) que los detractores (44 por ciento), no había una mayoría holgada a favor de esta medida, incluida en la ley. Entre los votantes del PSOE, el apoyo ascendía al 56 por ciento, pero solo uno de cada cuatro electores del PP se mostraba a favor de la adopción.

Con ese estado de opinión de los ciudadanos conservadores, los populares, que habían votado en contra de la ley (con la excepción de la diputada Celia Villalobos), interpusieron unos meses después de su aprobación parlamentaria un recurso ante el Tribunal Constitucional, solicitando la anulación del derecho a la adopción y el cambio de denominación del matrimonio igualitario. Pasarían siete años hasta que el Tribunal dictaminase sentencia, avalando la ley del Gobierno socialista. Tres años más tarde, en septiembre de 2015, el líder del PP y entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asistiría junto con la cúpula popular al matrimonio homosexual de un destacado miembro de su partido, Javier Maroto. Y un año después, una encuesta del CIS pondría de manifiesto el apoyo mayoritario de los votantes conservadores tanto al matrimonio homosexual (63 por ciento) como a la adopción (52 por ciento). Contrariamente al Gobierno de Rodríguez Zapatero, el PP había ido a remolque de la propia sociedad.

Entre 2004 y 2011, hubo otras leyes que ensancharon los derechos civiles de la ciudadanía, como la que agilizó los procesos de separación y divorcio (Ley 15/2005, de 8 de julio); la de reproducción asistida (Ley 14/2006, de 26 de mayo); la que otorgó a los transexuales el derecho a cambio de sexo en el registro (Ley 3/2007, de 15 de marzo) o la de plazos del aborto (LO 2/2010, de 3 de marzo). El Gobierno socialista también amplió los derechos sociales de los/las españoles/as, destacando muy especialmente la Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre), aprobada con el apoyo del PP. Salvo la ampliación del aborto, medida prometida para la primera legislatura, pero ejecutada en la segunda, el resto de las leyes habían formado parte del programa con el que el PSOE había ganado las elecciones de 2004. Se alcanzaban así cuotas muy altas de cumplimiento del programa electoral en todo lo referente a los derechos de las personas.

Caracterizar a las sociedades es una tarea tan fascinante como difícil. Se dice, por ejemplo, que los/as españoles/as pecamos de envidiosos/as. Esto es así: de los siete pecados capitales la envidia es el que más nos caracteriza, a gran distancia de la avaricia o la pereza, según un estudio que dirigí hace un tiempo. Igualmente, en los últimos años, las búsquedas en Internet relacionadas con la envidia han sido un 163 por ciento más frecuentes en España que en Reino Unido. Tenemos, sin embargo, otras virtudes. La más importante, desde mi punto de vista, es que formamos un país que profesa los valores adecuados, es decir, aquellos que, se mire como se mire, son los correctos. España es solidaria (a la cabeza siempre en donaciones, por ejemplo), y, sobre todo, tolerante. Como ciudadanía, somos propensos/as a aceptar la diferencia, a ser integradores/as con quienes viven, piensan o sienten distinto a como lo hace la mayoría. Los/las españoles/as somos empáticos, es decir, particularmente capaces de ponernos en la piel de los demás, de adivinar, comprender y respetar cómo son otras personas: a los inmigrantes, si se es autóctono/a; a los vulnerables, si se es favorecido/a; a los homosexuales, si se es heterosexual; o a las mujeres, si se es hombre.

En los estudios comparados contemporáneos, sobresalen dos datos. Por un lado, España es el país europeo con más personas feministas: según un estudio de Ipsos de 2023, el 53 por ciento de los/as españoles/as se definen así mismos/as como tales, un porcentaje muy superior al de Alemania (31 por ciento), a la que le sacamos 22 puntos porcentuales de ventaja en feminismo, pero también muy por encima de Reino Unido (38 por ciento), Holanda (42 por ciento), Suecia (42 por ciento), Francia (45 por ciento) o Portugal (46 por ciento).

La incidencia del feminismo en España, según este estudio internacional, se asemeja a los datos que maneja 40dB, la empresa demoscópica que dirijo. En nuestros estudios, se observan pocas diferencias entre generaciones, si bien hay más feministas entre las mujeres que entre los hombres (pero siendo el feminismo mayoritario en ambos grupos). El disenso se produce sobre todo entre progresistas y conservadores: los votantes del PP están divididos, aunque entre ellos hay algo más de detractores del feminismo que partidarios, mientras que entre los electores de Vox, las personas que se identifican con el feminismo suman aproximadamente un tercio. La excepción, de nuevo, son los partidos de centroderecha nacionalistas: sus bases de apoyo son mayoritariamente feministas.

A finales de agosto de 2023, estalló en España el caso Rubiales, poniendo de nuevo de manifiesto el compromiso de la sociedad española en su lucha contra el machismo. En la final de la Copa mundial femenina de fútbol, el entonces presidente de la Federación española de fútbol, Luis Rubiales, besó en la boca a la centrocampista Jenni Hermoso contra su voluntad. El hecho se convirtió en un escándalo internacional mayúsculo, abriéndose el «Me Too» español, con una ola de mujeres denunciando episodios sufridos en sus propias carnes. En septiembre, una encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER mostraba que el 72 por ciento de la ciudadanía tachaba de inadmisible el comportamiento de Rubiales. Los porcentajes ascendían a más del 80 por ciento entre los votantes de los partidos de izquierda, pero incluso entre los electores del PP, los/as indignados/as con este episodio sumaban el 70 por ciento. Entre los de Vox, una persona de dos tachaba de inadmisible la actuación de Rubiales.

Además de por ser feminista, nuestra sociedad también destaca por mostrar una abrumadora aceptación del matrimonio homosexual. Un estudio a las poblaciones de 32 países del Pew Research Institute de 2023 coloca a España en el tercer puesto de países más favorables, con un 87 por ciento de apoyo, únicamente por detrás de Suecia y Holanda, con cifras muy similares (92 por ciento y 89 por ciento, respectivamente). Llama la atención que la brecha que se observa por género, edad e ideología sea considerablemente más estrecha en España de lo que lo es en otros países. Casi veinte años después de la aprobación de la ley del matrimonio homosexual, la sociedad española la respalda casi unánimemente. Todo indica, además, que se trata de un consenso sincero, sólido, bien asentado; no parece que se deba a mera deseabilidad social. Así, mientras que solo el 58 por ciento de los/as suecos/as afirma que apoyaría a su hijo/a, hermano/a o familiar cercano si se declarara gay, lesbiana o bisexual, en España, pese a estar ligeramente por detrás de Suecia en respaldo a la ley, lo haría el 82 por ciento.

Esta tolerancia hacia la comunidad LGTBI se extiende igualmente a otras minorías. Un Eurobarómetro de 2021 ponía de manifiesto que España se situaba muy por encima de la media europea cuando se preguntaba a la ciudadanía si se sentiría cómoda con un inmigrante como amigo/a, compañero/a de trabajo/a, vecino/a o miembro de la familia: el 88 por ciento decía que sí, mientras que entre el conjunto de europeos/as lo hacía el 64 por ciento.

Si hay un Gobierno en nuestro país que ha sabido entender la esencia de cómo es la sociedad española, su feminismo y tolerancia, este ha sido, sin duda, el de José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo hizo hace veinte años, cuando ninguno de estos valores estaba de moda, cuando nadie había sabido aún ver que formaban parte del ADN de la sociedad española. Las leyes aprobadas en aquellos años, que dotaban a la ciudadanía de más derechos, respondían a lo que la mayoría social realmente deseaba, aunque, hasta entonces, apenas hubiese tenido la oportunidad de expresarlo. Con la agenda de derechos del Gobierno socialista no solo se dio respuesta a muchas inquietudes sociales, algunas de las cuales parecían soterradas o silenciadas (por ejemplo, la violencia machista), también se marcó cuál sería el rumbo en los tiempos venideros.

Cabe pensar que la sociedad española, tal y como la conocemos hoy, no habría sido como es sin aquellas reformas. Es muy posible que España no hubiese despuntado de la manera en la que lo hace ni en feminismo, ni en tolerancia, valores que, sin lugar a duda, no solo nos hacen mejores, sino que son lo mejor de lo que somos. José Luis Rodríguez Zapatero debía de ser muy consciente de ello el día en el que se aprobó la Ley de Igualdad al afirmar que esa norma estaba «llamada a transformar para bien, radicalmente y para siempre la sociedad española».

La inesperada movilización de jóvenes y centristas, así como el voto "en masa" de mujeres y nacionalistas vascos y catalanes han sido claves en los resultados de las elecciones generales de este pasado domingo 28 de abril, según han analizado este lunes el presidente de Gad3, Narciso Michavila, y la directora general del instituto demoscópico 40db, Belén Barreiro, en un desayuno informativo de Fórum Europa celebrado en Madrid.

Según Barreiro, que fue presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el resultado en las urnas que ha otorgado una clara victoria al PSOE tiene a los jóvenes y "nuevos votantes" como artífices de la mayoría de izquierda. "El PSOE y Unidas Podemos han captado el miedo al posible resultado de Vox, que es el factor fundamental de movilización de estos jóvenes. Su participación es crucial", ha asegurado.

Además, la socióloga ha señalado la "participación importante de los sectores moderados o centristas", que cifra como "el 40% del electorado" y define como un espectro "sin ideología", como una de las explicaciones al buen resultado de Ciudadanos, que ha crecido respecto a 2016, y "en parte" del PSOE. Del mismo modo, Barreiro intuye que el voto femenino ha podido decantar los resultados: "No me extrañaría que haya habido una participación diferencial de las mujeres".

"La ley electoral española castiga muchísimo la fragmentación", ha advertido por su parte Narciso Michavila aludiendo a la cosecha de escaños de los partidos del eje de derechas, donde "había mucha indecisión" antes del domingo, según el presidente de Gad3, y se habría decidido finalmente por Ciudadanos, del que "ha sorprendido el alza", y no por un Vox "por debajo de las expectativas".

Para Michavila, el aumento de la participación hasta situarse en el 75,75% en el total nacional también ha estado motivada por la "reacción a Vox" en comunidades como Euskadi o Cataluña, donde se salió "en masa a votar" logrando que los nacionalistas tengan "la mayor representación de la historia" en el Congreso. Ambos sociólogos, responsables de algunas de las encuestas de la última campaña, han analizado la pérdida de apoyos del Partido Popular de Pablo Casado. Para Michavila, el candidato del PP ha planteado una "estrategia de primarias" en la campaña electoral, mostrándose más preocupado por captar votos por el flanco "derecho" que "siempre es más minoritario que el moderado, que es donde están las mayorías sociales" de España, en su opinión.

Michavila ha coincidido con Barreiro en que el PP "venía mal de antes", aunque para la expresidenta del CIS, Casado "ha hundido mucho más" sus expectativas electorales por haber abandonado la "estrategia de seguridad" que tradicionalmente ofrecía el partido. "El PP está en una situación dramática porque no solo ha perdido mucho, sino que sólo se sostiene en los mayores de 65 años, y no tiene futuro un partido que se sostiene en los mayores", según Barreiro.

Casado 'ha hundido' al PP

Para la socióloga, los populares pueden tomar nota del PSOE, que también dependía en anteriores elecciones del voto de los mayores de 65 años y en estos comicios ha recuperado electorado joven. "Tiene que hacer un análisis serio porque sus pérdidas han sido masivas", ha apuntado recomendando que el partido retome un perfil centrista. "Casado ha tirado por la borda cualquier mención a lo que significa el valor de seguridad cuando hay muchos electores que quieren estabilidad, no a los que emprenden batallas ideológicas, sino un partido que le haga sentir tranquilidad", ha expuesto Barreiro.

El votante de Vox viene del PP

En su análisis de los resultados del 28-A por partidos, Barreiro ha calificado a los votantes de Vox como en "la media ideológica del PP", más jóvenes, urbanistas y digitalizados que los votantes populares. "Los votantes de Vox no son de extrema derecha, cuya representación es mínima en España y nunca ha estado más allá del 2%", ha asegurado la socióloga.

De otra manera, ha definido a Vox como "la marca joven del PP", aunque ha recomendado a la formación de Santiago Abascal que "reflexiones sobre quienes son sus electores". En términos similares, Michavila cree que la formación debe moderarse si quiere conservar los resultados logrados este pasado domingo. "Si Vox quiere mantener su registro tendrá que moderar muchísimo su discurso", ha dicho el presidente de Gad3, señalando como relevante sus resultados en Euskadi, Navarra o Galicia, donde no obtuvo diputados. "La visión de España de Vox es muy castellana", ha criticado.

Reconciliación socialista

Sobre el PSOE, Belén Barreiro interpreta que, tras la ruptura con su electorado en 2010, "la única manera de recuperar la confianza es a través de los hechos, y Sánchez a raíz de la moción de censura ha tenido la oportunidad de hacer", lo que explicaría, según la socióloga, que este domingo superara los siete millones de votantes.

Además, Barreiro ha anotado como aciertos la formación de su Gobierno, "que a casi nadie le da miedo". "La ministra de Economía podía haber sido ministra de Albert Rivera", ha afirmado. Circunstancia que, según Narciso Michavila, ha permitido al PSOE recuperar "un millón de votos que se había ido a Podemos", formación de la que ambos sociólogos han destacado su remontada en la última semana de campaña.

¿Pacto PSOE-Cs?

Michavila y Barreiro también han analizado los escenarios poselectorales. En opinión del presidente de Gad3, los partidos "van a retrasar lo máximo posible un acuerdo" para que no influya en las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo, aunque antes se encontrarán un límite. "El 12 de mayo se tiene que aprobar la composición de la Mesa del Congreso, y ahí se desvelarán las cartas", ha precisado.

Barreiro ha planteado la posibilidad de un pacto entre PSOE y Ciudadanos valorando el coste que tendría para cada partido. En la formación de Albert Rivera, la expresidenta del CIS contempla "un electorado totalmente partido" entre los que pactarían con el PP y los que se inclinan por el PSOE. "Tiene un dilema enorme porque tiene dentro dos electorados. Tendrá que elegir y en el camino le tocará perder", ha advertido.

En cuanto al PSOE, Barreiro ha destacado que "un tercio de su electorado quiere un pacto con Ciudadanos", aunque califica el dilema de los socialistas como menor. Michavila ha pronosticado por su parte: "Lo más probable es que el PSOE pacte con Ciudadanos".

Hace unos días, se publicó el libro de Felipe González, En busca de respuestas. El libro es recomendable, no sólo por el análisis político que ofrece, sino sobre todo por sus reflexiones a propósito de cómo, en el siglo XXI, debemos afrontar algunos aspectos de nuestra vida y, en particular, el trabajo. Entre las numerosas observaciones que contiene, hay dos que me han llamado poderosamente la atención. Por un lado, la alusión a que en España es bastante más fácil que un padre ayude a su hijo en la compra del piso a que le preste dinero para un proyecto empresarial. De hecho, como señala González, cabe imaginar que si un hijo le pide al padre ayuda para un negocio, la respuesta sea: "Hijo, cómprate el pisito y búscate un trabajo estable antes de meterte en líos". Por otro lado, resulta también sorprendente que las escuelas de negocio en nuestro país, que están entre las mejores en los ranking mundiales, produzcan muchos más ejecutivos, que encuentran trabajo en cualquier de las grandes empresas, que emprendedores.

¿Qué ocurre en España? ¿A qué se debe esta alergia hacia el emprendimiento, que sólo la crisis está mitigando, más por obligación que por convicción? La respuesta de Felipe González es que aquí no hay cultura del riesgo, ni por parte del capital, ni del Estado, ni del individuo. Nadie quiere arriesgar. Esta es, sin duda, una de las respuestas a esta pregunta. También lo es el marco institucional en el que se emprende en España: ni la visita al notario para constituir la sociedad, ni los 3.000 euros que se debe depositar en el banco, ni el desfase entre los gastos presentes y los cobros (que son a 90 días), ni la cultura del enchufismo que hace casi imposible entrar en contacto con una empresa sin conocer a nadie que trabaje en ella, por solo citar algunos de los obstáculos con los que se encuentra el emprendedor, ayudan lo más mínimo. Sobrevivirán los que tengan más empeño, pero también, aunque nunca se diga, los que, por su origen social, estén en mejores condiciones para afrontar la aventura empresarialaventura. La desigualdad de origen, por desgracia, también está presente entre los emprendedores (y de esto también debería hablar la socialdemocracia).

Además de la cultura del riesgo y del entorno institucional, hay un tercer factor que incide, creo yo, en la alergia que muchos tienen hacia el emprendimiento. En España, tendemos a no establecer vínculos nítidos entre las habilidades de cada uno y su proyecto laboral. Por lo general, ni se ayuda a los niños y jóvenes a descubrir sus talentos, que no siempre son obvios, ni se contribuye a potenciarlos, ni se transmite con claridad que de las habilidades personales se construyen profesiones: que cada uno de nosotros destaca en algo y de que lo que se trata es de entrenar ese talento hasta convertirlo en un modo de vida.

En España, el planteamiento tiende a ser el opuesto. En algún momento, al niño se le deja de preguntar qué quieres ser de mayor para plantearle qué quiere el mercado laboral que seas. Se tiende a educar a los jóvenes para que en el futuro encuentren un buen trabajo, orientándolos hacia carreras universitarias con salidas (que suelen ser economía o empresariales, derecho o ingeniería). En los colegios, se apuesta por el uso de las nuevas tecnologías, olvidando, además, que los niños de hoy en día son casi todos nativos digitales, que no necesitan más horas de ordenador, sino recuperar el lápiz, el papel y el olor de los libros. Se tiende cada vez más a minusvalorar las letras y las artes, salvo en lo que respecta a la necesidad de escribir sin faltas de ortografía, que todos consideramos básico, o tener un cierto barniz cultural. El estudio de la música, el teatro, la literatura, la poesía o la filosofía quedan relegadas a un segundo plano, considerándolas disciplinas propias de una educación antigua, que no 'sirven' para el mundo actual, en el que la formación debe centrarse sobre todo en hacernos competitivos.

En mi opinión, este enfoque tan extendido, según el cual debemos adaptar la formación de los niños y jóvenes al mercado laboral, cohibiendo el desarrollo de las habilidades de cada uno, es erróneo. Ante todo, porque que no tiene en cuenta las transformaciones que se producen a lo largo de los años en el mercado de trabajo. Por ejemplo, a nuestros padres les educaron en francés para un mundo en el que se iba a hablar sobre todo inglés; a mi generación nos educaron en inglés para un mundo en el que se destaca si se sabe chino; y algunos padres de hoy hacen estudiar chino a sus hijos cuando quizás lo que se necesite dentro de veinte años sea sobre todo saber árabe o, quien sabe, portugués. Obviamente, esto es una metáfora: los idiomas, cuantos más, mejor. Pero tiene poco sentido orientar a los jóvenes hacia una formación determinada en un mundo impredecible, en el que no se sabe bien si tal o cual carrera será o no la más demandada.

Por otro lado, creo que nadie debería renunciar a dedicar sus horas de trabajo, que es un tercio de nuestra vida, a una actividad que de verdad le apasione. Las pasiones se educan pero no se fuerzan: me cuesta trabajo creer que en España haya tantos jóvenes que se inclinen de forma natural por la economía, la ingeniería o el derecho. Sin duda los hay, y seguramente sean ellos los que desempeñen su trabajo con más entrega, pero otros estarán ejerciendo actividades con las que no se identifican, ni mínimamente.

Además, en una sociedad competitiva, como la que aspiramos a ser, las letras y las artes, apasionantes en sí mismas, tienen, en realidad, el mejor de los encajes. Estas disciplinas desarrollan cualidades enormemente relevantes: el teatro ayuda a hablar en público sin pudor, a modular la voz y a controlar los movimientos de nuestro cuerpo; la literatura genera sobre todo empatía, capacidad para entender al otro, que como bien se destaca en el libro mencionado, es la condición imprescindible del liderazgo; y la música, además, de ser la única materia capaz de desarrollar algunas zonas del cerebro que muchos tenemos dormidas, entrena en disciplina. Por tanto, si de verdad queremos educar para competir, en el ámbito que sea, deberíamos plantearnos si no es mejor invertir más tiempo y esfuerzo en materias que incentiven el desarrollo de la empatía o la tenacidad que en el estudio de la economía o la tecnología.

En nuestro país, necesitamos sobre todo aprender a emprender. Emprender es, en gran medida, convertir las habilidades de cada uno en profesiones. Dejemos, primero, que esas habilidades florezcan en los niños, y ayudémosles, después, a entrenarlas y a que forjen cualidades personales imprescindibles en la actividad emprendedora. Estas cualidades no están en los libros de las carreras más demandadas. Están, en mucha mayor medida, en esas disciplinas tan antiguas que algunos dicen que ya no sirven para nada.

Que Twitter arda no es un fenómeno irrelevante. En nuestro país, el uso de las redes sociales se está extendiendo a una velocidad de vértigo. La versión española de Facebook, la primera red social, nace a comienzos de 2008. Un estudio reciente del Pew Research Institute muestra que España es, cinco años después, el quinto país del mundo con más usuarios de redes sociales: el 49% del total de españoles (no de internautas) las utiliza. Esta misma investigación sitúa el uso ocasional de Internet en España en el 79%, un porcentaje similar al de Estados Unidos.

Debido a la rapidez con la que las redes sociales han penetrado en nuestra sociedad, la investigación sobre las mismas se encuentra aún en una fase embrionaria. Diversos estudios trazan la evolución en el uso de las redes, los perfiles de sus usuarios o sus motivaciones. Sin embargo, sabemos aún muy poco sobre cuestiones más complejas. Hay escasa investigación empírica y demasiadas preguntas sin contestar sobre las redes sociales y sus efectos: ¿crean confianza social? ¿polarizan las posiciones ciudadanas? ¿generan credibilidad sus contenidos? ¿se filtran en ellas las informaciones falsas? ¿debilitan las lealtades de los electores con los partidos o de los consumidores con las marcas?

Comprender las redes sociales es todo un reto. Lo es para todos: para los medios de comunicación, para las empresas, para las instituciones públicas, y para los partidos políticos. La tarea es compleja y requerirá una cantidad ingente de investigaciones. Quien comprenda el mundo de las redes sociales, sus códigos y reglas, estará en situación de ventaja frente al que se quede mirando hacia los que están fuera, que serán cada vez menos.

Un estudio que he llevado a cabo recientemente sobre el impacto de las noticias negativas en el consumo de un producto corrobora la existencia de una población dividida a partes casi iguales: la que habita en las redes sociales, más educada, de clase social más acomodada y sin cargas familiares, y la que vive fuera, fundamentalmente televidente, con menos estudios, de extracto social más desfavorecido y con hijos a su cargo.

Además, hay al menos tres elementos que caracterizan a la comunidad inmersa en las redes sociales: primero, sigue más medios de comunicación por lo que está más informada; segundo, tiende a ser a más receptiva a las noticias o datos; y, tercero comenta mucho más con su entorno (amigos, familiares o compañeros de trabajo) la información que recibe, por lo que multiplica el efecto de una noticia como no lo hace, ni por asomo, la audiencia analógica.

Una comunidad de personas que absorben todo y lo comentan todo debería ser la pesadilla de cualquier producto, marca o institución que sea engañosa. Los usuarios de redes sociales presentan una característica: su reacción ante cualquier noticia es contrastarla. Ante nueva información, los internautas en las redes buscan datos y sólo cambian de opinión o de comportamiento cuando están plenamente convencidos de que algo es como se dice. Por el contrario, aquellos que se informan solo a través de la televisión, pueden no dar credibilidad a la noticia negativa de un telediario o una tertulia, pero cuando se la dan actúan sin contemplaciones, modificando su comportamiento.

En cierto sentido, las redes sociales se asemejan a unos fuegos artificiales, que explotan y de golpe se apagan, mientras que la audiencia analógica prende a fuego lento y deja brasas. Sin embargo, los fuegos de artificio también pueden achicharrar la reputación de un producto (o de una organización): lo harán cuando una noticia negativa no sea ni una falsedad, ni una exageración, ni un disparate. Es decir, cuando el contraste de información lleve, irremediablemente, a concluir que las cosas son como se dice. En principio, la audiencia digital, debido a esa voracidad informativa que la caracteriza, es menos manipulable.

La lección que se extrae de todo esto es que en el mundo digital de las redes sociales, creciente e imparable, la fidelidad del consumidor (como la del votante) no se tiene, sino que se gana. Se gana en cada momento y con hechos contrastados. No todas las organizaciones lo han comprendido. Y si lo han hecho, algunas no han sabido o no han querido adaptarse a esta nueva realidad. Desde luego, no lo han hecho los grandes partidos en España, especialmente el PP, cuyos apoyos provienen cada vez más de la España analógica que de la España digital. El equipo actual del PP, tan dado a las mentiras y a los incumplimientos, no está teniendo presente que nuestra sociedad no es la de la era de Aznar (en 1996, cuando llega la derecha al poder, únicamente 1,3% de los españoles era usuario de Internet).

En un mundo en la que las redes sociales tienen cada vez más peso, los partidos políticos o las grandes corporaciones (empresas, medios de comunicación, etc.) que quieran consolidarse y crecer habrán de actuar con mayor transparencia y ejemplaridad. En las redes sociales es más difícil salir impune de los abusos o de las mentiras.

Visto lo visto, ¡qué bien que a veces Twitter arda!

Mi respuesta, no sé si compartida, es que no lo hacen. El sistema educativo español peca de dos grandes males: sustentarse en la premisa de que cuanto más, mejor, y Trivializar el aprendizaje,cuanto más, mejorTrivializar es decir, transformar la educación en el juego del Trivial Pursuit. Los dos males están concatenados. Por un lado, el sistema español tiene verdadera obsesión por convertir a los estudiantes en enciclopedias vivientes. Los programas educativos para cada materia pretenden abarcar el conocimiento universal: si son ríos, todos los de Europa; si son capitales, todas las del mundo; si es historia, de la edad de piedra a nuestros días; si es literatura, las fechas, lugar de nacimiento y muerte de los grandes escritores (se hayan leído o no); sin olvidar la exhaustividad en el conocimiento de minerales, plantas, flores, etc.

Si el planteamiento del sistema educativo es cuanto más, mejor, la forma de aprender del estudiante se asemeja forzosamente al juego depregunta-respuesta sobre fechas, nombres o hechos del Trivial Pursuit. El proceso de aprendizaje tiende a ser mecánico, en vez de reflexivo. Al fin y al cabo, las capitales del mundo o los ríos de Europa sólo pueden aprenderse de memoria.

Otros modelos educativos, como el británico o el francés, son mucho más selectivos en los contenidos de las distintas materias. Son sistemas en los que aprenderlo todo es secundario porque lo fundamental es aprender a aprender. Por ello, mientras una niña española de 12 años memoriza todas las capitales del mundo para poder responder correctamente en el examen, un inglés de la misma edad elige un país e investiga sobre su historia, su geografía y su cultura. Y mientras un adolescente en España estudia la historia de la filosofía, desde Platón a Hegel, un joven francés razona, por ejemplo, sobre si ‘las ciencias sociales son o no una ciencia’. Por supuesto, el estudiante inglés o el francés sabrá menos que el español, es decir, tendrá menos conocimiento enciclopédico (también, eso sí, menos memoria), pero habrá aprendido a investigar y, sobre todo, a pensar por sí mismo.

¿Por qué, en mi opinión, es peor el modelo educativo español que el británico o el francés, en cuanto a la forma de estudio? Por un lado, porque nuestro sistema es excesivamente tortuoso para el alumno. Hay que ser muy disciplinado o tener mucho amor propio para memorizar con 12 años todos los ríos de Europa. No todos los niños son capaces, pero no porque les falte inteligencia; quizás simplemente les sobre rebeldía. El proceso de aprender contiene siempre un lado arduo, pero cuanto más estimulante sea, más pasión por el conocimiento se inculcará al alumno. En este sentido, el verdadero fracaso del sistema educativo español podría estar más en lo soporífera que a veces resulta la manera de estudiar que en otro tipo de factores. A este respecto conviene leer las tesis de José Saturnino Martínez, en Estructura Social y Desigualdad en España, publicado por la Fundación Alternativas y Catarata, donde argumenta precisamente que una de las causas del alto fracaso escolar en nuestro país podría estar en las excesivas exigencias del sistema educativo.

Por otro lado, en la era tecnológica en la que vivimos, tiene mucho menos sentido que antes el aprendizaje memorístico. En pocos años, el porcentaje de personas con acceso a Internet alcanzará a la practica totalidad de la población de nuestro país. Esto significa que todos tendremos siempre a mano una enciclopedia. Saberse todo de memoria ya no nos hará más competitivos. Ahora más que nunca debería importarnos que los niños y los jóvenes españoles sean capaces de pensar por sí mismos, de tener iniciativa, de arriesgar y de inventar. Quizás no sea casualidad que los ámbitos en los que más despunta España en creatividad sean precisamente aquellos que no forman parte de los programas de estudio de los colegios o institutos, como es el caso del cine o la alta cocina. Los españoles podemos ser tan creativos como los demás. Pero el sistema educativo no nos ayuda. Permitamos que las nuevas generaciones dejen de aprenderlo todo y empiecen por fin a aprender a aprender. DesTrivialicemos, por favor, la educación.

Algo está cambiando, sin embargo, en esta legislatura. El PP sufre un desgaste espectacular, cayendo a niveles de intención directa de voto similares a los que tenía cuando el partido, en los ochenta y principios de los noventa, no era siquiera una alternativa de gobierno. La lealtad de sus votantes parece estar quebrándose: la capacidad de retención del partido, es decir, el porcentaje de electores fieles, que oscilaba en torno al 80% en épocas pasadas, se ha derrumbado. Del total de votantes del PP en 2011, menos de la mitad (44%) repetiría voto ahora, según el CIS. De ser el que más fidelidad solía lograr, se ha convertido en el partido con menos fieles.

La caída de retención de votantes va acompañada de otros elementos que convierten al PP en un partido mal valorado entre los suyos. Por un lado, el Gobierno ha emprendido en esta legislatura políticas impopulares. Como muestra el ObSERvatorio de MyWord para la Cadena SER, la austeridad, recomendada desde la Unión Europea, cuenta con el respaldo de únicamente el 14% de los votantes del PP, que rechazan además la reforma laboral (57%) y la reforma de las pensiones (50%). El PP, además, es percibido entre sus electores como un partido demasiado salpicado por la corrupción (79%) y escasamente transparente en la toma de decisiones (52%).

La impopularidad de algunas de las políticas estrella del PP, así como su estilo de gobierno podrían explicar por qué el partido pierde en esta legislatura a gran parte de un electorado que siempre le ha sido fiel. Sin embargo, en su anterior etapa de gobierno, con Aznar, el PP también emprendió políticas impopulares y fue percibido como un partido poco dado al diálogo y a la transparencia. El rechazo a la participación de España en la guerra de Irak, del 91% en la población española, también era mayoritario entre los votantes del PP, así como la crítica al estilo de gobierno, calificado de 'autoritario'. Con todo, la factura electoral del partido fue más bien pequeña: el PP perdió las elecciones de 2004 por la movilización de los ciudadanos progresistas, que se tradujo en un ascenso de 3 millones de nuevos electores para el PSOE, frente a un retroceso de sólo de medio millón de votos en el PP. Los populares se fueron a la oposición reteniendo a casi todo su electorado.

¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué explica la súbita incapacidad del PP de retener a los suyos? Podría ser la propia crisis, que sitúa al Gobierno en una posición mucho más difícil que la que tuvo Aznar. Sin embargo, el PP sigue siendo visto como el partido más capaz para lidiar con las reformas económicas, tanto por el conjunto de ciudadanos como por sus propios electores, entre los cuales un 52% cree que el partido cuenta con personas capaces y preparadas.

Quizás las causas sean otras. Actualmente, el PP no cuenta con asuntos 'aglutinadores', aquellos que lograron en tiempos pasados mantener unido a su electorado. Tanto en el Gobierno, primero, como después en la oposición, el PP movilizó a sus votantes en torno a la bandera del nacionalismo español y en torno a lucha contra ETA. El PP supo así unir a los suyos en contra de las posiciones de otros (las del PSOE, especialmente), tachadas de comprensivas o cómplices con los nacionalismos y la banda terrorista.

En esta legislatura, la lucha frente a ETA tiene escasa cabida, por no decir ninguna. El PP ha seguido defendiendo el nacionalismo español, especialmente frente a Cataluña, pero al gobernar en la mayoría de los ejecutivos regionales, los ataques al estado autonómico son mucho más complicados de articular y sostener. Es difícil insistir en que el Estado Autonómico es el 'Estado de las mamandurrias', como lo llamó Esperanza Aguirre, cuando se gobierna en la mayoría de las autonomías. Sin 'asuntos aglutinadores', que contaban además con una gran carga emotiva, de poco sirve ya una estructura mediática favorable a la derecha: sin mensaje, no hay comunicación posible. Las próximas elecciones serán, en mucho tiempo, las primeras en las que el PP no parta de la casilla de salida con casi 10 millones de votantes. Salvo que por el camino la derecha encuentre un nuevo punto de unión para los suyos. 

Otros van más allá y niegan que en nuestro país se esté produciendo una transformación social de tal envergadura como para desembocar en cambios políticos profundos, también dentro de los partidos. En todo caso, todos ellos construyen sus críticas a partir de la deslegitimación de las encuestas, ya sea por utilizar metodologías propias del siglo XXI, que quizás desconozcan (predijeron mejor que ninguna otra la victoria de Obama, ver aquí); por incluir preguntas sobre liderazgo que no se descalificarían si su resultado gustase; o por recurrir a modelos de estimación que, pese a que amplifiquen el voto de los dos partidos grandes, no los sitúan en una posición que les resulte lo suficientemente holgada.

El ataque a las encuestas cuando no se sale bien en la foto es un clásico. Como en el cuento de Blancanieves, la culpa de que la bruja no sea la más guapa del reino es del espejo mágico, que, para bien o para mal, nunca miente. Las encuestas tampoco lo hacen y por ello tienden a converger en sus resultados, aunque algunos se empeñen en lo contrario. Prácticamente en la misma semana, El Mundo publicó un estudio de Sigma Dos en el que situaba a Chacón como la favorita para sustituir a Rubalcaba; la Cadena SER, por su parte, dio a conocer una encuesta de MyWord, empresa se la que soy fundadora, en la que el orden y los porcentajes de apoyo eran prácticamente idénticos; y, con respecto a la confianza en el líder de la oposición, el diario El País, basándose en un estudio de Metroscopia, mostraba que únicamente el 8% de los ciudadanos confiaba en Rubalcaba, una cifra casi similar a la que publicaba el CIS en su barómetro de abril, del 8,5%. Siguiendo metodologías distintas (entrevistas telefónicas, online y presenciales), estas encuestas llegaban a las mismas conclusiones.

Por fortuna, los sociólogos contamos con el valiosísimo banco de datos del CIS para saber cómo estamos. Las series históricas de este instituto deberían ser prueba suficiente para convencer a los que no quieren mirar la realidad de frente o a los que han optado por la 'bunkerización'. Espero que los cinco aspectos que se presentan a continuación sean prueba suficiente:

1. VOTO DIRECTO

Según la serie histórica proporcionada por el CIS, que arranca en 1984 (con alguna toma a finales de los setenta), el PP estaría en el 12,5% de voto directo en abril de 2013, el porcentaje más bajo desde enero de 1993. Por su lado, el PSOE, que registró el porcentaje máximo de intención de voto cuando Zapatero ganó las elecciones de 2004, cae ahora al 13,7%: el nivel más bajo de apoyo que se registra desde 1984, dos puntos por debajo del 15,9% de abril de 2000. El gráfico muestra igualmente que el desgaste del PP es mayor que el del PSOE, hasta el extremo de situar a los dos partidos en un empate técnico. Sin embargo, aunque el voto directo refleja bien el pulso entre los partidos, también tiende a mostrar con más nitidez la hegemonía socialista, cuando la hay, que la del Partido Popular.

2. VALORACIONES DE LÍDERES

El gráfico de valoración de líderes pone de manifiesto que nunca ha habido un Presidente de Gobierno con una nota media tan baja (por debajo del 3) como Rajoy. Por el contrario, sí que ha habido líderes del principal partido de la oposición con calificaciones peores que Rubalcaba, aunque no en las filas socialistas.

3. CONFIANZA EN LOS LÍDERES

Estas series muestran porcentajes de desconfianza, que baten récords históricos. La confianza en el Presidente del Gobierno alcanza su punto máximo en abril de 2004, superando el 60%, cuando Zapatero llega a la Moncloa, aunque a su salida había caído hasta el 17,2%. En abril de 2013, únicamente el 12,4% de los ciudadanos dice confiar en Rajoy. Igualmente, el porcentaje de los que confían en el líder de la oposición, que llegó a situarse en el 40,4% cuando Felipe González deja el gobierno, está ahora por debajo del 10%, el valor más bajo de la serie que comienza en 1994.

Evolución de la confianza y desconfianza en el Presidente del Gobierno

Evolución de la confianza y desconfianza en el líder de la oposición

4. VALORACIÓN GOBIERNO/OPOSICIÓN

En el siguiente gráfico se muestran los tres indicadores que ofrece el CIS: el de confianza en el sistema de Gobierno/Oposición, el de gestión de Gobierno y el de la labor del primer partido de la oposición. Las series comienzan en 1997: según se observa, ni el gobierno ni la oposición habían atravesado previamente un periodo de tanta impopularidad.

5. SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA

En la página web del CIS se puede acceder a otros gráficos, como los de valoración de la situación política y económica, que revelan también una situación de insatisfacción ciudadana que no se había dado hasta ahora ( ver aquí).

En suma, los gráficos presentados vienen a confirmar los análisis de otros institutos demoscópicos. España vive una situación excepcional, que se refleja también en un rechazo sin precedentes a los dos grandes partidos, así como a sus líderes. Lógicamente, las encuestas políticas son una fotografía de las intenciones: suele ser más fácil castigar en los sondeos que en las urnas. Y de ahí que todos los institutos opten por las 'cocinas', dando mayor peso a los votantes de los partidos infra-representados en el recuerdo de voto e imputando su voto pasado a los que ahora se declaran indecisos. No deja de ser paradójico que esa 'cocina', tan criticada, sea la que realmente permita mitigar considerablemente el hundimiento del bipartidismo que reflejan los datos brutos. No se puede ignorar que el panorama final sea mejor para los partidos grandes de lo que dicen los sondeos, pero tampoco se debería descartar que termine siendo peor. En todo caso, en una sociedad libre, plural y tolerante, la solución nunca debería estar en 'matar al mensajero.'

Esta evolución ha estado marcada por una creciente brecha generacional en el apoyo a la institución: en 2006 los mayores de 45 años seguían calificando a la monarquía con un aprobado y los que tenían entre 18 y 44 años le atribuían, por término medio, una nota por debajo del 5. Sin embargo, en 2011, quienes confiaban ya no eran los mayores de 44 años sino los mayores de 55. Eran, pues, aquellos que vivieron la juventud en los años de la transición y de la consolidación democrática los que han seguido valorando positivamente la monarquía en las sucesivas encuestas.

Por tanto, hasta el 2011, la principal razón del declive de la confianza ciudadana en la monarquía parece que no es más que el paso del tiempo y, con ello, la inevitable incorporación de nuevas generaciones a la vida adulta: también en las muestras de los estudios demoscópicos. Esas generaciones no guardan memoria de la importancia que tuvo el Rey en la consolidación de nuestra democracia, ya sea por su papel en la transición o en el golpe de estado del 23F. En este sentido, las nuevas cohortes no han tenido necesariamente nada en contra de la monarquía: simplemente, tampoco han tenido nada a favor. De hecho, en 2006, la mayoría de españoles consideraba que la institución garantizaba el orden y la estabilidad pero también creía que esta forma de estado era algo superado desde hacía tiempo.

A lo largo del último año, la monarquía se ha visto salpicada por varios escándalos (la cacería del Rey en Botswuana, el caso Urdangaríny la imputación reciente de la Infanta Cristina) que han provocado caídas adicionales y más bruscas de las posiciones monárquicas. Según datos de Metroscopia, la aprobación del Rey Juan Carlos ha sufrido un serio retroceso: si en marzo de 2012 un 73% le daba su aprobación, en marzo de 2013 lo hacía sólo el 42%. Además, según el ObSERvatorio de MyWord para la Cadena SER de este mes de abril, el 57% cree que la imputación de la Infanta Cristina en el caso Urdangarín daña seriamente la imagen de la institución hasta el extremo de cuestionar su supervivencia. Entre los que así piensan, se encuentran no sólo los ciudadanos de izquierda, tradicionalmente menos monárquicos, sino también los que se adscriben a posiciones centristas o moderadas. De hecho, ahora no son sólo los votantes de IU los que desaprueban la monarquía: el Rey tampoco logra la aprobación entre los electores socialistas.

Es posible que la abdicación del Rey Juan Carlos frene la caída del apoyo a la monarquía en España. El Príncipe Felipe obtiene ahora bastante mejor valoración que su padre. Sin embargo, su popularidad tampoco es la de antes: según datos de Metroscopia, el porcentaje de quienes aprueban al Príncipe ha descendido del 73% al 61% en un año. Con tan sólo un 53% de españoles que prefería la monarquía a la república en 2012, y que ahora será un porcentaje menor, ya no es evidente que la abdicación sea suficiente para frenar la transformación de las preferencias ciudadanas.

En esta situación, el partido que se encuentra en una posición más difícil es el PSOE. Tanto el PP como IU cuentan con un electorado relativamente compacto en sus preferencias sobre la forma de estado: los votantes populares eran y son monárquicos, mientras que los de IU eran y son republicanos. En el electorado socialista, han convivido posiciones heterogéneas, aunque con una mayoría a favor de la monarquía hasta muy recientemente. Habrá que estar atentos a datos posteriores, especialmente a los del CIS. Si se confirma una mayoría republicana entre los votantes del PSOE, el partido tendrá bastante menos razones para seguir defendiendo el statu quo. Si lo hace, podría abrir una nueva brecha con sus electores potenciales: ya lo hizo al no querer asumir una posición más audaz en la cuestión religiosa, en la que podría haber apostado por suprimir algunos de los privilegios de la Iglesia o por reducir su financiación. En este asunto, desde hace tiempo, el partido ha ido por detrás de su electorado. Y la defensa de una España laica guarda muchos parecidos con la de una España republicana: en ambos casos, las posiciones de los partidos dependen sobre todo de ellos mismos. A diferencia de las políticas económicas y de gasto público, en estas cuestiones los partidos no dependen ni del FMI, ni de la Unión Europea, ni de Alemania. Las posiciones que se adopten, si son contrarias al sentir de la mayoría, tendrán que ser muy bien explicadas.

El deterioro económico no explica por sí solo la expansión de la brecha social en España. Otros países del Sur de Europa, como Grecia y Portugal, han refrenado en estos años de recesión el auge de la desigualdad social. Según muestra un Informe recientemente publicado por la Fundación Alternativas, la altísima tasa de paro, especialmente entre los responsables del hogar, así como la debilidad de nuestro sistema de protección social, aún más endeble tras los recortes, explican en gran medida por qué España empeora más que otros países su posición en la clasificación del índice Gini.

Es inevitable asociar la descomposición del sistema de partidos que se observa en las encuestas al aumento de la desigualdad social. Obviamente, no es el único factor, pero posiblemente sí sea, junto con la corrupción, uno de los más relevantes. El último barómetro del CIS, del mes de enero, revela que casi la mitad de los españoles con derecho a voto se siente políticamente huérfano: de celebrarse elecciones generales, casi uno de cada dos no acudiría a las urnas, votaría en blanco, votaría nulo, no sabría a quién votar o no lo revela. En enero, el porcentaje de potenciales abstencionistas era el más alto desde 1996, cuando arranca la publicación de la serie histórica. Igualmente, la valoración de la situación política era la peor, así como también lo eran las valoraciones del gobierno y del principal partido de la oposición. En la España democrática, la política, medida por el crédito que le otorgan los ciudadanos, nunca había atravesado un momento tan negativo como éste.

La descomposición del sistema de partidos español es, en estos momentos, un escenario posible, si nos atenemos a los estudios demoscópicos. Hay razones para pensar que estamos entrando en un período convulso.

Una razón fundamental es el choque entre el aumento de la desigualdad y las preferencias políticas ciudadanas. Las encuestas muestran que los españoles se inclinan más por la igualdad que los ciudadanos de otras democracias europeas. España es el país europeo con un mayor porcentaje de ciudadanos ubicados en la izquierda. Los estudios del CIS sobre actitudes ante la fiscalidad y las políticas de gasto, además, muestran una preferencia clara por la redistribución: son más los españoles dispuestos a pagar más impuestos para aumentar la protección social, que los que optan por una menor carga fiscal con menos políticas de bienestar. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en España las personas que se definen de derechas también defienden la igualdad. Por ello, no es de extrañar que la sanidad haya saltado ya a los primeros puestos del ranking de principales problemas del país: los ciudadanos están alertas y dispuestos a señalar los ataques al Estado de Bienestar.

El efecto de la desigualdad en la convulsión del sistema de partidos podría, sin embargo, concentrase en mayor medida en la izquierda que en la derecha. Los conservadores cuentan con dos frenos importantes en su posible descomposición. Por un lado, la disciplina de voto de los electores de derechas, que se coordinan en su apoyo a un solo partido y lo hacen, al menos muchos de ellos, contra viento y marea. La intención de voto al Partido Popular ha descendido considerablemente en esta legislatura, pero es probable que el suelo electoral del PP le permita situarse nuevamente como partido más votado. Por otro lado, en un estudio que llevé a cabo hace unos años de 83 democracias entre 1950 y 2000, mostraba que las caídas de gasto público incidían sobre todo en el apoyo a los partidos progresistas en el gobierno, que perdían votos, mientras que apenas afectaba a los partidos conservadores. Los ciudadanos de las democracias premian a la izquierda cuando ésta apuesta por la redistribución, pero no castigan a la derecha cuando no lo hace.

El empobrecimiento de la sociedad española y la desigualdad creciente podrían descomponer el mapa político del centro izquierda y de la izquierda, desembocando en un sistema desigualmente fragmentado. El principal beneficiario de esta desintegración sería el PP, que lograría amortiguar el coste político de su gestión de la crisis económica.