La inesperada guerra en Ucrania, con sus dramáticas consecuencias sobre la población civil, ha tenido además varias derivadas en la geopolítica internacional. Ninguna de ellas buena, por supuesto. El alza de los precios de los alimentos —el más alto en dos décadas según el ultimo informe de la FAO— o el incremento de los costes de la energía en todo el planeta. Otra de ellas ha sido el olvido de los compromisos adquiridos en su día por la Comunidad Internacional con varias áreas del mundo. Centroamérica, ante la extrema gravedad de la situación en Europa, ha sido una de las regiones del planeta que parece haber desaparecido —una vez más— de la agenda de muchos estados nacionales y organismos internacionales.

Tras el inicio del conflicto en Europa del Este, ante el que las instituciones y los estados del istmo aprobaron de inmediato resoluciones llamando al cese de las hostilidades, se inició un loable e imprescindible movimiento liderado desde Bruselas y Washington a favor de la población —esta vez europea— víctima del conflicto. Una Conferencia de Donantes se reunió en abril en Varsovia, a iniciativa del gobierno polaco en coordinación con la UE y EEUU, para obtener recursos y coordinar la ayuda humanitaria ante la crisis: más de 10.000 millones de euros fueron el positivo resultado de ese primer encuentro internacional en Polonia. Tras la reunión en Varsovia se han producido otros importantes encuentros de la Comunidad Internacional, entre ellos en Lugano, Suiza, donde a principios de julio la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, planteó ampliar el apoyo internacional para la reconstrucción del país liderado por la UE y EEUU. Este 25 de octubre en Berlín se ha reunido una nueva Conferencia. Las cifras manejadas para el apoyo a Ucrania —excluida la ayuda militar— ascendía a estas alturas, solo desde la UE,  a 18.000 millones de euros para el 2023. En palabras del Canciller alemán Olaf Scholz —anfitrión de la Conferencia — un nuevo Plan Marshall como el que recibió Europa tras la devastación de la 2ª Guerra Mundial. Además las fronteras de la UE, así como de otros países del mundo —incluido EEUU— se han abierto para los europeos desplazados y refugiados por este conflicto. 

António Guterres, el Secretario General de Naciones Unidas, además de exhortar a un alto el fuego inmediato por todas las partes en el conflicto en Ucrania, ha llamado la atención a la Comunidad Internacional sobre la necesidad de no olvidar a las otras regiones del planeta donde la ayuda es urgente. Varios países, en vez de realizar nuevas aportaciones, han optado simplemente por desviar fondos y programas de ayuda anteriormente comprometidos con Centroamérica, África y zonas de Asia ( Afganistán, Siria, Bangla Desh, etc) hacia la crisis ucraniana. Lamentablemente esta actitud no es una novedad: la admistración Trump suprimió la ayuda al desarrollo a Centroamérica y la redirigió a otros países como medida de presión para aceptar sus draconianas políticas migratorias. Afortunadamente la nueva Casa Blanca demócrata y la Vicepresidenta de EEUU Kamala Harris revisó esta (infame) política a su llegada en enero de 2021 restituyendo y ampliando las ayudas a Centroamérica, pero el —pésimo— ejemplo estaba ya hecho.

El presidente Pedro Sánchez asistió —como invitado de honor— a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana SICA, el principal organismo regional, en junio de 2021 en San José de Costa Rica como reflejo del retorno al área de la diplomacia española. En Costa Rica se consensuaron sólidas iniciativas a largo plazo entre Madrid y las capitales centroamericanas ante los estragos de la epidemia del coronavirus y de los huracanes Eta e Iota. La confirmación de la donación de 7,5 millones de vacunas desde España para la Covid19 y el encuentro del Marco Integral Regional de Protección a los Desplazados en México y Centroamérica —110 millones de dólares recaudados— bajo Presidencia española fueron algunos de los múltiples logros en San José.

El pasado 27 de agosto, el presidente Sánchez realizó una nueva visita oficial a Centroamérica, en esta ocasión a Tegucigalpa —el rey Felipe VI había viajado al país en enero de 2022 previo al inicio de las hostilidades en Ucrania— donde se entrevistó con la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro. En este encuentro el Presidente Sánchez confirmó, en un gesto que ha sido agradecido públicamente por los lideres de las principales instituciones y estados del área, las ayudas comprometidas por España en la Cumbre de San José en 2021 y lanzó un mensaje expreso de respaldo a la institucionalidad regional del SICA. Esta institucionalidad está liderada en la actualidad por el magistrado salvadoreño César Salazar Grande, Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia —el tribunal regional de los estados del área—, el panameño Amado Cerrud, Presidente del Parlamento Centroamericano —con 120 diputados electos por voto popular— , el nicaragüense Werner Vargas, Secretario General del SICA —equivalente a la Presidenta de la Comisión Europea— y el hondureño Dante Mossi, Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica —el principal banco intergubernamental del área—.

En este sentido el pasado 7 y 8 de octubre en La Laguna, en la isla de Tenerife, bajo el patrocinio conjunto de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas—UNAOC y el Gobierno de Canarias, se reunieron cerca de medio centenar de mandatarios y autoridades de los estados del área, incluidas delegaciones de diplomáticos de México, Cuba y Venezuela, así como de las citadas instituciones regionales ( la Corte, el Parlamento, el Sistema y el Banco) en el I Foro de Alto Nivel Centroamérica y Caribe/UE. Este evento alcanzó amplios consensos en la solicitud a la Unión Europea y a la Comunidad Internacional de la necesidad de honrar sus compromisos adquiridos con la región, en linea con la encomiable posición española, ante la prolongación del conflicto bélico en Ucrania. La imprescindible y solidaria acción internacional humanitaria a favor de la población civil de Ucrania a la que Centroamérica se ha sumado desde el primer momento (a pesar de la gravedad de su propia situación interna tras el Covid19 y la nueva temporada de huracanes) con generosas donaciones de ropa, alimentos y equipos médicos, no puede ser utilizada para desentenderse de los compromisos y responsabilidades de los estados más ricos, en particular los miembros del G-7 y la UE, con otras castigadas áreas del planeta.

España, en sintonía con su recuperado peso político y económico en la región y en la escena internacional, debe ejercer un papel de liderazgo en la Unión Europea ante la desaparición de Centroamérica de las prioridades de la Comunidad Internacional. Esta idea fue recurrente en los debates celebrados en La Laguna, donde, con el respaldo en su discurso inaugural del anfitrión, el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres, varios líderes centroamericanos y caribeños —entre ellos el Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa— llamaron a aprovechar la próxima Presidencia semestral española de la UE que iniciara en junio de 2023 para resituar a Centroamérica —y al Caribe: Cuba, Haití y República Dominicana son castigadas por huracanes cada vez más potentes— como una prioridad estratégica en la ayuda y la acción exterior de Bruselas. Una excelente oportunidad para visualizar esta apuesta por Centroamérica y el Caribe serán las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE con América Latina y Caribe, asi como con Centroamérica, confirmada ya su celebración durante la Presidencia española europea de 2023 en una reciente comparecencia en Estrasburgo del Vicepresidente y Alto Representante para Política Exterior Josep Borrell —un permanente aliado de Centroamérica desde su mandato como Presidente del Parlamento Europeo ( 2004 — 2007 )—. Las Islas Canarias, puente desde 1492 entre Europa y América, bien podrían ser una magnifica sede para ambas Cumbres el próximo 2023.

La crisis en Ucrania, reiteramos, no puede ser la (nueva) excusa para no honrar los compromisos previos contraídos con los pueblos de Centroamérica, Caribe, Suramerica, África o Asia. El veloz deterioro de la situación en Centroamérica exige la movilización de recursos internacionales ahora, no en la próxima década. En los últimos treinta años hubo un destacado crecimiento económico, una consolidación de sus democracias —a excepción del golpe de Estado en 2009 en Honduras— y unas incipientes políticas de inclusión social. Ahora la conjunción del Covid19 y el Cambio Climático han conducido a una crisis económica, sanitaria e institucional que sumadas a las 'maras' —sanguinarias pandillas delincuenciales— se están confabulando para revertir los avances logrados, tanto económicos como democráticos, y devolver a Centroamérica a la triste década de los 80. México y Argentina, las presidencias de la CELAC 2020/21 y 2022/23, han advertido repetidamente en estos últimos meses —se agradece personalmente este respaldo tanto a la Vicepresidenta argentina Cristina Fernández como al ministro de exteriores mexicano Marcelo Ebrad en nuestros cordiales encuentros—  tanto desde la Asamblea General, donde el Embajador de España Agustín Santos ha sido también una voz muy firme a favor de la región, como desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la gravedad y urgencia de la situación en Centroamérica.

Naciones Unidas, donde España como 13ª economía del planeta y antigua metrópoli tiene mucho que decir, ha estado trabajando para dar una respuesta integral a las crisis en Centroamérica. La Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, con extensa experiencia en la zona, destacó la voluntad de España en su fructífera visita en 2021 a Honduras y Guatemala, de apoyar la reconstrucción del istmo centroamericano. La Cooperación Española, como explicó Cancela tanto en Tegucigalpa como en Ciudad de Guatemala, se diferencia de otros donantes por su decidido compromiso —en permanente coordinación con los gobiernos, instituciones regionales y la sociedad civil locales— con los Derechos Humanos y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El Gobierno de España ratificó el pasado 20 de septiembre en Nueva York esta apuesta por Centroamérica y la Agenda 2030 en una reunión trilateral en la revitalizada Alianza de Civilizaciones, con creciente actividad en la región y liderada en esta nueva etapa por Miguel Ángel Moratinos como Alto Representante del Secretario General de NNUU. Un proceso de reconstrucción que —tomando nota del fiasco afgano— el Gobierno de España ha dejado claro a la UE y a EEUU que debía acometerse desde el "acompañamiento" y no desde la "tutela" a Centroamérica.

La Vicepresidenta de EEUU Kamala Harris, tras su asistencia a la toma de posesión de la nueva presidenta hondureña Xiomara Castro y sus contactos bilaterales en Tegucigalpa con varios lideres regionales, expuso en Washington su plena disposición —citando entre otros países a México y España— a avanzar con más socios, tanto estados como instituciones, en una estrategia multilateral para Centroamérica. La Corte Centroamericana de Justicia, el Parlamento Centroamericano, el Sistema de Integración Centroamericano, el Banco Centroamericano de Integración Económica y los estados de la región han insistido en la necesidad de una acción internacional concertada ( FMI, Banco Mundial, BID, BEI, etc) de apoyo financiero a las economías y sociedades centroamericanas ante los (devastadores) efectos en Centroamérica —alza combinada de los precios de la energía y los alimentos— del conflicto bélico en Ucrania. El liderazgo del Presidente Sánchez en la Cumbre de Costa Rica y su aplaudido discurso presencial ante la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas reafirmando el compromiso con Centroamérica ante la próxima Presidencia española en el segundo semestre de la UE son sólidas bases para auspiciar desde España una Conferencia Internacional de Donantes. Una Conferencia, con el concurso de la UE y EEUU así como otros países e instituciones amigas, en el marco de NNUU y alineada con las metas de la Agenda 2030 para ayudar a todas — sin excepciones, sin discriminaciones— las naciones centroamericanas. España, con su recobrado liderazgo en la región, tiene la oportunidad, tras su participación en las conmemoraciones el pasado año en San José de Costa Rica del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica —a la que accedió como una única entidad política y pacíficamente el 21 de septiembre de 1821— de impulsar una amplia alianza internacional para garantizar los compromisos contraídos por la Comunidad Internacional, en particular los países del G-7 y la UE, con la región. Sin más excusas. Sin más dilaciones. No olvidemos a Centroamérica en esta hora difícil.

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 David Balsa es enviado especial de la Presidencia de la Corte Centroamericana de Justicia para Naciones Unidas.

La crisis de los refugiados en el aeropuerto de Kabul y la menos publicitada pero igual de trágica crisis en Haití —nuevo seísmo el pasado 14 de agosto— han visualizado el liderazgo de España en la respuesta a ambas emergencias humanitarias en el seno de la UE. La presencia en el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de la presidenta de la Comision Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, deja claro —para los que aún albergaban dudas— el unánime reconocimiento internacional a España por su eficacia ante el desafío logístico de la evacuación, en zona de guerra, de miles de personas a miles de kilómetros. Ese mismo aeropuerto había visto despegar días antes hacia Puerto Príncipe —la capital haitiana— los aviones de la Cooperación Española con los cargamentos de ayuda humanitaria ante el nuevo seísmo en la castigada nacion caribeña.

El presidente de EEUU, Joe Biden, en una conversación telefónica de 25 minutos, expresó al presidente Sanchez —según la nota de prensa emitida por la Casa Blanca— su agradecimiento por el "liderazgo" de España para "movilizar ayuda internacional para las mujeres y niñas afganas", así como "las medidas para acoger temporalmente a afganos". Hay que destacar la celeridad con la que la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional —con su nueva responsable, la exdiputada gallega Pilar Cancela, a pie de pista— ha organizado ambos operativos, prácticamente simultáneos, para dar respuesta este agosto primero al terremoto haitiano y pocos días después a la emergencia en el aeropuerto de Kabul.

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el diplomático madrileño José Manuel Albares, sintetizó la magnitud de la tarea con los talibanes a las puertas de Kabul: "Torrejon va a ser el centro político y logístico de Europa para la evacuación de los refugiados afganos. Y va a ser el centro de los valores que defiende Europa: humanidad y cercanía". Estas declaraciones reflejan la prioridad de la política exterior española: un país fiable, predecible y solidario que apuesta —como 12ª potencia economica mundial y 4ª de la UE— en desarrollar una diplomacia global guiada por el multilateralismo. Como recordaba hace unos días en una comparecencia el ministro Albares: "No hay tantos países en el mundo que tengan una visión global. Y España la tiene".

Washington y Bruselas han visualizado con la llamada del presidente Biden y la presencia en Madrid de la presidenta de la Comisión, Von der Leyen, y del Consejo, Michel, el respaldo de las principales potencias de la comunidad internacional a una política exterior que tiene a la cooperación al desarrollo y a la ayuda humanitaria como una de las señas principales de su "marca país". No es casualidad que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación incluya en su enunciado la palabra cooperación. Es un nítido mensaje al exterior y al interior de nuestro país sobre que ese es uno de los ejes de la acción institucional española en la escena internacional. España, por su red de oficinas sobre el terreno y los montos de su cooperación —en fuerte ascenso desde 2018— es una potencia mundial al nivel de agencias de desarrollo punteras como la Usaid de EEUU, la Gtz de Alemania o la Sida de Suecia. En la actualidad, en Centroamérica, Caribe y Suramérica pero también en amplias zonas del Mediterráneo y el Sahel, así como en la mayoría de estados lusófonos (Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea Bissau, Timor Oriental, etc), la cooperación española ostenta una clara posición de liderazgo, tanto por su sólida presencia en estos países —embajadas, Aecid y cooperantes— como por la financiación y programas, sobre todo en áreas como agua, salud, derechos humanos, género, educación y gobernanza.

En la Unión Europea, el primer actor mundial de cooperación y ayuda humanitaria en presupuesto, España ejerce un papel clave en la definición de las políticas europeas del sector. En la Comisión Europea, el comisario de Gestión de Crisis, el eslovaco Janez Lenarcic, anunció el pasado marzo la creación de un nuevo instrumento europeo para potenciar su ayuda humanitaria —el 36% a nivel mundial— así como para agilizar su despliegue. Este nuevo instrumento europeo está inspirado en gran medida al igual que la Echo —la anterior agencia de emergencias humanitarias de la UE reconvertida en DG Echo—, en las aportaciones españolas. Hay que recordar que esta agencia de la UE creada en 1992 fue dirigida en Bruselas durante el decisivo periodo 1997-2000, en plena crisis de la guerra de Kosovo y la independencia de Timor Oriental, por el español Alberto Navarro, actual embajador de la UE en Cuba. Tuve ocasión de comprobar personalmente en 1999 sobre el terreno, tanto en la crisis de Kosovo como en la de Timor Oriental, el liderazgo indiscutible de la Echo en la respuesta mundial a ambas emergencias. Buena prueba de ello es que las acertadas políticas y ágiles estructuras creadas en Bruselas por el diplomático español perduraron durante casi dos décadas.

La Secretaría de Estado de Cooperacion Internacional, reforzada en sus atribuciones el pasado julio tras la remodelación ministerial, tiene el reto de mejorar aún más la acción exterior de la Cooperación Española en todos sus ámbitos: humanitaria, desarrollo, cultural, etc. España ha demostrado en Afganistán —526 millones de fondos de cooperación en 19 años— y Haití —tercer donante internacional desde el terremoto de 2010— la voluntad de ejercer un compromiso en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria en sintonía con su creciente peso político y económico en la escena internacional. La nueva secretaria de Estado de Cooperación Internacional Pilar Cancela —nacida en la emigración en Alemania y con juventud en Venezuela—, con su extensa y acreditada experiencia en diplomacia parlamentaria, políticas de género y en cooperación al desarrollo, ha sido la persona elegida por el presidente Sanchez y el ministro Albares para ampliar la efectividad y visibilidad de la Cooperación Española, así como posicionar a España en el puente de mando de los (contados) países y organismos internacionales, sobre todo la UE y las agencias de Naciones Unidas, que diseñan y lideran la cooperación y ayuda humanitaria en el mundo. El incremento de presupuesto y personal aprobado por la Casa Blanca para la Usaid, consecuencia de la irrupción en los últimos años en este campo de potencias como Rusia o China, demuestra la trascendencia de este área de la diplomacia en la nueva geopolítica del siglo XXI.

La Presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023 será un momento clave para reafirmar a nivel internacional el liderazgo de la Cooperación Española. Estos seis meses, de junio a diciembre de 2023, van a poner el foco mediático sobre España. Una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno se reunirá en una ciudad española, aún por definir, y si las negociaciones en el seno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa —impulsada por la diplomacia francoalemana y española conjuntamente— fructifican, es posible que se firme un nuevo tratado europeo. Un tratado en el que España promueve reforzar la política exterior y de seguridad común con particular atención —con la UE como primer donante a nivel mundial— a la cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria como signos distintivos. España está en condiciones de liderar en 2023, con el valioso apoyo desde Bruselas de Josep Borrell como vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante de Política Exterior y Seguridad, un gran salto adelante de la acción europea en cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria con el horizonte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El aplauso internacional —desde Estados Unidos a Naciones Unidas pasando por los principales líderes europeos— a la inmediata y eficaz respuesta de Madrid a la situación en Afganistán y Haití avala la vocación de liderazgo de España en una renovada acción humanitaria y de cooperación al desarrollo de la Unión Europea.

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David Balsa es presidente de la Conferencia Eurocentroamericana

El presidente Pedro Sanchez ofreció una conferencia de prensa conjunta en Bruselas con el secretario general de la OTAN, el ex primer ministro noruego Jens Stoltenberg, tras finalizar la Cumbre de la Alianza Atlántica. España ha obtenido un resonante éxito diplomático al ser designada como anfitriona de la próxima Cumbre en 2022 a la que acudirán los jefes de Estado y de Gobierno de los 30 países miembros de la Alianza Atlántica. En la multitudinaria rueda de prensa —celebrada en la sede central de la OTAN en la capital belga— el presidente Sánchez destacó a Centroamérica entre los principales temas abordados en su encuentro, que había generado gran expectación, con el nuevo presidente de EEUU Joe Biden.

La Cumbre España-Centroamérica y el evento paralelo sobre migración —ambos celebrados este 10 de junio en Costa Rica— han contribuido a materializar esta conversación entre los líderes de España y EEUU. La vicepresidenta Kamala Harris, estrella ascendente en EEUU y responsable del "Plan Centroamérica", así como el jefe de Gabinete del presidente Biden en la Casa Blanca, el abogado Ron Klain —casado con Mónica Medina, su compañera de estudios en Georgetown y de ascendencia hispana— han sido citados tanto desde el Palacio de La Moncloa como del Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio español de Exteriores, entre los facilitadores de este contacto inicial en Bruselas. Un encuentro ante las cámaras que, como aclaró la Casa Blanca, había sido precedido de una conversación en la plenaria a puerta cerrada de la Cumbre de la OTAN. En este espacio previo el presidente Sánchez, al igual que el presidente búlgaro Rumen Radev o el primer ministro portugués Antonio Costa, ha mantenido su primera conversación con Biden.

Centroamérica es, como en la compleja década de los ochenta, de nuevo una prioridad para EEUU. The Washington Post y The New York Times, entre otros medios, han publicado amplios análisis donde coinciden en que el Partido Demócrata se juega en la recuperación económica tras el covid-19 y en la cuestión migratoria buena parte de su actual mandato en la Casa Blanca. El Partido Republicano, totalmente entregado a las tesis anti-inmigración de Trump, está centrando su crítica a Biden en la situación en la frontera sur de EEUU y el supuesto "efecto llamada" de las nuevas —más moderadas— políticas demócratas. Kamala Harris, la vicepresidenta afrodescendiente e hija de migrantes, ha sido designada por el presidente Biden para coordinar el "Plan Centroamérica" —4.000 millones de dólares— destinado a contener la creciente migración de la región promoviendo el desarrollo y la seguridad. En este contexto, la Cumbre España-Sistema de Integración Centroamericana, celebrada en San José —la capital de Costa Rica— con la asistencia de los líderes de gobiernos e instituciones, ha escenificado el retorno de España. Tras los sangrientos conflictos vividos en Centroamérica en el marco de la Guerra Fría entre EEUU y la URSS desde España y el Grupo de Contadora —creado en Panamá a impulso del recordado expresidente Arístides Royo en la isla homónima —se construyeron espacios de diálogo que posibilitaron los acuerdos de pacificación en la región.

España —de cuya independencia en 1821 se celebra el bicentenario— es nuevamente uno de los principales socios e inversores en Centroamérica. La asistencia a una Cumbre regional del presidente Sánchez, como invitado de honor y aliado estratégico, fue planteada en 2019 a iniciativa del vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa. Las elecciones generales en 2019 y la epidemia de covid-19 en 2020 postergaron esta Cumbre reunida final —y exitosamente— este 2021 en Costa Rica. En la mañana previa a la Cumbre se celebró en el Hotel Intercontinental un evento sobre migración presidido por España con líderes regionales y ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados. Destacó la (nada casual) presencia de una delegación de Estados Unidos encabezada por Victoria Nuland, subsecretaria de Estado de EEUU. El "Marco de Integración Regional de Protección y Soluciones", bajo la presidencia española este 2021, escenificó en San José la nueva sintonía entre Washington y Madrid. Fueron comprometidos más de 110 millones de dólares —6,3 millones es la aportación española— para las personas desplazadas en Centroamérica. Este clima de cooperación entre EEUU y España —tras la frialdad durante la administración Trump— no ha pasado desapercibido en la región.

La presidenta del Parlamento Centroamericano, la exfiscal hondureña Fanny Salinas, en una declaración institucional a la Cumbre, felicitó a la vicepresidenta de EEUU Kamala Harris por el "Plan Centroamérica" y —con el apoyo de varios gobiernos e instituciones— planteó incorporar a España a esta iniciativa. El Parlamento Centroamericano, próximo a la nueva administración demócrata, salía así en defensa pública de la vicepresidenta Harris —criticada en EEUU tras sus palabras en Guatemala: "No vengan"— así como reforzaba de paso al presidente Sánchez ante la Casa Blanca.

La idea de sumar a Madrid al "Plan Centroamérica" tiene un precedente. México y los países centroamericanos reunidos en 2001 en San Salvador aprobaron una estrategia de cooperación regional: el "Plan Puebla Panamá". EEUU, inmerso en Afghanistán e Irak, no le prestó especial atención y tanto China como Rusia —actores con creciente relevancia hoy— no contaban con presencia significativa en Centroamérica. España, en particular con el presidente José Luis Rodriguez Zapatero y su ministro de Exteriores Miguel Angel Moratinos, supo ver esa ventana de oportunidad y se posicionó como el principal socio extranjero del proyecto incorporándose además en 2005 al BCIE, el banco intergubernamental de desarrollo del área.

España obtuvo enormes retornos políticos y económicos del "Plan Puebla Panamá". La red eléctrica regional (SIEPAC) y la ampliación del Canal de Panamá fueron encomendadas, entre otras tareas, a empresas españolas. Ambos retos, de extrema complejidad técnica y gran calado financiero, fueron concluidos felizmente expandiendo el prestigio de España en América Latina y en EEUU. La Casa Blanca en su "Plan Centroamérica" —en seguimiento al "Plan Puebla Panamá"— califica a SIEPAC como un modelo de éxito y propone duplicar su capacidad. La ampliación del Canal está permitiendo a Panamá, con el actual presidente Nito Cortizo, descendiente de españoles, absorber el fuerte incremento de los tráficos marítimos internacionales.

La inclusión en el "Plan Centroamérica", que la vicepresidenta Harris está exponiendo en la Casa Blanca en reuniones con líderes gubernamentales, empresariales y sociales de los países del área, abriría las puertas a las empresas españolas no solo a Centroamérica sino también a EEUU. La estrategia demócrata de inversiones públicas por 1,2 billones de dólares en infraestructuras en EEUU —ratificada por Biden en la reunión del G7 en Cornualles— es un campo de oportunidades para las empresas españolas. Una de las mejores cartas de presentación en Washington para las empresas españolas será participar en el A Call to Action in Central America,A Call to Action in Central America el programa para el sector privado formulado por la vicepresidenta Harris. Este programa, encardinado en el "Plan Centroamérica", está orientado a la dinamización y reconstrucción del área—devastada por los huracanes "Eta" e "Iota" en 2019— y es un ámbito ideal donde mostrar sus credenciales técnicas de cara a los futuros proyectos de infraestructuras en EEUU.

El presidente Sánchez será el anfitrión en 2022 en Madrid del presidente Biden. En la previsible reunión entre ambos líderes de EEUU y España en el Palacio de La Moncloa, como el protocolo dicta en una Cumbre Internacional, sin duda la situación de la migración desde Centroamérica —trascendental para la Casa Blanca— volverá a estar presente en las conversaciones. Centroamérica es un territorio estratégico en la escena internacional donde reforzar la relación entre España —la 4ª economía de la UE y la 12ª del planeta— y la nueva administración demócrata en EEUU.

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David Balsa es presidente de la Conferencia Eurocentroamericana

—Este artículo contiene spoilers de la película Quantum of Solace—

Entre amplia expectación mundial la saga del agente del MI6 estrenó en 2008 la película Quantum of Solace —de enigmática y discutida traducción al español—. La acción se sitúa en una Bolivia inmersa en las intrigas —tan oscuras y complejas como el título del filme— de un (perdón por el spoiler) finalmente frustrado golpe de estado. La cinta recorre una (¿imaginaria?) Bolivia regida por un gobierno izquierdista contra el que conspiran empresas multinacionales —con conexiones geopolíticas de primer nivel— y un militar expresidente del país para controlar sus abundantes recursos naturales. La operación se vendrá al traste —a pesar de sus poderosos valedores locales y externos— debido a la unión entre nuestro James Bond (el británico Daniel Craig), el agente de la CIA Félix Leiter (el estadounidense Jeffrey Wright), siempre con problemas con sus superiores, y la aguerrida boliviana Camille Montes (la ucraniana Olga Kurylenko) en busca de —más que justificada—venganza. Todo ello en medio de asesinatos y traiciones sin fin desde las concurridas calles de La Paz —a 3.500 metros de altura— hasta las llanuras insondables del desierto de Atacama.

Similar expectación y cobertura —pero en la sección internacional de los noticieros— recibió hace escasos días la victoria (¿inesperada?) del Movimiento al Socialismo, el MAS, en la primera vuelta de las elecciones en Bolivia tras la anulación del anterior proceso en 2019. Las protestas en las calles y denuncias de un —supuesto— fraude electoral llevaron a la salida del país del ex Presidente Evo Morales tras 14 años de gobierno y su sustitución por Jeannine Añez, una desconocida senadora, evangélica y ultraconservadora. Morales, de etnia aimara y orígenes modestos, había ganado —sin cuestionamientos— las elecciones de 2009 y 2014 con más del 60% de los votos. La oposición conservadora, con líderes blancos y adinerados, padecía su distanciamiento de la Bolivia profunda con un 62% de población indígena y tasas de pobreza al nivel de Haití hasta la llegada del MAS.

En 2019 hubo un brusco giro del guion: tras una pausa del Tribunal Electoral antes de facilitar datos al 83 % escrutado y pendientes de algunas zonas rurales la OEA —la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington— acusó inmediatamente de fraude electoral al gobierno izquierdista e indígena. El "golpe de estado del MAS" —como lo calificó el uruguayo Luis Almagro, Secretario General de la OEA— era una (supuesta) variación inferior a dos puntos porcentuales. Esa misma noche manifestantes opositores asaltaron y quemaron sedes de centros electorales ante la inacción de la policía. Al día siguiente la misma policía —ahora enmascarada y fuertemente armada— se unía a las protestas exigiendo la caída del Gobierno. En Quantum of Solace hay una escena memorable cuando el jefe de la Policía boliviana —el laureado actor español Fernando Guillén Cuervo— recibe la maleta con el soborno tras unir sus fuerzas al golpe y (tras contar el dinero) con una amplia sonrisa afirma: "¡Vamos a acabar con este gobierno corrupto!". La presidenta interina Añez inició su mandato en el Palacio Quemado —la Casa Blanca boliviana— haciendo amigos: calificó a sus compatriotas indígenas de "satánicos" y afirmó que Bolivia había "regresado a la Biblia" (?). Mientras estas peculiares declaraciones copaban las portadas, entre bambalinas —donde está la acción real en las buenas películas— se dirimía el tema que motivó la crisis boliviana.

En el grupo uno y con el numero atómico tres de la tabla periódica —que tantos disgustos nos trajo aprendernos— se encuentra un elemento descubierto por el sueco Johann Arfvedson en 1817. Está presente en escasos lugares del globo, Bolivia entre ellos. Es el litio y sin él nuestros teléfonos móviles, ordenadores y, atención, los coches eléctricos no funcionarían. Tal y como sospechaba la indómita Olga Kurylenko en el filme El expresidente y general, Medrano —uno de los villanos de la trama— tenía motivos no muy altruistas: en este 2020 el 35% del mercado mundial del litio. El 9 de noviembre de 2019 —tras el cambio de gobierno en La Paz— las acciones de Tesla (sí, la compañía de Elon Musk de los coches futuristas) se dispararon en la Bolsa de Nueva York. Por si quedaran dudas Musk tuiteó sobre la situación en Bolivia: "¡Daremos un golpe de estado a quién queramos!".

Pero los planes de Musk, Añez y Almagro se derrumbaron este 18 de octubre cuando Luis Arce, exministro de finanzas de Morales, obtuvo más del 55% de los votos, con gran distancia del ex presidente conservador Carlos Mesa y de Luis Camacho, el autoproclamado Bolsonaro boliviano. En esta película hay ganadores y perdedores: China, Rusia y la UE —el nuevo presidente Arce ha señalado su admiración por las políticas progresistas del presidente Pedro Sánchez en España— recuperan posiciones y EEUU quedará fuera, salvo que el nuevo presidente Biden pueda recomponer las relaciones con La Paz, en la explotación del litio y derivados. También pierde la OEA, que con sus (irresponsables) denuncias de fraude —cuestionadas por múltiples expertos — que alentaron una crisis que se cobró las vidas de 37 personas y más de 800 heridos. Quantum of Solace en su final tiene otra secuencia a recordar: Bond abandona en medio del desierto de Atacama al representante de las multinacionales con una lata de aceite de motor como única bebida y le indica que —tal como le prometió— le perdona la vida. Solo tiene que recorrer 300 kms. a pie hasta el primer pozo de agua. Más o menos la travesía del desierto que le espera a la oposición boliviana hasta retornar al Palacio Quemado.

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David Balsa es Presidente Conferencia Eurocentroamericana

Las elecciones en Estados Unidos entran en su recta final tras el último debate presidencial celebrado este jueves en Nashville, en el estado de Tennesse. El encuentro entre los aspirantes republicano y demócrata se celebra cuando ya han emitido su voto por correo más de 47 millones de ciudadanos. Una cifra sin precedentes en EEUU motivada tanto por la epidemia del covid-19 como por el incremento de la participación de los jóvenes y las minorías, afroamericana e hispana principalmente. Las encuestas nacionales colocan de media a los republicanos diez puntos por detrás de los demócratas, tanto en la batalla por la Casa Blanca como en la lucha —no menos crucial— por el Senado y la Cámara de Representantes.

Existían fundados temores de una repetición del caótico encuentro previo en Cleveland el pasado 29 de septiembre entre el ex vicepresidente demócrata Joe Biden y el republicano y actual inquilino de la Casa Blanca, Donald J. Trump. El desastroso precedente del anterior debate —ininteligible en varias ocasiones y cruzado de insultos— obligó a adoptar rígidas medidas para garantizar un orden mínimo en el encuentro. Los micrófonos serían silenciados si alguno de los candidatos intentaba interrumpir al otro en sus turnos iniciales de dos minutos. Los temas a debatir fueron pactados por ambos equipos e incluían —entre otros asuntos de la agenda nacional e internacional— la epidemia del covid-19, la cuestión racial, la economía, política exterior y el cambio climático. Estas normas consiguieron limitar las interrupciones pero no impedirlas —sobre todo por parte del presidente Trump— en los turnos de réplica donde ya los micrófonos estaban liberados.

La moderadora, la respetada periodista Kristen Welker —de ascendencia afroamericana y nativa estadounidense— representa todo lo que el presidente Trump y el Partido Republicano han combatido desde la Casa Blanca: la creciente diversidad del país. Tal vez por este motivo la corresponsal de la NBC recibió acusaciones por parte del presidente Trump en los días previos de ser "simpatizante" del demócrata Biden. Sin embargo, su actuación como moderadora fue elogiada de forma unánime en los medios estadounidenses al finalizar el debate.

Hubo afirmaciones llamativas del aspirante republicano como la de haber sido el presidente que más había hecho por la comunidad afroamericana, "con la posible excepción de Abraham Lincoln". Biden fue muy incisivo en este tema poniendo sobre la mesa el "racismo sistémico" en la sociedad estadounidense. El demócrata se emocionó al referirse —ante una pregunta de Welker— a la situación del medio millar de niños separados de sus padres por las políticas migratorias de la Casa Blanca. Trump eludió la cuestión responsabilizando a los "coyotes" de haber traído a estos menores a EEUU y se reafirmó en las ventajas del muro en la frontera mexicana para detener la "oleada" de inmigrantes. Aquí hubo uno de los anuncios más importantes del candidato Biden al comprometerse a presentar en los primeros diez días de su mandato en la Casa Blanca una iniciativa para la regularización de la población inmigrante ilegal en EEUU.

El tema central del debate —debido a las más de 220.000 víctimas mortales— fue sin duda la epidemia del covid-19, donde el republicano insistió en culpar a China. Biden acusó al presidente Trump de haber ocultado deliberadamente la gravedad de la situación a sus conciudadanos. El republicano afirmó que la vacuna estaría lista en "semanas" y sería distribuida masivamente por las fuerzas armadas. En este punto el candidato demócrata adoptó un tono solemne para advertir de un "invierno oscuro" por la expansión del coronavirus y manifestó: "usted dice que estamos aprendiendo a convivir con el covid-19. La realidad es que los americanos estamos aprendiendo a morir con eso". En un claro intento de cambiar el curso del debate —dominado por los estragos de la epidemia—, y de paso desestabilizar a su adversario, el presidente Trump atacó a la familia del demócrata y llegó a acusar a Biden de ser un "político corrupto". De fondo, la polémica sobre la supuesta injerencia rusa en el proceso electoral y el anuncio del FBI de nuevas interferencias procedentes —entre otros países— de Irán y China.

Donald J. Trump trató de minar a lo largo de los noventa minutos del encuentro la credibilidad del ex vicepresidente demócrata durante el mandato del expresidente Barack Obama (2008-2016) con un mantra: "¿Por qué no lo hiciste en su día?". Esta fue su respuesta monocorde ante cada propuesta del demócrata sobre sanidad, educación o inmigración. El debate permitió visualizar los programas antagónicos para EEUU que ofrecen el Partido Demócrata y el Partido Republicano: el retorno a las políticas progresistas de la Presidencia de Barack Obama —que Biden reivindicó en múltiples ocasiones— frente a la apuesta del "América primero" con un nuevo mandato del presidente Donald J. Trump. Aunque el evento había generado enorme expectación, no parece que vaya a mover las tendencias de voto. Las encuestas coinciden en que, dada la polarización del país, los indecisos podrían no llegar ni al 5% a estas alturas. Unas horas antes el expresidente Obama entraba en la campaña en Philadelphia llamando a una "movilización masiva" para llevar —esta vez como presidente de EEUU— a su exvicepresidente Joe Biden de nuevo a la Casa Blanca. Estados Unidos es consciente, tanto en las filas demócratas como en las republicanas, de que estas elecciones de 2020 van a marcar el futuro del país para varias décadas.

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David Balsa es presidente de la Conferencia Eurocentroamericana.

La senadora demócrata Kamala Harris se enfrentó con una pantalla de plástico por medio y en terreno claramente hostil –Utah, el estado de los mormones– al vicepresidente Mike Pence en un duelo monopolizado por la crisis del covid-19. La cadena televisiva CNN –de tendencia liberal– publicó una encuesta demoledora al finalizar el debate: 59% de votantes daban ganadora a la demócrata –con nombre de diosa hindú– frente al 38% del candidato republicano. La noticia del positivo del presidente Donald Trump en coronavirus dio un súbito interés al encuentro. El debate entre los candidatos a la Vicepresidencia de EE.UU. habitualmente era un trámite anodino de escasa influencia en las elecciones. En esta campaña sin precedentes se ha convertido en un evento central ante la posibilidad de que Trump (74 años) o el candidato demócrata Joe Biden (77 años) tengan que ser sustituídos –por enfermedad o fallecimiento– antes de terminar su mandato si son electos. Toda la nación ha sufrido una conmoción ante el anuncio inesperado de la hospitalización durante tres días en un centro médico militar del presidente Trump, afectado por la epidemia que ya ha causado mas de 210.000 víctimas. A menos de un mes de la votación del 3 de noviembre, el eje motor del discurso de la Casa Blanca –apertura del país y retorno a la normalidad– ha sufrido un durísimo golpe al regresar a las portadas de los periódicos y las televisiones los dramáticos efectos de la epidemia tanto sobre las vidas como las economías de los estadounidenses.

En la muy conservadora Salt Lake City –capital de Utah, Estado donde los demócratas no ganan las presidenciales desde 1964– la afroamericana y mujer Kamala Harris era consciente de la necesidad de no cometer errores, en un momento en que las encuestas sitúan al Partido Demócrata a las puertas de la Casa Blanca. Por su parte, Mike Pence, un cristiano conservador de padres irlandeses y antiguo gobernador de Indiana, tenía que aprovechar el escenario para retratar a Kamala –de ascendencia hindú y jamaicana– como una peligrosa izquierdista.

Con más de una decena de puntos de desventaja en el promedio de encuestas emitidas por las cadenas de televisión nacionales –incluída la conservadora Fox– el Partido Republicano precisaba una victoria en Utah para iniciar la remontada. Sin embargo, la desastrosa imagen transmitida en el caótico debate entre Trump y Biden desaconsejaba el choque frontal a ambos candidatos. Los electores están profundamente molestos con la crispación e insultos cruzados que se vivieron en el debate presidencial. En este sentido los aspirantes a la Vicepresidencia de EE.UU. –tanto Harris como Pence– fueron firmes e incisivos en sus discursos pero se cuidaron mucho de mantener un tono de moderación en todas sus intervenciones. El vicepresidente Mike Pence se vio claramente desbordado en la primera parte del debate –monopolizada por el impacto del coronavirus– y solo levantó la cabeza en la segunda parte con algunas intervenciones sobre la supuesta debilidad del tándem Biden/Harris ante China o la intención demócrata de una reforma fiscal. Pero el mensaje y el mejor resumen del debate quedó definido por una sentencia lapidaria de Kamala "la respuesta al covid-19 de Trump es el mayor fracaso de un presidente en la historia de EE.UU.".

Susan Page, corresponsal del diario USA Today en la Casa Blanca, fue la encargada de moderar el encuentro y plantear diversas cuestiones a los candidatos. La primera pregunta fue -obviamente- sobre la epidemia del coronavirus y su impacto en EE.UU. a partir de ahi esta cuestión dominó en la práctica la hora y media exacta del encuentro. Toda la temática estuvo vinculada -directa o indirectamente- al covid-19 desde política exterior, donde Mike Pence culpo a China y a la OMS de ser responsables de la propagación del virus, hasta la economía en la cual Kamala Harris advirtió de una crisis prolongada y devastadora frente a la promesa de una rápida recuperación del vicepresidente Pence. El Obamacare fue otro de los puntos de conflicto: Harris advirtió que Trump acabaría con el programa de asistencia sanitaria universal y dejaría a los siete millones de infectados por la epidemia indefensos ante las aseguradoras médicas privadas. Este no es un tema baladí puesto que las llamadas "enfermedades preexistentes" habían sido utilizadas para denegar o encarecer los seguros médicos privados y han arruinado a cientos de miles de familias hasta la llegada del programa Obamacare. El mismo día del debate en Utah el presidente Trump prometía en los jardines de la Casa Blanca recién salido del hospital tratamientos gratuitos y una vacuna antes de fin de año como también afirmó su vicepresidente Pence a una pregunta de la moderadora. Sin embargo, la inquietud de la ciudadanía por el alza de la curva de contagios que ahora está castigando especialmente a los estados rurales –graneros de voto republicano– está colocando cada vez más rezagado al binomio Trump/Pence en los sondeos de opinión.

Los 750 dólares que el presidente Trump pagó de impuesto sobre la renta en 2017 y las acusaciones de "perdedores" que emitio contra los soldados estadounidenses caídos en Francia fueron otros de los momentos álgidos del duelo entre republicanos y demócratas. Kamala Harris –como pudo comprobar el vicepresidente Pence durante los 90 minutos del choque– es, además de senadora, una fiscal experimentada que se ha pasado, como ella recalcó una y otra vez, media vida combatiendo en tribunales a delincuentes y criminales. Los datos y cifras estremecedores con que definió los puntos débiles de la Presidencia Trump –catástrofe sanitaria, conflicto racial, recesión económica, elusión fiscal, etc– demostró que es una mujer preparada e informada. Al mismo tiempo, en ningún momento hubo ningún ataque personal y mucho menos insultos –"estúpido" o "payaso" fueron algunos de los calificativos en el último debate presidencial– contra su oponente republicano.

Muchos ciudadanos vieron el debate para saber si en el caso de incapacidad o fallecimiento de un presidente Biden la senadora demócrata era apta para asumir el cargo. De hecho la campaña republicana ha girado desde su nominación a principios de agosto en la convención demócrata en presentarla como una amenaza para los valores tradicionales estadounidenses con una supuesta agenda oculta de corte socialista. La impresión general fue que Kamala –una centrista del Partido Demócrata alejada del ala izquierda de Bernie Sanders– sería una presidenta solvente y sobradamente capacitada para afrontar la responsabilidad de liderar EE.UU. si se diese el caso. Donald Trump, tras su nominación en agosto, la acusó (falsamente) de no cumplir los requisitos –por ser hija de inmigrantes– para ser candidata a la Vicepresidencia de EE.UU. al igual que en su día manifestó contra el presidente Barack Obama, el cual –según la extrema derecha y grupos supremacistas– habría nacido en Kenya. Esa táctica difamatoria fracasó en 2008 y 2012 contra el presidente Obama y parece que también fracasará en 2020 contra la candidata demócrata a la Vicepresidencia. El triunfo incontestable de Kamala Harris en el debate en Utah acerca un paso más al Partido Demócrata y a su candidato presidencial Joe Biden a la Casa Blanca.

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David Balsa es presidente de la Conferencia Eurocentroamericana.

Joe Biden -vicepresidente de EEUU durante el mandato de Barack Obama (2008-2016)- está un paso más cerca de la presidencia de EEUU. Esta es la lectura generalizada en los medios de comunicación y los analistas políticos tras el bronco y caótico debate electoral protagonizado en Cleveland por el presidente Donald J. Trump y el aspirante demócrata. Las constantes interrupciones a su adversario y los feroces ataques personales lanzados durante los 90 minutos del debate por parte del presidente Trump han contrastado con la serenidad y moderación del candidato demócrata. Estaban pactadas (teóricamente) una serie de normas y bloques temáticos con preguntas presentadas por el periodista Chris Wallace -del canal conservador Fox Tv- que han abarcado desde la economía, la epidemia de covid-19, el Tribunal Supremo, el conflicto racial o el cambio climático.

En la práctica, la epidemia de covid-19 -y sus devastadoras consecuencias sanitarias y económicas- ha sido el asunto central del choque entre ambos contendientes y el demócrata ha recordado que ya son más de doscientas mil las víctimas mortales en EEUU. Especial intensidad ha habido cuando Biden ha acusado a Trump de conocer la gravedad de la epidemia en febrero -en base a las declaraciones al periodista Bob Woodward para su libro Rage (Rabia)Rage- y ocultar intencionadamente sus trágicas consecuencias a la ciudadanía. La respuesta de la Casa Blanca a la epidemia -su recomendación fue "beber lejía", le espetó Biden a Trump- unido a la discusión sobre la reapertura de la actividad social y económica centró varios momentos del intenso debate. Trump apostó por priorizar la economía frente a un Biden más cauteloso que defendió una desescalada progresiva en cuanto no se contase con vacunas o tratamientos efectivos ante el coronavirus. Cuestiones como "Ley y Orden" -uno de los lemas de la presidencia Trump-, el conflicto racial y su repercusión en la vida diaria de la sociedad, los impuestos que el Partido Demócrata pretende elevar a las grandes corporaciones y fortunas del país o los recurrentes incendios en California fueron motivo para intercambios dialécticos entre ambos candidatos que reflejan que EEUU está abismalmente dividido en dos concepciones antagónicas sobre su modelo de país y su visión del futuro.

En varias ocasiones, Trump trató de arrastrar el debate presidencial a un enfrentamiento personal con afirmaciones, sin pruebas, de extrema gravedad contra familiares del candidato demócrata. Sin embargo, el objetivo del candidato republicano de desestabilizar a su oponente demócrata no ha obtenido el efecto deseado. Biden (77 años) ha apostado por dirigirse directamente al electorado estadounidense -no ha cruzado la mirada con Trump (74 años) en prácticamente todo el debate- y ha trasladado una imagen de energía muy alejada de las sistemáticas acusaciones republicanas sobre su supuesta "senilidad" y "fragilidad". El moderador del debate -supuestamente próximo al candidato republicano- ha tenido varios encontronazos con el presidente Trump al tratar de limitar sus constantes interrupciones a Biden. En todo caso, el candidato del Partido Republicano se ha centrado sobre todo en movilizar a su base de votantes tradicional -sin concesión alguna a posibles indecisos- advirtiendo de los peligros de la llegada de la "izquierda radical" a la Casa Blanca. Este mensaje del peligro de un Biden presentado como una marioneta controlado por extremistas y vinculado a Antifa -el difuso movimiento antisistema presente en varias de las protestas callejeras de las últimas semanas- ha sido otro de los ejes del discurso del republicano junto a continuas autoalabanzas por su "excelente" gestión económica del país.

La conclusión principal del debate en Cleveland -quedan dos más aún, en Miami y Nashville , el 15 y 22 de octubre- ha sido que, muy probablemente, la decisión final sobre quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca la tomará el Tribunal Supremo de EEUU. El presentador inició su intervención preguntando por la intención del Partido Republicano de nominar a la jueza Amy Coney Barrett al Tribunal Supremo y el debate terminó con la afirmación de Trump -tras advertir de un "fraude horrible" en el voto postal- de que el Tribunal Supremo, de clara mayoría conservadora, tendría que acabar decidiendo la situación.

Un claro indicio de la crisis institucional que se avecina, a partir del cierre de las urnas el próximo 3 de noviembre, es la tensión extrema en el debate -sin comparación incluso con el ya crispado debate de 2016 con Hillary Clinton- entre los candidatos demócrata y republicano a la Casa Blanca. En este sentido la constante apelación de Biden a los ciudadanos a acudir masivamente a las urnas -presencialmente o por correo- parece indicar una decisión de la campaña demócrata de obtener una victoria tan amplia que imposibilite cualquier maniobra de Trump para eludir o impugnar los resultados. Las encuestas nacionales sitúan a los demócratas a 10 puntos por delante de los republicanos aunque debe tenerse presente que en el complejo sistema electoral indirecto estadounidense esto no garantiza la presidencia. Hillary Clinton gano por más de 3 millones de votos en 2016 y, sin embargo, Donald J. Trump se convirtió en presidente de EEUU.

La expectación era máxima antes de Cleveland y ambos contendientes no han defraudado: Trump ha presentado una versión agresiva e histriónica -fiel a si mismo- y Biden ha transmitido una imagen de solvencia y seguridad que puede -si el Tribunal Supremo no se cruza en su camino- ser claves para convertirse a partir del 20 de enero de 2021 en el 46º presidente de EEUU.

David Balsa es presidente de la Conferencia Eurocentroamericana

El presidente español Pedro Sánchez advirtió en su discurso de la gravedad de la situación y la necesidad de una acción conjunta, y solicitó a la Comunidad Internacional y a las instituciones financieras multilaterales ampliar sus programas y fondos de apoyo a Latinoamérica para poder afrontar adecuadamente la crisis del coronavirus. La reunión se celebró bajo el lema "Juntos por una respuesta para America Latina ante el covid-19" y logró –tras intensas gestiones de la diplomacia española– aprobar una detallada declaración institucional que ha supuesto un importante balón de oxigeno para las economías latinoamericanas. Fruto de la cumbre –celebrada por videoconferencia y organizada desde el Palacio de La Moncloa– han sido los anuncios del Fondo Monetario Internacional así como de la Unión Europea de liberar nuevos fondos y ayudas económicas hacia Latinoamérica. Tras la petición expresa de España en la cumbre de reforzar el compromiso europeo con la región, la alemana Úrsula Von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, hacía pública a los pocos días su decisión de ampliar con una nueva partida de 4.900 millones de euros el apoyo de la UE a los países y regiones del mundo más castigados por la pandemia con una mención especial a Latinoamérica. La declaración institucional hacía un llamado igualmente a "estudiar posibles reestructuraciones de deuda, caso por caso, a países altamente endeudados como consecuencia de la pandemia", así como a la necesidad de promover "préstamos blandos, posibles donaciones bilaterales y reasignación de recursos" para fortalecer los sistemas nacionales de salud. El Banco Mundial ya ha abierto líneas para países como Haití y Ecuador, y tiene diversas peticiones sobre la mesa –El Salvador entre ellas– para apoyar las estrategias de mitigación de la epidemia en Latinoamérica.

España, igual que al plantear en el seno de la UE la creación del "Fondo Europeo para la Recuperación Económica", ha tomado la iniciativa de promover esta alianza de estados latinoamericanos ante la emergencia del covid-19 así como de concienciar a la Comunidad Internacional para lograr nuevos programas y fondos tanto de créditos y préstamos como de donativos y ayudas económicas no reembolsables dirigidas a estos países con los que nos unen históricos lazos de amistad y cooperación.

La XXVIIª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se reunirá en esta misma línea en el primer semestre de 2021 en el Principado de Andorra centrada en el análisis del impacto en la región del covid-19. Uno de los elementos más destacados de esa Cumbre Iberoamericana será la propuesta planteada conjuntamente por el Parlamento Centroamericano y el Parlamento del Mercosur –con el apoyo de diversos países e instituciones del área– de constituir una "Agencia Iberoamericana del Medicamento" en línea con organismos homologos ya existentes como la "Agencia Europea del Medicamento" con sede en Ámsterdam y que está teniendo un papel clave en la investigación de vacunas y tratamientos frente al covid-19. Igualmente están en marcha iniciativas como "En Red contra covid-19", una plataforma digital promovida por la SEGIB, donde los 22 países iberoamericanos ya están compartiendo información oficial sobre tratamientos médicos, ensayos clínicos de medicamentos y guías técnicas para personal de salud.

España está liderando actualmente la respuesta latinoamericana ante el covid-19 tanto ante los aspectos sanitarios –con diversas medidas de respaldo a los sistemas de salud públicos de las naciones más afectadas– como económicos, con su petición a la Comunidad Internacional de fondos y ayudas ante la recesión provocada por la epidemia. La alianza promovida desde el Palacio de La Moncloa entre los países latinoamericanos y diversas instituciones multilaterales –con una excelente acogida en la inmensa mayoría de las capitales de la región– es una nueva prueba del creciente peso político y económico de España en el subcontinente. Sin duda con la colaboración y el esfuerzo de todos esta alianza de países e instituciones podrá contener la expansión del covid-19 y organizar la imprescindible y confiemos pronta recuperación de las economías y sociedades de América Latina.

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David Balsa es presidente de la Conferencia Eurocentroamericana

La Comisión Europea ha sido encargada por los líderes de los 27 estados de la UE para diseñar el formato y magnitud de este Fondo –que viene a ampliar los recursos ya comprometidos desde el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, y del Banco Europeo de Inversiones–. La propuesta de Madrid es de una dotación cercana a 1.5 billones de euros y esta cifra –presentada a las capitales europeas en un documento el pasado fin de semana– cuenta ya con el visto bueno inicial de la democristiana alemana Úrsula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea así como del socialista holandés Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, que este pasado lunes aplaudió la iniciativa española y la definió como "el marco para un acuerdo en el Consejo Europeo".

La apuesta española por evitar repetir el modelo de los rescates del 2008 –condicionados a los infaustos recortes sociales: pensiones, sanidad, etc– ha logrado esta semana amplios apoyos. Hasta Berlín –el líder indiscutible de los países del Norte contribuyentes netos de la UE– ha aceptado que, como mínimo, una parte significativa de los recursos de este nuevo Fondo para la Recuperación Económica de la UE deberán ser, como plantea España, transferencias no reembolsables. A cambio, tal y como había defendido Alemania, este nuevo Fondo de Recuperación estará ligado al presupuesto comunitario para 2021-2027. El presidente Pedro Sánchez ha conseguido un éxito diplomático de primer orden en Bruselas con la creación de este Fondo de Recuperación solo comparable al triunfo alcanzado por el presidente Felipe González en 1992 al lograr –en una agónica cumbre europea en Edimburgo– la aprobación de los Fondos de Cohesión para apoyar el crecimiento de los países menos desarrollados de la UE. En ambos casos el apoyo alemán, a través del canciller Helmut Kohl en su día y de la canciller Angela Merkel hoy, han sido decisivos para este resultado. La alianza en el Consejo Europeo del pasado jueves entre Berlín y Madrid –a la que contribuye la buena sintonía personal entre el presidente Sánchez y la Canciller Merkel– ha logrado reconducir un enfrentamiento cada vez más enconado entre los países del Norte y del Sur de la UE. Desde Italia y sobre todo desde Holanda –inmersa en un duelo preelectoral entre el primer Ministro Mark Rutte y el Ministro de Finanzas Wopke Hoekstra– se han planteado reticencias iniciales a esta propuesta: Roma seguía defendiendo los "coronabonos" y Ámsterdam se negaba a cualquier ayuda no reembolsable y sujeta a una estricta condicionalidad. Pero el Consejo Europeo ha terminado –tras cuatro horas de debate– con la aprobación del Fondo y el mandato a la Comisión Europea, que con el Parlamento Europeo presidido por el socialista italiano David Sassoli es un claro aliado en este tema de Madrid, para presentar el formato definitivo y cuantificado económicamente del nuevo Fondo antes del 6 de mayo. 

La reflexión que se abre paso en  la UE es la evidencia que sin un fuerte apoyo financiero los países del Sur sufrirán un castigo económico por la epidemia del covid-19 tan desmedido que podrá provocar el colapso del mercado interior y a continuación de la moneda única, el euro. Los sondeos en Italia ya dan –por primera vez desde la fundación de las Comunidades Europeas - una mayoría a favor del abandono del euro e incluso de la UE. La opinión pública italiana, como en su día la griega durante la crisis financiera del 2008, se ha sentido especialmente maltratada y humillada por sus socios del continente. Las recientes palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von Der Leyen, manifestando que Italia merecía una "disculpa" por el trato recibido y la falta de apoyo europeo ante la crisis del coronavirus no son casuales.

Tanto Bruselas como Berlín son conscientes que el riesgo de nuevas salidas del club de los 27 –en medio de la confusión política y la recesión económica provocada por el covid-19– no son en absoluto descartables. España ha jugado con inteligencia cuando la tensión interna en el Consejo Europeo –tras los violentos enfrentamientos en las reuniones previas en el Eurogrupo– amenazaba con hacer fracasar cualquier acuerdo razonable así como desestabilizar las castigadas bolsas y las primas de riesgo europeas, especialmente la española y la italiana. El Fondo para la Recuperación Económica de la UE permitirá a España –así como a Italia y a los países del Sur– contar con recursos financieros para las políticas de reactivación y reindustralización del país así como hacer frente al incremento de los gastos sociales –cobertura del desempleo, sistema sanitario público, etc– obligado por los efectos de la epidemia. Sin duda el jueves 23 de abril fue una exitosa jornada para España en Bruselas. Lo deseable ahora en Madrid sería un acuerdo lo más amplio posible de los partidos políticos y las comunidades autónomas en torno al gobierno de la nación para establecer el calendario y las medidas para el urgente proceso de reconstrucción económica en España.

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David Balsa es presidente de la Conferencia Eurocentroamericana.

El anterior Gobierno español había sido muy renuente a implicarse en las iniciativas del eje franco-alemán explicitadas en los sucesivos Consejos Europeos y orientadas a profundizar la integración europea en áreas como seguridad y defensa, protección de los derechos de los trabajadores y los consumidores o el reforzamiento de la zona euro con mecanismos específicos. En Bruselas se ha asistido a una evolución desde junio de 2018 que ha resituado a España en el grupo de vanguardia de los países mas comprometidos con el proceso de integración europea en todos sus ámbitos, tanto institucional, económico como en seguridad y política exterior.

En estos intensos meses el presidente Pedro Sánchez ha establecido una relación fluida con la canciller Angela Merkel y el presidente Emmanuel Macron, que se ha visualizado en las múltiples iniciativas que París y Berlín han presentado a las reuniones del Consejo Europeo asi como en otros espacios del complejo entramado institucional de la UE con el respaldo español. Todas estas iniciativas han ido dirigidas a reforzar el proceso de construcción europea o en otros casos a hacer frente a iniciativas de signo opuesto impulsadas principalmente por los países del Grupo de Visegrado que, con la cada vez mas explicita cooperación de Italia y Austria, están tratando de limitar las competencias de Bruselas recogidas en los actuales tratados. Son especialmente significativos los intentos de Varsovia y Budapest de impedir la aplicación de medidas en defensa de la independencia del poder judicial y la protección de unos medios de comunicación independientes en sus respectivos países.

La respuesta del eje franco-alemán ha sido reforzar la colaboración con los países que apuestan por mayor integración y cooperación en el seno de la UE. En este sentido, por su peso demográfico y el volumen de su economía, España se ha configurado como el principal aliado en el Consejo Europeo y en el seno de las principales instituciones europeas para Alemania y Francia. Lo que era un secreto a voces por los pasillos de Bruselas ha dado un paso de gran calado político con las reuniones periódicas que los diplomáticos de París y Berlín han establecido con los españoles como practica habitual antes de las reuniones de los Consejos Europeos.

Varios países de Europa Central han ido progresivamenre estableciendo una alianza conocida como el Grupo de Visegrado, por el nombre de la ciudad húngara donde se reunieron los lideres de Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría, todos ellos con una visión muy reticente sobre las políticas integracionistas del eje franco-alemán. La apuesta del Grupo de Visegrado es la conversión de la UE en un espacio de libre mercado, manteniendo eso si los abundantes fondos de cohesión que han permitido el despegue de sus economías en la ultima década, asi como la reducción a un papel simbólico de instituciones como la Comisión Europea o el Parlamento Europeo.

En este escenario la cooperación entre Madrid, Berlín y París ha avanzado en las ultimas semanas a velocidad de crucero hasta conformarse en la practica en un G3 en el seno de la UE. La respuesta dada en la Cumbre de Bruselas a Theresa May ha sido definida básicamente en las reuniones entre Merkel, Macron y Sánchez. La salida del Reino Unido –si Londres no da nuevas sorpresas en este sprint final– consolida a España ante los ojos de Francia y Alemania como uno de los pilares indispensables de la UE ante la deriva hacia posiciones euroescépticas de la Italia de Salvini y la Polonia ultranacionalista. En este marco la designación del español José Manuel Campa como nuevo presidente de la Autoridad Bancaria Europea es una decisión de profundo contenido político. Tanto la canciller Merkel como el presidente Macron han querido reforzar el papel de España al otorgarle el control de una de las principales palancas de la sala de maquinas de la UE.

España ha sabido también jugar la carta de su recuperada interlocución con América Latina, región en la cual el anterior Gobierno español estuvo desaparecido y renuncio a desempeñar ningún papel o responsabilidad en la definición de una nueva relación europea con esta región tan próxima por lengua y cultura. Es de señalar, como un ejemplo de esta ausencia inexplicable, que mientras a Cuba, provincia española hasta hace poco mas de un siglo, se desplazaban los presidentes y primeros ministros de Francia, Italia y otros países europeos con muchos menores intereses económicos y políticos, las autoridades españolas se mantenían en una posición de meros espectadores. La nueva diplomacia española ha comprendido que su relación especial con Latinoamérica, similar salvando las distancias a la que Reino Unido presume con EEUU y que en tantas ocasiones ha utilizado Londres en su propio beneficio en el seno de la UE, era una carta de primer nivel para reforzar su influencia en Europa. El acceso a un mercado de mas de 700 millones de consumidores y que además desarrolla un papel cada vez mas relevante en la escena internacional solo supone ventajas para España, que se ha vuelto a configurar en estos meses gracias a la intensa agenda de desplazamientos del presidente Pedro Sánchez a la región como el puente natural entre Latinoamérica y la UE.

En próximas fechas veremos sin duda nuevas y ambiciosas iniciativas de este G3 conformado por España, Alemania y Francia. Tanto la canciller Merkel como el presidente Macron, con dificultades internas en sus respectivos países, están apostando por reforzar el proceso de integración europea como respuesta al Brexit y al ascenso de los populismos y la extrema derecha en el continente. Es la "Europa que protege" de la que ha hablado en reiteradas ocasiones en las ultimas semanas en el Palacio del Elíseo y en las reuniones por toda Francia el presidente Macron. Es la Europa de los valores que ha defendido la canciller Merkel en sus criticas al retorno al nacionalismo y a la xenofobia. Y esta misma visión de una Europa solidaria e integrada ha sido expuesta hace escasos días en un acto en el Ateneo de Madrid por el presidente Pedro Sánchez en un discurso que ha apostado por una UE social, feminista y ecológica con un presupuesto ambicioso, una unión monetaria mas fuerte y un marco común de seguridad y política exterior. España vuelve a liderar, junto a los socios fundadores Alemania y Francia, la apuesta por una Unión Europea cada vez mas cohesionada e igualitaria que pueda dar respuesta a los desafíos del siglo XXI. ___________________

David Balsa es presidente de la Conferencia Eurocentroamericana, un foro de dialogo dedicado a impulsar las relaciones entre Centroamérica y Caribe con la UE.